Se siguen sumando las causas contra Videla, Menéndez y Bussi; ahora en Santiago del Estero

Se retoman las audiencias en juicio oral por delitos en Santiago del Estero
Esta semana se reanuda el debate por el secuestro y asesinato de un estudiante, ocurrido en el año 1976. Son juzgados tres ex policías por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero reanudará este martes las audiencias de declaraciones testimoniales en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante el último gobierno militar.

Así, los jueces Marina Cossio de Mercau, Josefina Curi y Graciela Fernández Vecino retomarán el debate en el que son juzgados los ex policías Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi. A todos ellos se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita.

Se trata del proceso por el secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976.
En el juicio participan como querellantes Rosa Elena Bulgarelli (madre) y Adela Inés Kamenetzky (hermana), la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero.

Cabe recordar que el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y el ex comandante Antonio Domingo Bussi fueron separados del proceso.

Videla, Menéndez y Bussi serán juzgados una vez que el tribunal fije fecha de inicio de debate para ellos.

Sin unificarse las causas son trece los juicios en marcha por crímenes de lesa humanidad


- Capital Federal: el 10 de diciembre de 2009, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, arrancó el debate en el que se investiga al ex integrante de la Marina Alfredo Astiz y a otros ex oficiales, por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta instancia abarca dos de los tramos de la megacausa: el de la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

- Capital Federal: desde el 3 de junio, el Tribunal Oral Federal Nº 1 encabeza el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. En la causa están imputados Néstor Guillamondegui (ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea), Rubén Visuara (ex coronel del Ejército), Eduardo Cabanillas (ex general de División del Ejército), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército) y Eduardo Ruffo (ex agente civil de inteligencia de la SIDE), por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas. El tribunal está integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.

- Capital Federal: ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 comenzó, el 23 de noviembre pasado, el juicio oral en la causa en la que se investigan delitos cometidos en el ámbito del centro clandestino de detención que funcionó sucesivamente en los lugares denominados “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”. Se imputa la privación ilegal de la libertad de alrededor de 180 personas, en concurso real con la imposición de tormentos de cada una de ellas. Se estima que prestarán declaración testimonial cerca de 400 personas.

- Capital Federal: el Tribunal Oral Federal Nº 4 juzga desde el 26 de febrero a ocho ex militares por delitos cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. En la causa se investiga la participación de Pedro Alberto Durán Sáenz, Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

- Resistencia: desde el 3 de junio se realiza ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia el juicio oral en el marco de la causa conocida como “Margarita Belén”, en la que se investiga a nueve imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. Así, los jueces Gladys Mirtha Yunes, Norberto Rubén Giménez y Ana Victoria Order encabezarán el debate que juzgará a Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta y Alfredo Luis Chas.

- Resistencia: el Tribunal Oral Federal de Resistencia dio inicio el 5 de mayo al debate por la causa denominada "Caballero Humberto Lucio y otros s/ tormento agravado", en la que se encuentran imputados: Gabino Manader, José María Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard, José Tadeo Luis Bettolli, Francisco Orlando Alvarez, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza y Carlos Flores Leyes. Se investigan delitos cometidos en perjuicio de 26 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionara en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia del Chaco. Cabe recordar que los magistrados Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaro (ambos del Tribunal Federal de Corrientes) y Manuel Moreira (del Tribunal Federal de Posadas), encabezan el debate por haber sido recusados todos los jueces del tribunal de Resistencia.

- La Plata: el 12 de abril, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esa ciudad, comenzó el debate por la causa "Dupuy", en la que se encuentran imputados: Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, Enrique Leandro Corsi, Elbio Osmar Cosso, Elbio Abel David Dupuy, Luis Favole, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Raúl Aníbal Rebaynera, Víctor Ríos, Valentín Romero e Isabelino Vega. Se investigan delitos contra los derechos humanos cometidos en la Unidad del Servicio Penitenciario Nº 9 de La Plata, en perjuicio de 90 víctimas.

- Rosario: en el marco de la causa "Díaz Bessone", el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esa ciudad inició el 21 de julio pasado el debate por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de esa ciudad, en perjuicio de 86 víctimas. Están procesados los ex militares y civiles Ramón Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch. Todos se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.

- Córdoba: el 2 de julio comenzó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad, el juicio que unifica dos causas: por un lado, se juzgará, entre otros, al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez. En tanto, Menéndez y otros once acusados son juzgados en el marco de la causa conocida como “Gontero”, en la que se investigan los secuestros e imposición de tormentos a seis víctimas que fueron detenidas y trasladados a la sede del Departamento de Informaciones Policiales (D2), luego a las instalaciones que el Tercer Cuerpo de Ejército disponía en el campo de la "La Rivera" y finalmente a la Unidad Penitenciaria N° 1.

- Mendoza: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de esa ciudad dio inicio el 1º de julio al debate en el que se investiga a Anibal Alberto Guevara Molina (teniente del Ejército), Raúl Alberto Ruiz Soppe (jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza), Juan Roberto Labarta Sánchez (oficial de la Policía de Investigaciones “D 2”), Cristóbal Ruíz Pozo (médico de la Policía de Mendoza) y Raúl Egea Bernal (abogado de la Policía de Mendoza). Las audiencias están encabezadas por los jueces Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés y Jorge Roberto Burad. En el caso del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el tribunal decidió separarlo del debate porque, desde el último viernes, afronta otro debate por crímenes contra los derechos humanos, en este caso en la provincia de Córdoba. El tribunal prevé juzgar al ex comandante en otro debate con fecha aún no fijada.

- La Pampa: el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Eugenio Krom, Mario Armando Márquez y José Mario Tripputi, inició el 2 de agosto el debate en el que se juzga a Fabio Iriart, Néstor Greppi, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Athos Reta, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Cenizo. En el proceso se investigan hechos ocurridos en el marco de la causa conocida como “Subzona 14”. A todos los acusados se les imputan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, en forma reiterada, en concurso real con el delito de aplicación de tormentos, en forma reiterada. Este juicio no se encuentra incluido en el informe adunto porque esa publicación fue confeccionada al 16 de julio de 2010

- Santiago del Estero: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad dio inicio el 14 de septiembre pasado al juicio oral contra los ex policías Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi. A todos ellos se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita. Se trata del debate por el secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976.

- Mar del Plata: el 17 de agosto pasado arrancó ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad  el juicio oral en el que se encuentran acusados el ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, el ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el ex contralmirante Roberto Luis Pertusio. En el proceso se juzgan dos causas: en una de ellas, Arrillaga, Ortíz y Pertusio están acusados de crímenes en perjuicio de nueve víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata durante el último gobierno de facto. Por otro lado, se juzga la causa “Regine”, en la que se investiga la participación de Ortíz y Arrillaga en el secuestro con imposición de tormentos de Luis Salvador Regine.

En ausencia de los demás penitenciarios procesados –por pedido expreso de la defensa de Rebaynera al Tribunal– dijo que “Dupuy podría saber quién trasladó a (Dardo) Cabo y a (Rufino) Pirles”, haciendo alusión a dos ex detenidos que fueron asesinados en un supuesto intento de fuga. También afirmó que “todos sabemos que (Valentín) Romero no es Culito de Goma”, haciendo referencia al apodo con que numerosos testigos identificaron a ese imputado en sus relatos. Y concluyó: “Lamento y pido disculpas a alguno que pueda decir que Rebaynera es un traidor, pero digo la verdad”.

A diferencia de los testimonios anteriores, la estrategia defensiva de Peratta consistió en la victimización. Contó que llegó a la U9 en diciembre de 1974, proveniente de la cárcel de Olmos, y dijo que cuando asumió Dupuy, la conducción del penal era una situación “complicada”, porque dos de sus cuñados eran militantes de organizaciones de izquierda, “entonces para esa gente yo soy zurdo”, señaló.

Más tarde, contó que lo echaron del Servicio Penitenciario porque, siendo jefe de Personal, permitió una visita a uno de los detenidos y, para evitar que le hicieran un sumario al jefe de visitas “porque era amigo mío”, firmó un documento en el que lo declaraban “imprescindible”. Entonces empezó a trabajar en la Marina: “Navegué durante catorce años”, afirmó, y quebrando la voz contó que en una oportunidad, cuando él se encontraba mar adentro, su esposa perdió un embarazo de ocho meses. Finalmente, tras afirmar que lo que se está haciendo en contra suya en este juicio es “algo injusto”, dijo sentirse “víctima de los dos sistemas, tanto del militar como de este sistema”.

Por último, Corsi también declaró su inocencia, aunque no pudo concluir su relato aduciendo que lo aqueja un cuadro de “hipertensión, arritmia y dolor de ojos”. Dijo que nunca hizo guardias en la U9, no sabía de la existencia de los calabozo de castigo, que jamás vio a Alberto Pinto –un detenido que murió después de una operación, a causa de los golpes recibidos allí– y que tampoco conocía a Carlos Domingo Jurio, otro de los médicos que trabajaban en la Unidad y que se encuentra procesado.

El otro imputado en la causa que declaró semanas atrás ante el Tribunal que preside Carlos Rozanski es Ramón “El Manchado” Fernández, quien dijo sentirse “impotente” ante el relato de los testigos porque si él hubiese sabido que las torturas existían, “no las hubiese permitido”. En tanto, los restantes imputados (el ex subjefe de la unidad Isabelino Vega y los ex agentes Elvio Cosso, Valentín Romero, Víctor Ríos, Catalino Morel, Segundo Andrés Basualdo y Héctor “El Oso” Acuña y el médico Luis Domingo Favole) prefirieron no hacer uso de esa instancia de defensa.

Una condena en La Rioja

CONSCRIPTO ASESINADO EN 1976

 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó al ex militar José Rodríguez a 20 años de prisión por encontrarlo responsable del delito de homicidio simple por el asesinato del soldado conscripto Roberto Villafañe, ocurrido el 30 de agosto de 1976, durante la dictadura militar. El Tribunal, integrado por los magistrados José Quiroga Uriburu, Sergio Grimaux y Alejandro Piña, rechazó el pedido de prescripción de las acciones penales interpuesto por la defensa, por tratarse de un delito de lesa humanidad. Tras la lectura de la sentencia, Rodríguez fue llevado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial donde estaba detenido desde hacía casi dos años y que será el lugar donde cumplirá su condena.

El presidente del Tribunal señaló que, en su declaración, el propio Rodríguez, a pesar de no recordar la muerte de Villafañe, afirmó que “no fue sometido a ningún consejo de guerra por el suceso”. Rodríguez disparó a la víctima con un fusil FAL, y tras el episodio fue trasladado a Córdoba, donde recibió entrenamiento como paracaidista, “lo que significa que no recibió sanción alguna por haber causado la muerte de Villafañe”, y que “contó con el beneplácito de las autoridades militares”, que no registraron el asesinato en el legajo del imputado. El Tribunal determinó también que el crimen se inscribió en una mecánica de trabajo que se sustentaba en la “sistemática violación de los derechos humanos y desprecio de la vida, dignidad y libertad de los considerados enemigos subversivos por parte de quienes integraban la jerarquía militar de la época”, concluyó el fallo del Tribunal riojano.

El camarista mendocino Luis Miret, acusado por actitud colaboracionista con la dictadura, presentó su renuncia

Viejo truco para evitar el juicio político

Ahora la Presidenta debe decidir si acepta o no su dimisión. En caso de que la rechace, no se salvará del jury.
Por Irina Hauser

Ante la inminente apertura de su juicio político en el Consejo de la Magistratura, acusado de haber tenido una “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”, el camarista de Mendoza Luis Miret presentó la renuncia. La Comisión de Disciplina y Acusación aprobó la semana pasada, con el apoyo de sus nueve integrantes, un dictamen que promovía su enjuiciamiento por el “papel absolutamente pasivo” que tuvo “frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones” antes y durante la última dictadura, cuando era juez de primera instancia. Todavía no se sabe, sin embargo, si se salvará del jury: eso está sujeto a si Cristina Kirchner acepta o no que abandone el cargo. Por lo pronto, el plenario de consejeros podría suspenderlo, igual, en su reunión de mañana. “Baso mi renuncia en la circunstancia de haber cumplido el 12 del corriente mes 72 años de edad y 54 consecutivos en diversos cargos en el Poder Judicial de la Nación y ya deseo hacer efectiva la jubilación, porque a mi edad ya siento que empieza a afectar mi rendimiento en el alto cargo de la magistratura que desempeño”, dice el texto de Miret, al que accedió Página/12, que pide que se acepte su pedido “a la mayor brevedad”. La definición presidencial, dicen en el Consejo, podría demorar unos días.

Por lo pronto, el Consejo de la Magistratura tiene incluida en su agenda de mañana la discusión del dictamen contra Miret que el jueves último apoyaron en comisión, en forma unánime, todos los sectores del organismo. Lo votaron cuatro kirchneristas, un radical, un abogado, dos jueces y el representante académico. Con esos nueve votos bastaría para que el plenario –si hay asistencia perfecta de sus trece miembros– apruebe la suspensión y apertura del juicio político. Está en veremos si se postergará o no la votación. El oficialismo intentará concretarla. Otros consejeros, como los jueces, podrían tratar de diferirla, a la espera de una definición sobre la renuncia. “Si se la aceptan, el resultado coincide con la finalidad el juicio: que deje el cargo”, argumentan.

Héctor Masquelet, representante del Poder Ejecutivo y autor del dictamen acusatorio, había pedido el debate urgente del tema. En parte, porque Miret sigue impartiendo justicia (e interviene en causas por violaciones a los derechos humanos) y no sólo lo investiga el Consejo sino que está imputado y siendo indagado por 31 casos de desapariciones, secuestros, robos y homicidios durante el terrorismo de Estado, en una causa a cargo del juez Walter Bento y el fiscal Omar Palermo. El viernes último se sumó otra imputación contra el camarista, por haber archivado en 1987 la causa sobre la apropiación de la hija de un matrimonio desaparecido.

“Me parece bien que Miret se vaya, pero tengo sensaciones encontradas”, le dijo a este diario el abogado Pablo Salinas, querellante, y uno de los denunciantes del juez ante el Consejo junto con organismos de derechos humanos mendocinos. “Quizá preferiría que lo destituyan y no tenga privilegios. Pero a la vez es importante que se vaya de la Justicia y deje de tener fueros para que, si se ordena su detención, algo que es posible, pueda quedar efectivamente preso”, explicó.

“Nosotros preferiríamos que siga el proceso. Renunciar, en este caso, es una conducta elusiva. Miret decía que no tenía problema con que lo investigaran, pero cuando avanza la investigación se corre. Es el verdadero sentido que él tiene de la Justicia: silenciar, perseguir y obstaculizar”, dijo Rubén Cuello, de la Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Etica de la Universidad de Cuyo. Este grupo consiguió que el rectorado expulsara a Miret de la Facultad de Derecho, donde enseñaba Etica y Derechos Humanos. El camarista recuperó el puesto con una medida cautelar de un juez ad hoc, pero ya nadie va a sus clases. La semana pasada los jóvenes relataron ante Acusación cómo desarrollaba “justificaciones del golpe y del terrorismo de Estado” ante los alumnos. Mañana irán al plenario y entregarán audios donde se lo escucha, dicen, defender las leyes de punto final y obediencia debida. También asistirán representantes de la FUA y organismos de derechos humanos de Mendoza.

En el historial de renuncias para evitar el jury, el Gobierno aceptó algunas, otras no. Se la admitió, por ejemplo, al ex juez de Casación Alfredo Bisordi. Pero dejó enjuiciar a Juan José Galeano y a Guillermo Tiscornia, entre otros.

Las imputaciones contra Miret que aún podrían tratar los consejeros se basan en casos concretos como el de Hugo Tomini, detenido en 1975, a quien el juez visitó en un calabozo del D2 de Mendoza luego de una sesión de torturas, aunque nada denunció ni investigó. “Hay que aguantar”, le recomendó. Otro es el caso de “la detención indebida de Luz Faingold”, una estudiante menor de edad a la que dejó incomunicada y presa en un centro de detención de adultos. Además, prohibió restituirla a su padres y la mandó a un hogar de niños abandonados cuando su madre pedía por ella ante el propio Miret. Tampoco investigó las denuncias de otros detenidos que decían que la habían violado. Ni las denuncias de torturas, golpizas y disparos recibidos por otros jóvenes presos en el D2. El dictamen señala su falta de “imparcialidad” al no excusarse para juzgar a su amigo el general Juan Pablo Saá, jefe de la represión en Mendoza. Y le reprocha el archivo de la causa por la apropiación de Celina Manrique Terrara, quien recuperó su identidad con el impulso de los organismos y la intervención posterior de otros jueces.

Santiago del Estero : los genocidas están indispuestos

Sin Videla, Bussi y Menéndez se realizará el primer juicio por lesa humanidad en Santiago del Estero

Sin la presencia de los ex militares Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi, se iniciará el martes 14 el primer juicio por un delito de lesa humanidad en Santiago del Estero por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, causa en la que también serán juzgados el ex comisario Musa Azar y ex funcionarios policiales.

El Tribunal Oral Federal resolvió suspender las audiencias contra Videla y Menéndez, y en la apertura del juicio, dará a conocer un informe en el que se indica que el ex gobernador tucumano Bussi "no está física ni psíquicamente en condiciones" de participar de las audiencias.

"Bussi tampoco está en ondiciones de prestar declaración testimonial en su domicilio", ubicado en el Country Yerba Buena Golf Club de Tucumán, señala el informe forense elaborado por Cristian Rando (médico) y Norma Griselda Motto (psicóloga).

Se trata del proceso judicial en el que también fueron procesados los ex comisarios santiagueños Ramiro López Velloso y Miguel Tomás, también involucrados en distintas causas de desaparecidos que se investigan en el Juzgado Federal de Santiago del Estero.

El tribunal que juzgará a los represores se encuentra integrado por la santiagueña Josefina Curi, que lo preside, y las tucumanas Marina Cossio de Mercau y Graciela Fair Fernández Vecino.

Se estima que alrededor de 50 testigos, algunos de los cuales denunciaron que fueron amenazados a través de mensajes en sus teléfonos celulares, comparecerán durante las audiencias que se realizarán en el Juzgado Federal de Santiago del Estero.

De acuerdo a la instrucción judicial, Kamenetzky, estudiante de abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), fue detenido el 9 de agosto de 1976, en su casa céntrica de avenida Roca al 1.100, y tras permanecer en el Departamento Informaciones Policiales (D 2), fue alojado en el Penal de Varones de Santiago del Estero.

En noviembre del mismo año, el joven universitario fue asesinado a balazos en un cuestionado intento de fuga o copamiento a una dependencia policial a la que había sido traslado junto a otro estudiante, Mario Alejandro Giribaldi, que también figura en la lista de "desaparecidos" durante la última dictadura militar.

Según el expediente, durante su detención Kamenetzky fue sometido a torturas y violentos castigos corporales para lograr información sobre actividades políticas, militancia e identificación de miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Por el asesinato de Kamenetzky, Videla, Bussi y Menéndez y ex funcionarios policiales santiagueños, fueron procesados por los presuntos delitos de "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas".

Durante la misma instrucción judicial, el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ordenó el embargo a bienes de Musa Azar por un monto de 1.700. pesos y de 1.200.000 para López y Garbi.

En los últimos gobiernos del caudillo peronista Carlos Juárez y su esposa, Mercedes "Nina" Aragonés, el ex comisario Musa Azar estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y dirigió el D 2, la denominada "GESTAPO Santiagueña" que fue desarticulada durante la gestión del interventor Pablo Lanusse.

A poco de confirmarse la elevación a juicio y posterior confirmación de su comienzo, distintas organizaciones de derechos humanos expresaron que "se trata de un signo alentador para la obtención de justicia" por los desaparecidos en Santiago del Estero.

Se trata de los procesos judiciales iniciados contra el jefe de Inteligencia santiagueño, Musa Azar y otros ex funcionarios policiales, que fueron procesados y embargados sus bienes por "torturas" aplicadas a opositores del ex gobernador Juárez, antes del golpe de 1976.

Asimismo, dirigentes de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia, denunciaron que en Santiago del Estero "aún se esperan respuestas de la justicia por 144 desaparecidos y 33 querellas".

Avalan a querellantes en causa por crímenes de lesa humanidad

La Cámara Federal porteña rechazó un planteo del ex capitán Héctor Vergez, que había cuestionado la actuación del hermano de una de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La causa, cerca de ir a juicio oral.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó dos planteos de Héctor Pedro Vergez, ex capitán del Ejército, y de esta manera dejó libre la vía para que la causa, que ya tiene auto de elevación a juicio, llegue al debate oral.

Se trata de un caso en donde se investiga la desaparición de Julio Gallego Soto, Javier Ramón Coccoz y Juan Carlos Casariego de Bel, hechos ocurridos durante el último gobierno de facto.

La defensa de Vergez había cuestionado la participación como querellante del hermano de Coccoz, en virtud de que el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación dice que “cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido, podrán ejercer este derecho el cónyuge supérstite, sus padres, sus hijos o su último representante legal”, no incluyendo a los hermanos.

En este punto, el voto de los camaristas estuvo dividido.  Para Jorge Ballestero y Eduardo Freiler “la pretensión de Víctor Coccoz de actuar como querellante en este proceso, dada su calidad de hermano de Javier Ramón, encuentra respaldo en su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción”.

Además, los jueces entendieron que “tal como lo afirma el juez a quo, Víctor Coccoz no es un  tercero en representación de la víctima sino que él mismo es una víctima. Por ello, corresponde homologar lo decidido en lo que atañe a su legitimación activa y a la validez de los actos llevados a cabo bajo dicha calidad”.

En el voto de minoría, el juez Eduardo Farah expresó que “no se pretende en modo alguno soslayar el daño que el hecho investigado ha acarreado a Víctor Coccoz. Sin embargo, el interés por él alegado –a obtener una concreta y efectiva actividad jurisdiccional respecto de hechos de este tenor y así alcanzar la verdad-, no autoriza a sortear la regla imperante en la materia, ante todo cuando dicho interés se encuentra lo suficientemente tutelado mediante la intervención del Ministerio Público Fiscal en el legajo y a partir del imperio en nuestro modelo de enjuiciamiento penal del principio de oficialidad”.

Asimismo, la defensa de Vergez había cuestionado la legitimidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para actuar como querellante en el proceso. Sobre este planteo, los tres camaristas coincidieron en que “la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos es consecuente con el criterio amplio sostenido por esta Cámara en materia de legitimación para asumir el rol de querellante, particularmente cuando se investigan hechos pasibles de ser caracterizados como delitos de lesa humanidad”.

Juicio político a juez colaboracionista con la dictadura militar

Juez Luis Miret
Juicio político al juez Luis Miret
Una acusación en la que coincidieron todos los sectores

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó por unanimidad la imputación al camarista mendocino por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. La semana próxima sería suspendido.
    
 Por Irina Hauser

“No cabe duda de que la serie de hechos que se le imputan al juez (Luis Francisco) Miret evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante le período comprendido entre 1975 y 1977.”

Con este y otros argumentos, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en pleno dejó al camarista mendocino a un paso del juicio político. Según el dictamen acusatorio aprobado ayer, Miret tuvo “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones” que recibía de los detenidos antes y durante el terrorismo de Estado, cuando era juez de primera instancia. Las imputaciones se basan en casos concretos como el de Hugo Tomini, a quien visitó después de una sesión de tormentos; la detención ilegal de una menor, Luz Faingold, su negativa a restituirla a sus padres y a investigar las vejaciones que sufrió; su falta de excusación para juzgar a represores amigos; y el archivo de la causa sobre la apropiación de una hija de desaparecidos.

El dictamen que propone suspender a Miret y promover su destitución “por mal desempeño y posible comisión de delitos” sería tratado en el plenario del jueves próximo, con chances de prosperar. Llegará con un respaldo poco habitual en el organismo, ya que ayer lo votaron los nueve consejeros que integran la Comisión de Acusación: Héctor Masquelet (representante del Poder Ejecutivo y autor del proyecto de remoción), los kirchneristas Nicolás Fernández, Diana Conti y Carlos Kunkel, el radical Ernesto Sanz, los jueces Luis Cabral y Luis María Bunge Campos, el abogado Santiago Montaña y el académico Mariano Candiotti. El apoyo fue de todos los sectores del organismo, que en total tiene trece miembros. Para abrir el juicio político hacen falta dos tercios de los votos de los presentes en el plenario.

Masquelet pidió tratar el tema urgente porque Miret sigue impartiendo justicia, aunque no sólo lo investiga el Consejo, sino que el juez federal Walter Bento le imputa responsabilidad en 31 casos desapariciones, secuestros, robos y homicidios durante la dictadura. Lleva varios días de indagatoria por estos hechos y hoy debe seguir declarando. A ese doble rol de juez de represores e imputado por crímenes dictatoriales se refirió Angela Urondo –hija del poeta, periodista y militante montonero Paco Urondo–, quien pidió hablar frente a los consejeros antes de que votaran.

“Soy hija de Alicia Raboy y Francisco Urondo. No quiero que quienes juzguen la desaparición de mi madre y el asesinato de mi padre, ocurridos en Mendoza el 17 de junio de 1976, sean jueces comprometidos con la dictadura, imputados por delitos de lesa humanidad. Yo fui secuestrada y supe mi verdadera identidad a los 20 años.” Sus palabras conmovieron. “Llevo 35 años masticando impunidad”, dijo. “No me puedo ir de vacaciones a Mar del Plata pensando que en la sombrilla de al lado puede estar el hombre que torturó y secuestró a mi madre. Quisiera poder transmitirles seguridad a mis hijos”, reclamó.

Angela no sólo se refirió a Miret sino a otros jueces mendocinos, como los camaristas Otilio Romano y Julio Demetrio Petra, denunciados por las mismas razones que Miret. “Lo que pasa en Mendoza, donde liberan a los represores, no se condice con lo que pasa en el resto del país desde que anularon las leyes de impunidad. A mí me afecta en lo cotidiano”, le comentó a Página/12. Romano, que era fiscal en las causas de Miret en los setenta, consiguió frenar su juicio político, por ahora, con un amparo. Petra fue citado ayer por el Consejo como sospechoso (ver aparte).

También habló ante los consejeros un grupo de jóvenes de la Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Etica de la Universidad Nacional de Cuyo. Entregaron audios de las clases de Etica y Derechos Humanos que Miret solía dar hasta hace muy poco en la Facultad de Derecho, con alegatos en defensa de las leyes de punto final y obediencia debida, referencias a lo que llamaba “necesidad de neutralizar a los subversivos” y justificaciones del golpe de Estado. En esos términos lo resumió Rubén Cuello, un estudiante que describió “todas las justificaciones del terrorismo de Estado que tuvimos que soportar de Miret, su lenguaje castrense y su trato violento”. “Cuando empezamos con nuestro reclamo –agregó–, él fue por la facultad pidiendo los nombres de quienes lo estábamos realizando”. La protesta de la Comisión Estudiantil llevó a que Miret fuera expulsado por el rectorado, pero consiguió que lo repusiera el juez ad hoc Luis Santamaría. Las últimas tres veces que fue a dar clases lo recibió el aula vacía. Los estudiantes denunciaron penalmente a Santamaría y también pidieron su destitución.

El consejero académico Mariano Candiotti dijo que estaba “orgulloso” de que la universidad hubiera tomado cartas en el asunto. El radical Sanz dijo que como mendocino no podía “mantenerse al margen” y anunció su apoyo al juicio político. “Miret, en su condición de juez federal de Mendoza, aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad” desde “los años previos al golpe de estado instaurado en el año 1976”, afirma el dictamen aprobado. El documento refleja casos donde quienes estaban detenidos bajo la llamada “ley de lucha contra la subversión” denunciaban tormentos y malos tratos que Miret “nunca investigó”. Se le imputa:

n No investigar los tormentos sufridos por Hugo René Tomini, detenido en 1975, a quien Miret vio en un calabozo del D2 de Mendoza después de una sesión de torturas. “Hay que aguantar”, le recomendó el juez a Tomini, cuando, sin poder siquiera levantarse, le dijo que estaba “dolorido”.

* “Prolongar arbitraria e indebidamente la detención” de Luz Faingold, una estudiante secundaria a quien dejó incomunicada en una cárcel de adultos, pese a que era menor de edad. Incluso “prohibió restituirla a su hogar” cuando su madre pedía por ella en todas partes y ante el propio Miret. El la mandó a un hogar de niños abandonados con el argumento de que sus padres, divorciados, no daban “garantía moral”. Casenave relató la búsqueda de su hija ante el Consejo. Pese a que otros detenidos denunciaron que había sido violada, el juez tampoco lo investigó.

* Un grupo de jóvenes, entre ellos León Glowosky, pareja de Luz, también detenidos en el D2 denunciaron vejaciones y malos tratos que Miret nunca trató de establecer. Uno de ellos, Prudencio Mocchi, tenía un disparo en una pierna.

* El dictamen señala la “falta de imparcialidad” de Miret por no excusarse en el juicio por la verdad en el que se juzgaba al general Juan Pablo Saá, jefe de la represión en Mendoza, de quien se jactaba ser amigo personal

* Se le cuestiona el archivo, en 1987, del expediente en el que se investigaba la apropiación de Rebeca Celina Manrique Terrera, hija de un matrimonio desaparecido en julio de 1977, que de ningún modo podía considerarse alcanzado por las leyes de impunidad. Cuando otros jueces reabrieron la causa la chica recuperó su identidad.

Un ex desaparecido revela la existencia de archivos de la dictadura argentina


 
Un testigo reveló la ubicación de los archivos sobre el paradero de los desaparecidos que se alojaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Martín Gras hizo esta revelación durante los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan contra represores argentinos.
El sobreviviente del centro clandestino de detención ESMA y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, Martín Gras, señaló el lugar donde se podría encontrar los archivos de los detenidos desaparecidos.

Gras afirmó que los archivos microfilmados sobre la identidad de los detenidos en la ESMA se encuentran en la casa del ex almirante e integrante de la Junta militar, Emilio Masera, y en la casa del ex marino, Jorge Acosta.

Ante el pedido de allanamiento urgente del abogado querellante, Luis Zamora, el tribunal que lleva adelante el juicio rechazó el pedido.

El Tribunal Oral Federal Nº5 negó el procedimiento y argumentó la negativa como inaceptable desde lo legal y lo ético.

Así lo relató por Fm En Tránsito de Argentina el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y ex detenido en la ESMA, Enrique Fukman.

Además, las copias de esos archivos estarían en las oficinas del Servicio de Inteligencia Naval (SIN).

Las declaraciones fueron realizadas en el juicio que se sigue contra represores que actuaron en el centro clandestino de detención ESMA. Según las investigaciones, allí fueron encerradas unas 5 mil víctimas.

Postergaron el inicio del juicio oral contra Videla, Bignone y Nicolaides por robo de bebés

El tribunal reprogramó la fecha por superposición de imputados y de magistrados que intervienen en distintos juicios orales que se realizan actualmente. Estaba previsto que comience el 20 de septiembre. Arrancará el próximo 7 de marzo

El Tribunal Oral Federal N° 6 de la Capital Federal reprogramó la fecha de inicio del juicio oral contra los ex jefes militares Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y otros cuatro imputados, por 33 casos de apropiación de menores durante el último gobierno de facto, para el 7 de marzo de 2011.

Las razones para la modificación de la fecha (el debate debía comenzar el 20 de septiembre) obedecen a que algunos de los imputados se encuentran actualmente enfrentando otros juicios orales por crímenes contra los derechos humanos. Asimismo, la jueza María del Carmen Roqueta, integrante del TOF Nº6, se desempeña como cuarto juez en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital por delitos en Atlético, Banco y Olimpo.


La causa

Se trata de la causa conocida como “Plan Sistemático”. Videla, Bignone y Nicolaides están investigados, junto a Santiago Omar Riveros, Jorge Eduardo Acosta, Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco, por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años. Todos son considerados “responsables remotos” de esos hechos, por lo que en el juicio se deberá demostrar si existió un plan sistemático de sustracción de menores.

En el mismo juicio se juzgará a Juan Antonio Azic, acusado como responsable directo por la sustracción de María Victoria Donda cuando era menor de edad.

En total son tres las causas que fueron elevadas a juicio: Nº 1351 “Nicolaides, Cristino y otros s/ sustracción de menores”; Nº 1499 “Videla, Jorge Rafael s/ supresión del estado civil de un menor” y Nº 1584 “Azic, Juan Antonio s/ delito de acción pública”. Las dos últimas fueron acumuladas a la primera.

Se espera que durante el debate declaren cerca de 300 testigos y se estima que el juicio tendrá una duración aproximada de seis meses.

La Corte Suprema ratificó la nulidad del indulto a Videla dictado por el ex presidente Menem

La Corte Suprema de Justicia ratificó ayer la nulidad de los indultos dictados en 1990 por el ex presidente Carlos Menem a los dictadores Jorge Videla y Eduardo Massera, informaron ayer fuentes del tribunal.

El  maximo tribunal rechazó por "inadmisible" un recurso de los abogados de ambos dictadores, quienes habían pedido la validez de los indultos.

Al confirmar una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, la Corte estimó que es una "obligación del Estado argentino investigar y castigar" los delitos de lesa humanidad, pues por su gravedad son contrarios a la Constitución Nacional y a los tratados internaciones suscriptos por el país.

Se refirió asi a las "obligaciones asumidas por el estado argentino" ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y puntualizó su "obligación" no sólo de investigar sino también de "castigar los delitos aberrantes, deber que no podria estar sujeto a excepciones".

La Corte delcaró "inadmisibles" las objeciones expuestas por los apelantes, tanto en le referente a la competencia como a la actuación de la Cámara Federal porteña basándose en los fundamentos del caso Mazzeo, del año 2007, en le que se declaró inconstitucionales a los indultos.

En dicho precedente, la Corte había señalado que los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, "no sólo son contrarios a la Constitución Nacional sino también a toda la comunidad internacional".

Por esta razón, añade, "la obligación que pesa sobre los Estados de esclarecerlos e identificar a lo culpables surge también de los tratados internacionales".

Por otra parte, ante el planteo de afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio por la alegada incapacidad de Massera, la Corte remitió  "la valoración de las circunstancias de hecho y la interpretación de las normas del derecho común", ya resultas por los jueces "con fudamentos suficientes".