El próximo 18 de septiembre se cumplen
12 años de la desaparición forzada en Argentina de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio contra el
ex-comisario Miguel Echetcolatz, condenado por genocidio por su participación
en los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en Argentina
(1976-1983).
El secuestro, ejecutado por miembros de
los cuerpos de seguridad de la provincia de Buenos Aires, tenía como objetivo
paralizar el desarrollo de este juicio, que finalmente pudo concluir con una
sentencia histórica ya que por primera vez un tribunal argentino condenó a un
represor de la dictadura por el delito de genocidio a la pena de reclusión
perpetua, que está cumpliendo en una cárcel común.
La desaparición de Jorge Julio López es
uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la
vigencia del aparato represivo sostenida por la pasividad cómplice del gobierno
argentino. Ello se manifiesta en las continuas amenazas y agresiones sufridas a
lo largo de los años por testigos, querellantes, organismos de derechos
humanos, abogados e incluso jueces y fiscales, cuya finalidad es frenar el
desarrollo de los juicios contra los responsables, ejecutores y cómplices de
los crímenes de la dictadura.
El accionar desde el Estado y sus
aparatos para asegurar la impunidad de los represores ha experimentado una
nueva vuelta de tuerca bajo la actual presidencia de Mauricio Macri: un
empresario apadrinado por los sectores directamente vinculados al golpe del 76,
y que desde su llegada al poder no ha dudado en poner en marcha todos los
recursos necesarios para acabar con los juicios, llegando incluso a cuestionar
directamente la existencia de lxs 30.000 desaparecidxs.
La política represiva de hoy tiene su
correlato en las prácticas genocidas de ayer, en el brutal ataque contra los
derechos sociales de hoy, mediante la aplicación de una política ultra-liberal
sin anestesia con unos beneficiarios
concretos: grandes productores y exportadores, especuladores de todo tipo a
nivel nacional e internacional. Hace los deberes que el FMI le ordena, a costa
de los recortes sociales, de derechos en todos los ámbitos en que las clases
más desfavorecidas siguen perdiendo todo menos el hambre.
Las movilizaciones contra estas
políticas son constantes, la resistencia se incrementa, pero el gobierno de
Macri además de la bendición de Trump y del FMI, también recibe una ayudita de
la oposición en aprobar medidas de represión social, y en acuerdos gremiales
por detrás de los auténticos protagonistas. Y cada día hay un nuevo motivo
contra el que luchar ya que no hay nada que no destruya el gobierno macrista y
sus secuaces, incluida la vida del niño Ismael Ramírez, de 13 años, recientemente
asesinado en el Chaco ante un supermercado en una protesta contra la subida del
precio de los alimentos.
Y en este recuento de dolor, es
obligado recordar también a aquellxs militantes que murieron a mano del Estado,
como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Pero asimismo, tenemos que tener
presentes a aquellxs que lucharon toda su vida contra la impunidad, por la
vigencia de los derechos humanos de ayer y de hoy, como Jorge Julio López y
como la recientemente fallecida Chicha Mariani: abuela incansable que durante
décadas buscó a Clara Anahí, su nieta robada por los militares con tan sólo 3
meses.
Por todo ello, invitamos a participar
en el acto que tendrá lugar en Madrid el 18 de septiembre, en el que
debatiremos sobre la lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado de
ayer y hoy en Argentina.
Casapueblos
Solidaridad Obrera
18 de septiembre de 2018, 19hs - Proyección del video “Chicha Mariani: esperanza y dolor”
Local de Solidaridad Obrera.
c/Espoz y Mina, 15-1º
Metro Sol
