Historias del debate: la causa que se cayó por la muerte de un acusado

Una familia con tres desaparecidos y un menor que estuvo secuestrado sólo obtendrá justicia en uno de los casos. El juicio continúa

DANIEL CALIVARES daniel.calivares@elsoldiario.com.ar
Esperar tres décadas para obtener algo de justicia es mucho tiempo. Pasan los años y el temor a no averiguar nada crece, más aún cuando los que tienen algún tipo de información van muriendo uno a uno, sin siquiera intentar tranquilizar a los familiares de las víctimas. En el juicio por delitos de lesa humanidad que se está desarrollando en Mendoza, eran 18 las causas que se iban a llevar adelante. Sin embargo, el repentino problema de salud de uno de los acusados y su posterior fallecimiento provocó que una de las causas se cayera, al menos por ahora, y con ella la búsqueda de justicia por la desaparición de un matrimonio y la privación ilegítima de la libertad de quien en ese momento era un niño que aún no tenía conocimiento del horror de la dictadura militar.

TERCERA. El debate por delitos cometidos durante la última dictadura militar comenzó el 17 de noviembre. Gran parte de quienes han declarado han sido testigos contextuales que han sabido recrearles a los jueces, abogados y asistentes al debate cómo fue permanecer encerrados en distintos centros clandestinos de detención y en algunas prisiones de Argentina, como las de Mendoza y La Plata, principalmente. Junto a estos, en las últimas semanas se comenzó con el análisis causa por causa.
Es así que ya desfilaron los testigos ofrecidos por las partes por el secuestro de Jerónimo Morgante y por las desapariciones de los hermanos Hugo y Julio Talquenca. Esta semana está previsto que declaren tres testigos contextuales y, además, que se comience con una nueva causa, la que trata la desaparición de Silvia Campos, una estudiante de Medicina que fue secuestrada en mayo de 1976. En el mismo expediente (053-M), el Tribunal Oral Federal 1 tenía la causa por el secuestro y desaparición de Adriana Campos (hermana de Silvia) y su marido, Antonio Alcaraz, y el secuestro del hijo de ambos, Martín.
Sin embargo, la separación y el fallecimiento del general Juan Pablo Saá, ocurrido en diciembre, hizo que solamente la desaparición de Silvia permaneciera en el debate, ya que en ella se encuentra imputado Tamer Yapur, mientras que la de su hermana deberá esperar que algún día Luciano Benjamín Menéndez sea llevado a juicio en la provincia, ya que el resto de los imputados falleció manteniendo el pacto de silencio (Saá y Orlando Dopazo, quien murió en febrero del 2010).

LAS CAMPOS. La única causa de la familia Campos que se podrá llevar adelante es la de la desaparición de Silvia. Ella tenía 23 años cuando fue secuestrada, a mediados de mayo de 1976, de su casa de Guaymallén. Por ese entonces estaba en el sexto año de la carrera de Medicina. "Quería ser médica rural", recuerda su madre en el libro Hacerse cargo. El hecho ocurrió alrededor de las 3, cuando toda la familia se encontraba durmiendo.

    Fue en ese momento que un grupo de personas armadas derrumbaron la puerta e ingresaron a la vivienda ubicada en calle Pedernera, en San José. Entre tres personas redujeron a los padres de Silvia tras amenazarlos con armas de fuego, golpearlos y vendarlos. Al mismo tiempo, a la habitación de Silvia ingresaban otras personas. Ella estaba junto a una compañera con la que estudiaban Química. Tras arrojar a su amiga al piso, Silvia fue retirada de su casa e introducida en un Ford Falcon. Luego de la desaparición fueron muchas las averiguaciones intentadas, pero todas tuvieron resultado negativo. Justamente, la hermana de Silvia, Adriana, había estado tras datos que la llevaran a saber qué había pasado con su "compinche", como la definió su madre.

    Adriana estaba casada con Antonio Alcaraz y tenían un hijo, Martín. La actividad política de ella se aplicaba más que nada a lo solidario, pero eso fue hasta el 6 de diciembre de 1977, cuando, alrededor de las 2, un grupo de hombres ingresó a su casa en Godoy Cruz y se llevaron al matrimonio y al pequeño, que horas más tarde sería depositado en la puerta de los padres del joven. Durante el secuestro, la casa fue saqueada, se llevaron un televisor, una heladera, joyas, dinero, los documentos de sus moradores e, incluso, la silla del bebé. Nuevamente, como con Silvia, sus padres tuvieron que iniciar el proceso de búsqueda a través de las vías judicial, eclesiástica y solidaria, pero, igual que con Silvia, nada se pudo averiguar.
Entre los testigos que declararán en la causa por la desaparición de Silvia habrá uno muy esperado por los familiares de los desaparecidos, y es quien por entonces era un bebé, hoy convertido en adulto. Si bien, debido a la edad que tenía al momento de los hechos, no será mucho lo que podrá aportar Martín Alcaraz a través de su experiencia personal, sí se espera que pueda hablar de aquello que le contaron en el seno de lo que quedó de su familia materna.
Cómo sigue
El juicio por delitos de lesa humanidad continuará mañana. Esta semana está previsto que haya jornadas de debate durante tres días, en los pasarán por la silla de los testigos Ramón Ábalos, Elba Morales (del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) y un ex detenido del D2, explicaron fuentes judiciales. Además, se comenzaría la causa Campos.

Juicio a la Triple A: "Marcar la historia, decir la verdad caiga quien caiga”

Entrevista a Carlos Petroni quien fue dirigente sindical y del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en los años  70. Actualmente es querellante en la causa judicial contra la Triple A y sobreviviente de tres intentos de asesinato. Es periodista y editor de Izquierda Punto info. y miembro de la Organización de Izquierda Revolucionaria (OIR).

Mar del Plata, febrero de 2011
por Gustavo Waslet (Especial para El Mortero y Agencia Nodo Sur).

-¿Se ha llegado a su juicio, a la nómina completa, tanto de victimas como represores? Me refiero a las que han tomado estado judicial.

No. La causa aun está acotada a un numero relativamente pequeño de asesinatos y circunscriptos a un período que va desde la muerte del jefe de la CNU/Triple A, Dr. Ernesto Piantoni y los asesinatos y secuestros de Maggi, la rectora de la Universidad Catolica y algunos más. Estos son hechos acaecidos en 1975. La CNU/Triple A cometio más de un centenar de asesinatos y tal vez cientos de antentados entre 1971 y 1976 para pasar luego a servir como Grupo de Tareas de la dictadura militar. La investigación y la causa deben extenderse hacia atrás y hacia delante cubriendo los actos de terrorismo de Estado que se cometieron en Mar del Plata desde por lo menos 1973 y hasta 1976.
Hay más de una docena de imputados, como miembros de la CNU/Triple A, en su mayoria abogados y profesionales. Si se extendiera la investigación a todos los crímenes cometidos por esta organización, los imputados deberían ser más de 60, incluyendo dirigentes sindicales y poltiicos de la época, y algunos de los cuales hoy detentan un poder considerable a nivel local y nacional.

-Más allá del caso Demarchi, el más sonado para la opinión pública, suelen faltar algunos otros apellidos tanto o más conspicuos como el del ex Juez Federal Federico Hooft por ejemplo. ¿Son causas separadas? ¿Otros los delitos? ¿Cómo funciona el aspecto procesal en estos casos?

Si se globaliza la causa como la de los crímenes cometidos por la CNU/Triple A en el período de 1973/76 esos personajes y muchos otros deberían ser investigados e imputados. Los delitos cometidos en este período por la CNU/Triple A y sus colaboradores y aliados, como los miembros del Poder Judicial, autoridades de la Universidad Provincial y dirigentes sindicales y de la Juventud Sindical Peronista (JSP), etc., son todos hechos de terrorismo de Estado tal cual ya lo reconoce y reafirma la Justicia Federal. Por lo tanto todos ellos están relacionados con los agravantes de asociacion ilícita y otros cuadros legales que vinculan a todos los potenciales acusados dentro de una trama conspirativa para planear, armar y ejecutar los crímenes.

-El camarista Jorge Ferro, asegura que el Juez Pradas, a cargo de la causa permitió lisa y llanamente la huida de Gustavo Modesto Demarchi, primero a Brasil y luego a Colombia, donde está actualmente detenido, pese a lo que declaraban las autoridades fronterizas: De comprobarse esta enormidad, ¿Es posible seguir pensando en hacer justicia con estos jueces?
Por estos días se conoció el caso Cozzani en la ciudad de La Plata. No tengo dudas que Demarchi y otros prófugos utilizaron sus contactos e influencia politica para poder huir del país. Esa complicidad necesariamente proviene del Poder judicial pero no se agota allí. Por acción u omisión, también son responsables la policía, la Gendarmería, aquellos que colaboraron en la fuga incluso llevándole el vehiculo particular a Demarchi a través de la frontera...
La Justicia está limitada en todo caso por la estructura de poder. La investigacion a fondo de los crímenes de la Triple A traería aparejado la exposición de importantes dirigentes de hoy día, que detentan poder en sindicatos, son funcionarios públicos, incluyendo los judiciales, y hasta son intendentes, diputados y hasta algun senador. Recuerde usted que la Triple A estuvo organizada y relacionada con tres gobiernos, el de Lastiri, el de Perón y el de Isabel y que otros dos Presidentes argentinos, Menem y Duhalde tambien mantuvieron relaciones con ellos. Duhalde inició su carrera política en Lomas de Zamora apoyado por la revista El Caudillo (elementos que ya han sido presentados a la justicia como fotos y articulos de El Caudillo) y la Triple A; Menem aparece fotografiado junto a miembros de la Triple A, y tanto Menem como Duhalde indultaron a miembros de la Triple bajo su gobierno.

Hugo Moyano, Gerónimo Venegas, Luis Barrionuevo – los dos primeros en Mar del Plata – y muchos otros fueron dirigentes de la JSP que como ya hemos visto colaboraba estrechamente con la CNU/Triple A.
De allí para abajo es impresionante la lista de gente “importante” que estaba vinculada o participaba del accionar del terrorismo de estado de la Triple A. En esas circunstancias, la Justicia tratara de limitar y acotar los juicios, tal cual se hace con los juicios a los militares del Proceso, donde solo se juzga a unos cientos de los casi 30.000 responsables del genocidio.

Marcar la historia, decir la verdad caiga quien caiga y denunciar todos los hechos incluyendo la denuncia que aquellos que estuvieron embarcados en el terrorismo de Estado, de todos ellos, es parte de la justicia aunque en muchos casos no llegue a los estrados de los tribunales.

-Para la juventud y acaso no tan jóvenes pero igual de distraídos, ¿podría brevemente trazar una biografía de toda esta gente procesada?

Esto sería muy extenso. Entre ellos hay abogados, jueces, fiscales, dirigentes sindicales, funcionarios públicos, algunos detentan cargos electivos. Sólo imaginemos que Gustavo Demarchi, que hoy espera su extradicción desde Colombia, fue abogado, fiscal, abogado de la CGT cuando Hugo Moyano era el Secretario General de la misma en Mar del Plata, candidato a intendente del PJ en 1983, también apoyado por Moyano y hasta se lo vincula con enormes negocios de peculado y coimas como son los bingos de la ciudad.

-La primera impresión que ofrece la prensa, tal vez sea el accionar impune contra estudiantes universitarios pero también existieron dirigentes sindicales, empresariales y políticos de la época? Muchos de ellos aun en actividad.

Gran parte de la plana mayor de la CGT, de la CGT “Azul y Blanca”, de las 62 Organizaciones, nacional y muchos de los dirigentes actuales de numerosos sindicatos a nivel local fueron partícipes, socios, colaboradores o activaron plenamente en los crímenes de la Triple A o con organizaciones como la JSP de entonces.
Junto a los colaboradores con el terrorismo de Estado en la Iglesia, los sindicalistas han sido los que hasta ahora más han zafado de la investigación y castigo por sus crímenes en los 70.
 
-Más allá de la detención, en Bogotá existe un gran hermetismo respecto tanto del pedido de extradición de la justicia argentina como del asilo político solicitado por el propio Demarchi. ¿Cómo imagina o qué información maneja Ud. respecto a la evolución política de este proceso donde ni el gobierno argentino ni el colombiano podrán permanecer ajenos? Cabe suponer que la elección de ese país no fue una casualidad. ¿Tendrá garantías de intocable como pretende?

Puede ser que Demarchi haya hecho una mala caracterización de Colombia asumiendo que como tiene un gobierno de derecha estaría dispuesto a concederle asilo político. También puede ser que se le haya prometido ese asilo por parte de personalidades, politicos o influyentes con buen dailogo con el gobierno colombiano. Como sea, es poco probable, diría que casi imposible dadas las actuales circunstancias, que obtenga esa protección. No es importante para el gobierno colombiano, ni le significa ningún rédito, protegerlo. Además los argumentos esgrimidos por su parte para solicitar ese asilo son absurdos, políticos y procesales. Adujo que era un “perseguido político” y cuestiones por el estilo, lo cual no es cierto.

-La opinión pública local, identifica a Demarchi como un empresario muy importante del área de los juegos de azar y que actualmente figura en un expediente de solicitud de un nuevo bingo que se está construyendo en Mar del Plata, más precisamente en Bolívar y Entre Ríos. ¿Ud. cree que la justicia podrá quebrar el tráfico de influencias que estos poderosos pueden poner a funcionar?
En este mismo sentido, habría que mencionar, por ejemplo, el caso del suboficial retirado Abel Cesar Scollo, detenido días atrás en la ciudad de Baradero, por delitos de lesa humanidad, se negó a declarar y recibió el beneficio de la excarcelación…
La justicia es un apéndice de las clases dominantes y administra la “justicia” e interpreta las leyes de acuerdo a eso. La cuestión, sin embargo desde que existen confrontaciones y divisiones entre la burguesía en relación a muchas cuestiones y eso, a veces, juega a nuestro favor.

-Por último. Existe una importante nómina de integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que en Mar del Plata, recordemos, se transformó en Triple A y en Grupo de Tareas (GT), luego del golpe de Estado, los cuales figuran como solicitantes de pensiones graciables previstas para las víctimas del terrorismo de Estado. ¿Podría explicar cómo es posible este verdadero “mundo del revés” y si tendrían a su juicio alguna posibilidad de prosperar?
 
Usted me pide que explique lo inexplicable. Sólo se me ocurre pensar que estos sujetos cuentan con la protección de parte del aparato estatal. No es un “mundo al revés” sino como funciona normalmente el sistema de clase de nuestro país y el mundo.

-Algo más que quiera agregar respecto a este tramo de nuestra historia reciente que está saliendo a la luz?

La cuestión central de este juicio y otros similares es inocular a la juventud y a la clase trabajadora contra el terrorismo de Estado, contra el relato de derecha de nuestra historia, que se aprenda de ellas a no repetir los errores que nos llevaron a ser derrotados en los 70 por el terrorismo de Estado y prepararnos para el futuro. La lucha de clases no ha desaparecido y los procesos revolucionarios, como lo demuestran hoy Egipto y Túnez, tampoco.

La “historia no ha terminado” sino que se reorganiza y vuelve con más furor a golpear hasta a los más escépticos. Aprender del pasado nos sirve no sólo para conocer la verdad, sino para enfrentarnos, cuando sea necesario, a fenómenos similares. En ese sentido, la verdader justicia, completa e histórica, sobrevendrá con el triunfo de los trabajadores contra el sistema de explotación que produce el terrorismo de Estado para enfrentar el ascenso de las luchas. Debemos prepararnos en esta etapa para impedir que la historia, esa historia, se repita.

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Las violaciones como herramienta de terrorismo de Estado durante la dictadura

Mendoza: denuncian violaciones como herramienta de terrorismo de Estado durante la dictadura

El abogado querellante y miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Pablo Salinas, valoró los testimonios de víctimas en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la capital mendocina, porque "ha permitido que salgan a la luz en el país los ataques sexuales como una herramienta de terrorismo de estado durante la dictadura militar".

Salinas destacó la importancia de los testimonios de víctimas de la dictadura en el juicio que se desarrolla en Mendoza desde el 17 de noviembre y donde se juzga a diez imputados en 17 causas por homicidios y desaparecidos.

En ese sentido, el abogado puso de relieve que en el juicio quedaron en evidencia, según los testimonios de las víctimas, "la tortura para obtener información, la violación para destruir al oponente -hombres y mujeres- y todos los mecanismos del terrorismo de Estado".

El entrevistado destacó que en este juicio "declaró Marie Monique Robin, una investigadora francesa que vinculó el terrorismo de estado en Argelia aplicado por la Francia colonialista contra un país que buscaba su independencia y que toda esa metodología fue trasladada por la escuela de guerra a la Argentina desde 1958".

"Robin aportó con su investigación como tema central sobre la estructura del terrorismo de estado y su configuración en las dos influencias, francesa y norteamericana", aplicadas durante la dictadura militar en la Argentina, agregó Salinas.

Ponderó que "también ha salido a la luz en Mendoza, cosa que no ha pasado en otras provincias, la participación directa de los jueces y fiscales en el terrorismo de estado y su importancia, porque esto sirve para reconstruir la verdad histórica y también para establecer las responsabilidades penales".

Pablo Salinas resaltó la confianza de las víctimas en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número uno -que preside Juan Antonio González Macías e integran Alejandro Waldo Piña y Héctor Fabián Cortes- porque "pueden detallar ampliamente sus testimonios".

"El juicio en Mendoza realmente está sirviendo para establecer la verdad histórica y para que se imponga una condena ejemplar contra los responsables, y adquiere además una profundidad y una naturaleza que pocos juicios en el país han tenido", reseñó el joven abogado querellante.

Salinas valoró los testimonios de las víctimas de la dictadura, donde "las compañeras que han sido atacadas sexualmente, han confiado en el Tribunal y han contado su tremenda experiencia en el Departamento de Inteligencia de la policía mendocina, conocido como D2".

"En ese lugar de detención, las personas estaban vendadas, atadas con alambre, encapuchadas y las mujeres eran violadas hasta veinte veces por día como una manera de destruirlas física y psíquicamente, en el que también los hombres fueron victimas de violaciones", añadió.

En el juicio oral por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Mendoza, se registra la ausencia del ex general Luciano Benjamín Menéndez, quien no concurre debido a la existencia de otras causas judiciales que le imputan en otras provincias.

Menéndez ejerció la comandancia del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba, de donde dependían las regionales de Cuyo (Mendoza-San Juan y San Luis), y Noroeste argentino.

Por 17 causas por homicidios, desaparecidos y torturas, se imputó al ex general de la Brigada de Montaña ocho, Juan Pablo Saa (83); al coronel Tamer Yapar (86); el ex general de Brigada Mario Lépori (84); al ex capitán Dardo Migño; al ex jefe de Inteligencia de Ejército, Paulino Furió (77); a los ex oficiales de la policía mendocina Celustiano Lucero (69); Luis Alberto Rodríguez (70), Eduardo Smaha (75), Osvaldo Fernández Miranda (68) y Juan Ozarzabal (74).

Del total de los imputados, el 26 de diciembre falleció el ex general Juan Pablo Saa a raíz de un ACV, otros cuatro se encuentran con detención domiciliaria, otro fue separado de la causa por problemas de salud y solo cuatro se encuentran detenidos en el penal.

Procesan a ex juez de menores santefesinos por complicidad con la dictadura

"El juzgado de Menores acataba lo que decía el Ejército"
Tras la decisión del Juez Federal, Reinaldo Rodríguez, de procesar al ex magistrado Luis Vera Candioti, el abogado querellante, Dr. Jorge Pedraza, tiene la esperanza de que el juicio oral llegue a fines de 2011 o principios de 2012.

El juez federal Nº1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez resolvió días atrás procesar al ex juez de Menores santafesinos Luis María Vera Candioti por la supresión de identidad de Paula Cortassa (luego María Carolina Guallane), en 1977.

Según establece la resolución (con fecha 2 de febrero de 2011), en el marco de la investigación de delitos de lesa humanidad sobre hechos ocurridos entre 1976 y 1983, se dicta el procesamiento del ex magistrado –69 años, fiscal jubilado del Poder Judicial de Santa Fe, domiciliado en la zona sur de la capital provincial– y también el de Carlos Enrique Pavón –60 años, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero militar retirado con grado de coronel del Ejército Argentino.

En diálogo con Diario UNO, el abogado querellante, Jorge Pedraza, aseguró que “esperaba desde hace tiempo esta resolución, porque tarde o temprano, indudablemente, iba a llegar, era una cuestión que estaba pendiente”. Y agregó: “Ya la fiscal (Griselda) Tessio, cuando todavía estaba en la ciudad de Santa Fe en funciones había pedido que se lo procesara como se hizo ahora y por el mismo cargo, el de supresión de estado civil de un menor de 10 años”.

“A mi modo de ver, todas las irregularidades que se produjeron en el Juzgado de Menores de ese período, desde el procedimiento del 11 de febrero de 1977 hasta que envían a Rosario un legajo de la menor para que la adopte una familia que estaba en espera, fueron comprobables. Nunca se buscó conocer el origen de la niña, ni establecer su verdadera identidad. Ni siquiera los pocos datos que aportó el Ejército fueron incluidos en ese legajo enviado a Rosario”, explicó Pedraza.

—No se investigó ningún dato...
—Tampoco se hicieron investigaciones en la zona donde se produjeron los hechos por parte del juzgado. El juzgado acataba lo que le decía el Ejército. Si no le daban información, actuaba sin buscar información por iniciativa propia; siendo que la obligación del juzgado era preservar a los menores, más aún cuando están en peligro, y qué más cuando había perdido su identidad, producto de la violencia del terrorismo de Estado, y siendo que el Ejército conocía perfectamente de quién se trataba, o al menos quiénes eran los padres. Más allá de eso, lo que complica al ex juez Vera Candioti son las irregularidades que se producen en el expediente.

—No se puede hablar de negligencia en este caso...
—Esto no es negligencia, es una conducta deliberada, se estaba cumpliendo con lo que el Ejército exigía, manteniendo a estos menores como NN.

La espera, en libertad
—¿Cómo viven aquellos que esperan un juicio y una condena, que los procesados mantengan el beneficio de estar en libertad?
—Esa fue una decisión del juez federal, hace meses, bajo caución legal creo. De todas maneras, Vera Candioti ya cumple los 70 años, así que aún si se le ordena la prisión preventiva podría solitar la prisión domiciliaria. Más allá de eso. Es importante en este caso que se dicte el procesamiento, que se confirme en la Cámara Federal y que se realice el juicio oral, para que se llegue a la condena. Para nosotros es muy importante esta decisión.

—Dados las condenas que se produjeron ya en la provincia e incluso en la ciudad de Santa Fe, ¿son buenas las expectativas para la causa?
—Las expectativas son muy buenas, porque realmente hay un marco favorable. Somo optimistas y creemos que se está avanzadndo en un terreno poco explorado. Esperemos que se llegue lo más pronto posible al juicio oral y la condena.

—¿Cuáles son los tiempos estimativos para la concreción del juicio?
—Eso dependerá del tiempo que demore la cámara federal de Rosario para resolver la apelación del procesamiento que seguramente van a hacer las defensas.

—¿Hay posibilidades de que se realice este año?
—Yo creo que si se da pronto, sería a fines de este año o a principios del año que viene. Se toman sus tiempos siempre en todas las instancias. Y también surgen planteos de la defensa que pueden demorar más la causa.

Declaración de Luz Faingold en el juicio político al camarista de Mendoza

“Miret me trataba de subversiva”

En agosto de 1975, a los 17 años, Faingold estuvo en cautiverio y fue torturada en el D2 de la policía mendocina. Ayer, ante el jury del Consejo de la Magistratura, dijo que el juez Luis Miret la visitó, la interrogó y luego la dejó en manos de los represores.  

Luz Faingold conoció a Luis Miret en agosto de 1975, durante la experiencia más terrorífica de su vida. Ella tenía 17 años y estaba en cautiverio con otras diez personas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, donde había sido torturada y violada. El la visitó como juez federal subrogante, supo por el novio de Faingold que la adolescente pedía por favor que dejaran de ultrajarla, pero la dejó varios días más en manos de los torturadores. Ayer, luego de soportar durante 35 años que el hombre siguiera en carrera como un juez honorable, Faingold relató por primera vez sus padecimientos ante el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura que analiza la conducta de Miret, suspendido en su función de juez de la Cámara Federal de Mendoza y acusado de haber colaborado con la represión ilegal durante la dictadura.

“Yo estaba en muy mal estado, lo único que recuerdo es a Miret gritándome, tratando de encontrar algo en mi contra. Me preguntó por mis apuntes de la escuela”, recordó Faingold ante el jury que debe resolver si destituye o mantiene en su cargo al juez. La testigo de 52 años recordó que Miret le pareció “un nazi”. “No preguntó de dónde venía, qué me había pasado ni dijo que podía tener abogado defensor o negarme a declarar”, aseguró. “Mi apellido es judío y me sentí más discriminada aún por eso, que parecía terrible”, agregó en presencia de Miret, que por momentos intentó abandonar el rol de quien es sometido a un juicio político para convertirse en interrogador de la víctima.

Faingold cursaba el último año del colegio secundario e integraba una agrupación. Sus militantes fueron detenidos por los subordinados del brigadier Julio Santucchione, cara visible del terrorismo de Estado en Mendoza en los meses previos al golpe de marzo de 1976. Miret interrogó a los presos en el D2 y luego en los tribunales. “Me preguntó por mis apuntes. Yo tenía matemáticas y astronomía, nos habían pedido que todo lo que viéramos en la prensa relacionado con astronomía lo pegáramos en la carpeta y lo último que tenía era la copia del Apolo y del Soyuz (NdR: Naves espaciales estadounidense y rusa). Miret me preguntó ‘qué es este artículo del diario’, porque la Soyuz era soviética. Fue lo único que pudo encontrar que tuviera que ver con la izquierda”, recordó Faingold y despertó sonrisas en el tribunal.

Luego de los ocho días de cautiverio en el D2 y pese a que los padres habían pedido su restitución, Faingold fue trasladada a un instituto de mujeres de Mendoza. “Mucho después supimos que fue porque mis padres estaban divorciados o algún argumento de ese estilo”, dijo ayer. Durante el encuentro en tribunales, “Miret me gritaba, me trataba de subversiva”, recordó la sobreviviente. “Caminaba por una especie de estrado y gritaba”, dijo, y miró al ex juez. “Sí, usted caminaba, yo lo vi, estaba muy asustada, había pasado el peor momento de mi vida”, contestó cuando Miret preguntó de manera directa y pidió que describiera su despacho.

Faingold también recordó su violación, la semana que pasó sin comer y sin ir al baño y la visita de “alguien de traje” que abrió la puerta de su celda y la cerró de golpe cuando ella se le abalanzó pensando que iban a liberarla. “Después de 35 años supe por una foto que era el fiscal (Otilio Roque) Romano”, dijo en alusión al actual camarista, imputado por los mismos delitos, que logró postergar su jury de enjuiciamiento.

En segundo turno declaró Luz Agustina Casenave, la madre de Luz Faingold. La mujer de 80 años relató que junto con su marido y gracias a un conocido pudieron colarse en la audiencia de indagatoria a su hija. “Di un golpe a la puerta y cuando abrieron irrumpí en la pieza, estaba el señor Miret haciéndole la entrevista a mi hija, sin abogado ni nadie presente. Ella era menor de edad, le dije ‘señor, usted está cometiendo un delito porque la ley dice que debe tomarle declaración con los padres presentes, un tutor o abogado’. Me quiso retirar con cierta violencia, pero insistí y me quedé. Ahí lo conocí”, recordó.

“Mi hija estaba aterrada, apabullada, desesperada, y él buscaba algún delito, le faltaba una acusación”, dijo la madre, que luego relató el exilio en Francia. “Ella declaró sin ayuda legal de ningún tipo”, insistió la mujer cuando Miret pidió que le mostraran el acta de la declaración, firmada por Luz, sus padres y un abogado. La testigo explicó que el padre y el letrado llegaron más tarde, cuando la declaración ya había concluido. “Le solicité la restitución, salió, habló con otra persona, dijo que no y la mandó al instituto”, de donde fue liberada tras gestiones de su familia ante el Ministerio de Justicia de la Nación.

Otra dilación más en la Causa Noble por apropiación de menores

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado concedió la apelación presentada por los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y ahora la Cámara Federal de San Martín deberá resolver si confirma la decisión de la magistrada de ordenar la toma compulsiva de muestras sanguíneas a Felipe y Marcela, en la causa que investiga la apropiación durante la última dictadura cívico-militar.

La jueza habilitó la apelación a la defensa de los hermanos pero rechazó un recurso similar presentado por los abogados de Ernestina Herrera de Noble, al recordar que la empresaria está "imputada" en la causa y por lo tanto no le corresponde presentar este tipo de recursos ya que no sufre ningún agravio con la medida, informaron a Télam fuentes judiciales.

A los hijos adoptivos se los considera víctimas en la causa, ya que de comprobarse el delito habrían sufrido la supresión de su identidad biológica por lo cual se los habilitó a recurrir a la instancia superior para intentar frenar la medida ordenada por Arroyo Salgado en diciembre pasado, y que no pudo cumplimentarse por la oposición de ambos y la apelación presentada.

Como ya ocurrió con planteos anteriores, se descuenta que el tema llegará a la Cámara Nacional de Casación Penal y posiblemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La decisión está ahora en manos de la sala II de la Cámara Federal de San Martín integrada por los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga, quienes en junio pasado confirmaron a Arroyo Salgado al frente del caso al rechazar un planteo de recusación por parte del abogado de Ernestina Herrera de Noble, el ex juez federal Gabriel Cavallo.

Tras un largo peritaje de muestras de sangre, saliva y objetos personales de los hermanos, tomadas en diciembre del 2009 por el anterior juez del caso, Conrado Bergesio, en diciembre pasado la magistrada descartó su utilización para compararlas con las muestras de familiares que buscan bebés robados durante la dictadura cívico-militar almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand.

Hizo lugar así a un planteo de la querellante Abuelas de Plaza de Mayo que había solicitado la toma compulsiva en base a la nueva legislación que la habilita para que el estudio tenga carácter de "indubitable".

Felipe y Marcela Noble Herrera debían presentarse el 23 de diciembre pasado para entregar las muestras en el Durand, pero una apelación de su defensa logró suspender el trámite, ahora puesto bajo revisión de la Cámara de San Martín.

En una extensa resolución, Arroyo Salgado había ordenado "obtener muestras de sangre, saliva o cabellos de ambos, con su consentimiento o no, para realizar el examen de patrón genético" en base al artículo 218 bis de la legislación que los considera "admisibles" extraídos de forma "mínima" y "cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida".

Al ordenar esta medida, la jueza advirtió que "de comprobarse la hipótesis delictual, ésta se habría extendido por más de treinta años" y recordó que "en forma reiterada Marcela y Felipe han señalado su deseo de terminar con la incertidumbre que pesa sobre su origen e identidad".

"La realización del estudio pericial con todas las garantías legales y asegurándoles la posibilidad de un adecuado control -para lo cual se requiere ahora la obtención directa del material biológico indubitado- no sólo garantizará el derecho de las otras víctimas sino que también les dará a los nombrados la seguridad, tranquilidad y certidumbre que, conforme han manifestado en diversas oportunidades, anhelan", concluyó en su resolución de diciembre último.

Sin embargo los Noble Herrera se oponen a que la comparación de su ADN se haga de manera general con las muestras de todas las familias, como ya resolvió la Justicia al ampliar el objeto procesal de la causa donde la dueña del Grupo Clarín está imputada como sospechosa.

Felipe y Marcela aceptaron que las muestras fuesen cotejadas sólo con las dos familias querellantes en la causa y por eso habían asumido entregar sangre y saliva al anterior juez del caso, Bergesio.

Periodista francesa, en el juicio a represores

Marie-Monique Robin aportará su investigación sobre cómo los franceses enseñaron los métodos de tortura.

Una reconocida periodista de investigación de nacionalidad francesa será la figura de la audiencia de hoy en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza contra cuatro militares y cuatro policías.

Marie-Monique Robin está en Mendoza para dar testimonio de algo que jugará un papel crucial en los juicios por la violación de los derechos humanos en la última dictadura: probará, a partir de una investigación propia y un documental que ya se ha visto en televisión, cómo los franceses fueron los que les enseñaron a los represores argentinos los métodos de interrogación bajo torturas, los modos para quebrar humana y espiritualmente a los detenidos, y la forma de poner bajo control a cualquier sector social renegado al orden establecido.

La periodista declarará ante el Tribunal Oral Federal Nº1 y además del documental, oficiará una traductora no sólo para escuchar su testimonio sino para poder ser interrogada sobre sus conclusiones.

Escuadrones de La Muerte, La Escuela Francesa (Escadrons de La Mort: L’Ecole Française) es el material fílmico en el que la mujer plasma cómo desde 1960 los franceses entrenaron paulatinamente a las fuerzas de seguridad argentinas a partir de su experiencia en Argelia, país al que dominaron como colonia y que condujeron con brutalidad.

El filme revela que el origen de la doctrina que aplicó la dictadura argentina está en la estrategia creada por el ejército francés para sus guerras coloniales en la década del ’50 y que se utilizó en los regímenes autoritarios en Latinoamérica.

La apertura de archivos en el 2000 permitió conocer documentos del gobierno, la Cancillería y las Fuerzas Armadas francesas que confirman la tesis del documental y que hasta el concepto de subversión fue importado de Francia por oficiales que asesoraron a las Fuerzas Armadas de Argentina.

Robin ratificará una terrible paradoja del siglo XX ya vista en su documental: que los militares argentinos se formaron ideológica y operativamente en los dos países entronizados en adalides de la democracia, la república y las libertades: Estados Unidos y Francia.

La enseñanza que obtuvieron en esas naciones les permitió llevar adelante el más oscuro y sangriento período de la historia argentina del siglo pasado con unos 30.000 desaparecidos y decenas de miles de detenidos, secuestrados y torturados por su pensamiento político. Y como se jacta en el documental un alto jefe militar de los años de plomo, “haber desmantelado y aplastado a la subversión en un año y medio”. Para el tribunal, será un testimonio de gran importancia para probar el plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones que funcionó al margen de la ley y con la complicidad de los tribunales.

Robin quiere tomar la experiencia argentina de llevar a juicio a los responsables de las masacres.

Testimonio sobre tormentos y violaciones

La última audiencia de la semana en el juicio que por delitos de lesa humanidad se sigue contra ex militares y ex policías mendocinos, tuvo ayer como único testigo a Daniel Hugo Rabanal, militante montonero que fue detenido en Mendoza en febrero de 1976, poco antes del golpe militar contra el gobierno de Isabel Perón.

El hombre, que estuvo en pareja con Marie Anne Erize Tisseau, la ciudadana franco-argentina que fue secuestrada en San Juan y permanece desaparecida, dio cuenta de los tormentos que padeció durante su detención clandestina.

Su relato recorrió su estadía en las cárceles de Mendoza, La Plata, Rawson, Caseros (por donde pasó dos veces) y finalmente Devoto, desde donde recuperó la libertad, en 1984, es decir en plena democracia.

De su paso por el D 2 rescató las frases más terribles de la audiencia: "La violación de las mujeres y de algunos compañeros varones formaba parte del sistema de tortura, de tormento, del paquete intimidatorio, humillante, denigrante...".

Pero también ocupó varios minutos para hablar de la Justicia Federal "de aquella época". Y así recordó haber estado frente el juez Carrizo en una unidad policial, adonde llegó vendado y esposado. Y lo relató así: "El juez lo primero que hizo fue preguntarme ´¿Cómo está?´. Y era obvio que me habían torturado. Tenía gran dificultad para caminar, muchísimos kilos menos, con lesiones en el ano, con moretones".

Después fue visitado por el juez Gabriel Guzzo en la cárcel de La Plata, quien finalmente lo condenó a prisión perpetua por la muerte del cabo Cuello (un policía que fue abatido frente a la Comisaría 1° de calle Godoy Cruz), después de asegurarle que "la única justicia que no se equivoca es la divina". Acusación de la que finalmente fue absuelto.

Decidirán dónde y hasta cuándo Bussi deberá cumplir la prisión perpetua

Los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán tendrán que definir este mes cuántos años de prisión perpetua tendrá que cumplir el represor Antonio Domingo Bussi por la desaparición y homicidio del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse. Para el cómputo se tendrá en cuenta el primer día de detención por este hecho, que se remonta al 15 de octubre de 2003. El Tribunal Oral también deberá decidir dónde cumplirá la pena: en el country de Yerba Buena, en un predio militar o en la cárcel de Villa Urquiza.

Una vez que tengan en sus manos el abultado expediente sobre la causa Vargas Aignasse que debe ser girado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán se abocarán a resolver dos cuestiones clave para el futuro del represor Antonio Domingo Bussi: cuántos años incluirá la prisión perpetua en su contra y dónde deberá cumplirla.

Para el cómputo de la pena se tendrá en cuenta el primer día de detención del ex gobernador de facto, hecho que ocurrió el 15 de octubre de 2003. Ese día, en medio de un revuelo mediático y político desatado en la provincia, el entonces juez federal Jorge Parache le tomó la primera declaración indagatoria por la causa Vargas Aignasse y tras varias horas decidió ordenar su detención.

Luego vino el procesamiento y cinco años más tarde el histórico juicio oral y público, que finalizó el 28 de agosto de 2008, con la condena a prisión perpetua a Bussi y el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por la desaparición y homicidio del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.

Pero recién en los últimos días del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de las defensas de ambos represores en contra del fallo condenatorio, con lo cual técnicamente quedó firme la sentencia.

Con esta decisión del Máximo Tribunal de la Nación, los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Luis López (juez santiagueño en reemplazo de Josefina Curi) tienen luz verde para resolver también sobre la modalidad del cumplimiento de la pena, un tema pendiente desde el día de la sentencia, cuando los familiares y organismos de derechos humanos reclamaron en vano que sean llevados a una celda del penal de Villa Urquiza.

Ahora, los magistrados deben decidir en el marco de la Ley 24.660 (de ejecución de la pena privativa de libertad) si mantienen el arresto domiciliario que hoy cumple Bussi en un country de Yerba Buena o es enviado a una cárcel común. Una tercera alternativa, es la Unidad Penitenciaria Federal de Campo de Mayo, donde además de la cárcel hay un hospital militar. Igual análisis deberá realizarse para Menéndez.

En el caso del cómputo de la pena, se especula que oscilará entre los 20 y 35 años, en ambos casos se superan las expectativas de vida de los octogenarios represores.

Se consideran "probados" los vuelos de la muerte desde la Base Aérea de El Palomar

“Eran trasladados mar adentro y lanzados”

Ex conscriptos confirmaron ante la Justicia la denuncia que Rodolfo Walsh hizo en 1977. Usaban aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. Hay sólo un integrante de la Fuerza Aérea condenado y preso por crímenes durante la dictadura.
      
Treinta y tres soldados que hicieron el servicio militar durante la dictadura confirmaron la existencia de vuelos de la muerte desde la Primera Brigada Aérea de El Palomar. La Fuerza Aérea arrojaba personas al mar desde aviones Hércules C130 y Fokker F27. “Hombres y mujeres, siempre encapuchados o tabicados, esposados entre sí, con ropas sucias, en estado consciente, caminaban en fila ayudándose mutuamente y tenían aspecto muy deteriorado”, resumió el fiscal Federico Delgado tras escuchar a más de seiscientos ex conscriptos y empleados de El Palomar. Peritos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata estudiaron legajos de pilotos e historiales de aviones y concluyeron que los documentos de la Fuerza Aérea “no reflejan la realidad”. Delgado considera inviable por el momento imputar a autores directos por hechos concretos pero le solicitó al juez Daniel Rafecas que declare probados los vuelos desde El Palomar y le encomendó “someter esta investigación al escrutinio de la sociedad civil”.

En su Carta Abierta a la Junta Militar, el escritor Rodolfo Walsh acusó a las Fuerzas Armadas “de arrojar prisioneros al mar desde transportes de la Primera Brigada Aérea” y precisó que “usaron Fokker F-27”. La instrucción de Delgado se inició 32 años después a pedido de Lorena Pacino. Su padre, Carlos Pacino, fue visto en cautiverio en el centro clandestino Olimpo. Una sobreviviente declaró que en agosto de 1978 Pacino y otros secuestrados fueron trasladados en un camión rumbo a El Palomar. Los cadáveres aparecieron en la costa, fueron enterrados como NN y treinta años después identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

A partir de la denuncia, patrocinada por el abogado Pablo Llonto, el fiscal pidió informes a la Fuerza Aérea y citó a conscriptos y civiles que prestaron servicios en Palomar. Los 130 empleados aportaron “poco y nada”, resumió. La Fuerza Aérea “hizo lo imposible para informar mal, de modo incompleto, con lenguaje encriptado”. Con los datos de los 493 soldados elaboró el informe que entregó ayer al juez Rafecas, responsable de investigar delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército, y una maqueta que diseñaron docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Desde El Palomar “despegaron aviones en vuelos ‘regulares’ y de los ‘otros’ –escribió Delgado–. Unos partían hacia la Antártida. Otros llevaban planteles de fútbol del Mundial ’78. Así como había personas ilegalmente privadas de la libertad, otros disfrutaban de las piletas, las canchas de tenis o incluso de un frontón donde otras personas esperaban ser ‘trasladadas’ en un avión, con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado en la causa 13/84: la muerte.”

“Treinta y tres testigos juraron la existencia de los ‘vuelos de la muerte’ mas ninguno identificó uno concreto”, admitió Delgado. Los camiones con grupos de veinte a treinta secuestrados ingresaban por la guardia principal, sobre todo de noche. A veces entraban hasta los hangares, otras directo a la pista. Los encargados de subirlos pertenecían a “grupos especiales” y vestían de civil. “Los vuelos duraban entre veinte y treinta minutos y los aviones solían regresar vacíos, sin pasajeros. Los rumores dentro de la base afirmaban que eran arrojados al mar o al Río de la Plata.” Usaban aviones Hércules C-130 y Fokker F-27, que admiten la apertura de sus puertas en vuelo sin despresurizarse. Los despegues y aterrizajes que por “órdenes superiores” la Oficina de Programas y Ordenes de Vuelo no asentaba se denominaban “sobrevuelos”.

“Diez o veinte” varones con las manos atadas, custodiados por militares, fueron vistos sentados en el piso de una cancha de básquet o frontón, a la espera de ser trasladados. Horas después los soldados constataron que habían escrito nombres y teléfonos en el piso, con piedras, y que habían dejado papeles con datos que no pudieron ser recuperados. Los superiores explicaban que los detenidos eran “trasladados doscientas millas mar adentro y lanzados, y que dejaban a una o dos personas que luego eran liberadas para que comentaran a sus compañeros lo que les esperaba”.

Delgado comparó su trabajo sobre los vuelos con las investigaciones en las causas Mercedes-Benz, Ford y Conarepa, en las que se probó la responsabilidad empresarial y sindical pero no hubo imputaciones por falta de pruebas directas. “Nos revelaron el guión pero no los actores”, escribió. Mencionó a “supuestos protagonistas de ‘vuelos de la muerte’ y torturas” aunque aclaró que sus nombres surgían de menciones sin entidad suficiente para imputarlos. Se trata del “mayor Joaquín Argüelles Benett, jefe de Inspección y Recambio de Aviones, piloto de Fokker F-27”; del “suboficial principal o mayor Meyer, a cargo del Escuadrón Fokker F-27”; del “cabo primero Siandra” y del “cabo Rivas”.

La Primera Brigada Aérea formó parte de la Subzona 16, que abarcaba Merlo, Moreno y Morón (incluía entonces Hurlingham e Ituzaingó), donde la Fuerza Aérea comandó la represión ilegal auxiliada por la policía bonaerense. La columna vertebral del esquema represivo en el oeste del conurbano fue la Fuerza de Tareas 100, creada para “desarticular y aniquilar a las organizaciones subversivas que actúan preferentemente en el frente gremial y en el ámbito fabril y estudiantil”. Titular de la FT100 era el brigadier Hipólito Marini, jefe de Palomar. En diciembre de 1977 fue reemplazado: en la brigada por el brigadier Néstor Oscar Caeiro, en la FT100 por el brigadier César Miguel Comes, jefe de la Séptima Brigada Aérea de Morón. Mariani y Comes fueron condenados por crímenes en Mansión Seré.

En tres de las noventa edificaciones de Palomar se constató que hubo personas secuestradas. Hace quince meses Rafecas detalló el funcionamiento de la brigada como centro clandestino. Los cautiverios incluyeron torturas con picana, violaciones y simulacros de fusilamiento. Al menos dos desaparecidos estuvieron en Palomar: Natalia Cecilia Almada y Ernesto Bonifacio Lahourcade Whitelaw. El rol central de la Primera Brigada en la estructura del Estado terrorista, sin embargo, era como lugar de derivación de secuestrados. Varios sobrevivientes fueron interrogados y trasladados a Mansión Seré. Los menos a las comisarías de Castelar, Haedo, Morón y Ramos Mejía. Aterrizaban en El Palomar aviones con secuestrados provenientes de destinos como Mendoza, Rosario, Mar del Plata y la base naval Puerto Belgrano.

Mariani y Comes son los únicos condenados de la Subzona 16. El mayor responsable dentro de la Fuerza Aérea era el brigadier Ramón Agosti, fallecido en 1997. Debajo se ubicaba el brigadier Miguel Angel Ossés, jefe del Comando de Agrupaciones de Marco Interno, que tiene arresto domiciliario (Talcahuano 1174, 4º B). En el peldaño siguiente estaban el jefe de Subzona y de la FT100 (Mariani/ Comes) y el de la Plana Mayor de la FT100, el fallecido brigadier Julio César Santuccione, de quien dependían los grupos de tareas. El de El Palomar era el GT-11, que en 1976 comandó el vicecomodoro Alejandro Noel Lazo, quien rendía cuentas al jefe de operaciones de la FT100, comodoro Eduardo Mazza.