Inician testimonios del juicio por crímenes de lesa humanidad contra Albornoz

Roberto "El Tuerto" Albornoz comenzó a ser juzgado en la denominda ´Causa Aguirre´, en la que está imputado por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado. En el banquillo de los acusados faltaron los represores Luciano Benjamín Menéndez, ausente por cuestiones de salud, y Antonio Domingo Bussi, quien falleció horas después del comienzo del debate.

Liliana Aguirre y Mariana Tello, hijas de Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Azize Weiss, respectivamente, fueron las primeras en prestar testimonio en la jornada desarrollada este jueves en los tribunales federales de la capital tucumana.

Ambas eran muy pequeñas cuando sus padres fueron víctimas de la dictadura militar, pero con los años pudieron reconstruir lo sucedido el 12 de julio de 1976, cuando ambos fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Tello, hija de Azize Weiss, sostuvo que "me hace muy bien pensar que se haga justicia 30 años después".

"Todo lo que se es por el relato de familiares porque yo tenía nueve meses cuando sucedió", agregó.

La mujer recordó que aquel día su madre la llevaba en un cochecito y volvían a la casa de Piedras 710, cuando se produjo el operativo militar. "Ella trató de protegerme y fue acribillada por los militares", indicó.

Durante su emotivo relato, Tello indicó que estuvo desaparecida durante varias semanas y luego fue restituida.

"Aún no sé qué pasó conmigo durante dos meses hasta que mis abuelos se enteraron de que me tenía uno de los policías que participaron del operativo y me devolvieron", señaló.

"Dijeron que me devolvían porque era muy molesta y les cobraron los gastos de manutención", contó Tello ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán que integran Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Jaime Díaz Gavier.

También recordó que durante el operativo se llevaron todo lo que había en la casa y que su padre estuvo prófugo hasta que volvió la democracia al país y pudieron reecontrarse en 1984.

La primera en declarar fue Aguirre, quien señaló que de la muerte de su padre tiene recuerdos borrosos.

"Mi mamá lloraba y con mis hermanos preguntamos quién lo había hecho. Ella respondió: unas personas que pensaban distinto a él", señaló la mujer que actualmente se desempaña como jueza en lo civil y comercial en Goya, Corrientes Explicó con su madre y sus hermanos vivían en Corrientes cuando recibieron la noticia y que en ese momento "los diarios consignaban que se había tratado de un enfrentamiento".

"El era integrante y militante de Montoneros y todos lo recuerdan como un buen tipo, una buena persona. El era religioso, de la Acción Católica", añadió.

Durante su relato dijo que "en Tucumán vivíamos en una casa humilde, en la periferia y una vez hubo un allanamiento y mi papá se escapó por la puerta de atrás".

"Después de la muerte de papá, en casa nunca más se lo nombró hasta la vuelta de la democracia", expresó.

Albornoz escuchó la imputación, lectura que duró más de una hora, y se negó a declarar.

"No tengo que declarar porque no he cometido ese delito y no puedo hablar de lo que no conozco, porque sólo he respetado a rajatabla lo que se me ordenaba.

"Soy un perseguido, un chivo expiatorio. No conozco al señor Aguirre ni a la señora Weiss. Ni siquiera recuerdo si ese día estaba de servicio. Estoy aquí porque ya no viene nadie de arriba", dijo el ex jefe de la D2 (de la Policía de Tucumán) durante la dictadura que ya fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

Ambas víctimas, militantes de Montoneros, fueron secuestradas el 12 de julio de 1976, en Tucumán y dos días más tarde, el Comando del III Cuerpo del Ejército informó que habían muerto en enfrentamientos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el cuerpo de Aguirre en diciembre de 2009, en una fosa común del Cementerio del Norte, y su cuerpo fue uno de los dos primeros restos de desaparecidos que se identificaron en la provincia.

Durante la primera jornada del juicio se observó la presencia del diputado nacional Martín Sabbatella, quien señalo que "estoy con los compañeros de los Derechos Humanos en Tucumán porque el comienzo de cada juicio genera la expectativa de seguir avanzando en ponerle fin definitivo a la impunidad".

"El futuro habita en la memoria, en la verdad y en la justicia, y en este sentido Argentina viene recorriendo un camino que nos enorgullece", añadió.

"Hoy la defensa de los Derechos Humanos, del Nunca Más, de la verdad, la justicia y la memoria, es política de Estado en términos nacionales", sostuvo Sabbatella.

La historia de Tello y Aguirre

El 12 de julio de 1976, Mariana Tello iba en el coche que su madre, Margarita Susana Azize Weiss, empujaba por la vereda de calle Las Piedras al 700. Mariana tenía sólo nueve meses; por eso, se encomendó a la memoria de ocasionales testigos para reconstruir lo que pasó aquel mediodía, a pocos metros de la puerta de su casa.

Le dijeron que un grupo de uniformados las estaba esperando. Y que su madre, una joven de 25 años que militaba en Montoneros, no estaba dispuesta a dejar que las llevaran. Pero la disputa duró apenas algunos segundos: Azize Weiss recibió la balacera de una ametralladora y murió en el acto.

Liliana Aguirre tenía cinco años cuando le dijeron que su padre, Juan Carlos Aguirre, había desaparecido. Alguien vio cuando las fuerzas de seguridad lo sacaban de la casa de Las Piedras 710, pocos minutos después de la muerte de Margarita. Los restos del hombre, de 31 años, fueron encontrados en 2009, dentro de una fosa común en el Cementerio del Norte.

Tello creció en Jujuy; Aguirre en Corrientes. Ayer, ambas estuvieron en Tucumán, sentadas ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, para contar lo que pudieron averiguar sobre aquella nefasta jornada.

Desde un rincón del auditorio, cruzando las piernas, Roberto "El Tuerto" Albornoz escuchó las palabras de ambas mujeres. Antes, el ex policía, de 80 años recién cumplidos y acusado de violación de domicilio, de privación ilegítima de la libertad y de homicidio doblemente agravado, había dado su versión. "No tengo qué declarar, porque no he cometido esos delitos. Me estoy enterando por este acto (la lectura de la imputación). Por lo que escucho, se trató de un procedimiento netamente militar. Pero a mí me buscan porque soy un chivo expiatorio, un perseguido", aseveró Albornoz.

El comisario (r) estuvo a cargo del servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía durante la última dictadura militar. "Era un eslabón clave en el plan criminal del Comandante en Jefe del Ejército Argentino", indica la imputación. En el marco de esta causa, además, estaban procesados el ayer fallecido Antonio Domingo Bussi, entonces comandante de la V Brigada del Ejército, y Luciano Benjamín Menéndez, quien era comandante del III Cuerpo del Ejército (tenía varias jurisdicciones a su cargo; entre ellas, Tucumán). Ni Bussi ni Menéndez llegaron al juicio por motivos médicos, según la resolución del tribunal, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Jaime Díaz Gavier (subrogante). "No conozco al señor Aguirre ni a la señora Weiss. Tampoco esa casa. A lo mejor yo ese día estaba de franco. No sé", afirmó Albornoz.

Luego, Tello y Aguirre aportaron un conmovedor relato sobre cómo fue reconstruir el deceso de sus padres, y sobre cómo recuperaron los cuerpos. "En mi vida hay un hueco de dos meses, en los que no se sabe qué fue de mí. Mis abuelos me recuperaron de manos de dos policías, pero jamás supimos quiénes eran", contó Tello.

Durante la tarde, la audiencia continuó con otros testigos, y el juicio proseguirá hoy. Albornoz, en la actualidad, purga una condena por delitos de lesa humanidad en prisión domiciliaria.

Bussi, el siniestro

Por Osvaldo Bayer

Murió Domingo Bussi, el general. Una de las más siniestras figuras de nuestra historia. Sí, no se cometería ninguna exageración si cuando se haga referencia a él se diga: “El general Bussi, el siniestro”. Sólo basta recorrer su biografía para constatarlo. La perfidia de sus crímenes llega a lo inimaginable. Y ahí está la pregunta que todavía no nos hemos contestado: ¿dónde aprendió Bussi su oficio de matar con total impunidad? ¿En el Colegio Militar, en la Escuela Superior de Guerra o en sus estadías en Kansas con el ejército yanki o en Vietnam durante su gira? Sea como fuere, fue un criminal de la mayor cobardía y crueldad. Sus crímenes comprobados y por eso condenado son todos de lesa humanidad. Su hazaña máxima como criminal es el haber exhibido el cadáver congelado de Santucho en el Museo de la Represión, en Campo de Mayo. Se le caía la saliva de la boca de puro placer. Pero, además, los mil casos de torturas, de “desaparición”, de asesinatos. El mismo ejecutaba a los presos políticos de un solo tiro. Está declarado por testigos. ¡Ah, general! La degradación. La absoluta validez de la ley del más fuerte.

Y ese episodio tan perverso, donde la vileza ya no tiene palabras para describirlo: cuando ordenó apresar a los vagabundos y los pordioseros de la capital tucumana y los transportó en camiones que los arrojaron por las sierras catamarqueñas, donde murieron de hambre y de frío. Occidental y cristiano el general. Eso ocurrió en tierras tucumanas donde en 1816, en aquel increíble 9 de julio, se cantó nuestro Himno Nacional con aquello tan sabio de “Ved en trono a la noble Igualdad, Libertad, Libertad, Libertad”.

Pero uno, como argentino, sintió aún mucho más vergüenza cuando el pueblo tucumano, ya en democracia, votó a ese abyecto personaje como gobernador de Tucumán. ¿Qué hubieran pensado los congresales de 1816 al saber que en esa misma tierra libertaria se había votado al abyecto supremo? Ahora, esos que lo votaron de los barrios bien y de los barrios que exigían “más seguridad” tendrían que tener el coraje civil de marchar frente a la Casa de Tucumán y pedir perdón por tamaña acción de burlar para siempre a la democracia.

Lo mismo que tendrían que hacer los diputados del radicalismo y de otros partidos conservadores que votaron el “Punto Final” de Alfonsín por el cual quedó en total libertad la jauría uniformada de la desaparición como método.

El “general” Bussi. Cuando trasladó el centro clandestino de detención de Famaillá al Ingenio Nueva Baviera, ahí sí que se sintió dueño de la vida y de la muerte. Dueño y señor de la picana y el submarino y de toda clase de torturas aprendidas en el General Staff College de Fort Leavenworth, en Kansas. Claro, siguieron las huellas de aquel general Julio Argentino Roca cuando mandó comprar diez mil remington, el invento estadounidense con que se había eliminado a los pieles rojas y a los sioux. Y con ellos Roca demostró que los argentinos somos los mejores europeos y americanos del norte. Videla, Menéndez, Bussi... la lista es larga. Pero por fin muchos de ellos ya están en cárceles comunes y retratados para siempre en el diccionario de la infamia.

Murió Bussi. El espectro de la infamia. General de la Nación. ¿De qué Nación? No aquella del 25 de Mayo ni de 1813 y del 9 de julio tucumano. No, la fiera sanguinaria salida de claustros castrenses argentinos y entidades “educadoras” norteamericanas. En su entierro, los argentinos que salieron a la calle para gritar “dónde están los desaparecidos” gritarán: “Nunca más”. Nunca más un general Bussi. El siniestro.

Condenado por crímenes de lesa humanidad, murió Bussi, el genocida

Torturador, represor, asesino, dictador y fusilador

Fue el único jerarca de la última dictadura que logró ser electo en democracia. Responsable de más de treinta centros clandestinos, su vida política comenzó a declinar cuando se supo que tenía una cuenta en Suiza. Fue condenado a prisión perpetua en 2008.

 Por Victoria Ginzberg
“Bussi ha agarrado con una manguera a garrotear hasta que los ha muerto. Los ha muerto a esos dos personalmente”, relató un ex conscripto.

Cada quince días, llegaba por la noche al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Los detenidos estaban atados con cables, los ojos vendados y de rodillas frente a un pozo recién excavado. Se hacía presente con su uniforme de campaña y con el casco debajo del brazo. Daba la orden de disparar al mismo tiempo que apretaba él mismo el gatillo a pocos centímetros de la nuca de la primera víctima. Así murió Ana Cristina Corral, de 16 años, que había sido secuestrada en su casa de San Miguel de Tucumán. Antonio Domingo Bussi, su asesino, murió ayer, 35 años después, a los 85 años, en el Instituto de Cardiología de Tucumán, debido a “un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada con alteraciones a la función pulmonar y renal”. Agonizaba desde el martes. “Mi papá es un hueso duro de roer”, dijo en la puerta de la Clínica Ricardo Bussi, mientras la muerte le llegaba lentamente al único jerarca de la dictadura que logró ser electo en democracia. Fue velado en una ceremonia íntima. Será enterrado en Pilar, condenado y degradado.

Antonio Domingo Bussi nació en Entre Ríos el 17 de enero de 1926 y en 1975 reemplazó a Acdel Vilas como jefe del Operativo Independencia, que fue la antesala y globo de ensayo del terrorismo de Estado en Tucumán. Se había preparado para eso: había viajado como observador a la guerra de Vietnam, donde fue recomendado como un interesante cuadro para una guerra antisubversiva e hizo el curso regular del Command and General Staff en Fort Leavenworth, Kansas. Sus jefes en el Ejército consideraban que se desempeñaba en “las misiones con gran escrupulosidad, celo y empeño, haciendo mucho más de lo preciso en el cumplimiento del deber”.

Con la dictadura, el mismo 24 de marzo de 1976 asumió como interventor y jefe militar de Tucumán. Fue responsable de las más de mil desapariciones en los más de treinta centros clandestinos que funcionaron en la provincia, entre ellos, la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos, la Escuela de Educación Física, el Reformatorio y El Motel, Nueva Baviera, Lules, Fronterita y, el más importante, el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Además, como explica el Nunca Más, “a la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la ‘institución’ Centro Clandestino de Detención como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina”. “La Escuelita” de Famaillá fue el primer sitio documentado por la Conadep montado especialmente para torturar y asesinar a personas secuestradas.

Como dictador de Tucumán no se privó de nada. Ordenó ejecuciones y ejecutó con sus manos. Planificó torturas y torturó con sus manos. Y también corrió a los mendigos y tullidos de las calles de la provincia y los exilió en un desierto de Catamarca. Al relatar ese episodio en 2004 en una nota en el diario La Nación, el escritor Tomás Eloy Martínez calificó a Bussi como un “pequeño tirano”, “feroz exterminador de disidentes” y “tiranuelo de Tucumán”. El tiranuelo le inició un juicio y le reclamó cien mil pesos por “daño moral”. Pero perdió. El juez Daniel Alioto recordó que “se llama tirano al jefe de una facción que obtiene el poder de manera irregular y gobierna una ciudad sin la distribución de competencias propias de un régimen republicano”, algo que incluso sin contar las muertes y torturas cuadraba con el rol que ejerció Bussi durante la última dictadura. El magistrado también descartó que la palabra “exterminador” perjudicara la reputación del represor “a la luz de sus antecedentes y de los registros de algunas circunstancias de su actuación pública”.

En 1999, Página/12 publicó el testimonio de un ex conscripto llamado Domingo Antonio Jerez que revelaba al mismo tiempo la existencia de un hasta el momento desconocido centro clandestino tucumano, Caspichango, y detallaba la participación directa del dictador en asesinatos a finales de 1976: “Bussi siempre andaba. Una vez lo han hecho llamar del Timbó Viejo, lo han hecho llamar exclusivamente para esa noche. Porque han agarrado a dos personas y este hombre ha ido. Estábamos parando en una escuela que había ahí. Nosotros estábamos acampando en una carpa. Yo he visto a dos, pero había más. Por esos dos exclusivamente ha ido Bussi. Siempre los tenían en slip, bien atados con sogas, boca abajo. A él lo hacen pasar para adentro, entonces yo miro por una rendija que había, no por la puerta, había que cuidarse de todo y ahí empezó a garrotearlos como dos horas, preguntándoles cosas, haciéndolos sufrir. Raro era al que no lo hacían sufrir. Bussi ha agarrado con una manguera a garrotear hasta que los ha muerto. Esa noche los ha muerto a esos dos personalmente. Al otro día nos han empezado a regalar cajas de cigarrillos, me acuerdo que a mí me han regalado tres cajas. Yo no fumaba pero lo mismo he agarrado porque eran cigarrillos finos”. La declaración de Jerez su sumaba a la más conocida del gendarme Omar Eduardo Torres, quien contó ante la Conadep cómo Bussi les daba el tiro de gracia a los secuestrados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Los fusilamientos se hacían a 300 metros del centro clandestino, en el monte. Bussi usaba el arma reglamentaria, una 11.25, y una pistola 9 milímetros. El pozo lo rociaban con querosén o nafta y siempre había leña a mano para quemar los cuerpos.
También ladrón

Con la democracia se salvó de rendir cuentas a la Justicia gracias a las leyes de impunidad. Esto le permitió ser uno de los personajes de la última dictadura, junto con el subcomisario Luis Abelardo Patti, que mejor se “recicló” en democracia. Logró cumplir con el sueño masserista de ser ungido por el voto luego de fundar su propio partido, Fuerza Republicana.

Fue electo diputado nacional en 1993 y dos años después, gobernador. La “voluntad popular” lo acompañó a pesar de sus crímenes, pero su carrera política declinó cuando se supo que además de asesino, también había sido ladrón. El escándalo que no se había producido porque un represor fuera diputado y gobernador, estalló cuando los diarios contaron que Bussi tenía una cuenta en Suiza. La información se conoció en el marco de la investigación del juez español Baltasar Garzón sobre el genocidio argentino. “No lo niego ni lo afirmo”, dijo el entonces gobernador tucumano. Ese día, ante las cámaras de televisión, dejó de lado sus gestos feroces y lloró. Al día siguiente, la Legislatura aprobó la formación de una Comisión investigadora y poco después la cámara de diputados de la Nación abrió la declaración jurada que había hecho en 1993, en la que no figuraba el depósito en el extranjero. Así que volvió a llorar ante la prensa, reconoció la cuenta Suiza y que había evitado mencionarla al asumir su banca de diputados. “Se trató de una omisión sin intencionalidad”, aseguró. Dijo que el dinero era producto de “becas otorgadas por el Ejército y el gobierno de los Estados Unidos” y que lo había mandado al exterior en los años de la hiperinflación. La Legislatura tucumana le inició un juicio político y lo suspendió durante sesenta días, pero la oposición sólo juntó 16 de los 19 votos necesarios para destituirlo, aunque en el ínterin se conoció que también tenía casi 250 mil dólares en la Hollandsche Bank-Unie NV que estaban a nombre de su mujer, Josefina Bigolio, y su hija Fernanda Bussi, y que poseía una cantidad de bienes que no podía justificar en base a sus años de “servicio”. (Garzón ordenó el embargo de 17 departamentos en Palermo y Recoleta, sus cuentas bancarias –que ascendieron a ocho–, acciones y vehículos varios.)

La cuenta en Suiza también provocó un tribunal de Honor del Ejército, que lo sancionó con una amonestación grave. Se tuvo en cuenta su “actitud de quebrantamiento personal y el aflojamiento espiritual”. En 1999 volvió a ser electo diputado, pero esta vez, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos lo impugnó por sus crímenes y por haber ocultado sus cuentas en 1993 y la Cámara de Diputados le impidió asumir. La Corte, tiempo después, dijo que debía hacerlo, pero como el mandato había terminado, el caso quedó abstracto. El dictador insistió en las urnas en 2003. Y todavía tenía resto. 17 votos a su favor le alcanzaron para consagrarse como intendente de San Miguel de Tucumán. Pero no llegó a asumir. Finalmente, fue detenido.

En agosto de 2008 fue condenado a prisión perpetua por la desa-parición del senador peronista Guillermo Vargas Aignasse. Un crimen entre los más de mil que debían habérsele achacado. Pero uno que bastó para que no muriera impune. Durante el juicio se presentaba con una sonda y la barba canosa crecida y en sus últimas palabras volvió a llorar. Pero también reivindicó sus crímenes (“los delincuentes buscaban convertir el país en un satélite del comunismo internacional”) y se consideró un “perseguido”. Su estado de salud le permitió evitar otros banquillos, pero no lo salvó de ver cómo se hacía justicia ni cómo su partido se desintegraba (sacó 3,2 por ciento en la última elección y sus dos hijos, Ricardo y Luis José, fueron en listas separadas) ni de enterarse que el Ejército lo había dado de baja.

No es raro equiparar a los represores con monstruos. Pero los estudiosos explican que al deshumanizarlos se pierde la capacidad de analizar y comprender los crímenes y cómo éstos fueron posibles. Sin embargo, a veces, evitar esas comparaciones se hace difícil

En Jujuy nada parece avanzar con los juicios

Entrevista a Inés Peña. Es presidenta de la Asociación Madres y Familiares de Desaparecidos de Jujuy, presenciará hoy en Tucumán el juicio oral y público por el asesinato de una jujeña y el sábado representará a la provincia en el encuentro de organismos de Derechos Humanos en esa provincia.
Por Carmen Amador
 
En el marco del inicio de juicios orales y públicos en Tucumán por el asesinato de una jujeña se conoce la noticia de la  muerte de uno de los acusados Domingo Bussi, ¿Cuál es la reflexión que merece este hecho?
Lamentamos de no haber tenido a Bussi sentado en el banquillo de los acusados, y de no habernos dicho qué pasó con nuestros desaparecidos. Para nosotros murió impune no lo pudimos juzgar. Fue juzgado en otras provincias, pero pese a que es el principal responsable de una masacre contra nuestros desaparecidos no tenemos odio ni venganza. Pero murió sin ser juzgados, queremos que se haga justicia para todos los desaparecidos jujeños. Murió uno de los peores siniestros personajes de la dictadura que cometió delitos atroces y aberrantes.
 

¿Asistirá al inicio del juicio oral y público en Tucumán?

 Sí, hoy  se inicia el juicio donde se va a investigar el asesinato de Margarita Susana Azize, una joven jujeña que estudiaba en Tucumán, que fue asesinada en la época de la dictadura militar, y su beba fue secuestrada por un tiempo y luego entregada a sus abuelos. También en ese dramático hecho la madre de Margarita y su tía sufrieron la detención y diferentes atropellos a los derechos humanos. En Tucumán  se analizará el caso y se sentará en el banquillo de los acusados a los responsables. Aunque  Bussi que falleció  no estará ante el Tribunal lo que a nosotros nos deja la sensación de que quedó impune.
 

¿Creen que en este juicio se encuentre la verdad?

Es una exigencia de la Argentina de tener juicios históricos donde triunfe la verdad y se haga Justicia por todos los crímenes cometidos por el terrorismo de estado. Confiamos en la Justicia, creemos que a los responsables les darán cadena perpetua, para que  estos represores estén en cárcel común y que no tengan las medidas que les otorgan por la vejez  para obtener la prisión domiciliaria. Nosotros no dejamos de creer en la Justicia como un valor universal  que atraviesa nuestro camino en el pedido de la Justicia sin venganza, sin odio, sin rencor, sino pidiendo que la justicia actué en un estado de democracia y derechos.
Además de asistir a Tucumán,  la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos de Jujuy asistirá un encuentro entre organismos de derechos humanos ¿qué temas se tratarán en ese evento?
Madres y familiares de desaparecidos participarán del encuentro de organismos de derechos humanos con funcionarios del programa Verdad y Justicia y el procurador general de la Nación Oscar Aguad, allí plantearemos varios temas que nos preocupan como la tardanza ene l inicio de los juicios orales, que peligran su ejecución, la forma de la designación de jueces  entre otras cuestiones.
 

 ¿Qué pasa en Jujuy que aún no se iniciaron los juicios orales y públicos?

 Jujuy parecer ser  una provincia inédita en todo el ámbito del país, vemos cómo en todas las provincias están dadas las condiciones, los juicios por delitos de lesa humanidad,  en algunas provincias como Córdoba o Tucumán, ya están por el tercer o cuarto juicio, cuando en Jujuy nada parece avanzar.  En esto hay muchas cuestiones por analizar, primero que tenemos un juez federal  que nunca le dio lugar a una medida solicitada por la querella. El Juez Olivera Pastor lleva las causas de forma muy lenta, hemos cuestionados cómo las medidas demoran mucho tiempo, no cita a declarar a muchos represores que hoy andan por las calles  de Jujuy cuando ellos cometieron crímenes aberrantes.
 

¿Que significarían los juicios orales y públicos para la sociedad jujeña?

 Yo creo que es una necesidad social, el conocerle la cara a los represores que pueden decir qué es lo que pasó con nuestros desaparecidos. Es una cuestión de memoria histórica, de verdad y de que se sepa  lo que pasó.
 
¿Cree que esta es una deuda que tiene la Justicia con los jujeños?

 Por supuesto que hay una deuda, pasaron cuantos años  y seguimos insistiendo en que salde esa deuda, Jujuy también es una provincia  que integra el territorio argentino y nos merecemos una justicia  que instaure los juicios orales y públicos para que todos conozcamos nuestra verdad. Creemos que los juicios orales podrían comenzar en Jujuy recién en el 2012.

Al juez escapado le ayudó otro juez... una complicidad más...

El ex juez Leiva destituído, ayudó al camarista Romano a escaparse a Chile
 Con la ayuda de un experto

En el marco del juicio político al camarista mendocino acusado de connivencia con la represión ilegal, el ex juez reconoció que viajó junto a Romano, dijo que eran “amigos íntimos”. “Sentía agobio por el acoso periodístico”, dijo Leiva.

 Por Irina Hauser

El ex juez mendocino Luis Leiva volvió a sentarse frente al organismo que en 2002 lo destituyó. Esta vez fue como testigo, para defender al camarista fugitivo Otilio Romano, acusado por su complicidad con los crímenes de la última dictadura cuando era fiscal, a quien definió como un “amigo íntimo” y reconoció que lo acompañó en su escape a Chile el 24 de agosto, un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura para iniciarle juicio político. “Sentía agobio por el acoso periodístico”, dijo Leiva ante el jurado. También declararon ayer dos víctimas, León Glogowsky y Rosa Gómez, que estuvieron detenidos en el Departamento de Policía de Mendoza conocido como D2. Ambos relataron cómo declararon y denunciaron torturas ante Romano, en 1975 y 1976 respectivamente. Este jueves serán los alegatos de la acusación y la defensa.

El juicio político a Romano transcurre en su ausencia, ya que está en Chile, donde pidió asilo político y consiguió una visa por ocho meses. Quien lo representa, la defensora oficial Fabiana León, había propuesto como “testigo de concepto” al ex juez Leiva, destituido por manejos irregulares en investigaciones y procesado por intento de extorsión a Raúl Moneta. Leiva, además de ser amigo de Romano, fue secretario del Juzgado Federal de Mendoza durante la última dictadura. Pero su declaración empezó por otro lado: lo primero que hizo el ex juez fue admitir su amistad con el juez acusado. Incluso dijo que lo consideraba un amigo íntimo, “de trato frecuente”, “yo le presenté a su esposa”, “fui testigo de su casamiento”, detalló. Entonces la presidenta del tribunal, Alicia Noli, le dijo que “en ese marco” es que “se valorará” su declaración. La defensora protestó y dijo que de todas maneras está obligado a decir la verdad.

¿Qué dijo Leiva? Ante la pregunta de uno de los acusadores, el consejero Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo), el ex juez confirmó que se había tomado el avión a Chile con Romano, quien había resuelto irse porque “sabía que el Consejo ya había tomado la decisión política de suspenderlo y no quería estar en el país”. “Yo le dije que no me podía quedar todo el fin de semana por mi familia y por eso me volví el viernes y él se quedó y pensaba regresar el lunes, pero algo pasó en el medio”, dijo, aunque no dio precisiones. La semana pasada el jury decidió ampliar los cargos contra Romano e incluir su situación de prófugo como un cargo más, agravante. El camarista suspendido tiene un pedido de captura ordenado por el juez Walter Bento –quien lo procesó por 103 delitos de lesa humanidad– que se podría activar si finalmente es destituido. Esto implica que podrían detenerlo en Chile y luego tendría que enfrentar el proceso de extradición.

Cuando le tocó hablar de cómo tramitaban los hábeas corpus y otras denuncias en la Justicia Federal mendocina durante la última dictadura, desde 1977, reconoció que los rechazaban casi automáticamente. Su justificación fue que se guiaban por lo que les decían las Fuerzas Armadas y de seguridad: negaban tener detenidos. En forma indirecta, admitió que desde la Justicia no se investigaba nada. Los acusadores decidieron no cuestionar su testimonio, pese a la cercanía con Romano, porque consideran que no modifica nada y que incluso confirma la huida del camarista.

Entre los testigos que declararon ayer contra Romano, estuvo Glogowsky, quien relató su detención en 1975, cuando era un estudiante de medicina de 19 años. Fue llevado al D2, donde contó que fue torturado con picana eléctrica y golpizas. Desde el calabozo, relató, escuchaba la voz de su novia de entonces, Luz Faingold, primera testigo del juicio. “La escuché gritar que no la violaran”, aseguró. Luego, precisó, denunció todo ante el ex juez Luis Miret (destituido) y Romano. Si Romano estuviera sentado en el jury, “no podría negármelo”. Nadie hizo nada, dijo. “Aún hoy sigo preguntándome si no se hubiera podido evitar posteriores violaciones, que ocurrieron y que fueron probadas en Mendoza luego, y torturas”, señaló.

Justicia tiene dificultades.... pero el genocidio lo cometieron los genocidas

Debate sobre ls dificultades que enfrenta la justicia para acusar por homiciio a los responsables materiales
El problema de juzgar a los autores directos

Los juicios orales por violaciones a los derechos humanos intentan avanzar sobre los represores que actuaron directamente sobre las víctimas. La ausencia de pruebas y los diferentes criterios de los jueces. El caso del Hospital Posadas.

 Por Alejandra Dandan

El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires decidió no aceptar un pedido de la fiscalía para acusar por dos homicidios a tres represores de los grupos de tareas del Hospital Posadas. El pedido se sostenía en las pruebas de los asesinatos de dos víctimas: Jacobo Chester y Jorge Mario Roitman. El cuerpo de Chester apareció flotando en el Río de la Plata seis días después del secuestro; el de Roitman permanece desaparecido, pero dos sobrevivientes del espacio que funcionó como centro clandestino volvieron a relatar, en el juicio oral, cómo fue asesinado. El fiscal Javier de Luca criticó la decisión del Tribunal, porque sostiene que es una interpretación “anacrónica”. Pero en realidad el tema tiene más de una veta de discusión y hace foco en una de las dificultades que afrontan las causas de lesa humanidad cuando avanzan no sólo sobre la responsabilidad de los llamados “autores mediatos” –jefes y subjefes de la represión–, sino especialmente sobre los “autores directos”: los hombres que estuvieron adentro de los campos, cuerpo a cuerpo con los detenidos desaparecidos.

Una de las características de esta nueva etapa de juicios orales por violaciones a los derechos humanos es el tipo de autor que se juzga. No son sólo los responsables emblemáticos de la represión, como Jorge Videla o Reinaldo Bignone, sino también quienes quedaron sin condenas por las leyes de impunidad: jefes intermedios y personas que integraron los grupos de tareas, quienes estuvieron como celadores, torturaron, ubicaron a las personas en las filas de los llamados traslados o perpetraron otros delitos.

Todos ellos llegan al juicio oral acusados de distintas maneras. Luego de atravesar una primera etapa que es la instrucción, todos llegan en general acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos. Pero, aun ante la existencia de pruebas, no todos llegan acusados por homicidios. Incluso podría decirse que son muy pocos los “autores directos” que, comparativamente, logran ser imputados y luego acusados por homicidios.

Un reflejo de esa situación fue el caso de los crímenes cometidos en el centro clandestino del Vesubio, que terminó a mediados de julio de este año: ocho acusados, tres de ellos militares y cinco del Servicio Penitenciario. Los militares eran los hombres de mayor jerarquía y aparecían como autores mediatos. Los otros fueron quienes estuvieron cuerpo a cuerpo con las víctimas y fueron presentados como autores directos. Los primeros fueron acusados y condenados por homicidios (menos uno, que murió al final del juicio), pero los otros no.

¿Cual es el problema? Uno de los problemas podría compararse con lo que el Equipo Argentino de Antropología Forense llama el “doble estándar” de la lógica represiva. Ellos se refieren a los mecanismos por los cuales la máquina de la represión, por un lado, hacía desaparecer a las víctimas y, por el otro, arrojaba a algunos cuerpos en algún camino, donde otras fuerzas de seguridad terminaban recogiendo los cadáveres, tomaban las huellas digitales y lo enterraban como NN.

Hoy la Justicia que avanza con las procesos, pero con una lógica penal de construcción de la prueba sobre los autores directos que, a más de 35 años de hechos fundados justamente en la desaparición de cuerpos y de huellas, genera un juego en ocasiones absurdo.
La primera etapa

Las causas tienen dos partes: la etapa de instrucción y el juicio oral. Una de las megacausas de la ciudad está radicada en el juzgado de Daniel Rafecas y la fiscalía de Federico Delgado. Tienen las causas del Primer Cuerpo del Ejército, de la que se desprendieron los innumerables juicios orales que se vienen haciendo en Capital, divididos en general por centros clandestinos.

Rafecas admite responsabilidades de homicidio para los jefes y cuadros intermedios, enrolados en la lógica de la autoría mediata: la idea de que son responsables porque de ellos dependieron las órdenes o que formaron parte de la organización criminal. Ahora bien, es restrictivo con las acusaciones de los autores directos. Cree que no está probado que todos hayan participado de los llamados “traslados” o hayan intervenido en las desapariciones y exterminios. Sobre la base del caso policial, que pide conectar materialmente causa y efecto, sólo acusa cuando todo corrobora la existencia de tal acto. Para los fiscales, el criterio es conservador y muy problemático. Félix Crous dice que Rafecas “entiende que cada uno de los autores es responsable por lo que hizo personalmente y no por la cuestión sistemática”.

Uno de los factores que Rafecas no parece tomar en cuenta podría funcionar como un atajo entre una y otra vía: la figura de la coautoría. La abogada Ana Oberlín señala que, además de la tesis de autoría mediata, “se puede utilizar la teoría de la coautoría: esto quiere decir que todos son autores del total del plan, más allá de su participación concreta. O sea, no sólo debe responder quien dispara, sino quien mantiene secuestrado, quien da la orden, todos en pie de igualdad, porque sin sus aportes parciales el total del accionar delictivo no hubiera podido cometerse. Esto es importante porque salva un poco la discusión sobre qué elementos se necesitan para acusar por autoría directa y por mediata. En la coautoría, todos son autores porque todos tuvieron un rol y un papel sin el cual los delitos no hubieran ocurrido”.

Pero como el criterio de algunos jueces es distinto, la decisión de no acusar por homicidios en la instrucción tiene un peso determinante en la etapa oral. El juez Sergio Torres, a cargo de las causas de la Marina, tiene en ese sentido un criterio parecido al de Rafecas, pero deja abierta la posibilidad de presentar las cosas de otra manera en el juicio oral. Por el tipo de estructura jurídica nacional, el peso de la instrucción y su historia determina el resto del avance de la causa. Por lo que se llama “principio de congruencia” nadie puede ser acusado en la etapa oral por un delito distinto del que se lo acusó en la etapa de instrucción. Si en instrucción a una persona le imputan privación ilegal y tormentos, no puede ser luego acusada por homicidio. Entre otras razones, para proteger su derecho a defenderse. Este es en este momento uno de los puntos de tensión.

El otro aparece al intentar resolver ese tema. La “congruencia” admite excepciones: la acusación puede cambiar de una a otra etapa si “surge” un nuevo elemento de prueba; si hay datos que marquen que es un delito continuado con el anterior o por la incorporación de un agravante. Qué significan esas condiciones, o cómo las interpretan defensas y fiscales, son otros puntos que se vuelven terreno de batalla en las salas de audiencia.

¿Cómo se prueba un homicidio? Los juristas suelen separar “el cuerpo del finado” del “cuerpo del delito”. En el país de los desaparecidos, sólo es posible acusar a los represores por homicidios cuando hay pruebas materiales de que la persona está muerta. Uno de los principales caminos de reconstrucción de pruebas lo abrió la política de identificación de personas del Equipo Argentino de Antropología Forense. Esos cuerpos aparecidos son parte de la base probatoria más importante en la mayoría de las causas. Otro camino es el relato de los testigos-sobrevivientes de los centros clandestinos que pueden contar cómo vieron muerto a un compañero.

Los problemas van desde cómo se construye esa prueba 35 años después hasta que, aún existiendo, el juez puede decidir no usarla, o cómo se hace para modificar eso en el tramo oral, o por qué los jueces de esos tribunales tienen distintos criterios para interpretar qué son “excepciones” a la congruencia.
Posadas

El caso del Hospital Posadas sirve de ejemplo para mostrar algunas de esas cuestiones. Chester era un técnico en estadísticas y secretario administrativo de la guardia del hospital. Lo secuestraron el 26 de noviembre de 1976, su cuerpo apareció flotando en el río seis días más tarde. La familia recibió un año después un certificado de defunción y más tarde tuvo la posibilidad de identificar el cadáver. Desde el Juicio a las Juntas se acusó a los jefes por su homicidio. El problema es que, en este nuevo tramo que juzga a los integrantes de la patota, nadie los acusó por esa muerte.

El caso de Roitman es distinto. Era un médico del Posadas secuestrado el 2 de diciembre de 1976 en su casa de Ramos Mejía y trasladado al Chalet, el centro clandestino del lugar. El permanece desaparecido, pero dos sobrevivientes fueron testigos del momento de su muerte, así lo vienen diciendo desde que quedaron liberados. Y volvieron a repetir en el juicio cómo vieron que lo “empalaban”, una tortura en la que “es imposible la supervivencia”, dijeron los fiscales.

Los fiscales no entienden, primero, por qué con esos datos la instrucción no elevó las causas por homicidio. Y segundo, por qué el Tribunal no se apartó de esa decisión y tomó un camino alternativo.

Para el fiscal De Luca la instrucción tenía desde el comienzo el cuerpo de Chester para imputar por homicidio a los integrantes de la patota. No lo hizo, a lo mejor porque el cuerpo apareció en el río y en la lógica de Rafecas faltó la conexión con el centro clandestino. Para hacerlo reingresar en la etapa oral bajo alguno de los caracteres aceptados como excepción, De Luca presentó su muerte como una “continuación” del delito anterior. Los jueces no aceptaron.

En el caso de Roitman los sobrevivientes vienen diciendo desde siempre que vieron el momento de su muerte dentro del centro: vieron cómo se les fue en la tortura. La causa no se instruyó con la acusación de homicidio para los autores directos ni en el carácter de coautores. De Luca buscó hacer reingresar el tema de manos de las sobrevivientes, que agregaron nuevas pruebas sobre cómo fue su muerte y las torturas. El tribunal tampoco aceptó.

Los fiscales tienen ahora dos caminos. Ir a Casación o buscar el modo de dejar planteada de alguna manera la acusación por los homicidios en los alegatos del final del juicio. El Tribunal Oral Federal 2 está integrado ahora por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi. Giménez Uriburu era secretario del TOF 2 en el momento del juicio por los crímenes en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Bertuzzi y Uriburu vienen de juzgar los delitos del Vesubio. La imputación por homicidio estaba dirigida a dos hombres de la patota: Luis Muiña y Argentino Ríos, que en este momento está mal del corazón y a punto de quedar fuera de la causa. También apuntaban al ex brigadier Hipólito Mariani.

“Nosotros citamos jurisprudencia del mismo tribunal”, dice De Luca. “Es como un retroceso en la interpretación del Código, hace diez años que soy fiscal de estos juicios, nos quedamos muy sorprendidos, han hecho una lectura anacrónica, respondieron con un Código procesal comentado y nosotros estamos hablando de lesa humanidad, de fallos de la Corte Suprema y jurisprudencia internacional. A mi modo de ver no tienen argumentos para impedirnos ampliar el hecho.”

Además, dice Oberlín, “en los casos en los que no se hallaron los cuerpos y tampoco hay testigos vivos existen jurisdicciones que llevan adelante investigaciones y juicios orales por homicidios, porque el paso del tiempo sin que la persona aparezca con vida, sumado a las condiciones represivas que se vivieron en este país y determinaron que el destino final de los desaparecidos sea la muerte, no hay dudas de que los asesinatos existieron

Los crímenes cometidos en Acindar son de lesa humanidad

El principal acusado es el ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz

El juez federal Norberto Oyarbide incorporó a los representantes de la UOM de Villa Constitución como querellantes en la causa en la cual investiga los delitos de lesa humanidad cometidos con la complicidad de los directivos de la empresa Acindar y que tienen como principal involucrado al ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Con esta decisión, el magistrado, además, confirmó que los crímenes que se realizaron en ese contexto son considerados de “lesa humanidad” y por lo tanto resultan imprescriptibles.

La UOM de Villa Constitución se suma como querellante a los organismos que ya intervienen en la causa, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo que ya había sido reconocido en tal rol.

El viernes, el magistrado –titular de Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 5 de esta Capital– dispuso el comienzo de la instrucción penal para la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la “Operación Serpiente Roja del Paraná” perpetrada por fuerzas armadas, de seguridad y civiles del Ministerio de Bienestar Social y la dirección de la empresa metalúrgica Acindar en la ciudad santafesina de Villa Constitución en el mes de marzo de 1975.

El juez Oyarbide escuchó los testimonios de los dirigentes gremiales y víctimas directas del operativo represivo como Alberto Piccinini y Juan Jesús Actis. Luego de recibir las declaraciones que realizaron los dirigentes, Oyarbide confirmó la reciente decisión de considerar los hechos delictivos denunciados como realizados con la tolerancia y aquiescencia del poder del Estado y por ende “crímenes de lesa humanidad” de carácter imprescriptible.

La resolución del magistrado luego de las medidas procesales que fue tomando, sumó ahora un nuevo elemento al permitir que la UOM de Villa Constitución se pueda incorporar como querellante en la causa 16.251/10 y que está caratulada como “Martínez de Hoz, José Alfredo y otros sobre/ Allanamiento ilegal y otros”.

La medida adoptada por el magistrado debe continuar ahora con el avance de la causa. Se espera que la fiscalía dictamine sobre las medidas de prueba a realizar para poner definitivamente en marcha la investigación. El hecho, ocurrido hace casi 37 años, significó un antecedente directo de los métodos que luego se aplicarían durante la dictadura que se instauró a partir del 24 de marzo de 1976, que colocó a Jorge Rafael Videla como presidente de facto.

La denuncia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la empresa Acindar había sido promovida por la Liga en diciembre de 2010 en forma conjunta con los representantes de la UOM de Villa Constitución y la CTA de esa ciudad. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos buscaron “poner en claro la participación directa de las grandes empresas locales y trasnacionales en la construcción y desarrollo, tanto ideológico como material, del terrorismo de Estado y el genocidio”, según indicó la Liga.

Por medio de un comunicado, agregaron que “la demorada pero necesaria apertura del proceso de instrucción debe verse como un paso fundamental en la labor colectiva de luchar por el juicio y castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado, con especial énfasis en el bloque social integrado por civiles y militares”.

Señalizaron como ex centro clandestino a una sede de la Policía Federal en Entre Ríos

La sede de la Policía Federal de Concepción del Uruguay fue señalizada este martes como un lugar en donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura militar.

La placa recordatoria, ubicada a un costado de la puerta de ingreso, dice: “Aquí funcionó el Centro Clandestino de Detención delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina. Memoria, Verdad y Justicia”.

El director de Información Pública, Pedro Báez, resaltó la decisión de señalar estos lugares como centros clandestinos, “manteniendo viva la memoria en el pueblo”.

“Todo está guardado en la memoria de hombres y mujeres de Concepción del Uruguay y de otros lugares, que indefectiblemente saben qué es lo que pasó, lo que hicieron, dónde se los llevaron, quiénes participaron”, agregó.

El representante del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gonzalo Vázquez, comentó que ya son 25 los centros clandestinos de detención que se vienen señalizando en el país.

“Esta placa tiene un objetivo político y pedagógico, y es importante que en cada uno de los lugares en donde funcionaron estos centros, sus vecinos y los funcionarios que trabajan en la dependencia policial o militar, tengan conocimiento de los hechos que ocurrieron durante el terrorismo de Estado”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Roque Minatta, uno de los uruguayenes que padeció secuestro y tortura en ese centro clandestino, recordó el triste paso por ese lugar junto a sus compañeros de militancia.

En ese marco, brindó detalles de la “tortura psicológica” que se les impartía, dándoles a conocer que sabían todo sobre sus familiares y seres queridos.

Minatta recordó que era apenas un adolescente cuando fue víctima de estos delitos, mientras se desempeñaba como presidente de la Unión de Estudiantes Secundarios y estudiante de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay.

Comenzó el juicio político al juez Romano, prófugo en Chile

Un inicio complicado para el juez fugitivo

Los consejeros de la Magistratura que actúan como fiscales acusaron a Romano de omitir en forma “deliberada” y “sistemática” la denuncia e investigación de secuestros, torturas y desapariciones durante la dictadura. Declararon testigos directos.

 Por Irina Hauser

El juicio político al camarista mendocino fugitivo Otilio Romano no empezó de la mejor manera para él, ya que la defensora oficial que lo representa en su ausencia, Fabiana León, arrancó su exposición aclarando que está excusada de la defensa de acusados por violaciones a los derechos humanos, pero en este caso tuvo que aceptarla por una obligación profesional. Lo hizo, deslizó, según el criterio que sostiene la Defensoría General para este caso: que la acusación por mal desempeño que podría derivar en la destitución de Romano es independiente de la causa penal en su contra por un centenar de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, para los dos consejeros de la Magistratura que actúan como fiscales, son cuestiones indisociables. De hecho lo acusaron de haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la denuncia e investigación de secuestros, torturas y desapariciones “de los que habría tenido conocimiento” como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983. Esa “omisión”, dijeron, fue “deliberada” y “sistemática” y muestra que “prestó una colaboración fundamental” con el terrorismo de Estado. En la primera audiencia del jury declararon ex detenidos, testigos directos.

Romano huyó a Chile un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para iniciarle juicio político, a fines de agosto. Fue declarado prófugo en el expediente donde está procesado en Mendoza como partícipe en 103 crímenes de lesa humanidad. El juez Walter Bento pidió su captura, aunque la dejó supeditada al proceso de remoción. Si el Jurado de Enjuiciamiento destituye a Romano, se activará la orden de arresto. A diferencia del juicio penal, el político se puede hacer en ausencia. La defensora que actúa en su nombre jamás tuvo contacto con él. Ni siquiera sabe si sigue en territorio chileno. Para dejar su postura a salvo dijo: “No tengo que coincidir con Romano para defenderlo”. El eje de su defensa es que le imputan actos como fiscal y no como juez, lo que –sostiene– está fuera de la órbita del Consejo.

El juicio, presidido por la jueza Alicia Noli, empezó con la sala casi llena de asesores judiciales, organismos de derechos humanos y estudiantes. “Romano no reúne las calidades mínimas para continuar siendo magistrado”, advirtió Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo, acusador junto con el diputado Carlos Moreno (FpV). Le imputó siete cargos que confluyen en su “omisión deliberada” de “investigar y/o denunciar secuestros, torturas, violaciones, robos, golpes, que tuvo el privilegio de conocer en su calidad de fiscal federal y de juez federal subrogante, y de boca de las propias víctimas o de sus familiares más directos”. Al contrario, señaló Ordiales, contra ellos “demostró una llamativa diligencia” para acusarlos por “la (llamada) ley antisubversiva 20.840”. Su conducta, sostuvo, fue “funcional al aparato represivo” y se extendió después de su ascenso como camarista en 1993. Consideró que su carácter de prófugo es un agravante.

Los testigos dieron ejemplos palpables. Luz Faingold recordó su detención a los 17 años cuando militaba en el secundario y fue llevada al D2, una cárcel de adultos. De pelo negro lacio y ojos color miel, revivió ayer las torturas y agresiones sexuales que sufrió estando detenida “igual que todas las mujeres”, que nadie investigó. Contó el día que Romano –el fiscal que la acusaba de “delincuente subversiva”– apareció en su calabozo: “Abrió la puerta, miró y se fue. Yo estaba tirada en el piso, deshidratada. Pensé que venía a buscarme, a sacarme de ese lugar”. Romano y el ex juez Luis Miret –destituido el año pasado– negaron la restitución de Luz a sus padres, que la reclamaban.

Silvia Ontivero, de ojos chiquitos y corte carré, estuvo seis años detenida, en Mendoza y Devoto. Era delegada gremial de ATE. Recordó las golpizas y su ropa destruida por los ataques sexuales. “Le mostré al juez lo lastimada que estaba y me preguntó si me había caído”, relató. Romano era el fiscal. También lo era en el expediente que le armaron a Héctor Rosendo Chaves, abogado de presos políticos en los ’70. “Me indagaron tres años después de detenido; denuncié torturas y no se investigó nada. Es evidente la estrecha relación entre la Justicia y la represión”, dijo.

A Daniel Pina, médico, lo detuvieron por orden de Romano, acusándolo de integrar seis organizaciones. Al firmar una declaración con los ojos vendados escribió “Apelo”, alegando que era su apellido. En vano denunció torturas y el asesinato de otro preso, Luis Moriña. Otros detenidos, recordó, decían que Romano y Miret “presenciaban torturas”. Por la tarde testificó Alicia Saadi, que integraba la Comisión de Acuerdos del Senado cuando Romano fue nombrado camarista. Dijo que de haber habido impugnaciones –no hubo– ella no aprobaba el pliego.

Haydée Fernández conmovió a quienes la escuchaban. Bajita y rubiona, contó cómo pasó de defender presos políticos a caer presa por la “ley antisubversiva” el 16 marzo de 1976. Recordó “la picana eléctrica”, que dejaron de aplicarle “cuando se llenó de presos después del golpe”, y el laberinto judicial en el que Romano le decía a su hermana, que había presentado un hábeas corpus, que ignoraba dónde estaba. Detalló que quienes iban a ver a las presas llegaban bañados en whisky para no sentirles el olor y que una compañera fue torturada alrededor de la herida de una histerectomía que le acababan de practicar. “¿Qué más pruebas quieren de Romano? Toda la Justicia era cómplice, por eso nosotros no teníamos salida”, aseguró. “En la cárcel –le dijo a Página/12– soñábamos con que llegara este día, así resistíamos.”

Comienza hoy 14/11, el juicio político al magistrado argentino prófugo en Chile

El suspendido camarista federal de Mendoza Roque Otilio Romano, prófugo en Chile, empezará a a ser juzgado por mal desempeño en su cargo, acusado de no investigar más de un centenar de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que se conformó tras una acusación a Romano efectuada por el Consejo dela Magistraturanacional, se constituirá a las 9 para dar inicio a la audiencia de debate oral y público en la sala "Horacio Billoch Caride", ubicada en Libertad 731.

Los integrantes del Jurado recibirán las declaraciones de entre 45 y 50 testigos y los documentos admitidos como pruebas los días 15, 17, 18, 21, 22, 24 y 25 de noviembre, en tanto que luego será el turno de los alegatos y la sentencia.

El Jurado estará presidido por la jueza de Cámara María Alicia Noli, y compuesto por la magistrada María Susana Najurieta, los senadores nacionales Rolando Bermejo (Frente parala Victoria) y Emilio Rached (Frente Cívico por Santiago), los diputados Oscar Albrieu (Frente parala Victoria) y Ricardo Buryaile (UCR), y el abogado Fabián Sahade.

La acusación, en tanto, está integrada por Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo, y Carlos Moreno, en representación del Consejo dela Magistratura, mientras que las defensoras oficiales de Romano serán Estela León y Diana Yofre.

El proceso se prevé que finalice antes de fin de año y podría terminar con la carrera judicial del camarista si es destituido.

El juicio podrá realizarse aunque Romano continúe prófugo en Chile, donde recibió una visa de ocho meses y pidió asilo, porque la ley prevé para estos casos la acusación en ausencia.

Limpiar el Poder Judicial... con los archivos de la dictadura podría ser total

La Federación Judicial Argentina pide la remoción del Juez Hooft por delitos de lesa humanidad La Mesa Directiva Nacional de la Federación Judicial Argentina (FJA) manifestó su “repudio” ante la “indeseable permanencia de jueces comprometidos con la dictadura militar” como el caso del Magistrado Pedro Hooft. Desde la entidad se exigió que la Legislatura bonaerense avance en su remoción a través del juicio político. En numerosas oportunidades, la Federación Judicial Argentina expresó su opinión en relación con la situación del sistema judicial en nuestro país, y puntualmente con la persistencia de jueces y funcionarios que fueron partícipes del Estado terrorista y cómplices del genocidio perpetrado durante la dictadura cívico-militar. En ese sentido, desde la FJA se indicó que “a pesar de que existen normas constitucionales y mecanismos institucionales para desplazar definitivamente a esos nefastos personajes, no se ha llegado a fondo en problema. 

Es así como nos encontramos a veces con la ‘sorpresa’ de que camaristas u otros magistrados ‘huyen’ a otros países cuando se encuentran que están a punto de ser procesados en causas por violaciones a los derechos humanos, siendo que, sin embargo, podrían haber sido destituidos o removidos legítimamente mucho antes”. A renglón seguido, se detalló: “Ese fue el caso de Otilio Roque Romano. Y sería el de muchos otros si los juicios que están en marcha profundizan en la investigación de la manera en que la farsa de poder judicial que actuó en aquel período se encargó de encubrir los crímenes rechazando habeas corpus, denegando libertades, ocultando de todas las maneras posibles la acción del terrorismo de Estado”. “No se trata de un problema solo de justicia retroactiva o deber moral, lo que no sería poco decir. Se trata también de un problema que incide en nuestra vida judicial de modo cotidiano porque estos personajes siguen actuando muchas veces con la misma impunidad y autoritarismo que en los viejos tiempos. 
Son parte de un poder judicial que aún hoy promueve la brutalidad policial, la degradación de las cárceles, la violación de los derechos humanos, la criminalización de la protesta y todas las injusticias imaginables. Tales son los casos, por ejemplo, de los jueces Julio Casanello (en Quilmes), Pedro Federico Hooft (en Mar del Plata), Néstor Montezanti (Bahía Blanca), entre otros. Es nuestro deber, remover a estos magistrados inmediatamente. Así habremos dado un paso más en dirección a una auténtica democracia”, destacaron desde la Mesa Directiva Nacional de la Federación Judicial Argentina. 

Cabe recordar que hace pocos días, tal como adelantó 0223.com.ar, el fiscal federal subrogante de Mar del Plata, Claudio Kishimoto, le solicitó al juez Alfredo López que cite a declaración indagatoria a su par de primera instancia Pedro Federico Hooft por su supuesta participación en violaciones a los derechos humanos cometidas en esa ciudad balnearia durante la pasada dictadura militar. El pedido de Kishimoto contra Hooft refiere al secuestro y posterior desaparición de un grupo de abogados marplatenses, entre los que figuran Tomás Fresneda y su esposa, Mercedes Argañaraz; Norberto Centeno, redactor de la Ley de Contrato de Trabajo; Raúl Hugo Alais, Salvador Arestín y Jorge Candeloro y su esposa Marta García –una de las pocas sobrevivientes– en lo que se iba a conocer como La Noche de las Corbatas. El hecho ocurrió entre el 6 y el 8 de julio de 1977. 

Se trata de la acusación central que utilizó el fiscal para imputarle a Hooft los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promover la persecución y represión” de víctimas del terrorismo de Estado, así como la sustracción de medios de prueba, dada la desaparición de la mayoría de los expedientes que se tramitaron en su juzgado. Por esos hechos, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua a Gregorio Rafael Molina, un ex suboficial de la Fuerza Aérea que integró la patota represiva y era uno de los encargados de la tortura. Por esos mismos hechos, en la actualidad, está siendo juzgada entre otros, parte de los integrantes de la plana mayor de la agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 y de los policías que estuvieron a cargo de la ex Regional Cuarta de la Policía Bonaerense en esta ciudad. Además de la denuncia penal promovida contra el magistrado tanto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como por los organismos de derechos humanos marplatenses, se sumó un pedido de jury de enjuiciamiento que logró avanzar en la Justicia y que Hooft se encargó de entorpecer con presentaciones de todo tipo, que fueron rechazadas sucesivamente. En ese sentido, si bien la ley en la materia establece que una vez abierto el proceso el juez cuestionado debe quedar automáticamente suspendido, eso no ocurrió en este caso y aún está pendiente su fecha de debate

Otilio Romano, el que huyó a Chile, a juicio político

El magistrado argentino Otilio Romano, quien huyó a Chile tras ser procesado por 103 casos de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), será sometido a un juicio político con fines de destitución desde el próximo lunes, informaron hoy fuentes judiciales.

El proceso oral y público se realizará en Buenos Aires y será llevado adelante por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Argentina.

Romano, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza, será juzgado por presunto mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos, según la acusación del Consejo de la Magistratura de Argentina.

Las audiencias para presentación de pruebas y testimonios se celebrarán hasta el 25 de noviembre, en tanto que los alegatos de las partes se realizarán en fecha posteriores a fijar.

Romano fue suspendido en sus funciones el pasado 25 de agosto, pero una día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.

Tras conocerse su salida del país, el juez de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento, lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile, pero Romano no se presentó.

Bento emitió entonces una orden de detención internacional contra Romano, pero supeditó su solicitud a que previamente sea destituido como magistrado.

Aportan nuevas pruebas por el caso “La Noche de los Lápices”

La jornada de hoy del Juicio por la Verdad contó con la declaración de un hijo de desaparecidos y el aporte documental que brindó Marta Noemí Ungaro, hermana de una de las víctimas de la denominada “Noche de los Lápices”, el estudiante secundario Horacio Ungaro, quien fue secuestrado de su casa el 16 de septiembre de 1976 junto a Daniel Racero, en el marco de un operativo que tuvo como blanco a otros jóvenes que integraban la Unión de Estudiantes Secundarios.

Fuentes judiciales detallaron que el pedido de ampliación testimonial realizado por la propia testigo tuvo el objetivo de aportar documentación a la causa que investiga la desaparición de hermano. “Lo que traigo es un documento del Ministerio de Educación de la Nación del año ’76, cuando Pedro Bruera era el ministro”, dijo Ungaro, en alusión al “Operativo Claridad”, es decir, la operación ejecutada durante la última dictadura mediante la cual debía reunirse información para combatir los focos “subversivos”, a través de la vigilancia, la identificación, y el espionaje sobre personas del ámbito educativo y cultural.

“En el ‘Operativo Claridad’ están las pautas del plan que se extendió a todo el país, donde el terrorista era aquel que subvertía una idea”, sostuvo la testigo. Y agregó: “ahí está planificado un esquema de cómo controlar el pensamiento de los niños desde el jardín de infantes”.

La testigo aclaró que la documentación le había sido suministrada por Adelina Dematti de Alaye, Madre de Plaza de Mayo y fundadora de la APDH La Plata, a través del Archivo Histórico de la Provincia.

“Quisiera ver si se puede derivar una acción penal o civil al señor Bruera, de quien supe que fue rector del Colegio Nacional de Rosario hasta septiembre de 2011”, solicitó Ungaro, a lo que el juez Leopoldo Schiffrin contestó que correspondía a la jurisdicción de Capital Federal.

Además del documento sobre el “Operativo Claridad”, la testigo aportó un radiograma que informaba sobre detenciones con el sello de clasificados de Estados Unidos, y un petitorio firmado por más de doscientas personas que se habían juntado frente al Congreso Nacional en octubre de 1977 para reclamar por sus familiares detenidos-desaparecidos.

“El aporte es muy valioso y me ha hecho cambiar la visión acerca de la Noche de los Lápices, que durante los 80 fue un episodio muy minimizado”, concluyó Schiffrin.

La denominada “Noche de los Lápices” fue uno de los sucesos más representativos dentro de la represión impuesta por la última dictadura militar argentina, ya que las desapariciones se realizaron sobre estudiantes, en su mayoría, menores de edad, que peleaban por la implementación del hasta hoy llamado boleto secundario.

El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz (uno de los sobrevivientes) en el Juicio a las Juntas. Él mismo participó de la creación del guión que llevó la historia al cine en 1986.

Cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura.

El relato de un hijo

Gustavo Hernán Rojas, por su parte, declaró en el marco de la causa que investiga el secuestro de su padre Marcos Alberto Rojas, un operario de la empresa Techint que cumplía funciones en Propulsora Siderúrgica y que fue detenido la tarde del 24 de marzo de 1976 por un grupo de entre quince y veinte personas del Ejército que se presentó en su casa de Gonnet.

“Cuando mi papá fue detenido yo dormía la siesta y fui llevado con él, hasta que días después me devolvieron a mi abuela paterna”, contó Rojas. Según declaró, su padre permaneció desaparecido tres meses y pasó por la Sección Cannes de 1 y 44, y luego por la Comisaría Novena.

Tiempo después, a la que detuvieron fue a su madre Mirta Mabel Barragán, embarazada de seis meses, junto al testigo y a su compañero Edgardo Zampallo. Esta vez la familia pasó por la Comisaría Séptima de Capital Federal y Rojas, de apenas cuatro años por aquel entonces, recordó que uno de los comisarios se encariñó con él y lo tuvo dos meses, hasta que apareció su padre, quien lo retiró definitivamente de la dependencia. Respecto a su madre, continúa desaparecida y se presume que habría estado en los Centros Clandestinos de Detención conocidos como “El Atlético” y “El Banco”.