Violencia sexual de la dictadura marcha a juicio

Por Marcela Valente
Pasaron casi tres décadas de la recuperación de la democracia en Argentina y solo ahora salen a la luz con fuerza una serie de delitos sexuales contra personas detenidas, que habían quedado en segundo plano en los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por la última dictadura.

"No es que antes no se decía, es que no se podía escuchar", sintetizó para IPS Lorena Balardini, socióloga e investigadora, co-autora de la investigación "Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención", trabaja junto a la abogada Ana Oberlin y a la psiquiatra Laura Sobredo para que al fin estos delitos emerjan a la luz pública y sus responsables sean condenados.

Estas tres profesionales del CELS, integrado por especialistas de distintas áreas en el combate a la impunidad de la represión dictatorial de 1976 a 1983, no sólo escribieron ese estudio. También realizan seminarios para sensibilizar a operadores judiciales en los que participan personalidades como el ex juez español Baltasar Garzón y miembros de tribunales penales internacionales.

Por el momento la cosecha es magra en tribunales en relación a los delitos sexuales en ese periodo. Una sola condena se dictó hasta ahora y fue contra el represor Gregorio Molina, en junio de 2010. Los fundamentos son "excelentes", señaló Balardini, pero es la única sentencia.

"Hay mucha reticencia de los operadores judiciales", denunció la experta. La mayoría considera que estos delitos están comprendidos dentro del de "tormentos", pero subsumirlos es una forma de ocultarlos, explicó.

"Si en la legislación penal hay un delito específico diferenciado, subsumirlo en otro es quitarle entidad. Lo que queremos es que se vea que hubo una práctica de violencia sexual dentro del plan sistemático de represión", puntualizó. Para ello, lo que falta es que el Poder Judicial asuma la investigación de estos delitos. Pocos lo hacen. Algunos lo están tomando para analizar. "Vamos avanzando. Pero tuvimos más fracasos que logros", reconoció.

Un lego podría suponer que, después de tantos años, el delito sexual es difícil de probar. Pero la experta explicó que en crímenes de lesa humanidad, donde las víctimas sufren todo tipo de vejámenes y torturas en centros clandestinos en el marco de gobiernos ilegales, la prueba fundamental se basa en los testimonios.

Es imposible probar cada caso de tortura cuando la víctima está sola, desnuda, atada en un camastro en una sala donde sólo hay otros torturadores. Otros testigos, si los hay aún vivos, sólo pueden coincidir en que la escucharon gritar o que la vieron salir de allí herida, indicó.

Balardini remarcó que las mujeres están denunciando ahora más que antes los delitos sexuales. Y se abrió una hendija por donde algunas causas prosperan. En los años 80, "ni la justicia ni la sociedad lo podían escuchar y darles lugar", sostuvo.

La dictadura dejó en sus siete años de terrorismo de Estado unos 11.000 desaparecidos registrados hasta ahora, pero las organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas elevan esa cifra a 30.000.

La verdadera caza que se desató contra guerrilleros, militantes partidarios, sindicalistas y de otras organizaciones sociales y hasta de personas solo para robarles llenó los numerosos campos de concentración, donde eran torturados y la mayoría "trasladados", un eufemismo para quienes eran ejecutados o arrojados vivos desde aviones al océano Atlántico o al Río de la Plata. Entre las vejaciones, el ataque sexual a mujeres y también a hombres era una práctica sistemática.

Los principales jefes de la dictadura fueron condenados, varios de ellos a cadena perpetua, en juicios que trascendieron fronteras en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), pero luego se aprobaron dos leyes que alejaron de tribunales a todos los uniformados acusados y, con Carlos Menem en la Presidencia (1989-1999), llegaron los indultos para los militares presos.

Este proceso de impunidad solo comenzó a revertirse en 2005 tras la llegada al gobierno del hoy fallecido Néstor Kirchner. El parlamento anuló los indultos y las dos normas, de "obediencia debida" y de "punto final", y la Corte Suprema de Justicia también declaró inconstitucional ese paquete legal. Se reabrieron los procesos y hoy hay más de 360 causas en marcha en todo el país.

En esta nueva etapa judicial, los abusos contra las detenidas, obligadas a desnudarse delante de los guardias, vejadas, manoseadas, violadas o forzadas a tener sexo, cobraron una trascendencia que no habían tenido en los juicios de los años 80.

Hay algunos pocos jueces que ante los casos que aparecen piden una investigación específica en el marco del llamado "delito contra el honor". La mayoría los admite, pero como parte del más amplio crimen de "tormentos". "En la causa del Primer Cuerpo de Ejército (uno de los centros clandestinos de detención) era impresionante la cantidad de víctimas dando cuenta de delitos sexuales, sin embargo, quedan invisibilizados dentro de las sentencias como casos de tormentos", remarcó Balardini.

En al trabajo sobre violencia se recogen testimonios de mujeres detenidas. En algún caso, sus esposos, secuestrados con ellas, siguen desaparecidos. En otros, las mujeres recuerdan que les arrebataron a sus hijos y por eso minimizaban esos otros delitos.

"Recién hace poco lo pude decir". "Dentro del horror que se vivía en los campos de concentración, una violación parecía como algo secundario", relata una de las mujeres, citadas sin nombre en el artículo.

Hubo casos también de mujeres obligadas a vestirse y arreglarse para salir de la prisión ilegal y acudir a un apartamento para tener sexo con alguno de los represores, una práctica forzada cuyo rechazo podía pagarse con un "traslado" (muerte), pero que las degradaba tremendamente, según pueden decir ahora.

Las autoras sostienen que en los años 80, los procesos judiciales tenían "aspiraciones acotadas" y los testimonios estaban enfocados a probar la existencia de un plan sistemático de represión. Por eso los delitos sexuales no aparecieron en la sentencia contra los ex comandantes de la dictadura.

Frente a la dimensión del plan de exterminio, el objetivo de probar la represión opacó vivencias individuales que quedaron en segundo plano. En cambio ahora se registra un "salto cualitativo" en los testimonios, subrayan las autoras.

Los sobrevivientes, hombres y mujeres, no relataron esos padecimientos en parte porque creían que era prioritario entonces, apenas recuperada la democracia, conocer el destino de los que permanecían desaparecidos o preservar a sus familias de esos relatos más íntimos del horror.

Pero en esta segunda etapa, las sobrevivientes parecen más preparadas a revelar esa experiencia. Hay además una enorme producción académica del movimiento de mujeres que contribuye a dar visibilidad a estas acciones criminales, precisan las autoras del estudio.

Balardini consideró también un "hito fundamental" las sentencias de los tribunales penales internacionales de la ex Yugoslavia y por el genocidio de Ruanda en los años 90, cuando se reconocieron los ataques sexuales como delitos de lesa humanidad.

Señaló, incluso, que las recientes denuncias de violaciones sexuales que habría utilizado como arma de guerra el líder libio Muammar Gadafi son consecuencia de esa mayor visibilidad que tienen hoy estos delitos como parte de situaciones de conflicto armado en el mundo.

Mar del Plata: comienza el juicio contra 17 ex represores por delitos lesa humanidad

CCD La Cueva
Diecisiete acusados por delitos de lesa humanidad estarán en el banquillo. El asesinato de abogados laboralistas durante La Noche de las Corbatas es uno de los casos juzgados.
 

Comenzará el juicio oral por 85 casos de secuestros y desapariciones en Mar del Plata y Necochea, entre ellos los de La Noche de las Corbatas, ocurrida en junio de 1977, cuando la dictadura secuestró a los abogados laboralistas más activos de la ciudad. Los acusados son 17 militares y policías que actuaron en cuatro centros clandestinos de detención de la zona balnearia. Hay más de 300 testigos citados a las audiencias, que estarán a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Este es el segundo juicio que se realiza por hechos sucedidos en La Cueva, el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata. Entre los 17 procesados hay ex integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la policía bonaerense. Algunos fueron parte de la patota de La Cueva y otros son policías que habían comenzado a secuestrar antes del golpe, en el año ’75.

El abogado querellante César Sivo explicó que en este expediente se unificaron varias investigaciones que tienen como punto en común el paso de los detenidos por la comisaría 4ª de Mar del Plata. La seccional, detalló, “funcionó como centro clandestino de detención desde 1975, cuando el Ejército le asignó esa función porque era la que tenía el mayor número de calabozos. Después del golpe del ’76 siguió siendo utilizada. Era un lugar de tránsito, de donde llevaban a los secuestrados a La Cueva para torturarlos, y que recibió también a personas que habían sido detenidas en Necochea”.

Uno de los procesados más conocidos es Alfredo Manuel Arrillaga, ex teniente coronel que durante el gobierno de Raúl Alfonsín estuvo a cargo de la represión al copamiento de La Tablada. Arrillaga fue una figura con peso en las camarillas del Ejército, al punto de que llegó a ser vicepresidente segundo del Círculo Militar. En este juicio, deberá responder por haber sido el jefe de operaciones de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea (AADA) 601, y como tal responsable del diseño de todos los operativos represivos de la patota de La Cueva, entre ellos los de La Noche de las Corbatas.

Arrillaga no era el único militar que gozó, tras la dictadura, de reconocimiento. Jorge Luis Toccalino, un coronel que fue el responsable del circuito represivo de Necochea, presidía la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad cuando fue detenido, en el año 2008. Entre los acusados están también los ex jefe y subjefe de la Base Aérea, el comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el brigadier José Beccio.

Y hay un civil, Nicolás Miguel Caffarello, un soldado que pasó a prestar servicio como personal de inteligencia y participó de algunos de los operativos que hizo la patota de La Cueva.

El centro clandestino de detención bautizado con ese nombre Cueva funcionó dentro de la estructura subterránea de un radar en desuso, en la Base Aérea de Mar del Plata. Se estima que pasaron por allí unos doscientos detenidos. La mayor parte de ellos fueron asesinados y desaparecidos en los vuelos que se hacían una vez por semana, los días jueves, en un Albatros.

El Tribunal Oral está compuesto por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y Elvio Osores Soler, y las audiencias se llevarán a cabo los lunes y martes a las 9, en la sala ubicada en avenida Luro y Santiago del Estero, en el centro de Mar del Plata. Se estima que el juicio llevará unos dieciocho meses a lo largo de los cuales declararán más de trescientos testigos.

Anteayer, en vísperas del comienzo de las audiencias, integrantes de la Agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) de Mar del Plata realizaron una pintada y pegatina en la zona céntrica de la ciudad en apoyo al juicio.

Miles de genocidas denunciados y 30.000 desaparecidos, 7 juicios en marcha


Se están llevando adelante siete juicios por delitos de lesa humanidad

Siete juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar se llevan adelante actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Salta, Mendoza, Chaco y Corrientes.

A principios de mayo comenzó en Corrientes, el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia y que tiene en el banquillo de los acusados a seis represores acusados por desapariciones, torturas y tormentos en la localidad de Goya.

Se trata de la causa caratulada "Panetta Angel Vicente S/ Denuncia", en la que se investigan 27 hechos cometidos durante la última dictadura: seis desapariciones (las de Elida Goyeneche de Sobko, Abel Arce, Antonio Olivo, Pantaleón Romero, José Oviedo y Pedro Morel) y 21 privaciones de la libertad y tormentos.

En el banquillo están sentados como imputados los ex policías de la provincia Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria, los ex militares Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi y Leopoldo Cao, y el ex prefecto Luis Leónidas Lemos.

Esta semana el juicio fue suspendido hasta la semana próxima debido a la fuga, en medio del proceso, de Leopoldo Cao.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes suspendió hasta el miércoles 15 de junio con el objetivo de profundizar la búsqueda de Cao, quien se encuentra prófugo desde el pasado 26 de mayo.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 11 de diciembre de 2009, se desarrolla el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionara en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA).

El Tribunal Oral Federal 5 escucha los alegatos, en este tramo de la megacausa "ESMA" que investiga, entre otros delitos, las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

Los imputados son: Jorge "El Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio y Ernesto Weber.

Por otra parte, se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 6, el juicio oral en el que son juzgados los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, junto a otros seis imputados, por 34 casos de apropiación de menores.

Se trata de la causa conocida como "Plan Sistemático", en la que además de Videla y Bignone, son investigados Rubén Oscar Franco, Jorge "El Tigre" Acosta, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros, Jorge Azic y Jorge Luis Magnacco, por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años.

En tanto, el Tribunal Oral Federal 4 lleva adelante el juicio oral contra ocho ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "El Vesubio".

En el juicio, que se encuentra en la etapa de los alegatos, se investiga la participación en esos delitos de Pedro Alberto Durán Sáenz, Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

El debate está encabezado por los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi.

En Salta, el Tribunal Oral Federal local encabeza el juicio oral en el que es juzgado el represor Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete acusados, por el secuestro y la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esta provincia.

Menéndez por razones de salud fue apartado de este juicio, en el que también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal.

En Mendoza, el Tribunal Oral Federal 1 lleva adelante el juicio que acumula 17 causas por crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 24 víctimas.

En Rosario, ante el Tribunal Oral Federal 2, se desarrolla el juicio contra el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados.

Se investigan hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de Rosario, en perjuicio de 86 víctimas.

Condenas para los represores del Pozo de Quilmes

Las penas recayeron en el ex-Ministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart; en el multicondenado Miguel Etchecolatz; y en el ex jefe de la Brigada quilmeña, Lucas Gumensindo Belich 
      
La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva para cuatro represores por los casos de secuestros, desapariciones y torturas ocurridos en la última dictadura militar argentina en el Centro Clandestino de Detención conocido como el Pozo de Quilmes.
En la actualidad, en esas instalaciones ubicadas en Garibaldi y Alison Bell, funciona la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes.
Las penas recayeron en: el ex-Ministro de gobierno Bonaerense, Jaime Lamont Smart; el multicondenado Miguel Etchecolatz; el sub Jefe de la Policía Bonaerense Rodolfo Aníbal Campos y el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, Lucas Gumensindo Belich.
La Justicia considera como “partícipe necesario” a Jaime Lamont Smart (Ministro de Gobierno bonaerense de 1976 a 1979), del secuestro ilegal de 166 de personas que fueron retenidos en las instalaciones de la Brigada policial quilmeña mientras él se desempeñaba como funcionario público provincial.
El ex Jefe Policial, Miguel Etchecolatz, fue considerado “coautor” de la privación ilegítima de la libertad de 87 personas a las que se las sometió a tormentos mientras estuvieron en la Brigada. También se le trabó embargo por un millón de pesos contra sus bienes.
Miguel Etchecolatz (Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense de 1976 a 1979) fue comisario general de Policía de la Provincia, donde se convirtió en la mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense general Ramón Camps. En virtud de su cargo, fue responsable de 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en el territorio provincial, en los que fue visto reiteradamente. Entre estos, se encontraron el Pozo de Quilmes, el COT1 Martínez y la División Cuatrerismo de La Plata (Arana). También fue responsable por la "Noche de los Lápices".
A Rodolfo Campos (Sub-Jefe de Policía Bonaerense de diciembre de 1977 a marzo de 1979) se lo encontró “coautor” de los delitos de “privación ilegal de la libertad” y “tormentos” en 85 casos. Además se le trabó embargo por un millón de pesos contra sus bienes.
En tanto, al comisario Lucas Gumersindo Belich, uno de los jefes del Pozo de Quilmes entre junio de 1976 y enero de 1977, se lo encontró responsable y coautor del secuestro ilegal y tormentos a 40 personas que fueron alojadas en las instalaciones ubicadas en Garibaldi y Alison Bell. Al jefe policial local también se le trabó embargo a sus bienes por un millón de pesos.
La resolución judicial de 54 páginas se conoció hace unos días firmada por los jueces de la Sala III: Antonio Pacilio, Carlos Alberto Vallefín y Carlos Alberto Nogueira. Igualmente, la sentencia aún no quedó firme ya que fue apelada al Tribunal de Casación.
Los primeros datos sobre lo ocurrido en el Pozo de Quilmes surgieron de testimonios brindados en el Juicio por la Verdad de La Plata, y tomaron forma de denuncia penal cuando la Cámara Federal de La Plata los remitió a un juzgado de primera instancia (el N°3) para iniciar la investigación.
 
El contexto en el cual comenzó el expediente estaba marcado por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que convalidaron la impunidad de los genocidas argentinos hasta el 2003. En aquel marco, organismos de Derechos Humanos se presentaron como querellantes e impulsaron la causa. Sin embargo, el expediente estuvo paralizado durante varios años -pese a la cantidad de elementos de prueba que ya estaban reunidos en la causa- fundamentalmente por conflictos de competencia entre distintos jueces de La Plata y Buenos Aires.
 
Miguel Osvaldo Etchecolatz es el único de este grupo de represores que cumple cárcel común de Marcos Paz, por la condena a cadena perpetua que recibió en el año 2006 por algunos de los crímenes que se le imputan, “cometidos en el marco del genocidio ocurrido en nuestro país entre 1976 y 1983".

Detenido el represor prófugo Leopoldo Cao

Detuvieron a un represor prófugo y  continuará su juicio por delitos de lesa humanidad

El represor Leopoldo Cao, imputado por delitos de lesa humanidad en el juicio oral y público que se desarrolla en esta provincia, y que se encontraba prófugo desde el 26 de mayo, fue detenido en Buenos Aires.

Cao, que está siendo juzgado junto a otros cinco represores por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, fue hallado el fin de semana por fuerzas federales.

El abogado de la querella, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Daniel Domínguez Henain, dijo  que el ex militar continuará detenido, igual que los demás imputados.

“Continuará detenido porque se revocó la excarcelación y porque se fugó”, explicó el letrado.

En tanto, confirmó que  se seguirá con el juicio que se desarrolla en el Tribunal Federal de Corrientes y que fue interrumpido luego de la fuga de Cao, que no se presentó a la audiencia del 26 de mayo.

Domínguez Henain dijo además que la fuga del represor, acusado de torturas y desapariciones cuando prestaba funciones en la Compañía de Ingenieros 7 del Regimiento de Goya, provocó demoras en el juicio y "ahora se realizará una reformulación en la citación de los testigos”, explicó.

Leopoldo Cao está siendo juzgado en Corrientes en la causa caratulada como "Panetta Angel Vicente S/ Denuncia", más conocida como “Causa Goya”.

Junto él, están además en el banquillo de los acusados: Alberto Silveira Escamendi, Juan Ramón Alcoberro, Juan Antonio Obregón, Romualdo Baigorria y Luis Leónidas Lemos.

En el juicio se investigan 27 hechos: 6 desapariciones (las de Elida Goyeneche de Sobko, Abel Arce, Antonio Olivo, Pantaleón Romero, José Oviedo y Pedro Morel), y 21 privaciones de la libertad y tormentos.

“Acusamos a Kissinger de crímenes contra la paz por la Operación Cóndor”

Hugo Gutiérrez, diputado del PC chileno y abogado de derechos humanos

El político chileno plantea la importancia de la coordinación de las acciones de derechos humanos a nivel regional para cruzar información sobre la Operación Cóndor organizada por las dictaduras militares.

 Por Luciana Bertoia

–¿Con qué objetivo visitó Buenos Aires?

–Junto con trabajadores de los derechos humanos estamos avanzando en una coordinación entre los que sufrieron la Operación Cóndor. La originalidad de este proceso de confluencia es que se piensa sistemático, permanente y organizado. Yo tengo la impresión de que esta coordinación, de manera tácita, ha funcionado. Por ejemplo, en todo el trabajo conjunto que hubo en los juicios de Madrid, que permitieron el juzgamiento de represores argentinos y chilenos, y el principal fue nada menos que Augusto Pinochet Ugarte.

–¿Por ejemplo?

–Yo creo que la brillantez que tuvieron los argentinos, con el abogado Carlos Slepoy a la cabeza, con los juicios de Madrid, fue impresionante. Los juicios de Madrid son un proceso por la dictadura argentina, que nosotros logramos instalarlo con cierto oportunismo con el tema de la Operación Cóndor. En realidad, no fue por la causa iniciada por los chilenos que fue capturado Augusto Pinochet, sino por el proceso abierto por los argentinos. Yo creo que la solidaridad judicial que ha habido entre Chile y la Argentina ha permitido que Chile tuviera un proceso interesante de ruptura de la impunidad, pero no se abrieron las puertas de esto hasta que se detuvo a Pinochet. Lo demás eran gotitas. Nosotros tuvimos un símil al Juicio de las Juntas, que fue el juicio a la DINA que mató a Orlando Letelier (N. de R: embajador de Salvador Allende en Estados Unidos). Fue nuestro show, transmitido por todos lados. Después esto se cerró hasta el año ‘98, cuando se rompe con la detención de Pinochet.

–¿Cuáles fueron los efectos concretos que tuvieron esos procesos en España hacia el interior de Chile?

–Esos juicios permitieron la apertura de la Justicia en Chile, como ocurre el día de hoy con unos 1300 juicios que hay allí en contra de violadores de los derechos humanos y cerca de 700 represores que están siendo enjuiciados, más de 70 ya en prisión. Son números importantes que demuestran la coordinación que hemos tenido. Claro, esa coordinación no ha sido sistemática ni cotidiana, pero sí concurrente entre los trabajadores por los derechos humanos de Argentina y de Chile.

–¿En qué innovaría esa coordinación hoy por hoy?

–Pero yo creo que lo novedoso es que hoy en día somos ciudadanos que tenemos poder estatal, es decir que somos diputados de la República, y que podemos ser parte de esta coordinación. Ya no somos estos “marginales” que hacen la política desde la puerta del Parlamento. Hoy en día, estamos instalados en el Parlamento, tenemos cierto poder e influencia y queremos utilizarlos para crear condiciones reales de coordinación entre los distintos grupos sociales que se puedan entrelazar para hacer justicia en nuestros países. Yo creo que la Operación Cóndor puede resultar una muy buena excusa para reunirnos, dialogar y traspasarnos experiencias. Pero también estos encuentros nos tienen que servir para estar atentos y que la Operación Cóndor no vuelva a pasar nunca más. Tenemos la sabiduría incorporada dramáticamente en nuestros genes para saber cuándo se avecina una nueva coordinación de la muerte, como fue la Operación Cóndor, y si no la usamos, estaremos fallando a nuestro deber de evitar que nuestro pueblo sea víctima nuevamente, el día de mañana, de un genocidio.

–¿Cuál es la importancia de juzgar la Operación Cóndor como tal, como una coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur y los Estados Unidos?

–Por una de esas curiosidades de la vida, yo presenté el 11 de septiembre de 2001 la querella en Chile. Me acuerdo que la estaba presentando con el fallecido diputado Juan Bustos y justo me avisan que se estaban cayendo las Torres Gemelas. Esa querella estaba direccionada en contra de Henry Kissinger y era la primera vez que se lo trataba como el imputado de un delito, como el autor mediato de toda la Operación Cóndor. Nosotros lo responsabilizábamos de crímenes contra la paz. Logramos que saliera una petición de interrogatorio desde los tribunales chilenos al Departamento de Estado norteamericano, pero que hasta el día de hoy nunca tuvimos respuesta porque Estados Unidos ampara a Kissinger. Justamente, unos días atrás, me preguntaban mi opinión sobre la muerte de Osama bin Laden y respondí que el presidente estadounidense dio la orden de ir a matarlo por los crímenes que había cometido y con eso lo que estaba justificando es que el día de mañana un presidente chileno diera la orden de ir a matar a Kissinger porque hizo lo mismo que Bin Laden en Latinoamérica. Si vamos a justificar el ojo por ojo, nosotros todavía tenemos mucha sangre en el ojo por los crímenes que cometió Kissinger.

–¿Por qué usaron la figura de crímenes contra la paz?

–Lo que hicieron la Operación Cóndor y los golpes de Estado en América latina fue interrumpir procesos populares democráticos por una decisión norteamericana, y allí se atentó contra la paz. Los crímenes de guerra son con posterioridad a los golpes. Este tipo penal lo utilizamos nuevamente cuando nos querellamos por el caso de Salvador Allende y que es una de las figuras que surgen después de los tribunales de Nurenberg.

–¿Cree que el no haber sido parte de los juicios de Madrid influye para que Uruguay siga teniendo problemas a la hora de juzgar a los represores?

–Yo creo que Uruguay es un poquito más lerdo, va un paso más atrás. Aceptó con mucha propiedad ese veredicto popular que convalidó la Ley de Caducidad, a diferencia de los argentinos y de nosotros. En Chile, veníamos con la amnistía de la dictadura. En Argentina, tenían la amnistía que les diseñaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Uruguay está en el medio porque fue el pueblo el que la aprobó. Ahí tenemos las tres variantes, pero la chilena es la más claramente ilegítima.

–¿Qué pasa con la amnistía en Chile?

–Sin haber derogado esa ley, hoy en día no se aplica, lo que es muy interesante. Nosotros hemos batallado contra toda una institucionalidad, que luego de la dictadura no ha cambiado nada. La construcción política que diseñó Pinochet es la misma que está hoy vigente en Chile: el modelo económico, los jueces, los tribunales militares, que se terminaron el año pasado.

–¿A qué cree que se debe la insistencia del gobierno de Sebastián Piñera para poner en el debate la posibilidad de indultar a los represores condenados?

–Estamos en un gobierno de derecha y este gobierno, sin duda, tiene un compromiso con todos aquellos que “salvaron al país del cáncer marxista”. Como dijo Salvador Allende en su último discurso en La Moneda, esta derecha gobernante recuperó con mano ajena, con las fuerzas armadas chilenas, el control del Estado. En consecuencia, yo creo que hay una “deuda” que este gobierno de derecha tiene que pagar con los “salvadores de la patria”, que hoy en día están encarcelados por violar los derechos humanos. Por eso, todo lo que vemos en cuanto a indultos, libertades condicionales, restricciones de los plazos de investigación de la Justicia son una concesión de favores a esos con los que comulga.

–Pero el año pasado, una encuesta mostró que la población estaba mayoritariamente en contra de indultar a los represores y Piñera dio marcha atrás. ¿Eso no muestra que está tratando de evitar el costo político?

–Yo creo que si hay algo que está impidiendo que Piñera indulte a los violadores de derechos humanos en Chile es justamente una opinión pública que es renuente a que eso ocurra. Pero si hubiese una encuesta que dijese que no se ve mal indultarlos, Piñera lo haría.

–Los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón fueron un puntapié para que chilenos y argentinos empezaran a llevar a los criminales ante la Justicia. ¿Cómo percibe el proceso que tiene que afrontar actualmente ese mismo magistrado cuando pretende investigar los propios crímenes del franquismo?

–El auto de apertura del juicio contra el franquismo dictado por Garzón es un enjuiciamiento de la transición democrática española y de la institucionalidad vigente. En ese instrumento jurídico, Garzón señala de manera clara y en varias oportunidades que la institucionalidad existente en España es producto de un acto criminal. Es decir, surge de un terrorismo y de un acto de insubordinación de las fuerzas armadas. Es una institucionalidad que nace de la fuerza más violenta y descarada contra el pueblo español. Garzón se encarga de demostrarlo y señala los casos de mujeres embarazadas privadas de la libertad que eran fusiladas después de tener a sus hijos; de la unidad que crearon para ir a traer e introducir en orfelinatos a los niños, hijos de republicanos, que habían huido a Francia. La persecución que se direcciona en contra de Garzón es producto de haber evidenciado una verdad que todos ocultan o niegan en España. Además, él enjuicia la transición cuando desvirtúa la aplicación de la Ley de Amnistía, aludiendo a la doctrina de derechos humanos, aunque sea una norma que surgió cuando Francisco Franco estaba muerto. La transición española está basada en una ley de amnistía. Es tan fuerte la crítica que hace Garzón, que provocó una sobreRreacción del Estado español, que hizo que le inventaran todos estos juicios por prevaricato. La idea era enlodarlo para que lo que estaba diciendo en su auto de apertura no tuviese influencia en la gente. Pero la verdad está dicha en ese auto y el día de mañana, ése va a ser considerado como un documento histórico y vital en lo que se refiere a la historia reciente en España.

–¿No es paradójico que grandes sectores sociales españoles hayan apoyado los juicios a los represores latinoamericanos pero no estén interesados en llevar a los represores franquistas al banquillo de los acusados?

–Yo todavía no dejo de repudiar la postura que tuvieron los partidos populares en España. Sigo sin entender cómo los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista Español (PCE), juraron lealtad a la monarquía. La otra cosa es que hayan sido parte de los acuerdos de La Moncloa y hayan aceptado la amnistía. Son cosas que son intolerables.

–¿Cómo se construyó memoria de lo que significó la dictadura en Chile?

–Siento que en mi país, la historia alternativa o no oficial ha sido muy potente. No logró instalarse una verdad sobre el poder. Nosotros hemos instalado una historia no oficial, que es un gran logro en Chile. No obstante, la transición democrática en los términos en que se hizo fue llevada a cabo con mucha cobardía política. Yo creo que si algo hay que repudiarles a las autoridades que redireccionaron la transición política chilena es que fueron abiertamente unos cobardes, que no quisieron enfrentar a las fuerzas armadas sino que, por el contrario, respetaron toda la institucionalidad dejada por Pinochet y que fueron incapaces de cambiarla por dentro, como ellos querían hacerlo. Es por eso que hasta el día de hoy tenemos la Constitución, el modelo económico, una doctrina de seguridad pública y la cultura represiva diseñados por Pinochet. En lo único que logramos romper los esquemas fue en la mantención de la impunidad que había dejado Pinochet y que, por supuesto, la clase política instalada durante la transición también estaba dispuesta a respetarle. Pero fueron las organizaciones sociales y los partidos populares los que lograron romper con eso.

–¿Sólo por cobardía entiende que se mantuvieron las estructuras?

–Muchos integrantes de la clase política que gobernó hasta hace un año atrás la transición están cooptados por el modelo neoliberal, y eso lo puedo ver día a día en el Parlamento. ¿Por qué no se puede construir oposición en Chile? Porque los partidos de la Concertación nunca tuvieron un proyecto político contrario a la dictadura, su proyecto político siempre fue subalterno a las políticas públicas diseñadas por la dictadura. Entonces, la pregunta es cómo pueden ser ellos oposición a algo que ellos mismos administraron.

–¿Un ejemplo de ello sería la Ley Antiterrorista, un legado de la dictadura pinochetista que se mantuvo durante los años de gobierno de la Concertación?

–Efectivamente, la Ley Antiterrorista es una ley de Pinochet, pero quien la hizo más perjudicial para las fuerzas sociales y políticas fue la Concertación. Porque agregó tipos penales como los incendios. Durante la presidencia de Ricardo Lagos, hubo una modificación que permite que el Ministerio Público por sí solo califique tus hechos como terroristas y te aplique toda la legislación antiterrorista, sin tener que mediar un juez. Ahora vamos a presentar un proyecto para que vuelvan a ser los tribunales de garantías los que señalen si una conducta es o no conducta terrorista.

–¿Qué involucra su aplicación?

–Significa aumentar los plazos de detención extrajudicial, los plazos de incomunicación, que pueden aplicarse los testigos sin rostro, es decir, los que declaran en estas causas que son anónimos desde que se presentan hasta después. La legislación antiterrorista fue agravada por los gobiernos de la Concertación y que hoy la utiliza muy bien el gobierno de derecha.

–¿Qué opina de la reapertura del caso por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el consecuente reclamo a la Argentina de que extradite a Galvarino Apablaza?

–Yo creo que lo que ha pasado con el caso Guzmán es una evidencia de la necesidad que tiene la derecha de construirse una agenda de derechos humanos, que se pueda oponer a la agenda de derechos humanos que tenían los gobiernos de la Concertación, que –con todas las críticas que uno les puede hacer– tuvieron la deferencia de no instar por la impunidad. Ese es el gran logro que tuvo la Concertación en sus 20 años de gobierno. La derecha igual tiene necesidad de instalar una agenda de derechos humanos y no sólo involucra el caso Guzmán sino también el caso Manuel Olate, el caso “Bombas” (que es un caso contra los anarquistas), el caso del paquistaní que detuvieron supuestamente entrando con explosivos a la embajada norteamericana, el caso de los mapuches. Con todos esos temas, le salió el tiro por la culata.

–En el juicio por la extradición de Olate a Colombia por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo involucraron a usted también. ¿Cómo responde a esa acusación?

–Trajeron a un agente antisubversivo colombiano a declarar y él determinó una cadena de mandos al interior de esta estructura terrorista y por supuesto me pone dentro de ella. Me han acusado de tantas cosas que una más... (bromea). Yo creo que lo que busca Colombia es internacionalizar la lucha contra las FARC y básicamente involucrar a todos los países latinoamericanos para quitarles cualquier tipo de apoyo. Nosotros, como Partido Comunista Chileno (PCCh), seguimos reivindicando nuestro derecho a solidarizarnos con todas las organizaciones que luchan por la justicia social y reivindicamos lo que ha hecho Olate, que no fue nada ilegal. Nosotros somos partidarios de un entendimiento en Colombia, que el Estado inicie el diálogo con las FARC para encontrar una solución a un proceso larguísimo de violencia que nosotros también queremos que termine.

–¿Cómo tomó la noticia del asesinato del ex agente Enrique Arancibia Clavel, ocurrido días atrás en Buenos Aires?

–Fue una noticia que impactó. Porque creo que haber condenado a Arancibia Clavel por la Justicia argentina y después haber permitido un juicio en Chile sobre el asesinato del general Carlos Prats y su señora rompió un mito: el que decía que los crímenes cometidos por la dictadura eran excesos y que no había una institución comprometida con las violaciones a los derechos humanos, es decir que las fuerzas armadas –fundamentalmente el ejército– estaban ajenas a esos crímenes. Con el asesinato del general Prats lo que se demuestra es el compromiso de la dictadura encabezada por Pinochet y del ejército, que se atrevió a nada más y nada menos matar a un comandante en jefe de esa fuerza. Yo creo que fue muy determinante que en estos juicios, tanto en Argentina como en Chile, el primer condenado haya sido Arancibia Clavel.

–¿Qué expectativas tiene con la exhumación del cuerpo de Allende?

–Unos meses atrás estuve hablando con Joan Garcés (N. de R.: Jurista, fue asesor del presidente socialista) y me decía: “Si a un vecino cualquiera se lo encuentra muerto en una ciudad cualquiera de Chile, su muerte se va a investigar en un proceso penal. ¿Por qué en el caso de Salvador Allende, él no ha tenido proceso penal? Después llegué a Chile y justamente una de las motivaciones que llevé de vuelta era que el tema de Salvador Allende no podía quedar en la penumbra. Yo creo que se están llevando a cabo investigaciones que pueden ser relevantes. De hecho, el próximo 23 será la autopsia.

–¿Y qué opina de la apertura de la causa por el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva?

–Fue el primer presidente de la República que ha sido asesinado en Chile. Al margen de que se logre acreditar quién ha sido su autor, lo grave es que la dictadura no tembló ante nada, que incluso le cortó la vida a un ex mandatario. Esas son las dimensiones que tuvo la dictadura en mi país, que llegó a matar a un ex presidente, también salió fuera de las fronteras a matar gente. Fue una dictadura con gran vocación internacionalista.

De libertad ambulatoria... se fugó el represor... y no hay juicio...

Suspendieron un juicio por crímenes de lesa humanidad en Corrientes.
Por un represor prófugo

Leopoldo Cao, uno de los imputados, nunca se presentó a las audiencias y fue declarado en rebeldía. Está acusado de supuestas torturas a prisioneros políticos. Ante su ausencia, los jueces decidieron no seguir adelante con el proceso.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes, que llevaba adelante el juicio por los crímenes cometidos en Goya.

El tercer juicio en Corrientes a presuntos represores de la dictadura acusados de crímenes de lesa humanidad fue suspendido a los 35 días de haber comenzado porque uno de los principales imputados sigue prófugo. El acusado, teniente retirado del Ejército Leopoldo Cao, fue declarado en rebeldía por no presentarse en las audiencias, que comenzaron el 4 de mayo, y no justificar de ninguna manera sus ausencias.

La insólita resolución fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, compuesto por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaro y Fermín Ceroleni.

Durante la dictadura, Cao actuó en la Compañía de Ingenieros 7 del regimiento de Goya, Corrientes, y está acusado de supuestas torturas a prisioneros políticos, entre otros, docentes, curas y militantes de las Ligas Agrarias, que asociaban a pequeños campesinos y jornaleros. Además del ex militar prófugo, en este proceso son juzgados los militares Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi, Edmundo Bertolero, quien fue desafectado del proceso por una supuesta insania mental; los ex policías Dermidio Ramón Romero, recientemente fallecido; Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; y el ex prefecto Luis Leónidas Lemos.

En esta instancia oral y pública de la causa conocida como “Pane-tta” se intenta echar luz sobre la desaparición de Elida Goyeneche de Sobko y Abel Arce, así como 21 privaciones ilegítimas de la libertad seguidas de torturas. Los jueces investigan los hechos ocurridos en cuatro centros clandestinos de detención de Goya, que funcionaron en el Regimiento de Ingeniería 7, el Club Hípico, una guardería de lanchas conocida como “La Pajarera” y otro lugar denominado la “Casa de los Murciélagos”. La investigación demostró que el grueso de los desaparecidos y víctimas de la represión fueron personas del departamento de Goya y zonas de influencia como Perugorría y Lavalle, que pertenecían a las Ligas Agrarias, al justicialismo y al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Este es el tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Corrientes. El primero fue en 2008, por la causa conocida como “Ex Regimiento de Infantería 9”, cuando se condenó a cuatro represores, y el segundo fue en 2009, en el marco de la denominada “Causa Ayala”, por el que fue condenado a 25 años de prisión un ex policía provincial.

La decisión de que el juicio se realice en la capital provincial y no en Goya generó críticas entre familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, al entender que se trata de una “causa compleja” que requiere varias inspecciones oculares en el lugar de los hechos. “Es inentendible, pero fue una decisión del tribunal que tenemos que respetar”, dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, Ramón Artieda.

Declara un juez implicado en asesinatos durante la dictadura militar

Será indagado por la justicia tucumana en la causa “romero nikilson”
Se trata de Manlio Torcuato Martínez, imputado de haber presenciado el operativo en el que fueron fusilados los militantes. El acusado le dio marco jurídico a delitos de la represión.

El ex juez federal tucumano Manlio Torcuato Martínez, acusado de haber participado en delitos de lesa humanidad, deberá presentarse mañana a declaración indagatoria por pedido de la la Fiscalía Federal 1 de Tucumán junto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos.
El pedido fue realizado ante el juez Federal Daniel Bejas, en el marco de la causa “Romero Niklison”, que investiga el asesinato de cinco militantes montoneros. Por ese delito ya fueron juzgados y condenados a prisión perpetua el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y Roberto “Tuerto” Albornoz, ex subjefe de la Policía de Tucumán durante la última dictadura.
En la presentación, la Fiscalía consideró que existen pruebas suficientes para acusar al ex magistrado de haber participado en el homicidio de los cinco militantes montoneros, ya que incumplió sus deberes de funcionario y no investigó los delitos cometidos. Además, le imputan haber enviado a un detenido a su cargo al centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán.
Según se desprendió del juicio oral, Manlio Martínez estuvo en el lugar del operativo en el que los militantes Montoneros fueron fusilados el 20 de mayo de 1976 en San Miguel de Tucumán. Su presencia fue confirmada por el ex jefe del Operativo Independencia, Antonio Domingo Bussi, quien destacó “la participación directa y personal del ex Juez Manlio Martínez, cuya información al suscripto fue similar a la del jefe militar que intervino directamente”.
El ex juez no sólo no investigó el fusilamiento masivo e hizo suya la versión oficial brindada por el Tercer Cuerpo de Ejército, sino que comenzó a investigar al propietario del inmueble donde ocurrió la masacre, Miguel Armando Romano, a quien detuvo ilegalmente durante más de un año: lo acusaba de pertenecer a una asociación ilícita y decidió que debía ser detenido e incomunicado en la Jefatura de Policía de Tucumán, la que funcionaba como centro clandestino de detención.
“Los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de Manlio Martínez para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”, señaló el dictamen fiscal.
El ex juez será citado para declarar el próximo 8 de junio por haber participado en una larga lista de delitos: violación de domicilio, homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad con tormentos, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de su deber de promover la persecución penal.
En su escrito, la Fiscalía explicó que la inacción de Martínez no era otra cosa que el cumplimiento de una promesa que había hecho al ser designado en sus funciones: no entorpecer la represión ilegal en la provincia. Según el fallecido general Acdel Vilas, a cargo de la primera parte del Operativo Independencia, el nombramiento del juez obedeció a un pedido suyo para remplazar al juez anterior, cuyo accionar era excesivamente “legal” y entorpecía las tareas represivas.
Según consta en la presentación, pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho, el entonces juez nunca inició investigaciones. Además, se lo acusa de haber tomado declaración a detenidos en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia: la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, el Puesto de Comando Táctico del Operativo Independencia, la Escuelita de Famaillá y la Delegación local de la Policía Federal.

Más de la mitad de los procesados en La Plata esperan la fecha de inicio del juicio

Suman 30 de 55 imputados. Entre ellos figuran Etchecolatz, Bergés y Guallama
Más de la mitad de los procesados de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar ya agotaron la etapa de investigación y esperan que se fije una fecha para ser llevados a juicio o las causas en las que se los acusa cuentan con pedido de elevación. En la ciudad son 30 los imputados que están acusados en tres causas que ya fueron elevadas: una por el “circuito Camps”, una por apropiación de menores y otra que se desprende del juicio por la U9.

Entre ellos se encuentran el médico torturador Jorge Bergés, el comisario condenado en 2006 Miguel Etchecolatz, y el policía acusado de robar la nieta de Isabel Chicha Chorobick de Mariani, Hugo Alberto Guallama (ver aparte…). Esa proporción de represores investigados es coincidente con la situación de los procesos penales del resto del país que la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de estado publicó en su última actualización de mayo, donde de las 807 personas procesadas, más de 450 ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con el pedido fiscal de ir a debate. Ocho de esos juicios ya tiene fecha y comenzarán a partir de este mes.

Según se desprende del “Informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado” realizado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento (UFiCS) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que contempla la situación de todas las causas por crímenes de lesa humanidad del país y que fue publicado en mayo pasado, en la Plata hay 55 represores militares, policías y civiles procesados, de los cuales treinta están imputados en tres causas que ya fueron elevadas a juicio. De ese total de imputados, 25 continúan siendo investigados por crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar en la región.

Los acusados con causas elevadas serán juzgados –según estiman los querellantes– en julio y agosto próximos por el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata que integran Carlos Alberto Rozanski, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, y por el tribunal Nº1 subrogante que integran Héctor Acuña, Mario Gabriel Reynaldi y Jorge Eduardo Chávez.

La más grande de los expedientes es el denominado “Circuito Camps” o “Comisaría Quinta”, que investiga los crímenes cometidos en esa seccional, la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), y que incorpora a los centros clandestinos de detención de la Policía Bonaerense conocidos como Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro).

En el debate serán juzgados Etchecolatz, Bergés, Guallama y otros 23 represores (26 en total), acusados de delitos cometidos contra 280 víctimas. Los querellantes esperan que la Cámara de Casación Penal resuelva una apelación de la defensa para que se fije fecha de juicio. Sin embargo, fuentes judiciales  estimaron que comenzaría en agosto y estaría en manos del TOF1 presidido por Rosanzki.

Otra causa que espera fecha de inicio es la que juzgará el robo y supresión de identidad de Helena, una beba nacida en cautiverio y restituida en 1987. En ese expediente están acusados los apropiadores Domingo Luis Madrid y María Mercedes Elichat, y la médica que firmó la partida de nacimiento falsa: Silvia Marta Kirilosky.

Los acusados fueron sobreseídos a mediados de los 90, pero en 2007 la nieta restituida pidió que se revoque la prescripción dada la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El juicio, que aún no tiene fecha precisa, sería llevado a cabo por el TOF1 antes que el de comisaría Quinta.
La tercera causa elevada a juicio en La Plata estará en manos del TOFNº1 subrogante y es el que juzgará a Pedro César Guerrero, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad 9.

A pesar de que los fiscales pidieron que se fije fecha de debate, los jueces esperan que la sala II de la Cámara Casación Penal resuelva un cuestionamiento del  imputado para poner día y hora de debate.

Proponen declarar de interés legislativo el libro Vidas sin cuerpos

Describe el juicio realizado en Roma por la desaparición forzada de ciudadanos italianos en la Argentina, por el cual se condenó a cadena perpetua a los represores de la ESMA Acosta, Astiz, Vildoza, Vañek y Febres.
El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo propuso al Congreso de la Nación declarar de interés legislativo el libro “Vidas sin Cuerpos” (“Vite senza Corpi”, en su versión original), recientemente publicado en Italia sobre el proceso judicial realizado en Roma por la desaparición forzada de los ciudadanos italianos Giovanni Pegoraro, su hija Susana y Angela María Aieta de Gullo, entre otros, ocurrida en nuestro país durante la última dictadura militar.

El proyecto propone declarar de interés de la Cámara baja la obra que describe el juicio ejemplar realizado en Roma, Italia, donde se condenó a cadena perpetua a los represores Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Raúl Vildoza, Antonio Vañek y Héctor Antonio Febres, por ser los máximos responsables del nefasto centro clandestino de detención y exterminio conocido como Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Angela María Aieta de Gullo, madre del diputado nacional Dante Gullo, fue secuestrada brutalmente en el mes de agosto de 1976, en su domicilio familiar, por las patotas armadas de la represión ilegal desatada al amparo del Terrorismo de Estado que padeció la sociedad argentina entre los años 1976 y 1983.

El libro Vidas sin Cuerpos fue recientemente publicado por la Editorial Gorée y narra el proceso judicial y las vivencias de algunos de sus protagonistas, como los abogados Giancarlo Maniga, Marcello Gentille y Nicola Brigida, que llevaron adelante la causa y obtuvieron la condena a cadena perpetua de los máximos responsables de los grupos de tareas que operaban dentro y fuera de ese centro clandestino de detención y exterminio.

Al respecto, Dante Gullo expresó que “Las experiencias de testigos, abogados, periodistas y otros participantes del histórico juicio, reflejan el horror y la incredulidad de quienes fueron descubriendo las atrocidades cometidas por el Terrorismo de Estado en nuestro país”. Además, destacó “el análisis del rol que jugaron los medios de difusión –especialmente italianos- en el conocimiento del tema por parte de la población de dicho país, y en la toma de conciencia de las aberraciones perpetradas por la dictadura militar argentina”.

Cada uno de los capítulos del libro, coordinado por el argentino Jorge Ithurburu y por el italiano Cristiano Colombi, se encuentra firmado por alguna de las personas que tuvo participación en el llamado ‘Proceso ESMA’ italiano. Allí se relatan los pormenores del desarrollo de un proceso, cuyo valor fundamental resulta de la valiente decisión de la Justicia italiana de llevar adelante una causa judicial por ‘delitos de lesa humanidad’ cometidos en otro país – Argentina- contra ciudadanos italianos.

Especialmente, porque en nuestro país la vía judicial se hallaba impedida por la vigencia de las oprobiosas leyes de impunidad – punto final y obediencia debida- y por los indultos decretados por el gobierno menemista en 1989 y 1990.

El diputado nacional, también destacó que el juicio realizado en Roma es “una verdadera explicitación del principio de Justicia universal”, y junto con los iniciados en su momento en España por el Juez Baltasar Garzón y en otros países como Francia, Suecia y Alemania, “contribuyeron a la consolidación de la conciencia universal que condena en todo tiempo y en todo lugar la comisión de tan aberrantes hechos, considerados imprescriptibles e inamnistiables a la luz del derecho internacional”.

La rebelión al “no te metás”

Los vecinos de las víctimas que declaran en los juicios sobre la última dictadura

Testigos ocasionales de los operativos están aportando su relato en los procesos por crímenes de lesa humanidad. Desde una mirada diferente a la de los familiares, subrayan sus pequeños actos de resistencia y los episodios que ellos mismos vivieron vinculados a la represión.

 Por Alejandra Dandan

Las audiencias de los juicios orales por los crímenes de lesa humanidad convocan no sólo a sobrevivientes de los centros de exterminio o sus familias, sino a testigos ocasionales de los operativos. Vecinos de los departamentos donde vivían a quienes secuestraron; habitantes de las casas contiguas. También bomberos, médicos o porteros. Algunos no habían declarado jamás. En los juicios se reavivan los miedos, las respiraciones jadeantes de esos días. Y la sucesión de relatos parece empezar a mostrar el punto en el que el terror empujó al cierre de las puertas: la voz de mando de una patota clausurando la mirada, obligándolos a aquello del “métase adentro” o “acá nunca hubo nada”. Pero el entramado también muestra fisuras. Algunos agacharon el cuerpo para mirar por el ojo de una cerradura o entraron a una casa desmantelada a rescatar a algún niño. Hay voces y diálogos que están aportando a modo de pruebas. El camino permite pensar –aun a modo de equívoco– que las escenas clausuradas treinta y pico de años atrás pueden volver a mirarse, como si se rearmara un puente cortado por el espanto.

Uno de los testigos-vecinos paradigmáticos de los últimos meses fue Eustacio Galeano. Galeano vive donde vivía en 1977: un taller de marcos de La Boca, abajo de la pieza de Remo Berardo, el artista plástico del grupo de la Santa Cruz que buscaba a su hermano y fue secuestrado el 8 de diciembre de ese año. Galeano no había declarado hasta ahora. La fiscalía del juicio oral por la ESMA lo convocó y el relato permitió probar por primera vez –en la lógica de la prueba penal– el secuestro de Berardo.

Su negocio estaba en la calle Magallanes, y arriba funcionaba la sala de arte de lo que había sido la carbonería de los padres de Quinquela Martín, donde vivía Remo Berardo. “Iba a aprender dibujo y pintura con Quinquela –dijo Galeano en la audiencia–, pasaba por el taller y me mostraba qué era lo que estaba haciendo.” Durante la inauguración de alguna exposición, por el local pasó el “almirante Massera” y la “señora de Videla” fue a comprar unos cuadros: “Vino un par de veces, venía, se llevaba, me firmaba y yo tenía que ir a cobrar al Comando”.

Galeano no recordó el día exacto del operativo pero conserva las imágenes intactas: “Estaba yo con un par de clientes, en realidad con una cliente y el marido y la dueña de casa, pasa Berardo por el patio, con una chica vestida de blanco y me saluda y entra a la casa. No pasaron dos o tres minutos y aparecen camionetas particulares; una para en el frente, pasando el local, vino de contramano, las otras estaban del otro lado de la calle Garibaldi y estacionó en la puerta donde había entrado Remo Berardo y en ese momento cuando bajan los soldados –estaban vestidos con ropa de fajina—, uno se para en la puerta y me pone una ametralladora en la nariz, y me dice que me meta adentro y cierre la puerta”.

Galeano cerró pero se quedó mirando por la ventana. “Junto con el de la ametralladora estaba la otra persona que con el tiempo y fotos supe quién era”, dijo sobre a quien años después reconoció como Alfredo Astiz. “A los cinco o diez minutos los bajan a Berardo y a la chica, a los dos esposados, y los tiran adentro de la camioneta como dos bolsas de papa, ni los ayudaron a subir. Por la puerta de atrás pude ver gente por los techos con ametralladoras”.

A Galeano le costó presentarse en la audiencia. Dijo que lo hacía porque creía que estaban dadas las condiciones de seguridad, pero el trámite no fue fácil, le despertó un estado de ebullición interno por el que todavía atraviesa y por el cual su familia prefiere que no vuelva a hablar.

Como Galeano hubo otros casos de testigos-vecinos que contaron la orden para cerrar la puerta pero que intentaron subrayar de alguna manera que no lo hicieron, como si esa lógica remitiera a alguna estrategia de resistencia al control total. Galeano miró por la ventana, preservó datos y reconoció a Astiz.

Guillermo Eduardo Foley era vecino del duplex de Martínez de los Reboratti. Asistió al operativo del secuestro, el 6 de julio de 1976, de Laura, una de las hijas de la familia, de 20 años, a quien se llevaron a la ESMA. Foley declaró ahora por primera vez. Lo había intentado años atrás pero fracasó por las leyes de impunidad. Contó que cuando se llevaron a Laura él salía del duplex con sus dos hijos hacia el colegio. No se acordó del día exacto, pero sí que era invierno: “Primero porque mis hijos tenían uniforme de invierno y segundo porque la persona que se dirigió a mí, que era aparentemente el que daba las órdenes, tenía un gamulán no muy oscuro. El del gamulán discutía con unos policías, a mí me gritó que me metiera adentro con los chicos, que no mirara, que no hiciera nada y que ahí no había pasado nada”. Foley se fue pero siguió alerta. Y escuchó gritos. “Habrán pasado quince, veinte minutos; vino Dora –la mamá de Laura– a casa a hablar por teléfono porque le había cortado la línea, y nos contó qué sucedía.”

Yolanda Mastruzzo no se acordó de su número de documento cuando se lo pidieron los jueces pero tenía intacto el tiroteo a la casa de Rodolfo Walsh un día después del secuestro, la bomba que arrojaron los marinos y el robo. Cuando le pidieron el juramento efusivamente dijo que se haga justicia “¡por el susto que me pegué yo esa noche!”.

Ella vivía en la casa lindera. La patota entró primero a su casa equivocadamente buscando a una pareja de “extremistas”. Ella los corrigió diciéndoles que ahí eran “una familia con hijos”. “Nosotros nos fuimos adentro, empezaron a tirar bombas, ¡qué sé yo! Y yo con los chicos todos asustados...”, dijo en el mismo momento en el que dejó de hablar atragantada por las palpitaciones del pecho que subía y bajaba jadeante. Tomó agua. Pidió un “cachito” de tiempo. Sacó un abanico inmenso de la cartera: “Ay, señor, por favor... –dijo–, estoy muy nerviosa recordando todo lo que pasé...”.
La sociedad de las víctimas

¿Qué son esas fisuras? ¿Qué representan? ¿Por qué todavía no se puede hablar de lo que no se hizo, de la parálisis? ¿O es que de esa manera se está hablando?

“Durante el terrorismo de Estado esto funcionó a la manera del trauma en los secretos de familia: la sociedad sabía, todos tenían un conocido, pariente lejano o cercano, amigo de un amigo desaparecido, pero aparecía el ‘de eso no se habla’ en el momento en el que caló la frase del ‘por algo será’ para justificar el hecho traumático, que justifica el no involucramiento. Con el advenimiento del Estado de derecho, el show mediático del horror, todos parecían enterarse de lo que pasó recién en ese momento. Y ahora que se está institucionalizando la idea de que no hubo dos demonios, de que la dictadura era cívico-militar y llegó a excluir e implantar un modelo económico, eso está habilitando el habla”, dice Ana María Careaga, sobreviviente del circuito Atlético Banco Olimpo y directora del Instituto por la Memoria.

Más allá de las razones, los relatos de los juicios hablan. Y con la palabra y el miedo aparece además una revisión de la idea del otro.

Entre los vecinos de Walsh, muchos de los cuales jamás leyeron sus libros, él es recordado como un profesor jubilado que pasea con el changuito de compras, que se para a hablar en el jardín de un vecino de los pájaros o del tren.

Daniel Mundo, docente de la carrera de Comunicación de la UBA y autor de El mundo de Hannah Arendt. Crítica apasionada, dice que Pilar Calveiro fue quien dijo que la sociedad había sido la primera víctima. “Pero que sea víctima no significa que sea inocente”, propone Mundo. “La dictadura quería cambiar esa sociedad que estaba empapada políticamente, que no podía dirimir dentro de los marcos políticos la lucha hegemónica. Y en lugar de desarmar el nudo, lo cortó directamente sustrayendo a una fracción etaria de una generación con cierto compromiso, de formación social y política y gremial”. En ese camino, Mundo problematiza sin embargo también qué pasó con las organizaciones políticas y armadas. “Los aparatos habían abandonado a la sociedad antes del golpe, como también desprotegieron a muchos cuadros, muchos entraron a la clandestinidad, que es una estrategia política, bélica, atrapada en un imaginario y la sociedad comienza a separarse, a no entender cuál es el objetivo”.

El juicio por la ESMA no fue el único lugar donde declararon. Hubo otros que acudieron citados como testigos en el juicio de El Vesubio, del circuito Atlético-Banco-Olimpo, Jefes de Area –sobre todo porteros de edificios– y ahora los hay en el Robo de bebés. Hay algo de la extensión de lo que hasta ahora significó la idea de las víctimas, que podría pensarse en otro de los puntos que está cambiando para abarcar también a quienes hasta ahora estuvieron afuera o del otro lado. Una de las razones es que son ellos los que hablan en los juicios para aportar pruebas que hasta ahora se construyeron por el aporte mayoritario de sobrevivientes y sus familias. Pero hay otra razón. Foley, por ejemplo, mencionó en su relato dos situaciones que no tenían nada que ver con los motivos por los que estaba ahí. Dos episodios en los que él resultó víctima de la represión, situaciones azarosos y hasta menores, pero para él destacables.

Existen otros dos casos con subrayados similares. Un bombero declaró en la audiencia de El Vesubio sobre los cuerpos que levantó en la masacre de Monte Grande. Le costó bastante reconstruir las escenas ante el Tribunal, pero cuando terminó la audiencia el bombero Daniel Anibal Cassimelli se levantó las mangas de la camisa para mostrar con orgullo un tatuaje del Che Guevara mientras insistía en el recuerdo de un primo lejano desaparecido.