Juicio a Menéndez - El circuito del terror

EL RECORRIDO DE LAS VICTIMAS

Inicio juicio contra Menéndez y otros genocidas

Se describieron los distintos mecanismos que se utilizaron para el "aniquilamiento" de las personas por parte del Grupo de Operaciones Especiales, que funcionaba en ’La Perla’, a cargo del ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército. El proceso debió ser frenado dos veces a raíz de la descompensación (¿?) de uno de los imputados.

La primera jornada del juicio oral y público contra el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otros siete represores por la tortura, desaparición y muerte de cuatro jóvenes en 1977, concluyó este martes en la capital de Córdoba. En la lectura de las piezas procesales se menciona que era "habitual" los asesinatos a sangre fría como "proceder para la desaparición física de las personas implementado por el Estado Nacional de la década del 70". En el centro clandestino de detención de la ’La Perla’ "existían dos formas de eliminación de los detenidos: el retiro en camiones Mercedes Benz o Menéndez Benz para ser fusilados en lugares alejados del mismo predio, luego quemados y enterrados".

La otra modalidad consistía en lo que se llamaba ’operativo ventilador’, en donde "los detenidos eran llevados a zonas militares, fusilados y luego hacer correr la versión oficial que se trataba de subversivos y murieron en un enfrentamiento". "Esto tenía dos razones fundamentales, por un lado la necesidad de seguir justificando la existencia de la organización montada desde el poder público con la excusa de aniquilar la subversión, y por otro la existencia de un ’pacto de sangre’ instaurado en la región por el general Menéndez", añade otro párrafo de los fundamentos.

En esa línea de análisis sostiene que "ese plan militar sistemático de aniquilamiento perseguía involucrar a todos los militares, porque cuanto mayor fuera la cantidad de involucrados, mayor era la impunidad que se generaba al asegurar que ningún subordinado denunciara a otro". En cuanto a los cuatro jóvenes asesinados y por el cual llegan a juicio los represores, en la causa figuran como militantes del Partido Revolucionario de de los Trabajadores (PRT), y para Menéndez era "un enemigo a eliminar".

El proceso de enjuiciamiento comenzó a las 10.30 con la lectura de la elevación a juicio y de los cargos, en tanto que en dos oportunidades debió pasar a cuarto intermedio por la descompensación en la salud del imputado Ricardo Lardone (65)., y su abogada defensora quiere que se desdoble la causa porque “no está en condiciones de aguantar un juicio” (¡¡¡!!!)

La causa, denominada ’Brandalisis’ tiene como víctimas de secuestro, tortura y muerte a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, en hechos ocurrido el 15 de diciembre de 1977.

Además de Menéndez están imputados el coronel retirado Hermes Rodríguez, los suboficiales principales retirados Luis Alberto Manzanelli y Carlos Vega; el suboficial mayor retirado Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Alberto Ramón Lardone.

Un importante operativo de seguridad fue montado, tanto en el interior como en los alrededores, del edificio de los tribunales para el cual la policía provincial dispuso de más de 300 efectivos y la Federal alrededor de 50. Grupos de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, de partidos de izquierda, de familiares de desaparecidos, gremios y otras agrupaciones se apostaron en los alrededores para repudiar a los imputados y seguir las instancias del juicio por altavoces con audio proveniente desde la sala de audiencia.

Cerca de 200 periodistas, de unos 60 medios de prensa de distintos puntos del país, están acreditados para informar sobre el histórico juicio, mientras que un gran número de particulares no pudo acceder a la sala de audiencia con capacidad sólo para 180 personas.

La audiencia continuará este jueves, a las 9.30, con los detalles del auto de elevación a juicio por los cargos de ’privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado’.

Se revoca la prisión domiciliaria al represor Luciano Menéndez

Se revoca la prisión domiciliaria al represor Luciano Menéndez El Tribunal decidió anular "en forma transitoria" y por "razones de seguridad" la medida, a cuatro días de iniciarse el juicio contra el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. El represor será juzgado por secuestrar, torturar y asesinar a cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Cuatro días antes de iniciarse en esta capital el histórico juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez, el Tribunal Oral Federal Penal Número 1 decidió este viernes revocar "en forma transitoria" y por "razones de seguridad", la prisión domiciliaria que tenía el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. La medida fue confirmada por Maximiliano Hairabedián, uno de los tres fiscales de ese tribunal donde a partir del martes 27 se ventilará el "caso Brandalisis", en el que Menéndez y otras siete personas -militares y civiles- serán juzgadas por secuestrar, torturar y asesinar a cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Menéndez -máximo responsable de los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaban en jurisdicción del Tercer Cuerpo- como otros dos imputados en este caso de crímenes de lesa humanidad serán albergados precisamente en dependencias de esa unidad militar. La resolución judicial, se basa en "garantizar la realización del juicio y la concurrencia diaria del acusado" a la sala de audiencias de los Tribunales Federales de Córdoba ubicados en las inmediaciones del parque Sarmiento de esta capital.

Asimismo la medida alcanza también a otros dos imputados en esta causa que, merced a un fallo de la Cámara Nacional de Casación, permanecían en libertad desde junio del año pasado, se trata del sargento primero (retirado) Oreste Valentín Padován y el ex empleado civil del Ejército adscripto de Inteligencia, Ricardo Alberto Ramón Lardone, los que "transitoriamente" serán albergados en la citada unidad militar. Además de Menéndez, uno de los símbolos del poder de facto durante los años de plomo, a partir del próximo martes estarán sentados en el banquillo de los acusados Padován y Lardonde, junto a Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega y Carlos Alberto Díaz.

En esta causa se investiga la muerte de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Ilda Flora Palacios y Raúl Cardozo, los militantes del PRT que fueron secuestrados en noviembre de 1977 y torturados en el centro clandestino de detención La Perla, desde donde los llevaron hasta la esquina de las avenidas Colón y Sagrada Familia, para fusilarlos en un "simulacro" de intento de fuga. A raíz de la trascendencia pública de este juicio que se inicia el martes 27 de mayo a las 9,30, las audiencias tendrán lugar en el salón de usos múltiples de los Tribunales Federales de Córdoba, ubicado en el primer piso del edificio y con capacidad para 160 personas sentadas.

Amenzan a querellante en la causa "Triple A" e intimidan a sus hijos

El querellante y víctima de la Triple A, Carlos Petroni, ha denunciado diversas amenazas en su contra por medio del correo electrónico y vía telefónica y, a pesar de estar incluido en el Programa de Protección a Testigos, no logró hasta el momento que se cumpla con una guardia mínima que proteja su vivienda.

Pero el hecho más reciente y grave sucedió el viernes 2 de mayo cuando su hijo de 14 años fue perseguido por un automóvil gris metalizado, nuevo, con vidrios polarizados, desde su escuela hasta una cuadra de su casa en el barrio de Congreso, donde pudo poner fin a la persecución caminando por una calle de contramano.

Cuando Petroni pidió ayuda telefónicamente a los funcionarios del referido Programa de Protección, le contestaron que "no tenían recursos" para custodiar a su hijo. Aún cuando les advirtió que el 1ro. de Abril, el mismo día que su declaración en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata fue publicada en el diario Clarín, un camión atropelló y arrastró por más de cien metros el auto donde iba su hija, hecho denunciado en la Fiscalía Federal de Mar del Plata.

Por ello desde JUSTICIA YA denunciamos las amenazas e intimidaciones a Carlos Petroni y su familia, y responsabilizamos al Gobierno Nacional por su seguridad, exigiendo que cumpla con su compromiso de protección a los testigos en causas donde se investigan delitos de lesa humanidad. A un año y medio de la desaparición forzada de Jorge Julio López, a más de un año del secuestro de Jerez y el reciente de Puthod, realizados desde la misma usina, con distintos brazos, pero con los mismos fines intimidatorios, este Gobierno no ha dado ningún paso para terminar con la impunidad de estos grupos. Exigimos también al gobierno nacional que desplace a los 9.000 policías bonaerenses que ingresaron a la fuerza durante la dictadura, como así también a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron del genocidio y a todos los grupos ocultos en algunas instituciones oficiales desde donde articulan amenazas, secuestros y desapariciones forzadas.

Agrupación Gremial Docente UBA (AGD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Asociación de Ex Detenidos – Desaparecidos (AEDD), Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Com. por los DDHH de Trenque Lauquen Pcia. Bs. As., Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad: integrantes del Espacio JusticiaYa Bs. As.

Casapueblos. Campaña de Apoyo a Juicios

Juan Puthod es "soltado" gracias a la movilizacion social

APARECIO JUAN PUTHOD, militante de la Casa de la Memoria de Zártate que había sido secuestrado el martes 29 de mayo.

Juan estaba muy lastimado y su familia le llevó a una clínica médica para evaluar su estado.

Un integrante de la Casa de la Memoria de Zárate anunció anoche la aparición de Juan Puthod a quien se buscaba desde el martes por la tarde cuando había desaparecido mientras iba rumbo a la radio. El dirigente que anunció la aparición de Puthod afirmó que según supo la mujer Graciela Lencina, le había confirmado que Puthod había aparecido "lastimado, pero bien", dijo visiblemente emocionado. En horas de la noche, Puthod era trasladado hacia una clínica privada donde tratan de constatar el estado de salud ya que según se afirmó que Juan es diabético y tiene problemas cardíacos. Puthod apareció esta noche luego de más de 24 horas de haber desaparecido ayer por la tarde cuando se dirigía desde la Casa de la Memoria de Zárate de la que es director hacia la radio donde conduce un programa sobre derechos humanos.

AHORA MAS QUE NUNCA : APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ!!!!

COMPAÑERO DE ZARATE DESAPARECIDO

COMUNICADO DE PRENSA – URGENTE

Denunciamos la desaparición del compañero Juan Evaristo Puthod desde ayer martes 29 de abril por la tarde. Juan estuvo detenido-desaparecido en varios campos de concentración, entre otros los que funcionaron en el Tiro de Federal de Zárate y en el Hospital de Campo de Mayo, y posteriormente estuvo detenido a disposición de Poder Ejecutivo Nacional, durante 6 años.

Tiene 50 años, es un activo militante en defensa de los derechos humanos, titular de la Casa de la Memoria del partido de Zárate, y ayer fue visto por última vez cuando salía de esa entidad para dirigirse a la radio donde conduce un programa vinculado a las actividades de ese organismo. Además la Casa de la Memoria está organizando un acto que se realizará en pocos días en homenaje a los compañeros Pereyra Rossi y Cambiasso, secuestrados y desaparecidos por Patti.

Repudiamos esta gravísima situación, hacemos responsable al gobierno nacional y al gobierno provincial de su aparición con vida y en perfectas condiciones.

La única garantía para brindar seguridad a sobrevivientes, familiares, a todos aquellos compañeros involucrados en la lucha contra la impunidad, y al pueblo argentino todo, es que los genocidas no sigan caminando entre nosotros y estén en el lugar que les corresponde: la cárcel, común, efectiva y perpetua!

Exigimos la aparición con vida ya! de Juan Evaristo Puthod!
Exigimos la aparición con vida ya! de Julio López!

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos!

ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS

CASAPUEBLOS

CAMPAÑA DE APOYO A LOS JUICIOS

Contacto prensa: 15-4430-3569 / 15-3208-9786
Adhesiones: aedd@exdesaparecidos.org.ar y casapueblos@nodo50.org

Desapariciones en Mercedes Benz

En una conferencia de prensa, organizaciones de Derechos Humanos hicieron saber el estado de la causa que investiga las desapariciones de 14 obreros de la fábrica Mercedes Benz durante la última dictadura militar. Los organismos continúan exigiendo que se impute al entonces ministro de trabajo, Carlos Ruckauf y al Secretario General de SMATA, José Rodríguez, por su complicidad con el secuestro de los trabajadores.

La desaparición de catorce trabajadores de la ex fábrica Mercedes Benz en 1977 fue parte de un plan para desactivar y eliminar a la comisión interna de Mercedes Benz, de perfil combativa y opositora del todavía titular de SMATA, José Rodríguez. Los "beneficiarios" de ese exterminio deben rastrearse en la empresa, en SMATA y en el mismísimo ministerio de Trabajo del gobierno peronista comandado por Carlos Ruckauf, quien ordenó la aniquilación de los "elementos subversivos" en las fábricas. La complicidad de la conducción sindical queda evidenciada en las solicitadas, firmadas por su secretario general, en las que se exhortaba a no dejarse "engañar por la guerrilla fabril". La periodista alemana Gaby Weber resumió el plan criminal: "El horror de la dictadura en las fábricas fue para aumentar la productividad. Queremos que las violaciones a los Derechos Humanos se conviertan en un mal negocio".

Tal como hicieron saber las organizaciones de Derechos Humanos que participaron de la Conferencia de prensa, el fiscal Federico Delgado, que interviene en la causa, reconoce la complicidad de la empresa y SMATA como instituciones pero niega que existan los elementos objetivos requeridos para imputarlos aún por "asociación ilícita".
Sin embargo, hay elementos que parecen hablar por sí solos. En la causa aparece acreditado el pago mensual que recibía el sindicato por parte de la Mercedes Benz. Casualmente o no, la empresa realizó un pago días después del secuestro de dos de los delegados de la combativa comisión interna que funcionaba en la fábrica. Una vez más, volvieron a reclamar que se investiguen las cuentas en el exterior de Ruckauf y Rodríguez, de quien fue su primer defensor en esta causa el hoy Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

Por otra parte, se encuentra probado que la empresa donó un aparato de neonatología al hospital que funcionaba en Campo de Mayo, lugar donde funcionó una maternidad clandestina. Además, varios de los activistas secuestrados en la planta fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionó en esa repartición militar. Tampoco debería perderse de vista, tal como denunciaron los organismos de Derechos Humanos, la pista de los niños apropiados. El gerente Juan Ronaldo Tasselkraut y su hermano fueron denunciados por haberse apropiado de hijos de desaparecidos. Esa denuncia la investiga el juez Claudio Bonadío.

Por su parte, la causa por la desaparición de los catorce obreros se instruye en los Tribunales de San Martín. El juez Daniel Rafecas se había declarado incompetente. Sin embargo, los organismos criticaron su decisión ya que la competencia judicial no queda reducida únicamente a los crímenes cometidos en Campo de Mayo ya que tres de los trabajadores no fueron vistos en ese campo de exterminio. "Vamos a dejar a por lo menos tres personas sin justicia", enfatizaron.

Represión a los trabajadores
La abogada Myriam Bregman, de Justicia YA!, relacionó la represión desatada en la Mercedes Benz durante la dictadura con la que padecieron días atrás los trabajadores de la textil Mafissa.

"Para nosotros esto no es una cosa del pasado. Este 18 de abril desalojaron la fábrica Mafissa, que tiene ocho asesinados por la Triple A en sus puertas y 15 desaparecidos durante la dictadura militar. Y ahora, los mismos empresarios que escribían libros elogiando a Jorge Rafael Videla vuelven a atacar a sus trabajadores", denunció Bregman en alusión a Jorge Curi (padre), fiel defensor del genocidio perpetrado en la Argentina.
La integrante del colectivo Justicia YA! tejió la unión entre la policía bonaerense como la fuerza encargada de la represión a los obreros de la planta de la Plata y como la fuerza separada de la investigación por la desaparición de Jorge Julio López. "Lamentablemente la separaron de esa causa pero la mandaron a reprimir Mafissa". Además, agregó: "Tenemos que denunciar esa represión que dejó 18 personas detenidas durante el fin de semana y que hoy siguen

sin trabajo".

Fuente ANRED

Marcha 24 marzo 2008 - Comunicado de Encuentro Memoria Verdad Justicia

Las causas judiciales contra los genocidas en Argentina, explicadas por los sobrevivientes

Enlaces al resto de la conferencia : (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) y (9)

Isabel Perón declara ante la justicia española por pedidos de extradición

Isabel Perón declaró ante la Justicia española por los pedidos de extradición La ex presidenta compareció durante aproximadamente una hora en el marco de la causa por los crímenes de la "Triple A" y por su presunta responsabilidad de dos desapariciones. El dictamen de la Audiencia Nacional podría conocerse en las próximas horas, aunque el plazo que tiene el cuerpo para emitir un veredicto es de una semana.

La ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón acudió este lunes a la Audiencia Nacional de España, en el marco del proceso abierto por el pedido de extradición de la justicia argentina por su presunta implicación en los crímenes cometidos por la Triple A y por dos desapariciones. La audiencia que se llevó a cabo tenía como objetivo la exposición por parte de la fiscalía y la defensa de sus respetivos argumentos a favor y en contra de la extradición a Argentina de la viuda del general Juan Domingo Perón, indicaron a Télam fuentes judiciales. La ex mandataria (1973-1976), quien permaneció aproximadamente una hora en el tribunal ubicado en la calle Génova de Madrid, estuvo acompañada por su letrado, Antonio Hierro Echeverría, y al salir no quiso hacer declaraciones.

El abogado de "Isabelita", Antonio Hierro Echeverría, dijo a Télam que no haría valoraciones sobre el procedimiento de extradición "por respeto al tribunal" y se remitió a los plazos que marca la ley. En tanto, fuentes judiciales indicaron que el tribunal decidirá si concede o no la extradición de María Estela Martínez de Perón a Argentina no antes del próximo lunes, aunque la resolución puede tardar más de 30 días. La decisión definitiva sobre la extradición de "Isabelita" la tomará el Consejo de Ministros español, una vez que resuelva la justicia española. La viuda de Perón, de 76 años, fue detenida el 12 de enero de 2007 en su casa de las afueras de Madrid, en cumplimiento de una orden de captura internacional y extradición dictada por el juez mendocino Héctor Acosta, quien investiga la desaparición de dos ciudadanos mendocinos. Desde entonces y tras rechazar un segundo pedido de extradición dictado por el juez Norberto Oyarbide, en el marco de la investigación de los crímenes cometidos por la organización Triple A, María Estela Martínez de Perón se encuentra en libertad provisional con la obligación de comparecer cada 15 días. Según fuentes judiciales, el letrado volvió a alegar hoy que Isabel Perón tiene nacionalidad española para rechazar la extradición, al tiempo que insistió en que los tribunales argentinos carecen de jurisdicción para procesar a la ex presidenta. Además, la defensa se refirió al delicado estado de salud y la avanzada edad de la ex mandataria, quien en febrero de 2007 sufrió un accidente doméstico que motivó una intervención quirúrgica debido a que se quebró su brazo derecho. No se veía a Isabel Perón en la Audiencia Nacional desde finales de marzo de 2007, cuando sorprendió al aparecer en el tribunal a sólo dos semanas de haberse ausentado de otro juicio, en el que su abogado alegó "problemas psiquiátricos y psicóticos, al presentar bipolaridad en su personalidad", para justificar su ausencia.

En el marco de ese proceso, el 22 de mayo pasado la justicia española ordenó el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de María Estela Martínez de Perón por un valor de más de 7,7 millones de dólares, reclamados por la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos (FUNPAZ), que le disputa el legado de Perón. El juez Acosta reclama a la ex presidenta por la desaparición en marzo de 1976 de Héctor Aldo Fagetti Gallego, de 26 años, y por la privación ilegal de libertad de Jorge Verón, un menor de 17 años, antes de que se produjera el golpe militar que derrocó a su gobierno. El magistrado estima que estos hechos fueron una consecuencia de la firma de tres decretos en 1975, que autorizaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de la subversión".

Por su parte, Oyarbide investiga la responsabilidad de la ex mandataria en los delitos de "lesa humanidad" cometidos durante su gobierno por la Alianza Anticomunista Argentina. En su pedido, Oyarbide afirma que "la asociación ilícita denominada ’Triple A’" se "habría gestado y funcionado" en "la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, el de Bienestar Social", que tenía a su cargo el fallecido José López Rega. En el marco de la misma causa, el pasado 19 de marzo el presunto cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, llegó a Argentina extraditado desde España.

¿La conociste?

Hola.
Mi nombre es Belén, estoy buscando cualquier tipo de información sobre mi mamá Elizabeth Graciela Sánchez, “Bettina” para todos. Desaparecida el 9 de marzo de 1977 en la Ciudad de La Plata, a los 20 años. Vivía con su esposo, sus padres y su bebe de dos meses en la esquina de 58 y 11. No hay información de su paso por ningún CCD hasta donde yo sé.

Era Estudiante de Medicina en la UNLP y egresada de Liceo Víctor Mercante. La única información que poseo es de la militancia en la UES en La Plata y posiblemente también en la JUP. Hacía trabajo comunitario en la villas miseria de los alrededores de la Ciudad de La Plata.

Agrego algunas fotos, si algún ex militante de la UES (entre el 71 y el 74) o de la JUP de La Plata la conoció y la recuerda, si pudiera contarme algo. Me serviría cualquier cosa: un recuerdo, una historia, lo que sea. Casi no he podido tener contacto con nadie que la conociera, ninguno de sus compañeros de militancia. Y no se tampoco bien por donde buscar.

Muchísimas gracias! mbelengil@yahoo.com.ar

Marie Monique Robin, periodista francesa y testigo en una causa en Corrientes

Marie Monique Robin es periodista, francesa, y ha realizado varios trabajos documentales comprometidos sobre los Organismos Geneticamente Modificados y sobre la "exportacion de las tecnicas de la guerra sucia de Francia en Argelia a la Argentina de la dictadura de los 70'. Ha sido citada a declarar en los juicios que se desarrollan actualmente en Corrientes, y esto es lo que ella escribe en su blog respecto de esta experiencia.

Le proces de Corrientes El juicio de Corrientes

Quelques mots avant de prendre l'avion pour Paris... Algunas palabras antes de tomar el avion hacia Paris... J'ai donc temoigne pendant quatre heures lors du proces de cinq militaires argentins qui se tient actuellement a Corrientes, dans le nord de l'Argentine. Finalmente, he brindado testimonio durante cuatro horas en el marco de un juicio a cinco militares argentinos que se desarrolla actualmente en Corrientes, en el norte de la Argentina. Ces officiers de renseignement sont accuses d'avoir torture et fait disparaitre plusieurs citoyens de la region qu'ils avaient enleves a leur domicile. Estos oficiales de inteligencia estan acusados de haber torturado y de haber hecho desaparecer a varios ciudadanos de la region, habiendolos secuestrado en su domicilio. Les avocats des familles, avec le soutien du ministere public, m'avaient citee a comparaitre, non pas pour me prononcer sur ces affaires que je ne connais pas, mais pour presenter mes interviews des responsables de la junte militaire que j'ai realisees pour mon film et livre "Escadrons de la mort: l'ecole francaise". Los abogados de las familias, con el apoyo del ministerio publico, me habian citado a comparecer, no para pronunciarme sobre estas cuestiones que desconozco, sino para presentar mis entrevistas a los responsables de la junta militar, realizadas en el marco de mi libro y de mi pelicula "Escuadrones de la muerte : la escuela francesa". C'etait, en effet, la premiere (et unique) fois que des generaux argentins reconnaissaient que la torture et la disparition forcee furent systematiques dans la guerre sale qu'ils ont livree apres le coup d'etat du 24 mars 1976. Se trato, en efecto, de la primera (y unica) vez que generales argentinos reconocian que la tortura y la desaparicion forzada fueron sistematicas en la guerra sucia que llevaron a cabo a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Repondant aux questions des juges et avocats, j'ai explique que la "guerre antisubversive" menee par les generaux argentins avait ete preparee de longue date ( depuis le debut des annees 1960) , grace a l'enseignement des militaires francais qui ont exporte les techniques de la "bataille d'Alger" dans le cadre d'un accord secret, signe par Pierre Messmer, alors ministre des armees ... Respondiendo a las preguntas de los jueces y de los abogados, les explique que "la guerra antisubversiva" llevada a cabo por los generales argentinos habia sido preparada desde hacia mucho tiempo (desde el inicio de los 60), gracias a la capacitacion brindada por militares franceses que han exportado las tecnicas de la "batalla de Argel" en el marco de un acuerdo secreto, firmado por Pierre Messmer, entonces Ministro de las Fuerzas Armadas frances. Evidemment, ce fut un moment tres emouvant et eprouvant pour moi: c'est la premiere fois que je participais a un tribunal oral , de surcroit en espagnol, sur un sujet aussi douloureux... Evidentemente, fue un momento muy emocionante y desgastante para mi: es la primera vez que participaba en un tribunal oral, en espanol y sobre un tema tan doloroso...

Dans l'apres midi, le gouvernement et parlement de la province ont organise une projection de mon film suivie d'un debat (photos), qui m'a permis de mesurer le chemin parcouru par l'Argentine, qui, a la difference de la France, a su annuler les lois d'amnistie pour juger les responsables de la guerre sale... Por la tarde el gobierno y el parlamento de la provincia organizaron una proyeccion de mi pelicula, seguida de un debate (ver las fotos) que me permitio medir del camino recorrido por la Argentina que, a diferencia de Francia, supo anular las leyes de Amnisitia para juzgar a los responsables de la guerra sucia...

Fuente

COMUNICADO DE PRENSA de la AEDD; Casapueblos

Ante la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 5 en el juicio por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán, decimos:

1- Todo nuestro apoyo y solidaridad con María Eugenia, que lucha por ver a los genocidas tras las rejas, y tuvo la valentía, la claridad y la firmeza de llevar adelante un juicio contra sus apropiadores y el genocida que la hicieron desaparecer durante más de 20 años.

2- Repudiamos la condena emitida por el TOF 5 y a los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, que en juicios contra otros genocidas –el Turco Julián, Febres- ya han dado sobradas muestras de cual es la política que van a llevar adelante con este tipo de causas.

3- El secuestro y desaparición de niños, los nacimientos en cautiverio en campos de concentración, las apropiaciones de los niños arrancados del lado de sus padres, fueron una práctica sistemática durante la última dictadura militar, y son parte de las prácticas sociales genocidas que llevó adelante el estado terrorista argentino durante las décadas del 70 y 80.

Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices, son una de las cuentas pendientes más perversas que vivimos hoy en día como producto del genocidio. 88 de ellos ya recuperaron su identidad, pero siguen viviendo con su identidad cambiada y desaparecida, más de 400.

Hoy, la política oficial solo impulsa que aquellos jóvenes que duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética, y una vez más las víctimas deben hacerse cargo de lo que es responsabilidad del Estado y del gobierno.
Y cuando un caso llega a juicio, como el impulsado por María Eugenia, la condena para quienes llevaron adelante semejante práctica genocida es irrisoria!
Exigimos juicio y castigo a todos los genocidas! Condena por todos los compañeros!
Exigimos juicio y castigo a los responsables, a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes!
Exigimos la apertura de los archivos secretos para conocer el destino de todos y cada uno de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos y muy especialmente, para que sus hijos apropiados puedan recuperar su historia!
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
Aparición con vida ya! de Julio López

ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS - Casapueblos - Campaña de apoyo a Juicios

La impunidad se continua con la extradicion de Cavallo

El represor Ricardo Cavallo dejó el aeropuerto de Barajas en España a las 0.55 de anoche para embarcar en un vuelo de Air Europa UX041 con destino a Buenos Aires. Cavallo llegará al país extraditado por un pedido del juez argentino Sergio Torres, para ser juzgado en el marco de la llamada megacausa de la ESMA como responsable, entre otros crímenes, del homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor

Si bien se ha caratulado la entrega como temporaria, es tan ingenuo como dudoso pensar que el juez Sergio Torres, a quien tanto le preocupan las críticas por sus polémicas actuaciones, podría ser esta medida de extradicion s “temporaria” y puede estar condicionada a los avances de la causa en el país.

Después de siete años de instruir el proceso, adjuntar las pruebas y testimonios, el juez Guevara de la Audiencia Nacional desestimó absolutamente el trabajo realizado contra los crimenes de lesa humanidad cometidos por este represor, obvió el principio de jurisdicción universal permite juzgar a los represores en el país en que mejores condiciones existan, y en juego con su par Torres, se le ha solventado por medio de todod los contribuyentes un viaje a un genocida, y a sus escoltas.

De una a otra orilla la impunidad se continúa como un fenómeno natural despúes de "tantos años" y por arbitrariedades judiciales que afrentan una vez más a las vícitimas del genocidio en Argentina.

Que causalidad que la medida del juez Torres coincide con los deseos del propio Cavallo, cuyos abogados dijeron que luchó “siete años” para “ser juzgado (¿?)

AEDD - CASAPUEBLOS

Marcha del 24 de marzo de 2008

El jefe de Triple A "estresado" por el viaje

Uno de los ex jefes operativos de la Triple A, el ex comisario Rodolfo Almirón, uno de los ex jefes operativos de la Triple A, arribó ayer a Argentina desde España aunque aún no será indagado porque habría sufrido el "estrés" del viaje. Retrasado por problemas técnicos en el avión de Aerolíneas Argentinas, el ladero de López Rega permaneció 20 horas en la ciudad brasileña de Recife. “

Por su estado psíquico no está en condiciones de ser indagado", explicaron los especialistas. Al recibir la noticia, el juez federal Norberto Oyarbide suspendió la indagatoria, inicialmente prevista para el próximo martes 25 y dispuso el traslado del ex policía al hospital de la cárcel bonaerense de Marcos Paz. Además el Juez ordenó que el próximo jueves 27 se le practique un nuevo examen para determinar su estado de salud, informaron fuentes judiciales.

Si bien los médicos clínicos establecieron que se encuentra "compensado" en materia cardíaca y circulatoria, el juzgado recibió hoy por correo electrónico informes médicos procedentes de España presentados por su esposa, donde se asegura que el ex miembro del grupo de ultraderecha tendría una "minusvalía" avanzada, "trastornos embólicos, cardiopatía izquémica", entre otras patologías.

La Cámara Federal decidió que los crímenes cometidos por la Triple A son delitos de "lesa humanidad" y por lo tanto "imprescriptibles". La Sala I del tribunal, por mayoría, sostuvo que los ilícitos que se atribuyen al organismo de ultraderecha liderado por el fallecido ex ministro de Bienestar Social José López Rega, se cometieron frente a un Estado que "ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente".Ahora, Almirón , de 72 años, deberá prestar declaración por presunta "asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado en hechos reiterados" por cuatro asesinatos políticos cometidos en 1974, entre el casi millar de crímenes que la propia Triple A se atribuyó durante el Gobierno de María Martínez de Perón, también residente en España.

Crimenes de lesa humanidad los cometidos por la Triple A

La Cámara Federal porteña ratificó el 17 de este mes que los crímenes del grupo ultraderechista Triple A deben juzgarse como delitos de lesa humanidad imprescriptibles porque se cometieron frente a un Estado que "ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente". Los "gravísismos delitos cometidos no hallaban límite ni respuesta en los resortes constitucionales del Estado que, ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente", enfatizó uno de los camaristas, Horacio Cattani, según la resolución de 132 folios.

La decisión de la Cámara se tomó en el caso puntual del ex suboficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira, cuya prisión preventiva fue confirmada, pero complicó al sentar un precedente la situación de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y otros procesados en la causa judicial. El fallo ratificó la reapertura de la investigación dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, quien ya procesó con prisión preventiva a la ex mandataria y a ex lugartenientes del fallecido José López Rega -sindicado como el jefe de la Triple A-, entre ellos Rodolfo Almirón, quien este martes llegará extraditado desde España. Sobre la ex presidenta pesa un reclamo de extradición que todavía está pendiente de resolución en el país ibérico.

Los camaristas Cattani y Eduardo Freiler coincidieron a la hora de declarar de lesa humanidad los delitos del grupo de ultraderecha mientras que su colega Eduardo Farah votó por la prescripción de la causa al considerar que se trató de crímenes comunes sin amparo del aparato estatal. El grupo de ultraderecha creado por el fallecido ministro de Bienestar Social José López Rega "amenazó, atentó y mató a un número todavía indeterminado de personas" en un contexto donde "por impotencia, por temor o por algún otro motivo el Poder Judicial se resistía a investigar", sostuvo el voto de Cattani.

Además "en el Congreso Nacional se impedía el tratamiento del tema" y "otros ministros en el Poder Ejecutivo sabían y callaban o en el mejor de los casos cumplían en informar a las futuras víctimas del riesgo que corrían sus vidas", agregó este camarista. "En el gobierno y particularmente en el Ministerio de Bienestar Social era conocida la pertenencia de José Lopez Rega a la Triple A", enfatizó Cattani, quien integra la sala II del tribunal de apelaciones pero fue convocado a votar para desempatar en el desacuerdo de los dos miembros de la sala I que debían decidir, Freiler y Farah.

Para Cattani "es claro a esta altura que no se trato aquí de la acción de un simple ministro que en solitario emprendió una serie de acciones delictivas, sino de uno que se hallaba en una posición notoriamente privilegiada y que concentraba en sus manos un poder tal que era capaz de garantizarle a él y a su organización ante la gravedad de los delitos que cometían, impunidad total".

Lopez Rega "montó una organización delictiva" e "involucró en ella a funcionarios públicos de distintas áreas" además de recurrir al "desvío de fondos del Estado Nacional para solventar su logística y hasta sus requerimientos en materia de armas". "Todas las pruebas reunidas aluden a que la Triple A se estructuró en el seno del Ministerio de Bienestar Social y que el grupo originario se concentró en la custodia del ex ministro López Rega", consideró a su turno Freiler en el fallo al que accedió Télam. Este camarista consideró que la Triple A cometió "delitos de lesa humanidad, sin importar el telón de fondo de un Gobierno sumido en una crisis en la racionalidad formal característica del Estado burocrático como tipo ideal, con manifestación en el debilitamiento de las capacidades para llevar a cabo sus funciones y proyección de colapso".

Estos "rasgos institucionales reducidos a un papel meramente ornamental definitivamente fueron abandonados con el golpe militar de marzo de 1976 que reveló un trazo continuo a través de la participación trascendente de la Triple A en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti", agregó. Al declarar a los asesinatos cometidos por la Triple A crímenes de lesa humanidad, el tribunal de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Rovira como miembro de una asociación ilícita y autor del homicidio doblemente calificado en ocho oportunidades. Las víctimas fueron Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza y Pablo Laguzzi.

Valiente muchacha....

María Eugenia solicitó 25 años de condena para sus apropiadores

Maria Eugenia Sampallo Barragán espera ansiosa el final del juicio. El fiscal solicitó 25 años de prisión acordando con la querella.

La fiscalía se sumó hoy al pedido de la querella y reclamó a los jueces del Tribunal Oral 5 la suma de 25 años de prisión para los tres acusados del robo de la bebé María Eugenia Sampallo Barragán, realizado durante la última dictadura militar.

El fiscal Félix Croux pidió la pena contra el militar Enrique Berthier y los apropiadores Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por los delitos de retención y ocultamiento, cambio de estado civil y falsificación de documento público en tres oportunidades.

Sampallo Barragán es la hija de desaparecidos que fue sustraída de sus verdaderos padres, posteriormente desaparecidos, y que ya adulta pidió que se juzgase a sus apropiadores. En su alegato, el fiscal Croux pidió la máxima pena por considerar probado que la totalidad de los delitos imputados se consumaron en todos los casos con el pleno conocimiento de los autores y con fin expreso de alejar a la chica de su familia biológica. Sampallo Barragán supo a los ocho años que no era hija biológica de Rivas y Gomez. Sin embargo, recién en 2001 recuperó su verdadera identidad, lo cual la motivó a querellar a sus apropiadores.

Cuando nació la bebe en 1977, los imputados la anotaron ilegalmente como propia. Para eso usaron un certificado de nacimiento falso entregado junto a la nena por el ex capitán del Ejército Enrique Berthier. Al igual que lo hiciera ayer la querella, la fiscalía tipificó los delitos como retención y ocultamiento de identidad, alteración de estado civil, más falsificación de documento público en tres oportunidades. El fiscal Croux destacó los numerosos testimonios que señalan a Berthier como el responsable de la entrega de la entonces bebé. Para lograrlo, agregó Croux, el ex capitán actuó en acuerdo con el fallecido médico militar Julio César Cáceres Monié, quien firmó el certificado de nacimiento falso en el que Rivas y Gómez Pinto aparecían como padres biológicos.El pleno conocimiento que tenía la pareja Rivas-Gómez Pinto sobre el origen de la nena fue el otro tema central de la exposición de Croux, que citó numerosos testimonios volcados en el juicio, entre ellos el de la vecina Olga González y de la propia María Eugenia. González recordó haber escuchado los gritos de Gómez Pinto cuando retaba a la joven.

"Tenía que ser hija de guerrillera", le reprochaba. Y que de no haber sido por sus cuidados, la chica no habría sobrevivido. "Estarías tirada en una zanja", le juró. El fiscal enmarcó los delitos cometidos por los apropiadores en "la pretensión de eliminar a un linaje de militantes", de la que todos participaron concientemente.

El juicio, que acaba de entrar en la recta final, se reanudará en quince días, cuando el martes 25 se escuche el alegato de los defensores oficiales de Gómez Pinto y Rivas. Al otro día la defensa de Berthier, el único de los tres que ya se encuentra detenido, intentará esquivar una posible condena. El Tribunal Oral Federal 5 informó que dictará la sentencia el viernes 4 de abril.

Muere el enfermero-torturador de la ESMA

Juan “Jeringa” Barrionuevo, represor de la Escuela de Mecánica de la Armada que fuera elegido legislador provincial en Tierra del Fuego, y que nunca pudo asumir porque fue reconocido por ex detenidos desaparecidos, murió el miércoles 27 de febrero como consecuencia de una cáncer terminal.

En el 2003 Barrionuevo se presentó a las elecciones provinciales en la provincia sureña, y resulto electo por el Partido Justicialista. Pero ese mismo año, Victor Basterra, que estuvo secuestrado en la ESMA, lo reconoció en las calles de Ushuaia y lo identificó como el enfermero que asistía al médico Carlos Octavio Capdevilla en las sesiones de tortura de la ESMA.. También se sumaron en la identificación los ex detenidos Carlos Lordkipanidse y Carlos Díaz, quienes sumaron su denuncia, medio por el cuál finalmente, se impidió que dicho represor pudiera asumir el cargo.

En 2004 el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 12, comenzó a investigar a Barrionuevo, ordenó su detención y luego lo excarceló. A partir de allí Barrionuevo se mudó a Mendoza y se alojó en la vivienda de un familiar, donde el miércoles 27 de febrero murió por el cáncer terminal que lo afectaba.

Victor Basterra lo "escracha en Ushuaia" “ Vine a Ushuaia a corroborar que existía una persona con las características y un apelativo de uno de los integrantes del grupo de tareas de la ESMA. Ese grupo se caracterizaba por secuestrar, torturar, mantener en cautiverio y finalmente eliminar mediante distintos métodos a los prisioneros. El dato que tenía es que esta persona vivía aquí desde hace mucho tiempo y que mantenía el apodo de “Jeringa”.- ¿Y lo reconoció por la calle?- Sí, en última instancia si, durante la filmación que realizó Punto Doc. Yo fui secuestrado en 1979 junto con mi compañera y mi hija de dos años y diez meses. Fui trasladado a la casa de oficiales de la ESMA y sometido a tortura durante mucho tiempo. Tiempo después comencé a escuchar a una persona que apodaban “Jeringa”. Venía siempre a los gritos, humillando a las mujeres. Una vez me tiró un balde agua helada en el cuerpo, en invierno, luego de que yo supliqué por agua porque hacía tres días que no me daban ni una gota. Le decían “Jeringa” porque era el enfermero que recomponía físicamente a las personas para que siguieran torturándolas. Primero lo identificaba por la voz, pero con el paso del tiempo pude verle la cara. No tengo dudas de que es el mismo que vi ahora.- ¿No tiene dudas?- Ninguna, yo soy fotógrafo desde hace años. Tengo el ojo entrenado y además soy muy fisonomista. No me queda duda, además del tema de la voz, que considero una base identificatoria muy fuerte.

Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo (Mario Benedetti)

Los suicidios contagiosos.

Otro militar, un ex teniente del ejército Paul Alberto Navone, implicado en el robo de menores durante la dictadura, apareció muerto con un disparo en la cabeza, efectuado por una pistola de 9 milímetros. Su cuerpo apareció en un predio de la Fuerza Aérea Argentina que posee en la localidad de Ascochinga, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Sin haberse realizado la autopsia correspondiente, los datos que han trascendido es que se trataría de un “hecho suicida”. El ex teniente coronel vivía con su esposa y un hijo, y una hija reside en la ciudad de Jesús María. "Este señor tenía el hábito de salir a caminar todas las madrugadas por la zona" donde fue encontrado, manifestó la policía provincial. Navone, de 65 años, debía presentarse a declarar en los tribunales federales de Paraná, dentro del marco de la causa que se investiga el robo de dos bebés en el hospital militar local y por la sustitución de sus identidades.

El militar había presentado un certificado médico y consecuentemente se había dispuesto que sea indagado ante la justicia local en los primeros días de marzo. Se esperaba que con su declaración aporte datos sobre el destino de los hijos mellizos de Raquel Negro, una mujer desaparecida y que dio a luz entre febrero y marzo de 1978 en el hospital militar de Paraná. Los chicos que se buscan son hijos del dirigente montonero, también desaparecido, Tulio ‘Tucho’ Valenzuela.

Harguindeguy detenido por delitos de secuestro extorsivo

Quien fuera ministro del Interior de la dictadura militar llegó a los tribunales escoltado por efectivos del Ejército.

El ex ministro del Interior de la última dictadura Albano Harguindeguy fue detenido el día 19 de febrero, por la causa que investiga el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, un hecho ocurrido entre 1976 y 1977. En la misma causa están también están implicados el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y quien fuera su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

Harguindeguy, quien también está mencionado en la causa que investiga el Plan Cóndor, y que fuera uno de los responsables del terrorismo de estado ha gozado de una impunidad insultante, y que sólo esté imputado por sólo una causa no deja de ser una ofensa más a la lucha por la justicia.

Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la empresa textil Sadeco, sufrieron un secuestro extorsivo entre noviembre de 1976 y abril de 1977. Según consta en la causa, el secuestro de los empresarios fue para forzarlos a cerrar un negocio con Hong Kong, una de las plazas de algodón más importantes. Harguindeguy ya había estado detenido por esta causa, entre abril de 1988 y octubre de 1989. Ese año fue beneficiado por el indulto del entonces presidente Carlos Menem, pero en 2006 el juez Oyarbide entendió que era "inconstitucional" y dos años después ordenó la detención.

Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), manifestó que "era hora que le tocara a este personaje que era llamado `el carnicero’ cuando empezó la última dictadura".

Golpista nombrado alto cargo en Trenque Lauquen

Habiendo sido informados por la Comisión por los DDHH de la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, integrante del espacio JusticiaYa!, de la designación de Roy Cornejo Córdoba como Director de Contralor General en el Municipio de esa ciudad, los abajo firmantes repudiamos dicho nombramiento y exigimos al señor Intendente Dr. Jorge Barracchia que revea tal designación teniendo en cuenta que Cornejo Córdoba formó parte del levantamiento militar carapintada de 1987 cuyo resultado fue la sanción de la ley de Obediencia Debida que brindó impunidad total a los genocidas durante casi 20 años y que fue anulada gracias a la lucha inclaudicable del pueblo todo encabezado por los organismos de derechos humanos.

Asociación Anahí
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
Asociación de Abogados en Lucha (APEL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina
FIDELA
Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE)
Liberpueblo
Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH)
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad


Enviar adhesiones a:

aedd@exdesaparecidos.org.ar
ddhhtlauquen@hotmail.com

En la Argentina de los museos de los derechos humanos: genocidas de vacaciones y otros casos, después de 30 años, algunos jueces inician su trabajo.

Ante la denuncia de un particular (¡!)que reconoció al que fuera ministro del Interior durante la dictadura militar, Albano Harguindeguy, en un balneario de una conocida localidad veraniega, Pinamar, a pesar que tendría estar cumpliendo prisión domiciliaria por tres causas : secuestro extorsivo, el golpe de Estado de 1976 y por el Plan Cóndor.

Por el Plan Cóndor, en noviembre de 2007, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público a diecisiete represores de la última dictadura militar, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla. La nómina de represores se completa con Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros y Eduardo Daniel De Lio, entre otros. A todos ellos -procesados en una medida confirmada por la Cámara Federal- se les imputan delitos de "lesa humanidad" cometidos en el marco del denominado "Plan Cóndor", como se conoció al acuerdo entre dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos.

Sin embargo, durante la etapa instructora, la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación de todos los procesados detenidos a excepción de Videla, quien "nunca solicitó la concesión de tal beneficio", aunque muchos de ellos siguen detenidos por otras causas. En esta causa se investiga la "concertación de un acuerdo criminal", como se calificó a los procedimientos de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay; para la "comisión de ilícitos, entre ellos la desaparición forzada de personas" opositoras a esos regímenes. En el marco de la pesquisa se investigan las privaciones ilegítimas de la libertad de más de setenta víctimas, entre ellas María Claudia Irureta, argentina secuestrada embarazada de 8 meses, trasladada a Uruguay. Recientemente se recuperó la hija que tuvo en cautiverio.

Asimismo, en los últimos días se confirma procesamiento por delitos de lesa humanidad al ex.comisario Luis Patti, que fuera intendente de la localidad de Escobar (pcia.de Bs. As.) como cualquier “democráta” , Patti está procesado "por privación ilegal de la libertad doblemente agravado, imposición de tormentos y allanamientos ilegales"

El subcomisario fue detenido recién en diciembre último (2007) por delitos de lesa humanidad, y ahora queda más cerca de afrontar un juicio oral. En la misma causa también están procesados con prisión preventiva, aunque gozan de arresto domiciliario por su edad avanzada, el ex presidente durante la dictadur, Reynaldo Bignone y los ex represores Santiago Omar Riveros y Eduardo Espósito, este último jefe de Patti en Escobar. Patti fue encarcelado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era subcomisario en Escobar, en la dictadura, y participó del secuestro y posterior desaparición del ex diputado Diego Muñiz Barreto, en Ramallo. El cadáver de Muñiz Barreto fue encontrado dentro de un automóvil.

También se le imputa el secuestro de varios militantes politicos que fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre para luego ser llevados al centro clandestino de detención de Campo de Mayo.

La ESMA, ¿Espacio para qué Memoria?

Ante la invitación a participar primero del Directorio y después del Consejo Asesor del Ente "Espacio para la memoria" que funcionará en la ESMA, la AEDD envió a dicho organismo una nota con las siguientes consideraciones:

Cuando en el 2004 se vislumbró la posibilidad de desalojar la ESMA estuvimos en primera fila impulsando el desalojo y la discusión sobre su destino.
Mantuvimos una reunión con el Sr. Presidente y entramos con él al predio por primera vez desde nuestra puesta en libertad.

Participamos en todas las reuniones de organismos de DDHH donde se discutió qué hacer con el lugar.

Fuimos los impulsores de no abrirla al público hasta su completo desalojo y lo plasmamos en una nota que firmamos junto a otros organismos, entregada a la Comisión Bipartita en octubre del 2004.

Elaboramos un proyecto para el predio en el que queda claro qué Memoria queremos que se represente y nos incorporamos a la Comisión Ad Hoc para defenderlo. Lamentablemente las reuniones se realizaron en horario laboral y éste no fue modificado pese a nuestros muchos reclamos.

Colaboramos en la formación de los guías y a pedido de las autoridades cumplimos esa función cada vez que se realizaba una visita, a veces dos veces en el día, a pesar de lo conmocionante que significaba para nosotros esa tarea.

Nuestra extensa propuesta (www.exdesaparecidos.org.ar) muestra que toda la ESMA, incluido el campo de deportes, constituyó una unidad represiva donde cada lugar cumplía un rol al servicio del grupo de tareas, que todo el predio fue un centro clandestino de desaparición y extermino; propone que ese mensaje es el que debe emanar del lugar y sostiene que para eso no deben asentarse oficinas públicas de ninguna índole, ni centros educativos ni organismos de DDHH ya que su funcionamiento significaría movimiento diario de personas, instalación de quioscos, estacionamientos, comedores, lo que terminaría por desvirtuar el sentido que proponemos y con los años vaciaría de contenido los lugares donde se planificó y se puso en marcha el genocidio.

Dado el rumbo que tomó el Ente y el verdadero "loteo" del predio que se realizó entre algunos organismos de DDHH y organismos estatales, es claro que nuestras peores predicciones se hicieron realidad.

Reafirmamos una vez más que ni la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos ni los sobrevivientes nucleados en ella participaremos del Directorio ni del Consejo Asesor.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Los militares argentinos calculaban en 22.000 la cifra de desaparecidos ya en julio de 1978

Los jefes de la inteligencia chilena habían pedido a Enrique Arancibia Clavel que recabara nombres y números de personas muertas y desaparecidas en Argentina. En varios memorandums enviados a principios de julio de 1978 el agente envía a Santiago miles de nombres y fechas de muertes y desapariciones .

El documento extractado aquí contiene el reporte conocido del cálculo realizado por el propio servicio de inteligencia militar de Argentina, acerca del número de las personas que efectivos militares y de fuerzas de seguridad hubieron matado o desaparecido en la represión. El documento era enviado a la sede de la DINA de chile por el funcionario de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, que usó el seudónimo " Luis Felipe Alemparte Diaz, " y se basa en informes que le fue permitido examinar en la sede de batallón de inteligencia de ejército 601. Arancibia Clavel era el representante de Chile en Argentina de la red de la "Operación Cóndor" creada en noviembre de 1975 por las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.

El reporte proporciona evidencia importantes de corroboran que el número verdadero de desaparecidos es significativamente más alto que las 9,089 personas listadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en 1980.

Es también significativo que la cuenta del servicio de inteligencia militar empieza en 1975, los militares se hacían cargo de actividades represivas en la Nación varios meses antes del golpe militar en marzo.
El total real de desaparecidos calculado por los militares superaban la cifra de 22,000 en el reporte escrito en julio de 1978, es sabido que las desapariciones continuaron varios más años.
El documento es una de las aproximadamente 1500 páginas de documentos que se confiscó de las oficinas y la casa de Arancibia por la Corte Federal de Argentina en noviembre de 1978.

Bajar extracto completo

Fuente: The National Security Archive of the George Washington University

Otro juicio oral al “Tigre” Acosta

El represor deberá comparecer ante la Justicia esta vez por el apoderamiento de bienes de los detenidos en el centro clandestino de la ESMA durante la dictadura. La medida alcanza también a los procesados Carlos José Pazo y Jorge Carlos Rádice.

El represor Jorge "el Tigre" Acosta, entre otros, deberá afrontar otro juicio oral por su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, esta vez por el desapoderamiento de bienes de los prisioneros ilegalmente alojados en el centro clandestino de detención. Así lo dispuso el juez federal Sergio Torres al declarar clausurada la instrucción por los hechos que tuvieron como damnificados a Jorge Carlos Muneta, Hugo Abraham Tarnopolsky y Mercedes Inés Carazo, a quienes despojaron de un departamento ubicado a una cuadra del Departamento Central de Policía de Buenos Aires, en automóvil y hasta una biblioteca.

El magistrado imputa a Acosta y a los procesados represores Carlos José Pazo y Jorge Carlos Rádice haberse apoderado ilegalmente de un departamento ubicado en el piso 12, del edificio de la Avenida Belgrano 1651/57, de propiedad de Muneta. El magistrado -quien durante la "feria" estival permanece "de turno" en los tribunales de Comodoro Py 2002- también responsabiliza al grupo por el robo de un Chevrolet, modelo Special, de Tarnopolsky; y la biblioteca que tenía Carazo en su casa, la que luego fue instalada en las oficinas de Acosta. De acuerdo a las constancias del expediente, los procesados obligaron a Muneta a otorgar un poder a favor de Juan Héctor Ríos (la falsa identidad utilizada por Rádice), que luego tuvo una "sustitución a favor de Pascual Gómez (nombre de cobertura de Hugo Berrone) efectuada el 9 de junio de 1977 ante el fallecido escribano Ariel Sosa Moliné. Acosta deberá responder, además, por el "desapoderamiento ilegítimo de la biblioteca" que Carazo tenía en su casa ubicada en inmediaciones de las avenidas Jujuy y Belgrano, el 21 de octubre de 1976; "la que posteriormente fue instalada en la oficina del nombrado".

Al represor Pazo el magistrado le imputó, también, "haber formado parte de una organización que actuaba de manera sistemática, coordinada y permanente, destinada a cometer diversos delitos" durante el período en que se desempeñaba como Jefe del Departamento de Logística" del Grupo de tareas 3.3.2, integrando "el grupo que disponía de los bienes que eran apropiados" a los prisioneros.

Esta investigación es otro desprendimiento más de la "megacausa ESMA" que lleva adelante Torres, con la intervención del secretario Diego Slupski y el fiscal Eduardo Taiano, tras la nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final.

LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR

A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el 24 de diciembre la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del ’70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.

Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.
El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado y trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.

El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.

En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.

Perú parte criminal del Plan Cóndor

La participación del Perú en el «Plan Cóndor» también fue constatado por mí, por Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Genaro Ledesma y otras 9 personas, la mayor parte candidatos a la Asamblea Constituyente, quienes fuimos secuestrados y enviados esposados en un avión militar a un cuartel en Argentina donde un oficial nos gritó: «¡Ustedes son prisioneros de guerra!»
Este favor que la dictadura argentina hizo a Morales Bermúdez fue pagado por él con el secuestro y entrega de montoneros argentinos para que fueran asesinados por dicha dictadura.
Ahora hay voces que en el Perú se levantan para protestar contra la jueza italiana y en favor de Morales Bermúdez.
Veamos su calidad moral para hablar sobre Derechos Humanos:
- Alan García que ordenó la masacre de El Frontón, es culpable de las masacres de Accomarca, Cayara, Erusco, Mayopampa y es el presidente durante cuyo mandato fue asesinada la mayor cantidad de peruanos (especialmente indígenas).
- El mayor jerarca de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Cipriani, para quien «Los Derechos Humanos son una cojudez» (1).(2)
- Las Fuerzas Armadas, en cuyas filas hay una serie de criminales denunciados por la Comisión de la Verdad que están libres y en funciones.
- En esta lista sólo faltan los pronunciamiento de Fujimori, Montesinos, los integrantes de los escuadrones de la muerte de los grupos Rodrigo Franco y Colina.

La dictadura militar también tuvo bases informativas en Brasil

Mantuvo centros de información en San Pablo y Río de Janeiro destinados a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en ese país.

La dictadura militar argentina mantuvo bases de información en San Pablo y Río de Janeiro destinadas a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en Argentina y divulgado este domingo por el diario Folha de Sao Paulo. La información del diario, citada por la agencia DPA, señala que el documento, obtenido por un testigo del proceso y presidente del Movimiento Nacional de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, Jair Krischke, indica que las bases argentinas en Brasil funcionaron durante las décadas del 70 y 80 en el marco del llamado Plan Cóndor.

El proceso judicial en el cual constan las revelaciones fue abierto en Argentina a pedido de la Fiscalía, y culminó el pasado 18 de diciembre con la condena de siete militares y un policía argentinos, entre ellos el ex comandante del ejército, general Cristino Nicolaides. Los militares que tenían base en Brasil estaban vinculados al Batallón de Inteligencia 601, centro militar de interrogatorios y torturas localizado en las proximidades de la capital argentina. El documento, basado en el testimonio del carcelero del Batallón 601, Néstor Norberto Cendón, revela que las bases argentinas en Brasil tenían como prioridad interceptar en territorio extranjero a los integrantes del grupo guerrillero argentino Montoneros. Y también a mantener informados a los militares de ese país sobre los movimientos de los izquierdistas, de acuerdo a Folha de Sao Paulo. Según el relato de Cendón, "el servicio de inteligencia del Ejército (argentino) contaba con bases en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay", en el marco de un operativo militar denominado "Murciélago". Las bases militares brasileñas, según Cendón, eran ocupadas por cuatro oficiales y dos civiles vinculados a la Inteligencia del Ejército.

Ante la querella contra nuestra compañera Myriam Bregman

Comunicado colectivo.
Si nos tocan a uno nos tocan a todos

Con gran estupor las organizaciones que integramos el espacio Justicia Ya nos enteramos el 26 de noviembre pasado que el Dr. Roberto Durrieu ha iniciado querella contra nuestra compañera abogada Myriam Bregman. Roberto Durrieu -quien fuera Sub-Secretario de Justicia de la Nación de la dictadura genocida que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos- es el siniestro personaje que hoy demanda a Myriam Bregman, abogada que participó de las querellas contra los genocidas Miguel Osvaldo Etchecolatz, Christian Von Wernich y Héctor Febres, como parte del Colectivo Justicia Ya!Durrieu y sus letrados demandan -además de la pena prevista en el Código Penal por el delito de calumnias- que se inhabilite a nuestra compañera en el ejercicio de su profesión por el término de cinco años, por haber hecho declaraciones sobre su persona en un conocido programa de televisión. El ataque a un integrante del colectivo JUSTICIA YA, lo asumimos como un ataque a todo el Espacio, por lo que lo repudiamos y exigimos se investigue y castigue a Durrieu y a los miles de civiles que estuvieron vinculados con el genocidio perpetrado en nuestro país.

Exigimos la inmediata absolución de Myriam Bregman.

Exigimos el juicio y castigo a todos los responsables

En Argentina : Asociación Anahí; Asociación de Abogados Laboralistas (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) ; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Com. de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Familiares de Desaparecidos, La Plata; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata; H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Edna Ricetti - Madre de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad , Integrantes de JUSTICIA YA!

En España : Casapueblos; Campaña de Apoyo a juicios; Codo a Codo; Comisión Cárcel a los Genocidas

Enviar firmas a : firmassolidaridad@yahoo.com.ar