Los militares argentinos calculaban en 22.000 la cifra de desaparecidos ya en julio de 1978

Los jefes de la inteligencia chilena habían pedido a Enrique Arancibia Clavel que recabara nombres y números de personas muertas y desaparecidas en Argentina. En varios memorandums enviados a principios de julio de 1978 el agente envía a Santiago miles de nombres y fechas de muertes y desapariciones .

El documento extractado aquí contiene el reporte conocido del cálculo realizado por el propio servicio de inteligencia militar de Argentina, acerca del número de las personas que efectivos militares y de fuerzas de seguridad hubieron matado o desaparecido en la represión. El documento era enviado a la sede de la DINA de chile por el funcionario de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, que usó el seudónimo " Luis Felipe Alemparte Diaz, " y se basa en informes que le fue permitido examinar en la sede de batallón de inteligencia de ejército 601. Arancibia Clavel era el representante de Chile en Argentina de la red de la "Operación Cóndor" creada en noviembre de 1975 por las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.

El reporte proporciona evidencia importantes de corroboran que el número verdadero de desaparecidos es significativamente más alto que las 9,089 personas listadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en 1980.

Es también significativo que la cuenta del servicio de inteligencia militar empieza en 1975, los militares se hacían cargo de actividades represivas en la Nación varios meses antes del golpe militar en marzo.
El total real de desaparecidos calculado por los militares superaban la cifra de 22,000 en el reporte escrito en julio de 1978, es sabido que las desapariciones continuaron varios más años.
El documento es una de las aproximadamente 1500 páginas de documentos que se confiscó de las oficinas y la casa de Arancibia por la Corte Federal de Argentina en noviembre de 1978.

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Fuente: The National Security Archive of the George Washington University

Otro juicio oral al “Tigre” Acosta




El represor deberá comparecer ante la Justicia esta vez por el apoderamiento de bienes de los detenidos en el centro clandestino de la ESMA durante la dictadura. La medida alcanza también a los procesados Carlos José Pazo y Jorge Carlos Rádice.

El represor Jorge "el Tigre" Acosta, entre otros, deberá afrontar otro juicio oral por su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, esta vez por el desapoderamiento de bienes de los prisioneros ilegalmente alojados en el centro clandestino de detención. Así lo dispuso el juez federal Sergio Torres al declarar clausurada la instrucción por los hechos que tuvieron como damnificados a Jorge Carlos Muneta, Hugo Abraham Tarnopolsky y Mercedes Inés Carazo, a quienes despojaron de un departamento ubicado a una cuadra del Departamento Central de Policía de Buenos Aires, en automóvil y hasta una biblioteca.


El magistrado imputa a Acosta y a los procesados represores Carlos José Pazo y Jorge Carlos Rádice haberse apoderado ilegalmente de un departamento ubicado en el piso 12, del edificio de la Avenida Belgrano 1651/57, de propiedad de Muneta. El magistrado -quien durante la "feria" estival permanece "de turno" en los tribunales de Comodoro Py 2002- también responsabiliza al grupo por el robo de un Chevrolet, modelo Special, de Tarnopolsky; y la biblioteca que tenía Carazo en su casa, la que luego fue instalada en las oficinas de Acosta. De acuerdo a las constancias del expediente, los procesados obligaron a Muneta a otorgar un poder a favor de Juan Héctor Ríos (la falsa identidad utilizada por Rádice), que luego tuvo una "sustitución a favor de Pascual Gómez (nombre de cobertura de Hugo Berrone) efectuada el 9 de junio de 1977 ante el fallecido escribano Ariel Sosa Moliné. Acosta deberá responder, además, por el "desapoderamiento ilegítimo de la biblioteca" que Carazo tenía en su casa ubicada en inmediaciones de las avenidas Jujuy y Belgrano, el 21 de octubre de 1976; "la que posteriormente fue instalada en la oficina del nombrado".


Al represor Pazo el magistrado le imputó, también, "haber formado parte de una organización que actuaba de manera sistemática, coordinada y permanente, destinada a cometer diversos delitos" durante el período en que se desempeñaba como Jefe del Departamento de Logística" del Grupo de tareas 3.3.2, integrando "el grupo que disponía de los bienes que eran apropiados" a los prisioneros.


Esta investigación es otro desprendimiento más de la "megacausa ESMA" que lleva adelante Torres, con la intervención del secretario Diego Slupski y el fiscal Eduardo Taiano, tras la nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final.

LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR



A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el 24 de diciembre la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del ’70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.

Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.
El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado y trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.

El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.

En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.
Perú parte criminal del Plan Cóndor
La participación del Perú en el «Plan Cóndor» también fue constatado por mí, por Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Genaro Ledesma y otras 9 personas, la mayor parte candidatos a la Asamblea Constituyente, quienes fuimos secuestrados y enviados esposados en un avión militar a un cuartel en Argentina donde un oficial nos gritó: «¡Ustedes son prisioneros de guerra!»
Este favor que la dictadura argentina hizo a Morales Bermúdez fue pagado por él con el secuestro y entrega de montoneros argentinos para que fueran asesinados por dicha dictadura.
Ahora hay voces que en el Perú se levantan para protestar contra la jueza italiana y en favor de Morales Bermúdez.
Veamos su calidad moral para hablar sobre Derechos Humanos:
- Alan García que ordenó la masacre de El Frontón, es culpable de las masacres de Accomarca, Cayara, Erusco, Mayopampa y es el presidente durante cuyo mandato fue asesinada la mayor cantidad de peruanos (especialmente indígenas).
- El mayor jerarca de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Cipriani, para quien «Los Derechos Humanos son una cojudez» (1).(2)
- Las Fuerzas Armadas, en cuyas filas hay una serie de criminales denunciados por la Comisión de la Verdad que están libres y en funciones.
- En esta lista sólo faltan los pronunciamiento de Fujimori, Montesinos, los integrantes de los escuadrones de la muerte de los grupos Rodrigo Franco y Colina.
La dictadura militar también tuvo bases informativas en Brasil
Mantuvo centros de información en San Pablo y Río de Janeiro destinados a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en ese país.

La dictadura militar argentina mantuvo bases de información en San Pablo y Río de Janeiro destinadas a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en Argentina y divulgado este domingo por el diario Folha de Sao Paulo. La información del diario, citada por la agencia DPA, señala que el documento, obtenido por un testigo del proceso y presidente del Movimiento Nacional de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, Jair Krischke, indica que las bases argentinas en Brasil funcionaron durante las décadas del 70 y 80 en el marco del llamado Plan Cóndor.
El proceso judicial en el cual constan las revelaciones fue abierto en Argentina a pedido de la Fiscalía, y culminó el pasado 18 de diciembre con la condena de siete militares y un policía argentinos, entre ellos el ex comandante del ejército, general Cristino Nicolaides. Los militares que tenían base en Brasil estaban vinculados al Batallón de Inteligencia 601, centro militar de interrogatorios y torturas localizado en las proximidades de la capital argentina. El documento, basado en el testimonio del carcelero del Batallón 601, Néstor Norberto Cendón, revela que las bases argentinas en Brasil tenían como prioridad interceptar en territorio extranjero a los integrantes del grupo guerrillero argentino Montoneros. Y también a mantener informados a los militares de ese país sobre los movimientos de los izquierdistas, de acuerdo a Folha de Sao Paulo. Según el relato de Cendón, "el servicio de inteligencia del Ejército (argentino) contaba con bases en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay", en el marco de un operativo militar denominado "Murciélago". Las bases militares brasileñas, según Cendón, eran ocupadas por cuatro oficiales y dos civiles vinculados a la Inteligencia del Ejército.