Un ex militar reveló que hizo un curso antiguerrilla en Tartagal en 1967

“Los yanquis nos enseñaron a torturar”

Lo contó un testigo en el juicio a represores en Mendoza. Dijo que “unos 200” efectivos argentinos acudieron al curso, dictado por rangers que “habían estado en Vietnam”. “Terminaron aprendiendo de nosotros”, señaló.

Por Nicolás Lantos

“Hice un curso antiguerrilla en Tartagal, Salta, en 1967, con los yanquis. Allí yo aprendí a matar. Nos enseñaron técnicas de interrogatorio. El interrogatorio a través de la tortura. Cómo se debía torturar. La finalidad era extraer información.” El testimonio del policía y ex militar Roberto Reyes, testigo en el juicio que se lleva a cabo en Mendoza contra cuatro represores por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, es el primero que da cuenta de la presencia de especialistas norteamericanos para entrenar a las tropas en las técnicas ilegales que se utilizarían de forma sistemática casi una década más tarde, después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Según el relato de Reyes, “unos 200” efectivos argentinos, entre oficiales y suboficiales, acudieron al curso, dictado por alrededor de veinte rangers que “habían estado en Vietnam”. Finalmente, relató, los veteranos estadounidenses “pasaron vergüenza” ante la ferocidad de sus alumnos. “Terminaron aprendiendo de nosotros”, señaló el testigo.

“Yo me anoté para hacer el curso porque me dijo mi padre, que era militar, todos los cursos que puedas hacer, hacelos.” Reyes llegó a ser cabo primero aunque siempre –asegura– se desempeñó en el Ejército como parte de la banda de música, hasta que, tras un accidente en 1970, fue dado de baja y se incorporó a la policía. El golpe del ’76 lo encontró cumpliendo un rol de guardiacárcel, primero en la zona llamada Sierra Pintada, luego en la Casa Departamental de San Rafael, adonde funcionó un centro clandestino de detención, motivo por el que fue citado como testigo. Sin embargo, sorprendió a todos los presentes en la audiencia cuando relató cómo, mientras revistaba en las Fuerzas Armadas, participó de este “curso antiguerrilla” que duró cuatro meses, en 1967, “cuando estaba el Che Guevara en Bolivia”. Argentina era gobernada por el régimen de facto de Juan Carlos Onganía.

Según narró ante los jueces del Tribunal Federal Nº 2 de San Rafael y una nutrida asistencia (en su mayoría familiares de desaparecidos), en el curso les enseñaron “como se debía torturar, distintos tipos de tortura”. Incluso detalló algunas de las técnicas adquiridas. “Por ejemplo, estaquearlos con correas mojadas y a medida que se secaban, cortarles los párpados, y llegado el momento se volvían locos porque no podían cerrar los ojos, les tiraban sal, estaban al rayo del sol –detalló–. Otra tortura era el submarino, había métodos de tortura como colgarlos de las manos, llegando al momento se descoyuntaban”. Sin embargo, para Reyes, las técnicas que traían los rangers “las conocía todo el mundo, no venían con nada nuevo: picana, sumergir a las personas, les colocaban bolsas en la cabeza, inyectables para que se desesperen, griten, pedían que los mataran”. El objetivo era inequívoco: “La finalidad de esa tortura era extraer información”, confirmó Reyes, que aseguró que “en esa situación límite dicen cualquier cosa con tal de salvarse”. Durante el entrenamiento, además, recibieron “reglamentos o especie de manuales en inglés” y, al finalizar, “hasta un diploma”.

Aunque su testimonio no dejó nuevos detalles sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Mendoza durante la última dictadura, sí “demuestra que efectivamente hubo un plan sistemático de terrorismo de Estado que se comenzó a preparar en los años sesenta para ponerse en marcha en los setenta”, apreció el abogado querellante Pablo Salinas en declaraciones al diario local Mendoza Online. Reyes también reconoció haber visto a los imputados en el centro de detención y, aunque asegura que nunca vio a nadie allí con señales de tortura, reconoció que tener a alguien encerrado en una celda sin luz e incomunicado es una forma de tormento.

El primer juicio oral avanza contra los responsables del terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza luego de que los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, que frenaban su desarrollo (también bloquearon la aplicación de la nueva ley de medios), fueran denunciados por su complicidad con la dictadura. Ahora están siendo juzgados el ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara y los policías Raúl Alberto Ruiz Soppe (por entonces jefe de la Unidad Regional II), José Martín Mussere (oficial que funcionaba como enlace con el Ejército), Juan Manuel Labarta (que revistaba en la Policía de Investigaciones, o D2, de San Rafael) y Raúl Egea (abogado). El médico de la policía Cristóbal Ruiz Pozo, en tanto, quedó relevado por encontrarse internado y con una enfermedad terminal. El jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado cuatro veces a cadena perpetua, fue separado de esta causa para afrontar otro juicio en Córdoba.

El genocida Ignacio Verdura violó la prisión domiciliaria

Pasea impunemente por la plaza de Santo Tomé, Ctes

Por Claudio Puntel - Una investigación de Río Bravo

Uno más y van muchos. Otro genocida, torturador, desaparecedor, entregador de jóvenes, asesino, secuestrador y golpista que vuelve a pasearse impunemente por las calles, violando la prisión domiciliaria a que fue condenado. Se trata del general retirado Ignacio Aníbal Verdura, quien todas las tardes sale a pasear como si fuera uno más del pueblo. Mientras, seguimos buscando a Julio López. Mientras, volvemos a pedir justicia por Silvia Suppo. Mientras, hay apenas un procesado por cada centro de detención que funcionó en la Argentina. Mientras, reprimen y persiguen a los que luchan en Kraft-Terrabusi y en Gualeguaychú.

La plaza San Martín de Santo Tomé (Corrientes) es un lugar apacible. Por las tardes soleadas de este invierno crudo, se llena de gente. Hay estudiantes de medicina compartiendo mates mientras hablan sobre los exámenes de esta última semana antes de sus vacaciones de invierno; madres, padres, tíos, paseando a sus chicos que corren entre los canteros, juegan a la pelota o se trepan a los monumentos; hombres y mujeres de jogging practicando aerobismo, al trotecito o caminando ligero, parejas besándose y gurises en bicicleta. Todo muy lindo, todo muy hermoso, todo muy familiar. Excepto por la aparición de un asesino suelto que se pasea entre la gente.

Asesino
El juez federal Juan José Comparato de Azul, había librado orden de detención contra el ex general Ignacio Verdura el 26 de mayo de 2009. La orden se hizo efectiva en Paso de los Libres el 17 de junio de ese año. El condenado, alegando sus 77 años de edad, solicitó la prisión domiciliaria, que le fue concedida por Comparato.
Verdura había sido Jefe de un centro clandestino en el Regimiento Tiradores Blindados Lanceros Gral. Paz, según consta en Legajo de CONADEP 2556. Está procesado por los homicidios agravados de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Maccarini, ocurridos en Tandil en 1977, y por otras 21 privaciones ilegales de la libertad y tormentos. Los testimonios y la estructura de las zonas militares lo identifican como cabeza de todo el circuito represivo en aquella zona e inclusive así quedó expresado en el libro Nunca Más, editado por la Conadep en los años 80.

Suelto (Cliquear para ver más fotos)
Cuando lo vi, vestido con un equipo de gimnasia negro, la capucha gris del buzo canguro cayendo sobre la espalda y una gorrita de visera marrón, casi no lo reconocí. Está mucho más viejo y se lo ve distinto a las fotografías de los años de plomo en las que aparece uniformado. Pocos podrían reconocer a un genocida en este anciano panzón que camina encorvado. Pregunté a otras personas, quienes me confirmaron que sí, que se trataba del otrora temible general Verdura. Me dijeron que todas las tardes sale a hacer el mismo paseo. Que lo ven seguido, salir de su casa de calle Brasil al 879; a veces sólo, otras acompañado por su esposa. Que casi siempre lo ven caminar las dos cuadras por la avenida San Martín hasta llegar a la plaza principal del pueblo; dar varias vueltas a paso ligero por las veredas de la plaza y, luego, regresar por calle Mitre.
Desde el martes 13 de julio fui tres días seguidos a la plaza para verificar que fuera verdad y vi que era verdad; el paseo se repitió cada una de esas tardes. Después me enteré que el condenado, que debería estar pudriéndose en la cárcel; intenta hacer la vida corriente de cualquier ciudadano. Concurre a fiestas; a reuniones sociales y a velatorios de muertos que jamás lo hubieran invitado.

Sobre el trato en los centros clandestinos de detención, había comentado Rubén Sampini, ex – detenido que declaró en la causa por la que se imputa a Verdura: “Era un golpe, un insulto, una vejación. Era llevarte al infierno de un solo galope. Pero han pasado treinta y pico de años y la justicia llega". Cada 24 de marzo, decenas de miles de Argentinos llenamos las calles del país exigiendo juicio y castigo. Con genocidas paseándose libremente, esa justicia está muy lejos.


(http://riobravoentrerios.blogspot.com/2010/07/el-genocida-ignacio-verdura-violo-la.html)

Detuvieron en La Pampa a diez acusados que serán juzgados en dos semanas


Fue por disposición del TOF de Santa Rosa, para preservar la tranquilidad de los testigos. Es el primer proceso por delitos de lesa humanidad que llega a instancia en esa provincia. Las audiencias arrancarán el 2 de agosto próximo

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa ordenó la detención de diez acusados por delitos de lesa humanidad en la provincia de La Pampa, que afrontarán, a partir del próximo 2 de agosto, el primer juicio oral que se realizará en aquella provincia por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el último gobierno militar.

Los jueces Eugenio Krom, Mario Armando Márquez y José Mario Tripputi tomaron aquella decisión fundados en la necesidad de preservar la tranquilidad de las víctimas. Para ello se basaron en el artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación, que prevé la detención antes del debate.

Se trata de Fabio Iriart (que por problemas de salud quedó detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario), Néstor Greppi (que quedó detenido en Buenos Aires y será trasladado en los próximos días a Santa Rosa), Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Athos Reta, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Cenizo. Excepto Iriart y Greppi, el resto de los acusados se encuentran detenidos en la Unidad Nº4 del Servicio Penitenciario Federal, en La Pampa. Allí permanecerán presos hasta la finalización de las audiencias.

La causa
En el proceso se investigan hechos ocurridos en el marco de la causa conocida como “Subzona 14”. A todos los acusados se le imputan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, en forma reiterada, en concurso real con el delito de aplicación de tormentos, en forma reiterada.
Participarán como querellantes Miguel Ángel Palazzani y Augusto Osvaldo Barros, ambos en representación de dos grupos de querellas unificadas.

Las audiencias se realizarán los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 30, 31 de agosto y 1º de septiembre 2010, de 9 a 16 (y demás audiencias sucesivas que se harán saber oportunamente).

Los hechos
Los ciudadanos Clemente Bedis, Justo Ivalor Roma, Rodolfo De Diego, Zulema Arizu, Nery Greta Sanders, Avelino Cisneros, Héctor Solecio, Erberto Cuevas, Julián Flores, Zelmira Mireya Emilce Regazzoli y  Dolly Girard, con domicilio en Santa Rosa; Roberto Oscar Gil, Hermes Carlos Accatoli, Olga Edith Juárez, Raquel Barabaschi, Santiago Guillermo Covella, Carlos Osvaldo Aragonés y Hugo Avelino Ferrari, domiciliados en General Pico, Ana María Martínez en Buenos Aires y Nicolás Navarro en Naicó, fueron detenidos ilegalmente en diversas fechas, durante el período comprendido entre el 24/03/76 y 1978, por comisiones integradas por personal militar y policial que respondían al Comando de la Subzona 1.4 del Ejército, y trasladadas a la Seccional 1ª de la Policía de esta Provincia, lugar en las que eran sometidas a interrogatorios mediante amenazas verbales, físicas y torturas. Posteriormente eran ingresados a la Colonia Penal U.4 o a la Unidad nº13, sitas en esta ciudad o a la Unidad nº 6 de Rawson en carácter de detenidos a disposición del PEN, donde permanecían hasta ser liberados; o la soltura se producía desde la misma Seccional 1ª (Arizu, Sanders, Martínez).

En procedimientos similares fueron detenidos ilegalmente Víctor Aldo Pozo Grados, Guillermo Eduardo Quartucci, Gustavo Konning, Gerardo Nansen, Ángel Álvarez, Carlos Samprón, Samuel Bertón y Luis Carlino, quienes se desempeñaban como docentes del Instituto Secundario “José Ingenieros, el día 14/7/76 desde la sede del establecimiento educativo. Desde allí fueron trasladados a la comisaría local y posteriormente al Puesto Caminero de la Ruta nº35, lugar en que fueron sometidos a interrogatorios bajo amenazas y torturas. En el caso de Pozo Grados, fue liberado el mismo día de la detención y luego, nuevamente privado de su libertad, se lo trasladó a la Colonia Penal U.4.

La investigación judicial determinó que el grupo de tareas militar y policial que participó en dichos operativos estaba integrada por: Fabio Carlos Iriart, en su carácter de Comandante de la Subzona 1.4 durante los años 1976 y 1977; Néstor Omar Greppi (Secretario General de la Gobernación de la Provincia de La Pampa a la fecha de los hechos consignados); Roberto Constantino (Jefe del Grupo de Trabajo de la Subzona 1.4); Omar Aguilera (Comisario Principal de la Policía de la Provincia de La Pampa y Jefe de Operaciones de Trabajo de la Subzona 1.4); Carlos Reinhart (Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de La Pampa e integrante del Grupo de Operaciones); Athos Reta (Subcomisario de la Policía de la Provincia de La Pampa e integrante del Grupo de Operaciones e Informaciones); Néstor Bonifacio Cenizo (Oficial de la Policía de la Provincia de La Pampa e integrante del Grupo de Operaciones e Informaciones); Roberto Fiorucci  (Jefe de Informaciones de Trabajo de la Subzona 1.4); Hugo Marenchino (integrante del Grupo de Operaciones) y Oscar Yorio (Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de La Pampa e integrante del Grupo de Operaciones e Informaciones de la Subzona 1.4)

Unifican las causas por cinco centros clandestinos

Veinticinco represores al banquillo
       
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó ayer tres causas que investigan las torturas infligidas en cinco centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar, por la existencia de imputados y víctimas en común. La Justicia resolvió así unificar la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de Puesto Vasco y Coti Martínez (Comando de Operaciones Tácticas I de Martínez) con la que investiga los crímenes ocurridos en la comisaría quinta de La Plata. A esta última, ya se le había anexado otra causa por los hechos perpetrados en los centros conocidos como Pozo de Arana y Brigada de Investigaciones de La Plata. Desde ahora, habrá un solo proceso, y se estará en condiciones de realizar un único juicio oral que tendrá como imputados a cerca de 25 represores y como víctimas a unas 300 personas relacionadas con estos cinco centros de detención clandestinos.

La medida se adoptó tras evaluar que los hechos investigados se encuentran “conectados”, y que existe una “unidad de dirección y funcionamiento de los centros de detención investigados”, precisa la resolución del Tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone. Además, se tuvo en cuenta la necesidad de “no revictimizar a las víctimas” al exponerlas a sucesivas declaraciones de los delitos cometidos en su contra, y cuestiones relacionadas con la economía procesal y la celeridad en su resolución.

Para evitar también que se vulnere el principio que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho –algo que podría favorecer a alguno de los imputados– el Tribunal acordó que lo más beneficioso sería que sean juzgados en un único juicio oral. Entre los imputados que están involucrados en delitos de lesa humanidad está el represor Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por genocidio, el ex médico policial Jorge Bergés, el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart. “En las acusaciones se atribuye a los mismos procesados diversos delitos, que han sido perpetrados en igual lugar y tiempo, así como también existe identidad con alguna de las víctimas de las causas mencionadas”, sostuvieron los integrantes del Tribunal para justificar la resolución.

En el Pozo de Arana –uno de los centros cuya investigación fue integrada– el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló en 2008 restos humanos calcinados y enterrados, en lo que constituyó el primer hallazgo de este tipo que corroboró los testimonios aportados por las víctimas sobre lo que allí acontecía. Raúl Bonafini, fue uno de los detenidos en ese CCD, al igual que Jorge Julio López, cuyo testimonio fue vital para la condena a reclusión perpetua de Etchecolatz.

Margarita Belén: Hubo una lista de los que iban a ser fusilados

Jorge Giles y un testimonio emotivo en la audiencia 14 del juicio por la Masacre de Margarita Belén

Jorge Giles delcaró este viernes que un suboficial del SPF le había entregado una nómina de más de 20 personas. Figuraban Néstor Sala, Aníbal y el propio Giles. También dieron su testimonio Eusebio Esquivel, Juan Carlos Goya y Jorge Migueles

En una nueva audiencia por el juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén, el ex preso político y ex diputado nacional Jorge Giles relató que unos días antes del 13 de diciembre de 1976, un suboficial del Servicio Penitenciario Federal le entregó una lista de unos 20 nombres que iban a ser fusilados, con fecha incierta.

Giles, quien es periodista y autor de un libro sobre la Masacre, relató las últimas horas de las víctimas de la Masacre, que fueron sacadas de la U7, para llevarlos a ser torturados en la alcaidía policial, subidos a un convoy militar para ser trasladados a Formosa, y fusilados en el camino, cerca de Margarita Belén, fraguando un intento de fuga, un 13 de diciembre de 1976.

El testigo, quien fue arrestado en el interior provincial, en Villa Ángela, en abril de 1975, y luego de torturarlo, llevado a la Alcaidía de Sáenz Peña, de allí a la Brigada de Investigaciones, donde sufrió más torturas, para después pasarlo a la alcaidía de Resistencia y finalmente a la U7.

El listado, en forma de esquela que en la jerga carcelaria se denomina "paloma", recibido por Giles constaba de unos 20 nombres, era encabezado por Sala y el propio Giles, así como también Aníbal Ponti, figuraba en la nómina. Sin embargo, ambos se salvan del traslado.

LA DESPEDIDA
Ese fatídico domingo 12 de diciembre, el Ejército rodeó la U7 e, inesperadamente, llegó el oficial Casco, de la guardia dura, que no debía estar de turno. Fue el propio SPF el que dio la noticia. Y fue Giles quien debió despertar a Sala, que estaba durmiendo la siesta en su celda, para comunicarle el traslado.

Antes de que los trasladados abandonen el pabellón, el testigo junto con Miguel Bampini trataron de pedir explicaciones. Pero no hubo respuesta, la orden estaba dada y el macabro plan de traslado ya estaba pergeñado.

Y fue en ese momento, en que se produce la histórica despedida de Sala: “Compañeros, sé que este no es un traslado más, es un traslado hacia la muerte. Les pido que le cuenten a mis hijos, a mi esposa, a mi pueblo que muero con dignidad”. Entonces, grita, la famosa frase de José de San Martín: “Libre o muertos, jamás esclavos”.

Entonces, los presos políticos llenaron la U7 con la Marcha Peronista, mientras veían como Sala se iba saludando con la V de la victoria. “No había sensación de miedo, sino de pérdida”, recordó Giles, visiblemente emocionado.

EL DESPUÉS
La noticia del supuesto enfrentamiento del 13 de diciembre, se enteran por la radio clandestina, sintonizando una emisora brasileña: “Cada uno había perdido 10, 20 kilos, no estábamos en condiciones ni de jugar un partido de fútbol, mucho menos de intentar una fuga”, relató.

Más adelante, Giles tuvo la oportunidad de denunciar la Masacre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También lo intentó hacer ante el ex juez federal de Resistencia Luis Ángel Córdoba, pero éste se limitó a decir: “No es mi competencia”.

Ya en democracia, con las leyes de impunidad y los indultos mediante, llevó la denuncia ante el juez español Baltasar Garzón. Durante la ronda de preguntas, uno de los fiscales, dejó la sala antes de ser que lo consuma la testarudez.

Además de Giles, declararon Eusebio Esquivel, Juan Carlos Goya y Jorge Migueles.

Los juicios por las matanzas de los presos políticos

Los fusilados

Se están realizando los procesos por Margarita Belén, la U9 de La Plata y la UP1 de Córdoba. En cambio, la causa por Palomitas, en Salta, está paralizada. Las historias de los presos y los asesinatos.

Por Werner Pertot

“Una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias.” Rodolfo Walsh se refiere a un aspecto del terrorismo de Estado que durante muchos años fue opacado por la denuncia de los campos de exterminio. Se trata de las masacres de presos políticos y del rol que cumplieron las cárceles. Las tres principales matanzas de presos están siendo juzgadas: los fusilamientos en Córdoba, la masacre de Margarita Belén, en Chaco, y los pabellones de la muerte de La Plata. El único que sigue en suspenso es el de la Masacre de Palomitas, en Salta.

Por las cárceles de la dictadura pasaron entre 10 y 12 mil presos políticos, en paralelo a los desaparecidos. No se trató de dos realidades separadas: las cárceles y los campos clandestinos de detención y exterminio formaron un “continuum represivo”, según la denominación que encontró Pilar Calveiro. La politóloga (y sobreviviente de un campo) señala entre otras características comunes: los asesinatos en forma impune de prisioneros; la clasificación en “recuperables”, “casi recuperables” e “irrecuperables” y el “traslado” como eufemismo del asesinato.

La dictadura dividió el país en zonas, subzonas y áreas para organizar la represión. Hubo masacres de presos políticos en la zona 1 (los pabellones de la muerte), en la zona 2 (Margarita Belén) y en la zona 3 (los fusilamientos en Córdoba y la Masacre de Palomitas, además de los asesinatos de detenidos en Santiago del Estero y Jujuy). “En la Argentina no hay presos políticos. Quienes se hallan detenidos no lo son con motivo de sus ideas o de sus discrepancias con el gobierno sino por la comisión de gravísimos delitos”, afirmaba el dictador Jorge Rafael Videla ante el diario Clarín el 16 de junio de 1979.
Con la venia de Videla

Cuando lo detuvieron en 1973, Gustavo Tissera era obrero fabril y militante del PRT-ERP en Córdoba. Tras las torturas en una comisaría, fue a parar a la Cárcel de Encausados. “Inauguramos la cárcel”, recuerda Tissera. Los llevaron a la Cárcel de Encausados y los dejaron entre los presos comunes. “Ustedes son la pesada gil, porque roban pero para otros”, le decía un preso común. Los presos políticos tenían un régimen autoimpuesto. “Nosotros nos levantábamos tempranísimo, hacíamos gimnasia, estudiábamos. Luego de la caída del gobernador peronista Ricardo Obregón Cano trasladaron a los presos políticos a la Unidad Provincial 1 (UP1), en un pabellón especial. En diciembre de 1975 tuvieron la primera requisa pesada y el día del golpe se suspendieron todas las visitas. Los militares desembarcaron en la cárcel el 1º de abril. Los sacaron al patio a los golpes y culatazos. Les dejaron la celda pelada. “Lo único que nos quedó era una frazada”, recuerda Tissera.

El general Juan Bautista Sasiaiñ fue personalmente, entró a la celda de Tissera. Sasiaiñ miró un plato de caldo con dos o tres fideos. “Claro, así cualquiera es subversivo”, dijo y pateó el plato. “Están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos, porque van a morir lentamente, de manera que se arrepientan de haber nacido”, les dijo. Golpeó a un preso y se fue. Desde entonces las diferencias entre lo que ocurría en esa cárcel y lo que pasaba en los campos se angostaron. Les tapiaron las ventanas y les dieron un tacho para hacer sus necesidades. Las guardias quedaron a cargo de la policía militar, la Gendarmería y los militares. Se generalizaron las palizas colectivas, las torturas, los simulacros de fusilamiento.

El capitán Gustavo Alsina era uno de los que más se ensañaba con las mujeres, a las que obligaron a entregar a sus bebés a las familias. “Despedite de tu hijo, porque no lo vas a ver más”, le dijo a una de ellas el represor Enrique Pedro Mones Ruiz, el mismo que llamó en el juicio “ese terrorista” al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

El 5 de junio de 1976, en una de estas sesiones de tortura, en las que los obligaban a hacer ejercicios militares, Raúl “Paco” Bauducco recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. El cabo Miguel Angel Pérez, que lo había golpeado, sacó su arma y se la puso en la cabeza. “No doy más”, le respondió Bauducco, cuando le ordenó levantarse. Pérez miró a su superior, Mones Ruiz, quien asintió. Y lo fusiló frente a cincuenta testigos.

En tandas, sacaron a grupos de presos y los fusilaron. A Eduardo Bártoli lo llevaron de la cárcel al centro clandestino de detención D2, donde lo mataron el 30 de abril junto a dos desaparecidos. No fue el único caso de conexiones entre cárcel y centros clandestinos: el oficial de inteligencia Carlos Yanicelli sacó de la cárcel a Diana Fidelman y la llevó al D2, donde se ensañaron con ella en la tortura por ser judía. “Te vamos a hacer jabón”, le decían. La salida la autorizó el juez Adolfo Zamboni Ledesma, lo que demuestra que la complicidad del Poder Judicial con el terrorismo de Estado está lejos de ser un patrimonio sólo de Mendoza.

El 17 de mayo fue el primero de los “traslados”. Diana Fidelman había estado bailando todo el día. Con las otras presas, hicieron una obra de teatro donde satirizaban a los represores, como forma de resistir las torturas diarias. Se la llevaron junto a Miguel Mozé, José Svagusa, Ricardo Verón, Eduardo Hernández, Ricardo Yung. Antes de que la fusilaran, ella los miró con sus ojos azules y les gritó: “No sean cobardes. Mátenme de frente”. El barrio escuchó los sonidos secos de los disparos.

El siguiente “traslado” fue el 28 de mayo. Una patota militar fue en busca de dos presos del ERP, Carlos Sgandurra y José Angel Pucheta. En el enfrentamiento fraguado en el que los fusilaron también mataron a José Osvaldo Villada, un desaparecido al que hicieron pasar como un miembro del “bando atacante”. El 19 de junio se llevaron a Claudio Zorrilla, Miguel Angel Barrera, Esther Berberis y Mirta Abdón. A las presas las tuvieron que sacar en andas. “Nos quieren matar”, gritaba La Turca Abdón. El 30 de junio fusilaron a José Cristian Funes y Marta Rosetti, quien antes de irse repartió su ropa entre todas sus compañeras.

El 14 de julio de 1976, Alsina sorprendió a José René “Turco” Moukarzel recibiendo un paquete de sal de un preso común. Lo desnudaron y lo estaquearon en un patio, donde le tiraron agua fría, mientras lo golpeaban. Lo dejaron una noche helada, hasta que murió. Alsina fue a la enfermería a ver el cuerpo y golpeó al enfermero que estaba intentando asistirlo. “Dejá que se atienda solo. Total, es médico”, le dijo.

El 12 de agosto de 1976 el teniente Osvaldo Quiroga retiró de la cárcel a Eduardo de Breuil, Gustavo de Breuil, Miguel Vaca Narvaja e Higinio Toranzo. Los encapucharon a todos. En un momento el vehículo se detuvo en un lugar donde había militares entrenando.

–Teniente D’Aloia, ¿va a jugar el sábado contra la escuela de aviación? –preguntó un soldado.

–Callate, que acá tenemos unos subversivos. Después te veo –contestó, irritado, el teniente Francisco D’Aloia.

Los vehículos volvieron a avanzar. Tiraron una moneda para decidir a cuál de los hermanos De Breuil dejaban vivo. A Eduardo lo obligaron a ver el fusilamiento de su hermano, de 21 años: “Ahora volvés a la cárcel y les contás esto que viste. Les va a pasar a todos”, le dijeron. El 20 de agosto fusilaron a Ricardo Tramontini y Liliana Páez y el 11 de octubre a Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Miguel Cevallos, Oscar Hubert y Marta González de Baronetto.

En el juicio están acusados, además de Videla y Luciano Benjamín Menéndez, otros 31 represores, incluidos Yanicelli, Quiroga, D’Aloia, Pérez, Alsina y Mones Ruiz.
Margarita Belén

Los presos políticos de la cárcel de Resistencia (Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal) tuvieron una larga discusión. Se habían enterado, gracias a un guardia, de que iban a fusilar a algunos de ellos. Incluso tenían una lista. La pregunta era: ¿Resistir colectivamente o dejar que sacaran a un grupo de presos? “Es mejor que maten a veinte y no a los doscientos que somos, compañeros”, argumentó Néstor Sala.

En la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 el oficial Oscar Casco se acercó a la reja y nombró a los que tenían que salir.

–¿Qué pasa, señor? –se le acercó Jorge Giles.

–Traslado, Giles, traslado.

–¿Un día domingo, celador?

–Yo sólo cumplo órdenes.

Afuera estaba lleno de camiones del Ejército. Casco dio un ultimátum: “¿No los quieren dejar salir? Yo me retiro y entra el Ejército. Pero no entran a buscarlo a Sala, sino para matarlos a todos por el delito de motín”. Néstor Sala salió, no sin antes dar un discurso ante los otros presos. “Hoy nos sacan para matarnos. Les pido que se lo cuenten a mi mujer, a mi hijo y al pueblo. ¡Viva Perón, carajo!”, gritó. Con él, se llevaron a Luis Angel Barco, Manuel Parodi Ocampo, Carlos Duarte, Luis Fransen, Mario Cuevas y Patricio Tierno.

Los llevaron a la Alcaidía donde los torturaron salvajemente. Luego, los juntaron con un grupo de desaparecidos y marcharon hacia Margarita Belén. Todos los militares y policías de la comitiva dispararon, en un pacto de sangre. Luego se sentaron a comer un asado en el lugar de la masacre.

En Chaco están siendo juzgados por esto Horacio Losito, Germán Riquelme, Guillermo Reyes, Athos Renés, Rafael Sabol, Luis Alberto Pateta, Ernesto Simoni, Aldo Martínes Segón y Luis Eduardo Chas. Norberto Tozzo está en trámite de extradición, preso en Brasil. “Tanto la causa de Córdoba como la de Chaco sustentaron la causa 13, del Juicio a las Juntas, porque allí están todas las huellas de la cadena de mandos”, planteó a Página/12 Jorge Giles, ex preso político y director del Inecip.
Pabellones de la Muerte

Eduardo Jozami llegó a La Plata en un traslado de Devoto en octubre de 1976. En diciembre, asumió un nuevo director: Abel Dupuy. El 13 de diciembre de 1976, el mismo día de la masacre de Margarita Belén, los sacaron a todos de la celda. “Nos hacían caminar entre dos filas de milicos con palos. Esa requisa fue la señal de que cambiaban las cosas en la cárcel. Fue de una violencia exagerada”, recuerda Jozami. Luego de su acto de asunción, Dupuy ordenó sacar todos los libros que les habían secuestrado (cerca de cinco mil) y los quemó en frente de la cárcel.

A partir de allí, se generalizaron las torturas: les hacían sacar la cabeza por el pasaplatos para golpearlos o pincharles los ojos, alternaban palizas con baños de agua helada. En una de estas sesiones, a Marcos Ibáñez Gatica lo dejaron en estado vegetativo y murió a los pocos días.

Lo mismo ocurrió en los casos de Juan Barrientos y Alberto Pintos.

El 3 de enero de 1977 organizaron a los presos según su procedencia política y su grado en las organizaciones armadas. En el pabellón 1 colocaron a los dirigentes de Montoneros. En el 2, a los del PRT-ERP. Los presos políticos los llamaron “los pabellones de la Muerte”. No se equivocaron. A las cinco de la tarde del 5 de enero de 1977 vinieron a buscar a Dardo Cabo y Rufino Pirles, dos dirigentes de Montoneros. Los raparon y los sacaron para un “traslado” a Sierra Chica. “El día que los sacan nos pareció medio raro. Dardo hacía preguntas: ‘Che, qué raro un traslado a esta hora’. Al otro día nos enteramos de que los habían matado. Después de eso cada vez que salías del pabellón te daban por muerto. A mí una vez me sacaron para ver un abogado y cuando volví, me recibieron como si hubiera resucitado”, relata Jozami, actual director del centro cultural de la memoria Haroldo Conti.

El 27 de enero se llevaron a Julio César Urien y Angel Georgiadis. Militante de Montoneros, Urien era marino y provenía de una familia militar, que hizo gestiones con el general Albano Harguindeguy y consiguió que no lo mataran. Luego de dos días encapuchado, lo subieron a una camioneta, lo colgaron de los pies y lo llevaron a la cárcel. “Apareció” en Sierra Chica. En su lugar, volvieron a La Plata y se llevaron a Horacio Rapaport, que estaba en una celda de castigo por haber reclamado por los otros dos presos que habían sacado.

La existencia de los pabellones de la muerte fue denunciada internacionalmente, lo que llevó a los represores a cambiar la metodología. “Nos volvió a tomar de sorpresa cuando lo sacan a Domínguez y a los dos compañeros del pabellón 2”, plantea Jozami. A Guillermo Segalli, Abel Carranza y Miguel Alejandro Domínguez los liberaron en febrero de 1978 (estaban a disposición del PE nacional). Afuera los esperaba una patota, que los secuestró. Poco después, el juez Eduardo Marquard le dio la libertad a Jorge García, que era en realidad Juan Pettigiani (estaba preso con un nombre falso). También lo secuestraron. La metodología se repitió el 21 de marzo de 1978 a las once de la noche, cuando dejaron salir al abogado Juan Carlos Deghi. Se lo llevaron dos Falcon verdes a cien metros de la salida de la cárcel. Sus hijas lo estaban esperando con las velitas en su casa para festejar su cumpleaños.
El cinisno nauseabundo de Luciano Menéndez : 
A Fermín Rivera lo sacaron de la cárcel y lo torturaron para que revele dónde habían enterrado a dos guerrilleros en 1974, luego del copamiento del regimiento de Villa María por parte del PRT-ERP. Lo metieron en un baúl de un auto y lo llevaron a una finca, cercana a Río Tercero. Allí montaron un show periodístico. El 4 de abril de 1978, el diario La Nación afirmó que “la ubicación de la vivienda y el hallazgo de la tumba fue posible por la declaración de un extremista actualmente detenido, quien se avino a cooperar con la acción judicial”. Luciano Benjamín Menéndez, en un despliegue de cinismo, defendió ante los periodistas el derecho de los padres a enterrar a sus hijos: “Este proceder de por sí inhumano es todavía más execrable cuando se piensa que esos muertos son después usados para engañar a desprevenidos y hacerlos pasar como desaparecidos, reclamando sobre el paradero de individuos que los propios delincuentes subversivos han enterrado”.

Dos jueces acusados de complicidad en delitos de lesa humanidad

Los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, entre otros magistrados y ex fiscales mendocinos, son acusados por omitir denuncias, avalar detenciones ilegales y no investigar torturas durante la última dictadura militar.

 Por Nora Veiras

“El Poder Judicial federal de la provincia de Mendoza evidenció (durante la dictadura) una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (...) Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales (...) no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos delitos.” A lo largo de casi doscientas fojas, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad.

Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial (ver aparte). El pedido del fiscal Palermo, encargado de impulsar las causas por delitos de lesa humanidad, se nutre del testimonio de las víctimas entre 1975 y 1983. El rechazo de los recursos de hábeas corpus, la negativa a buscar a personas desaparecidas, a investigar las condiciones de quienes estaban detenidos y a indagar sobre las torturas estremecen a pesar de la asepsia de la jerga legal. La colaboración del aparato judicial con el terrorismo de Estado se está empezando a investigar en distintas provincias (ver aparte). En Mendoza ya provocó la renuncia de otro camarista, Carlos Martín Pereyra González, quien fue señalado por la Cámara de San Luis por haber presenciado sesiones de tortura.

Modus operandi

El pedido del fiscal Palermo se presentó ante el juez Walter Bonto, titular del juzgado que está en manos como subrogante de Olga Pura de Arrabal, la magistrada que trascendió por su fallo a favor de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Decisión avalada por los camaristas denunciados por complicidad en delitos de lesa humanidad y revertida por la Corte Suprema de la Nación. Tras la feria judicial se supone que Bonto reasumirá. Miret y Romano pretendieron deslegitimar las denuncias en su contra aduciendo que eran una persecución por su postura frente a la ley de medios. Horacio Verbitsky precisó en Página/12 el pasado 25 de abril que “los organismos de derechos humanos entregaron al Consejo de la Magistratura la denuncia el 22 de marzo y la Cámara de Mendoza recibió la apelación por la ley audiovisual una semana después”.

“Hubo jueces diligentes, no heroicos”, pero que con sus decisiones pudieron dar con un paradero y “poner coto a la dictadura”, señala el fiscal. Esa conducta no caracterizó a Miret, Guzzo y Romano. Por ejemplo, en el caso del secuestro del matrimonio Galamba que denunció, además, el robo de camas, roperos, heladera, lavarropa y ropa, el entonces fiscal Romano rechazó investigar el tema porque “se convertiría al tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”.

El caso de Luz Faingold, una adolescente de 17 años que fue detenida en el ’75 es uno de los que más compromete a Miret (ver aparte). El dictamen del fiscal precisa que “si bien el juez Miret no ordenó directamente la detención de la menor, habría sido anoticiado –probablemente de manera telefónica– el mismo día del resultado del allananamiento que él había ordenado. Es decir, desde un primer momento tomó conocimiento de que tenía privada de su libertad a una menor de edad, en un centro clandestino de detenidos junto a personas adultas perseguidas por causas políticas, a quien mantenía además incomunicada, no obstante lo cual, una vez anoticiado, dispuso la continuidad de esa detención preventiva ilegal y que se la mantuviera incomunicada negándole la entrega a la madre”. El entonces fiscal Romano estaba al tanto de la situación y ambos “una vez que tomaron conocimiento de las torturas y del abuso sexual del que fue víctima la menor por parte del personal policial, omitieron promover la persecución y represión de los delincuentes”.

La denuncia presentada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en el Departamento de Informaciones de la policía mendocina cuenta que Miret se jactaba de ser amigo personal del general Juan Pablo Saa, a cargo de la represión en Mendoza. “Miret y Romano fueron un engranaje del proceso represivo para facilitar la impunidad ajena y en algunas casos, propia”, sostienen. En un reportaje publicado por el diario mendocino El Sol, Miret se definió como “campeón del garantismo”, aclaró que no fue “juez del proceso sino juez de carrera que actuó durante el proceso” y explicó que todos los detenidos decían haber sido torturados “para desvirtuar la indagatoria policial” y abundó que los policías “estaban tentados de hacer cualquier apremio, como mínimo, un submarino, que no deja marcas, o colgarlos de las piernas por una noche y, entonces, al día siguiente, algunos cantan”. Esos apremios “podían ser o no ciertos”, agregó. El actual camarista dijo, en la misma nota, que cuando le advirtieron sobre la desaparición del profesor Mauricio López Miret pensó que “se había escondido”. En otros casos, directamente avaló actas postdatadas para blanquear el secuestro de jóvenes antes y después del último golpe militar.

Delitos

El fiscal Palermo sostiene que la tolerancia por parte de los magistrados y fiscales que actuaron durante la dictadura terminó erigiendo una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos. Llama la atención también sobre el silencio que siguieron manteniendo desde el retorno a la democracia.

Del estudio de los expedientes de la época surge que cada uno de los cientos de recursos de hábeas corpus a los que no se les dio curso permitió que los funcionarios tuvieran conocimiento de las detenciones sin orden de autoridad competente y, por lo tanto ilegales; de violaciones de domicilio, de apropiaciones de bienes, de secuestros, desapariciones y torturas.

A partir de la descripción de más de cien casos de secuestros, torturas y desapariciones –en Mendoza hay más de doscientos desaparecidos–, el fiscal Palermo pidió que se cite a declaración indagatoria a Miret por privación abusiva de la libertad, omisión de promover la investigación en 26 hechos, seis omisiones de investigar torturas, robo, prevaricato y omisiones de hacer cesar privaciones ilegales de la libertad. Al ex juez Gabriel Fernando Guzzo lo acusa por no promover la investigación ante 108 denuncias. Al ex fiscal y actual camarista Otilio Roque Romano, quien le dijo al diario La Nación que las acusaciones contra él y Miret habían sido impulsadas para presionarlos por la ley de medios, el fiscal le imputa no haber promovido las investigaciones en 97 detenciones y desapariciones, además de haber encubierto robos y evitar la continuidad de detenciones clandestinas.

Después de veintiséis años de democracia y cuando los procesos a los responsables directos y ejecutores de la represión ilegal avanzan en distintos puntos del país, el velo sobre la complicidad de los jueces empieza a correrse. En Mendoza, los magistrados encontraron hasta ahora los mecanismos para evitar que militares y miembros de fuerzas de seguridad esperen en prisión el comienzo de los juicios. La historia compartida con varios de los actuales camaristas explica la solidaridad y redobla el desafío para hacer justicia.

Un bebé torturado

Osvaldo “Valdi” Uferer fue detenido en dos ocasiones: a fines de abril del ’75 estuvo en la alcaidía del Chaco durante 20 días. La segunda, ocurrió un año después, en 1976, cuando un patrullero lo levantó de la calle y lo depositó en la Brigada de Investigaciones de la policía chaqueña. Estuvo siete años preso. Pasó por la alcaidía, la U7, y la U9 en La Plata. El jueves declaró en la causa “Caballero”, en Resistencia. Contó que en la Brigada una vez lo torturaron hasta que se desmayó: “Me dejaron tirado en el piso al lado de una puerta vaivén”. Cuando despertó escuchó la voz de Gabino Manader y los gritos de Nora Valladares durante un interrogatorio. “Manader le decía bueno... bueno... terminemos... decime lo que quiero saber y te devuelvo la bombacha, te vestís y listo...” Como la mujer no respondía la torturaron un poco más, hasta que el policía (imputado en la causa) se cansó y le dijo: “Bueno, ¿sabés qué? Vamos a traer a tu hijo”. “Nora estaba detenida con un bebé de siete meses –continuó Valdi–. Le aplicaron la picana, porque cuando sonaba la picana el bebé lloraba.” Valdi observaba y escuchaba todo tirado en el piso. Pudo ver a la hoy diputada nacional Elsa Quiroz, a Horacio Cracogna, a Nora Valladares, Jorge Migueles y también a Arturo Franzen y Manuel Parodi Ocampo, dos de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. “Yo me preguntaba por qué se torturaba en el centro de la ciudad, enfrente de la plaza central, donde juegan nuestros niños. Ahora tengo la idea de que esto era un plan premeditado para sembrar el terror”, reflexion

Luciano Menendez condenado a cadena perpetua por ¡¡cuarta vez!!

Condenas para represores inmutables

El ex jefe de inteligencia de la policía tucumana también recibió cadena perpetua y fue enviado a una cárcel común. Otros dos policías juzgados tendrán que cumplir dieciocho años de prisión y tres en suspenso.

Desde Tucumán

Luciano Benjamín Menéndez escuchó la condena en su contra sin inmutarse. Siguió con la mirada fija sin hacer caso de la palabra del secretario del tribunal, que estaba leyendo su sentencia. Su abogado defensor, Horacio Guerineau, fue el primero en retirarse del edificio y, para evitar los abucheos de miembros de organismos de derechos humanos que hacían vigilia en la puerta, se fue por una salida lateral. Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe de inteligencia de la policía tucumana, tampoco se alteró al conocer que deberá cumplir cadena perpetua en el penal de Villa Urquiza.

Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Josefina Curi y Gabriel Casas dieron a conocer su decisión ayer al mediodía. Menéndez y Albornoz recibieron la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán. Los jueces decidieron mantener por el momento el beneficio de la prisión domiciliaria del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Se quedará en el country Jockey Club en Yerbabuena hasta el lunes. Ese día volverá a Córdoba, donde afronta otro juicio junto al dictador Jorge Rafael Videla. Allí será alojado en la cárcel de Bower.

También fueron condenados los policías Luis y Carlos De Cándido. El primero recibió dieciocho años de prisión y su hermano, tres de ejecución condicional. Durante la dictadura cumplieron, respectivamente, funciones de carceleros y apropiadores de casas de personas secuestradas.

Los cuatro represores fueron juzgados y condenados por la muerte y desaparición de veintidós personas en el centro clandestino de detención “Jefatura de Policía”, durante la década del ’70, cuando Menéndez se desempeñaba como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.

Menéndez fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte, homicidio agravado por alevosía con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes, todos delitos de lesa humanidad, dice el fallo. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército –que abarcaba las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y Tucumán– ya tiene otras tres condenas perpetuas en su haber: dos en Córdoba y otra en Tucumán.

El represor Roberto Heriberto Albornoz recibió la condena a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, por ser autor material penalmente responsable de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada, torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía, con el fin de lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más partícipes”.

Luis De Cándido fue condenado a “dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por ser co-autor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita agravada, violación del domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, torturas seguida de muerte y usurpación de domicilio”.

Carlos De Cándido recibió la condena de “tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de las reglas de conducta por ser autor material penalmente responsable de la comisión del delito de usurpación”.

En esta causa también estaba acusado originalmente Antonio Domingo Bussi, pero fue luego excluido por razones de salud. Otros dos represores involucrados en el expediente, Albino Zimmerman y Alberto Cattáneo, murieron mientras se desarrollaba el debate.

La lectura de la sentencia se vivió con mucha tensión en las inmediaciones del tribunal. Se montó un fuerte operativo de seguridad con doble vallado para el ingreso a la sala, ubicada a tres cuadras de la Casa Histórica. Gendarmería Nacional se encargó de la custodia externa y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de la custodia interna del recinto.

Si bien se descontaba que los genocidas iban a ser condenados, se pretendía que todos fueran a cárcel común. A diferencia del juicio en el que se condenó a Menéndez y a Antonio Domingo Bussi en agosto de 2008, en este proceso los familiares de las víctimas del centro clandestino no ocultaron sus emociones durante toda la jornada. Pasaron desde la alegría por conocer la condena a Albornoz hasta la sorpresa por los tres años de prisión para uno de los De Cándido y el llanto al recordar a los familiares que no están, y fueron nombrados en cada imputación.

Los últimos en dejar la sala fueron los condenados, quienes esperaron a que los militantes de los organismos de derechos humanos se fueran del lugar para subir al móvil de la Policía Federal que los esperaba en la puerta. Durante la siesta tucumana, Menéndez, Albornoz y De Cándido se fueron sin nadie en las calles que los abuchearan, pero cargando sus condenas.

El hombre que vio todo


Antonio Alcázar fue el hombre que vio caer a sus pies el cuerpo de “Paco” Bauducco. Su compañero de celda moría fusilado durante esa maldita requisa, sin que él pudiera intentar el menor movimiento en su defensa.

Su testimonio será uno de los más esperados en el transcurso del juicio, ya que –se espera– contará con lujo de detalles cómo se dio esa absurda ejecución, y será el único capaz de recordar las brabuconadas que el cabo Miguel Pérez le gritó a Bauducco antes de acabar con su vida.

También se espera que Pérez vuelva a hablar, como lo hizo en abril de 2000, durante el Juicio por la Verdad Histórica, cuando confesó el asesinato (claro que regían las leyes de impunidad). Hoy esa declaración es nula, y difícilmente se vuelva a repetir.
FERMIN RIVERA, TESTIGO EN EL JUICIO POR LA UNIDAD PENITENCIARIA 1
“Es una cuenta pendiente”

Ex preso político durante una década, Rivera hizo la denuncia que inició la causa hace ya 34 años. Relata la historia sobre la conformación de un verdadero campo de concentración y de exterminio.
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Treinta y un presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba fueron fusilados por militares del III Cuerpo de Ejército entre abril y octubre de 1976, cuando la cárcel se transformó en campo de exterminio. Fermín Rivera escuchó en cautiverio la promesa del general Sasiaíñ de ejecutarlos “lentamente”, vio morir a varios compañeros y denunció los crímenes en plena dictadura. El viernes, con Videla y Menéndez en el banquillo, comenzó el juicio por el que peleó durante 34 años. “Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia”, dice. Ex preso político durante una década, Rivera repasa la historia de quienes encubrieron delitos de lesa humanidad, advierte que “vamos a luchar por verdad y justicia hasta que alcance a todos los responsables”.
–Empezó el juicio por los fusilamientos de sus compañeros y usted hizo la denuncia original.

–Hace 34 años que hice la primera denuncia y ha habido cantidad de frustraciones. La primera fue en la cárcel de Sierra Chica en octubre de 1976 con el juez de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuestas. Yo estaba hemipléjico. Le relaté las golpizas, el aislamiento, los fusilamientos, y respondió que no tenía jurisdicción pero que debía informar de mi denuncia a las autoridades militares. Era una amenaza velada. Seguí denunciando sin que nadie me escuchara hasta enero de 1983, cuando por una medida de fuerza de los presos me entrevistó un juez de Rawson y se empezó a instruir la causa. La Justicia llega después de 34 años.
–¿Cuándo cayó usted?

–El 27 de agosto de 1974, a la semana de la toma de la fábrica de explosivos de Villa María. Andaba recogiendo las armas después de la retirada y me detuvo la Policía Federal. En La Carlota me torturaron 24 horas para sacarme información de dónde iba a llevar las armas. Me siguen torturando en Río Cuarto y me llevan a la cárcel. Ahí empiezo a recuperarme de las lesiones, aunque todavía tengo secuelas. Un juez me dicta la preventiva y a fines de 1974 llego a la penitenciaría de Córdoba.
–¿Cómo era el trato?

–La relación con las autoridades penitenciarias era muy buena. Eramos doce presos políticos. Recibíamos tres visitas por semana, 18 horas en total, más una visita privada. Podíamos trabajar, hacíamos artesanías que nos permitían autogestionarnos, nos daban comida para cocinar, estudiábamos, teníamos radio y televisión. Puede decirse que se respetaban los derechos humanos, al menos de los presos políticos.
–¿El cambio fue después del golpe?

–En diciembre de 1975. Ahí requisa la Policía Federal y nos secuestran todo: cuadernos, libros, lápices, radios. Sólo permiten una visita semanal cortita. Y el 24 de marzo la cárcel se convierte en un campo de concentración y exterminio: nos aíslan, cierran puertas y ventanas, nos dejan con lo puesto. Fueron seis meses sin bañarnos, sin afeitarnos, haciendo las necesidades en celdas colectivas, diecisiete en la mía. Tuvimos que abrir un hueco en la pared para tirar el orín y las heces al patio. A los que sobrevivimos nos trasladaron a Sierra Chica el 30 de septiembre. En mi caso con hemiplejia por los golpes.
–¿Golpes a cargo de militares?

–Sí, a partir del 24 de marzo hay golpizas cotidianas. El general (Juan Bautista) Sasiaíñ nos dijo: “Están todos condenados a muerte, pero no se hagan ilusiones: van a morir lentamente, de uno en uno”. Se fue y empezaron a golpearnos, todos los días, hasta dejarnos sin conocimiento, ensangrentados, sin enfermería ni nada. Cuando llegamos a Sierra Chica los guardias vomitaban del olor que teníamos. Tuvieron que darnos hasta calzoncillos y medias porque la ropa que llevábamos, hilos de frazada cosidos con agujas de hueso, no servía para nada.
–¿Qué fue de los guardiacárceles?

–Los militares tomaron la cárcel y se hicieron cargo de los presos especiales. Los guardiacárceles sólo abrían los candados. La relación previa con ellos y con los presos comunes permitió que todo se conociera en el exterior de la cárcel a medida que sucedía. La primera consigna que nos propusimos a partir del golpe fue sobrevivir. La segunda, hacer conocer lo que pasara, se consiguió por la solidaridad de guardias y presos comunes. Durante seis meses pudimos sacar todos los días relatos pormenorizados escritos en papel higiénico. Nuestras familias no podían recurrir a diarios y canales, pero lo mandaban al exterior, donde se armó un movimiento de solidaridad que derivó en visitas de Amnesty, la Cruz Roja y otras organizaciones. Eso fue vital para sobrevivir.
–¿Cómo fue enterarse de que los sacaban para fusilarlos?

–A partir de la visita de Sasiaíñ nos preparamos para lo peor, aunque quedaba la secreta esperanza de que algo extramuros nos salvara. Cuando sacaron al primer grupo de compañeros dijeron “despídanse porque no vuelven”. Al otro día nos enteramos de que habían sido fusilados y supimos que de un momento a otro nos tocaba. La de San Martín es una cárcel enorme, con bullicio permanente, pero cuando sentíamos las pisadas de los militares se producía un silencio aterrador. Sacaban a uno u otro, en el pasillo le ponían capucha, mordaza, y se preocupaban por decir “salen para no volver”. La intención era recordarnos que nos iban a matar, a tal punto que a uno de los hermanos De Breuil lo hicieron ver el fusilamiento de su hermano y lo devolvieron a la cárcel para que lo contara.
–¿Los llevaban a otros campos de concentración?

–En general, no. Lo que hicieron hasta 1982, cada vez que alguien del Ejecutivo visitaba el Tercer Cuerpo, fue seleccionar a unos treinta presos de distintas cárceles y llevarnos a La Perla o a La Rivera como rehenes, por si había un atentado. Tenían una tabla de conversión: si moría un oficial superior nos mataban a todos; si era oficial jefe, a veinte; subalterno, a quince; suboficial, a diez; y si era soldado, a cinco.
–¿Cuántos presos políticos hubo en la UP1?

–Al momento del golpe éramos ciento veinte en dos pabellones. Para fin de septiembre había otros dos pabellones repletos, unos doscientos más. La política de exterminio estaba dirigida a los presos anteriores al golpe, tenían la certeza de que habíamos participado en hechos armados.
–¿Recuerda cuántas veces declaró en 34 años?

–Muchísimas, recuerdo las más importantes. La primera, ante el juez penal de Olavarría después de llegar a Sierra Chica. Lo único que le interesó fue que las lesiones eran previas al traslado, del resto no escribió nada. Después Vázquez Cuesta, otro juez en Caseros, el de Rawson que inició el sumario y, ya en libertad, ante el juez federal de Córdoba. Cuando se empezó a instruir la causa aparecieron las leyes de punto final y obediencia debida. Muchos de los que se insurreccionaron con (Ernesto “Nabo”) Barreiro están ahora como imputados.
–¿Qué sintió al ver ante un tribunal a los asesinos de sus compañeros?

–No se puede describir la sensación. A todos los compañeros que mataron los conocí profundamente y cada denuncia fue para que no quedaran impunes. Sentí como que descargaba un peso enorme, un gran alivio, aunque la felicidad nunca es completa. Sabemos –y ellos saben– que no fueron los únicos (ejecutores) sino los más notorios.
–¿Tendrá un significado especial declarar frente a Videla?

–Si fuera por mí trataría de evitar declarar porque cada vez que uno habla de estas cosas reabre heridas. Relatar el asesinato de entrañables amigos es terrible, doloroso, pero es una cuenta pendiente con mis compañeros y con la historia. Si sobrevivimos fue para esto, para que no se repita esta barbarie y esta locura genocida.

“Sólo sirven para torturar”

DECLARACION DE UN EX PRESO POLITICO POR LA MASACRE DE MARGARITA BELEN

Siete acusados se levantaron luego de que el testigo Aníbal Ponti recordara la frase que le dijo a un militar antes de su liberación. El ex preso relató su experiencia en la U7 antes y después del falso traslado que derivó en la masacre.

Por Marcos Salomon
Horacio Losito, uno de los militares imputados, se levantó inesperadamente. Habló con los abogados defensores y, de inmediato, otros seis compañeros de armas lo siguieron hasta un cuarto contiguo a la sala de audiencias del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén.
El testigo Aníbal Ponti acababa de decir: “Ustedes, coronel, no sirven para la guerra sólo para torturar”. El testimonio rememoraba una chicana que el ex preso político le tiró a un militar –no pudo recordar el nombre– que le hizo “seguimiento ideológico” durante todo el tiempo que duró su detención durante la última dictadura.

Ocurrió en 1982, luego de la guerra de Malvinas, y justo antes de recuperar su libertad, mientras estaba detenido en Rawson. Fue este mismo coronel quien le informó que iba a salir, una semana antes de que el juez librara la orden judicial.
Ponti fue delegado provincial de Perón y miembro de Montoneros: “No tengo problemas en decirlo, se los juzga a ellos (señalando a los imputados) no a mí”. No bien salió de prisión, estuvo en el armado local de Intransigencia y Movilización, militando con, por ejemplo, la ministra de Defensa, Nilda Garré (mirada de la esposa del represor Losito, que repite entre dientes: “Garré, hay que anotar eso...”).
Ponti estuvo detenido en Gendarmería, alcaidía policial, fue liberado, vuelto a encarcelar en la U7, La Plata y Rawson. “Nunca pudo ocurrir un motín ni tratar de realizar un rescate en un traslado, porque las condiciones eran de máxima seguridad”, aseguró el testigo al refutar los intentos de justificación de la masacre por parte de los militares.
En la U7 de Resistencia, Ponti estaba en el Pabellón 1 –el de los irrecuperables–, entre otros, con Néstor Sala, Manuel Parodi Ocampo –víctimas de la Masacre de Margarita Belén–, Juan Carlos Dante Gullo, Horacio Domínguez, Raúl Coppello. También declaró que había “gran número de menores” en el penal.

“Sabíamos que iba a ocurrir, estábamos preparados. Habíamos acordado que al que le toque, salía. Lo decidimos para evitar que entren y todo sea incontrolable. Me acuerdo de Sala, saliendo y dando su discurso de despedida. Lo que no entendimos es por qué no llevaron a los que tenían mayor exposición pública”, manifestó ante el tribunal.
El fatídico día del traslado, “la U7 se vistió de verde”, narró Ponti para describir una situación atípica: la guardia externa estaba formada íntegramente por militares, ni uno del Servicio Penitenciario Federal.
Para ese entonces, los presos políticos estaban incomunicados extramuros e intramuros. Abundaba el lenguaje de señas, clave Morse y una radio clandestina onda corta y onda larga, “que todavía debe estar guardada entre los muros de la U7”, se jactó Ponti, que era el encargado de esconderla.

Por esa radio, un pedazo del diario El Territorio facilitado por un penitenciario que militaba en la JP, más los aportes de los presos políticos traídos desde la alcaidía –que estuvieron el día que hubo una tortura masiva en el comedor–, los presos de la U7 fueron armando el rompecabezas de lo que sucedió aquella madrugada del 13 de diciembre de 1976. También ayudó alguna información que le aportó su hermana Sara casi sobre fin de año. La visita excepcional fue tramitada por un militar al que Sara, miembro del equipo del doctor René Favaloro, le salvó la vida. De todas formas, la mujer terminó desapareciendo en las fauces de la ESMA. Ponti también accedió a un sobre anónimo, con sello del Ejército, entregado en el hotel donde pasaba la primera noche de bodas antes de partir de viaje, el 13 o 14 de diciembre de 1983. El hombre no recordaba la fecha debido a la ansiedad que lo devoraba por declarar por primera vez en un juicio oral tras 35 años de espera.