JAVIER URONDO EN LA EVOCACIÓN DEL PADRE


  En sólo dos horas, Javier, hijo de Paco Urondo pudo matizar el entorno del poeta, su intervención en proyectos culturales y periodísticos así como su consagración a la militancia en una época que se debatía entre los golpes militares y la posibilidad de  transformación social. A continuación se leyó el testimonio del Jefe del D2,  Pedro Sánchez Camargo, tomado en 1987, donde se hace referencia al operativo que terminó con la vida de Urondo y la desaparición de Alicia Cora Raboy
  Javier Urondo se enteró de la muerte de su padre a través del diario. Desde que el escritor arribó a Mendoza, en abril del 76 no había tenido noticias sobre él, sobre su hija Ángela y sobre su compañera Alicia Cora Raboy. El brutal episodio en el que fue abatido y en el que secuestraron a Alicia lo conocería con detalle tiempo después de boca de René Ahualli “La Turca” quien también viajaba en aquel Renault 6 que fue interceptado por la policía en la esquina de Remedios de Escala y Tucumán de Dorrego. No obstante, la que  se ocuparía de esta trágica historia fue la hermana del poeta, Beatriz Urondo, quien consiguió le entregaran los restos de Paco (en condición de NN)  para ser inhumados en la bóveda familiar y recuperó de la Casa Cuna a Ángela, la hijita de la pareja.
  Los testimonios del hijo del poeta militante  sirvieron para pintar la vida de Urondo antes de que en la agrupación Montoneros, a la que pertenecía, se decidiera su traslado. Recordó el itinerario de su padre como protagonista en las letras. Detalló que fue secretario de Cultura de Santa Fe durante el Gobierno de Dr. Frondizi y Director del departamento de  Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA durante el camporismo. Francisco Urondo escribió poesía, obras de teatro, guiones de TV y una novela. Publicó en nuestro país y en el exterior.  Formó parte del staf de la revista Leoplan; escribió para suplemento cultural del Diario La Opinión en su época de oro; fue figura clave en la redacción del Diario Noticias y en fecha próxima al golpe estaba en el armado de la Revista Información; él jovencito participó tanto en este último proyecto como en el diario Noticias junto a su padre
  Javier Urondo, que en el momento del asesinato de su padre tenía 19 años, relató que su hermana Claudia lo acercó  al peronismo,  hasta ese momento el escritor había mostrado su compromiso con el pueblo a través de su obra poética y de su trabajo como periodista. A través de ella, se vinculó a la FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), organización que se fusionaría con Montoneros. Además agregó que, a pesar de su corta edad él también participaba.” Mi militancia fue siempre como familiar, era una casa de militancia”; el joven se alejó del activismo en 1976 y vio a su padre por última vez en Buenos Aires antes de su traslado a Mendoza.
  A modo de conclusión Javier Urondo remarcó que dentro de su dolor de haber perdido gran parte de su familia durante la dictadura (además de Paco desaparecieron el en ’76 su hermana Claudia y su cuñado Mario Concurart), pudo hacer el duelo de su padre ya que tuvo la suerte que no tuvieron muchos  porque a la familia  le entregaron el cadáver.  Por último expresó, “quiero reivindicar la vida y la entrega de mi padre a sus convicciones. Espero que este juicio sirva como ejemplo de justica para toda la gente que la necesita”
Testimonio del fallecido Pedro Sánchez Camargo
Por secretaría se dio lectura al testimonio tomado en 1987 a Pedro Sánchez Camargo, jefe del D2 entre 1975 y diciembre de 1977; precisamente en el periodo en que se cometieron los mayores crímenes dentro de ese Centro Clandestino de Detención.  Tal como sucede habitualmente, el uniformado aseguró que el trato hacia los detenidos era “normal” con “asistencia espiritual” a cargo del capellán Moreno y “atención médica” de galenos del Departamento de Sanidad Policial. 
A pesar del empeño de Sánchez Camargo por desconocer lo sucedido en ese CCD;   de la lectura del testimonio se puede inferir como estaban organizadas las fuerzas represivas y como se ejecutaban los operativos.  Aseguró en la declaración que las órdenes generales se impartían desde la 8va Brigada, perteneciente al Ejercito, pero agregó una perlita, dijo que dos oficiales de policía obraban con relativa autonomía y actuación central en los procedimientos por ser enlaces con el Ejercito, ello eran Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha  Borzuk, el mismo que en el momento de la lectura dormitaba al costado del Tribunal. 

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Hubo más de 400 homosexuales desaparecidos durante la dictadura

Durante la dictadura hubo 400 homosexuales desaparecidos, pero sus casos no fueron registrados. Declará Valeria Ramírez.

Ésta es la historia de Valeria Ramírez. Y vale la pena contarla porque Valeria Ramírez es invisible. A 33 años del golpe del 24 de marzo de 1976, las víctimas homosexuales de la dictadura continúan sin ser, sin estar. El informe Nunca Más que elaboró la Conadep no ha nombrado a una sola persona detenida o desaparecida a causa de su orientación sexual. El Estado argentino no ha otorgado aún ningún resarcimiento por el daño a desaparecidos homosexuales, o a sus familiares. Según datos de varias organizaciones de derechos humanos, se estima que unos 400 homosexuales fueron detenidos durante la dictadura: muchos de ellos torturados, violados, y hasta asesinados. Sin embargo no existen archivos que confirmen esos casos.

Ni Madres de Plaza de Mayo, ni Abuelas, ni la agrupación HIJOS ni otros organismos de derechos humanos han manifestado la orientación sexual como causa de la desaparición de alguno de sus familiares.

Valeria Ramírez es una lupa que agranda una parte pero sirve para entrarle al todo. Y el todo es el más sangriento golpe de Estado que sufrió el país en manos de una dictadura militar que dejó un saldo de unas 30.000 personas desaparecidas, muchas de ellas detenidas a causa de su orientación sexual.

La breve historia del Frente de Liberación Homosexual (FLH) y la aparición de las Brigadas de Moralidad de la Policía Federal que purgaban las calles de gays y travestis aplicando el represivo inciso 2º H –escándalo en la vía pública– de los nefastos edictos policiales echaron por tierra la visibilidad que el colectivo había ganado. También el macabro Plan Cóndor pretendía “acabar con los homosexuales”. En esos años, Valeria era una travesti que ejercía la prostitución en la zona de Llavallol. Ella estuvo dos veces en el centro clandestino de detención conocido como El Pozo de Banfield. Valeria tenía 22 años.

Hoy, treinta y tres años después, se anima a contar lo sucedido. “Recién ahora puedo hablar. Me siento un poco más protegida, y porque además, ¿a quién podía interesarle?”, se pregunta.

Con la mirada fija en el recuerdo imborrable, Valeria relata cómo fue llevada junto a otras siete compañeras que, como hoy, siguen esperando un reconocimiento del Estado por el daño causado.
“En ese momento no sabíamos lo que pasaba. Nos detenían por ser homosexuales y ejercer la prostitución. Pero no nos dejaban en las comisarías. Éramos llevadas a diferentes centros de detención. Estuve en un lugar llamado El Pozo de Banfield en dos oportunidades, la primera fueron cuatro días, y la segunda poco más de dos semanas. Y fue realmente horrible”, recuerda.

“En ese lapso, compartí mi detención con otras siete compañeras con las que trabajábamos juntas. Por lo que supe, las únicas que quedamos con vida fuimos sólo dos. Las demás aún continúan desaparecidas”, dice.

Fueron años difíciles, sobre todo por la campaña moralizadora que se ejercía desde el gobierno. Muchos gays militantes en partidos políticos, algunos de los cuales habían conformado el Frente de Liberación Homosexual (FLH), como el poeta Néstor Perlongher y Héctor Anabitarte, se exiliaron buscando la protección que aquí no encontraban. Otros escapaban los fines de semana a las islas del Tigre y organizaban reuniones para divertirse.

Según la investigación realizada por Osvaldo Bazán en su libro Historia de la homosexualidad en Argentina, durante los primeros meses de la dictadura algunos lugares todavía permitían homosexuales. Los boliches se encontraban en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y muchos de los que buscaban “acción” lo hacían en los baños públicos de las estaciones de trenes. Las redadas contra los homosexuales se intensificaron, y muchos optaron por la clandestinidad o por emigrar.

Pero no todos pudieron escapar a la barbarie. Varias publicaciones recogen las palabras de un jefe de la División Moralidad de la Policía Federal en vísperas de celebrarse en la Argentina el Mundial de Fútbol, que ordenaba “espantar a los homosexuales de las calles para que no perturben a la gente decente”.

Esa sensación de persecución está presente en la mente de Valeria. “Ser homosexual o transexual en esa época era muy difícil, éramos constantemente perseguidos por la policía. Teníamos que arreglar con los jefes, y aún así éramos arrebatadas por patrullas de otras zonas porque necesitaban justificar que el plan se estaba cumpliendo. Nos venían a buscar”, recuerda y compara esa situación con una realidad que todavía hoy viven personas GLTB (gays, lesbianas, travestis y bisexuales) en muchas provincias argentinas. “En el país están todavía en vigencia en muchos lugares los Códigos de Faltas que tienen más de 30 años. La ausencia de una Ley de Identidad de Género hace que aún existan figuras represivas y que estemos condenadas a la persecución y a la prostitución como medio de vida, sin poder salir. Para las personas trans aún no ha llegado la democracia”, se lamenta.

El calvario vivido como detenida no encuentra consuelo. “Padecí violaciones para poder acceder a la comida o ir al baño. Nunca sentí miedo de morir. Vi la tortura y tuve que callar para poder seguir. Nuestras vidas no valían nada. La segunda vez que recuperé la libertad, mi abogado me dijo que si quería seguir viviendo me fuera de esa zona.”

Hoy Valeria Ramírez, desde la sede de la Fundación Buenos Aires Sida donde se desempeña como voluntaria, pide que el Gobierno “deje de invisibilizar a todos los que vivimos una sexualidad diferente. Aún hoy no sabemos dónde están tantos compañeros de lucha y de militancia. Y esto es parte de nuestra historia, que espero no vuelva a repetirse, pero que necesitamos hacerla pública, sacarla de este armario que nos impuso la sociedad durante tanto tiempo”.

Invisibles, sin nombre ni identidad, la historia argentina aún no logra sanar las heridas de un pasado que no se borra de la mente de aquellos que han sufrido en carne propia la crueldad sólo por tener una orientación sexual diferente de la establecida. Es hora que la memoria salga del clóset y reivindique a esos 400 homosexuales que permanecen desaparecidos entre los desaparecidos. Treinta y tres años después, siguen pidiendo su Nunca Más

Con la causa Urondo se retoma en Mendoza el juicio por delitos de la dictadura

Comenzarán a desfilar los testigos de cada caso. Declara el hijo del poeta asesinado en junio de 1976.

DANIEL CALIVARES

    Una nueva jornada del juicio por delitos de lesa humanidad comenzará, pero esta será diferente al resto, ya que, a partir de hoy, dejarán de declarar los testigos generales, salvo algunos pocos que quedan, y comenzarán a desfilar los testigos particulares de cada causa. La primera en analizarse será la muerte de Francisco Paco Urondo y la desaparición de su pareja, Alicia Raboy, hecho que se produjo en Guaymallén en junio de 1976 y que tiene a varios acusados.

LA CAUSA. El homicidio de Urondo ocurrió el 17 de junio de 1976. Escritor y militante montonero, Urondo había sido trasladado a Mendoza poco tiempo antes y, en el momento de la emboscada, se dirigía junto a Alicia Raboy, la hija de ambos, que tenía casi un año de vida, y otra mujer, René Ahualli, quien fue la única que pudo huir de la escena de los hechos. Según lo que consta en la causa, las cuatro personas fueron perseguidas por un Peugeot 504, con cuyos ocupantes intercambiaron disparos, hasta llegar a la esquina de Tucumán y Remedios de Escalada, en Dorrego.

    En ese lugar, Ahualli y Raboy, con su hija Ángela en brazos, intentaron escapar, pero sólo la primera lo logró. Según explicó la semana pasada Hugo Canela, quien tenía un corralón en la zona, Raboy fue hasta el negocio perseguida por cuatro hombres y, antes de subir a una habitación, le dio la bebé al hermano de Canela. A los pocos minutos fue atrapada y bajada a los golpes. Esa fue la última vez que se la vio viva, ya que las fuerzas de seguridad la desaparecieron.

   En tanto, Urondo, fue asesinado en la calle. Según el informe forense, la causa fue una herida en la cabeza. Esta habría sido causada por uno de los acusados del juicio, Celustiano Lucero, que en ese momento era parte de la Policía de Mendoza. Por la muerte de Urondo están en el banco de los acusados Lucero y Luis Rodríguez. En tanto, por la muerte del poeta y, además, por el secuestro de Raboy, se encuentran acusados Tamer Yapur, Juan Agustín Oyarzábal y Eduardo Smaha.

EL TESTIGO. Para esta causa, el primer testigo en pasar por la sala de debates será Javier Urondo, uno de los hijos del escritor. Según explicaron desde el Tribunal, la idea no era comenzar con la causa Urondo, pero, por un pedido de la querella, que argumentó que Urondo viajaba a Mendoza esta semana y que, luego, por cuestiones laborales, se le complicaría repetir el viaje, los jueces aceptaron que fuese hoy el día de su testimonio.

JUEVES.Mañana el debate seguirá con la causa Morgante. Esta era justamente la causa con la que se pensaba iniciar el debate, pero, al aparecer el pedido por Urondo, se decidió postergarla para mañana. La causa es por el secuestro de Gerónimo Morgante, quien era subsecretario de Agricultura hasta que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando las fuerzas armadas tomaron el poder y arrestaron a todas las autoridades de los gobiernos provinciales.

    Antes de ocupar el cargo de subsecretario de Agricultura, Morgante había tenido el mismo cargo en Economía, entre mayo de 1973 y junio de 1974, cuando gobernaba Horacio Martínez Baca, quien también fue detenido tras el golpe de Estado. Además, fue diputado nacional y uno de los fundadores del Partido Auténtico. Según consta en los expedientes, Morgante fue detenido el 30 de marzo de 1976 por personal de la policía que se encontraba cumpliendo sus tareas en la Casa de Gobierno.

    Una vez secuestrado, Morgante fue trasladado al D2, y luego a la Penitenciaría provincial. Sin embargo, allí no terminó su pesar, ya que fue nuevamente trasladado, pero a la Unidad 9 de La Plata, junto a un centenar de detenidos políticos, para luego recalar otra vez en Boulogne Sur Mer, de donde fue liberado el 2 de junio de 1978, a pesar de que existía un decreto del Poder Ejecutivo que disponía el cese de su arresto a partir del 13 junio de 1977.

    El único acusado en su causa es el ex interventor Tamer Yapur, quien figura en la mayoría de las causas. Yapur estuvo detenido por unos días en la unidad penitenciaria de San Felipe, aunque el alojamiento duró sólo unos días, ya que el Tribunal tuvo que autorizar su arresto domiciliario por razones de salud. De hecho, la semana pasada tampoco estuvo en el debate. Según fuentes de la Justicia federal, en los últimos días habría existido una mejora, por lo que argumentaron que la idea es cuidar que no les ocurra nada a ninguno de los acusados, ya que todos ellos presentan edades avanzadas.

   Por la misma causa Morgante, se espera que la semana que viene declare el periodista Rafael Morán, quien también estuvo detenido durante el Proceso. En tanto, otros testigos, los últimos que servirán para contextualizar lo que ocurrió durante la dictadura, declararán en febrero, entre ellos se encuentran Daniel Rabanal y la periodista e historiadora francesa Marie-Monique Robin, quien describirá cómo la llamada “escuela francesa” influyó en la dictadura argentina.

Murió en su casa el genocida ex Jefe del Ejército Cristino Nicolaides

Una muerte que se anticipó a la Justicia

Nicolaides cumplía una condena domiciliaria por violaciones a los derechos humanos, pero por su enfermedad no podía ser juzgado en la causa por el plan sistemático de robos de bebés que comienza en los primeros    , y decía que :  “el marxismo persigue a la humanidad desde 500 años antes de Cristo”.  (¿?)
 
 Por Alejandra Dandan

Murió en Córdoba el represor Cristino Nicolaides. Ex jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar formada después de la derrota de Malvinas, murió el sábado a la noche a los 86 años de edad. Por razones de salud, su nombre había sido borrado de la lista de acusados en la causa por robos de bebés de la última dictadura, cuyos debates orales están a punto de iniciarse. Alertados porque sus abogados pedían nuevamente que no se lo juzgase por razones de salud, Abuelas de Plaza de Mayo envió un perito de parte a verlo hace unos seis meses. El abogado de Abuelas, Alan Iud, confirmó a Página/12 que el deterioro en su estado de salud era cierto, que efectivamente el militar ya no comprendía nada, pero también aseguró que si el juicio oral se hubiese hecho cuatro o cinco años atrás, el represor que encontró en su indisposición permanente una suerte de salvoconducto judicial podría haber sido condenado.

Los restos de Nicolaides fueron velados y cremados con celeridad. Su abogado Alejandro Zeverín confirmó a la prensa cordobesa que esas medidas se llevaron adelante por decisión de sus familiares.

Nicolaides nació en Córdoba en 1925. Integró la Junta de Comandantes que asumió el poder a medida que se despedazaba la dictadura. Fue quien ungió a Reynaldo Bignone para presidir la última etapa del “proceso”, y a quien se lo recuerda entre los autores del llamado “Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo”, que declaró muertos a los desaparecidos, y por el que estuvo acusado en la causa de Abuelas. Escapó del Juicio a las Juntas de 1985 por un acuerdo negociado por las Fuerzas Armadas con el ex presidente Raúl Alfonsín. De esa manera se le concedió una especie de autoamnistía por la que ni él ni los miembros de la última Junta fueron juzgados. Antes emitió la orden de quemar los documentos de la represión, impartida en noviembre de 1983 por el Estado Mayor General del Ejército para destruir las pruebas antes de la apertura democrática, otra de las acusaciones por las que iba a ser juzgado en la causa por el Plan Sistemático. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el subsecretario Luis Alén recordaba anoche una de sus frases más célebres: “El marxismo viene persiguiendo a la humanidad desde quinientos años antes de Cristo”.

A lo largo de los últimos años, el deterioro del estado de salud se convirtió en uno de sus mejores salvoconductos. No sólo lo salvó ahora de quedar incluido en el juicio oral que empieza el próximo 28 de febrero en la causa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo. Sucedió lo mismo en Corrientes y con la causa por la masacre de Margarita Belén en el Chaco. “De la Brigada que él comandaba salió la orden de traslado de los que terminaron siendo fusilados ese 13 de diciembre de 1976, con el nombre de ‘Operativo Rojo’”, recordó anoche el fiscal general Jorge Auat, enrolado entre quienes batallaron por conseguir primero quitarle el beneficio del indulto que había conseguido Nicolaides y entre quienes una vez que lo consiguieron tuvieron que escuchar, luego, que eran las razones de salud las que impedían procesarlo y habilitaron una vía para separarlo de la causa.

En 2007 esas mismas razones de salud le permitieron no estar presente en la sala de audiencias de los Tribunales porteños para escuchar lo que finalmente fue su primera y única condena a 25 años de prisión por el secuestro y la desaparición de integrantes de la organización Montoneros, que volvieron al país enrolados en lo que se llamó la Contraofensiva. Entre ellos estaba Ricardo Marcos Zucker, el hijo del actor Marcos Zucker, secuestrado en febrero de 1980. En 1997, el sargento Nelson Ramón González –ex miembro de un grupo de tareas– dijo en un reportaje de televisión que el propio Nicolaides ordenó fusilarlo en el polígono de tiro de Campo de Mayo. Durante el juicio, se supo que además ordenó el fusilamiento de otras dos personas que luego fueron incineradas entre neumáticos. El juicio fue llevado adelante por Ariel Lijo, y ese fue el primer juicio contra los jefes de la dictadura militar tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Es en ese sentido que Luis Alén decide hacer un subrayado: “Se murió condenado”, dice. “Y pese a esa condena –sigue– él ya tenía además una condena ética y moral de parte de la sociedad, y eso es para destacar.”

El sábado a la noche el estado de salud de Nicolaides desmejoró por una complicación pulmonar, según el parte de su abogado.

Las causas en las que estaba acusado o estaba siendo investigado incluyeron desde procesos en Corrientes a Chaco, Córdoba, el área de Campo de Mayo e incluso la acusación por el Plan Sistemático que dibujan de alguna manera una huella de lo que fueron sus pasos. Cristino Nicolaides fue jefe del Ejército entre diciembre de 1981 y julio de 1982. Pero antes, entre abril de 1976 y enero de 1978, estuvo a cargo de la Brigada de Infantería VII y de la subzona 23 del II Cuerpo del Ejército en Misiones, Chaco, Formosa y parte de Corrientes. Comandó la guarnición de Campo de Mayo del Ejército entre diciembre de 1979 y 1980. Y entre diciembre de 1980 y diciembre de 1981 fue jefe del III Cuerpo de Ejército en Córdoba.

Hasta hace seis meses, su nombre integraba la lista de acusados de la causa por los 33 casos de apropiación sistemática de niños a cargo del Tribunal Oral Federal 6 porteño. También están acusados los represores Jorge Rafael Videla y Bignone. En aquella visita a Córdoba, el perito de Abuelas confirmó no sólo que el estado de salud de Nicolaides iba a servirle nuevamente como salvoconducto. En el mismo análisis, el perito supo que si hubiese sido sometido a una batería de fármacos cuatro o cinco años atrás se podría haber contenido el proceso de deterioro. Si además, la etapa oral se hubiese hecho antes, Nicolaides podría haber sido juzgado.

El capitán José Luis D’Andrea Mohr –un luchador por los derechos humanos– lo conoció en 1962 durante los enfrentamientos entre azules y colorados, cuando a Nicolaides lo nombraron subdirector de la Escuela de Tropas Aerotransportadas (paracaidistas) de Córdoba, de la que él formaba parte. El ex capitán ya fallecido siguió sus pasos hasta denunciarlo por la incineración de los documentos sobre los desaparecidos en 1983. “Era gordo y torpe”, dijo a Página/12 a fines de los ’90. “Con pocas aptitudes para tirarse de un avión, apenas llegó, llenó los calabozos de soldados y con poco esfuerzo se hizo odiar por todos. A los oficiales nos ordenó concurrir a cenar al comedor del casino de saco y corbata, pero lo solucionamos en short y remera mudando las mesas al jardín.” El 2 de abril de 1963, a Nicolaides se le rebelaron los soldados. Era jefe de la guarnición, y por entonces los oficiales decían que era “un hombre de nalgas griegas” por su apellido. En la embestida lo introdujeron en el escobero, entre lampazos, baldes, jabón y papel higiénico. Algunos historiadores –dijo D’Andrea Mohr más tarde– sostienen que la oscuridad del escobero lo inspiró para planificar acciones tan heroicas como la de Margarita Belén. “Pueden ser calumnias de zurdos. O de carapintadas. O de pelilargos y barbudos a los que Cristino persiguió con saña en su aristotélica guerra ideológica.” De eso sabía mucho. Quizá por eso cuando decoró un pasillo de la Escuela de Tropas con retratos de próceres, encima de la leyenda “Facundo Quiroga” aparecía un ignoto hombre perfectamente rasurado y de aspecto mussoliniano.

Torturas en los centros mendocinos

Declaró Ricardo Puga, sobreviviente de la dictadura, actual diputado provincial.

Estuvo en los centros clandestinos Papagayos y D-2 y en el penal de Boulogne Sur Mer. Relató los tormentos a los que fue sometido ante el tribunal que juzga a diez represores por los casos de 24 víctimas.
  
”Hay infinidad de dirigentes políticos que estuvieron vinculados con la dictadura... pero no voy a mencionarlos.” La afirmación, ante el Tribunal Oral Federal N0 1 que conduce el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la capital de Mendoza, pertenece al diputado provincial Ricardo Puga, sobreviviente de los centros clandestinos Papagayos y D-2 y ex preso político del penal de Boulogne Sur Mer durante la última dictadura. Puga declaró ayer, durante la decimooctava audiencia del juicio oral a diez represores por secuestros y torturas contra 24 víctimas, incluido el poeta, periodista y militante montonero Francisco Urondo. El coronel retirado Tamer Yapur, de 87 años, fue trasladado desde su prisión hogareña al hospital privado Español, de Godoy Cruz. El juicio continua el miércoles 19 de enero.

El actual presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja mendocina, donde integra un bloque unipersonal, detalló ante el tribunal que preside Juan González Macías las torturas que padeció durante los meses posteriores a su detención, el 13 de enero de 1976. Puga militaba en el Partido Auténtico y había acusado de poner una bomba en la casa del ex gobernador Alberto Martínez Baca al brigadier Julio César Santuccione, jefe de policía de Mendoza desde 1975 y luego símbolo del terrorismo de Estado en Cuyo.

“Me interceptó una persona que dijo ser de Investigaciones. Me pidió el documento y me llevó hacia una rural Fiat 125. Ahí aparecieron tres hombres con pelucas y me metieron en el asiento de atrás”, relató Puga. De inmediato recordó el mensaje por radio que emitió uno de los secuestradores: “Ya tenemos el paquete”.

La primera escala fue en un descampado del barrio Univev, donde lo obligaron a bajar del vehículo, lo encapucharon, lo esposaron y lo metieron en el baúl de un Ford Falcon. “Como mis manos fueron sujetadas por delante pude bajarme la venda, pero cuando se dieron cuenta me partieron los dientes de un culatazo”, añadió Puga, según registró ayer el diario virtual Mendoza Online.

En el centro clandestino Papagayos, que reconoció durante una inspección ocular en democracia, padeció la primera sesión de corriente eléctrica. “Me llevaron a una habitación y un rato después empezaron a aplicarme picana. Tomaban mate mientras yo me orinaba por la picana”, relató. También le hicieron cavar un hoyo en la tierra y lo sometieron a varios simulacros de fusilamiento.

Los interrogatorios estaban a cargo de un personaje apodado “Porteño”, al que volvería a escuchar en el D-2, el departamento de informaciones de la policía. “Por la forma de hablar y de dirigirse al resto, para mí se trató de un militar”, sugirió Puga. La pregunta que reiteraba a cada secuestrado era “¿Quién mató a Cuello?”, un policía asesinado en los meses previos.

Luego de “cinco o seis días” en el primer centro clandestino, Puga fue trasladado el D-2, por donde pasaron la mayor parte de los testigos de la causa. Allí llegó “con una costilla rota, los testículos quemados por la aplicación de picana y doce kilos menos de peso”, precisó el diputado. En la dependencia escuchó “el comentario de otro preso de apellido Sgroi acerca de que las sesiones de picana podían ser aguantadas”. Entonces “los represores escucharon los dichos, se lo llevaron y lo torturaron más salvajemente antes de tirarlo otra vez en su celda”, recordó.

Puga agregó que en el D-2 no fue sometido a picana pero sí a golpizas. “Una vez me encerraron en el baño y me pegaron. Ahí también escuché al ‘Porteño’”, destacó. La última etapa en cautiverio fue en el penal de Boulogne Sur Mer, del que fue liberado a fines de 1976. Allí el ex comisario Naman García “dio vía libre a la represión”, declaró.

Cuando el querellante Pablo Salinas le preguntó por dirigentes políticos vinculados al aparato represivo, Puga mencionó al ex concejal de Las Heras Roberto Lucas. “Me enteré que participó en un operativo como miembro de la CNU”, dijo, en referencia a la Concentración Nacional Universitaria. También recordó el caso del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, ex subsecretario de Seguridad del gobernador Celso Jaque, y manifestó que varios de los funcionarios designados por el ex ministro Carlos Aguinaga “hicieron los cursos de lucha antisubversiva”. Ante una nueva pregunta de Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Puga admitió que “hay muchísimos dirigentes políticos que estuvieron vinculados con la dictadura... pero no voy a mencionarlos”.

Revocaron la excarcelación de un ex policía

Lo dispuso la Cámara Federal de Bahía Blanca. Se trata de Osvaldo Vicente Floridia, ex suboficial de la Policía Federal. Está investigado por secuestros, imposición de tormentos y amenazas, en perjuicio de dos víctimas.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca revocó la excarcelación del ex suboficial de la Policía Federal Osvaldo Vicente Floridia, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Asimismo, los jueces Angel Alberto Argañaraz y Ricardo Emilio Planes dispusieron que la detención sea prevista con posible alojamiento hospitalario, ya que el imputado presentaría problemas de salud.

En la causa, Floridia está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con amenazas y violencia con una duración mayor a un mes, con imposición de tormentos en perjuicio de dos víctimas.

Detenido en Viedma

Floridia fue detenido en su domicilio en Viedma, en el barrio Ceferino, cuando un grupo de la Policía Aeroportuaria enviado especialmente para la detención se presentó en su domicilio el jueves 11 de noviembre para cumplir con la orden y trasladarlo a Bahía Blanca, donde fue procesado.

Secuestró a Chironi

Cristina Cévoli, viuda de Eduardo “Bachi” Chironi, contó en varios medios de prensa que el propio Floridia le confesó que había llevado a su marido a Bahía Blanca tras haberlo secuestrado. “Te voy a llevar como lo llevé al otro”, le dijo el actual detenido a Cévoli en aquellos años de dictadura.

“Casi todas sufrieron abusos”

MARIA SONDEREGUER, INVESTIGADORA SOBRE VIOLENCIA DE GENERO
En una investigación particular realizada por Sondereguer, casi todas las mujeres que estuvieron presas durante la dictadura reconocen haber sufrido algún tipo de abuso sexual. Hasta el año pasado se consideraba un delito que prescribía.
  
 Por Mariana Carbajal

Desde hace más de tres años, María Sondereguer dirige una investigación sobre la violencia sexual y de género durante el terrorismo de Estado. En ese marco, un equipo de investigadores de los Centros de Derechos Humanos de las Universidades Nacionales de Lanús y de Quilmes vienen recolectando testimonios y analizado los que han aparecido en diversos juicios que dan cuenta de las violaciones que han sufrido las mujeres detenidas en los centros clandestinos durante la última dictadura militar. “Las denuncias que constan en el Nunca Más y los testimonios que han surgido con la reapertura de los juicios luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida nos permiten señalar su sistematicidad”, señaló Sondereguer en una entrevista con Página/12. Encabeza el centro de DD.HH. de la UNQ, donde es profesora titular y desde 2009, además, directora nacional de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de DD.HH. de Nación.

–¿Encontraron denominadores comunes en los testimonios?

–Un elemento significativo es que en los testimonios que hemos recabado en la investigación, por fuera de los tribunales, y en muchos casos en conversaciones muy privadas y en un clima de confianza personal, casi todas las mujeres que estuvieron detenidas en los campos clandestinos de detención reconocen haber sufrido alguna forma de violencia sexual: desnudez forzada, manoseos de carácter sexual, penetración con objetos, picana en los pechos y genitales, violaciones sexuales.

–¿Qué significado tuvo la violación de mujeres en el marco del terrorismo de Estado?

–Consideramos que la “intervención” sobre los cuerpos por parte de los perpetradores se inscribe en un dispositivo disciplinario. La violencia sexual y las violaciones a las mujeres en el terrorismo de Estado tienen una función domesticadora. En los cuerpos se inscribe la disputa política: así, mientras el cuerpo violado de los varones es destituido de su masculinidad, en el cuerpo violado de las mujeres la agresión sexual inscribe la “soberanía” de los perpetradores. La “ocupación” del cuerpo de la mujer se asimila a la ocupación del territorio enemigo. Esta apropiación vale también para la “entrega” del cuerpo de las mujeres, en los vínculos sexuales e incluso amorosos, y no sólo en los encuentros sexuales forzados, sino en aquellos vínculos “consentidos” entre secuestradas y sus captores. Sabemos que el contexto no es neutro y está pautado por la violencia, y es indispensable reflexionar sobre las condiciones del consentimiento. Para las Fuerzas Armadas y las fuerzas de Seguridad, hay una gramática de los cuerpos que tiene una significativa incidencia en su constitución como sujetos.

–Se habían relatado violaciones y otros delitos sexuales durante el Juicio a las Juntas. ¿Por qué no se investigaron?

–Tanto en las declaraciones ante la Conadep como en el Juicio a las Juntas Militares en 1985, las mujeres denunciaron distintas formas de violencia sexual y en algunos casos expresaron haber sido violadas. Incluso puede estimarse que la cantidad de mujeres violadas fue muy superior a los casos denunciados. Hay que tener en cuenta que no se preguntó específicamente a las mujeres por las violaciones sexuales, las declaraciones fueron espontáneas. La percepción de que el número fue significativo se ve reforzada por la gran cantidad de testimonios de detenidos que dicen haber presenciado una violación. Pero en ese momento las denuncias de prácticas de violencia sexual hacia las mujeres –o hacia los varones– quedaron subsumidas en la figura de los tormentos y en las distintas vejaciones, y fueron relegadas ante la figura de la desaparición forzada que se consideró el elemento central de la metodología del terrorismo de Estado. Las violaciones y los abusos sexuales no adquirieron rango de hechos demostrables y por lo tanto no gozaron de jerarquía en la indagación de jueces y fiscales. Es necesario recordar que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue sustituida por la designación de “delito contra la integridad sexual”. Incluso hoy, las acciones penales en el caso de una violación son “acciones dependientes de instancia privada”, es decir, dependen de la acusación o denuncia de la persona agraviada.

–¿Qué cambió para que ahora haya otra escucha?

–Fue necesaria una transformación de los marcos sociales de memoria para que se empezaran a crear las condiciones para “nuevos” recuerdos: por un lado, la incorporación de la perspectiva de género en la investigación de violaciones masivas a los derechos humanos en situaciones de conflicto armado o en procesos represivos internos permitió identificar una práctica reiterada y persistente de violencia sexual hacia las mujeres y el debate jurídico a nivel internacional pudo entonces caracterizar la violencia sexual en el contexto de prácticas sistemáticas de violencia como una violación específica de los derechos humanos; por otro, en la indagación sobre los crímenes de violencia sexual ocurridos durante la dictadura se inscriben también otras circulaciones discursivas: las nuevas teorizaciones sobre género, los movimientos sociales feministas y algunos temas clave como la trata y tráfico de personas. La perspectiva de género nos ofrece una nueva capacidad de análisis que nos permite tomar distancia de la invisibilización que la problemática tuvo tanto en las políticas públicas como en las víctimas y en quienes reflexionan sobre estos temas.

–A nivel de la jurisprudencia internacional, ¿cómo se consideran las violaciones sexuales en contextos de terrorismo de Estado o guerras?

–En la legislación internacional, las violaciones sexuales sistemáticas son consideradas violaciones a los derechos humanos. El Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), aprobado en 1998, estipula que es un crimen de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución y el embarazo forzados u otros abusos sexuales de gravedad comparable, cuando son parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil. Pero ya en los tribunales internacionales ad hoc de Ruanda y la ex Yugoslavia la violencia sexual sistemática había sido probada y tipificada como tal. En la jurisprudencia interamericana, hace un par de años, la corte Interamericana de DD.HH. consideró la violencia sexual como una violación a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, en el caso de la masacre de mujeres en el Penal Castro Castro de Perú y recientemente estableció como tortura, entre otras violaciones a los DD.HH., la violencia sexual ejercida por agentes estatales contra dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero, México.







“QUERIAN QUE TE CONVIERTAS EN NADA”
Un juicio “esperado”

     

 Por Mariana Carbajal

“Sin duda, los vejámenes sexuales tienen un componente machista, no sólo te muestran el poder de las armas, de la superioridad física, de la situación de inferioridad que de hecho se produce al estar vendadas y esposadas, sino también el símbolo la demostración del otro poder: el poder fálico”, dijo Silvia Ontivero . Ella los sufrió en su propio cuerpo, tres y cuatro veces por día durante su cautiverio en el D2, de la ciudad de Mendoza. Lo declaró hace pocas semanas en el juicio por delitos de lesa humanidad. La violación “era una forma más de degradación, la idea era convertirte en nada –agregó–. Es un recuerdo que no se borra nunca, eso de cómo percibes en ese momento la transformación de hombre a alimaña. No quiero decir animal por respeto a los animales. Como mujer lo que percibes es que quien te somete es un monstruo, no puedes verlo de otro modo porque ahí, en ese ser, esa alimaña, no hay inteligencia, ni humanidad, no está dentro de la categoría humana que estás acostumbrada a tratar”.

Desde hace varios años Ontivero vive en Chile, donde administra algunas pymes en el mundo de la informática, pero viaja con frecuencia a Mendoza donde tiene sus afectos, su historia, sus amigos, sus raíces. Cuando testificó ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la capital provincial y dio cuenta de las violaciones que ella como otras mujeres detenidas en el centro clandestino que funcionaba en la Central de Policía padecieron sistemáticamente, varios de los presentes en la sala de audiencias no pudieron contener las lágrimas. Fui violada por más de veinte hombres, tres y cuatro veces al día. No eran los mismos. Respiraban distinto, olían distinto y hasta insultaban diferente. Ni siquiera podía bañarme”, declaró. A diferencia de Rosa del Carmen Gómez, otra de las testigos, Ontivero no pudo reconocer a sus violadores porque estuvo siempre encapuchada (ver nota central). Una vez en libertad, contó, perdió dos embarazos. “Una junta médica me revisó y me diagnosticó que por las descargas de la picana, tenía la vagina endurecida, como la de una mujer de 80 años”, declaró en el juicio.

–¿Cómo la afectó esa experiencia en su vida personal?

–En lo personal, fue un proceso largo, doloroso al principio, porque hasta que te encuentras con la posibilidad de amar y llegar a la intimidad, no sabes que vas a superarlo. Por eso, la superación tiene que ver con la pareja. Lo he conversado con otras mujeres violadas: esto se supera de a dos, cuando encuentras en la ternura, la comunicación y el cobijo del otro, el poder entrar en el escenario del amor y poder hablarlo hasta que no te quede nada adentro. En mi caso, durante años tuve horribles pesadillas que se fueron disipando, aunque con esto de los juicios, volvieron, más borrosas y más mezcladas, pero volvieron, horribles pesadillas que me dejan al día siguiente con un sabor amargo. Así y todo, y aunque parezca contradictorio estamos viviendo con mis compañeras y compañeros una etapa tan soñada que nos vemos y nos abrazamos, nos unimos a nuestras familias, somos una enorme cantidad de ciudadanos reparando y en reparación. Ha sido duro enfrentar el juicio, pero a su vez, ha sido aliviante. Nos ha dado una nueva posibilidad de reparar las heridas y soñar con saldar la deuda con nuestros compañeros desaparecidos.

–¿Fue la primera vez que contó sobre las violaciones?

–No. He declarado en todas las ocasiones que se fueron dando, sobre todo en aquellos requerimientos que en mi provincia fueron encarando las profesionales del MEDH. En el 2009, ante el doctor Héctor Masquelet, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando comenzó la reactivación de los juicios. Tanto en el momento en que me llevan ante un juez en una dependencia policial, aproximadamente a los veinte días de la detención en el D2, donde llego absolutamente destruida en mis partes íntimas , como en estas últimas ocasiones, siempre denuncié lo que había pasado, y no sólo a mí, sino a todas las compañeras que yo escuché cómo las vejaban. También denuncié los vejámenes que sufrió Miguel Angel Gil en el D2. Fueron tan horrorosos que falleció allí mismo: asesinato por torturas.

Ataque sexual como un delito de lesa humanidad

Dos represores fueron detenidos en el juicio de Mendoza por violaciones a las prisioneras.
 
Las violaciones a las prisioneras eran consideradas “hechos eventuales” y por lo tanto prescribían. Desde el año pasado, al comprobarse que se trataba de una práctica sistemática, se las ha equiparado a otras torturas.
     
 Por Mariana Carbajal

Dos policías retirados que integraron el D2, el centro de detención y torturas de la ciudad de Mendoza en la última dictadura militar, fueron detenidos y encarcelados, tras ser denunciados en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en la capital provincial por una testigo que los señaló como quienes la violaron de modo reiterado durante los nueve meses que estuvo presa en la cárcel clandestina que funcionaba en la Central de Policía de la calle Belgrano. Uno de ellos trabajaba actualmente en el planta verificadora de autos que maneja la fuerza. “Me manoseaban en la celda, me violaban”, contó Rosa del Carmen Gómez. Ella y otras dos testigos más del juicio, Silvia Ontivero y Luz Faingold, relataron, con mucho dolor, haber sido violadas salvajemente durante su permanencia en el D2. “Soportamos todo tipo de torturas, pero quizá la más horrorosa fue que por la calidad de mujer me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno”, declaró Ontivero y recordó con “horror” cómo otra de las detenidas, que estaba recién operada, también fue vejada sexualmente. “Hasta hoy recuerdo sus sollozos diciendo que era virgen y entonces hicieron una violación contra natura”, dijo Ontivero, que tiene hoy 60 años y llegó desde Chile, donde vive, para testificar (ver aparte). Faingold era menor de edad cuando fue detenida y violada: tenía 17 años recién cumplidos.

“Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”, explicó otro de los testigos, ex detenido desaparecido, Fernando Rule.

Como ya salió a la luz en otros juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos, cada vez con más detalles queda en evidencia que “las violaciones sexuales se produjeron en todos los centros clandestinos en forma sistemática”, destacó la abogada querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Viviana Beigel. Para el abogado Pablo Salinas, también querellante del MEDH, las detenciones de los dos policías marcan un punto de inflexión entre la impunidad y la justicia: “Antes había impunidad total llegando al punto de encontrarse varias víctimas con sus abusadores en lugares de la policía donde tenían que hacer trámites”, apuntó a este diario.

El debate oral comenzó el 17 de noviembre. El martes último retomaron las audiencias, que no fueron suspendidas por la feria judicial. Son querellantes el MEDH, el gobierno provincial y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la capital mendocina. Entre las mujeres que ya declararon, tres de ellas, Gómez, Ontivero y Faingold, manifestaron haber sido violadas. Otros dos testigos varones declararon haber tomado conocimiento de esas prácticas. “La parte más horrible de las torturas fue la forma en que el personal del D2 usaba la violencia sexual como método de tortura, porque la golpiza y la picana dolían, pero pasaban, pero el temor es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieran, incluso humillar, y eso hicieron con las violaciones. A mi mujer la violaban a metro y medio de mi celda. Un día me hacen tocarla para que viera que estaba colgada, desnuda, y hacen obscenidades y las relatan. Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”, contó Rule, y aseguró que una chica cordobesa que estaba frente a su celda “fue muy torturada y particularmente violada”. Rule fue el primer testigo del juicio. Su detención se produjo el 9 de febrero de 1976. Por entonces, estaba en pareja con Ontivero. Sus detenciones fueron simultáneas. Ella era delegada de ATE. “Ingresé embarazada al D2, pero lo perdí por la tortura y las violaciones”, contó ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 conformado por los jueces Antonio González Macías, Alejandro Piña y Héctor Cortés. Fue en la audiencia del 20 de noviembre. De los golpes que recibió también le partieron la nariz. Ontiveros estuvo unos 18 días en el D2. Después pasó a la cárcel de Devoto y recién salió en libertad en 1982.

El 9 de diciembre declaró Rosa del Carmen Gómez. Fue detenida el 1º de junio de 1976. No era militante de ningún partido. Al parecer, la habían confundido –dijo– con una “jefa guerrillera”. Su extenso relato también da cuenta de las terribles violaciones sexuales que sufrió durante su cautiverio, que se prolongó por nueve meses. A partir del testimonio de Gómez, que identificó a sus violadores, se produjeron las detenciones de los policías retirados. “González y Lapaz, junto a Bustos Medina (ya fallecido), fueron los que más me violaron y me torturaron. Lapaz y González están vivos, y uno de ellos, Lapaz, trabaja en la planta verificadora de autos en Las Heras”, afirmó. Lapaz y González no estaban entre los acusados en el juicio. Los imputados son Tamer Yapur, Paulino Furió, Eduardo Smaha, Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero, Dardo Migno y Juan Agustín Oyarzábal. En un principio también estaban siendo juzgados Juan Pablo Saa, que luego fue apartado (porque a los pocos días del inicio del debate oral sufrió un ACV y quedó en coma) y Osvaldo Fernández, que también fue separado por tener otra enfermedad grave.

El abogado Salinas, querellante por el MEDH, recordó que Rosa Gómez ya había brindado testimonio de las vejaciones sufridas en la D2, una vez que recuperó su libertad, ante el entonces fiscal Otilio Roque Romano. “Romano no sólo no hace nada con respecto a los abusos sufridos por ella sino que además la acusa de subversiva a los términos de la Ley 20.840, en base a declaraciones obtenidas bajo tortura y violación”, señaló Salinas. Romano es actualmente integrante de la Cámara Federal de Mendoza: está acusado como partícipe secundario en sus tiempos de fiscal –entre 1975 y 1976– en 94 hechos de privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones. Presentó su renuncia en diciembre, pero todavía no le fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández.

Las detenciones de los policías retirados ocurrieron el 27 de diciembre último, pero se conocieron recientemente. Héctor Lapaz y Miguel González fueron apresados por orden del juez federal Walter Bento, a pedido del fiscal del juicio Dante Vega, quien el mismo 9 de diciembre había solicitado la detención de ambos. Están acusados por violación agravada, tormentos y privación ilegítima de la libertad, todos en carácter de delitos de lesa humanidad. Se abstuvieron de declarar. Sus defensores pidieron la excarcelación, que fue rechazada, y quedaron en prisión. Apelaron. La Cámara Federal debe resolver sobre su situación.

El martes último, cuando se reanudó el juicio después de un par de semanas de receso, otro testigo, Eugenio París, quien también estuvo en el D2, confirmó que Rosa Gómez era violada repetidamente porque pudo verlo por la mirilla de la celda.

“Los de Rosa Gómez y París son testimonios claves, porque a ambos les tocó hacer tareas de limpieza, para lo cual les quitaron las vendas de los ojos”, explicó a Página/12 el abogado Salinas. Las violaciones y el abuso sexual que los represores cometieron en la última dictadura militar comenzaron a ser tratados como delitos de lesa humanidad recién el año pasado, ya que previamente fueron considerados hechos eventuales y, al no ser parte de un plan sistemático, la Justicia los consideró prescriptos. El primer fallo en establecer la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura fue dictado en abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia. En la sentencia, los jueces consideraron que la violencia sexual que ejerció el represor también constituye una forma más de tormentos y, por ende, es un crimen contra la humanidad. Ese fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea local, Gregorio Rafael Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados