¿GRAN JUICIO DE LA ESMA?

No nos queda más remedio que salir al cruce de las temerarias afirmaciones que se vienen volcando en algunos medios acerca del "Gran Juicio de la ESMA" que se avecina. Considerando que se hace mención específica a la protección de los testigos de los juicios, en ese carácter y como querellantes en la causa, nos permitimos desautorizar a que se interprete por cuenta propia la mejor manera de "protegernos". La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura.

A casi cinco años de la anulación de las leyes de impunidad vemos con preocupación extrema que algunos sectores se refieren en términos cuasi halagüeños al juez Torres y destacan que envió a juicio oral a "casi una decena" (10) de represores por la desaparición de "casi una centena" (89) de compañeros. Olvidan señalar que eso ocurrirá solo si se acumulan en un único juicio oral cinco de los muchos tramos en los que despedazó la causa. Tampoco recuerdan que en la ESMA actuaron "centenares" de represores y que desaparecieron casi 5000 compañeros ¿Cómo pueden hablar de mega causa, de gran juicio de la ESMA, cuando aún unificando todos los tramos ya elevados a debate oral, solo se investigará a un minúsculo grupo de genocidas por un número reducidísimo de víctimas? Y que esto sea así es esencialmente responsabilidad del juez Sergio Torres. Porque desguazó en expedientes mínimos la causa sobre el campo de concentración con más pruebas: ya en el año 1979 los primeros sobrevivientes denunciaron públicamente a decenas de represores; poco después Víctor Basterra aportó a la justicia un dossier donde figuran las fotos, nombres, apellidos y grados de más de cien genocidas; en el juicio contra Scilingo llevado a cabo en Madrid se recopilaron y completaron los datos suficientes para rápidamente procesar a todos. Pero además, el juez Torres determinó que los pocos detenidos gozaran de prisiones de lujo en cuarteles de la propia fuerza o en sus propios domicilios. Así fue posible el asesinato por envenenamiento del prefecto Febres en la sede de la Prefectura de Tigre.

Al mismo tiempo que se difunden mentiras sobre la magnitud del futuro juicio oral, en el primero de los cuatro tramos elevados, el Tribunal Oral Federal Nº 5 ha decidido negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de DD.HH. querellantes, el derecho a tener voz durante el juicio. También se lo niega en el segundo y en el tercero y suponemos que lo hará en el cuarto. Y lo hace a pesar de saber (¿o porque sabe?) que este colectivo es el único que pide condena por genocidio y la acumulación de todos los expedientes en un solo juicio oral. Va de suyo que apelaremos hasta llegar a la Corte Suprema estas resoluciones arbitrarias de los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, pero no podemos dejar de mencionar que aparece como represalia a nuestro pedido de juicio político por su responsabilidad en no haber evitado que sus cómplices de ayer y de hoy asesinaran al genocida Febres cuándo y cómo quisieron.

Si solo estos diez represores son llevados a juicio y condenados, los otros centenares de asesinos de la marina -incluidos los que mataron a Febres- seguirán conviviendo con nosotros manteniendo a los testigos y a todo el pueblo en un total estado de indefensión y a ellos en un total estado de impunidad; la misma indefensión de la que fue víctima nuestro compañero Julio López y la misma impunidad de la que gozan sus captores.

Esta situación sólo podrá superarse si se juzga y condena a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos. Esa sí sería la mega causa ESMA que además de permitir juzgar de una buena vez a los genocidas del campo de concentración con más pruebas del país, evitaría que decenas de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos fueran obligados a prestar testimonio una y otra vez, siempre para juzgar a un reducido número de represores y por tan sólo una parte de los crímenes que cometieron. Entonces sí podremos decir, que más allá de los discursos, se ha tomado el camino que desde hace 25 años venimos reclamando: que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos




ESMA: siete represores que no están imputados.


Siete represores fueron ubicados e identificados, y como hasta la fecha no tienen orden de detención, sus víctimas decidieron dar a conocer sus nombres a la prensa. En la misma conferencia, el colectivo de organizaciones Justicia Ya! denunció que el Tribunal Oral Federal 5 “intenta silenciar la voz de sus abogados en los juicios”, a partir de la unificación de las querellas en los tramos de la causa ESMA ya elevados a proceso oral y público.

“Uno de los argumentos que dieron los jueces del TOF 5 es la necesidad de que haya ‘igualdad de armas’, es decir, que si un represor tiene dos abogados, del otro lado no puede haber cinco, como si fueran juicios comunes”, explicó la abogada Myriam Bregman . “Que junten a más represores, eso es un problema de cómo hacen los juicios, en lugar de eso reducen la presencia de los abogados de las víctimas y así están desdibujando la dimensión del plan masivo”, completó.

Por la ESMA pasaron unos cinco mil detenidos-desaparecidos y hay 300 represores denunciados. Según Justicia Ya!, es la causa con más pruebas del país, pero fue “desmembrada en expedientes mínimos por el juez Sergio Torres”. Sólo hubo un juicio oral vinculado a esta causa, contra el represor Héctor Febres, por cuatro casos, y sin sentencia porque fue asesinado en su lugar de detención, donde gozaba de increíbles privilegios y libertades. Este año fueron elevados a juicio cuatro tramos más (Donda-Capdevilla-Montes, Testimonios A, Walsh y Santa Cruz, parte 1), y en los dos primeros que se acumularon “el Tribunal Oral Federal 5 decidió negarle a Justicia Ya!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de derechos humanos, el derecho a tener voz durante el juicio”. De hecho, el TOF 5 determinó que habrá dos cabezas de querella: la de Víctor Basterra, representada por Rodolfo Yanzón, y la de Mauricio Brodsky, en manos de Carolina Varsky. “Me separan de Basterra, con el que estuve un año y medio presoseñaló Carlos Lordkipanidse. Bregman apuntó que “usaron en cada caso argumentos diferentes, en el de Basterra porque fue el primero que se presentó, y en el de Walsh dijeron que con una querella alcanzaba y eligieron a su hija, por ser víctima directa,, pero no tuvieron el mismo criterio en el caso Donda, donde la mayoría de las víctimas directas son de Justicia Ya!”.

A criterio de este colectivo, la decisión del TOF 5 es una “represalia” por el pedido de juicio político que presentaron ante el Consejo de la Magistratura por la responsabilidad de no haber prevenido el asesinato del represor Febres. Y creen que también incidió su insistencia con que los juicios sean televisados y en salas con gran capacidad. “El TOF 5 llega al extremo de decir que la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos tiene un ‘interés difuso’ sobre los hechos, cuando sus miembros fueron víctimas directas, como si fuera lo mismo que el reclamo de una ONG sobre los pingüinos empetrolados”, protestó Bregman. Y precisó que el mayor perjuicio es que “ya no habrá alegatos por genocidio”, como entiende Justicia Ya! que deben ser considerados los hechos que se juzgan.

En un escrito remitido al juez Torres, aportaron nombres y direcciones de Víctor Olivera, alias “Lindoro”, acusado del asesinato de Raimundo Villaflor; Raúl Cejas, alias “Leo”, torturador de Lordkipanidse y denunciado por su propia familia; Paulino Altamira, Daniel Cuomo, Juan Daer, Daniel Bravo y Ramón Monjes. “Los difundimos en la prensa porque el juez no hace nada”, declaró Carlos Lordkipanidse.

Juicio a Menéndez : declaró un testigo de los "camiones de la muerte"


Julio Suárez, de 53 años, relató ante el tribunal del juicio que cumplió con el servicio militar obligatorio en el Batallón de Comunicaciones 141, dependiente del Tercer Cuerpo del Ejército, y que fue testigo de parte del "horror" que se vivía en ’La Perla’, uno de los centros militares de detención clandestina.
El testigo realizó la ’colimba’ entre 1975 y 1976, y estando en esa unidad vio en una oportunidad que uno de los camiones Mercedes Benz, o ’Menéndez Benz’, que era utilizado únicamente por oficiales y suboficiales, llegó a la dependencia "todo ensangrentado en la parte de la caja, con restos humanos y pelos".
Estos camiones, según el testimonio de las víctimas de los secuestros, se los conocía como el "camión del horror y el camión de la muerte", porque cada vez que aparecía "anunciaba que alguien iba a ser cargado para luego fusilarlo", había manifestado una de las sobrevivientes, Teresa Meschiati.
Suárez, quien sobrevivió a un "ataque de guerrilleros" cuando se transportaba en un camión junto a un cabo y otro soldado, el suboficial fue muerto de dos balazos en la cabeza por los atacantes, fue "alojado en una celda militar en calidad de incomunicado", porque lo responsabilizaban del incidente.

A raíz de este hecho fue llevado "vendado" a los ’campos de concentración" de La Perla y Campos de la Rivera para que observara a personas secuestradas e identificara si entre ellos a los posibles atacantes.
"No identifiqué a nadie", manifestó Suárez y detalló que la mayoría de las personas que le mostraron estaban "desnudas, tanto hombre como mujeres atadas de pies y manos, muy golpeadas y con signos de trato violento".
También recordó que en una patrulla fue llevado como chofer de un camión ’unimog’ y fue partícipe de otro incidente fatal, el cual ocurrió en la capital cordobesa cuando un automóvil Falcon se escapó al verlos, situación que motivó la inmediata reacción de los militares y comenzaron a dispararle hasta que el auto se estrelló contra un poste. "Eran dos chicos hijos de un oficial de la Fuerza Aérea que le habían sacado el auto al padre, y por temor a que le pidan documentos se escaparon. Luego me enteré que murieron, pero desconozco las circunstancias", agregó el ex soldado, quien además dijo que a cargo del Batallón estaban un teniente coronel Anadón y un mayo de apellido Stromberg.

Luego testimonió Soledad Beatriz Chávez, hija de una de las víctimas asesinadas de esta causa denominada ’Brandalisis’, Hilda Flora Palacios.
La testigo tenía un año y dos meses cuando su madre fue secuestrada junto a otras dos personas, Ofelia del Valle Juncos y Víctor Olmos, el 6 de noviembre de 1977.
Ella y su hermana Valeria de tres años fueron entregados después a sus abuelos paternos.
Los restos óseos de la madre de la mujer de 33 años le fueron entregados luego de una exhumación en una fosa común en el cementerio San Vicente, en el 2003, y tras los resultados de la contrastación de muestras de ADN. "Fue una búsqueda incesante, no saber de dónde venís, quién te engendró. Es un vacío de vida que se siente al saber que mi madre es una foto con un número (fecha de nacimiento) en un afiche, es algo atemporal y sin vida, que nunca envejece", manifestó emocionada y con lágrimas la mujer al ser preguntada por la querella el cómo vivió la ausencia de su progenitora.
Finalmente dijo que sintió el "horror en vivo y en directo" cuando le fueron entregados los "huesos fragmentados: eso no puede ser una madre, nadie puede hacerle eso a una madre, pero con esos restos pude tener una conexión materna y saber que no he nacido de la nada", concluyó.
Luego de un cuarto intermedio dispuesto a las 12.50, los testimonios se reanudarán a las 15. Además de Menéndez, en esta causa se encuentran imputados los militares retirados Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone. Los imputados están acusados de los delitos de privación ilegitima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado por el secuestro, tortura y asesinato de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, hechos ocurrido el 15 de diciembre de 1977.

Piden perpetua para los policías responsables de la Masacre de Fátima

Es la pena máxima y la solicitó la Fiscalía para los tres imputados por los homicidios cometidos contra 30 prisioneros en la dictadura.

El pedido fue realizado por el fiscal Félix Crous, titular de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, al término de su alegato expuesto hoy ante el Tribunal Oral Federal 5, por la denominada "Masacre de Fátima" cometida durante la última dictadura militar.
Fundamentó su acusación por los delitos de "privación ilegal de la libertad y homicidios" contra los ex comisarios Miguel Timarchi, Carlos Gallone y Juan Lapuyole.
Para el fiscal los acusados fueron activos partícipes de lo que denominó "horribles crímenes" que culminaron con una "masacre" cometida hace más de 30 años.
Los hechos juzgados en este proceso sucedieron la noche del 19 al 20 de agosto de 1976, cuando 30 prisioneros que estaban secuestrados en la Superintendencia
Los sacaron de ese lugar a bordo de un camión militar, los llevaron a otro lugar donde los asesinaron a balazos y después trasladaron los cuerpos hasta la localidad de Fátima, en el partido de Pilar, donde los dinamitaron.

Según consideró el fiscal, Lapuyole actuó como el "jefe del aparato organizado de esa estructura criminal" que funcionó en Coordinación Federal durante la década del 70, por lo que lo responsabilizó de ser el "autor mediato" de los asesinatos, mientras que a los otros dos policías los encuadró como "coautores".
Crous enumeró que antes de su muerte los detenidos fueron "torturados, humillados y vejados" y luego enterrados como NN en "cajones de madera para indigentes" en el cementerio de la localidad bonaerense de Derqui, también en Pilar.
"No hubo persona que haya estado en ese infierno que no hubiese sido sometida a torturas, violaciones, vejaciones y condiciones de vida inhumanas e indignas", dijo Crous, quien refirió que el "traslado" de las víctimas fue "supervisado" por los imputados.

El fiscal resaltó la declaración testimonial que brindara en el juicio por el ex policía Armando Víctor Luchina, quien declaró que la noche de los hechos estaba a cargo de la guardia en esa dependencia y acusó a sus tres jefes, a quienes vio dando órdenes y supervisando el operativo, frente a las coartadas de los acusados que negaron haber estado en el centro clandestino de detención esa noche.

Matanza de Fátima



En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.

El 19 de Agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8, mientras aviones sobrevolaban el área, y se veían los tristemente famosos "Ford Falcon" recorriendo la zona. Poco después de las cuatro de la madrugada siguiente, una gran explosión despertó a toda Fátima, una localidad de la Provincia de Buenos Aires.

Poco antes habían llegado al lugar del estruendo una camioneta y un furgón. Nadie se atrevió a ir al lugar para ver lo sucedido.

Los obreros de un horno de ladrillo cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros. Casi inmediatamente fue cercada la zona por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas. Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar.

Según el parte policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento. Los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Pte. Derqui, de donde fueron exhumados años más tarde para su identificación.

A partir de un notable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se pudieron identificar once víctimas más. Una de las primeras identificadas por los antropólogos fue Susana Pedrini de Bronzel, en cuya memoria se nombró una calle en el centro de Pilar, concretamente en la plazoleta que está a metros del tanque de agua. La mitad de las víctimas pudieron ser identificadas por familiares y amigos gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Así se pudieron reconocer, muchos años más tarde, a: Inés Nocetti; Ramón L. Vélez; Ángel O. Leiva; Alberto E. Coma;Conrado Alzogaray; Daniel Argente; José D. Bronzel; Susana Pedrini de Bronzel; Carmen Carnaghi; Haydée Cirullo de Carnaghi; Norma S. Fontini; Selma J. Ocampo;Horacio O. García Gastelú; Carlos Raúl Pargas;Raúl Ricardo Herrera;Juan Carlos Vera.

Uno de los imputados en la matanza es el inspector Carlos Enrique Gallone, cuya foto "consolando" a una madre impactó tremendamente en la opinión pública. Hoy queda en evidencia.


Juicio a Menéndez: Un documental reveló el enterramiento clandestino de desaparecidos



El documento fue proyectado durante la sexta audiencia del proceso contra el represor y otro siete militares. Se trata del informe multimedia "El horror está enterrado en San Vicente", realizado por los periodistas cordobeses Ana Mariani y Juan Carlos Simo. Un documental que revela el enterramiento clandestino de desaparecidos en un cementerio de la capital de Córdoba, y el testimonio de la coautora, actividad que se desarrolló dentro del marco de la sexta audiencia del juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez y otro siete militares.

La audiencia, que comenzó a las 10.35 y concluyó a las 11.15, se proyectó el documental multimedia "El horror está enterrado en San Vicente", elaborado por un equipo liderado por los periodistas cordobeses Ana Mariani y Juan Carlos Simo, ambos del diario local La Voz del Interior.

El documento fue realizado para internet tomando como fuente a distintos medios, con base en los documentos sobre los trabajos de exhumación de los cuerpos que realizó en el 2002 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el cementerio de San Vicente, ubicado en el este de la ciudad de Córdoba.

En ese lugar se abrieron fosas comunes y se "amontonaron" más de 40 cuerpos de desaparecidos que fueron enterrados ilegalmente por la estructura militar represora, entre los que se encontraba el de Hilda Flora Palacios, una de las víctimas de este proceso de enjuiciamiento, consta en el documental incorporado como prueba.

Todos los imputados, Menéndez; Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luís Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone, pidieron retirarse de la sala de audiencia durante la exhibición y fueron alojados en una sala contigua.

Mariani, quien testimonió ante el tribunal de enjuiciamiento integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, explicó que realizó el trabajo "movilizada por el interés social por que se conociera la identidad de los cuerpos exhumados".

Asimismo precisó que los informes forenses revelaron que "los cuerpos de muchos jóvenes fueron enterrados desnudos y con signo de violencia", y que actualmente quedan restos sin identificar.

La audiencia continuará la semana que viene con nuevos testimonios de las víctimas sobrevivientes del ’campo de concentración’ de ’La Perla’, que funcionaba en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército y que estaba, entre otros, a cargo de Menéndez.
El juicio en esta causa denominada ’Brandalisis’ comenzó el 27 de mayo y se investiga sobres los actos de secuestro, tortura y muerte de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, ocurridos el 15 de diciembre de 1977.

Menéndez : reconocimiento irrefutable de sobrevivientes


Una sobreviviente de La Perla reconoció a los acusados, que estaban en la sala. Recordó que el agente de inteligencia Ricardo Lardone criticaba a Menéndez por haberse quedado “con valijas llenas de dólares y no repartirlas”.

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Con un pormenorizado relato de cinco horas de la sobreviviente Teresa Meschiati, dos años y tres meses secuestrada en el centro clandestino La Perla, comenzó ayer la ronda de testigos del juicio al general retirado Luciano Benjamín Menéndez y siete de sus subordinados del Destacamento de Inteligencia 141, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba. La testigo, de 64 años, radicada en Suiza desde su liberación, reconoció uno por uno a los imputados, detalló sus roles y alias en La Perla y aseguró que “de la tortura no se vuelve jamás”.

Menéndez & Cía. son juzgados por el secuestro, tormentos y asesinato de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores a fines de 1977. Meschiati fue la primera de los 31 testigos previstos. A diferencia de los juicios por delitos de lesa humanidad en tribunales porteños, donde fotógrafos y camarógrafos tienen prohibido el acceso y los imputados tienen la posibilidad de mezclarse entre sus abogados y colaboradores, en Córdoba –igual que en La Plata o Corrientes– la prensa puede tomar imágenes de los represores y los testigos conocerles la cara. Recién después del reconocimiento por parte de Meschiati, el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gaiver, autorizó a que se retiraran los tres imputados que lo solicitaron: Menéndez, el coronel retirado Hermes Rodríguez y el suboficial principal retirado Carlos Vega.

La testigo recordó haber visto “al menos dos veces” a Menéndez en La Perla. Detalló que el jefe de interrogadores era el mayor Ernesto Barreiro, preso en otra causa. Entre quienes participaban de sesiones de torturas reiteró varias veces el nombre del sargento ayudante retirado Luis Manzanelli. Sindicó al capitán retirado Jorge Exequiel Acosta como jefe de los operativos de calle y, si bien reconoció que el represor estuvo preso en octubre de 1977, aclaró que luego volvió a La Perla. De ese modo desacreditó la versión de Acosta, que aspira a demostrar que para la fecha de los secuestros estaba en otro destino. Recordó que el personal civil de inteligencia Ricardo Lardone criticaba a Menéndez por haberse quedado “con valijas llenas de dólares tras el asalto al Castillo (donde secuestraron a varios miembros de Montoneros) y no repartirlas a sus subordinados”.

Sobre Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, las víctimas por las que se realiza el juicio, Meschiati dijo recordarlos aunque en aquel momento desconocía sus nombres. “Recuerdo haber visto a esos cuatro chicos. Brandalisis era el más alto, estaba la chica esa Palacio, morenita, con labios muy lindos. Tampoco supe que después habían aparecido en un enfrentamiento fraguado”, aclaró.

“De la tortura no se vuelve jamás. Es un antes y un después. Yo hace 32 años que me pregunto por qué pasó esto”, dijo Meschiati, pareja de un dirigente montonero, secuestrada el 25 de setiembre de 1976 y liberada el 28 de diciembre de 1978. “Me sentía como un pollo al spiedo. Mi cuerpo hervía cuando me sacaban de la tortura”, detalló, aunque confesó que la peor humillación la sufrió al ser exhibida desnuda ante los miembros de Gendarmería que cubrían las guardias en La Perla.