La doble cara de los “K” en derechos humanos; por José Vales

 La política en materia de derechos humanos del gobierno Kirchner es una moneda de dos caras. Éstas fueron apareciendo a lo largo de casi ocho años de “reinado”, con la anulación de las leyes de impunidad y la cooptación de muchos organismos de derechos humanos, con el impulso de los juicios y el rescate de la memoria, y con acusaciones ligeras a aquellos que consideró “enemigos” y la falta de respuestas a la violación de derechos humanos que cada día se lleva a cabo en cárceles y delegaciones policiales.

Dos caras de una pieza numismática que por un lado tiene la efigie del extinto ex presidente, Néstor Kirchner (2003-2007), y por el otro la de la presidenta Cristina Kirchner, pero con el mismo valor a la hora de hablar de poder o de un modelo político.

Fue la estrategia en materia de derechos humanos plasmada en 2003 —inmediatamente después de la extradición de México a España del ex director del Renave, Ricardo Cavallo (con pasado de represor durante la dictadura militar)— la que utilizó Kirchner por entonces para definir a su gobierno como “progresista”.

Los juicios siguen avanzando y un vasto sector ve saciada su sed de justicia por los delitos aberrantes cometidos desde el Estado en la etapa más tenebrosa de la historia argentina

Hasta llegar allí el camino tuvo sus paradas. Fueron gestos como hacer descolgar el cuadro del dictador Jorge Videla del Colegio Militar, el desalojo de la Armada del edificio de la ESMA (donde funcionó el centro de exterminio más grande de la dictadura) y la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los que fueron definiendo una política que los Kirchner —él como gobernador de Santa Cruz e intendente de Río Gallegos (1987-1991) y ella como legisladora nacional—, jamás habían apoyado.

Usos y costumbres

“Hay muchos testimonios que recuerdan que ni siquiera celebraban un recordatorio del 24 de marzo, e incluso que ni siquiera apoyaron una visita de las Madres de la Plaza de Mayo a Río Gallegos”, recuerda el escritor y periodista Martín Caparros, que acaba de publicar su último libro Argentinismos, en el que no sólo desmenuza el poder de los Kirchner sino también ahonda y cuestiona “la utilización que hacen de los derechos humanos”. Esa utilización quedó de manifiesto en las últimas semanas, con el escándalo que se desató en la fundación Sueños Compartidos, de las Madres de la Plaza de Mayo, que lidera Hebe de Bonafini.

Ese acercamiento de las Madres de la Plaza de Mayo —históricamente críticas de los sucesivos gobiernos—, a la administración K, fue derivando en un programa de construcción de viviendas para las familias más humildes, con dineros aportados por el ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido.

Para ellos la fundación, cuyo apoderado era Sergio Schoklender, un ex convicto por haber asesinado a sus padres en la década de los 80 al que Bonafini había “adoptado” (como ella misma declaró), tiene faltantes de dinero por más de 40 millones de pesos, deudas provisionales por casi 3 mdd (según fuentes del Anses, que administra los aportes jubilatorios, consultadas por El UNIVERSAL) y un presunto desvío de fondos que la Justicia está investigando y que tiene a Schoklender en situación de procesado.

El ex apoderado presentó pruebas a la justicia para demostrar que todo lo actuado llevaba la firma de Bonafini, lo que podría llevar a la histórica dirigente a los estrados judiciales.

“Es evidente que hubo una utilización de los organismos por parte del gobierno y de una cosa tan cara para todos como los derechos humanos, para atacar a los hijos de la señora (Ernestina Herrera) de Noble (propietaria de Clarín). En el caso de las Madres existe la responsabilidad a priori de confundir los roles. Un organismo de derechos humanos está para velar porque se cumplan los juicios, porque no se violen nuevamente esos derechos, pero no para convertirse en una empresa y construir casas”, opinó la ex ministra y ex presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Graciela Fernández Meijide.

Pero no fue solamente la organización que lidera Bonafini la que terminó en las garras del gobierno alimentada con fondos estatales sin ningún tipo de control. Algo similar ocurrió con las Abuelas de la Plaza de Mayo, que lidera Estela de Carlotto, duramente cuestionadas por estos días, ya que llevó adelante la acusación contra la viuda de Noble por apropiación ilegal de menores. Cargos que ahora, con los resultados de los exámenes de ADN practicados a Marcela y Felipe Noble Herrera, quedarían si efecto.

Asuntos pendientes

Pero si algo se le quedó en el tintero al gobierno en materia de derechos humanos, es explicar por qué apoyó a Gerardo Martínez, líder del sindicato de trabajadores de las Construcción para llegar a la cima de la Confederación General del Trabajo (CGT) cuando contaba con un informe sobre su pasado como agente de inteligencia de la dictadura y la situación en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país, que alertó en marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Eso sin contar lo poco y nada que desde el gobierno argentino se ha hecho a favor de la aparición de Julio López y Luciano Arruga, los dos desaparecidos en el 2006 y 2009, respectivamente, en plena democracia y en pleno kirchnerismo, lo que no es más que una muestra más de las dos caras de la moneda kirchnerista de los derechos humanos.

La impunidad a toda vela: dos jefes de la represión a casita

La Cámara de Casación concedió arresto domiciliario a Bignone y a Riveros.

El Tribunal Oral dispuso que la condena a perpetua se cumpliera en una cárcel común, pero Casación consideró que esa medida era “arbitraria”. Denuncian que el fiscal Romero Victorica no fue a la audiencia en la que se resolvió el tema.

 Por Adriana Meyer

“Una burla más del sistema judicial.” Así calificó Iris Avellaneda el fallo de la Cámara de Casación que otorgó el beneficio del arresto domiciliario a los genocidas Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, condenados a prisión perpetua por el asesinato, entre otros casos, de su hijo de 15 años, el “Negrito” Floreal Avellaneda, cometido durante la dictadura. La mujer, a su vez sobreviviente del centro clandestino El Campito que funcionó en Campo de Mayo, anunció que apelará la resolución y que denunciará al fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica por no concurrir a la audiencia convocada por el tribunal para resolver el pedido de los represores, finalmente concedido, de purgar su condena en la comodidad de sus hogares.

Entre abril y agosto de 2009, Iris Avellaneda estuvo todos los días en la primera fila, sentada junto a su marido Floreal, durante las audiencias del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Ayer recordó que esos jueces “condenaron a Santiago Omar Riveros por el asesinato de mi hijo y las torturas que me propinaron en el centro clandestino de Campo de Mayo a la pena de prisión perpetua de cumplimiento en cárcel común”. En aquel momento, la defensa oficial del imputado solicitó que el cumplimiento de la condena fuera en su domicilio, petición que fue denegada por el tribunal que lo condenó expresando específicamente que el beneficio no correspondía “en virtud de la gravedad y el carácter de los delitos sancionados (crímenes de lesa humanidad), las altas penas a las que había sido condenado”, y aplicó la regla general según la cual “quienes resulten condenados por estos delitos cumplan la sentencia en cárcel común”.

Hace dos semanas, los jueces de la Sala 2 de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci, Juan Fégoli y Luis García, revocaron esa parte de la sentencia porque consideraron “arbitraria” la decisión de que cumplan la condena en cárcel común, y dictaron el cumplimiento de la pena en su casa. “La resolución invoca la avanzada edad de ambos, que son octogenarios, pero creemos que no cambiaron sus condiciones de salud, de modo que no corresponde modificar un aspecto sustancial de la condena”, dijo una de las abogadas del caso, Sabrina Dentone, de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre (LADH). Ese organismo de derechos humanos analiza la posibilidad de apelar el fallo mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, en forma conjunta con las demás querellas que participaron de aquel proceso. Hasta ayer, la medida que beneficia a los genocidas no se había hecho efectiva, porque estaba pendiente una notificación a la fiscalía de Casación, según comentó a Página/12 Pedro Dinani, otro de los letrados de la LADH que representó a los Avellaneda.

Avellaneda y su madre fueron detenidos por una patrulla militar y policial en un violento allanamiento a su casa de Munro. Los represores buscaban a su padre, un delegado sindical comunista, que logró escapar. Iris y el Negrito Floreal fueron llevados primero a una comisaría y luego a Campo de Mayo, cuya máxima autoridad era Bignone, como comandante de Institutos Militares. Meses después el cuerpo del chico apareció en la costa de Uruguay con signos de haber sido salvajemente torturado y muerto por empalamiento, y la madre fue enviada a la cárcel de Olmos.

Respecto de la ausencia del fiscal Romero Victorica en la audiencia sobre el pedido de prisión domiciliaria de Bignone y Riveros, Avellaneda dijo que espera “una investigación y la correspondiente sanción al miserable colaborador de los genocidas que hace tiempo debiera haber sido removido” de su cargo. “Esta decisión es contraria a la jurisprudencia mayoritaria que se ha elaborado en ese sentido y a toda razón de justicia y beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad”, se lamentó Iris. Y advirtió que “lo que se busca con estas decisiones es tornar nula la justicia por la que hemos luchado por más de treinta y cinco años, se les permite pasar el resto de sus vidas en su casa, rodeados de sus afectos, lo que les fue negado a los 30.000 compañeros desaparecidos”.

Gracias a la impunidad institucional: un represor es un héroe porque lo mataron en la guerra de Malvinas

El héroe que resultó represor
El capitán Pedro Eduardo Giachino ordenó matar en 1977 a un detenido encapuchado, esposado y de rodillas.

Escuelas, calles, plazas recuerdan a Giachino como el primer caído en la Guerra de Malvinas. Alfredo Molinari contó que lo castigó por no cumplir la orden de ejecutar a un secuestrado.
Por Gustavo Veiga
La historiografía oficial trata como a un héroe al capitán de fragata Pedro Edgardo Giachino desde que cayó en combate en Puerto Argentino el 2 de abril de 1982. Esa aureola de protagonista insoslayable en la Guerra de Malvinas hace cortocircuito con su pasado como represor de la dictadura. Un pasado elusivo, no demasiado difundido, a no ser porque el Concejo Deliberante de Mar del Plata decidió retirar en junio su imagen del recinto de sesiones por pedido de los organismos de derechos humanos que conforman la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Los motivos esgrimidos para solicitar que su fotografía no compartiera el mismo espacio con otros ex combatientes y los rostros de 436 desaparecidos marplatenses, se robustecen con la denuncia judicial de un ex subordinado suyo, Alfredo Molinari. Ante un juez federal de Santiago del Estero declaró que el marino le ordenó matar en 1977 a un detenido encapuchado, esposado y de rodillas, acto al cual se negó. “Basura, usted no se merece ser un infante de Marina, mándese a mudar de aquí”, dijo que lo reprendió su superior.

En agosto del ’78, Molinari fue degradado a marinero de segunda, arrestado y enviado al frente durante el conflicto limítrofe con Chile, hasta que solicitó la baja en febrero de 1979. Familiares de las víctimas del terrorismo de Estado acaban de solicitar que se le tome declaración testimonial en la causa Campo de Mayo, donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en el área 400, como se conocía al eje Zárate-Campana. En esa zona, el por entonces teniente de navío Giachino le exigió dispararle a aquel prisionero inerme, según consta en un expediente judicial al que accedió .

“Una noche, cuando el declarante se encontraba recorriendo el lugar asignado, alrededor de la 1.30 o 2 de la mañana, suena un equipo de comunicaciones, ordenándole Giachino que regrese a la base. Cuando llega al lugar (...) en una pieza que la ocupaban para interrogatorio, yacía en el piso un hombre, no le vio la cara ni puede calcular su edad, estaba encapuchado, atado de pies y manos, con su cabeza apoyada sobre una bolsa de equipo. Cuando el declarante ingresó, el hombre estaba de rodillas, esposado. Giachino le ordenó al declarante que saque su arma, que la cargue y que mate al detenido. Al declarante se le erizaron los pelos de su cuerpo, pues todo esto lo tomó de sorpresa. Nunca se imaginó que llegaría a estar en una situación como ésa. Recuerda que sacó su arma y volvió el martillo, negándose a cumplir la orden de matar al detenido. Entonces Giachino lo empezó a tratar de cobarde, diciéndole “‘basura’, usted no se merece ser un infante de marina, mándese a mudar de aquí”. También le dijo “‘bípedo, yo me voy a encargar de usted’, entre muchos insultos”. Este párrafo de la declaración testimonial de Molinari data del 24 de febrero de 2010. Se la tomaron el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari y su secretario, Federico Bothamley. Cuando compareció dijo que lo hacía para denunciar los delitos aberrantes que presenció en las Fuerzas Armadas mientras tuvo grado militar, entre enero de 1975 y febrero de 1979.

El ex cabo segundo de la Infantería de Marina recordó que al día siguiente de negarse a ejecutar al detenido, lo excluyeron de sus funciones de patrullaje sobre el puente Zárate-Brazo Largo (en esa época todavía no estaba habilitado) y lo mandaron de retén a la guardia durante veinte horas al día. Molinari describe otra represalia que sufrió. Una noche le ordenaron nuevamente que se presentara en la zona restringida. Nunca supo si por indicación de Giachino. “Al llegar a ese lugar –cuenta– fue recibido por gente encapuchada que se llamaban entre sí por sus nombres de guerra. Allí le dieron un balde y un trapo para que limpie la pieza donde ellos hacían sus interrogatorios, una tarea denigrante para un militar de carrera como lo era el declarante. Al efectuar la limpieza, advirtió la presencia de orina y encontró un diente. Había un olor muy penetrante. Se escuchaban llantos y clamor de gente que el declarante presume se encontraba detenida en ese lugar, pero a la que no podía ver.” Molinari también detalla en su declaración que Giachino se presentó otra noche en la guardia para que estuvieran atentos a la inminente llegada del almirante Emilio Massera. Señala que el genocida se reunió con quien en ese momento era teniente de corbeta, y que ambos “se dirigieron a la zona de detenidos y luego de treinta o cuarenta minutos” el almirante y su comitiva, que habían arribado en dos Ford Falcon, se retiraron. Declara que a Massera lo vio en el área 400 en un par de oportunidades y que, tras permanecer casi dos meses en Zárate-Brazo Largo, retornó en tren con sus demás compañeros a la base de Punta Alta.

En su testimonio ante el juez federal, Molinari –quien vive en Santiago del Estero– pide “perdón a todas las madres que perdieron a sus hijos y a todos aquellos familiares que lloran con dolor la ausencia de sus seres queridos”. Además sostiene que “se siente avergonzado de haber integrado las Fuerzas Armadas y, como personal subalterno, se siente avergonzado de sus superiores que lo dirigieron, poniéndose a entera disposición de la Justicia para el momento que lo requieran, pidiéndoles a los señores jueces que revean su situación, por la que fue humillado y despojado de sus derechos adquiridos”.

Por esta declaración, el abogado Pablo Llonto le solicitó al Juzgado Federal y Correccional Número 2 de San Martín a cargo de Juan Manuel Yalj, que se cite a Molinari a declarar para ampliar su testimonio en la causa Campo de Mayo, caso 296, relacionado con el sistema represivo en el área 400 de Zárate-Campana.
Giachino y Mar del Plata

El primer militar argentino muerto en el conflicto del Atlántico Sur pasó por diferentes destinos antes de pelear en Malvinas. Uno de ellos fue la Base Naval de Mar del Plata. Según el abogado César Sivo, quien patrocina a víctimas del terrorismo de Estado en esa ciudad, “hay testigos que hacen referencia a Giachino desde los primeros juicios, como el de Rosa Ana Frigerio. Se lo menciona nuevamente en el Juicio por la Verdad que comenzó en febrero de 2001, pero no existía una investigación direccionada hacia él porque había caído en Malvinas. Los testimonios recogidos señalan que era el encargado de la seguridad en todo el perímetro de la base, lo declaran oficiales médicos, conscriptos. Nunca se pidió su legajo porque estaba muerto. Es significativo que todos los integrantes de los grupos de tareas, los más duros, pelearon en Malvinas. No es un dato menor”.

La figura del capitán de fragata nacido el 28 de mayo de 1947 en Mendoza genera sentimientos encontrados en la principal ciudad balnearia del país. La Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia local pidió dos veces la remoción de un cuadro con la imagen de Giachino que colgaba en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. La medida fue apoyada por algunas agrupaciones de ex combatientes de Malvinas, como el Cecim de La Plata o la red Compromiso Social con Malvinas. Carmen Ledda Barreiro, de Abuelas de Plaza de Mayo, valoró que “se haya quitado la imagen de un genocida” y Carlos Díaz, presidente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, se sumó también a la iniciativa: “Este hombre no puede tener un cuadro en un cuerpo deliberativo de la democracia”. Asimismo recordó que en la causa 4447 quedó comprobado que “buzos tácticos Mar del Plata formaban parte del centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Base Naval local, y el conscripto Juan José María Parietti relató con mucha claridad cómo eran las instalaciones y cuál era el funcionamiento del proyecto del pelotón de vigilancia y seguridad del cual Giachino era responsable en 1976”.

En Mar del Plata hay sectores que piensan muy distinto del marino; son los que anteponen al combatiente de Malvinas sobre el represor. Ya se movilizaron hacia la Municipalidad cuando se enteraron de que el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Artime, de Acción Marplatense –el partido en el gobierno–, había quitado el cuadro de Giachino. La ONG Crux, que preside el ex concejal Julio Lobato, difundió su posición a mediados de junio abrevando en nuestra historia emancipadora: “Ya lo dijo el sargento Cabral. ‘¡Viva la patria aunque yo perezca!’ el 3 de febrero de 1813. Esa misma actitud la tuvo el capitán de fragata Giachino el 2 de abril de 1982. Respetemos su ejemplo y su memoria. No dejemos que la politiquería barata avance contra nuestros héroes”.

Una de sus hijas, Karina, se mostró consternada: “No sé qué hacer, ni con quién hablar. Estoy desconcertada, no parece que esto esté sucediendo, pero no va a quedar así. Voy a mover cielo y tierra para que esta locura se termine”, les dijo a medios locales. La madre del militar le envió una carta abierta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Resulta no sólo doloroso, sino insultante, que se denigre en esa forma la memoria de un héroe nacional que con su sangre devolviera a la patria su íntegra soberanía, mancillada desde 1833 por el usurpador inglés”, escribió en uno de sus párrafos María Delicia Rearte de Giachino.

El legajo del oficial naval ascendido posmortem habla por él. Mientras revistaba en la Escuela de Oficiales de la Armada, dejó asentados dos deseos: “Ocupar un puesto que me permita intervenir activamente en la lucha contra la subversión” y “efectuar el Curso de Guerra Subversiva en la Escuela de las Américas de Panamá”. El capitán de fragata Juan Carlos Moeremans, quien evaluaba sus antecedentes, le sugirió a la superioridad el destino más adecuado para su perfil: “Debe ser destinado a una unidad operativa”.

Se inicia juicio político al fiscal colaborador con la dictadura

La procuración inició el juicio político al fiscal Juan Martin Romero Victorica
El inicio del proceso de destitución

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público inició el proceso en base a la denuncia de la nieta recuperada Victoria Montenegro, quien contó que el fiscal de Casación le pasaba información a su apropiador sobre el juicio en su contra.

 Por Adriana Meyer

La Procuración General de la Nación –cabeza del Ministerio Público, es decir, de todos los fiscales del país– inició el proceso de enjuiciamiento de Juan Martín Romero Victorica, fiscal de Casación acusado de haber anticipado al apropiador de Victoria Montenegro información acerca de una causa en su contra. Esta hija de desaparecidos había denunciado que Romero Victorica llamaba a su casa para hablar con su apropiador, el fallecido coronel Herman Tetzlaff, para contarle cómo avanzaba el proceso penal en el que estaba acusado por su apropiación. En su descargo ante el Consejo Evaluador de la Procuración, el fiscal negó las imputaciones, pero ese organismo consideró que sus explicaciones “no resultan suficientes” como para desestimarlas, según la resolución. De esta forma se puso en marcha el jury contra Romero Victorica en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que deberá establecer si los cargos ameritan “su remoción por configurar la causal de mal desempeño” de sus funciones.

A fines de mayo, Romero Victorica se había negado a realizar su descargo en el sumario inicial, pero lo hizo ante el Consejo que debía resolver si lo enviaba a juicio. Montenegro había hecho su detallada acusación durante la audiencia del 25 de julio del juicio oral y público por la apropiación sistemática de menores durante la dictadura, ante el Tribunal Oral Federal 6. Montenegro recuperó su identidad y supo que es hija biológica de Hilda Torres y Roque Montenegro, dos militantes del ERP que murieron en 1977. La joven denunció que Tetzlaff le confesó que había matado a sus padres y que le mostró el arma con la que cometió esos crímenes.

El Consejo Evaluador de la Procuración analizó el DVD de esa audiencia, del cual se desprende que:

- Tetzlaff tenía amigos “ubicados estratégicamente” que lo iban poniendo al tanto de cómo iban las cosas (...) Cuando comenzó a intervenir el (ex) juez (Roberto) Marquevich “se les va de las manos la situación”.

- Romero Victorica llamó a su casa y le dijo que “se quede tranquila, que él iba a poner a unos amigos para que lo saquen” (cuando Tetzlaff fue detenido).

- Luego de una visita de Tetzlaff a Romero Victorica comentó que harían un allanamiento para obtener muestras para comparar los ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

- Romero Victorica “le puso” tres abogados a Tetzlaff: Anzoátegui, Casal y Romero Victorica, sobrino del fiscal, que la familia no podía pagar.

- El juicio por su apropiación se dilató muchísimo por la intervención del fiscal, que sabía que ella era una niña apropiada y estaba al tanto de que Tetzlaff había sido el asesino de sus padres.

Romero Victorica declaró que los dichos de Montenegro no se compadecen con la realidad y que “obedecen a mandatos que ha recibido de personas cuya identidad desconoce, pero que persiguen su perjuicio funcional y desprestigio personal”. Agregó que “sólo había reconfortado a Montenegro y que no había incurrido en ninguna conducta que resultase reprochable moral, administrativa o penalmente”. De hecho, esta situación está siendo investigada penalmente por la Justicia Federal. Por su parte, el Consejo determinó que “la singularidad de los dichos de Montenegro y su gravedad son suficientes para elevar las actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público”, un organismo integrado por fiscales, jueces, miembros del Poder Legislativo y de colegios de abogados que producirá sus propias pruebas, y cuyas audiencias son públicas.

Confirman el procesamiento al juez mendocino Otilio Romano por delitos de lesa humanidad

La Cámara Federal de Mendoza confirmó el 5/7/11 el procesamiento del camarista mendocino Otilio Romano por 17 acusaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar, cuando se desempeñaba como fiscal federal de esa provincia.

Según el fallo difundido, el tribunal de apelaciones revocó además la falta de mérito de la que gozaba el camarista y lo procesó por evitar desde la obligación de su cargo, impulsar la persecución y enjuiciamiento de delincuentes, en el caso de una víctima, Rebeca Manrique Terrera.

En la causa donde ya está procesado por otros 76 hechos, se lo acusa de "presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal".

Se trata de delitos cometidos por personal de las fuerzas armadas y de seguridad entre 1975 y 1983 "facilitando de tal modo la impunidad de los responsables de dicho plan y la continuidad del mismo, en las presuntas torturas y privaciones ilegítimas de la libertad".

"El método acordado, concordante con el plan sistemático implementado en la llamada “lucha antisubversiva”, era “no hacer”, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables", recordaron los camaristas.

Para los jueces, "los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones ya que desde la magistratura de la justicia federal de Mendoza le aseguraban una `zona liberada` jurisdiccional".

En la dictadura hubo una "reiteración sistemática de este `no hacer` en todas las causas judiciales: la declaración y asunción de la competencia federal, el rechazo de los habeas corpus, la no realización de medida investigativa alguna en las causas por la privación ilegítima de la libertad", puntualizaron.

Para la Cámara "este es el aporte sustancial del juez federal subrogante (Luis) Miret y del fiscal federal Romano al “plan represivo”, siendo lo que nos conduce a sostener que existen pruebas que en este estadio procesal señalan que los procesados eran parte del plan" El ex camarista Luis Miret fue destituido por el Consejo de la Magistratura tras un jury de enjuiciamiento donde se lo encontró culpable de delitos vinculados a causas por delitos de lesa humanidad.

"La actuación de Romano (y de Miret), además, fue concomitante con el inicio del plan y permaneció sostenida durante la ejecución de aquél", concluyeron.

Se cumplen 35 años del asesinato a representantes de la Iglesia durante la última dictadura

Hoy se cumplen 35 años de la Masacre de San Patricio, en la que fueron asesinados tres curas palotinos y dos seminaristas, pero este hecho, tal vez el más sangriento, no es el único que enlutó a la Iglesia Católica durante el terrorismo de Estado en la Argentina.
Los sacerdotes y seminaristas palotinos asesinados.fueron : ALFREDO LEADEN,  ALFREDO JOSÉ KELLY , PEDRO EDUARDO DUFAU,. SALVADOR BARBEITO DOVAL, EMILIO JOSÉ BARLETTI,

Los asesinatos del sacerdote Carlos Mujica en 1974, a manos de la Triple A, y de los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y de San Nicolás, Carlos Ponce de León, son algunos ejemplos de religiosos enrolados en la defensa de los derechos humanos que fueron asesinados por defender sus ideas.

Si bien parte de la Iglesia Católica fue cómplice del régimen militar, hubo una minoría que luchó contra las atrocidades que se cometieron.

Este grupo se caracterizó por la expresa condena a las violaciones de los derechos humanos, la participación en manifestaciones, cartas y homilías públicas contra el accionar represivo, las denuncias al exterior y el acompañamiento a los familiares de desaparecidos.

Según el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al menos dieciocho sacerdotes fueron asesinados o figuran como desaparecidos; otros diez curas estuvieron presos en la dictadura; y treinta fueron secuestrados y derivados a los centros clandestinos de detención y luego liberados.

Asimismo, once seminaristas fueron asesinados o figuran como desaparecidos, y se cree que son más de medio centenar los católicos laicos víctimas de la represión ilegal.

El primer religioso asesinado fue el padre Carlos Mujica quien fue ametrallado el 11 de mayo de 1974 en esta ciudad, cuando la Triple A realizaba la persecución para eliminar a la "guerrilla".

En la actualidad es el juez federal Norberto Oyarbide quien investiga los crímenes atribuidos a la Triple A.

Ya bajo la dictadura cívico-militar, las primeras víctimas de la Iglesia aparecieron en la provincia de La Rioja.

El 18 de julio de 1976, el párroco francés Gabriel Longueville y el sacerdote Carlos de Dios Murias fueron secuestrados en la parroquia El Salvador, de El Chamical, y sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad.

Hoy el sitio se denomina Los Mártires y un oratorio honra sus memorias.

El ex titular del tercer cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, es uno de los principales imputados en la causa por el asesinato de los sacerdotes Murias y Longueville.

Paralelamente, se instruye también en el Juzgado Federal de La Rioja la investigación por la muerte, en un accidente automovilístico confuso, del obispo de La Rioja monseñor Enrique Angelelli, ocurrida el 4 de agosto también de 1976.

Angelelli viajaba a Buenos Aires en una camioneta con la denuncia sobre el secuestro y homicidio de los dos sacerdotes.

El obispo riojano no desconocía su situación, por lo que en más de una oportunidad puso a disposición de las más altas autoridades eclesiástica su renuncia.

"Es hora de que la Iglesia de Cristo en la Argentina discierna a nivel nacional nuestra misión y no guarde silencio ante hechos graves que se vienen sucediendo", decía Angelelli en una carta a su confidente, Monseñor Zaspe, en abril de 1976. Y agregaba: "O nos respaldamos en serio o que se busque otro pastor para esta diócesis”.

Los religiosos palotinos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, fueron asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas que ingresó por la fuerza a la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano.

Los religiosos fueron sorprendidos mientras dormían, atados y golpeados y luego ejecutados por la espalda.

Unas horas más tarde, un hombre que cada domingo tocaba el órgano durante la misa halló los cadáveres acribillados -algunos habían recibido más de 60 balazos- junto a la leyenda "Esto les pasa por envenenar la mente de la juventud".

La "Masacre de San Patricio" nunca fue esclarecida, aunque algunos testigos coincidieron en que los autores pertenecían a un grupo de tareas de la ESMA, el principal centro de detención y torturas de la dictadura.

En tanto, monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arrollos, también fue asesinado en un confuso accidente el 11 de julio de 1977.

Aquel día se dirigía a la Capital Federal para entregar a la nunciatura documentación relativa a la represión ilegal implementada en la provincia de Santa Fe.

La documentación desapareció luego del supuesto accidente y según el relato de un colaborador del obispo, en una reunión luego del entierro de Angelelli, Ponce de León había comentado: "Ahora me toca a mí".

La causa por la muerte del obispo Ponce de León se encuentra estancada a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se expida sobre el pedido de recusación por retardo de justicia formulado contra el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo en julio del año pasado.

Uno de los casos que tomó más trascendencia a nivel internacional fue el de las monjas francesas de las Misiones Extranjeras, Alice Domon y Léonie Duquet, cuya desaparición ocurrió en diciembre de 1977, junto a denominado grupo de la Iglesia de la Santa Cruz que integraban las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Por la desaparición de las Domon y Duquet, antes de que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la Argentina, la justicia francesa condenó a cadena perpetua al represor de la Armada, Alfredo Astiz, quien por estos crímenes hoy si es juzgado en nuestro país.

Hasta el momento, el único miembro de la Iglesia que fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos fue el ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich.