La trama empresarial del genocidio

¿Ex dueño de Las Marías, a juicio por lesa humanidad?
El ex dueño de la industria yerbatera “Las Marías”, Adolfo Navajas Artaza, podría ser juzgado por delitos vinculados con la desaparición, detención y torturas de trabajadores y sindicalistas en la ciudad de Virasoro durante la última dictadura militar.

En 2008, el empresario correntino quedó imputado como autor intelectual de la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales en julio de 1977.

Y además por la muerte del sargento primero José Anchetti, que también trabajaba para él, y por haber colaborado con las fuerzas de seguridad, ofreciendo tierras de su cementerio privado, para el entierro de víctimas de la represión, según consta en el expediente.

Si bien, por estos hechos, Navajas Artaza fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont, nunca prestó declaración y, aún así, el juez Antonio Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008.

La decisión del juez pone fin a la imputación del industrial yerbatero, por los hechos mencionados, pero no impide su juzgamiento por otros. Antonio Chalup, es el juez número 20 de la causa, debido a que se inhibieron 19 jueces y conjueces que no quieren juzgar los delitos de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores y sindicalistas de Las Marías.

En la localidad de Virasoro, ubicada al norte de la provincia, se investigan dos causas por delitos de lesa humanidad, que podrían unificarse y elevarse a juicio oral y público, posiblemente en marzo de 2013, según confirmó a Télam una fuente del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La primera de ellas es por la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales y de Marcelo Peralta, también sindicalista en la empresa yerbatera. La segunda investiga la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez.

La investigaciones se inician por las denuncias de Catalino Pérez, hijo de Neris, desaparecido desde 1977 y de una de las víctimas de detención y torturas, Ramón Aguirre, que actualmente reside en Bélgica. Están imputados quien se desempeñaba como interventor militar en Virasoro, el capitán Juan Carlos Sacco; el coronel Duilio Ramón Martínez, el general Llamil Reston, Héctor Queirel y Ramón Alberto Giménez.

En la causa de Pérez, Navajas Artaza había sido mencionado por Ramón Alberto Giménez, ex policía también imputado, que lo señaló como quien ordenó el secuestro de Pérez, hecho en el que él mismo participó y se autodenominó como “entregador”. En su declaración, Giménez califica al dueño de la marca “Taragüí”, como “señor feudal”, que tenía a todo el pueblo bajo su poderío económico.

La vinculación de Navajas Artaza con las desapariciones y detenciones de los trabajadores es también sostenida por las organizaciones de derechos humanos de Corrientes y varios de sus representantes se expresaron públicamente en este sentido. Tal es el caso de Marisa Saunaria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que en diálogo con Télam afirmó que hubo “connivencia” del empresario yerbatero “en la represión que sufrieron los sindicalistas”.

“Con la excusa del cumplimiento de la ley de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores”, afirmó.

En 2006, cuando se iniciaron las causas por las denuncias de Catalino Pérez y Ramón Aguirre, en Corrientes, Pablo Vassel se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos. Recordó que por primera vez, el 24 de marzo de ese año, se visibilizó el tema, cuando hijos, familiares y amigos de las víctimas marcharon por primera vez para pedir justicia.

E hicieron un acto en la plaza principal del pueblo junto las madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas; representantes del Servicio de Paz y Justicia, y de organizaciones de derechos humanos de Corrientes.

El acto, tuvo como única autoridad al propio Vassel. “Los demás prefirieron no mirar”, dijo a Télam quién hoy cumple el rol de director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. “Todas las víctimas de Virasoro están relacionadas con Las Marías y todas tuvieron alguna actividad en el poderoso grupo yerbatero”, afirmó, a la vez que señaló que “no es casualidad que toda la cúpula gremial haya sido descabezada”. En este sentido, Vassel remarcó que “hay una vinculación directa” y agregó que “el alcance de esa vinculación lo va a determinar la Justicia”.


Navajas Artaza fue interventor federal de Corrientes del 7 de junio de 1969 al 11 de enero de 1973, durante la dictadura de Onganía. Del 22 de septiembre de 1982 al 10 de diciembre de 1983 fue ministro de Acción Social de la Nación, en el gobierno de facto de Reynaldo Bignone. De 1985 a 1987 fue presidente del Concejo Municipal de Gobernador Virasoro. Recibió dos veces el premio Konex: en 1998 y 2008, en la categoría destinada a empresarios rurales. En 2005 se presentó como candidato a gobernador de Corrientes por el Proyecto Corrientes.

Testimonió Cristina Murias, hermana del sacerdote Carlos Murias

“Tenían miedo por la persecución”

Luciano Benjamín Menéndez salió de la sala y evitó así escuchar la descripción que la hermana de Carlos Murias realizó ante el tribunal que está juzgando el asesinato de los curas de Chamical, los dos sacerdotes que trabajaban con el obispo Angelelli.

 Por Alejandra Dandan

De las cosas del cura Carlos Murias quedó un reloj roto, el anillo del rosario. Una guitarra, una Biblia y esa cadenita con la que su hermana Cristina ayer se sentó a declarar. Cuando el obispo Enrique Angelelli dio la misa de cuerpo presente faltaban veinte días para que lo mataran también a él. Cristina había logrado llegar desde Córdoba con sus hermanas y su madre, que se quebró frente al cajón que estaba cerrado y no le dejaron ver el cuerpo para preservarla. A Carlos le habían arrancado mechones de pelo y las huellas de sangre sembraron el camino del descampado donde lo arrojaron, al lado del cuerpo del cura francés Gabriel Longueville. “En la homilía, monseñor Angelelli nos da la pauta de todo”, dijo Cristina. “El lloraba muchísimo y desde el púlpito decía: ‘No nos interesan las siglas, ni los nombres; nos interesan quiénes planearon esto; quiénes fueron los instigadores; quiénes pueden desde la fe cometer estos crímenes; quiénes pueden invocar la fe para hacerlo: nosotros los perdonamos porque es de cristianos perdonar, pero esperamos que recapaciten’. No recapacitaron en 36 años”, se expidió Cristina.

El Tribunal empezó la audiencia con las indagatorias. Luciano Benjamín Menéndez, de traje impecable con un manojo de hojas en la mano, se negó a declarar, aunque abundó sobre el riesgo que en su lógica corren las “instituciones de la República” (ver aparte). En un momento se quejó porque desde la calle oía el ruido de alguna música. “No podemos hacer nada, señor”, le explicó el presidente del Tribunal, Camilo Quiroga Uriburu. El represor que tuvo a cargo las ejecuciones del III Cuerpo del Ejército se puso chistoso: “Entonces –dijo– vamos a tener que seguirles el ritmo”.

Apenas empezó a hablar Cristina, él se levantó y salió de la sala. Se quedaron los otros dos acusados: el comodoro Fernando Estrella, segundo jefe de la Base de la Fuerza Aérea de Chamical, el centro clandestino donde estuvieron los curas. Y el comisario Domingo Benito Vera, uno de los autores de los crímenes y protegido en la provincia por un entramado parental que hasta hace un mes le permitió estar en libertad.

Atragantada por miles de datos que guardó en la memoria durante años, Cristina explicó no sólo la historia de su hermano y la persecución de la pastoral sino los nombres que integraron la cadena de impunidades que los llevó a un primer juicio en la Justicia ordinaria, en el que los dos únicos acusados fueron absueltos y la familia casi termina acusada.

“Mi hermano venía siempre a La Rioja; venía cuando tenía vacaciones porque el resto del año estaba en la casa de los conventuales de Buenos Aires”, dijo. A poco de ser ordenado, pasó de Buenos Aires a La Rioja. “En las reuniones familiares, el tema recurrente era la pastoral del obispo: él estaba convencido de que era el lugar de un compromiso junto al hombre y no desde los púlpitos, realmente estaba enamorado de ese trabajo. Conocimos de boca de él que Angelelli era perseguido porque su tarea pastoral afectaba a los intereses de estos grupos.”

Cristina recordó algunos de los conflictos más importantes. El impulso a la cooperativa agraria con laicos del movimiento rural que pedía la expropiación de la finca Azzalini. Los ataques a Angelelli, al grupo de laicos y a las monjas de los llamados Cruzados de la Fe con base en Anillaco, un grupo al que ella comparó con Patria, Familia y Propiedad. “Todos los vicariatos estaban compenetrados con la tarea que había que hacer, pero no sólo con problemas de las tierras sino también con las enfermedades; denunciaron el Chagas, la tuberculosis por falta de nutrición y a la vez una sequía endémica. Gabriel enseñaba, por ejemplo, a la gente que el agua que usaban para enjuagarse la ropa podía servir también para las huertas.”

Después del golpe, la persecución se agudizó. Ya habían detenido a algunos curas. Y en medio de los retenes, un día detuvieron a Carlos. “Antes de matarlo, lo habían llevado un día a la Base (Aérea de Chamical). Como el padre Gabriel no estaba, lo acompañó otro sacerdote, Francisco Carbonell. Lo llevan a la base: le cuestionan la prédica que hacían ellos. Y les decían: ‘¡Esa no es la Iglesia en la que nosotros creemos!’”.

Las homilías eran grabadas. “El alférez (Ricardo) Pezzetta, que está con falta de mérito, era uno de los que grababa: como antes no había grabadores chicos, ni digitales, usaba uno de los más grandes y se sentaba a grabar en la primera fila, así nomás, como una forma de intimidarlos.”

Para junio de 1976, Carlos viajó a Córdoba para el entierro de su padre. Lo acompañaron Gabriel y una religiosa. “Tenían miedo de lo que les podía pasar en la ruta, ya habían tenido esos plantones, se veía que tenían miedo.” Carlos se quedó durante los días siguientes. “Hablamos mucho de las persecuciones, estaba preso el padre Eduardo Ruiz, que era un capuchino, y él tenía mucho temor de la forma indisimulada de la persecución para toda la diócesis.”

Los primeros días de julio, cuando se produjo la matanza de los Palotinos, Cristina decidió ir a buscar a su hermano. “Se ve que es todo cierto esto de la persecución, indudablemente esta matanza no pudo haberse dado sin el consentimiento de las autoridades militares”, se dijo. “Decidimos ir a Chamical a buscarlo. Los conventuales ya le habían dicho que querían sacarlo, pero él les dijo que no quería porque le había prometido a Angelelli quedarse. El 9 de julio no pudimos viajar porque mi hijo se enferma, y después ya no pudimos viajar: nos enteramos de la muerte el 21 de julio. El obispo llamó a los conventuales, a mí me llaman a Tribunales, cuando llego a la casa de mi mamá me dan la noticia.”

Entre aquellos datos de la persecución general, hay una trama más personal de la que también dará cuenta la causa. Aparece un comodoro llamado Bario y un lugarteniente interesados en las enormes extensiones de tierras del pueblo de Merced de la Chimenea. El esposo de Cristina sabía que querían comprarles esas tierras a los campesinos. Carlos, que a su vez trabajaba con la pastoral en ese lugar, llegó a decirle que eso no eran compras sino un “desapoderamiento” para la gente. Aquel lugarteniente apareció en Córdoba antes del secuestro de Carlos. Y le dijo al marido de Cristina que su cuñado “pare con la lengua”. Esa noche, ellos llamaron a Chamical para advertirle a Carlos. Carlos, quien les dijo que ya sabía de las amenazas, les prohibió que vuelvan a llamarlo desde esa casa.

“¿Recibió apoyo de la Conferencia Episcopal?”, preguntaron los abogados a Cristina. “No”, dijo ella. Y recordó que Angelelli se quedó en Chamical y recibió una lista de otros curas y otras monjas que estaban amenazados. Todos colaboraban en el asesoramiento de los campesinos. “En ese momento, el obispo viaja para hablar con Primatesta y con Menéndez. Creo que Primatesta no puede (recibirlo) y Menéndez le dice que el que se tiene que cuidar es usted. En ese momento vuelve a la casa de su sobrina en Córdoba y le dice a ella: ‘Estamos solos’. Su sobrina le preguntó: ‘¿No tenés miedo?’. Y él le dijo: ‘Claro que tengo miedo, pero no voy a meterme abajo de la cama. Miedo tenemos todos, el tema es superarlo’.”

Menéndez pidió hablar en la sala nuevamente por la tarde. Lo único que dijo fue una cosa: que nunca vio a Angelelli.

En la sala nadie le cree.
Otro Menéndez dixit

“Me niego a hablar porque estos juicios son inconstitucionales”, dijo el represor Luciano Benjamín Menéndez. Con unas hojas en el escritorio, de todos modos se dedicó a criticar a las instancias que lo llevaron al juicio instalado en la lógica de la guerra. Palabras como “terroristas”, “marxistas”, “conducidos desde el extranjero” y lecturas de editoriales del diario La Nación guiaron su prédica. “Por lo demás, se da una paradoja que es grotesca: los terroristas que atacaron a la república conducidos desde el extranjero en los años ’60 y ’70 querían reemplazar la república por grises organizaciones marxistas, ahora aprovechan, se refugian y usan esas mismas instituciones de la democracia que trataron y tratan hoy de destruir.” Para Menéndez, “no hay más que ver los nombres y los antecedentes de los que nos acusaban para corroborar su filiación ideológica y su militancia activa de antes y de ahora, de la que ahora se enorgullecen porque creen ver su éxito y el fin de la guerra que emprendieron en el ’60, con el agravante de que su propósito sigue siendo el mismo”.

Detuvieron en Córdoba a 5 ex funcionarios judiciales por complicidad con la dictadura

La Justicia pasa la escoba

Los presos son los ex jueces Miguel Angel Puga y Carlos Otero Alvarez, el ex fiscal Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro. Están acusados de no denunciar ni investigar torturas y asesinatos de presos políticos.

 Por Victoria Ginzberg

José Moukarzel murió en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. El 14 de julio de 1976 fue estaqueado desnudo en un patio. Le habían puesto escombros debajo de la espalda y recibía constantemente baldazos de agua fría. Era el día más frío del año. Se quejaba. Hasta que dejó de reaccionar. Miguel Mozé fue fusilado en un puente junto con otros cinco presos que habían sido sacados de la misma cárcel. Marta González de Baronetto fue asesinada en octubre de 1976 con otros cinco compañeros. Había sido arrestada en agosto de 1975. En ese momento, tenía una hija de un año y ocho meses y estaba embarazada. Su segundo hijo nació en la cárcel, tres meses antes de que la mataran e intentaran encubrir el crimen como un “intento de fuga”. Ninguno de los funcionarios judiciales que intervino en su momento en estos expedientes investigó o pidió que se investiguen esos hechos, como tampoco las torturas que padecieron y denunciaron muchos otros detenidos políticos alojados en ese penal. Los miembros del Poder Judicial señalados como cómplices de delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba durante la última dictadura comenzaron a sentir las consecuencias de aquellas acciones y omisiones. Esta semana, el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena detuvo, a pedido del fiscal Carlos Gonella, a dos ex jueces, un ex fiscal y dos ex defensores oficiales. El último arresto, que se produjo ayer, fue el del ex juez Carlos Otero Alvarez, quien renunció en 2009, pero antes fue miembro del tribunal oral que condenó a Luciano Benjamín Menéndez.

Miguel Angel Puga era juez en 1976. Entre otros, tuvo a su cargo los casos de Moukarzel y Mozé. En su defensa, dijo que no le correspondía investigar el caso del hombre que murió luego de haber sido estaqueado como castigo por haber recibido un paquete de sal de un preso común porque había un certificado médico que establecía que el detenido había sufrido un “paro cardiorrespiratorio”. Puga fue detenido el lunes y llevado a la cárcel de Bower. El ex fiscal Antonio Cornejo también está acusado de no investigar estos hechos. Fue arrestado el martes pero se quedó en su casa, ya que le concedieron el beneficio de arresto domiciliario por problemas de salud. El tercer ex funcionario judicial arrestado esta semana fue Luis Eduardo Molina, ex defensor oficial.

Molina intervino en el caso de Luis Baronetto (los abogados particulares no podían entrar a la cárcel, por lo tanto los presos estaban obligados a tener defensores oficiales) y le recomendó “que dejara las cosas” como estaban cuando Baronetto reclamó que se investigara la muerte de su esposa. María Teresa Sánchez reveló que Molina le dijo: “Vos no colaborás y además no te querés sacar la bombachita, así no vas a salir nunca”. La mujer había sido “sancionada” porque se rehusó a ser “tocada” por el personal penitenciario.

El viernes fue arrestado Ricardo Haro, que también fue defensor oficial durante la última dictadura y luego miembro de la Cámara Federal de Córdoba. Uno de los casos por los que fue imputado es el de Francisco Hernán Sain, quien denunció haber sido sometido a torturas en el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D-2), donde fue encapuchado y golpeado y torturado con inmersiones de agua. Otro es el de una mujer que le relató que había sido golpeada, torturada y violada y que había sufrido un simulacro de fusilamiento.

En 1976, Carlos Otero Alvarez era secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma. En 1977, ambos funcionarios judiciales visitaron a Baronetto en el penal de Sierra Chica –ya que estaban a cargo de su caso– y él les pidió explicaciones sobre el fusilamiento de su mujer. Ellos sólo atinaron a leer un parte militar que hablaba de la muerte de un grupo de “subversivos” luego de que vehículos civiles interceptaran una patrulla en la que eran trasladados del penal con destino desconocido y se produjera un “tiroteo”. Baronetto dijo que eso era mentira y Otero Alvarez respondió que no podía hacer nada. Los mismos funcionarios judiciales habían estado presentes en la indagatoria de Marta González de Baronetto. Allí, la mujer denunció que había sido encapuchada y esposada, que había recibido golpes de puño en todo el cuerpo, que había sido asfixiada mediante vertido de agua y que había sido desvestida y manoseada mientras le pegaban. No hubo ningún pedido de investigación sobre estos hechos.

Hace cuatro años, Baronetto pidió que el Consejo de la Magistratura removiera a Otero Alvarez, que era juez del Tribunal Federal Oral N0 1 de Córdoba y había intervenido en el primer juicio en el que fue condenado el represor Luciano Benjamín Menéndez. Además de su propio caso y el de su esposa, Baronetto señaló en esa oportunidad que el entonces secretario judicial autorizó traslados de ocho detenidos sin la firma del juez, cosa que excedía sus atribuciones. Esos “traslados” terminaron con cuatro presos torturados en la D-2 y cuatro presos asesinados. El Consejo de la Magistratura cerró el caso por “abstracto” porque Otero Alvarez renunció el 30 de abril de 2009 pero la Comisión de Disciplina y Acusación consideró que los hechos que se le imputaban al ex magistrado “evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. Los miembros del Consejo destacaron que la actitud de Otero Alvarez “incluso fue diferente a la asumida por la secretaria (Cristina) Garzón de Lascano, que frente a la denuncia de torturas por parte de una imputada certificó sus manifestaciones respecto de su dolencia y solicitó su atención por el médico forense. Por el contrario, Otero Alvarez al intervenir como secretario no labró ninguna certificación sobre el estado de las personas imputadas, que seguramente tenían lesiones visibles y no ordenó su atención médica. Por el contrario, el entonces secretario Otero Alvarez frente al pedido del padre de un detenido (Barrera) denegó la revisión médica de su hijo y de su nuera”. Otero Alvarez comenzó a ser indagado el miércoles y continuó ayer. Quedó detenido en el penal de Bower.

“Los magistrados y funcionarios judiciales no sólo incumplieron sus deberes, sino que también ocultaron sistemáticamente –en una etapa posterior a su comisión– la ejecución de hechos típicos que configuran delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad. Este ocultamiento se hizo en base a una promesa de impunidad anterior, al menos tácita, ya que la falta de investigación de los autores de esos delitos que se cometían de acuerdo con un patrón modal reiterado y sostenido en el tiempo –sistemático– implicó la garantía de impunidad de los mismos ‘hacia el futuro’”, aseguró Gonella, quien lleva adelante la investigación, ya que tiene la causa delegada, cuando pidió las indagatorias.

“Se ha dado un paso muy positivo por parte de la Justicia Federal de Córdoba. Cuando hicimos la denuncia y cuando se hizo el juicio de la Unidad Penitenciaria 1, sobre el fusilamiento de 28 presos políticos, funcionó la corporación de la sagrada familia cordobesa. Ahora hay un avance y esperamos que esto siga, no sólo para hacer justicia con hechos del pasado sino también porque esto reestablece la confianza en las instituciones democráticas y en la Justicia en particular”, dijo a Página/12 Baronetto.