Macarena Gelman analiza el fallo que obliga a terminar con la impunidad de los represores uruguayos

“Sentí que mi abuelo y yo fuimos escuchados”

Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciera que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de su madre y de la sustitución de su identidad, la joven espera que el Congreso deje sin efecto la Ley de Caducidad.

Por Victoria Ginzberg

Macarena Gelman está satisfecha y serena. Es lo que transmite su voz durante la conversación telefónica con Página/12. El jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Uruguay debe dejar sin efecto la Ley de Caducidad, norma que impide el juzgamiento a los represores de ese país. La decisión se tomó en una demanda presentada por la joven y su abuelo, el poeta Juan Gelman, con el objetivo de lograr que en Montevideo se investigue y condene a los responsables del asesinato de María Claudia García Iruretagoyena y la sustracción de su hija, Macarena, que vivió durante 26 años sin saber cuál era su verdadera identidad. El fallo del tribunal internacional debería ser la herramienta que permita terminar con la impunidad en Uruguay. “Justicia obtendremos cuando la sentencia se cumpla”, señala Macarena al analizar un hecho que tiene a la vez una dimensión social e institucional y otra íntima y personal, porque habla de su historia y los crímenes de los que ella y sus padres fueron víctimas.

Macarena supo de la decisión de la Corte IDH en Buenos Aires. Había viajado para participar de la inauguración del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Fernando Ulloa, que se realizó el 24 de marzo. Pero prefirió llegar a Montevideo para analizar el fallo. En el último tiempo, se encuentra a menudo entre una orilla y la otra, porque viene a seguir las audiencias de dos juicios que tienen a ella y a su familia como protagonistas: el de los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor y el del plan sistemático de apropiación de menores. Sus padres, Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, fueron secuestrados en agosto de 1976 en Buenos Aires. El fue asesinado. Su cuerpo fue recuperado por el equipo Argentino de Antropología Forense en 1989. Ella, que estaba embarazada, fue llevada al Servicio de Información de Defensa, en Montevideo, y dio a luz en el Hospital Militar de esa ciudad. Hasta hoy sigue desaparecida. Macarena fue hallada en el año 2000 gracias a una investigación encabezada por su abuelo. Desde ese momento han batallado juntos para saber qué pasó con el cuerpo de María Claudia y condenar a los culpables.

El fallo de la Corte IDH estableció que la Ley de Caducidad uruguaya es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También estipuló una reparación económica –a la que el poeta renunció y que la joven donará a una fundación que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad– y convocó al estado uruguayo a realizar un acto de disculpas públicas, a instalar una placa en el SID y a abrir los archivos de la represión.

“Mi balance es muy positivo. Este es un proceso que lleva casi cinco años. Era una sentencia muy esperada y si bien teníamos una noción de que pudiera salir para esta fecha, no teníamos la absoluta seguridad así que, aun sabiendo, me tomó por sorpresa”, dice la joven

–¿Te tomó por sorpresa también el contenido?

–Pensé que el fallo iba a tardar un poco más. Creo que no estaba lista, aunque no sé si uno alguna vez está listo. Lo que hicieron fue reconocernos lo que pudimos probar y las pruebas son contundentes. La gran mayoría de lo que plantamos fue aceptado.

–Esto implica un cambio general para Uruguay, porque debería anular la Ley de Caducidad, el obstáculo para los juicios a los represores

–Sí, pero no es algo que Uruguay desconozca y lo vaya a saber ahora por la Corte. Existen desde hace mucho años recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, que hasta ahora no habían prosperado. La característica de un fallo de la Corte es que es obligatorio. Espero que sirva para que Uruguay pueda consolidar su posición en estos temas e ir haciendo un camino. El fallo da argumentación muy buena y espero que se acate. De mi parte, la semana que viene tendría una reunión con el canciller (Luis) Almagro y eso es lo que voy a esperar. El ha sido mi interlocutor todo este tiempo.

–¿Se puede decir que el fallo es el primer paso para reabrir definitivamente los procesos contra los represores uruguayos, más allá de los casos puntuales que quedaron exceptuados de la Ley de Caducidad?

–Debería serlo. En ese sentido la Corte dijo que la Ley de Caducidad no podía ser un obstáculo para la investigación de mi caso particular ni para otros en similar situación.

–Entonces ¿qué debería hacer el estado uruguayo ahora?

–Está en proceso la votación de un proyecto de Ley para dejar sin efecto la ley de Caducidad. En esto la Corte ha sido contundente y clara. Eso es lo que está en marcha.

–La sentencia debería entonces allanar el camino para la aprobación de esta ley, si hubiera falta de voluntad política para votarla.

–La sentencia dice que la ley de Caducidad carece de efectos. Y en el campo político el Frente Amplio ha mandatado a sus legisladores a votar la ley. Es de esperar que acaten ese mandato. Debería ocurrir una votación sin mayores inconvenientes, si bien es un tema que siempre genera discusiones, creo que la postura está clara. Ahora tiene que votar el Senado y después va a volver a la Cámara de Diputados, porque hubo modificaciones.

–El fallo establece también que debe colocarse una placa en el SID, donde estuvo secuestrada tu mamá ¿Te satisface este tipo de reparaciones simbólicas? ¿Son importantes?

–Son sumamente importantes. Yo expresé en ese sentido que la única reparación simbólica que para mí tendría algún valor es la relacionada con el lugar de detención de mi mamá, que en definitiva fue el único lugar en el que estuvo en Uruguay, o pensamos que es el único lugar. Para mí es muy importante lo que pasó en ese edificio, donde también estuvieron otros compañeros.

–¿Qué pasa si Uruguay no cumple el fallo?

–Tengo entendido que la Corte tiene mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de las sentencias. No puedo saber qué ocurriría, pero no está en mí pensar que no lo van a cumplir. El Estado ya manifestó ante la Corte que lo va a cumplir y es de esperar que lo haga.

–¿Cómo viviste la decisión del tribunal en lo personal? Porque más allá de que esta sentencia abra un camino para Uruguay, también habla de la búsqueda de la verdad y de los responsables sobre el asesinato de tu mamá.

–Obviamente conmociona mucho. En realidad tengo una sensación extraña y me cuesta expresarme al respecto. Es muy reciente. Estaba en Buenos Aires cuando me enteré y viajé casi en seguida para acá. Creo que esas cosas uno las analiza o se da la oportunidad de sentirlas realmente cuando tiene un poco de soledad y tranquilidad. Hasta ahora no me ha pasado. Por un lado es alentador, es satisfactorio lo que pasó y por otro habrá que ver cómo se siente uno respecto a esto.

–¿Pudiste hablar con tu abuelo?

–Hablamos por teléfono casi en seguida de que nos enteramos.

–¿Y cómo fue?

–Obviamente satisfactorio para los dos. Contentos... no sé si contentos es la palabra, pero sí satisfechos de que un camino tan costoso hubiese dado resultados.

–¿Qué fue lo más importante del fallo para vos o lo que más te sorprendió?

–Hubo muchas cosas importantes, entre ellas el reconocimiento de mi desaparición forzada por los 23 años que no conocí mi identidad. La determinación de la responsabilidad del Estado es algo muy significativo, el reconocimiento de la violación a todos los derechos que habíamos invocado... realmente tiene muchísimas aspectos para destacar y no creo poder abarcarlos a todos. Capta lo que nosotros planteamos. Sentí que tanto yo, como mi abuelo, como los testigos, fuimos escuchados. Sobre la causa judicial (sobre el asesinato de su madre), por ejemplo, dice que ya había excedido todos los plazos de razonabilidad y que aunque aparentemente la ley de Caducidad no era supuestamente un obstáculo, porque el caso estaba excluido, todos los problemas de la investigación residían en la ley de Caducidad. Es algo que, aunque parece muy fácil de entender, a veces es difícil de transmitir.

–¿Qué puede o debe hacer el estado uruguayo sobre la búsqueda del cuerpo de tu madre?

–Si yo fui encontrada por una investigación particular, sin todas las herramientas que tiene el Estado, el Estado debería hacerlo. Me planteaban hoy que cómo se podía hacer si los responsables no hablaban. Ese argumento es absurdo. Si resolver crímenes dependiera de que los culpables se declararan como tales, no se resolvería ningún crimen. Lo que hace falta es una investigación, si los responsables hablaran no haría falta. Lo principal acá es vencer la cultura del ‘no se puede’ antes de ver si se puede.

–En ese sentido el fallo habla de la necesidad de abrir archivos, esa sería una punta para investigar

–Por supuesto. En realidad hay archivos a los que supuestamente se ha tenido acceso. La Corte decía en su sentencia que no está demostrado que en este caso eso haya sido un beneficio y que no está demostrado que se haya accedido efectivamente a la información, que si bien existe una ley de acceso a la información pública, si la información no está sistematizada y no está ordenada es muy difícil de encontrar, entonces no alcanza con abrir los archivos, tiene que haber un tratamiento de la información y hay que profundizar en ese tema porque es lo que sirve para las investigaciones.

–Este fallo, que abre la posibilidad de hacer Justicia en Uruguay, se junta con los dos procesos que se están realizando en la Argentina que tratan sobre el secuestro y asesinato de tus padres y tu apropiación...

–Respecto de la justicia en Uruguay, la podríamos obtener cuando la sentencia esté cumplida, ahí será la satisfacción absoluta. Pero por supuesto es una semana muy movida, muy fuerte: tenemos la sentencia del juicio de Orletti en Buenos Aires la semana que viene y que además ocurra en torno a estas fechas tan significativas realmente es una movida muy fuerte. Ayer (por el 24 de marzo) viajé a Buenos Aires para la inauguración del centro Fernando Ulloa, de asistencia a testigos víctimas y es toda otra dimensión que acá no existe. Uno no puede evitar hacer la comparación, sobre todo en mi caso, que voy de un lado a otro todas las semanas. Es muy satisfactorio el proceso que se está dando en la Argentina. Obviamente puede ser mejorado, como todo, pero creo que la apuesta es muy fuerte y se nota que hay una voluntad política y que se trata el tema como política de Estado.

–¿Y cómo tomaste que el presidente José Mujica visitara a un militar preso que fue operado?

–No me parece ni bien ni mal, no lo entiendo. Me gustaría poder entenderlo. Las señales son confusas. No termino de entender...o lo que entiendo quisiera no entenderlo, pero para mí esta situación es incomprensible. Me cuesta creer que haya sido solamente para comprobar su estado de salud. Si es así, hay muchos otros enfermos que también merecen que su estado de salud sea verificado.

Proceso de Reorganización Nacional, por Daniel Feierstein *

Numerosas veces he analizado las consecuencias diferenciales de las calificaciones jurídicas de lo ocurrido en la Argentina como crímenes contra la humanidad o genocidio en la construcción de la memoria colectiva, un debate que atraviesa hoy el conjunto de los alegatos y sentencias producidos en los juicios.
 
Otras discusiones relacionadas se centran estos días en destacar el carácter cívico-militar de la dictadura implementada a partir de 1976, como modo de visibilizar no sólo a numerosos cómplices del genocidio sino fundamentalmente a quienes se beneficiaron del mismo, económica y políticamente.
Durante más de 20 años, vivimos una fácil y exagerada atribución del mal tan sólo a las Fuerzas Armadas, lo que permitió a los beneficiarios y cómplices del genocidio disfrazarse de nuevos demócratas (fueran funcionarios políticos, jueces, religiosos, periodistas, sindicalistas, etc.). Condenar a los ejecutores militares resultó un modo de exculpar a los ideólogos y beneficiarios del terror. La inclusión del término “cívico” en la denominación “dictadura cívico-militar” constituye un paso más en la construcción de la memoria colectiva.
 
Sin embargo, aunque necesario, no me parece aún suficiente. El genocidio argentino se destacó por el nivel de explicitación, claridad e intencionalidad con la que se propuso la destrucción parcial del grupo nacional argentino. Y no hay mejor expresión para dar cuenta de ello que la denominación elegida por los propios genocidas para bautizar su empresa: proceso de reorganización nacional. Esta expresión da cuenta con precisión del objetivo y las consecuencias del terror: transformar a la sociedad a través de la instigación a la delación, la destrucción de las redes sociales de solidaridad y cooperación y la creación de un sistema de desconfianza generalizada que subsiste hasta el presente, como presupuestos necesarios para las transformaciones económico-sociales iniciadas en dictadura pero efectivizadas en la democracia de los veinte años siguientes.

Comprender que fuimos re-organizados (sí, por civiles y militares) puede constituir una posibilidad de abordar la necesidad de elaborar los efectos del terror en nuestras vidas y en las de nuestros hijos, una tarea para la cual los juicios constituyen una condición necesaria, pero apenas el puntapié inicial.

* Investigador del Conicet, docente de las universidades de Buenos Aires y Tres de Febrero y vicepresidente de la Internacional Association of Genocida Scholars.

Los juicios en la lectura de los números del Unidad de crimenes de lesa humanidad


200 personas son las condenadas desde el retorno de la democracia.
40 de estas condenas se encuentran firmes.
32 personas fueron condenadas por apropiación de niños
9 personas entre las juzgadas luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida cuentan con condena firme.
820 son los procesados en todo el país por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
400 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio (es decir, que próximamente serán sometidos a juicio oral).
19 juicios orales terminaron en 2010.
110 represores fueron condenados y nueve acusados fueron absueltos en 2010
8 juicios orales se están desarrollando actualmente.
5 juicios están en trámite por el antiguo procedimiento escrito.
7 nuevas causas tienen fecha de debate cierta para este año.

Y los excarcelados? dónde se restan?
Y los no procesados? en qué cuentan se apuntan?
Y los responsables y ejecutores de Jorge Julio López?
De Silvia Suppo?....
Y los que se encubren en los archivos de la dictadura?????

Siempre la manipulación en las cuentas, es una ocultación dolosa de la realidad

Fuente: Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

Procesaron a funcionarios de la justicia por su rol durante la dictadura

Otilio Roque Romano
Encubrimiento y complicidad judicial

Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983. Sigue en funciones porque presentó una medida cautelar.
      
Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Mendoza, fue procesado ayer por encubrir crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La resolución del juez federal Walter Bento alcanzó también a su ex colega Luis Francisco Miret, destituido del mismo cargo la semana pasada por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Si bien la resolución del magistrado adjudica un rol más activo a Romano, procesado como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, la mayoría contra personas que permanecen desaparecidas, el camarista logró evitar hasta ahora su destitución gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura, que ahora sí podrá suspenderlo en el cargo.

La complicidad de Romano con el terrorismo de Estado se conoce desde 2009 por la denuncia penal que presentaron abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos de Mendoza y dos de las trescientas víctimas que pasaron por Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, ampliada luego por el fiscal general Omar Palermo.

Hombre fuerte del fuero federal cuyano desde hace cuatro décadas, Romano logró obstaculizar la investigación recusando a quienes la impulsaban y presentando certificados médicos para postergar su declaración indagatoria, siempre con el respaldo de viejos amigos. Después de prestarse a recusar a Bento, el también camarista Julio Petra fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar céntrico con su amigo y compañero de tribunal durante casi veinte años, según denunció el diario virtual Mendoza On Line. Petra sigue siendo presidente de la Cámara y ayer recibió otra mala noticia: el procesamiento de Bento incluyó a su primo hermano Guillermo Max Petra Recabarren, también por omitir investigar delitos de lesa humanidad durante la dictadura, en su caso como juez federal subrogante y por 22 hechos.

En el Consejo de la Magistratura, donde también fue denunciado por los organismos y el Ministerio Público, Romano tuvo más suerte que Miret. Ambos renunciaron al cargo para intentar evitar el jury de enjuiciamiento de magistrados, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández, que les frustró la maniobra. La diferencia es que mientras Miret debió afrontar un proceso y terminó destituido, Romano logró burlar al organismo que debería evaluar su actuación gracias a una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada. Parellada fue denunciado a su vez por el sobreviviente D2 Fernando Rule como amigo íntimo de Romano, compañero de fuero durante la dictadura y padre de una mujer a quien el camarista contrató como empleada en su tribunal.

La resolución de ayer del juez Bento destaca en el caso de Romano la “presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal y juez federal subrogante, en hechos que habrían cometido miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión (sic) entre los años 1975/1983, facilitando la impunidad de los responsables y la continuidad del mismo”. Lo sindicó como partícipe secundario de 76 privaciones ilegítimas de la libertad y torturas y le embargó sus bienes por veinte mil pesos.

En el caso de Luis Miret, alias “Catalán”, Bento lo procesó “por haber omitido promover las investigaciones faltando a la obligación de su cargo de juez federal subrogante” en 35 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robos y violación de domicilio. La resolución también incluye a quien fuera juez federal titular de Mendoza durante la dictadura, Rolando Evaristo Carrizo, por haber omitido investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. Bento embargó los bienes de Miret y Petra Recabarren por diez mil pesos, y por cinco mil en el caso de Carrizo.

“Mendoza ha hecho fundamentalmente dos aportes al proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina: uno es el avance contra los jueces cómplices de la dictadura, y el otro, a partir de la valentía de las compañeras, es que salieron a la luz los ataques sexuales como parte del plan sistemático”, evaluó ayer Pablo Salinas, abogado del MEDH y uno de los impulsores de la denuncia contra Romano, Miret & Cía. junto con Viviana Beigel, Alfredo Guevara, Diego Lavado y Carlos Varela.

“La complicidad judicial existió en todo el país. La diferencia es que en Mendoza hemos logrado denunciarlos, hemos logrado que un fiscal de la democracia los acuse y que un juez de la democracia los procese”, celebró Salinas. Enfatizó que, según la resolución de ayer, Miret llegaría a juicio oral por no promover investigaciones en 36 casos y ya fue destituido, en tanto “Romano fue procesado como partícipe en 76 hechos, delitos mucho más graves, y no sólo no está destituido, sino que sigue cobrando su sueldo como juez gracias a la Argentina de las cautelares, que le permitieron frenar la investigación durante más de un año”, lamentó. El procesamiento cambia el panorama. El Consejo de la Magistratura tiene la palabra.

Indagaron a Menéndez en causa por la muerte del obispo Angelelli

El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena le tomó declaración al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Es en el marco de la investigación por la muerte del sacerdote Enrique Angelelli, ocurrida en el año 1976

El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena indagó este viernes en Tucumán a el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del obispo Enrique Angelelli, ocurrida en 1976.

Menéndez se encuentra imputado en la causa Nº 5144/06, caratulada: “Angelelli Enrique Ángel s/ Homicidio”, y el traslado obedeció a queel acusado se encuentra en Tucumán, debido a que esta siendo sometido a juicio oral y publico por el Tribunal Oral Federal de Tucumán, por el juicio que se sigue por la “Causa Romero Niklison”. Luciano B. Menéndez sigue  el desarrollo de las audiencias  desde su domicilio, a través del sistema de videoconferencia, por encontrarse con detención domiciliaria.

Esta medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Criminal y Correccional de esa provincia, tras recibir el informe médico correspondiente . Ante esa situación, y siendo dificultoso lograr el traslado de Menéndez hacia el Juzgado Federal de la Rioja, el Juez Federal dispuso fijar audiencia para el día de la fecha  y recibirle declaración indagatoria en el lugar donde se encuentra domiciliado, concluyendo este trámite  en horas del mediodía.

Vilma Rúpolo, para la libertad

Bailarina, coreógrafa, artista íntegra, Vilma Rúpolo dio un testimonio humano, con una mirada sensible sobre la terrible experiencia a la que fue sometida junto con sus compañeros. Antes que la dictadura trastocara su vida fue la aficionada a la filosofía y el periodismo (con mimeógrafo en casa), la maravillada por el Chile de Allende, la conmocionada por el brutal asesinato de Amadeo Sánchez, la militante del PRT, la amiga y compañera de Virginia “Vivi” Suárez y Daniel Moyano. Sobre este último, de cuyo paso por las garras de los genocidas casi no existen pistas acerca de dónde ni cómo fue asesinado, aportó una pista: de acuerdo a un comentario lejano, Moyano muere de fiebre, totalmente ensangrentado, contra las paredes de los calabozos del D2.

Vida y muerte en el casino

Vilma Rúpolo fue secuestrada el 1º de junio de 1.976 de la casa de sus padres en el barrio Bombal, de la cual allanarían luego hasta las baldosas del patio. Fue golpeada en el camión de traslado y empujada a una especie de casa en calle Boulogne sur mer, atrás del hospital militar. Se trataba de una dependencia del casino de suboficiales en la Compañía de Comunicaciones y Servicios, bajo custodia de los “soldaditos” Ledesma, Brione, Ríos, Montiel y Varas. Allí se encontró con un grupo de mujeres detenidas a partir del 24 de marzo, entre ellas Dora Wofart de Lucero, Cora Cejas y Bety García. Sin maltratos a las prisioneras y en condiciones aceptables (con cubiertos cuyas inscripciones rezaban “Ejército Argentino”), Vilma, madre reciente, creyó oportuno y necesario sobrevivir al cautiverio junto a Mariano, su bebé de dos semanas de vida. Por intermediación de su madre logró que dos sacerdotes intercedieran por su reclamo ante las autoridades militares. Quince días después, su hijo estaba con ella.
Sin embargo, la pasividad represora en este Centro Clandestino no abarcaría a Rúpolo, quien soportó siete terribles sesiones de torturas y vejaciones durante los interrogatorios. El lugar, más allá de las maniobras distractivas de los represores, se encontraba en las inmediaciones de la casa y la víctima lo ubicó en reconocimientos posteriores en barracas de siete escalones –hoy demolidas- dentro del predio militar. La sala de torturas fue “inaugurada” con ella, y cómo aún no disponía de instalación eléctrica, no le fue aplicada la picana. Pero sí otros tormentos y golpizas mientras permanecía colgada con alambres al techo: patadas en el vientre, bolsa asfixiante, simulacros de fusilamiento. La aplicación de tormentos duraba más de dos horas y los torturadores eran tres: según investigaciones realizadas por una compañera de cautiverio y periodista, se trataba de “Willy” Armando Carelli (sin confirmación), el sargento Pagela y Juan Carlos García (de Aeronáutica, más tarde dudoso “héroe” de Malvinas), todos al servicio de Investigaciones. Vilma volvía deshecha y hasta inconsciente a la casa, pero siempre encontraba la fuerza para sobreponerse, gracias a la solidaridad de sus compañeras y a la existencia de su niño.
El ensañamiento sufrido por la artista tiene explicación desde la lógica asesina de los exterminadores: de acuerdo a una entrevista de su madre, probablemente con Tamer Yapur, Vilma tenía como destino el D2. Pero se salvó porque estaba lleno…

Volver a bailar

Entre fines de agosto y principios de diciembre continuó su pena en la cárcel provincial. En su ingreso divisó al trío de torturadores apostados en la entrada, desafiantes. Ella llegaba con 45 kilos. Ante el inminente traslado a la cárcel de Devoto, el director Naman García le comunicó que debía separarse de su hijo de cinco meses. La madre, desesperada, exigió un recibo, una constancia mínima para aferrarse a la esperanza. Con ese “papelito” voló en el Hércules, con los militares dejando entrar “aire del cielo”, poniendo a las prisioneras al borde del vacío.
En Devoto son regadas, desnudadas y fichadas frente a la inmensa cruz de la capilla. Tiempo después sufre un infarto silente por lo que es internada en el hospital Güemes.
Al tanto de su sobreseimiento definitivo, al compás de un coro de compañeras, Vilma bailó las dos horas de recreo, porque “el arte nos ayuda a sobrevivir”. Y como “nunca olvidó nada, ni nada fue en vano” rescató la valentía de las mujeres, su solidaridad y comunicación, su organización ejemplar frente al cautiverio, como el acto de silencio pactado a las 15 horas todas las tardes, cumplido a rajatabla por 930 prisioneras.

Hooft : Un juez imputado (pero más) que el destituido Miret

"Es muchísimo más grave lo que se le imputa a Hooft que a Miret”
   
Luego de que el Consejo de la Magistratura destituyera al juez mendocino Luis Miret al encontrarlo culpable por mal desempeño de sus funciones por la supuesta falta de investigación de delitos de lesa humanidad, el Dr. César Sivo, abogado defensor de organismos de DDHH, entendió que la situación del marplatense Pedro Federico Hooft es “muchísimo más grave” que la de su par suspendido. “Hooft actuó en Mar del Plata como Astíz actuó en Buenos Aires”, comparó.

Después de que el Consejo de la Magistratura destituyera el último viernes al camarista mendocino Luis Miret, al término de un jury de enjuiciamiento donde se lo encontró culpable por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos de lesa humanidad; el abogado defensor de organismos de Derechos Humanos, César Sivo, consideró que esa decisión “debería marcar una tendencia de depuración de los estratos judiciales”.

“El caso de Miret pasa a ser emblemático y debe servir como disparador para ver qué es lo que va pasando con otros jueces que participaron en la dictadura”, analizó.

En ese orden, el letrado comparó el caso del funcionario judicial de Mendoza con el del juez marplatense Pedro Federico Hooft, también acusado de haber participado en ilícitos de similares características. “Es muchísimo más grave lo que se le imputa a Hooft que a Miret”, sostuvo.

“Hooft está imputado de visitar Centros Clandestinos de Detención, sabiendo que había personas ilegalmente secuestradas a las que se mantenía en cautiverio, que eran llevadas periódicamente a 'La Cueva' para que, entre otras cosas, las mujeres fueran violadas. Es decir, con su silencio permitió que las cosas siguieran su curso, a pesar de que tenía un conocimiento directo porque muchos familiares de detenidos se lo refirieron”, fundamentó.

A su vez, reparó en que el Magistrado ya “ha reconocido públicamente que asistía a la Seccional 4ta. y que era un CCD”, y que, inclusive, mantenía “comunicación directa con los verdugos de La Cueva (los jefes de Inteligencia y de torturas), lugar al que periódicamente llamaba para saber qué personas tenían detenidas”.

En tanto, señaló que al cuestionado Juez se lo acusa de haber contribuido para “liberar o resolver la suerte de personas que estaban en cautiverio y esto se comparece en casos concretos como el de la 'Noche de las Corbatas', en donde dos personas que estaban en La Cueva y en el GADA fueron liberadas gracias a su intervención, mientras que todos los demás fueron ejecutados y desaparecidos”.

Asimismo, dijo que se le imputa haber “fraguado” documentación para “tratar de evitar su responsabilidad con el hábeas corpus de Jorge Candeloro y Marta García”, además de “haber contribuido con acciones y con omisiones para que no se investigara lo que había sucedido y no se fuera a buscar a los abogados secuestrados en la 'Noche de las Corbatas'”. “También se lo acusa de no haber investigado muchos casos de personas que habían aparecido acribilladas y haber participado de la desaparición y muerte de Juan Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg”, enumeró.

Para Sivo, todas estas acusaciones ubican a Hooft en una situación “muchísimo más incómoda que la de Miret”, ya que “estamos hablando de un partícipe directo, de alguien que ha contribuido al sistema de detención ilegal”.

Inclusive, añadió, en el marco de la causa de la Base Naval se logró acreditar que Hooft, “junto a la Iglesia local, conseguían información sobre las gestiones que hacían familiares de los desaparecidos y la ponían a disposición de la Sub Zona XV; es decir, también actuó como agente de Inteligencia, trabajando en combinación con determinados grupos del Obispado y generando listados que después aparecieron en los servicios de Inteligencia Naval”.

“Creemos que Hooft actuó en Mar del Plata como Astíz actuó en Buenos Aires, infiltrándose en la iglesia en la que se reunían los familiares de los detenidos – desaparecidos”, sintetizó.

En relación al estado en que se encuentra el pedido de juicio político a al Juez marplatense, Sivo explicó que el proceso “está abierto a la espera que fijen la fecha de debate”.

“Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento entendieron que era partícipe de todos estos hechos y que ameritaba hacer el debate, pero, sin embargo, no lo suspendieron y hacen lugar a todas las presentaciones absolutamente improcedentes, fuera de marco normativo y del procedimiento habitual, que hace Hooft”, advirtió. Estas maniobras, dijo, “les permite dilatar el Jury en el tiempo,esperando otros aires políticos que les permita alejarse de esta situación”.

En tal sentido, resumió, “desde el año 2006 a hoy se ha avanzado en que el Jury está abierto y se ha entendido que debe hacerse el debate, pero no han determinado la suspensión ni han fijado la fecha de celebración del mismo, lo que ha llevado a organismos de Derechos Humanos a hacer presentaciones a nivel internacional para que se condene al Estado argentino por la inactividad y por permitir que un colaborador de la dictadura siga ejerciendo la Magistratura, deshonrándola y marcando un precedente peligrosísimo”.
   
AUTOR / FUENTE: Luciana Acosta / RADIO NATIVA

Luis Miret, juez destituído por complicidad con la dictadura militar

Miret sin más banca y camino a otro juicio

Por unanimidad, los siete integrantes del jury decidieron que Luis Miret dejara su cargo por “mal desempeño”, al considerar probado que omitió investigar y denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas durante 1975.
   
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó de su cargo por el causal de mal desempeño a Luis Francisco Miret, miembro de la Cámara Federal de Mendoza desde la última dictadura hasta el año pasado. El tribunal consideró probado, con el voto unánime de sus siete miembros, que Miret omitió investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza en agosto de 1975, delitos denunciados por las víctimas en cautiverio y constatados en persona por el entonces juez federal subrogante. El flamante ex magistrado, que no presenció la audiencia en el Consejo de la Magistratura, había renunciado a su cargo con la esperanza de evitar el juicio político, maniobra que frustró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al rechazarle la dimisión. La investigación sobre la actuación de Miret durante el terrorismo de Estado continuará ahora en los estrados judiciales cuyanos, donde también está imputado Otilio Roque Romano, fiscal durante la dictadura y ex colega de Miret en la Cámara de Mendoza.

La causa que le costó la carrera a Miret comenzó a mediados de 1975 con detenciones en una manifestación de metalúrgicos. El sumario por infracción a la ley 20.840, de “seguridad nacional”, que el entonces defensor oficial instruyó como juez federal subrogante, continuó con allanamientos de madrugada en autos particulares y sin testigos e interrogatorios de personas amordazadas y vendadas en el D2, que meses después se convertiría en el principal centro clandestino de detención de Mendoza, a doscientos metros de la Casa de Gobierno.

–¿Cómo se siente? –le preguntó Miret a Hugo Tomini en su calabozo, al día siguiente de ser torturado, con “un estado físico tan deplorable que no pude levantarme”, según relató ante el Consejo.

–Dolorido –atinó a responder Tomini.

–Hay que aguantar –le aconsejó el magistrado.

Tomini no creyó que aquel hombre fuera juez, pensó que era “una patraña de la policía”. Tres días después, trasladado a tribunales para prestar declaración indagatoria, se sorprendió al constatar que quien juzgaría su conducta era el hombre que le había sugerido resistir la tortura.

León Glogowski contó ante el tribunal que cuando recibió la visita de Miret en el D2 estaba shockeado por las torturas y con un labio roto por los golpes. A pesar de las amenazas “hice de tripas corazón”, dijo, y denunció los padecimientos de los detenidos, incluidos los gritos de su novia de 17 años, encerrada en el calabozo vecino, quien pedía por favor que dejaran de violarla. Cuando Glogowski relató que además se ensañaban por su condición de judío, el juez le dijo: “¡También, con ese apellido!”.

“Miret tuvo noticia verosímil y directa de los delitos cometidos contra detenidos a su disposición a manos de integrantes de un grupo de tareas de la policía mendocina, cuyo jefe era el vicecomodoro Julio Santuccione”, concluyó el tribunal presidido por el juez Carlos María Bossi. En lugar de identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos, Miret “omitió toda diligencia”, agregó, y rechazó que “la alegada excusa de postergar la actuación pueda servir para justificar” su pasividad.

El Jurado de Enjuiciamiento explicó en sus conclusiones que las denuncias recibidas por Miret en el D2 lo colocaron frente a “un profundo dilema”, que no sólo incidiría sobre la situación de las víctimas, sino sobre “su carrera y probablemente la imagen de su persona”. O bien tomaba los recaudos para garantizar la integridad de los denunciantes, o bien los desoía “por el solo hecho de provenir de imputados por delitos de subversión” y, “sin asumir mayores responsabilidades”, los dejaba “librados a su suerte”. Miret optó por la segunda actitud, decisión que para el Consejo “vicia su aptitud moral para ejercer la magistratura”.

El tribunal minimizó que el Senado hubiera aprobado el pliego de Miret tras el retorno de la democracia, porque no se acreditó que los legisladores conocieran los hechos puntuales. Apuntó como agravante que “transcurridos más de treinta y cinco años y pasados varios gobiernos constitucionales, mientras el doctor Miret conservaba su investidura, nunca intentó remediar aquella grave falta, ya sea mediante su propia actuación jurisdiccional o denunciando aquellos hechos que había conocido sin hacer nada al respecto”. “Nada permite afirmar que una próspera carrera judicial ni una brillante actuación académica como la que dice tener Miret pueda saldar la deuda que contrajo con las víctimas de aquellos delitos, que se han hecho presentes personalmente o representados por organizaciones de derechos humanos para reclamar que el acusado se responsabilice de aquellas faltas graves”, concluyó.

El jurado que destituyó a Miret, presidido por Bossi, estuvo integrado por el juez Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti. El arquitecto Katz fue el único consejero que votó en disidencia sobre la responsabilidad de Miret por no investigar la violación a una menor de 17 años y permitir que siguiera en cautiverio. El ex intendente de Mar del Plata sostuvo que como la violación es un delito de acción privada que la víctima no había denunciado, el relato de su novio en el calabozo vecino no era motivo suficiente para destituir al juez.

El tribunal desestimó dos de las acusaciones contra Miret, formuladas originalmente por el ex consejero Héctor Masquelet y ya en el jury por Hernán Ordiales, Carlos Moreno y Alejandro Fargosi. La primera era por no excusarse de intervenir en el Juicio por la Verdad de Mendoza pese a su íntima amistad con el general Juan Pablo Saa. El jury sostuvo que, por la particularidad del proceso (sin consecuencias penales), su actuación “no se encontraba prohibida” y agregó que tampoco se había acreditado “falta de imparcialidad”. La segunda fue por archivar en 1987 un expediente en el que debía investigar el paradero de la hija de una pareja de desaparecidos. El jurado lo consideró “un error judicial fácilmente reversible”. En ambos casos votaron en disidencia y a favor de la destitución el diputado Landau y el senador Calcagno.

Indagaron a ex militar acusado por delitos de lesa humanidad

Acusados



El juez federal de Catamarca Ricardo Moreno le tomó declaración al ex capitán Jorge Ezequiel Acosta. Está señalado en una causa en la que se investigan los homicidios, ocurridos en 1974, de 14 integrantes del ERP

El juez Ricardo Antonio Moreno, a cargo del Juzgado Federal de Catamarca, indagó este viernes al ex capitán Jorge Ezequiel Acosta, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos en los años previos al inicio del último gobierno militar.

El ex militar se encuentra detenido, en el marco de la causa denominada “Masacre de la Capilla del Rosario”, en la que se investigan los homicidios de 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ocurridos en 1974.
Acosta está acusado de “homicidio doblemente calificado por alevosía”, con la participación de varias personas.

Anulan la libertad de ex policía acusado por delitos de lesa humanidad en La Plata


La Cámara Federal de esa ciudad dejó sin efecto la excarcelación otorgada por el juez de primera instancia a Norberto Cozzani, ex policía acusado por crímenes contra los derechos humanos. El tribunal prorrogó la prisión preventiva por seis meses

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la excarcelación otorgada por el Juzgado Federal Nº3 de esa ciudad a Norberto Cozzani, ex cabo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y señalado en una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Así, los jueces Carlos Alberto Nogueira, Antonio Pacilio, Carlos Alberto Vallefin prorrogaron la prisión preventiva de Cozzani por seis meses y ordenaron la “inmediata detención” del imputado.
En su fallo, los jueces aseguraron que “la intervención que le cupo a Cozzani en el referido plan de exterminio, en el marco del cual se desempeño como Cabo Primero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, implica un riesgo actual de ocultamiento de evidencias en la causa”.

En la causa, Cozzani está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos  en el ámbito de la dependencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires denominada “Puesto Vasco”.

Mendoza: para la coordinadora del MEDH "no hay fantasmas, acá hay asesinados"

Campo las Lajas de Las Heras donde se ubicó un centro de detención y un posible enterratorio de secuestrados.

La frase pertenece a Elba Morales, coordinadora del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). La mujer prestó testimonio en una nueva jornada en el juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Señaló a Campo Las Lajas como el centro de detención clandestino de Las Heras que fue el destino final de muchos desaparecidos en Mendoza.
por Denise Kemelmajer
  
En esta nueva jornada de debate en el juicio oral y público contra un grupo de represores que actuaron al calor de la última dictadura una testigo puso "en valor" judicial la importancia del Campo Las Lajas, un extenso predio agreste ubicado al norte de la zona del pedemonte  lasherino propiedad de la Fuerza Aérea. Allí se ubicó otro campo de concentración que funcionó como punto de trasbordo pàra detenidos y secuestrados. Según el testimonio de Elba Morales dirigente del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) ese terreno también fue el destino final de muchos desaparecidos por el aparato represor.

"Los detenidos que iban a Las Lajas iban para no volver" expresó Morales, que es la coordinadora del MEDH. La mujer se presentó para prestar declaración en los Tribunales Federales Nº 1, donde se lleva a cabo el juicio contra los represores que participaron en la última dictadura en Argentina.

Los terrenos de Campo Lajas en Las Heras, fueron utilizados por la dictadura militar como centro clandestino de detención de personas.  Un trabajo de varios años busca describir si allí hay enterrados desaparecidos. “Nos basamos en las características que presenta el terreno, el estado de la vegetación. Nosotros pensamos que este lugar se utilizaba para la eliminación de personas”, comentó Morales.

Morales es una verdadera experta en el funcionamiento de la maquinaria represora que al decir de la misma dirigente estas acciones criminales hay que observarlas como un sistema de aniquilamiento sistemático y no como crimenes aislados uno de otro.

Además de Campo Las Lajas, Morales, recordó un tercer centro clandestino ubicado en Papagayos que según cuenta sería exclusivo solamente para mujeres y aseguró que el staff que lo manejaba, la mayoría pertenecía a la Policía de Mendoza.

Seguir el juicio día a día en : www.juiciosmendoza.blogspot.com

Ratifican procesamiento a Juan Alemann

Sin coartadas

El ex secretario de Hacienda de la última dictadura irá a juicio por coacción. Visitó a un secuestrado en la ESMA por información.
Por Adrián Pérez

Juan Alemann sufrió un revés judicial después de que la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmara un fallo en su contra y rechazara un planteo de nulidad sobre su procesamiento, sin prisión preventiva, en el marco de una causa por coacción. Se lo acusa de visitar en 1980 a un prisionero en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para que le diera detalles sobre el atentado que había sufrido en noviembre de 1979, en su domicilio, mientras se desempeñaba como secretario de Hacienda. Orlando Ruiz fue trasladado, para “reunirse” con Alemann, hasta una sala de torturas y partos conocida como la Huevera, encapuchado, esposado y engrillado. El abogado querellante de la megacausa ESMA, Rodolfo Yanzón, estimó que es probable que el juicio oral se realice el próximo año.

En el fallo al que tuvo acceso Página/12, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun resaltaron que no puede obviarse que la presencia en el lugar del entonces secretario de Hacienda, y las circunstancias de modo y lugar en que se produjo la “reunión” resultaron “condicionantes en el ánimo de Orlando Ruiz” (señalado como supuesto integrante del grupo que llevó adelante el atentado), “a partir de la amenaza a su integridad corporal y a su vida”. Los camaristas confirmaron que Alemann “había brindado su acuerdo” al concurrir al centro clandestino “donde ‘entrevistara’ a la víctima, siendo el principal interesado en conocer la versión que bajo coacción se le exigía”. Yanzón afirmó, por su parte, que a Alemann “se le está imputando el hecho de ingresar a la ESMA y haber tomado contacto con Ruiz”, y que “en el marco de condiciones inhumanas en las que se encontraba se lo obligó a ofrecer información”.

El ex secretario de Hacienda está acusado del delito de coacción, que la Justicia tipifica como amenaza individualizada por el propósito del autor, que no debe hacerse únicamente para alarmar o amedrentar, sino para “obligar al sujeto activo a que actúe o no actúe o sufra algo, atacando la libertad de determinación de las personas, en el cual el sujeto activo debe actuar consciente de la exigencia, y de la voluntad contraria a la víctima, que se consuma en el momento en que el sujeto pasivo conoce la amenaza del autor”.

Asimismo, Yanzón destacó que el fallo de la Cámara Federal fue “muy importante” porque “deja bien en claro que (Juan) Alemann, como civil y secretario de Estado, formó parte de la dictadura y no sólo conocía claramente lo que estaba sucediendo, sino que también compartía la masacre que se estaba llevando adelante y fue parte de esa planificación”.

En 2005 durante una entrevista, Alemann sostuvo que “en la Argentina sólo hubo un golpe militar que no tuvo acompañamiento civil: el de junio del ’43 liderado por Juan Domingo Perón. Todos los demás tuvieron un amplísimo apoyo civil”. También reflexionó sobre la apropiación de bebés. “Eran chicos que sobraban, porque estos guerrilleros constituían parejas y mientras peleaban, tenían hijos. Pero no hubo robo de chicos. Hay que tener estómago para hacerse cargo del hijo de un guerrillero”, dijo Alemann.

Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, recordó que “en un momento se cerraron las puertas y quedamos encerrados en el laboratorio. Pensamos que habían chupado gente, pero era este hijo de puta que andaba por ahí”.