Documentación comprometida en las casas de genocidas. Allanamientos judiciales demorados

La Justicia allanó los domicilios particulares de Videla, Harguindeguy y Riveros
Una visita a los genocidas

Las casas del ex dictador, su ex ministro del Interior y el ex director de Institutos Militares fueron allanadas entre el viernes y ayer. Se secuestró una gran cantidad de documentación vinculada con las causas abiertas.

 Por Alejandra Dandan

La Justicia federal de San Martín allanó la casa del dictador Jorge Rafael Videla; la de su ministro del Interior Albano Harguindeguy y la del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. Los procedimientos realizados en completa reserva se hicieron entre el viernes y el sábado y estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente de la ministra de Seguridad Nilda Garré. La PSA recogió una enorme cantidad de documentación aún no evaluada, en gran parte desconocida. Funcionarios judiciales que intervienen en las causas de lesa humanidad, consultados por este diario, consideraron que el material secuestrado puede ser de mucha utilidad para avanzar en los procesos de memoria, verdad y justicia. Entre otros documentos que incluye el expediente, al que accedió Página/12 en exclusiva, hay documentos de evaluación política de la Junta como el “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y plan de acción 1980”; carpetas que permiten ver cómo la dictadura pensaba extenderse hasta 1984; partes de inteligencia de mayo 1976 donde se “detectan” los movimientos de los principales dirigentes de la Junta de Coordinación Revolucionaria; perspectivas políticas sobre el diseño de la “guerra contra la subversión” y papeles clasificados de “secreto” que incluyen referencias a “prisioneros de Malvinas”. También hay fotos, negativos, casetes, cartas, manuscritos, cajas con archivos de diarios y carpetas con información de 1980 de los que hasta ahora hay muy poca documentación y que se supone pueden contener parte de los preparativos para frenar la Contraofensiva de Montoneros.

Los allanamientos los ordenó la titular del Juzgado Federal N0 1

de San Martín Alicia Vence, en el marco de la causa 4012/03 llamada “Riveros, Santiago Omar y otros, sobre privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios”. La jueza, que asumió en diciembre del año pasado, tiene en sus manos los procesos de instrucción de las causas de lesa humanidad más emblemáticas de ese distrito, de las que se desprenden las investigaciones por los secuestros de los obreros de la Ford, Mercedes Benz y los astilleros de la zona norte, en las que Riveros aparece como uno de los principales responsables.

Para llevarlos a cabo, la jueza ordenó “proceder al secuestro de toda la documentación (listados, reglamentos, decretos, órdenes, expedientes, actas, croquis, fotos, recibos, etc.) que de algún modo estén relacionados con los hechos delictivos cometidos durante la última dictadura militar y/o cualquier otro material de interés para esta investigación”.

En ese contexto, la PSA allanó los tres domicilios. En el caso de Videla, en este momento el dictador no vive allí ya que está detenido en la guarnición militar de Campo de Mayo. El departamento está en el quinto piso de un edificio de la avenida Cabildo al 600 en el que hasta ahora se había hecho un solo allanamiento, según reconoció su hijo a los agentes que llevaron adelante el operativo. Entre las imágenes de la casa aparece el cuarto del represor presidido por una enorme cruz en la cabecera de la cama y detalles de lo que al parecer es su despacho. Sobre el borde de uno de los armarios, entre libros en inglés y hasta lo que parece ser el lomo de un libro de Mao, se yergue una serie de aviones, recuerdo macabro en ese contexto de lo que fueron los vuelos de la muerte. Uno de los extremos del escritorio está coronado por el perfil de una Pantera Rosa: una inesperada muestra de ¿humor? del dictador, ya que hace referencia a una de las maneras en que se lo denominaba mientras ejerció la presidencia.

Entre la recopilación de los documentos secuestrados de su casa aparecen esbozos de lo que podría ser el comienzo de la escritura de un libro: “Recuerdos de una gestión de gobierno”, como dice una de las carpetas. Hay referencias más llamativas: una que concitó la atención de uno de los fiscales que trabaja en las causas es un croquis escrito a mano de lo que parece ser la idea de un programa del Proceso de Reorganización Nacional (PRN). En él se ve el dibujo de una línea de tiempo que arranca en 1970 y una descripción donde alcanza a leerse “Diferenciar: Mas allá de cierta simultaneidad: 1) campo militar (GUERRA) 2) campo político (PRN)”. También encontraron otro documento integrado por “78 hojas escritas a máquina y en manuscrito en cuya primera hoja dice: ‘Buenos Aires 16-1-76’”, es decir, un documento escrito antes del golpe, que a la luz de las últimas declaraciones de Videla podrían dar pistas sobre listas de nombres de las futuras víctimas o de las personas a las que pensaban impedir que hagan acciones contra el régimen.

Los materiales hallados en los procedimientos en las casas de Harguindeguy y de Riveros también parecen importantes. De la lectura de los documentos de Harguindeguy se colige que era el brazo político del gabinete: eso estaría indicando el llamado “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y el plan de acción 1980”, cuyo interés estaría en que no sólo contendría un programa político militar a futuro sino los resultados y, por lo tanto, datos del año concluido. Otra de las señales que refuerzan esa interpretación es una carpeta titulada: “Secreto. Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para el ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984”. Pero son los datos de 1980 los que a uno de los fiscales de las causas le parecen más llamativos: podrían aportar información sobre la ofensiva militar desatada a partir de la captura a los militantes de Montoneros que habían reingresado al país en la llamada Contraofensiva. En el caso de Riveros, unos de los datos más llamativos son los documentos que acopió sobre Malvinas y el llamado “Caso Grosby” (ver aparte).

La captura de material confirma la certeza que tienen desde hace años los organismos de derechos humanos que vienen reclamando los allanamientos a las casas de los represores, convencidos de que aún hay material relevante en sus manos. En los últimos meses, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud volvió a solicitarlos a raíz de un allanamiento a la casa de los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando, en el que se encontró una carta de la mujer del represor con una referencia a la intervención del Movimiento Familiar Cristiano en la legalización de la tenencia de la niña.

Las razones de los pedidos de allanamientos a estas tres casas aún no se conocen pero es posible, de acuerdo a lo afirmado por uno de los investigadores, que se hayan ordenado a partir de las declaraciones del dictador Videla en el último libro de Ceferino Reato. En un diálogo con Harguindeguy reproducido en el libro, el represor da cuenta de la existencia de algunos de estos papeles. Harguindeguy le dice a Reato que “mi problema como ministro del Interior eran los de-saparecidos; era el problema más grande que tenía, después estaban las grandes obras energéticas, algunas peleítas entre provincias”. Harguindeguy cuenta que había hecho sus listas. Cuando Reato le preguntó qué pasó con esas listas, el ex ministro dice que “todo eso fue quemado por orden de Bignone”. Pero confiesa que “yo me había traído acá una carpeta chiquitita que tiene quince cartas, quince notas”, con contestaciones importantes de los gobernadores, de algún embajador, del propio presidente y demás. “Después no tengo ninguna otra cosa. Tengo sí un recibo que le di a (Jacobo) Timerman.” Pero Reato volvió a preguntarle: ¿Y lo que tiene acá es importante? “Y sí –dice el represor–, pero no es de actualidad.”

Para quienes intervienen en los procesos ahora se abre una nueva inquietud: la necesidad de que estos documentos circulen. En ese sentido, Félix Crous, uno de los fiscales de las causas, indica que “sólo sabremos la importancia de la documentación secuestrada en los allanamientos cuando pueda estudiarse detalladamente. Por el grado que ostentaron los tres en el Ejército es imprescindible que tengan acceso a ella los jueces y fiscales que intervienen en todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Una buena idea para compartir esa información es que la jueza Alicia Vence la envíe mediante la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, que dirige el fiscal general Jorge Auat. Si queda afectada solo a la causa de San Martín se afectaría su potencialidad como prueba”.

La megacausa a Musa Azar, Damico y otros diez represores comenzará el 8 de mayo

Quedó constituído el tribunal que tramitará el juicio por lesa humanidad

Por fin, tras varias dilaciones, quedó constituido el TOF que llevará a cabo el principal proceso por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura en el territorio de Santiago del Estero. Algunos imputados quisieron hacerse pasar por dementes. Un comisario està prófugo.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero, designado para el juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en esta provincia, rechazó los planteos de recusación contra dos de sus integrantes y de esta forma quedó formalmente constituído para iniciar el proceso oral y público el próximo 8 de mayo.

Según informó a la Agencia de Derechos Humanos (ADH), el Tribunal rechazó los planteos contra el vocal José Fabián Asís, camarista de Córdoba; y la jueza suplente Alicia Noli, camarista de Tucumán, aunque todavía las defensas tienen la posibilidad recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Además de por Asís,  el TOF quedó integrado con los jueces Graciela Fernández Vecino y Juan Carlos Reynaga.

La megacausa abarca 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidas antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, crímenes cometidos en las humanidades de 18 desaparecidos y 26 sobrevivientes.

Dichos casos están divididos en tres grupos: 6 desapariciones forzadas antes del golpe de Estado (Grupo 1), 26 secuestros y torturas (Grupo 2) y 12 desapariciones (Grupo3).

Por otra parte, el juez federal Guillermo Molinari cerró la etapa de instrucción de la investigación por los crímenes cometidos por los grupos de tareas en Santiago del Estero, comprendidos en "el Grupo 4".

Éste formaba parte de la Megacausa, pero se desgajó de ella a causa de que la la instrucción debía resolver cuestiones pendienes y esperar algunos informes.

Los acusados son ex policías y militares: Los comisarios retirados Musa Azar Curi, Juan Bustamante, Miguel Garbi, Ramiro López Veloso, Eduardo Bautista Baudano, el mayor retirado Jorge D’Amico, Francisco Laitán y los policías Carlos Capella, Rolando Salvatierra y José Gregorio Brao.

Musa Azar, Garbi y López Veloso ya han sido condenados en noviembre de 2010 a prisión perpetua por el asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, en lo que fue el primer juicio oral en la Justicia Federal santiagueña por violaciones a los derechos humanos.

Kamenetzky, un estudiante brillante, fue reiteradamente torturado en la SIDE a pesar de haber sido ya legalizado como preso. Los policías lo retiraban de la cárcel para volver a torturarlo. Hasta que el 13 de noviemebre de 1976, tras una sesión de tortura, lo mataronn por la espalda.

En la megacausa también está acusado el comisario Roberto Díaz, prófugo desde mediados del año pasado. En todas las dependencias del municipio de la ciudad de Santiago del Estero se exhibe su foto y el ofrecimiento de una recompensa de $ 100 mil para quienes aporten datos que permitan capturarlo.

El fiscal federal general subrogante, Gustavo Gimena, pidió que foto y ofrecimiento de recompensa sean  también sean exhibidos en taxis y colectivos.

Cinco de los imputados intentaron hacerse pasar por locos. Un perito psiquiatra de la Suprema Corte de la Nación estuvo en Santiago del Estero para revisarlos. El Dr. Martínez Pérez sometió a examen psicológico a Musa Azar Curi, ex jefe del desaparecido Departamento de Informaciones Policial (donde actuaron los grupos de tareas de represión), y a sus secuaces Baudano, Capella, y Salvatierra y determinó que, a priori, están en condiciones de afrontar las audiencias del juicio oral más complejo de la historia santiagueña.

Genocidas que se hacían pasar por loquitos, están todos sanos

Perito de la Corte revisó a 5 acusados de la Megacausa y todos pueden declarar
La medida fue dispuesta por el Tribunal Federal Oral que llevará adelante las audiencias públicas.

Familiares de 18 desaparecidos y 26 sobrevivientes de los grupos de tarea esperan por el inicio del juicio oral de la Megacausa por crímenes de lesa humanidad, fijado para el 8 de mayo.

Un perito psiquiatra de la Suprema Corte de la Nación estuvo en Santiago del Estero para revisar a cinco de los 11 imputados de la Megacausa de Derechos Humanos, y determinó a priori, que todos están en condiciones de afrontar las audiencias del juicio oral más complejo de la historia santiagueña (44 casos), por crímenes de lesa humanidad, y que comenzará el 8 de mayo. 
El Dr. Martínez Pérez sometió a un examen psicológico a Musa Azar Curi, ex jefe del desaparecido Departamento de Informaciones Policial (donde actuaron los grupos de tareas de represión) y que en noviembre de 2010 fuera condenado a prisión perpetua en cárcel común por el crimen del estudiante Cecilio Kamenetzky, en lo que fue el primer juicio oral en la Justicia Federal santiagueña, por violaciones a los derechos humanos.
También revisó a los ex policías Eduardo Bautista Baudano, Carlos Capella, José Gregorio Brao y Rolando Salvatierra.

Todos estos imputados se encuentran fuera de prisión: Azar Curi permanece internado en un pabellón del Hospital Independencia desde marzo de 2010, Baudano fue beneficiado con la prisión domiciliaria por su edad; en tanto Capella, Brao y Salvatierra fueron excarcelados. Esta medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) que presidirá las audiencias públicas y que está integrado por Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, ante una requisitoria del fiscal federal general, Gustavo Gimena, para que se cumpla con lo dispuesto por el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación.

El mismo exige un examen mental obligatorio al imputado que entre otras situaciones, el delito que se le atribuya esté reprimido con pena no menor de 10 años de prisión o sea mayor de setenta años de edad.
La Megacausa abarca a 44 casos: 6 desapariciones forzadas antes del golpe de Estado (casos reunidos en el Grupo Uno), 26 secuestros y torturas (Grupo Dos) y 12 desapariciones durante el gobierno militar.
Por estas causas también están acusados los ex policías Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Veloso (también condenados junto con Azar Curi a prisión perpetua en cárcel común por el juicio Kamenetzky); Francisco Antonio Laitán, Juan Felipe Bustamante y el ex militar Jorge D’Amico, todos ellos recluidos en el Servicio Penitenciario Federal de Colonia Pinto.
 
Además está imputado en la Megacausa el ex policía Roberto Díaz, quien se encuentra prófugo desde mediados del año pasado.
Reparticiones comunales ya muestran foto de Roberto Diaz
  
El Ejecutivo municipal ya instrumentó una medida solicitada por la Justicia Federal para que en todas las dependencias comunales se muestren en lugares visibles la foto y el ofrecimiento de una recompensa de $ 100 mil para quienes aporten datos del paradero de Roberto Díaz, represor imputado en la Mecagacausa de Derechos Humanos, que está prófugo desde mediados de 2011.
El fiscal federal general subrogante, Gustavo Gimena, había librado un oficio dirigido al gobierno comunal para solicitar la colaboración, en la búsqueda de Díaz que está acusado de graves delitos: secuestro, torturas y desaparición forzada, que conforman la figura de lesa humanidad, es decir imprescriptibles.
La imagen de Díaz y la publicación de la recompensa también tendrán que ser exhibidos en los colectivos y en los taxis y radiotaxis.
El ex policía fue declarado prófugo luego de que dejara de comparecer ante el Juzgado Federal, requisito que se le exigía para que siguiera gozando de la excarcelación. El represor a través de familiares, hizo llegar el mensaje de que se mantendría en la clandestinidad porque había sido amenazado por el ex jefe de policía local durante la dictadura, el ex militar Juan José Ramírez. Díaz sigue prófugo a pesar de que Ramírez se suicidó a fines del año pasado.
Días atrás, la Policía Federal allanó la casa de Díaz y la de su madre, con resultado negativo.