Videla, el genocida, indagado por el Plan Cóndor

El mismo viejo discurso

El represor se negó a contestar preguntas, pero repitió el mismo discurso que lleva a tribunales cuando es citado para declarar. Debía responder por el secuestro de ciudadanos peruanos.

El genocida Jorge Rafael Videla se negó a declarar sobre su participación en el secuestro y las torturas aplicadas a un grupo de trece peruanos en el sótano de Coordinación Federal, uno de los centros clandestinos de detención que funcionó en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Videla había sido citado por el juez Norberto Oyarbide, en el marco de una causa sobre el Plan Cóndor.

Erguido, de saco sport y esposado con las muñecas hacia adelante, Videla, de 86 años, entró caminando a las oficinas judiciales del Tribunal Federal 10, ubicadas en el barrio porteño de Retiro, pasadas las 14.30 de ayer. Lo hizo acompañado de un grupo de agentes penitenciarios que lo escoltaron en su traslado desde Campo de Mayo, donde cumple las dos sentencias a prisión perpetua por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad.

Según fuentes judiciales, Videla le puso play al discurso que esboza siempre que debe declarar en alguna instancia judicial respecto de los crímenes cometidos durante la última dictadura. Tras negarse a contestar preguntas, manifestó que se considera juzgado por lo que entonces sucedió; que de todas maneras es el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas argentinas el que debería someter su accionar a juicio y que se hace cargo de sus responsabilidades en tanto comandante en jefe y presidente del país –de facto– de las órdenes que impartió.

“Nunca declara sobre casos puntuales”, mencionaron desde la Justicia. El de los trece ciudadanos peruanos, por el que Oyarbide lo citó a declarar, lo es. Aquéllos, algunos directores de diarios, otros marinos o delegados constituyentes, todos opositores al régimen del dictador Francisco Morales Bermúdez al momento en el que fueron secuestrados en su país el 25 de mayo de 1978, fueron trasladados en avión a Argentina.

En Perú se los acusaba de supuestos hechos de violencia. En Argentina les dijeron que eran “prisioneros de guerra”. Aterrizaron en Jujuy y luego fueron enviados al sótano del Departamento Central de la Policía Federal en Buenos Aires, para ser “ablandados” y obligarlos a firmar un pedido de asilo político voluntario. Los hombres se negaron a hacerlo y, ante el escándalo internacional en medio del Mundial de Fútbol de 1978, fueron expulsados a terceros países.

Para Oyarbide, “Videla, Morales Bermúdez y Albano Harguindeguy no fueron ajenos” a los hechos de colaboración represiva entre dictaduras latinoamericanas denunciados ante su juzgado y que integran la megacausa conocida como Plan Cóndor. En ese marco, el juez no sólo solicitó la indagatoria de este represor, sino también la de su ministro de Interior, Harguindeguy, quien se espera que declare hoy. El genocida, procesado en esta causa junto con el ex director de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Riveros y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides durante el golpe de Estado que duró hasta 1983, tiene 84 años y cuenta con el beneficio de cumplir arresto domiciliario en su casa por razones de salud.

El juez también dictó hace algunas semanas a Interpol el pedido de captura a Morales Bermúdez. Sobre este último pesa la acusación de Oyarbide por la presunta captura y traslado de los 13 opositores a su régimen desde Perú a Argentina. El Plan Cóndor fue un programa de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur a fines de los ’70 e inicios de los ’80 para detectar en cualquiera de sus territorios supuestos guerrilleros y opositores políticos, secuestrarlos e intercambiarlos.

Genocida Videla debe declarar por el Plan Cóndor

Un dictador a indagatoria

Lo convocó el juez Norberto Oyarbide. Tiene que comparecer por trece casos de secuestros y torturas a ciudadanos peruanos, que fueron capturados en su país y luego trasladados a la Argentina. Mañana está citado a declarar el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Jorge Rafael Videla deberá volver hoy a los tribunales federales, donde será indagado por trece casos de secuestro y torturas cometidos contra ciudadanos peruanos en el marco del Plan Cóndor. Mañana será el turno de su ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. El juez federal Norberto Oyarbide citó a los represores para interrogarlos sobre lo sucedido a un grupo de opositores a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez detenidos inicialmente en su país por militares peruanos y luego trasladados a la Argentina, donde estuvieron detenidos ilegalmente en Jujuy y Buenos Aires. Entre las víctimas había dirigentes políticos, sindicalistas, un periodista e incluso integrantes de la marina.

Los peruanos fueron secuestrados el 15 de mayo de 1978 en su país y, tras recibir una golpiza, fueron subidos a un avión que los trasladó, engrillados, a la provincia de Jujuy. Allí los llevaron al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 20, donde les informaron que eran “prisioneros de guerra”. Los presionaron para que firmaran un pedido de asilo político, y como se negaron los mandaron a Coordinación Federal, en Buenos Aires. Finalmente fueron expulsados a terceros países.

En esta causa, el juez Oyarbide había pedido hace quince días la captura del ex presidente de facto peruano Morales Bermúdez, el militar que derrocó en 1975 al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Aunque la investigación no integra la megacausa por la Operación Cóndor porque en ella no se consideraba al Perú como parte de la coordinación represiva de las dictaduras en el Cono Sur, Oyarbide manifestó no tener dudas de que los secuestros tuvieron al Cóndor como marco.

El Plan Cóndor fue un programa de represión coordinada que las dictaduras del Cono Sur implementaron en la década del ’70 para detectar en cualquiera de sus territorios actividades supuestamente subversivas y combatirlas de forma mancomunada.

Al presentar en los tribunales porteños la demanda que dio lugar a la apertura de la investigación judicial, el denunciante Ricardo Napuri, uno de los trece detenidos, había planteado que sus secuestros habían sido “parte de un acuerdo de alto nivel entre las dictaduras de los dos países”.

“En 1978 la dictadura peruana se caía por la presión popular. Se produjo una huelga general y, como manotazo de ahogado, hicieron este operativo. El mundial de fútbol nos jugó a favor, porque los militares argentinos no sabían qué hacer con nosotros. Querían que firmáramos un pedido de asilo político pero nos negamos, nos habían amenazado con aplicarnos la ‘ley de fuga’ y nos llevaron a los sótanos de la Policía Federal, donde nos hacían escuchar las sesiones de torturas. El caso fue tomado por el gobierno de Suecia y por Naciones Unidas, y finalmente nos expulsaron”, relató Napuri a este diario. También contó cómo fue la salida del grupo de la Argentina: sus captores los llevaron directamente a la puerta de un avión de Air France sin pasar por Migraciones y le dijeron al piloto que les retuviera los documentos porque la policía francesa los esperaba por “subversivos”. Sin embargo, ellos se quejaron y el piloto, tras consultar con las autoridades francesas, les devolvió la documentación y les hizo saber que eran “huéspedes privilegiados”.

Videla y Harguindeguy están presos en otras causas por delitos de lesa humanidad. El ex presidente de facto, de 86 años, cumple dos condenas en la cárcel de Campo de Mayo, mientras que su ex ministro, de 84, pidió el beneficio del arresto domiciliario.

La memoria transgresora es un atajo contra la injusticia



Por Andrea Benites-Dumont

Y a poco de iniciarse un nuevo año parecería que se hubieran quemado los deseos de los primeros minutos… y sin tiempo de balance ni de estrenar la errada inocencia, estalla una vez más el espectáculo obsceno de politiquerías, hipocresías, violencia, atropellos…

Así el  recuento de los juicios realizados en el año 2011 en Argentina, depara unas cifras de cuántos juzgados y tantos condenados. Hay que agudizar la lectura entre líneas, para encontrar los absueltos, los prófugos, los muertos, los ingresados en hospitales y clínicas privadas, los que están en sus casas… y los que están suspendidos y los que están pendientes de sentencias, y  los que tienen permisos de fiestas y de vacaciones…

En el anuncio de los juicios que comienzan en este 2012, más allá de los juramentos demagógicos de aceleración de los mismos, se repite el análogo esquema procesal: por un número ínfimo de casos a un número ínfimo de represores, y no por centro clandestino de detención, ni por fuerza armada… no se amplían los criterios para poder concluir el proceso suspendido en el tiempo del dolor y de la ausencia, de tal modo que estos mecanismos judiciales hacen pervivir la continuidad amarga de la revictimización, en primer lugar de los testigos, de los sobrevivientes, y  después, la de familiares, compañeros, amigos…

El sistema procesal ha sido acomodado a la funcionalidad de la impunidad. Según el informe de la Unidad Fiscal, hay en la actualidad 843 procesados, de los cuales 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio. Otras 141 tienen alguna causa con solicitud de elevación a juicio. En cuanto a la situación legal, del total de procesados existen 593 cumpliendo condenas y prisiones preventivas. La mitad de estos, está en cárceles comunes y el resto entre dependencias militares, en sus casas, en  hospitales,  en residencias y clínicas. Quizás 843 procesados pueda resultar una cifra impactante, siempre y cuando no se convoque a la memoria los 2.717 represores que fueron denunciados en una primera lista, incompleta, en 1979 (¡!).
Asimismo, varios de los máximos responsables tienen ya  entre 80 y 90 años… difícilmente vayan a la cárcel, y varios de ellos irán directos –e impunes-  a los cementerios… Esta suerte de camino judicial concluirá por finiquito natural. Mientras los archivos de la dictadura que encierran todos los atajos justicieros, siguen custodiados por el gobierno.

Parecería que lo dicho hasta aquí, que estas palabras,  sólo se contienen en el sur del sur y que se aplican a 35 años de los hechos genocidas, pero sin embargo encuentran en 75 años en un aquí, en el sur del norte, un eco disgregado.

Los juicios calificados de “históricos” y que se recuentan en supra-instancias, y que acumulan menciones y premios, son utilizados como comparsas circenses en un mismo espacio y tiempo en que se legisla una ley antiterrorista que extiende los tiempos verbales de la impunidad y la represión. Siempre las leyes antiterroristas, con su sólo enunciado, originan terror, y para tal fin han sido concebidas por los estados, como elementos contundentes de disuasión, de persecución estatal. Y ocurre, que el gobierno argentino de los “derechos humanos” ha establecido una ley antiterrorista que, como tantas, desarrolla y legitima el poder de la represión. Una ley dirigida a coartar, demonizar, castigar y penalizar a los luchadores sociales que traspasan los límites establecidos desde la vacuidad de las consignas y de la autodenominación mesiánica de la representación popular plasmada en el aparato gubernamental. Organizaciones, asociaciones y fundaciones adictas a la Casa Rosada, han intentado disimular con rogatorias de misales, una aplicación “benigna” de dicha ley. Así, los trabajadores del subterráneo con el levantamiento de los molinetes (entrada gratuita a los viajeros) ya son terroristas.

Dentro de la sucesión de representaciones teatrales, vuelve a ponerse en primer plano la reivindicación de las islas Malvinas…!!! y en la declamación demandante de la soberanía, se invoca, en esto sí, a la Justicia.
Utilizando los fáciles disfraces populistas, se continúa en este año que despunta, la preservación de las fuerzas represivas como institución, para tirar de ella si la necesidad apremia.

Es falsario considerar que pueda existir una situación de derecho en la que la violencia no tenga expresión alguna. La memoria de las víctimas conlleva un significado complejo: es la memoria de la presencia permanente de la violencia, también la del Estado de derecho; es la memoria de la inaceptabilidad de una violencia instrumental para la constitución de una nueva situación de derecho; es la memoria que a pesar de que en condiciones de historia la presencia de la violencia es inevitable.

La estructura represiva no fue desmantelada, pero tampoco la económica, la empresarial, la judicial… la impunidad es entonces un fenómeno natural que se transita en lo cotidiano. Y lo aparentemente soportable, ampara y protege y se asienta en un subsuelo putrefacto. 

(Publicado en "Contramarcha" nro.59)

Otilio Romano, juez prófugo, paseando por balnerario

Fue visto mientras paseaba en un balneario chileno
Prófugo en las playas de Reñaca

El ex camarista federal mendocino, con pedido de captura por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, caminaba por la calle. Al ser identificado corrió y subió a un colectivo, pero no pudo evitar que lo fotografiaran.

Estaba tranquilo hasta que detectó que lo identificaron. El ex juez Otilio Romano, con pedido de captura por “crímenes contra la humanidad”, fue encontrado por un medio mendocino mientras caminaba por las calles del balneario chileno de Reñaca. El ex camarista federal, de 68 años, que está prófugo de la Justicia argentina, fue hallado en las inmediaciones de la torre Euromarina, en Cochoa, cerca de Reñaca. Ayer, poco antes de mediodía, un fotógrafo de MDZ on line le gritó ¡Romano!, y el magistrado corrió hasta alcanzar un ómnibus de transporte público.

Según esa publicación, vestía un buzo polar, jeans y zapatillas cuando paseaba por avenida Borgoño al 17.400 e interrumpió el paseo para subirse al micro en su escape de la prensa. Terminó ubicado al fondo del vehículo camino al centro de Viña del Mar.

El 15 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó como miembro de un tribunal de alzada por su complicidad con la dictadura, y un día antes pidió asilo en Chile. El jury lo acusó de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal y como juez subrogante desde 1975, y durante la dictadura. Romano ya tenía un procesamiento firme como partícipe de 103 crímenes de lesa humanidad. La decisión del Consejo fue por unanimidad, y luego de un proceso en ausencia en el que varios sobrevivientes del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza testimoniaron sobre la pasividad de Romano ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos que recibía.

Enterados de que Romano había volado el 24 de agosto, un día antes de su preventiva suspensión, el jurado expresó que esa actitud “refuerza la convicción” de expulsarlo. El camarista mendocino había hecho todo para evitar el juicio, que logró frenar casi un año con una medida cautelar. Romano fue durante años un pilar fundamental para obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad en las tres provincias de Cuyo, donde siguió actuando como magistrado incluso después de haber sido procesado, situación que sólo fue posible porque consiguió que un juez ad hoc dictara esa medida.

La última noticia de Romano se conoció en diciembre, cuando a través de un abogado presentó una carta ante la Cámara Federal de Mendoza para decir que se consideraba despedido porque el Consejo de la Magistratura le había suspendido el pago del sueldo, que rondaba los 40 mil pesos mensuales por tratarse de un camarista. Los consejeros habían evaluado que huir del país para no enfrentar un proceso judicial es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas de un juez federal”.

Si bien el asilo político que pidió Romano no le correspondería por estar imputado de delitos de lesa humanidad, sí le permitió ganar tiempo hasta que la Justicia chilena se pronuncie. A mediados de enero, la Corte Suprema de ese país pidió a la Justicia argentina un resumen de los cargos que se le imputan, y el Ministerio de Interior solicitó que informe sobre el estado del pedido de refugio político invocado por Romano. A partir del 19 de diciembre integra la lista de las 315 personas más buscadas por la Interpol, junto a narcotraficantes y terroristas.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había dicho sobre Romano: “Ya lo vamos a traer, lo traerá la Justicia”. La decisión de detenerlo y extraditarlo está en manos de la Corte chilena, y si ese tribunal decide avanzar será el presidente Sebastián Piñera quien defina su destino. Romano, por ahora, pasea por Reñaca.

Una indemnización que no prescribe

 La Cámara de Trabajo admite un reclamo contra TECHINT realizado por la hija de un desaparecido.

María Gimena Ingegnieros hizo una denuncia fundada en la ley de accidentes de trabajo porque su padre fue secuestrado en la fábrica. En primera instancia el juez la consideró prescripta, pero la Cámara revirtió ese fallo.

Enrique Roberto Ingegnieros tenía 28 años, estudiaba y era mecánico. Compartía con su pareja, Irma Pompa, la militancia en Montoneros y también militaba a nivel sindical en la fábrica Dálmine Siderca, a la que había ingresado en 1971, y más tarde en Techint, donde se desempeñaba como técnico dibujante. Ambos desaparecieron el 5 de mayo de 1977, cuando la joven estaba embarazada de tres meses. Su otra hija, María Gimena, que entonces tenía un año, inició en 2008 una demanda contra esa empresa ante la Justicia laboral por considerar que fue responsable de la desaparición de su padre. Su planteo fue considerado prescripto en primera instancia, pero esta semana, en un fallo inédito, la sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo determinó que la demandante aún tiene derecho a percibir la indemnización porque el caso de Ingegnieros es un delito de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible. Así, los camaristas abrieron otra puerta para obtener justicia, que no invalida sino que sería complementaria con la vía del fuero penal para el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado durante la dictadura.

Ambos habían nacido en Campana. Irma, de 24 años, fue secuestrada en su casa. Enrique estaba en la obra “ampliación Dálmine” cuando se lo llevó un grupo de tareas. “Existen constancias en la Secretaría de Derechos Humanos de la denuncia de Casilda Magallanes sobre ese secuestro, que la fábrica negó el acceso a los familiares de la víctima y que una persona que dice haber sido compañero de trabajo de su hijo le informó que el día del secuestro, el señor Ingegnieros fue solicitado a la oficina de personal porque lo esperaba un familiar, y que allí fue detenido”, dice el fallo al que tuvo acceso Página/12. El caso fue reabierto en 2006 por el Juzgado Federal 2 de San Nicolás, en base a la denuncia recogida por la Conadep (número 2561). Meses antes, en septiembre de 1976, habían sido secuestrados 4 obreros de la siderúrgica Dálmine Siderca en el lapso de 2 horas, lo que se dio en llamar “la noche de los tubos”.

La fábrica Dálmine fue inaugurada en 1954 como el mayor emprendimiento siderúrgico privado del país, para la fabricación de tubos sin costura, destinados fundamentalmente a la explotación petrolera. En la actualidad, bajo el nombre Tenaris Siderca integra una de las tantas empresas del grupo Techint. En septiembre de 2011 Trabajadores y Delegados de los ‘70 por Juicio a los Responsables del golpe cívico-militar presentaron a la Justicia penal documentación probatoria del grado de participación de los integrantes del directorio de las empresas Mercedes Benz, Ford, Astarsa y Techint en el financiamiento de los servicios de Inteligencia del Ejército. Pocos días después, la comisión de desaparecidos de Zárate-Campana sumó otros 76 casos.

María Gimena Ingegnieros decidió recorrer otro camino y realizó su reclamo fundado en la ley de accidentes de trabajo en contra de Techint S.A. Compañía Técnica Internacional, que en primera instancia respondió que tal demanda estaba prescripta porque superaba largamente los dos años previstos por la ley para realizarla. “La absoluta novedad consiste en que la Cámara decretó la imprescriptibilidad de las consecuencias de los daños laborales producto de hechos terrorismo de Estado”, explicó a este diario una fuente allegada al tribunal que avaló el reclamo de la hija de Ingegnieros, con los votos favorables de los jueces Enrique Arias Gibert y Oscar Zas, y la disidencia de María García Margalejo. “María Gimena Ingegnieros hace responsable patrimonial a la empresa porque a su padre lo secuestraron de la planta, la seguridad la tiene que dar el empleador, y aquí ocurrió lo contrario, incluso presumen que a la víctima la marcaron desde adentro”, agregó. Ahora el juez de primera instancia tiene que dictar sentencia, pero los camaristas le están indicando que revoque el anterior fallo, analice el fondo de la cuestión y resuelva. El reclamo original era la reparación integral por la muerte de su padre, lo que implica una indemnización por la ley de accidentes de trabajo y por el ciento por ciento de incapacidad.

“La acción civil por delito pesa sobre los autores, consejeros o cómplices, y respecto de ellos la acción es imprescriptible”, escribió Arias Gibert. “Y lo que es central, el derecho de gentes ha señalado de modo uniforme la imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias que nacen de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”, agregó el camarista. Y dio tres ejemplos: las empresas de la Alemania nazi que se beneficiaron con la utilización de trabajo esclavo durante el Tercer Reich debieron abonar compensaciones a los deudos de las víctimas; el gobierno japonés debió abonar compensaciones a las víctimas del crimen de lesa humanidad que consistió en la reducción a esclavitud sexual a mujeres de las regiones ocupadas; y los bancos suizos que debieron devolver e indemnizar las sumas administradas por éstos que fueron producto de la apropiación durante el Holocausto por parte de personeros del régimen nazi.

Extraño suicidio de ex jefe de policia en Santiago del Estero.

S. del Estero: Confirman muerte de ex jefe de policia dictadura, Juan Ramírez. Estaba profugo.
Confirman muerte de ex jefe de policía que era buscado por crímenes de lesa humanidad
El ex militar estaba con pedido de captura del Juzgado Federal local y era rastreado por cuerpos especiales de la Policía Federal.
CARGO. El prófugo tenía alrededor de 70 años y ocupó la jefatura de Policía durante la dictadura.
 
El ex jefe de policía durante la dictadura, Juan José Ramírez, sobre quien pesaba un pedido de captura del juez federal Guillermo Molinari por delitos de lesa humanidad, murió en San Isidro arrollado por un tren luego de que se arrojara a su paso. La confirmación de la muerte del ex represor la recibieron el juez federal local, Guillermo Molinari y la Fiscalía, por parte de la Policía Federal y del Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, que abrió un expediente caratulado “Investigación de motivo de fallecimiento”.

Pericias
Fuentes judiciales adelantaron que Fiscalía solicitará la remisión de una copia del expediente y que se practiquen estudios sobre los restos cadavéricos para ratificar la identidad del occiso.
Según la información que recibieron las autoridades del Juzgado, Ramírez sabía que había sido localizado por la Policía Federal y el 16 de diciembre se habría arrojado a las vías de la Estación de San Isidro, al paso de una formación ferroviaria. La confirmación llegó días atrás, la que se mantuvo en estricto secreto por la gravedad del hecho. Incluso la defensa había presentado días antes, un escrito advirtiendo el deceso del ex militar.
Ramírez, oriundo de Río Cuarto y que vivía en Buenos Aires, tenía pedido de captura por parte de la Justicia Federal local, al evadir los pedidos de presentación para ser indagado por los casos que se investigan en el Grupo Tres (por desapariciones forzadas de personas durante el proceso) que integra la Megacausa de Derechos Humanos. Además, había sido incorporado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el programa de recompensas y se ofrecieron $ 100 mil a quienes dieran datos precisos acerca de su paradero.
Un día antes del trágico hecho, un grupo especial de búsqueda de evadidos de la Federal, había localizado en San Isidro al ex titular de la fuerza policial santiagueña.
Intervinieron por jurisdicción en el hecho, efectivos de la Comisaría de San Isidro
 
INQUIETUD EN INVESTIGADORES
Extraña coincidencia
Un dato que llamó la atención de las autoridades judiciales y de los investigadores, es que la muerte de Juan José Ramírez, se produjera un día después de la detención de otro ex jefe policial de la dictadura, Ramón Warfi Herrera, quien fue aprehendido por Gendarmería el 15 de diciembre en un operativo realizado en Funes, cerca de Rosario, provincia de Santa Fe.
Ramírez también había sido localizado un 15 de diciembre, pero al día siguiente habría tomado la fatal decisión de suicidarse.
Rumores
Además, también inquietó a las autoridades que el rumor sobre la muerte de Ramírez haya comenzado a circular a fines de diciembre en la Unidad del Servicio Penitenciario Federal de Colonia Pinto, adonde están alojados los imputados por crímenes de lesa humanidad. l
BÚSQUEDA
El último represor que queda prófugo es Roberto Díaz
Con la muerte de Ramírez y la detención de otro ex militar que fue jefe de Policía, Ramón Warfi Herrera, el único prófugo que tienen las causas de derechos humanos es Roberto Díaz, expolicía que prestó servicios en el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) donde formó parte de los grupos de tareas represivos.
Llamativamente, Díaz, procesado por graves hechos como el homicidio calificado en perjuicio del abogado Abdala Auad (en 1976), gozaba del beneficio de excarcelación, pero decidió huir de la Justicia argumentando que era amenazado por Ramírez, de quien ahora se confirmó su fallecimiento.
A mediados de 2011, Díaz debía concurrir semanalmente al Juzgado para firmar un libro de asistencia como contralor del cumplimiento de la medida excarcelatoria. Al ausentarse por tres semanas seguidas, el fiscal federal general, Gustavo Gimena, solicitó se le revoque inmediatamente la medida y su detención.
El juez Molinari hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y envió una comisión de la Policía Federal al domicilio del imputado con resultado negativo. También pesa sobre él un pedido de captura y una recompensa de $ 100 mil.l