El Terror en el D2 de Mendoza

por Pablo Gabriel Salinas *

El ex preso en el D2 de Mendoza Fernando Rule declaró el jueves 25 de noviembre de 2010 y manifestó ante el tribunal lo siguiente: “El terror es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieren no sólo físicamente sino humillar y la violación sexual la usaron para humillarnos. Hacerme saber que estaban violando a mi mujer a un metro y medio de la puerta de mi celda era para humillarme, era para que yo escuchara, al punto que uno de esos días me hacen tocarla para ver que estaba colgada o atada, desnuda absolutamente, y juegan y hacen obscenidades y las relatan. Y esas violaciones ocurrían muchas veces, yo no sé si la literatura obscena las contempla, hablo de 10, 15 veces por día, las violaban cada media hora. Yo quiero decir que no hay quien se salve de la responsabilidad de las violaciones. Si el jefe del D2 dice que eran unas 70 personas y si consideramos que trabajaban 24 x 48 hs y un tercio de ellos que son 25, para violar a 4 o 5 mujeres tienen que intervenir todos, para violar cada media hora durante tantos días tienen que ser todos, desde el que prepara el mate hasta el jefe. Incluyendo al supuesto juez que entró un día, incluyendo al cura que me fue a ver que no sé si es cura. Todos ellos sabían, observaban y miraban, aun las policías mujeres. Parece que a la noche se relajaban un poco, los policías tomaban o comían unas pizzas. Parece que un policía se propasó con una policía y le dijo ‘si querés tocarle el culo a alguien andá a violar una presa’ y vinieron muchas violaciones”.

Es curioso que nadie habla de las violaciones sexuales a las que fueron sometidas nuestras compañeras detenidas secuestradas, algunas asesinadas integrando la lista de desaparecidas y otras sobrevivientes al horror.

Nuestros jueces y fiscales no investigan esas violaciones y nuestro sistema legal mira para otro lado, cómo es posible esto, con teorías jurídicas absurdas que llaman al hecho, hecho de mano propia y sostienen que no es posible investigarlo porque no se puede averiguar quién fue el violador.

Pero la violación sexual fue tan sistemática como la tortura y el asesinato y desaparición forzada porque cumplía el mismo rol de humillar al oponente, violar a su mujer a escasos metros, hechos que de tan terribles no se pueden pronunciar y que en la historia argentina no reconocen antecedentes inmediatos.

Cuando Fernando Rule terminó de declarar, los abogados querellantes pedimos que se remita compulsa a la Fiscalía y que se investiguen los hechos de violaciones sexuales ocurridos en el D2 de Mendoza con las fotos de todos quienes “prestaban servicios” allí entre los años 1976-1983 para que las víctimas puedan compulsar las fotos y posiblemente reconocer a sus victimarios, este delito no sería de instancia privada ya que formaron parte del ataque generalizado a la población civil y constituye “crímenes contra la humanidad” conforme la definición de Nüremberg y luego sostenida por la Corte Interamericana en los casos “Chumbipuma Aguirre vs. Perú”, (Barrios Altos), o el caso “Almonacid Arellano vs. Chile”.

No deja de sorprenderme que ningún medio nacional haya dicho una palabra sobre las declaraciones de Fernando Rule y del ataque de género que sufrieron nuestras compañeras, no sólo porque el tema de la problemática de género viene siendo abordado en distintas investigaciones, sino porque es un tema que hoy se investiga y trabaja muchísimo.

Pero cuál será la impronta de dolor y de sufrimiento que produce saber que no sólo torturaron y asesinaron, sino que violaron en forma sistemática, que humillaron a toda una generación de jóvenes a los cuales destruyeron en nombre de la “moral occidental y cristiana”, en nombre de la “fe”, apoyados por la Iglesia institución y con la cobertura y los sueldos de las fuerzas armadas y de seguridad, seguramente estos violadores son excelentes padres, abuelitos lindos y reconocidos por sus familiares escondiendo y guardando muy dentro las atrocidades que cometieron.

Pero, al fin, la verdad empieza a salir a la luz y tenemos que enfrentarla como sociedad para que esto no ocurra “nunca mas”.

* Abogado querellante en el juicio contra represores en Mendoza.

La ex pareja de un asesino cuenta como funcionaban los paramilitares

La CNU contada desde casa

Su testimonio es clave para la Justicia en la investigación del papel de la represión clandestina ejercida por el Estado desde 1975. Pero Mirta Masid también accedió por primera vez a contar en una entrevista periodística la historia que vio como pareja de un comando operativo de la Concentración Nacional Universitaria.
Por Martín Granovsky

Es la primera vez que aparece su nombre en público. Mirta Masid ya declaró dos veces en la Justicia con identidad reservada y ahora concede una entrevista periodística. Su relato está marcado por una sigla, CNU, la Concentración Nacional Universitaria. Nació en 1968 como una fuerza de choque dentro de la derecha peronista y en 1975 se convirtió en una herramienta del Estado. Dependía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de las Fuerzas Armadas. Masid vio parte de esa transformación desde su casa: fue pareja de Carlos González, “Flipper”, uno de los asesinos de la CNU.

Mirta Masid declaró ante la Justicia como parte del Programa Verdad y Justicia del gobierno nacional y amparada en el Programa de Protección de Testigos.

Cuenta Masid, que da su nombre pero no quiere fotos, a Página/12: “El asesinato de Silvia Filler fue el primer patinazo de la CNU. Entraron armados a la universidad y empezaron a los tiros. Filler sabía que ellos iban a romper la asamblea. Fue más que eso. La mataron”.

Era diciembre de 1971 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Provincial de Mar del Plata, que aún no tenía universidad nacional. La Justicia condenó por homicidio a Oscar Héctor Torres, que fue quien realizó el disparo que dio en la frente de Filler y la mató. También sentenció a Raúl Arturo Viglizzo, Marcelo Arenaza, Ricardo Alberto Cagliolo, José Luis Piatti, Alberto José Dalmaso, Raúl Rogelio Moleón, Eduardo Salvador Ullúa, Luis Horacio Raya, Eduardo Aníbal Raya, Oscar Silvestre Calabró, Carlos Roberto Cuadrado, Ricardo Scheggia, Carlos Eduardo Zapatero, Martha Silvia Bellini y Beatriz María Arenaza.

Quedaron libres en 1973, beneficiados por la Ley de Amnistía votada por el Congreso a instancias del presidente Héctor Cámpora.

Toby

“Yo estaba casada con mi primer marido, y era una señora de mi casa que no trabajaba”, recuerda Masid. Entonces simpatizaba con el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, que llevó de candidato a presidente en 1973 a Juan Carlos Coral.

En ese momento Mar del Plata recibía todos los veranos un aluvión turístico pero el resto del año era una aldea donde todos se conocían. En la secundaria, que cursó a fines de los ’50 y principios de los ’60, Masid fue primero al San Vicente y luego al Comercial. Tiene grabada la imagen de un profesor, Adolfo Domijian, “uno de los mejores que tuve”. Daba Derecho Comercial. El alumno que más le discutía era Ernesto Piantoni. También fue al secundario con Gustavo Demarchi.

Piantoni llegaría a ser el jefe de la CNU en Mar del Plata. Demarchi terminaría como fiscal. Desde su cargo sería, como mínimo, el gran amparo de los grupos de choque.

Cuenta Masid: “El padre de Piantoni tenía mucho dinero. En una época donde todos íbamos a bailar y bailábamos, Ernesto Piantoni se sentaba solo a una mesa con una chica muy educada. Siempre marcaba una diferencia. Como si no se mezclara. Era gordito, rubicundo, blancuzco. No era una persona muy agraciada. Tenía voz finita y lo llamaban Toby, como el personaje de historieta”.

Lo mismo pasó en el casamiento de Raúl Viglizzo, uno de los condenados por el asesinato de Filler. “La fiesta fue en el Círculo Militar porque la chica era hija de militares. Estábamos los reos por un lado, tirados arriba de la mesa por la novedad de los bocaditos de caviar, y Piantoni a distancia, en otro lado.”

Salvo Piantoni y alguno más, la generación que cumplió los 20 alrededor de 1966 usaba jean y pelo largo. E incluso después del asesinato de Filler, los marplatenses que militaban en política seguían mezclándose. Así fue entre 1973 y 1975. “Bar hasta las cinco de la mañana”, cuenta Masid. “Hablar de política. Ir a las peñas, como la de Julio Bosata, en Los Pinos de Anchorena, cerca del complejo universitario. El bar Artus. A El Bilbaíno iba a todo el mundo. Grupos de izquierda y también de derecha. Se retrucaba con cantos de la Guerra Civil Española. Unos cantaban canciones republicanas. Otros contestaban con las franquistas. Y también el sexo era una estrategia, porque así se conquistaban militantes. En las peleas, en ese momento no se pasaba de los gritos o los cantitos. A la vez, cada uno tenía también sus lugares preferidos. Los de la CNU iban todos los mediodías a la confitería del Hotel Argentino. También a una cervecería de unos holandeses, Old Dutch, en Belgrano y Mitre. Creo que era de los Hooft.”

Hijo de un nazi holandés refugiado en la Argentina, Pedro Hooft fue hecho juez por la dictadura, en 1976. Los familiares de los secuestrados en la Noche de las Corbatas, de 1977, lo acusaron de actuar por omisión o por complicidad directa con la privación de la libertad y el asesinato de las víctimas, todos ellos abogados.

Según Masid, los profesionales y los abogados eran la capa superior de la CNU. “Por un lado estaban ellos, con una posición social determinada y, por otro, los vagos, las bases, los más pobretones, los que no habían terminado el secundario o tenían algún antecedente penal por robo.”

Desde noviembre de 1973 su conocimiento de la CNU se hace más personal: forma pareja con Flipper.

A veces Flipper y sus amigos de la CNU se juntaban a discutir lo que leían. Cuenta Masid: “Hablaban de la aventura, de vivir peligrosamente. Declamaban. Leían a Nietzsche. También a Lartéguy. Estaban los centuriones, los pretorianos y los mercenarios. Los centuriones guerreaban por ideales. Los mercenarios, por dinero. Los pretorianos, por la guerra misma. Ellos se decían pretorianos. Criticaban a los que llamaban ‘los bolches’. Hacían comentarios antisemitas. Una vez se corrió la bolilla de que a una chica la había desvirgado un judío. Se la agarraron con el tipo. Primero porque se casaría con una novia desvirgada. Y además, porque había dejado de ser virgen por un judío. Para ellos era tremendo. Casarse con una mujer virgen era un orgullo. Muchos de los que tuvieron hijas les pusieron Celeste de nombre. Leían a Marechal y especulaban sobre las batallas celestes y las mujeres celestes”.

Masid no recuerda qué leían los CNU de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que había muerto en 1900. En su última declaración en la Justicia escuchó un murmullo entre los imputados. “¿Leíamos Nietzsche? ¿Y qué era? ¿Así hablaba Zaratrustra?”

Ni el pobre Nietzsche ni, menos aún, el pobre Leopoldo Marechal de Megafón o la guerra, que murió en 1970 reivindicado por los cristianos de base tras haber agregado a su peronismo la defensa de la revolución cubana, podrían responder al misterio de qué interpretaban en ellos los miembros de la CNU. En cambio, es menos misterioso el cuadro de la Argentina en 1975. Muerto Juan Perón el 1ª de julio de 1974, el Estado intensificó la represión con fuerzas propias que actuaban como clandestinas. En Mar del Plata una de esas fuerzas fue la CNU, involucrada además en otra batalla terrenal: la disputa dentro de la Iglesia Católica contra los cristianos de base, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y los obispos que le dieran cobijo o, aun, que no les declarasen la guerra. Para la CNU, en Mar del Plata uno de los blancos era el obispo Eduardo Pironio.

Una base de los cruzados era la Universidad Provincial, donde el CNU Eduardo Cincotta, fallecido el año pasado en la cárcel como procesado, era entonces secretario general.

Pero en 1975 el asunto ya no era interrumpir una asamblea a tiros y matar al voleo. Hubo un día –una noche– en que la historia de Mar del Plata cambió y la patota dejó de confundirse con lecturas dispersas. El 20 de marzo fue asesinado Ernesto Piantoni, el Toby del relato de Masid, que seguía en pareja con Flipper y trabajaba en la Universidad Provincial. “Yo trabajaba, pero otros tenían contratos y no iban. Era ñoquis. Disponían de su tiempo para la CNU. Cuando me enteré de la muerte de Piantoni, por radio, a las 11 de la mañana, me puse muy mal. No sabía qué, pero sabía que un desastre pasaría.”

El desastre ocurrió en la madrugada del 21, luego del velatorio de Piantoni. La patota buscó en sus casas y mató a Enrique Elizagaray, Guillermo Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg. Por uno (Piantoni), cinco de ellos. Cada uno fue acribillado con decenas de balazos, al estilo ostentoso de las masacres mafiosas.

Masid dice que los CNU hablaban sobre esa noche borrachos de Chivas Regal.

La patota no ocultó su identidad. Como protección, dos meses después el fiscal Demarchi ya pedía el sobreseimiento de la causa. Lo ayudaba el oficial segundo de tribunales Eduardo Ullúa, que renovaba su historia después de la condena por Filler.

Dice Masid que ella imaginaba la participación de Flipper pero que éste, además, se lo contó. Recuerda que por la muerte de Piantoni llegaron cuadros de la CNU de Buenos Aires y La Plata. Incluso Patricio Fernández Rivero, a quien los demás llamaban “El Patriarca” cuando aún no llegaba a los 30. Hoy tiene 64 años. Es el mismo que el último jueves fue detenido en Alta Gracia para ser investigado por crímenes de lesa humanidad a pedido del juez marplatense Rodolfo Pradas. También fue detenido, en La Plata, Mario Durquet.

Floristas

Al margen de la vendetta en la madrugada de marzo, en los meses siguientes la CNU redoblaría su letalidad ya como instrumento pleno del Estado.

Masid recuerda la muerte de Daniel Gasparri, un militante del FEN, Frente Estudiantil Nacional, que en ese momento era una organización de la llamada izquierda nacional dentro del peronismo. “Mataron a unos floristas que tenían el puesto a la vuelta de la Catedral. Según ellos, era una forma de vengarse de Pironio porque decían que protegía a los montoneros. También secuestraron y mataron a María Maggi, la decana de la Universidad Católica. Argumentaban los mismos motivos: venganza contra Pironio.” (Pironio terminaría hecho cardenal y con destino en el Vaticano. En su libro La mano izquierda de Dios, Horacio Verbitsky escribe que desde Roma Pironio transmitió a su viejo amigo Emilio Mignone que ante el secuestro de la hija de éste no podía hacer otra cosa que orar.)

Dice Masid que, en una de sus declaraciones, uno de los defensores de los ex CNU inculpados la increpó y le preguntó por qué había continuado la pareja con González. “Yo venía de pasar momentos muy bravos en la vida personal. Carlos me ayudó mucho a salir del pozo. Era alegre, solidario. Pero empezó a caer en ese abismo de las muertes. Al final andaba como desesperado. Decía que no podía vivir con tantas muertes en su conciencia.”

Flipper, que también usaba facas y podía dar puntazos en medio de una pelea, murió matando a los 25 años, en noviembre de ese mismo 1975. La CNU, según Masid, tenía dos relaciones sindicales. Una era el Sindicato Unido Petroleros del Estado. El otro, el Vitivinícola. El primero estaba controlado por Diego Ibáñez, años más tarde socio de Alfredo Yabrán y primer presidente del bloque peronista, con hegemonía de los dinosaurios, en 1983. El segundo, Foeva, estaba bajo el mando de Fernando “El Loquito” Catugno.

Flipper y otros miembros de la CNU viajaron a San Juan. Les encargaron el asesinato de Pablo Rojas, diputado nacional justicialista sanjuanino. Hicieron un trabajo de inteligencia previo y esperaron que fuese a cenar a lo de un amigo. Uno le desinfló una cubierta. A la una de la madrugada Rojas salió de cenar, fue hacia el auto y se agachó al ver la goma demasiado baja. Escuchó pasos y metió la mano en la cintura. Estaba armado. Se dio vuelta y le disparó a Flipper, que le disparó a él. Mientras Flipper caía muerto, otro miembro de la patota remató a Rojas.

Listas

El relato de Masid a Página/12 no sólo incluye santuarios sindicales, judiciales y universitarios para la CNU. Masid también menciona la dependencia de la patota y sus jefes respecto del Estado en la comisión de cada crimen. “Por lo menos una vez por semana se reunían en el GADA. Para eso se vestían mejor, con corbata. Y además de los hechos que cometían, hacían listas. Lo sé por experiencia propia. Tengo un cuñado desaparecido, Pablo Trejo Vallejos. Antes de morir, Carlos me dijo un día que estaban confeccionando listas y me recomendó que le avisara a Pablo. ‘Decile que se vaya’, me pidió. Yo avisé, pero nadie me creyó. Y en 1977 lo secuestraron y está desaparecido. Me acuerdo que una vez fue a mi casa, con Carlos en vida, un muchacho joven que trabajaba en la Clínica Colón, supongo que de camillero. Y Carlos me dijo: ‘Este está con nosotros, marcando gente’. Bueno, mi cuñado trabajaba en la Clínica Colón. Los de la CNU robaban coches para uso personal, para sus operativos y para la policía.”

El GADA es el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata, eje de la masacre en Mar del Plata antes y después de la dictadura. Cincotta reportaba al GADA. Según documentación de la ya disuelta Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, aportada a los juicios por la verdad y a los juicios penales posteriores por la Comisión Provincial por la Memoria, miembros del GADA usaban tarjetas de Demarchi como protección. Y Ullúa era su jefe.

Hay nombres que se repiten. Los imputados por el juzgado federal número tres de Mar del Plata son Gustavo Demarchi, Raúl Viglizzo, Juan Carlos Gómez, Eduardo Salvador Ullúa, Daniel Ullúa, Oscar Corres, Mario Durquet, Marcelo Arenaza, Beatriz Arenaza, Fernando Delgado, Nicolás Caffarello, Piero Asaro, Juan Carlos Asaro, José Luis Granel, Roberto Coronel, Roberto Justel, Ricardo Oliveros y Fernando Otero. En el plano penal los querellantes no les imputan haber sido parte de una organización fascista, que no es un delito de lesa humanidad, sino una rama del Estado terrorista que secuestró, torturó y mató.

En 1976 los directivos de la Universidad Provincial le pidieron a Masid que grabara clases. Esa tarea era parte del espionaje habitual de la dictadura. Renunció y empezó a temer por su seguridad. Antes de irse a vivir a España, de donde después regresó, dice que le allanaron dos veces la casa. “Solo me faltó una cosa: las fotos de los casamientos, donde aparecían todos. Fue lo único que se llevaron.”

Fueron establecidos los perfiles genéticos a partir de las muestras de Marcela y Felipe Noble

Ernestina Noble y los hijos apropiados
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, recibió de los peritos del Banco Nacional de Datos Genéticos dos mapas genéticos, uno masculino y otro femenino, en base a la sangre y la saliva de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera, que permitirán que se identifique su ADN y se lo coteje con los de familiares de desaparecidos de la última dictadura.

El paso, tras nueve años de iniciada la causa para determinar la filiación de los jóvenes, se concretó finalmente cuando, pasadas las 16, se notificó la pericia ordenada un mes atrás sobre las muestras hemáticas y de saliva entregadas por los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín el 29 de diciembre del año pasado.

Sobre esta base, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió a la jueza que ordene a la brevedad la determinación del ADN y su entrecruzamiento con los 2.500 registros almacenados en el BNDG por familiares que reclaman a sus nietos robados.

"Lo que se estableció fueron dos perfiles genéticos que aún no tienen nombre, de un hombre y una mujer, obtenidos de esas muestras, mientras que para la semana próxima la juez ordenó a los peritos que le aseguren por escrito con fundamentos que se trata de los perfiles de Felipe y Marcela", explicaron fuentes del caso.

Las muestras y los resultados se dividieron en tres sobres: uno quedó en custodia en el Banco, otro en el juzgado y un tercero en manos de la fiscal federal Rita Molina.

"Hasta que no podamos comprobar que se trata del perfil genético de ellos no vamos a decir que ya se lo encontró. Todavía no se sabe si es de Marcela y Felipe", se mostró cauto el abogado querellante Pablo Llonto, aunque los perfiles se trazaron en base a la sangre y saliva que ambos entregaron y que se encontraba guardada en sobres lacrados.

La entrega de las pericias se inició a la mañana en el Hospital Durand, sede del BNDG, cuando los expertos entregaron sus resultados a la jueza, que luego convocó a la fiscal para que se notifique y quede en custodia de uno de los sobres con muestras y resultados.

Las muestras habían sido entregadas por los jóvenes Noble Herrera al Cuerpo Médico Forense, en abierto desafío a la normativa judicial avalada por la Corte Suprema de Justicia de que esos trámites son realizados por el Banco de datos Genéticos.

También dejaron sentada su aspiración de que el cotejo se realice con el ADN de las dos primeras familias que reclamaron, y no sobre la totalidad de los datos almacenados.

Como los hermanos se negaron ante la jueza Arroyo Salgado a entregar nuevas muestras de sangre o saliva y las prendas íntimas secuestradas fueron contaminadas adrede con varios patrones genéticos, Arroyo Salgado debe resolver ahora dentro de sus prerrogativas legales utilizar estos perfiles válidos para determinar su ADN y ordenar el entrecruzamiento amplio.

Mendoza: prisión domiciliaria para los 10 represores que son juzgados por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal 1 dispuso ayer la detención domiciliaria de los diez imputados por delitos de lesa humanidad en 19 causas por desaparecidos, asesinados y torturados durante la dictadura militar.

La detención domiciliaria fue dispuesta "debido a las condiciones de salud de los acusados”, en el marco de la segunda jornada del primer juicio oral que se desarrolla en la capital mendocina.

El Tribunal Oral hizo lugar a la petición formulada este jueves por el fiscal general, Dante Vega de "ordenar la detención de todos los imputados (diez) a fin de asegurar la realización del juicio de acuerdo al artículo 366 último párrafo del Código Procesal Penal”.

El próximo miércoles 24 se reanudará la tercera jornada de juicio por los delitos de lesa humanidad en la capital mendocina.

El Tribunal Oral Federal cumplió este jueves la segunda jornada del primer juicio realizado en la capital mendocina por delitos de lesa humanidad, presidido por Juan Antonio González Macías e integrado Alejandro Waldo Piña y Héctor Fabián Cortes.

El juicio se inició a las 9.55 en el primer piso de los Tribunales Federal con la presencia en la sala de seis de los diez imputados.

González Macías continuó con el "requerimiento a juicio” del acusado ex comisario de la policía mendocina Dardo Migno, quien por video conferencia respondió que "se abstenía de declarar” en comunicación desde la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, sentado en silla de ruedas.
Posteriormente el magistrado designó dos representantes del Tribunal para concurrieran a la residencia particular del imputado ex comisario policial, Juan Agustín Oyarzabal, situada a unos 70 kilómetros al este de esta ciudad, en el departamento de Rivadavia, debido a inconvenientes en su salud.

Seguidamente, el fiscal general Dante Vega, solicitó "reformular las calificaciones” en cada una de las 19 causas que imputa a los diez acusados en Mendoza de delitos de lesa humanidad.

Dante Vega, concluyó los fundamentos solicitando al Tribunal "ordene la detención de todos los imputados a fin de asegurar la realización del juicio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 366 último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación”.
"Existe fundamentos suficientes para tener por acreditado el riesgo del proceso (judicial) al que apunta toda medida coercitiva en el proceso penal y que debe ser evaluado atento en el contexto delictivo encuadrado en la categoría de delitos de lesa humanidad”, justificó el fiscal.

Posteriormente, luego de un cuarto intermedio, el presidente del Tribunal Oral, González Macías, dispuso "la detención domiciliaria de los diez imputados por los delitos de lesa humanidad considerando el estado de salud de los acusados”.

Mendoza: Cadena perpetua para tres represores que operaron en Mendoza

Fueron condenados 4 violadores de derechos humanos, responsables por desapariciones en la dictadura militar
    
Por unanimidad un tribunal de Mendoza, provincia del centro-oeste de Argentina, condenó este martes a prisión perpetua a tres imputados por delitos de lesa humanidad, implicados en la desaparición de cuatro integrantes de las juventudes peronistas en 1976, durante la última dictadura.

Raúl Ruiz Soppe (ex comisario), Aníbal Guevara (ex teniente del Ejército) y Juan Labarta (ex policía del D2) recibieron perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidio calificado.

Las víctimas fueron Francisco Tripiana, pintor de 33 años detenido en su casa el 23 de marzo de 1976 y quien figura como liberado en los archivos; Roberto Osorio, empleado de una farmacia; Pascual Sandoval, obrero rural detenido en una finca durante la primera semana del golpe militar de 1976; y José Guillermo Verón, un camionero que desapareció meses después de haber sido detenido.

Un cuarto imputado, el ex abogado de la policía Raúl Egea recibió condena de ocho años por la falsificación de documentos en el caso de los desaparecidos. Este es el primer juicio por desapariciones durante la dictadura militar en Mendoza.

Los alcances del fallo, de 700 folios, se podrán conocer el próximo 15 de diciembre, mientras los indicios de donde podrían estar enterrados cadáveres de los desaparecidos serán enviados al fiscal de la causa .

Cuando terminó la lectura de la sentencia, tanto familiares como militantes de organizaciones de Derechos Humanos cantaron el Himno Nacional Argentino y a la salida del recinto unas 300 personas celebraban el acto de justicia con pancartas que decían: "juicio y castigo".

Sentencia a los represores

El Tribunal Federal de Posadas condenó a cuatro ex represores.

Misiones, con mayor cantidad de condenas
Condenado. Caggiano Tedesco fue el primer condenado en Misiones.

El Tribunal Federal de Posadas condenó a cuatro ex represores. Sus integrantes participan en procesos emblemáticos en otras provincias. En diciembre habría una nueva sentencia en Resistencia y para el año que viene, em la causa de Margarita Belén, que tuvo como víctimas a varios misioneros. Están en instrucción tres causas en Misiones, que irían a juicio el año que viene.

A las tres causas de por delitos de lesa humanidad que fueron juzgadas en Misiones, con sentencias no firmes sobre dos ex jefes del área militar 232 y guardiacárceles, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Manuel Jesús Moreira, Norma Lampugnani de Arce Mielnik y Carlos Adolfo Sodá, le suman procesos en marcha en Chaco y Formosa, como subrogantes de jueces de esas provincias.  Moreira participa en la primera causa de lesa humanidad de Chaco –causa Caballero que ya lleva más de 6 meses de debate- como Juez Subrogante del Tribunal de Resistencia y, el tribunal de Posadas en pleno interviene desde el 20 de octubre pasado en la causa Steinbach, como subrogantes del Tribunal Oral Federal de Formosa.

 En Chaco, se estima que habrá sentencia en diciembre para una de las causas caratulada “Caballero”, donde hay doce imputados, ex miembros de la policía y militares, acusados de delitos cometidos en perjuicio de 26 víctimas en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía policial. Ya pasaron por el juicio  130 testigos en más de 6 meses de debate. El 23 se escucharán los alegatos en el proceso que se realiza en el Tribunal Oral Federal de Resistencia.

En el debate son juzgados Gabino Manader, José María Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard, José Tadeo Luis Bettolli, Francisco Orlando Alvarez, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza y Carlos Flores Leyes.

Fuentes judiciales revelaron que el tribunal realizó una inspección ocular en un ex centro clandestino de detención, donde el cuerpo de peritos de la Corte Suprema había encontrado picanas, picanas de vacas, cajas de electricidad rudimentarias, elementos todos usados para la tortura, que todavía quedaban en el edificio policial en pleno centro de Resistencia.

 En el resonante caso de Margarita Belén que también tuvo como víctimas a misioneros ninguno de los tres jueces misioneros interviene. En este caso, el proceso seguirá incluso hasta el año que viene, ya que todavía no se cerró la etapa de pruebas.

Moreira es quien más participación ha tenido en juicios de este tipo, con cinco procesos en su haber -tres en Misiones-, uno en Chaco –causa Caballero- y otro en Formosa –Causa Steinbach, tarea que comparte con sus otros dos colegas de Misiones, Soda y Lampugnani– seguida contra 14 imputados –5 ex militares, 7 policías y 1 gendarme-, por la presunta comisión de 523 hechos de lesa humanidad.

Además, sus fallos en los casos que se juzgaron en Misiones, fueron tomados como ejemplo para otras jurisdicciones judiciales.

Comienza en Mendoza el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad

El primer juicio oral en la capital mendocina por delitos de lesa humanidad durante la dictadura comenzará el próximo miércoles cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 comience a juzgar a diez imputados, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, en 19 causas con 32 víctimas.

El juicio se iniciará sin la presencia de Menéndez, principal imputado y ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, debido a otro proceso en Córdoba que le impide concurrir a Mendoza.

El total de los diez imputados están en libertad "por resolución del juez federal Julio Petra Fernández", quien fue denunciado por el Consejo de la Magistratura por haber liberado a los involucrados, detalló a Télam el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

“Estamos en presencia de una situación histórica en Mendoza, por tratarse de un juicio que en forma permanente se intentó impedir su inicio”, reseñó el letrado.

Recordó la resolución reciente de la Cámara Nacional de Casación Penal en la que “apartó a los tres integrantes de la Cámara Federal de Mendoza de las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad en toda la región de Cuyo, Julio Petra Fernández, Alfredo López Cuitiño y Enrique Sosa Arditti y Luis Miret, suspendido este último por el Consejo de la Magistratura”.

A esa situación se agrega “la recusación presentada por el camarista Otilio Romano que le permitió apartar al juez federal Walter Bento de la investigación que el magistrado llevaba a cabo en la que se acusa a Romano de complicidad en la dictadura militar al igual que al juez Luis Miret”.

El juicio oral y público comenzará a las 9 en la sede del edificio del Tribunal Federal de esta ciudad por donde pasarán alrededor de 300 testigos a lo largo de un debate que, según se estima por la cantidad de testimonios, se extenderá seis meses.

Entre los diez procesados se encuentran el ex coronel interventor en Mendoza Tamer Yapur; el ex jefe de Inteligencia de Ejército Paulino Enrique Furio; el ex comisario general (re) Juan Agustín Oyarzabal como segundo jefe del ex D2; el ex policía del ex D2 Celustiano Lucero; los comisarios (re) Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda; el ex general Mario Lépori; el ex oficial de la policía mendocina, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Juan Pablo Saa y Dardo Migno.

De las víctimas, se aguarda la presencia como testigo del abogado Angel Bartolo Bustelo, quien en septiembre de 1976 fue detenido en su residencia particular y luego de recorrer distintos centros de detención fue liberado.

De las 19 causas, donde se investiga la situación de 32 víctimas, se destaca la muerte del periodista y poeta santafesino radicado en Mendoza, Francisco “Paco” Urondo, quien murió de dos balazos en la cabeza en un supuesto enfrentamiento en el departamento de Guaymallén, el 17 de julio de 1976.

Otras del las víctimas son Lidia De Marinis, secuestrada de su vivienda de esta ciudad por un grupo comando, siendo madre de un bebé el 4 de julio de 1976; los estudiantes de Psicología María Alvarado y Juan Gutiérrez, de la vecina provincia de San Juan y que estudiaban en Mendoza; y Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera, psicólogos secuestrados el 12 y 13 de julio en diciembre de 1977, entre otros.

Ordenan pagar la jubilación como ex presidente al ex dictador Bignone

Privilegio de dictador

La jueza Alicia Braghini le requirió a la Anses que le pague la jubilación a Reynaldo Bignone, condenado por secuestros y torturas. Dos fiscales habían denunciado que el pago no correspondía.
   
Por Raúl Kollmann

La jueza federal de primera instancia de la Seguridad Social, Alicia Braghini, ordenó a la Anses que le pague la jubilación como ex presidente a Reynaldo Benito Antonio Bignone, el último dictador del Proceso. En su momento, los fiscales Guillermo Marijuan y Guillermo Montenegro denunciaron que no correspondía que Bignone se llevara al bolsillo los 15 mil pesos que cobraba en 2006 ya que no fue presidente elegido democráticamente, sino de facto. Y el régimen de esas pensiones constituía un reconocimiento, algo incompatible con quien llegó a la Casa Rosada a la cabeza de una dictadura y, además, terminó condenado en abril de 2010 a 25 años de prisión por privación ilegal de la libertad y torturas cometidas en Campo de Mayo. La trama del expediente 34391/2009 es asombrosa e incluye al camarista Bernabé Lino Chirinos, con quien la jueza compartió cátedra en la Universidad de Morón y, además, fue prosecretaria en su sala de la Cámara. Chirinos fue ratificado durante el gobierno de Isabel Perón, ejerció su cargo durante la dictadura y hoy sigue en su puesto en la Cámara de la Seguridad Social.

Con fecha 13 de septiembre, la jueza Braghini dispuso que “se intime nuevamente y por última vez a la Anses para que por quien corresponda, en el plazo de diez días cumpla con la medida cautelar decretada y restablezca el pago de la prestación al acto, Bignone, Reynaldo Benito Antonio”. Es más, la magistrada establece una multa de 50 pesos diarios para el caso de que la Anses incumpla la orden.

En 2006, el fiscal federal Guillermo Marijuan reveló que había recibido una denuncia anónima sobre los 15 mil pesos que cobraba Bignone como ex presidente. Se trataba de una pensión graciable que, según dictaminó el fiscal, sólo correspondía a presidentes constitucionales por cuanto el objetivo era otorgar un reconocimiento a quienes habían pasado por la Casa Rosada. Marijuan presentó una denuncia penal, con el respaldo del entonces titular de la Anses, Sergio Massa, que luego fue tramitada por Guillermo Montenegro, fiscal en aquel momento.

Sobre la base de una ley del también dictador Juan Carlos Onganía, Bignone tramitó la pensión destinada “a los presidentes y vicepresidentes de la Nación cuyo haber, para los primeros, equivale a la suma total de lo percibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizándoseles los derechos hereditarios a las viudas, hijas solteras o divorciadas por culpa del esposo” (sic).

En 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.475 que les quita los beneficios “a todos los funcionarios del llamado Proceso de Reorganización Nacional, comprendido entre los años 1976 y 1983, declarándose extinguidos los beneficios dispuestos en reconocimientos por los cargos o funciones ejercidos”. La ley vino a refrendar los dictámenes de Marijuan y Montenegro.

El expediente 34.391 –denominado Bignone Reynaldo Benito Antonio c/Anses s/inconstitucionalidades varias– recayó en manos de Braghini, que fue prosecretaria de la sala en que revista Chirinos con quien, además, compartía cátedra en la Universidad de Morón. Llamativamente, el hermano de Chirinos, Eduardo, es secretario de la Cámara, es decir que justo por sus manos pasan los sorteos por los cuales se asigna el juez a cada causa. Lo asombroso es que Bignone cobraría su jubilación de privilegio después de haber sido condenado a 25 años de prisión por 44 secuestros, 38 casos de tormentos, 11 allanamientos ilegales y seis robos. El fallo de la Cámara Federal de San Martín, que dictó la condena en abril, dispuso también que cumpla la condena en una cárcel común, revocando la prisión domiciliaria. Por otra parte, el ex dictador también aparece involucrado en el proceso en el que figura Luis Abelardo Patti como principal imputado y en el que se investigan asesinatos y secuestros en la zona de Escobar, Zárate y San Nicolás. Después de la debacle de Malvinas, Bignone terminó poniéndole la banda presidencial a Raúl Alfonsín en 1983 y se le adjudica la responsabilidad en el quemado de los archivos de las Fuerzas Armadas, precisamente para borrar las pruebas de la represión.

No faltan quienes en Tribunales consideran que la eventual restitución de la jubilación como presidente a Bignone constituye un antecedente para que otros dictadores pretendan el mismo beneficio. Frente a la consideración de que la pensión es un derecho adquirido se opuso el criterio de que esos beneficios fueron mal adjudicados, porque no puede haber reconocimiento alguno a quienes irrumpieron en la Casa Rosada en forma ilegal

Cadena perpetua para tres represores santiagueños por un asesinato durante la última dictadura

El tribunal oral federal de Santiago del Estero resolvió ayer condenar a prisión perpetua a los represores santiagueños, los ex comisarios Musa Azar, Tomas Miguel Garbi y Ramiro López Veloso, por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamelezky durante la última dictadura militar.

El máximo tribunal, integrado por Josefina Curi, que lo presidía y las camaristas Marina Cossio de Mercau y Graciela Fernández Vecino, encontró culpables a los ex comisarios de los delitos de "allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio agravado" de Kamenetzky.

En el caso de López Veloso, la sentencia lo indica como "autor material" de los disparos de arma de fuego realizados a corta distancia que terminaron la vida con el estudiante de 18 años que cursaba el primer año de abogacía en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE.

Para los tres represores condenados, que dirigían el Departamento Informaciones Policiales la justicia federal ordenó que la condena se cumpla en una cárcel común, en este caso en el Penal Federal de Colonia Pintos, ubicado a 48 kilómetros al sur de la capital santiagueña.

En el caso del "temible" Musa Azar, que se encuentra alojado en una sala del Hospital Independencia, ubicado frente al edificio del Juzgado Federal de Santiago del Estero, se aguardaba que en las próximas horas sea trasladado a la prisión federal, en la que permanecen detenidos Garbi y López Veloso.

Durante la lectura de la sentencia, los represores no ingresaron a la sala repleta de familiares de desaparecidos y dirigentes de organizaciones de derechos humanos y optaron por seguir el tramo final del juicio en una sala contigua y a través de un circuito cerrado de televisión.

En la misma causa, también se encuentran procesados los ex militares Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi, que serán juzgados en otra instancia.

Asimismo, el máximo tribunal informó que el martes 9 se darán a conocer los fundamentos de la sentencia, que ayer fue dictada en presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luís Duhalde, acompañado del subsecretario de la misma cartera, Luís Alem.

Durante la ronda de alegatos, las partes querellantes y el fiscal Gustavo Gimena, coincidieron en solicitar una condena de "prisión perpetua de cumplimiento efectivo en una cárcel común e inhabilitación absoluta" por considerar que los delitos imputados "quedaron plenamente demostrados" en el juicio oral y público.

Para los querellantes, los represores del Departamento de Informaciones Provinciales (DIP) "formaban parte de una empresa criminal conjunta que ingresaba y sacaba presos políticos de la cárcel sin orden judicial, manejando todo en forma clandestina e ilegal".

Por su parte, los abogados defensores de Azar, Garbi y López Veloso, habían pedido la absolución de los represores por interpretar que las acusaciones "fueron presunciones, en un manto de dudas y sin certezas".

En la misma sentencia, el tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de prescripción penal y de inconstitucional realizado por los representantes legales de los represores, que hicieron reserva del caso federal.

Kamenetzky fue asesinado en la madrugada del 13 de noviembre de 1976, en un cuestionado intento de fuga, tras permanecer más de cuatro meses detenido en el Penal de Varones y en la DIP que dirigía Musa Azar, secundado por Garbi, dependencia en la que permaneció alojado 22 días antes de ser indagado por el ex juez Liendo Roca.

Adela Kamenetzky, hermana de la víctima, aseguró que "por fin se hizo justicia, ahora mi hermano podrá descansar en paz" y pidió el acompañamiento de los santiagueños "para seguir juzgando y castigando a los responsables de delitos de lesa humanidad".

El grito de "asesinos..asesinos" y el cántico "a dónde vayan los iremos a buscar", acompañó la salida de los represores condenados, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y Policía Federal.