Matanza de Margarita Belén. Una apelación del fiscal frenó libertad de ex militares

La liberación de los principales imputados en la causa no se concretará en lo inmediato, porque Jorge Auat, apeló ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de Casación Penal que benefició a los ex represores.

Diario Norte consigna, en su edición de este jueves, que al margen del resultado de la apelación, dos de los imputados, Horacio Losito y Luis Alberto Papetta, seguirán detenidos en Campo de Mayo. El primero tiene condena por la represión ilegal de la subversión en Corrientes y el segundo está implicado en otra causa por violación de los derechos humanos.
Pero los que podrían esperar el juicio en libertad, en el caso de que la Corte rechace el planteo de la fiscalía, son los ex militares Gustavo Athos Renés, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme y Ernesto Simoni.

El fallo de Casación fue fechado el viernes 26 de febrero y el 1º de marzo el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso federal extraordinario por la “gravedad institucional de la medida”. La Cámara concedió el pedido y suspendió la libertad de los imputados hasta tanto no haya un fallo de la Corte Suprema de Justicia o se fije fecha para juicio.
En otras palabras, los militares no podrán gozar de la libertad concedida porque por un lado la Corte ya sentó precedentes en esta materia por la causa Esma y porque el Tribunal Oral Federal ya determinó que el juicio se realice en los próximos meses.
Para el querellante Mario Bosch la medida de Casación “es de suma perversidad jurídica y falaz, habida cuenta de que ese mismo tribunal fue quien trancó las recusaciones contra los magistrados impidiendo que se conforme la corte que los juzgará en Resistencia”.

Bosch destacó que con la reciente conformación del tribunal local, en no más de un mes deberían fijarse las fechas de debate oral y público que durarían al menos hasta el segundo semestre. Trascendió que el juicio podría concretarse a fines del mes de abril o en mayo, y está previsto que unos 130 testigos, algunos de ellos de identidad reservada, desfilen por la sala de audiencia de la Justicia Federal. Será tan largo como el juicio contra los represores del regimiento correntino.
El letrado querellante destacó que este fallo también informó que la alzada no soportará más prórrogas, por lo que el juicio deberá comenzar en el menor tiempo posible.

Antecedentes y fallo divido.
No es la primera vez que Casación Penal ofrece el beneficio de la libertad a los ex represores militares y tampoco será la última, pero en esta oportunidad la fiscalía actuó rápidamente, casi inmediatamente. Además, el fallo no fue unánime, el presidente de la Sala II, Wagner Gustavo Mitchell, opinó que no correspondía la excarcelación porque la mora se debió exclusivamente a las maniobras dilatorias de la defensa.
En una instancia similar a lo que ocurrió en la causa ESMA, la misma sala concedió la apelación con efectos suspensivos y gira las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva el planteo.
Pero para los defensores de los militares es un logro importante que la máxima instancia penal del país le reconozca garantías y les conceda la libertad a sus defendidos, más allá de que finalmente no se concrete.

La misma sala tiene en sus manos la apelación que presentaron los defensores de los militares correntinos y sus defendidos esperan que puedan lograr recursos similares teniendo en cuenta que no están firmes las condenas.
Seguramente, la fiscalía y la querella apelarán a su debido tiempo sentencias que permitan la libertad de los militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La peor noticia Masacre de Margarita Belén: ordenan liberar a 6 imputados

La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la libertad de los principales involucrados en la causa de Margarita Belén, que aún no tiene fecha de debate, que se encontraban detenidos en Campo de Mayo.

Diario Norte, anticipa que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso la libertad de seis de los militares involucrados en la masacre de Margarita Belén, según lo informó desde Buenos Aires, una alta fuente de la Justicia federal. El beneficio alcanza, entre otros, a los coroneles retirados Gustavo Athos Renés y Ricardo Guillermo Reyes, los tenientes coroneles retirados Aldo Martínez Segón y Germán Emilio Riquelme, el teniente primero Luis Alberto Patetta y el mayor Ernesto Jorge Simoni, que permanecen detenidos en Campo de Mayo.

El citado tribunal rechazó, de tal manera, un pedido de homologación de la prórroga de la prisión preventiva de los nombrados, elevado por el Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia, y dispuso “el cese de la medida cautelar” que pesa sobre dichos imputados, así como su consecuente libertad “bajo la caución que el tribunal estime adecuada”. El fallo lleva la firma de los jueces camaristas Gustavo Mitchell, Luís M. García y Guillermo Yacobucci, respectivamente.

“La detención excedió el límite de lo razonable”
La orden de libertad de los implicados obedece a que “el período de detención de los mismos ha excedido el límite de lo razonable”. El mencionado tribunal entiende que aun cuando medien razones para mantenerlos en prisión preventiva, existe una ley que garantiza que las personas sean liberadas “si el período de detención ha excedido el límite de lo razonable”. En este caso, los citados magistrados recuerdan que la Ley 24.390 establece el límite temporal máximo de tres años, “luego del cual no puede continuar privándose de la libertad a un imputado, por lo que resulta claro que la detención no puede exceder dicho plazo”.
Para que se efectivice la libertad de los nombrados sólo falta que presenten tres fiadores cada uno, los cuales pueden ser “personas físicas o jurídicas con capacidad de dar fianza, que acrediten solvencia y aseguren la manutención de ésta en el futuro”. En cuanto al monto de la caución personal, deberá se determinado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia.

¿Y la fecha de debate?
Otro aspecto que incidió notablemente en la decisión de los camaristas tiene que ver con la inexistencia de una fecha de debate o realización de la audiencia relacionada con la causa de la matanza de Margarita Belén del 13 de diciembre de 1976.
“La fijación de debate resulta en principio una causa objetiva adecuada para sostener la extensión de la medida cautelar en virtud de la potestad que otorga la ley procesal para asegurar el debate, pero al no verificarse esa situación en el presente caso (no existe información sobre una posible fecha de debate por la causa vinculada a los hechos de Margarita Belén), las carencias apuntadas cobran plena virtualidad y no pueden ser neutralizadas por la expectativa indeterminada del tribunal de origen de fijar en su momento la audiencia correspondiente”, concluye el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal.

El padre de la jueza Sarmiento está acusado por delitos de lesa humanidad



Un juez de Misiones ordenó detener al coronel (R) Luis Sarmiento, acusado de delitos durante la dictadura. Tras conocer su frágil estado de salud, revocó la medida. La magistrada denunció presiones del gobierno y Duhalde la mandó al psicólogo. La oposición habla de persecución. Luciana Geuna.

El juez federal de Misiones Ramón Chávez pidió ayer la detención del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, padre de la jueza en lo Contencioso Administrativo que durante el verano anuló el decreto que creaba el Fondo del Bicentenario para pagarles a los bonistas con reservas del Banco Central. El magistrado firmó la orden en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad en esa provincia, donde Sarmiento fue ministro de Gobierno durante el primer año de la dictadura mientras la policía torturaba y violaba gente en el departamento de Informaciones. La decisión generó fuertes cruces políticos pero nunca llegó a concretarse. Al final del día, Chávez tuvo que dar marcha atrás porque un informe del cuerpo médico forense reveló que el militar retirado no estaba en condiciones de salud para declarar.

A esa hora de la noche, la orden de detención ya había generado una polémica entre su hija, la jueza María José Sarmiento y el Gobierno. La magistrada consideró que la decisión de Chávez buscaba presionarla por su fallo contra el Ejecutivo. “Si no tuvo ninguna causa hasta ahora –dijo a los medios– suena muy llamativo que, justamente en estos días, se produzca esta situación”. Su interpretación de los hechos fue compartida por la diputada Elisa Carrió y el jefe de bloque de senadores radicales, Gerardo Morales. Desde la Casa Rosada salieron en masa a desmentir esa versión. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que “era un disparate”; y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, fue aún más lejos: “El caso es a la inversa. En su momento ella debería haberse excusado de actuar pero decidió intervenir y fallar en contra del Gobierno”. En rigor, el padre de la jueza tenía pedida la detención y el procesamiento por parte de la fiscalía de Misiones desde 2006. A mediados del año pasado, la secretaría de Duhalde se presentó como querellante y, por esa razón, él desafió a Sarmiento por su rol en la causa del DNU.

Por su parte, la Procuración General de la Nación hizo público un informe de diciembre de 2008 donde actualizaba la situación de los procesos por delitos de lesa humanidad en todo el país, promoviendo la celeridad y unificación de las causas. Entonces ya estaba registrada una solicitud de indagatoria al ex coronel Sarmiento, que hizo carrera como jefe de inteligencia en el Segundo Cuerpo del Ejército con sede en Rosario entre 1971 y 1974, de donde se fue luego de quedar involucrado en el asesinato de un estudiante. Dos años más tarde, con el golpe de Estado, asumió como ministro de Gobierno en Posadas, hasta el 17 de marzo de 1977. En ese puesto tenía a su cargo a la policía provincial, que torturó sistemáticamente a los detenidos desaparecidos y solía tener como patrón de conducta la violación de las mujeres en cautiverio. Por este caso también está indagado y procesado el jefe de la policía de la provincia en esa época, coronel Carlos Omar Herrero.

La Gendarmería llegó ayer al departamento donde Sarmiento vive en Buenos Aires sin tener información previa sobre su estado de salud. Al entrar se encontraron con un hombre de 85 años en silla de ruedas y con mal de Parkinson en estado avanzado. En ese contexto intervino el Cuerpo Médico Forense, quien opinó que no estaba en condiciones de ser trasladado a Posadas ni de declarar. Según fuentes judiciales, el ex militar ya no reconoce ni a sus familiares y por esa razón se complica seriamente la posibilidad de que sea juzgado por su rol durante la dictadura. El fiscal de Posadas Rubén González Glariá cree que, como ministro de Gobierno de la provincia, Sarmiento no podía desconocer los hechos que ocurrían en el ámbito de la policía. De ahí surgiría su responsabilidad como autor mediato o como partícipe primario o secundario de aquellos delitos. La fiscalía venía pidiendo su detención a Chávez –junto a la de otro grupo de policías y ex funcionarios– desde 2006. El último febrero volvieron a reclamarle al juez que los detuviera y, esta vez, casualidad o no, reactivó el expediente y empezó por otro imputado, Julio Argentino Amarillo, y ahora siguió con Sarmiento. Chávez es juez federal de Posadas desde 1992 y tuvo por lo menos tres pedidos de juicio político por distintos motivos. De los dos últimos logró salir indemne gracias al apoyo de los consejeros kirchneristas en la Comisión de Disciplina y Acusación cuando rechazaron las denuncias.


Secretario de DDHH mandó al psicólogo a la jueza Sarmiento "si tiene miedo"
Luis Duhalde dijo que la magistrada que falló contra el uso de reservas del BCRA "no podía ignorar que su papá estaba procesado por delitos de lesa humanidad". Y le retrucó: "¿Quién usó los poderes para hacer represalia?El secretario de Derechos Humanos del Gobierno nacional, Eduardo Luis Duhalde, declaró, en conferencia de prensa, que "no resiste ningún tipo de consideración la que efectuara la jueza Sarmiento" sobre las "presiones y revanchisimos" denunciados por la magistrada, y aseguró que "es exactamente al revés de lo que ella dijo".

Añadió que la magistrada no podía ignorar que su padre "estaba procesado por requerimiento judicial en febrero de 2008", con la secretaría de DD.HH. como querellante.

Sobre la jueza, indicó que "en lugar de excusarse cuando le tocó actuar, intervino y falló en contra del Estado nacional". Añadió: "¿Quién usó los poderes para hacer represalia? Es bochornoso, como dijo Aníbal Fernández", adhirió. "Nos resulta ahora más claro la mentalidad de las resoluciones de la jueza", opinó.

Consultado sobre la frase de la jueza acerca de que  tenía "miedo a represalias", el titular de la Secretaría de Derechos Humanos respondió: "Que vaya al psicólogo".

"El coronel Sarmiento no era un anciano en silla de ruedas en ese entonces", dijo una presunta víctima de torturas por parte de un grupo de militares en esos años, "sino un activo y emprendedor" militar, "entrenado por los americanos en las técnicas de terrorismo de Estado y torturas, y estaba haciendo méritos"

Esta tarde, el Cuerpo Médico Forense dictaminó que el militar retirado Luis Sarmiento no está en condiciones físicas de afrontar un viaje hasta Misiones, donde se ordenó su detención. "Sufre de una enfermedad degenerativa" que está en avanzado proceso, afirma un informe médico recibido por el juez federal Sergio Torres en Capital Federal. Ahora resta que notifique a su par misionero para que decida si ordena o no el traslado a esa provincia, según informó la agencia Télam.

Duhalde también se refirió a las declaraciones de Lilita Carrió solidarizándose con la jueza Sarmiento, Recordó que “también se solidarizó con la señora (Ernestina Herrera) de Noble, sospechada de la apropiación de dos hijos de desaparecidos. Después de eso, ¿qué se puede esperar de la doctora Carrió?”, consideró.

Nueva causa contra Jorge Rafael Videla por delitos de lesa humanidad

Lo resolvió un juez federal de Córdoba. Además del ex presidente de facto, en la causa está investigado Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera jefe del III Cuerpo de Ejército durante el último gobierno militar. Están acusados de homicidio. 

El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, que subroga el juez Alejandro Sánchez Freytes, elevó a juicio oral una causa en la que se investiga al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por el delito de homicidio calificado en perjuicio de una víctima, hecho que habría ocurrido en 1978 en la provincia de Tucumán.

Además de Videla y Menéndez, en la causa, denominada “Actuaciones para la investigación de la muerte de Osvaldo de Benedetti” se encuentran imputados el ex segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, Coronel Alberto Carlos Lucena; el ex teniente coronel Jorge González Navarro, jefe de la División Personal (G1); el ex teniente coronel Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jefe de la División Inteligencia (G2), y el ex teniente coronel Jorge Eduardo Gorleri, Jefe de Operaciones (G3).


Los hechos

El 3 de julio de 1978, Osvaldo Sigfrido De Benedetti, quien se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y  a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 1761/74, habría sido retirado de dicha unidad carcelaria por orden del Área 311 alegando el falso propósito de ser interrogado (finalidad expresada en la nota suscripta por el entonces comandante de la IV° Brigada de Infantería Aerotransportada  General Arturo Gumersindo Centeno, dirigida al director del Servicio Penitenciario Provincial).

Asimismo, ese día habría sido trasladado a Tucumán con el objeto de hacer efectivas las amenazas de muerte que desde la autoridad castrense se le habían realizado al detenido, haciéndolo permanecer hasta tanto alojado en la Unidad Penitenciaria de Tucumán, sin dar noticias de su verdadero destino a familiares ni allegados.

Días más tarde, en fecha y hora aún no determinada con exactitud, posiblemente el día 21 de Julio de 1978, y en un lugar aún no identificado de  la provincia de Tucumán, De Benedetti habría sido asesinado por personal militar perteneciente al III Cuerpo de Ejército en un simulado intento de fuga.

El hecho señalado habría tenido lugar en cumplimiento de las órdenes emanadas por las autoridades del Ejército Argentino, en particular en este caso por su Comandante en Jefe Teniente General Jorge Rafael Videla y por quienes – siguiendo la cadena de mando - dirigían y supervisaban el funcionamiento de la Zona de Defensa 3 - especialmente organizada en el marco del plan diseñado e implementado con el alegado propósito de la llamada “lucha contra la subversión”, concretamente por el Comandante del III° Cuerpo de Ejército y a su vez Comandante de la Zona de Defensa 3 General de División Luciano Benjamín Menéndez.

Juicios en los próximas fechas

Cinco juicios orales en los que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar ya tienen fecha de inicio confirmada. Se trata de procesos que se desarrollarán en Capital Federal, La Plata, Rosario y Mendoza. El detalle es el siguiente:

- La Plata (12 de abril): ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esa ciudad, comenzará el debate por la causa "Dupuy", en la que se encuentran imputados: Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, Enrique Leandro Corsi, Elbio Osmar Cosso, Elbio Abel David Dupuy, Luis Favole, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Raúl Aníbal Rebaynera, Víctor Ríos, Valentín Romero e Isabelino Vega. Se investigan delitos contra los derechos humanos cometidos en la Unidad del Servicio Penitenciario Nº 9 de La Plata, en perjuicio de 90 víctimas.

- Comodoro Rivadavia (22 de abril): el Tribunal Oral Federal de esa ciudad dará inició al juicio oral en el marco de la causa " Sosa, Luís Emilio y otros”, vinculada con la denominada “Masacre de Trelew”. Están acusados Jorge Enrique Bautista, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Horacio Alberto Mayorga, Rubén Norberto Paccagnini y Luis Emilio Sosa. Se investigan delitos en perjuicio de 19 víctimas.

- Rosario (27 de abril): en el marco de la causa "Feced", el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esa ciudad iniciará el debate por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de esa ciudad, en perjuicio de 86 víctimas. Están procesados los ex militares y civiles Ramón Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch. Todos se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.

- Capital Federal (1º de junio): el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Capital encabezará el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976. En la causa están imputados Néstor Guillamondegui (ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea), Rubén Visuara (ex coronel del Ejército), Eduardo Cabanillas (ex general de División del Ejército), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército) y Eduardo Ruffo (ex agente civil de inteligencia de la SIDE), por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas. El tribunal está integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.

- Mendoza (suspendido): si bien el inicio del primer debate por crímenes contra los derechos humanos en esa ciudad estaba previsto para el próximo 11 de marzo, el Tribunal Oral Federal Nº 1 suspendió el comienzo debido a que la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió el 1º de marzo pasado apartar al juez Juan Antonio González Macías, integrante del TOF Nº 1 de Mendoza. Ahora, la cámara debe realizar una nueva integración del tribunal, que, hasta el momento, está integrado por los jueces Héctor Cortés y Alejandro Piña. En tanto, se prevé que en los próximos días se fije la nueva fecha de inicio del debate. En la causa se encuentran imputados los coroneles Tamer Yapur y Orlando Dopazo, el jefe de Inteligencia de Ejército Paulino Enrique Furio, el comisario retirado Eberto Edgardo Villegas, el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal, el médico Celustiano Lucero, los comisarios retirados Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda, el ex general Mario Lépori y el oficial de la Policía de Mendoza Luis Alberto Rodríguez Vázquez. Cabe aclarar que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, también se encuentra imputado en la causa pero el tribunal dispuso su separación del debate, ya que desde el 16 de febrero pasado enfrenta un nuevo juicio en Tucumán. Así, los jueces resolverán oportunamente la fecha de debate para el caso de Menéndez.

Actualmente:

- Salta: el 25 de noviembre de 2009 comenzó, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad, el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en esa provincia. Se trata de la causa en la que se investiga la privación ilegal de la libertad y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, hechos ocurridos el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de Tartagal. Se encuentran procesados los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo.

- Bignone: el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín encabeza, desde el 2 de noviembre pasado, el juicio oral contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno militar en jurisdicción de Campo de Mayo. Además de Bignone, están acusados los ex militares Santiago Omar Riveros, Fernando Exequiel Verplaetsen, Carlos Alberto Tepedino, Jorge Osvaldo García, Eugenio Guañabens Perelló y el ex comisario Germán  Montenegro. El debate se encuentra transitando la etapa de alegatos.

- Rosario: el 31 de agosto de 2009 comenzó ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad el  juicio oral contra el ex teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri. En la causa se investigan delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas, ocurridos entre 1977 y 1978, y también son juzgados el ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña y el ex agente civil Walter Dionisio Salvador Pagano.

- Primer Cuerpo de Ejército: ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal comenzó, el 23 de noviembre pasado, el juicio oral en la causa en la que se investigan delitos cometidos en el ámbito del centro clandestino de detención que funcionó sucesivamente en los lugares denominados “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”. Se imputa la privación ilegal de la libertad de alrededor de 180 personas, en concurso real con la imposición de tormentos de cada una de ellas. Se estima que prestarán declaración testimonial cerca de 400 personas.

- ESMA: el 10 de diciembre de 2009, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, arrancó el debate en el que se investiga al ex integrante de la Marina Alfredo Astiz y a otros ex oficiales, por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta instancia abarca dos de los tramos de la megacausa: el de la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

- Santa Fe: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe inició el 5 de marzo el juicio oral contra Horacio Barcos, un ex agente de Inteligencia del Ejército Argentino, por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el último gobierno de facto. En la causa, Barcos está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada (dos hechos) y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos, en forma reiterada (dos hechos), en concurso real, delitos considerados de lesa humanidad.

- Tucumán: el 16 de febrero comenzó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad un nuevo juicio oral contra los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Será en el marco de la causa "Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestro y desaparición", en la que también están imputados Roberto Heberto Albornoz, Alberto Luis Cattáneo, Carlos Esteban De Cándido, Armando Luis De Cándido y María Elena Guerra. Se investigan delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía de esa provincia en perjuicio de 20 víctimas. Cabe recordar que el tribunal suspendió las audiencias hasta el 16 de marzo próximo porque dos de los imputados –Bussi -enfermo y Mario Zimmerman- que murió impune.

UN CABLE DESCLASIFICADO DE LA CIA INDICA QUE EJECUTO AL ARZOBISPO ROMERO UN MILITAR ARGENTINO ENVIADO POR VIOLA


Matar a un monseñor

A treinta años del asesinato del célebre religioso salvadoreño, el crimen no se esclareció, pero la pista más firme apunta a un represor del Batallón 601 llamado o apodado Emilio Antonio Mendoza. Pero nunca fue investigada por la Justicia.

 Por Santiago O’Donnell

Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.

Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12.000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.

El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto.

Puede ser un bolazo. El documento desclasificado está lleno de tachaduras de los censores de la Agencia y no precisa la fuente original de la información, no dice cómo el agente se enteró. Duane Claridge, un jefe de la CIA que supervisaba la inteligencia de la región en esos años, le dijo a Valencia que se trata de información cruda, que no había sido procesada por los analistas en Washington. Pero no negó su existencia. El diplomático estadounidense Robert White, que asumió la embajada pocas semanas después del asesinato, reconoció en la misma investigación periodística que estaba al tanto de la existencia del cable, aunque su impresión era que no se había producido “un hallazgo”.

No habría que descartarlo. El cable lo manda el “agente legal” de la embajada en San Salvador, o sea un hombre de la compañía. Los agentes de la CIA podrán ser unos mentirosos para el resto del mundo, pero tratan de pasarle buena información a sus supervisores. Aunque sea para ganarse el bonus de fin de año. Además, está probado que al momento del crimen el autor intelectual, Roberto D’Aubisson, recibía instrucción de militares argentinos que habían sido enviados a El Salvador por el entonces jefe del Ejército argentino, que era Viola. Y según muestran otros cables desclasificados por el gobierno estadounidense, cada vez que se entrevistaba con funcionarios de los gobiernos de Carter y Reagan, Viola demostraba una obsesión por el conflicto centroamericano.

Cuando apareció el documento de la CIA la causa judicial por el asesinato de Romero estaba cerrada y sellada por una ley de amnistía. Por eso “Emilio Antonio Mendoza” nunca fue investigado por la Justicia salvadoreña.

En la Argentina mucho se ha escrito e investigado sobre la participación de represores argentinos en el conflicto centroamericano. Pero por distintas razones muy poco se sabe sobre el funcionamiento de las estructuras de Inteligencia que la Marina y el Ejército montaron en la región. Se conocen los nombres de al menos un marino, Carlos Dürich, y un miembro de Ejército, Alfredo Zarattini, que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato. Pero la existencia de Mendoza –si ése es su verdadero apellido– sigue siendo un misterio.
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Monseñor Romero sabía que lo iban a matar y sabía desde dónde vendría la bala. Murió el 24 de marzo de 1980 de un solo disparo al corazón mientras daba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Era entonces el líder más popular del país y también un pacifista molesto en un país al borde de la guerra civil. Sus homilías, que se transmitían por radio, llegaban a todos los rincones del país.

Lo habían nombrado arzobispo en 1977 con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero la muerte de un sacerdote de base muy amigo, asesinado por paramilitares junto a dos campesinos, lo llevó a denunciar cada vez con más fuerzas las matanzas de los grupos paramilitares que se sucedían a diario. También lo llevó a profundizar su opción por los pobres a partir de los textos del II Concilio y el Congreso de Medellín.

Quince días antes del asesinato encontraron 72 candelas de dinamita bajo el altar mayor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de San Salvador, activados por reloj para estallar mientras él daba misa. “Podrán matarme pero no podrán callar la verdad”, les contestó en la siguiente homilía.

El día antes de morir dio un sermón sobre la muerte. “A los soldados les digo que los campesinos son su gente y que tengan en cuenta el mandamiento No Matarás. Ninguna orden está por encima de la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, que paren con la represión”, predicó. En El Salvador, en esos días, se mataba por mucho menos.

Al día siguiente del asesinato una bomba estalló en la catedral y francotiradores abrieron fuego contra la multitud que participaba de la procesión, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.
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Al principio, la investigación judicial fue una farsa. Tres días después de asumir el caso el juez salió ileso de un atentado, lo balearon en la puerta de su casa. Desde entonces no demostró ningún interés por acercarse a la verdad. Tardó nueve días en mandar peritos a la escena del crimen, cuando ya no quedaban evidencias ni testigos. Nunca encontró nada.

La causa se reabrió en 1986 con otro juez durante el gobierno del demócrata cristiano Napoleón Duarte. Fue gracias a un hecho, digamos, fortuito. Tres meses después del asesinato, el ejército salvadoreño había allanado una finca donde el entonces mayor Roberto D’Aubisson conspiraba con un grupo de civiles y militares para derrocar a la junta militar que entonces gobernaba. D’Aubisson era el jefe de los escuadrones de la muerte y más tarde sería fundador del partido de ultra derecha Arena, que gobernó el país durante buena parte de los últimos treinta años.

Entre los presentes estaba también el capitán de la fuerza aérea Alvaro Saravia. Los conspiradores fueron liberados poco tiempo después, pero en el allanamiento, los militares secuestraron y presentaron a la Justicia varios documentos, entre ellos la agenda de Saravia. En esa agenda figuraban registros de compras de armamentos y entre ellos las de dos rifles calibre 22 compatibles con los fragmentos de proyectil encontrados en el cuerpo de Romero.

También figuraban los datos del chofer personal de Saravia, Antonio Garay, un miembro de la Guardia Nacional. Garay declaró que estuvo presente cuando D’Aubisson ordenó la muerte de Romero y le encargó a Saravia que contrate a un francotirador delante de varios testigos que consintieron la decisión, a quienes Garay también nombró. Dijo que él condujo al francotirador hasta la escena del crimen, que su pasajero era “un hombre barbudo y bien parecido” a quien no conocía, que estacionó su auto frente a la capilla y que vio cómo el pasajero salía del auto y apoyaba la mira de un rifle sobre la rueda trasera. Dijo que después escuchó un disparo y que el barbudo se subió otra vez al auto y que él lo llevó a un lugar seguro. Se cansaron de mostrarle fotos de barbudos bien parecidos, pero Garay no pudo identificar a su pasajero.

El juez incorporó el expediente del allanamiento a la causa del asesinato de Romero y en base a los datos de la agenda y el testimonio de Garay imputó a D’Aubisson como autor intelectual y a Saravia como autor operativo. Pero no acusó a nadie por la autoría material.
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D’Aubisson nunca fue procesado porque tenía fueros de diputado y murió de cáncer antes de que pudieran quitárselos. Saravia se había mudado a Modesto, California, donde contrató un abogado caro para pelear la extradición. En 1987 la Corte Suprema salvadoreña le dio la razón a Saravia y retiró el pedido de captura cursado a las autoridades estadounidenses. Según el Center for Justice and Accountability (CJA), una ONG estadounidense que sigue el caso desde hace varios años con el apoyo de la archidiócesis de San Salvador, el presidente de la Corte que retiró el pedido de extradición había sido el abogado de D’Aubisson durante el primer juicio. El caso Romero fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993 y semanas después Saravia fue incluido en una ley de amnistía aprobaba por el Congreso salvadoreño.

Saravia vivió tranquilo por un tiempo. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó reabrir la investigación y resarcir a los deudos del arzobispo por la responsabilidad que le cupo al Estado salvadoreño en el asesinato. El gobierno tardó tres años en contestar y cuando lo hizo dijo que no reabriría el caso porque los responsables estaban cubiertos por la ley de amnistía.

En noviembre del 2004 una corte civil de California citó a Saravia a declarar sobre el asesinato en una causa abierta por el CJA en nombre de los familiares de Romero. El capitán nunca se presentó y la corte lo condenó en ausencia a pagar diez millones de dólares.

Desde entonces Saravia se encuentra prófugo pero da la impresión que la Justicia estadounidense no lo busca demasiado. En una entrevista con el Miami Herald desde la clandestinidad en el 2006, Saravia se negó a hablar del caso, salvo para decir que él no había sido el francotirador. Ofreció negociar su testimonio con las autoridades de su país y amenazó: “Si yo hablo, El Salvador tiembla”. No dejó más precisiones.
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“D’Aubisson era el principal nexo entre la dictadura salvadoreña y los represores argentinos”, dice al teléfono desde Maine el politólogo de Colby College, Ariel Armony, autor de Argentina, Estados Unidos y Cruzada Anticomunista en América Central 1977-1984 (UNQ, 1999), el libro de referencia sobre el tema.

“Los salvadoreños admiraban a los argentinos. No necesitaban que les enseñen a ser violentos, porque su historia está plagada de violencia. Lo que aprendían era cómo usar esa violencia de manera más efectiva. En Guatemala tiraban campesinos al mar desde aviones y helicópteros, algo nunca visto hasta la llegada de los argentinos.”

El propio D’Aubisson reconoció haber sido instruido por militares argentinos en El Salvador en una entrevista de 1983 con Laurie Becklund del Los Angeles Times: “Ellos (los argentinos) estuvieron acá un corto tiempo pero ese tiempo fue muy útil. Transmitieron sus experiencias e informaron a nuestra gente para sugerirles que actúen de esta forma o de esta otra forma usando este sistema, cómo conseguir información y cómo analizarla”.

Según el testimonio secreto del represor Leandro “Lenny” Sánchez Riesse, ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, a partir de 1979 desembarcó en Centroamérica un “Grupo de Tareas Exterior (GTE)” del Batallón 601, la estructura de inteligencia del Ejército, al mando del coronel José Osvaldo “Balita” Riviero. Armony obtuvo una transcripción de ese testimonio a través de la ley de información pública. Otras investigaciones académicas y periodísticas aportaron más nombres y más pruebas de la presencia de represores argentinos en la región.

“Cuando ocurrió el asesinato de Romero el GTE se encontraba en su apogeo, ya que recién meses después, en 1981, en las últimas semanas del gobierno de James Carter, el gobierno estadounidense aprobó la primera operación encubierta de la CIA contra los sandinistas. Hasta entonces el trabajo sucio lo hacían los argentinos”, dice Armony.

Los cables desclasificados en 1993 indican que para la CIA los militares argentinos eran útiles, pero también difíciles de manejar. “Están dispuestos a todo. Sólo hace falta que les digamos lo que tienen que hacer”, dice uno. “En un buen día son parcos y malhumorados, en un mal día actúan por cuenta propia en contra de la política de nuestro gobierno”, dice otro.
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El año pasado la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó por primera vez las elecciones presidenciales en El Salvador. En el discurso del día del triunfo, el flamante presidente Mauricio Funes proclamó que seguiría el ideario de monseñor Romero. En el día de la asunción, horas antes de la ceremonia, Funes visitó la tumba del arzobispo en la catedral de San Salvador. La semana pasada repitió la visita con Lula.

Por eso, cuentan en El Salvador, el aniversario treinta de la muerte de Romero será como ningún otro, con importantes actos y ceremonias oficiales. Dicen que un gigantesco mural del arzobispo está siendo pintado en la entrada del aeropuerto internacional para recibir con su imagen a los visitantes que llegan al país.

En noviembre del año pasado la embajadora ante la OEA del gobierno de Funes anunció la reapertura de la causa por el asesinato de Romero en respuesta al pedido de la CIDH de 1986.

Mientras tanto, en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa no ha recibido aún pedido alguno de información sobre el supuesto asesino Emilio Antonio Mendoza, dijo la directora de la secretaría, Ileana Arduino. La funcionaria aclaró que sí ha recibido otros pedidos de otros gobiernos sobre otros represores.

El tal Mendoza no figura con ese nombre en los archivos de la Conadep, ni en los del CELS, ni en los del Cemida, constató el periodista salvadoreño Valencia en el 2006. Este cronista pudo comprobar que tampoco hay datos sobre “Mendoza” en las distintas dependencias del gobierno que se ocupan del tema, ni en los listados de personal civil de Inteligencia del Batallón 601, recientemente desclasificados por decreto del gobierno de Cristina Kirchner, ni en la base de datos que publicó la revista Veintitrés con el personal que actuó en el 601 durante la dictadura. Allí figura un José Emilio Mendoza con categoría de “dactilógrafo”, pero este diario pudo averiguar que durante la dictadura estuvo destinado en Formosa.

No es fácil investigar la actividad de espías en el exterior en ningún país. El decreto firmado por Cristina Kirchner excluye actividades en el extranjero y la guerra de las Malvinas. Además, la colaboración desde Centroamérica ha sido exigua o nula. “Nosotros le escribimos muchas veces al gobierno sandinista preguntando por la actuación de militares argentinos en la época de la dictadura pero los nicaragüenses nunca nos dieron información y a veces ni siquiera nos contestaron”, precisa una fuente del gobierno.

Este mes se cumplen treinta años del asesinato de monseñor Romero, icono universal de la defensa de los derechos , y su asesino anda suelto. En este momento podría estar tomando una piña colada en Miami. O comiendo una pupusa de chicharrón en San Salvador. O, por qué no, caminando tranquilo por las callecitas de Buenos Aires.

Pelea por los archivos de la represión

UN JUEZ BOLIVIANO EXIGIO A LAS FF.AA. QUE ENTREGUEN DOCUMENTOS DE LOS DESAPARECIDOS DE LA DICTADURA PELEA POR LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION

El representante de las fuerzas armadas bolivianas entregó el lunes pasado tres sobres al juez con un total de 65 fotocopias. Pero el fiscal del caso, que tuvo acceso a los archivos, sostuvo que ésos no eran los documentos solicitados.

 Por Sebastián Ochoa

Desde La Paz

El juez Roger Valverde dictaminó el levantamiento del secreto militar que impide saber qué pasó con la desaparición de personas durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981). Según los investigadores del caso, las fuerzas armadas no entregaron los documentos solicitados sobre el paradero de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y otros cientos considerados asesinados y desaparecidos, pese a que en lo formal cumplieron la orden judicial que exigía la apertura de los archivos de la represión.

Aún no respondieron desde el alto mando, cuya actitud evasiva fue respaldada por el vicepresidente, Alvaro García Linera. El representante de las fuerzas armadas bolivianas, el coronel Roberto Siles, entregó el lunes pasado tres sobres al juez Valverde (uno por cada fuerza) con un total de 65 fotocopias. “Me place dar cumplimiento a las normas emanadas por el Poder Judicial, dar acceso a la información y dar el acceso a los fiscales para que puedan verificar la información”, dijo Siles, quien aseguró que de esa manera los militares están cumpliendo con la orden de Valverde y con la Ley Orgánica castrense.

Pero el fiscal Eduardo Morales, que tuvo acceso a los archivos clasificados en el Gran Cuartel de Miraflores, sostuvo que ésos no eran los documentos solicitados. El investigador contó que los militares le habían mostrado un cajón con 2465 fojas en diez archivadores. Al juez le entregaron un resumen. El primer sobre, titulado “Armada”, llevaba once fojas abrochadas. El segundo sobre, denominado “Ejército”, tenía 45 fojas agarradas con un clip. El tercero, “Fuerza Aérea”, tenía dos anillados, uno con tres fojas y otro con cinco más un certificado.

El fiscal Milton Mendoza, que también atiende al caso, pidió más información. “Estamos hablando de treinta años de sucedidos los hechos. Con una información parcial no se van a poder esclarecer. Si nos limitan, si nos dan información parcial y sesgada el resultado es claro: otra investigación frustrada. Lo que se pide es que revelen los verdaderos archivos clasificados,” señaló.

Según la orden del juez, emitida ayer, “se autoriza el levantamiento del secreto militar de los documentos, archivos en cualquier tipo de soporte físico, fuentes de información que serán entregadas a la comisión de fiscales y serán mantenidos en reserva”. Mendoza dijo que si las FF.AA. siguen desobedientes pedirá la incautación y el secuestro de los archivos, más el allanamiento del cuartel donde, según los familiares, se encuentran enterrados los cuerpos de decenas de desaparecidos.

“Toda la información de 1980 se les entregó al fiscal y a su equipo de investigación. Es decir, no hay absolutamente ninguna restricción para que los fiscales y el equipo revisen el tiempo que sea necesario la documentación militar, no hay ningún obstáculo para el trabajo de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía se está excediendo de sus atribuciones”, dijo el vicepresidente.

Linera destacó que los militares acondicionaron una habitación en el cuartel para que los fiscales investiguen y saquen fotocopias. Sin embargo, Mendoza evidenció que ése “no es el procedimiento penal”, ya que la orden judicial solicita entregar los archivos a la Justicia.

Marta Montiel, que busca a su padre, Tirso Montiel, un ex carabinero chileno desaparecido en 1970 junto a varios guerrilleros de Teoponte, fue muy crítica con el vicepresidente. “Al compañero Linera se le olvidó su trayectoria revolucionaria al defender a los militares. A él y a su hermano lo han torturado ellos. ¿Por qué los defiende? El sabe que los militares aquí, en Chile y en Argentina han matado al pueblo”, afirmó.

Sobre la última orden del juez, dijo a Página/12 que existe malestar en el seno de las fuerzas armadas. “Deben estar superfuriosos. Es primordial que los militares entiendan que la justicia militar no está por encima de la justicia civil ni de la Constitución,” señaló.

Para varias organizaciones de derechos humanos, la renuencia de las fuerzas armadas a mostrar documentación se debe a que muchos aún están en carrera. E incluso muchos que fungieron como paramilitares en ese momento ahora serían funcionarios del gobierno, aseguran. Según Montiel, varios organismos coordinan acciones de protesta para los próximos días.

Integrante de Hijos del Interior “desaparecido”

Ramón González Morales, integrante de la organización Hijos del interior, cuya familia es querellante en la causa a genocidas, ya había sido detenido por policías quienes lo golpearon durante toda una noche el 18 de junio pasado. Fue desaparecido el 23 de enero, mientras jugaba al boley en Monte Grande, provincia de Buenos Aires.


Comunicado

Denunciamos por este medio la desaparición de un nieto y sobrino de  desaparecidos durante la última dictadura militar.Ramón Gumersindo  González Morales desapareció en monte grande Bs. As el día 23 de enero del 2010 a 20 horas mientras se encontraba jugando al voley.
El mismo ya había sido detenido en el mismo lugar con anterioridad el día 18 de junio del 2009,en el momento dijeron que por tres horas por disturbio en la vía publica, luego de constatar su identidad, lo golpearon durante  toda la  noche y lo pusieron en libertad recién al otro día
La madre radicó la denuncia recién en el día 6 de febrero por no contar con los medios económicos.
Su madre, Graciela Morales se caso en paraguay  de su matrimonio  nacieron 11 hijos. Hace 2 años regreso a Monteros, con sus hijos.
Ramón se trasladó  a Bs. As por falta de trabajo, al momento de desaparecer  trabajaba en la contrición y se encontraba tramitando la ciudadanía argentina.

Su madre y sus hermanos  pertenecen a la  Agrupación hijos del interior, pues sus abuelos y sus tíos de apellido Morales  fueron secuestrados durante el proceso militar en la localidad de  de capitán Cáceres, Monteros, Tucumán
Graciela morales es querellante junto a sus hermanos en juicios a los militares.
Denunciamos su desaparición, exigimos su aparición con vida y solicitamos se investigue hasta las últimas consecuencias.                                                                             
Agrupación hijos del interior                                                   
Solicitamos urgente  difusión de esta grave situación                                                     
 Para comunicarse 0381 155905998     

Las garantías procesales benefician a los represores


Irina Santesteban (LA ARENA)

Algunos de los acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, llegan a los juicios gozando del beneficio de la excarcelación. Sin embargo, ningún defensor de la "mano dura" ha protestado por ello.

El viernes 26 comenzó en los Tribunales ubicados en la calle Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, el juicio por los delitos que se cometieron en el campo de concentración conocido como "El Vesubio". En el mismo están acusados ocho ex represores: el general Humberto Gamen, los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y los agentes penitenciarios Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez.

Cual reflejo de las diferencias de clase que existen dentro de las filas del Ejército y las fuerzas de seguridad, los cinco penitenciarios ingresaron a la sala de audiencias con sus manos esposadas, de las que fueron liberados antes de tomar asiento.

Sin embargo, los tres jefes militares entraron con sus manos libres, impecablemente trajeados, como si fueran respetables señores mayores. Es que los tres gozan del beneficio de la excarcelación, por haber transcurrido los dos años que la ley procesal establece como límite de la prisión preventiva. Una garantía procesal que los impulsores de la "tolerancia cero" en la lucha contra el delito, han impugnado siempre como un "exceso de garantías" que beneficia a los delincuentes.

El Centro

El Vesubio fue uno de los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura videlista, está ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, en Camino de Cintura y Autopista Richieri. Dependía del Primer Cuerpo de Ejército y en sus instalaciones fueron vistos secuestrados y aún figuran desaparecidos, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raimundo Gleyzer y el dibujante Héctor Oesterheld.

Aunque se calcula que fueron cerca de cuatro mil los detenidos que pasaron por ese campo, en este juicio se ventilarán los casos de 157, algunos de los cuales sobrevivieron al horror de la detención ilegal y las torturas y son parte de los más de 300 testigos que prestarán su declaración en las audiencias, que se estima se prolongarán hasta noviembre.

Además de las continuas dilaciones que plantean las defensas de los genocidas, los juicios por los crímenes de la dictadura, enfrentan varios otros problemas, entre ellos la falta de espacios adecuados para desarrollar las audiencias públicas.

En el enorme edificio de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, se utiliza la sala del subsuelo para tres juicios diferentes. Tres días a la semana, semana por medio, tienen lugar las audiencias por la mega-causa "Atlético - Banco- Olimpo", más conocida como ABO y donde se encuentran acusados quince ex represores, en su mayoría ex comisarios de la Policía Federal, algunos gendarmes y agentes de inteligencia militar.

Otros tres días a la semana, también semana de por medio, en la que no se ventila la causa anterior, se llevan a cabo las audiencias por la causa "ESMA", que comenzó en diciembre del año pasado y que tiene 19 acusados, entre ellos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, el médico Carlos Octavio Capdevilla, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón y Ricardo Cavallo.

Dudas

En esa misma sala, desde el pasado viernes 26 de febrero, también tienen lugar allí las audiencias de la causa "Vesubio" aunque hasta esta semana no se sabía cómo iba a continuar, por la falta de espacio adecuado.

El día del inicio de la audiencia, hubo que esperar a que se desocupe la sala y partieran los acusados de la causa "ESMA", quienes fueron repudiados con cánticos por los militantes que se encontraban en la puerta de Comodoro Py, mientras al interior de los Tribunales se acondicionaba rápidamente la sala de audiencias para comenzar, con una hora de retraso, con la lectura del requerimiento fiscal en la causa "Vesubio".

No fue el único retraso en esta causa, la renuncia al Tribunal Oral Federal Nº 4 (TOF 4), quien tiene a su cargo el juicio, de la magistrada María Cristina Sanmartino, ya había prorrogado el inicio de las audiencias previstas inicialmente para el 15 de diciembre del año pasado. Finalmente el Tribunal quedó conformado por el camarista Leopoldo Oscar Bruglia (presidente), Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi, éste último miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

El procesamiento con prisión preventiva de los imputados había sido dispuesto por el juez Daniel Rafecas el 23 de mayo de 2006, que analizó 16 homicidios agravados y 157 privaciones ilegales de la libertad en concurso real con imposición de tormentos. Un año después, el 10 de abril de 2007, la Cámara Federal confirmó dicho procesamiento y finalmente, luego de innumerables dilaciones, comunes a estos juicios, el 22 de julio de 2008 se dispuso la clausura parcial de la instrucción y su elevación a juicio oral y público.

Primera audiencia

La primera audiencia se prolongó por casi cuatro horas, y la lectura del extenso escrito de la Fiscalía fue seguida con atención por el público conformado por unas setenta personas, sentados detrás de un vidrio que los separaba de los miembros del Tribunal, imputados y abogados. Los presentes eran mayoritariamente familiares de las víctimas, ex detenidos del Vesubio y personalidades de los organismos de Derechos Humanos, como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Jorge Watts, sobreviviente del Vesubio y uno de los principales testigos en la causa; María Eleonora Cristina y Mónica Cristina, hija y hermana de Roberto Cristina, secretario general de Vanguardia Comunista y desaparecido en "El Vesubio".

En la parte superior de la sala, se ubicaron los escasos familiares de los imputados, quienes formaron fila con el resto del público al momento de ingresar a la audiencia. Su porte militar y rostros adustos contrastaban con el bullanguero grupo de familiares y militantes, que expresaban su satisfacción por haber arribado a este juicio aunque con 32 años de demora.

La emoción y el llanto embargaron a algunas mujeres cuando el secretario del Tribunal leía sus nombres, cuyos casos figuran entre los 157 que juzgará este juicio, y que serán importantes testigos por haber sido detenidas ilegalmente y torturadas en ese campo de concentración.

Entre las víctimas del imputado Durán Sáenz, figura la pampeana Elena Alfaro, secuestrada embarazada en abril de 1977 y liberada en noviembre de ese año, actualmente residente en Francia. El padre de su hijo, el cordobés Luis Fabbri continúa desaparecido y también es uno de los casos que se juzgará en esta causa.

Agenda marzo de audiencias juicios contra genocidas

Lunes, 01 de marzo de 2010. A partir de mañana continúan los Juicios por los hechos ocurridos en la última dictadura militar.

-Juicio Club Atlético, Banco, Olimpo . Continúa el 08 y 09 de marzo a partir de las  9:00hs. (Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso, TOF Nº 2).

-Juicio por la ESMA . Continúa el 03, 04 y 05 de marzo a partir de las 10:00hs. (Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso. TOF Nº 5).

-Juicio por el Vesubio . Continúa la lectura de los delitos imputados el martes 02 de marzo a las 11:00hs. (Capital Federal. Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso, TOF Nº  4).

- Juicio Campo de Mayo. Alegatos de las defensas de los genocidas 02, 03 y 09/3 a partir de las 9:30hs. (Hipólito Irigoyen 4595, Florida).

-Rosario: Causa Guerrieri–Amelong. Continúan los alegatos de la Fiscalía el 02 de marzo en el Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario. Transmisión online  

-Salta: continúa el Juicio por el secuestro y desaparición forzada de Aldo Melitón Bustos. JuzgadoFederal de Salta.

-Tucumán: martes, miércoles y jueves, 9:00hs. Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Crisóstomo Álvarez y Ayacucho. Televisación en directo por Canal 10 de Tucumán .

-La Plata, Unidad 9 : comienza el 8/3. TOF Nº 1 de La Plata.
-Masacre de Margarita Belén : comienza en marzo de 2010- Chaco.