La impunidad se continua con la extradicion de Cavallo

El represor Ricardo Cavallo dejó el aeropuerto de Barajas en España a las 0.55 de anoche para embarcar en un vuelo de Air Europa UX041 con destino a Buenos Aires. Cavallo llegará al país extraditado por un pedido del juez argentino Sergio Torres, para ser juzgado en el marco de la llamada megacausa de la ESMA como responsable, entre otros crímenes, del homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor

Si bien se ha caratulado la entrega como temporaria, es tan ingenuo como dudoso pensar que el juez Sergio Torres, a quien tanto le preocupan las críticas por sus polémicas actuaciones, podría ser esta medida de extradicion s “temporaria” y puede estar condicionada a los avances de la causa en el país.

Después de siete años de instruir el proceso, adjuntar las pruebas y testimonios, el juez Guevara de la Audiencia Nacional desestimó absolutamente el trabajo realizado contra los crimenes de lesa humanidad cometidos por este represor, obvió el principio de jurisdicción universal permite juzgar a los represores en el país en que mejores condiciones existan, y en juego con su par Torres, se le ha solventado por medio de todod los contribuyentes un viaje a un genocida, y a sus escoltas.

De una a otra orilla la impunidad se continúa como un fenómeno natural despúes de "tantos años" y por arbitrariedades judiciales que afrentan una vez más a las vícitimas del genocidio en Argentina.

Que causalidad que la medida del juez Torres coincide con los deseos del propio Cavallo, cuyos abogados dijeron que luchó “siete años” para “ser juzgado (¿?)

AEDD - CASAPUEBLOS

El jefe de Triple A "estresado" por el viaje


Uno de los ex jefes operativos de la Triple A, el ex comisario Rodolfo Almirón, uno de los ex jefes operativos de la Triple A, arribó ayer a Argentina desde España aunque aún no será indagado porque habría sufrido el "estrés" del viaje. Retrasado por problemas técnicos en el avión de Aerolíneas Argentinas, el ladero de López Rega permaneció 20 horas en la ciudad brasileña de Recife. “


Por su estado psíquico no está en condiciones de ser indagado", explicaron los especialistas. Al recibir la noticia, el juez federal Norberto Oyarbide suspendió la indagatoria, inicialmente prevista para el próximo martes 25 y dispuso el traslado del ex policía al hospital de la cárcel bonaerense de Marcos Paz. Además el Juez ordenó que el próximo jueves 27 se le practique un nuevo examen para determinar su estado de salud, informaron fuentes judiciales.


Si bien los médicos clínicos establecieron que se encuentra "compensado" en materia cardíaca y circulatoria, el juzgado recibió hoy por correo electrónico informes médicos procedentes de España presentados por su esposa, donde se asegura que el ex miembro del grupo de ultraderecha tendría una "minusvalía" avanzada, "trastornos embólicos, cardiopatía izquémica", entre otras patologías.


La Cámara Federal decidió que los crímenes cometidos por la Triple A son delitos de "lesa humanidad" y por lo tanto "imprescriptibles". La Sala I del tribunal, por mayoría, sostuvo que los ilícitos que se atribuyen al organismo de ultraderecha liderado por el fallecido ex ministro de Bienestar Social José López Rega, se cometieron frente a un Estado que "ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente".Ahora, Almirón , de 72 años, deberá prestar declaración por presunta "asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado en hechos reiterados" por cuatro asesinatos políticos cometidos en 1974, entre el casi millar de crímenes que la propia Triple A se atribuyó durante el Gobierno de María Martínez de Perón, también residente en España.

Crimenes de lesa humanidad los cometidos por la Triple A


La Cámara Federal porteña ratificó el 17 de este mes que los crímenes del grupo ultraderechista Triple A deben juzgarse como delitos de lesa humanidad imprescriptibles porque se cometieron frente a un Estado que "ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente". Los "gravísismos delitos cometidos no hallaban límite ni respuesta en los resortes constitucionales del Estado que, ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente", enfatizó uno de los camaristas, Horacio Cattani, según la resolución de 132 folios.


La decisión de la Cámara se tomó en el caso puntual del ex suboficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira, cuya prisión preventiva fue confirmada, pero complicó al sentar un precedente la situación de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y otros procesados en la causa judicial. El fallo ratificó la reapertura de la investigación dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, quien ya procesó con prisión preventiva a la ex mandataria y a ex lugartenientes del fallecido José López Rega -sindicado como el jefe de la Triple A-, entre ellos Rodolfo Almirón, quien este martes llegará extraditado desde España. Sobre la ex presidenta pesa un reclamo de extradición que todavía está pendiente de resolución en el país ibérico.


Los camaristas Cattani y Eduardo Freiler coincidieron a la hora de declarar de lesa humanidad los delitos del grupo de ultraderecha mientras que su colega Eduardo Farah votó por la prescripción de la causa al considerar que se trató de crímenes comunes sin amparo del aparato estatal. El grupo de ultraderecha creado por el fallecido ministro de Bienestar Social José López Rega "amenazó, atentó y mató a un número todavía indeterminado de personas" en un contexto donde "por impotencia, por temor o por algún otro motivo el Poder Judicial se resistía a investigar", sostuvo el voto de Cattani.

Además "en el Congreso Nacional se impedía el tratamiento del tema" y "otros ministros en el Poder Ejecutivo sabían y callaban o en el mejor de los casos cumplían en informar a las futuras víctimas del riesgo que corrían sus vidas", agregó este camarista. "En el gobierno y particularmente en el Ministerio de Bienestar Social era conocida la pertenencia de José Lopez Rega a la Triple A", enfatizó Cattani, quien integra la sala II del tribunal de apelaciones pero fue convocado a votar para desempatar en el desacuerdo de los dos miembros de la sala I que debían decidir, Freiler y Farah.


Para Cattani "es claro a esta altura que no se trato aquí de la acción de un simple ministro que en solitario emprendió una serie de acciones delictivas, sino de uno que se hallaba en una posición notoriamente privilegiada y que concentraba en sus manos un poder tal que era capaz de garantizarle a él y a su organización ante la gravedad de los delitos que cometían, impunidad total".

Lopez Rega "montó una organización delictiva" e "involucró en ella a funcionarios públicos de distintas áreas" además de recurrir al "desvío de fondos del Estado Nacional para solventar su logística y hasta sus requerimientos en materia de armas". "Todas las pruebas reunidas aluden a que la Triple A se estructuró en el seno del Ministerio de Bienestar Social y que el grupo originario se concentró en la custodia del ex ministro López Rega", consideró a su turno Freiler en el fallo al que accedió Télam. Este camarista consideró que la Triple A cometió "delitos de lesa humanidad, sin importar el telón de fondo de un Gobierno sumido en una crisis en la racionalidad formal característica del Estado burocrático como tipo ideal, con manifestación en el debilitamiento de las capacidades para llevar a cabo sus funciones y proyección de colapso".


Estos "rasgos institucionales reducidos a un papel meramente ornamental definitivamente fueron abandonados con el golpe militar de marzo de 1976 que reveló un trazo continuo a través de la participación trascendente de la Triple A en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti", agregó. Al declarar a los asesinatos cometidos por la Triple A crímenes de lesa humanidad, el tribunal de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Rovira como miembro de una asociación ilícita y autor del homicidio doblemente calificado en ocho oportunidades. Las víctimas fueron Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza y Pablo Laguzzi.

Valiente muchacha....


María Eugenia solicitó 25 años de condena para sus apropiadores

Maria Eugenia Sampallo Barragán espera ansiosa el final del juicio. El fiscal solicitó 25 años de prisión acordando con la querella.

La fiscalía se sumó hoy al pedido de la querella y reclamó a los jueces del Tribunal Oral 5 la suma de 25 años de prisión para los tres acusados del robo de la bebé María Eugenia Sampallo Barragán, realizado durante la última dictadura militar.

El fiscal Félix Croux pidió la pena contra el militar Enrique Berthier y los apropiadores Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por los delitos de retención y ocultamiento, cambio de estado civil y falsificación de documento público en tres oportunidades.

Sampallo Barragán es la hija de desaparecidos que fue sustraída de sus verdaderos padres, posteriormente desaparecidos, y que ya adulta pidió que se juzgase a sus apropiadores. En su alegato, el fiscal Croux pidió la máxima pena por considerar probado que la totalidad de los delitos imputados se consumaron en todos los casos con el pleno conocimiento de los autores y con fin expreso de alejar a la chica de su familia biológica. Sampallo Barragán supo a los ocho años que no era hija biológica de Rivas y Gomez. Sin embargo, recién en 2001 recuperó su verdadera identidad, lo cual la motivó a querellar a sus apropiadores.


Cuando nació la bebe en 1977, los imputados la anotaron ilegalmente como propia. Para eso usaron un certificado de nacimiento falso entregado junto a la nena por el ex capitán del Ejército Enrique Berthier. Al igual que lo hiciera ayer la querella, la fiscalía tipificó los delitos como retención y ocultamiento de identidad, alteración de estado civil, más falsificación de documento público en tres oportunidades. El fiscal Croux destacó los numerosos testimonios que señalan a Berthier como el responsable de la entrega de la entonces bebé. Para lograrlo, agregó Croux, el ex capitán actuó en acuerdo con el fallecido médico militar Julio César Cáceres Monié, quien firmó el certificado de nacimiento falso en el que Rivas y Gómez Pinto aparecían como padres biológicos.El pleno conocimiento que tenía la pareja Rivas-Gómez Pinto sobre el origen de la nena fue el otro tema central de la exposición de Croux, que citó numerosos testimonios volcados en el juicio, entre ellos el de la vecina Olga González y de la propia María Eugenia. González recordó haber escuchado los gritos de Gómez Pinto cuando retaba a la joven.

"Tenía que ser hija de guerrillera", le reprochaba. Y que de no haber sido por sus cuidados, la chica no habría sobrevivido. "Estarías tirada en una zanja", le juró. El fiscal enmarcó los delitos cometidos por los apropiadores en "la pretensión de eliminar a un linaje de militantes", de la que todos participaron concientemente.

El juicio, que acaba de entrar en la recta final, se reanudará en quince días, cuando el martes 25 se escuche el alegato de los defensores oficiales de Gómez Pinto y Rivas. Al otro día la defensa de Berthier, el único de los tres que ya se encuentra detenido, intentará esquivar una posible condena. El Tribunal Oral Federal 5 informó que dictará la sentencia el viernes 4 de abril.