Fallo histórico: a Martínez de Hoz ya no lo protege el indulto y puede ir preso

Está imputado junto con Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy en la causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios textiles, delito que el máximo tribunal definió como de lesa humanidad. Ahora el juez Oyarbide podría indagarlo.

A José Martínez de Hoz ya no lo protege ningún indulto. A 27 años del fin de la dictadura, el ideólogo del plan económico que dio sustento al golpe militar del 24 de marzo de 1976 podría terminar sus días en prisión. La Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de los decretos de perdón que en 1990 firmó el ex presidente Carlos Menem y, ahora, el juez federal Norberto Oyarbide tiene vía libre para procesarlo e, incluso, detenerlo. El ex ministro de Economía está imputado, junto con Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, en la causa por el secuestro extorsivo de dos empresarios textiles, delito que, según ratificó el máximo tribunal, es de lesa humanidad.

El expediente que investigó el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim se inició el 20 de mayo de 1985 por una investigación realizada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, entonces a cargo de Ricardo Molinas. Por esa denuncia, Martínez de Hoz pasó –por única y última vez– 77 días detenido, pero la causa se cerró cuando Menem perdonó a los imputados, tres de los principales impulsores del terrorismo de Estado.

La investigación se reabrió en 2006 cuando, tras el pedido de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide declaró la nulidad de los decretos 1.002/89 y 2.741 y 2.745/90. En su fallo, el juez consideró que “si bien la privación de la libertad con fines extorsivos de por sí no constituye un delito de lesa humanidad, lo cierto es que en este caso el hecho se enmarca dentro del contexto del sistema clandestino de represión implementado por la dictadura militar”.

Federico Gutheim, dueño de la algodonera Sadeco, y su hijo Miguel fueron detenidos el 5 de noviembre de 1976 por un decreto firmado por Videla y su ministro de Interior, Harguindeguy. El argumento: “Consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República”. En nombre de esos falsos intereses, los Gutheim pasaron 5 meses cautivos durante los cuales fueron presionados para concretar una exportación de algodón a Hong Kong, lo que le facilitaba a “Joe”, como le dicen a Martínez de Hoz, el acceso a ese mercado para obtener créditos millonarios.

“Trataremos de ver qué se puede hacer”, habría asegurado el ex ministro en una gira por el país asiático. Pocos días después, ya de regreso en Buenos Aires, los Gutheim fueron detenidos. A partir de una invitación del Ministerio de Economía, los empresarios de Hong Kong vinieron a “negociar” con los Gutheim, que se encontraban detenidos. Tras cinco meses presos en el Departamento de Policía y en la cárcel de Caseros, padre e hijo fueron liberados por otro decreto el 6 de abril de 1977.

En 1988 el entonces fiscal de la causa, Aníbal Ibarra, aseguró que en el expediente está documentado que los funcionarios que visitaron a los Gutheim en prisión lo hicieron “en cumplimiento de instrucciones del entonces ministro de Economía”. Todos estos elementos fueron los que llevaron a Molinas a considerar a Martínez de Hoz el instigador de la detención de los Gutheim.

El fallo que ayer firmó la Corte le permitirá a Oyarbide retomar las pruebas y determinar el rol de Martínez de Hoz, Harguindeguy y Videla en los secuestros extorsivos. Bajo las firmas de Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, la resolución sostiene que es “obligación del Estado” investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, delitos que son considerados “imprescriptibles”. Los otros tres supremos eligieron el silencio. Carlos Fayt y Enrique Petracchi, por su aval a la constitucionalidad de los indultos menemistas; Carmen Argibay, debido a su mirada sobre “la cosa juzgada”.

En el cuarto piso del exclusivo edificio Kavanagh, el hombre mimado del poder económico espera. Tiene 84 años y varias décadas de intocable sobre su espalda. El caso de dos empresarios víctimas de la dictadura podría ponerlo tras las rejas. Las vueltas del destino.

Bignone : 25 años de condena y en cárcel común

Bignone sustentó accionar genocida antes de la lectura del fallo

El último presidente de facto de la Junta Militar, Reynaldo Bignone, afirmó hoy que "la lucha contra el terrorismo en los ´60 y en los ´70 se trató de una guerra" contra integrantes de "grupos subversivos que no eran ni demasiado jóvenes ni idealistas", al defender lo actuado durante la represión ilegal. El veredicto se dará a conocer a las 16.30.

El último presidente de facto de la dictadura militar, Reynaldo Bignone, afirmo hoy que en la década del ’70 hubo una "guerra irregular" en la cual las Fuerzas Armadas "tuvieron que intervenir en la lucha para derrocar al terrorismo" cumpliendo "ordenes indiscutibles" emanadas de un gobierno democrático, en sus últimas palabras ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo.

"Que fue una guerra nadie puede ponerlo en duda", dijo Bignone al sentarse frente al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín para leer durante 40 minutos un escrito, por el que fue silbado y provocó alguna risa irónica cuando cuestionó la existencia de 30 mil desaparecidos y los casos de robos de bebes nacidos de madres secuestradas en centros clandestinos de detención.

En ese sentido, señaló que "se machaca con la cifra de 30 mil desaparecidos y hasta una jueza de la Corte (por Carmen Argibay) figura en un listado, a esa cifra la dejaron asentada como verdad incontrastable y nunca se demostró más de ocho mil y se barajan 500 robos de bebes pero no llegan a los treinta y ninguno cometido por personal militar".

Además, "se nos tilda de represores y genocidas, en principio el termino represión no es descalificante, la autoridad tiene el deber de reprimir los delitos de cualquier tipo y lo de genocida no resiste el menor análisis porque lo ocurrido en nuestro país no se ajusta en lo más mínimo a la definición internacional del delito de genocidio, solo voceros del odio pueden sostener esto".

Al igual que quien lo precedió en la palabra, el también juzgado Santiago Omar Riveros, Bignone se hizo responsable por todas las ordenes impartidas a sus subordinados, aseguro que todas fueron "legitimas" y recordó que en la justicia militar existía hasta la pena de muerte para la desobediencia.

La sentencia, contra los siete acusados, todos mayores de 80 años, se conocerá después de las 16.30, aunque según coincidieron todos hoy en sus ultimas palabras se consideran "condenados de antemano" y lo único que resta es la "graduación de la pena".

Sentado de cara a los jueces y de espaldas a las pancartas levantadas con fotos de victimas de la dictadura enarboladas por militantes y familiares que ocuparon el polideportivo de la sociedad de fomento José Hernández en la localidad bonaerense de Florida, el dictador sostuvo que "se insiste por distintos medios que se trataba de jóvenes idealistas, esto es una tergiversación de la realidad. Existían clandestinas organizaciones terroristas cuyos integrantes no eran ni demasiado jóvenes ni idealistas".

Este será el primer veredicto contra el último presidente de la dictadura, quien esta procesado con prisión preventiva y cumple arresto en la cárcel de Marcos Paz en otra causa por robo de bebes.

Riveros, ex comandante de Institutos Militares, abrió la audiencia para durante una hora hacer uso de la última palabra, en la que llamó a los jueces a dictar veredicto "con el pensamiento puesto en este año de Bicentenario, propicio para la unión y la paz de todos los argentinos".

De los demás imputados solo Eugenio Perello hablo ante el tribunal en un discurso que se interrumpió cuando el anciano detenido perdió el hilo de lo que leía.

Otro detenido, Jorge García pronunció sus últimas palabras anteayer en forma privada, en las que desconoció la autoridad del tribunal para juzgarlo.

El Tribunal de San Martín condenó a Reinaldo Bignone a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura y le revocó la prisión domiciliaria. Junto al dictador fueron sentenciados otros cinco represores. Todos deberán cumplir la condena en una cárcel común.


Bignone, el único que no había sido juzgado hasta ahora, fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo hace más de tres décadas, cuando era subjefe de esa guarnición.

El militar, de 82 años, fue encontrado coautor penalmente responsable por 11 allanamientos ilegales, 6 robos, 15 privaciones ilegales de libertad, 29 desapariciones y 38 casos de tormento, un número pequeño -aunque suficiente- de los casi 5 mil detenidos ilegales que pasaron por el lugar.

Igual condena alcanzó a su superior, el entonces Comandante de Institutos Militares, general retirado Santiago Omar Rivero, y al que fuera su jefe Inteligencia, general Fernando Ezequiel Verplaetsen.

Al cabo de cinco meses y medio de juicio oral y público, el veredicto de Tribunal Oral Federal 1 de San Martín fue leído sin la presencia de los acusados, que optaron por no estar en una sala de audiencias colmada por medio millar de personas y medios de prensa locales y extranjeros.

El público aclamó el veredicto y en especial la resolución judicial que canceló las prisiones domiciliarias de varios acusados, entre ellos Bignone, y ordenó cumplir las penas en un establecimiento del Sistema Penitenciario Federal.

Entre el público, rodeados de pancartas con los rostros de las víctimas, estaban el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, la presidente Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; Angela Boitano (Familiares), José Schulman (Liga), familiares de las víctimas, incluida la ex ministra de Economía, Felisa Miceli.

Los jueces Marta Isabel Milloc, Héctor Sagretti y Daniel Alberto Cisneros condenaron también al general Jorge Osvaldo García, entonces jefe de la Escuela de Infantería, y Carlos Alberto Tepedino, jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito, a 18 años de prisión.

En tanto, Eugenio Guañabens Perelló, ex Director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos", fue condenado a 17 años de prisión, mientras el único absuelto del caso fue el comisario bonaerense Germán Montenegro.

Riveros, Verplaestsen y García ya habían sido condenados el año pasado a penas de prisión perpetua, 25 años y 18 respectivamente, en el primer juicio por crímenes en Campo de Mayo en el que se ventiló el asesinato del adolescente comunista Floreal Avellaneda, y ya están detenidos en el penal de Marcos Paz..

Un sexto general imputado, el director de la Escuela de Ingenieros, Eduardo Alfredo Espósito, fue declarado inimputable y no fue enjuiciado a raíz de su deterioro psicofísico.

A Bignone aún le resta responder ante la justicia por la desaparición de un médico y un enfermero y la detención ilegal y torturas a unos 40 empleados el Policlínico Posadas de Haedo, cuya ocupación militar comandó en marzo del 76, causa ya elevada juicio oral.

Otro juicio pendiente es por la desaparición de dos conscriptos en el Colegio Militar de la Nación, hecho por el cual el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó descolgar su cuadro de la galería de ex directores el 24 de marzo de 2004.

La querella pidió una inmediata prueba de ADN a los hijos apropiados por Ernestina Noble

La querella en la causa para determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña del multimedio Clarín, Ernestina Herrera, pidió al juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, que ordene la inmediata realización de los exámenes de ADN a Felipe y Marcela Noble Herrera, para determinar si fueron apropiados a víctimas de la última dictadura militar.
Fuentes judiciales indicaron que el pedido fue presentado por Comparación. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pretende que la comparación de las pruebas de Marcela y Felipe con los datos del Banco Genético del Hospital Durand se realice inmediatamente.

Comparación. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pretende que la comparación de las pruebas de Marcela y Felipe con los datos del Banco Genético del Hospital Durand se realice inmediatamente.

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, querella en el proceso que busca determinar la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera -hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín-, pidió este viernes al juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, que ordene la inmediata realización de los exámenes de ADN para esclarecer si fueron apropiados a víctimas de la última dictadura militar.

El abogado Alan Iud, representante de la Abuelas, presentó la solicitud ante la Justicia para evitar que el paso del tiempo perjudique la eficacia del estudio y cotejo de las muestras obtenidas con la base de datos del Hospital Durand. En el marco de la investigación, en las últimas horas el juez Bergesio se opuso a apartarse del sumario penal tal como lo había solicitado la fiscal Rita Molina.

El pedido de Abuelas se efectivizó pocos días después de que Casación Penal rechazara por “inadmisible” el recurso de amparo presentado por los abogados de Ernestina Herrera de Noble para frenar la causa. La Sala II de la Cámara consideró que los letrados defensores, Jorge Anzorreguy y Horacio Silva, podrían haber representado "intereses contrapuestos", al patrocinar "alternativamente" a Herrera de Noble y a sus hijos adoptivos.

Aunque ese fallo no quedó firme, porque puede ser objeto de recursos, como Bergesio lo invocó para desestimar un planteo de inconstitucionalidad de los letrados de Herrera de Noble, Iud reclamó al magistrado que, mediante un "pronto despacho", disponga la realización de la prueba de ADN. Los estudios de ADN, que tenían fecha para el 22 de marzo último, fueron suspendidos por una medida cautelar dictada por esa misma sala de la Cámara de Casación. La medida cautelar quedó sin efecto con el fallo posterior del tribunal, pero los recursos contra esa resolución vencen dentro de una semana.

CINCO DETENCIONES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN JUNIN

Uno de los acusados es el comisario inspector Edgardo Mastandrea, quien se presentaba en TV como “experto en seguridad” y estuvo vinculado con el ARI. Los otros son Angel Gómez Pola, Abel Bracken, Julio Esterlich y el médico Aldo Chiacchietta.
El ex comisario inspector Edgardo Mastandrea se presentaba en televisión como “experto en seguridad pública”.

Un militar retirado y cuatro ex policías bonaerenses imputados por privaciones ilegales de la libertad y torturas contra una treintena de víctimas en Junín, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos por orden del juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa Primer Cuerpo de Ejército. La lista incluye al ex comisario inspector Edgardo Mastandrea, (foto) quien supo pasearse por programas de televisión como “experto en seguridad pública”. Los otros detenidos son el coronel retirado Angel José Gómez Pola, los comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Angel Esterlich y el médico Aldo Antonio Chiacchietta, sindicado como quien controlaba la resistencia de los secuestrados a las torturas con picana eléctrica en la comisaría 1ª de Junín.
La causa que investiga los secuestros y torturas de treinta y dos personas, de las cuales cuatro permanecen desaparecidas, se inició en marzo de 2007, con la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires ante el juez federal de Junín, Héctor Plou. La mayor parte de la víctimas eran dirigentes gremiales, políticos y miembros de la Coordinadora de Arte (Coart) de Junín. Los centros clandestinos de detención en los que ocurrieron los delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1977 son, además de la comisaría 1ª, la Unidad Regional VIII, el Destacamento de la localidad de Morese y la actual Unidad 13 del Servicio Penitenciario bonaerense, por entonces en construcción.

El 30 de diciembre pasado, el magistrado consideró “acreditada la existencia de un circuito represivo que comprometió el funcionamiento de los cuatro centros clandestinos de detención” y procesó con prisión preventiva a los dos primeros represores: el subinspector Miguel Angel Almirón, que tenía a su cargo el Destacamento Morse, y el suboficial inspector Francisco Silvio Manzanares, de la comisaría 1ª.

El 5 de marzo pasado, Rafecas y funcionarios del juzgado realizaron inspecciones oculares de los distintos centros, acompañados por sobrevivientes que fueron torturados allí.
Las víctimas reconocieron el sector de calabozos de la comisaría 1ª, la torre de vigilancia de la UP13, donde se practicaba la tortura, y el pabellón 10 del penal, donde cumplieron parte de sus cautiverios. La mayoría eran blanqueados en la seccional de policía y luego trasladados como detenidos a disposición de Poder Ejecutivo a las cárceles de San Nicolás, Mercedes o La Plata.

Los flamantes detenidos, que serán indagados en los próximos días por el juez Rafecas, son el coronel Gómez Pola, que fue jefe del área militar 131 entre 1976 y 1977; el comisario Bracken (radicado en Lincoln, donde solía escribir artículos sobre historias de gauchos e indios), que fue jefe de la comisaría 1ª; el entonces oficial inspector Mastandrea, sindicado como miembro de un grupo de tareas que operaba en la región, igual que el oficial subinspector Esterlich; y el médico policial Aldo Chiacchietta, responsabilizado de controlar los signos vitales de las víctimas que fueron torturadas en la comisaría y en la cárcel en construcción.
Mastandrea supo asesorar de manera informal en temas de seguridad al ARI, al que se acercó de la mano del ex diputado Carlos Raimundi. Cuando trascendieron las causas en su contra por violaciones a los derechos humanos, que investigaba entonces el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo, el propio legislador forzó su salida de la fuerza.

El policía continuó ofreciendo charlas, disertaciones y asesoramiento ante episodios de inseguridad.

Luego de la detención, la mesa nacional del ARI explicó mediante un comunicado que “Mastandrea jamás se desempeñó como asesor del ARI” y que “por este motivo nunca participó en la redacción de ninguna política pública propuesta” de esa fuerza.
El documento reconoce que Mastandrea “sólo tuvo cercanía con el ex diputado nacional Carlos Raimundi, lo que de ninguna manera implicó al partido ARI, que una vez más debe negar rotundamente vínculos con este personaje, ahora detenido por crímenes repudiables”.
Fuente Pág.12

Último momento: Salta 20 años de condena a los represores


Condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura

ANTICIPO
El Tribunal Oral Federal de Salta condenó hoy a los militares retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gastón Zírpolo a 20 años de prisión en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolló en Salta, por el secuestro y la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de Tartagal.

El juicio por este hecho comenzó en noviembre pasado, y tras casi cinco meses de audiencias, el tribunal entendió que los dos imputados son autores de homicidio simple y privación ilegítima de la libertad.

La condena de 20 años de prisión fue dada a conocer este mediodía, en la sala de audiencia de los tribunales federales salteños, mientras en la puerta organismos de derechos humanos, de familiares, y grupos sociales y políticos, que se manifestaban, fetejaron la sentencia.

Audiencias abril 2010

Audiencias
Circuito "Atlético-Banco-Olimpo"
13/4/10
Hora: 09:00
Lugar: Tribunal Oral Federal Nº 2, Comodoro Py 2002.

Juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención "Club Atlético", "El Banco" y "Olimpo" durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 está a cargo de este juicio, integrado por los jueces  Dr. Jorge Alberto Tassara (presidente del tribunal), la Dra. Ana María D´Alessio, la Dra. María Laura Garrigós de Rébori, y la Dra. María del Carmen Roqueta (4° juez).

Continúan las Audiencias testimoniales: lunes, martes y miércoles. Para acreditarse, deberán concurrir con documento de identidad al sexto piso de los Tribunales de Comodoro Py.  
LOS GENOCIDAS 1- Samuel Miara, Policía Federal Argentina, Alias “Cobani”. 2- Oscar Augusto Isidro Rolón, Policía Federal Argentina, alias “Soler”.
3- Julio Héctor Simón, Policía Federal Argentina, alias “Turco Julián”.
4- Raúl González, Policía Federal Argentina, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”.
5- Juan Carlos Avena, Servicio Penitenciario Federal, alias “Centeno”.
6- Eufemio Jorge Uballes, Policía Federal Argentina, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”. 7- Eduardo Emilio Kalinec, Policía Federal Argentina, alias “Dr. K”.
8- Roberto Antonio Rosa, Policía Federal Argentina, alias “Clavel”.
9- Juan Carlos Falcón, Policía Federal Argentina, alias “Kung Fu”.10- Luis Juan Donocik, Policía Federal Argentina, alias “Polaco Chico”. 11- Guillermo Víctor Cardozo, Gendarmería Nacional, alias “Cortés”. 12- Eugenio Pereyra Apestegui, Gendarmería Nacional Argentina, alias “Quintana”. 13- Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino, alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”.  14- Ricardo Taddei, Policía Federal Argentina, alias “Cura” o “El Padre”. 15- Enrique José Del Pino, capitán del Ejército Argentino, Batallón de Inteligencia 601, alias “Miguel”. 16- Carlos Alberto Roque Tepedino, Jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino. 17- Mario Alberto Gómez Arenas, Segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601.

Contacto: Justicia Ya Bs. As. - Dra. Claudia Ferrero (APEL) 155-604-5905 - Dra. Elea Peliche (AEDD) 155-428-7881 - Dra. Liliana Molinari (CODESEDH) 155-176-6480 - Cels 155-638-3107


Juicio a Represores de “El Vesubio
Hora: 16:00
Lugar: Tribunal Oral en lo Federal Cuatro (TOF4), 6to. Piso, Comodoro Py 2002.

Continuarán las audiencias en el juicio por algunos crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como "El Vesubio".  El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 4, que a su cargo el proceso contra ocho genocidas por 156 casos, proseguirá con la lectura de la acusación contra los represores.  El proceso se inició el pasado viernes 26 de febrero en los tribunales de Comodoro Py.

Hay audiencias diferentes días de la semana, porque no tiene Sala propia. Continúa la lectura de imputaciones a los represores. El tribunal esta integrado por los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Jorge Luciano Gorini y Pablo Daniel Bertuzzi, y la acusación a cargo del fiscal Felix Crous. Se estima que pasaran 280 testigos, incluidos 75 sobrevivientes del campo. Juzgan a  los coroneles retirados Pedro Alberto Durán Sáenz, (ex jefe de "El Vesubio"), Hugo Idelbrando Pascarelli (jefe del área 114) y el general retirado Héctor Humberto Gamen (2° comandante de la Brigada de Infantería X de la Subzona 11 - Jefe de la Central de Reunión de Información) que llegan en libertad. Junto a los ex miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Ramón Antonio Erlán, José Néstor "Paraguayo" Maidana, Roberto Carlos "Sapo" Zeolitti, Diego Salvador "Palacio" Chemes y Ricardo Néstor "Pájaro" Martínez, con prisión preventiva. Estan acusados de 16 homicidios agravados, 157 privaciones ilegales de la libertad con aplicación de torturas. El Vesubio estaba en un predio del SPF de Avenida Ricchieri y Camino de Cintura, cuya jurisdicción militar pertenecía al Primer Cuerpo del Ejército. Se prevé que juicio finalice a fines de noviembre.

Contacto: Comisión de familiares, sobrevivientes y compañeros de las víctimas del Vesubio - Liliana Mazea, FIDELA: 155-816-9178 - Guillermo Lorusso AEDD: 155-179-8041 - Elea Peliche AEDD: 155-428-7881

Jueves 15/4/10
Santa Fe: Juicio a Represores
Hora: 09:00
Lugar: Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario.
Juicio a cinco represores de "Quinta de Funes" y la "Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu"
Causa Guerrieri–Amelong.


Lunes 19/4/10
Primer Juicio de Lesa Humanidad en la Provincia de Salta
Hora: 10:00 
Lugar: Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta
         
El primer juicio que se lleva a cabo en la provincia de Salta para juzgar crímenes cometidos durante la última dictadura militar. (Juicio por el secuestro y desaparición forzada de Aldo Melitón Bustos. Continúa la lectura de alegaros.
Comenzó el lunes 16, dieron testimonio en la causa que se lleva a cabo en el juzgado Federal de Salta, por el secuestro y desaparición de Aldo Melitón Bustos, su secretaria en la escribanía, un abogado que vivía en la casa del contador y que a la vez prestaba servicio militar obligatorio en el Rente 28.

Convoca – Contacto: http://www.hijossalta.blogspot.com/ - Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Salta) - (Asociación Tucumana Contra la Impunidad)

Inicio juicio oral en La Plata por delitos contra los DDHH

Este lunes. el Tribunal Oral Federal Nº 1 de aquella ciudad dio inicio al debate en el marco de la causa “Dupuy”. Se investiga a 14 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata dio inicio este lunes al juicio oral que se desarrollará en esa ciudad contra 14 agentes del Servicio Penitenciario, en el marco de la causa “Dupuy”, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Así, el tribunal, integrado por los jueces Carlos Rozanski , Pablo Bertuzzi y Roberto Atilio Falcone (integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, designado como magistrado subrogante) encabezará el debate en el que se encuentran imputados: Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, Enrique Leandro Corsi, Elbio Osmar Cosso, Elbio Abel David Dupuy, Luis Favole, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Raúl Aníbal Rebaynera, Víctor Ríos, Valentín Romero e Isabelino Vega.

En el proceso se investigan delitos contra los derechos humanos cometidos en la Unidad del Servicio Penitenciario Nº 9 de La Plata en perjuicio de 90 víctimas.

Las audiencias en el juicio se llevarán adelante los días lunes y martes a partir de las 9. Durante las dos primeras jornadas el tribunal dará lectura de los requerimientos de elevación a juicio para luego, la semana próxima, comenzar a escuchar declaraciones testimoniales.

Casación rechazó el recurso de los Noble y avaló comparar el ADN con las muestras existentes

La Cámara Nacional de Casación penal avaló la decisión de comparar la sangre de Felipe y Marcela Noble con la totalidad de las muestras existentes en el Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand.

La Cámara de Casación penal avaló este viernes la realización en el Banco nacional de Datos Genéticos de los exámenes de ADN a Felipe y Marcela Noble para determinar si son hijos apropiados de víctimas de la última dictadura militar, como lo solicitó las "Abuelas de Plaza de Mayo".

Por unanimidad y sin analizar la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del tema, el máximo tribunal penal del país rechazó por "inadmisible" y en duros términos un recurso para intentar frenar esta medida, presentado por los abogados de Noble, Jorge Anzorreguy y Horacio Silva.

Además, ordenó enviar de inmediato el expediente al juez federal de San Isidro Conrado Bergesio, para que continúe con el trámite de la causa y eventualmente fije nueva fecha a los análisis, suspendidos por este trámite de apelación.
Por otra parte, la Cámara dispuso remitir copias de los escritos al Colegio Público de Abogados para investigar la conducta de los letrados de Ernestina Herrera de Noble, Jorge Anzorreguy y Horacio Silva.

Los camaristas entendieron que ambos carecieron de "legitimación" para apelar la medida a nombre de supuestas víctimas de un delito -los hijos adoptivos de Herrera de Noble- sin la firma de éstos y menos aún cuando en otros tramos de la causa representaron a la imputada Herrera de Noble.
Además, consideraron -en línea con el argumento de Abuelas de Plaza de Mayo- que podrían haber incurrido en la "representación de intereses contrapuestos" al patrocinar "alternativamente" a Herrera de Noble y a sus hijos adoptivos.
Contra todo lo resuelto, los abogados de Noble podrían presentar un recurso ante Casación para llegar a la Corte Suprema y eventualmente ir en queja al máximo tribunal del país.

"Todo esto esperemos que no lleve más de un mes de trámite, todo debería rechazarse in limine después del fallo escuchado hoy, por lo cual en menos de un mes deberían estarse realizando los estudios", consideró el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Liud, al término de la audiencia. Asimismo los abogados querellantes también solicitaron que se les impida a los doctores Horacio Silva y Jorge Anzorreguy seguir representando a Felipe y Marcela Noble, porque en la misma causa habían sido defensores de Ernestina Herrera de Noble, lo que –según ellos- derivaba en “intereses contrapuestos”, dado que Ernestina es imputada y Marcela y Felipe son las supuestas víctimas del delito que se investiga.

Marcha por SILVIA SUPPO


 Porque Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Causa que tiene imputados que viven en la misma ciudad.
Porque Silvia recibió cientos de amenazas y el Estado nunca encontró a los responsables. 
Porque la única protección para los testigos en las causas de lesa humanidad es la cárcel común y efectiva para todos los genocidas .
El viernes 9 de abril marchamos a la Casa de la provincia de Santa Fe y a la Secretaría de Derechos Humanos, para exigir al gobierno provincial de Santa Fe  y al gobierno Nacional la inmediata investigación del crimen de Silvia Suppo y el castigo a sus autores materiales e instigadores.
 Nos encontramos a las 11 hs en Diagonal Norte y Bartolomé Mitre.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD y JUSTICIA