Ordenan reabrir causa contra Albano Harguindeguy

 La Justicia argentina ordenó hoy reabrir la causa contra el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, por el secuestro de dos empresarios durante la dictadura militar.
El jurado investigará nuevamente al ex represor por la retención de Federico y Miguel Gutheim, dueños de una algodonera, presuntamente secuestrados por el gobierno de facto para forzarlos a firmar acuerdos económicos con Hong Kong.

Un tribunal federal argentino investigó al militar durante 2004 por esta causa y tras negarse a declarar quedó bajo arresto domiciliario.

De acuerdo con datos judiciales, la Cámara Federal ordenó interrumpir el proceso y la prisión preventiva contra Harguindeguy en octubre del 2009 por una supuesta enfermedad del imputado.
Tras un nuevo examen médico realizado este mes, un juez federal resolvió reabrir el juicio contra el general (r) por no encontrar motivos para continuar la suspensión de la causa, asegura el informe de la fiscalía.

La renovación de la orden ocurre a menos de una semana de dictarse la sentencia a cadena perpetua contra el ex dictador Jorge Videla y el ex jefe militar Benjamín Menéndez. 45 militares y policías de la dictadura argentina recibieron condenas por violación de los derechos humanos.

La orden contra el ex ministro, de 83 años, se suma al proceso seguido contra cerca de 150 ex represores en el último cuatrienio

Demoras de los "hermanos" apropiados Noble Herrera

Marcela y Felipe Noble Herrera debían comparecer a las 9 en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos, según la orden de la magistrada que lleva adelante la causa por la apropiación de los hijos de la dueña del Grupo Clarín durante la dictadura militar.

Según lo publicado el miércoles por el diario Clarín, los abogados de los jóvenes adelantaron que interpondrían un escrito ante la Cámara Federal de San Martín impugnando la medida solicitada por la magistrada.

"Es un escrito desesperado más para entorpecer y demorar la investigación", sostuvo ante la prensa el abogado de una de las querellas, Pablo Llonto, en las puertas del Hospital Durand.

Llonto recordó que "desde diciembre de 2002 está ordenada esta medida de prueba que ocho años después todavía no puede cumplirse".
El abogado se refirió a la medida ordenada por el destituído juez Norberto Marquevich.
Los abogados Llonto y Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, se retiraron con la notificación de la directora del BNDG, María Belén Cardozo, informando a la jueza la no comparecencia.

En tanto, en conferencia de prensa en la casa de Abuelas, Estela de Carlotto aclaró que la medida de tomar muestras en forma obligatoria, en caso de que exista negativa por parte de los hijos adoptivos de Noble, fue un pedido de la institución "dado que no existen certezas sobre las muestras obtenidas en diciembre de 2009" y que esa medida "está de acuerdo a la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

En esa oportunidad, las muestras fueron ofrecidas voluntariamente en el Cuerpo Médico Forense y no en el BNDG como estipula la ley, a las que se agregaron las de tres allanamientos posteriores, material que fue objetado por Abuelas, recordó Carlotto.

"En lo referente al material recabado en el Cuerpo Médico Forense (mientras la causa estaba a cargo del juez Conrado Bergesio), no se garantizó debidamente su cadena de custodia", precisó.
"Además el establecimiento no estaba habilitado legalmente para tal función y los peritos de las querellas tampoco pudieron presenciar el procedimiento", dice el comunicado leído por Carlotto que también puntualizó que "se detectaron discordancias entre lo reflejado en las actas y lo que efectivamente sucedió".

Agregó también que "luego de ser separado de la causa, Bergesio retuvo por 13 días un juego de muestras en la caja fuerte de su despacho, la cual apareció con una manija rota el día que iban a ser trasladadas a otra dependencia".

"Tampoco existen garantías de que las muestras obtenidas en los allanamientos realizados por Bergesio en diciembre de 2009 pertenezcan a Marcela y Felipe" porque en ellos "la policía demoró más de una hora en ingresar a las viviendas después de avisar a los ocupantes", en tanto "los otros objetos secuestrados (cepillos de dientes, peines, máquina de afeitar) presentaban varios o ningún perfil genético", detalló.
Asimismo, puntualizó que "se compararon los perfiles genéticos de una prenda íntima y un par de pantuflas con los encontrados en las prendas secuestradas el 28 de mayo en el allanamiento ordenado por Arroyo Salgado" y que "si bien se halló una correspondencia con un perfil genético que aparecía en la prenda íntima femenina y en el pantalón masculino, también se detectaron contribuciones genéticas no identificadas en las mismas prendas".

Como conclusión -señaló- que "tras dos meses de trabajo, el Banco Nacional de Datos Genéticos y todos los peritos de parte coinciden en que no pueden afirmar que los perfiles genéticos detectados efectivamente pertenezcan a Marcela y Felipe" y que por esa razón "la jueza entendió necesario superar todos los interrogantes y recabar material genético directamente del cuerpo".

"En su resolución, la magistrada destaca que la medida se adecua a la ley, pues se han agotado todas las medidas alternativas disponibles para recabar ADN, por lo que ésta es la única vía que queda para que la investigación no se estanque definitivamente", indicó.

Abuelas recordó que para la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "una extracción sanguínea contra la voluntad de la víctima solo sería viable si no existiera otro medio idóneo para obtener ADN" y que este criterio "fue recogido por el Congreso Nacional cuando en noviembre del año pasado sancionó la ley Nº 26.549, aprobada por amplia mayoría y con el apoyo de diversos sectores sociales y políticos".

"El tiempo avanza inexorablemente y los familiares que buscamos a los hijos de nuestros hijos hace casi diez años que aguardamos para confirmar o descartar si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos", concluyó.

La causa por la identidad biológica de los hijos adoptivos de la empresaria Ernestina Herrera de Noble lleva ya ocho años de trámite, durante los cuales fue destituído el primer juez, Roberto Marquevich, luego de haber ordenado una breve detención de Ernestina de Noble, y apartado por moroso el segundo, Conrado Bergesio.

Condenas en Salta por la Masacre de Palomitas

Tres coroneles con perpetua

Los militares retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche recibieron la pena de prisión perpetua por el fusilamiento de once presos políticos ocurrido en 6 de julio de 1976.
     
A ocho años de la reapertura de la causa y a doce meses desde el comienzo del juicio, el juez federal jujeño Carlos Olivera Pastor condenó a la pena de prisión perpetua a los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche, por su actuación en la Masacre de Palomitas, como pasó a la historia el fusilamiento de once presos políticos ocurrido en Salta el 6 de julio de 1976. A diferencia de las otras tres sentencias de esta semana, el juicio tramitó por el viejo Código de Procedimientos Penales, por lo que acusadores y condenados fueron notificados en sus domicilios el martes a la noche. Olivera Pastor, que se tomó hasta el último minuto de los cuatro meses de plazo que le otorgó para fallar la Cámara Federal de Salta, deberá decidir ahora el modo de cumplimiento de la condena por parte de Mulhall, de 81 años, y de Gentil, de 80, ambos con arresto domiciliario. En el caso de Espeche, de 65, excarcelado a mediados de 2010 por la prolongación de su prisión preventiva, ya ordenó su inmediata detención.

Al atardecer del 6 de julio de 1976, once presos políticos del penal de Villa Las Rosas fueron trasladados por oficiales del Ejército y fusilados a un costado de la ruta 34, en un paraje conocido como Palomitas, en el Departamento de General Güemes, a más de treinta kilómetros de la capital de Salta. “Con el fin de lograr mayor eficacia e impunidad en el operativo, que tendría como fin la muerte de las once personas, Mulhall en forma coordinada con sus consortes de causa implementaron operativos que les permitieran conseguir el objetivo buscado”, escribió el juez en su sentencia y precisó los roles de los condenados. “Quien ordenó el retiro desde el penal de Villa Las Rosas de las once víctimas y de los hechos que sucedieron después fue el jefe de la Guarnición Ejército Salta y jefe del área militar 322, coronel Mulhall. Quien intervino en todo momento, desde la elaboración del ilícito plan hasta la ejecución, dando las órdenes al personal de su dependencia para el cumplimiento del rol asignado, fue el jefe de la policía de Salta, teniente coronel Gentil. Quien ejecutó el retiro ordenado y el traslado de las víctimas hasta Palomitas fue Espeche. A los dos primeros les cabe responsabilidad en el ilícito cometido como autores mediatos, al último como partícipe necesario”, distinguió.

“Es una condena histórica que corona el esfuerzo y el trabajo intenso de ocho años”, resumió la abogada Tania Kiriaco, querellante que representa a familiares de víctimas y a la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Salta. “Es una causa que iniciamos con el doctor David Leiva (abogado del Encuentro por Memoria, Verdad y Justicia) en 2002, cuando aún regían las leyes de impunidad, y fue la primera del país en la que un tribunal, la Cámara Federal de Salta, dictó la nulidad de la obediencia debida y el punto final”, destacó Kiriaco, también querellante junto a Leiva en el juicio que concluyó en abril con las condenas a Carlos Arias y Luis Angel Zírpolo por el asesinato del escribano Melitón Bustos.

La causa de la masacre tuvo un trajinar repleto de obstáculos. El juez federal Miguel Medina procesó a los tres militares en mayo de 2003, pero se inhibió tras la incorporación a la lista de imputados del entonces juez Ricardo Lona, que en 1976 había recibido de manos de Mulhall la versión oficial de la masacre, que se negó a investigar: “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”, sostenía el escrito.

Ante las excusaciones de toda la corporación judicial salteña por su amistad manifiesta con Lona, la instrucción de la investigación se trasladó a Jujuy. Como la investigación se realizaba según el nuevo Código de Procedimientos, las defensas plantearon que debía regir el código vigente al momento de los hechos. La discusión jurídica en distintas instancias consumió varios años, hasta que la Cámara de Casación Penal que entonces integraba Alfredo Bisordi (hoy defensor de Luis Patti y otros represores) les dio la razón a los imputados y anuló la mayor parte del proceso, que prácticamente debió comenzar de cero.

Más tarde, la Cámara Federal de Salta resolvió que el juicio debía estar a cargo de un juez distinto del de la instrucción y asignó la causa a Olivera Pastor, secretario de un juzgado y a quien los querellantes nunca llegaron a conocerle la cara. Ante un pedido de pronto despacho de los querellantes y del fiscal jujeño Ricardo Batule, la Cámara Federal de Salta le dio un ultimátum de cuatro meses, que Olivera Pastor exprimió al máximo. La causa de la masacre tiene otros seis procesados con prisión preventiva en condiciones de recibir sentencia. Se trata del ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Menéndez, que ayer consiguió su quinta condena a perpetua, y de los militares Juan Carlos Alzugaray, Joaquín Guil, Luis Donato Alvarez, Andrés del Valle Soraire y Ubaldo Vujovich, todos con arresto domiciliario.

Francia condenó a catorce represores del Cóndor

Contreras y Shaefer
Penas que van de 15 años a perpetua para José Osvaldo Riveiro y militares pinochetistas por cuatro desaparaciones.

El Tribunal de lo Criminal de París condenó a una docena de militares chilenos, entre los que se encuentra el ex jefe de la DINA, el general Contreras, a un civil chileno y a Riveiro por la desaparición de ciudadanos franceses.
    
 Por Eduardo Febbro (Desde París)

El coronel argentino José Osvaldo Riveiro siguió los pasos del capitán Astiz y se convirtió en el segundo militar argentino condenado en los tribunales franceses por su participación en la desaparición de personas. Ayer, el Tribunal de lo Criminal de París, presidido por el juez Hervé Stephan, condenó a una docena de militares chilenos, entre los que se encuentra el ex jefe de la DINA, el general Contreras, a un civil chileno y al militar argentino a penas que van desde los 15 años de prisión hasta cadena perpetua por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Manuel Contreras, fundador de la policía secreta del pinochetismo, la DINA, está hoy entre rejas pero la Justicia francesa le agregó cadena perpetua. El otro condenado a esa pena máxima fue su número dos en la DINA, el general retirado Pedro Octavio Espinoza Bravo. En cuanto al argentino José Osvaldo Riveiro –en libertad–, el tribunal lo sentenció a 25 años de cárcel. Las sentencias dictadas el viernes cierran un largo y combativo proceso iniciado en Francia por la abogada Sophie Thonon y el abogado William Bourdon. El juez Le Loire emprendió la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007. Las sentencias fueron mucho más lejos que las penas reclamadas por el fiscal, Pierre Kramer, quien había requerido penas que oscilaban entre los 15 y 20 años de cárcel. Los franceses Georges Klein, consejero de Salvador Allende, el ex sacerdote Etienne Pesle, que trabajaba en la reforma agraria y Alphonse Chanfreau, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecieron en Chile entre 1973 y 1975. Jean-Yves Claudet, militante del MIR, desapareció apenas llegó a Buenos Aires en un operativo que implica a José Osvaldo Riveiro.

Como todo acto de justicia, que produce verdad y reparación moral, los familiares de las víctimas celebraron el juicio organizado en Francia contra estos 14 representantes de las peores horas de la historia de América del Sur. “Ninguna sentencia me va a devolver a mi padre, pero es un precedente importante para otras víctimas en Chile y en América latina”, dijo ayer Roberto Pesle. La víspera de la sentencia, los abogados y los familiares pidieron al tribunal que “les restituya la dignidad” y, a través de esa instancia, a “todas las víctimas que nunca podrán acudir ante la Justicia”.

Sophie Thonon, que defiende a la familia Claudet, había aclarado también que “éste no es sólo el proceso de los cuatro franceses, sino de todas las víctimas que nunca podrán acudir ante la Justicia”. Un juicio en ausencia tiene matices muy fuertes. Los acusados no están y las víctimas están desaparecidas pero la memoria de los familiares es un flujo que da vida a los desaparecidos y un Código Penal que acorrala a los torturadores, en eso que el abogado William Bourdon llamó el “habitáculo de la cobardía”.

Después de la condena a cadena perpetua de Alfredo Astiz (1990) por la desaparición de dos religiosas francesas, Alice Domon y Leónie Duquet, este juicio repara un vicio de impunidad de la Justicia chilena ante la desaparición de personas, un acto que Sophie Thonon calificó de “asesinato de los muertos”.

El caso del coronel argentino José Osvaldo Riveiro, alias “Balita” para sus socios de crimen y “Rawson” como lo mencionan los documentos secretos, ilustra hasta la vergüenza la forma en que los criminales lograron escapar de la Justicia. Riveiro está implicado en la desaparición de Jean-Yves Claudet, que era un militante del MIR chileno, responsable de las relaciones internacionales. Claudet hacía de correo de enlace entre los miembros del MIR que estaban exiliados en Francia y los que se encontraban en la Argentina. Tenía contactos con Edgardo Enríquez, hermano del secretario general del MIR, líder de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR). René Valenzuela, responsable en París de la infraestructura del MIR en el exterior, contó que Edgardo Enríquez se encargaba de la organización de “las relaciones políticas internacionales con movimientos, países, y los grupos de apoyo de chilenos y extranjeros creados en el exterior”. La DINA buscaba a Enríquez pero antes encontró a Jean-Yves Claudet.

El agente de la DINA en la Argentina, Enrique Arancibia Clavel, detalló el arresto de Claudet con suma precisión. En un memorando que Arancibia Clavel envió a Chile escribió: “Cayó un correo de la JCR, francés, aparentemente de apellido Claudet. Dentro de sus pertenencias se encontraron 97 microfilms, con las últimas instrucciones desde París. Después del interrogatorio del mencionado Claudet, se logró determinar sólo que era correo de la JCR. Se le tomaron solamente fotografías. Claudet ya no existe”.

Riveiro secuestró a Claudet el día en que el francés llegó a Buenos Aires, el 1º de noviembre de 1975. Jean-Yves Claudet fue capturado en el Hotel Liberty, situado en la Avenida Corrientes. Riveiro se escabulló siempre de la Justicia. A sus 77 años sigue libre. El acomodado coronel actuó dentro del círculo de Guillermo Suárez Mason como cerebro del Batallón 601. En los años ’80 trabajó con el gobierno de Honduras y hasta llegó a entrenar a la contra nicaragüense en su guerra con los sandinistas. Su historial se prolonga en un vericueto de acciones represivas que constan en los Archivos del Terror.

Recién en diciembre de 2001 el represor argentino vio pasar la sombra de la ley. Un pedido del juez francés Roger Le Loire condujo al juez argentino Sergio Torres a encarcelar “preventivamente” a Riveiro con vistas a una eventual extradición. Estuvo detenido poco más de un mes. Pero en su fuga estrepitosa, el gobierno de Fernando de la Rúa había decidido unos días antes que la Argentina rechazaría cualquier pedido de extradición cursada por jueces extranjeros. El Ejecutivo de De la Rúa sólo se comprometió a introducir a los culpables “ante la Justicia nacional si los jueces extranjeros aportan las pruebas necesarias”.

Las pruebas y las condenas necesarias las aportó y las pronunció la Justicia francesa. A Riveiro le cayeron 25 años de cárcel, igual que a su cómplice en el secuestro, el chileno Arancibia Clavel. El general Raúl Iturriaga, el coronel Gerardo Godoy García, el general Luis Ramírez Pineda y el suboficial Basclay Zapata Reyes también fueron sentenciados a 25 años. El general retirado Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que los coroneles Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko. El coronel Rafael Ahumada Valderrama salió con una condena de 20 años y Emilio Sandoval Poo con 15 años. Manuel Contreras y el general retirado Pedro Octavio Espinoza Bravo imitaron a Astiz: cadena perpetua. Estos oficiales chilenos, el coronel y el marino argentino figuran en los anales de la vergüenza universal, al igual que los sistemas judiciales que, en su momento, les regalaron la libertad por encima de las muertes que provocaron.

Procesan a cinco personas acusadas de integrar un grupo paramilitar


Lo dispuso un juez federal de Mar del Plata. Están señalados por conformar la agrupación Concertación Nacional Universitaria con el objetivo de cometer crímenes calificados de lesa humanidad. Pidió la captura del ex fiscal Gustavo Demarchi


El juez Rodolfo Pradas, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, dispuso el procesamiento de cinco acusados de integrar un grupo paramilitar con el objetivo de cometer crímenes de lesa humanidad, en los días previos al golpe militar del año 1976.

Además, el magistrado declaró la rebeldía y ordenó la detención de otras personas señaladas en la causa, entre las que se encuentra el ex fiscal Gustavo Demarchi.

Según se informó desde el juzgado, en la causa se investiga la presunta conformación de los acusados “de una asociación ilícita, enmascarada en la agrupación CNU, valiéndose para ello de su pertenencia activa a la misma, o de una estrecha ligazón con dicho grupo, quienes se habrían agrupado con anterioridad al 20 de febrero de 1975, con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados, desde homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, como así también robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos entre los que se encuentran los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg (21/3/75), Homicidios de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani (25/4/75), Privación ilegítima de la libertad y homicidio de María del Carmen Maggi (9/5/75), todo ello con una clara voluntad de persecución hacia los militantes de izquierda, hechos oportunamente encuadrados en la categoría de delitos de lesa humanidad”.

A continuación, la parte dispositiva de la resolución:

"Con fecha 13 de diciembre de 2010 se dispuso decretar:

-AUTO de PROCESAMIENTO PRISION PREVENTIVA de MARIO ERNESTO DURQUET, en orden a los delitos de Asociación Ilícita previsto por el art. 210 del C.P. (texto conforme ley 20.642); homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más partícipes (5 hechos) que concurren materialmente entre si, de los que resultaran víctimas Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg (arts. 55 y 80 inc. 6 del C.P.); privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el
homicidio calificado por el concurso de dos o más partícipes cometidos en perjuicio de María del Carmen Maggi (arts. 142 inc. 1 del C.P. según ley 14.616, 55, 80 inc. 6 del C.P.); y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (2 hechos que concurren materialmente entre si) cometidos en perjuicio de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani (arts. 55 y 80 inc. 6 del C.P.).
- AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA respecto de JOSE LUIS GRANEL, JUAN CARLOS ASARO, LUIS ROBERTO CORONEL, ROBERTO ALEJANDRO JUSTEL en orden al delito de Asociación Ilícita previsto por el art. 210 del C.P. (texto conforme ley 20.642)
- FALTA DE MERITO para ordenar el procesamiento o sobreseimiento respecto de NICOLÁS MIGUEL CAFFARELLO y HECTOR OSCAR CORRES, sin perjuicio de seguir la investigación según su estado. (art. 309 C.P.P.N)
- CONCEDER EL ARRESTO DOMICILIARIO de PATRICIO FERNANDEZ RIVERO, y estar a la espera del informe del CMF en el Incidente de Incapacidad Sobreviviente respecto del nombrado.
- Se ha ordenando la REBELDIA Y CAPTURA de: EDUARDO SALVADOR ULLÚA; FERNANDO FEDERICO DELGADO, FERNANDO ALBERTO OTERO; GUSTAVO MODESTO
DEMARCHI, JUAN PEDRO ASARO, y RAÚL ARTURO VIGLIZZO."

Piden penas de 25 y 19 años por la apropiación de una menor durante la dictadura

“Hay un interés colectivo”

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía hicieron sus alegatos en el juicio por la apropiación de la hija de Antonio Domingo García y Beatriz Recchia, víctimas del terrorismo de Estado.
Por Alejandra Dandan

El alegato de Abuelas de Plaza de Mayo llegaba al final. Uno de los abogados recordó entonces las palabras de Juliana García Recchia: “Yo siento que este juicio es un triunfo para mí –había dicho ella–, haber encontrado a mi hermana y ser una persona feliz, sentir que no pudieron conmigo: hace mucho yo me propuse ser una persona feliz y lo logré. Y deseo que mi hermana también lo sea: que logre la felicidad, la paz que se merece, que pueda ser una persona libre”.

Bajo ese amparo, el abogado Alan Iud terminó con el alegato pidiéndole al Tribunal Oral Federal 5 de San Martín la pena máxima de 25 años de prisión para Luis José Ricciuti y 19 años para Hélida Hermman, como coautores del delito de sustracción, retención y ocultamiento de una menor de diez años y alteración del estado civil. Iud dijo al tribunal que debían volver a poner las cosas en su lugar: “Dejar en claro que esta sociedad no tolera la apropiación de niños e imponga la sanción más grave prevista en la ley”. Durante la jornada, también alegó la fiscalía, que acusó a Ricchiuti a 20 años y a Hermman a 14, una pena mayor a la pedida por la jueza de primera instancia pero menor a la de Abuelas.

Con los alegatos de ayer, la audiencia que se lleva a cabo en el auditorio municipal de San Martín, emplazado arriba de los viejos basurales de José León Suárez, entró en la etapa final. Mañana, se conocerá el alegato de la defensa, los acusados tendrán derecho a un descargo y el tribunal comenzará a preparar la sentencia prevista para la semana siguiente a Navidad.

“Me gustaría explicarles que detrás de la causa hay un interés colectivo asumido por Abuelas”, indicó otro de los abogados del organismo de derechos humanos, Mariano Gaitán en el arranque: “El objeto es la restitución y la búsqueda de centenares de chicos y bebés que fueron robados por el terrorismo de Estado y aún hoy desconocen su verdadera identidad siendo adultos”. Esa búsqueda de “verdad, justicia y memoria colectiva –afirmó– es la única manera de que no se repitan estos hechos. En ese sentido, no sólo se busca la pena para los responsables sino que la condena tiene un sentido muy importante como garantía de no repetición de estos aberrantes hechos”.

Para el alegato, la querella reconstruyó la historia del caso: el operativo de enero de 1977 durante el cual un grupo de tareas del Ejército asesinó a Antonio Domingo García y secuestró a Beatriz Recchia que estaba embarazada y acompañada por su hija Juliana, de tres años y trece días. Hablaron de la estadía de Beatriz en el centro clandestino de Campo de Mayo y señalaron el funcionamiento de la maternidad clandestina. Tres empleadas civiles describieron cómo en el sector de epidemiología había tres habitaciones con números donde se alojaba a las mujeres embarazadas y parturientas NN que estaban detenidas, que esas habitaciones estaban con custodias en la puerta y las mujeres estaban vendadas con gasa hospitalaria; que no había registro de ellas; que los chicos no eran inscriptos en registros –según declaró una obstetra– y en el caso de las “pacientes sediciosas” estaban a cargo del jefe del servicio. Una enfermera contó además que por indicación de un traumatólogo tuvo que inyectar a una secuestrada con un producto que le impedía amamantar.

El nudo de la acusación, sin embargo, fueron las pruebas de la apropiación y los equívocos de los acusados que permitieron ir armando una hipótesis de lo que ocurrió. Hasta el juicio estaba claro que Ricchiuti se llevó a Bárbara recién nacida de Campo de Mayo, un dato que conocían hasta sus vecinos. El hombre revistó en el Batallón 601 de Inteligencia hasta diciembre de 1983 y cumplía actividades en Campo de Mayo. Su mujer no podía tener hijos. Durante el juicio, la defensa intentó demostrar que no fue así. Ricchiuti declaró el martes e intentó convencer al tribunal de que se encontró a la bebé en su auto, que para entonces no abría y cerraba muy bien. Y que la anotó a su nombre porque tenía que dar alguna explicación en el hospital militar de Campo de Mayo cuando la llevó a revisar.

Los abogados de Abuelas echaron abajo cada uno de sus argumentos. Recordaron cuantas veces pudieron que era complemente inverosímil. Apelaron a las pruebas a las que poco después también se refirió la fiscalía. Entre ellas, la historia clínica de Hermman en el Hospital Militar, que señala una primera consulta al ginecólogo el 20 de marzo de 1974, seguida por otras dos hasta diciembre del ’75. Ahí se habla de “esterilidad primaria” y le piden exámenes al marido. Luego, dos documentos: uno del Hospital Militar y el otro su partida de nacimiento. El primero es del 17 de mayo de 1977, un documento a nombre de una paciente llamada Bárbara María Guadalupe como si fuera hija de Ricchiuti y Hermman. Un día más tarde, se indicó que era una recién nacida. De días más tarde es en cambio el supuesto certificado de nacimiento de Bárbara: figura como nacida el 22 de mayo y dice que nació en Don Torcuato.

“Tal como surge de los documentos –dijo Gaitán– para el día 18 de mayo ya se le había impuesto el nombre Ricchiuti: al menos desde ese momento los imputados comenzaron a retenerla a diferencia de lo que introdujeron en la audiencia: no hicieron gestiones para buscar a los familiares porque apenas nacía ya le habían puesto el apellido.”

Para la querella, hubo una “alteración de su identidad” porque Bárbara creció desconociendo su verdad, su origen y desconociendo su verdadera historia. Para la querella, no le dijeron la verdad “para evitar que sea ella misma la que ubique su identidad y se acerque al Banco de Datos Genéticos por propia voluntad”. Y en ese sentido, explicaron que estaban ante un caso de desaparición forzada de personas, un espacio al que Bárbara perteneció y siguió estando hasta el año 2009, cuando a través de una causa judicial impulsada por Juliana y Abuelas se conocieron sus datos genéticos.

Sólo 10 años para dos apropiadores de un bebe durante la dictadura

Tías de Natalia
A cantarse unos tangos en la celda

El comerciante y cantante de tangos Omar Alonso y el marino Juan Carlos Herzberg fueron condenados por la apropiación de la hija de María Elena Corvalán y Mario Suárez Nelson.
Por María Laura D’Amico

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a pasar diez años en una cárcel común a Omar Alonso y Juan Carlos Herzberg, culpables de la apropiación de una beba nacida en cautiverio durante la dictadura.

El presidente del tribunal que ya juzgó por crímenes de lesa humanidad a Miguel Etchecolatz, Cristian von Wernich y a los penitenciarios de la Unidad 9, Carlos Rozanski, leyó ayer, en menos de seis minutos, la sentencia correspondiente a la apropiación de la hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, ambos víctimas de la última dictadura.

Al igual que en los casos anteriores, sobre el final del veredicto afirmó que “todos estos delitos deben calificarse como crímenes de lesa humanidad, cometidos como parte de un plan sistemático de apropiación de niños y niñas nacidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en Argentina durante la última dictadura cívico-militar”.

Alonso era, en 1977, un comerciante platense y cantante de tangos, casado con una mujer varios años más joven que él, María Luján Di Mattía, con quien no podía tener hijos. Herzberg, que era capitán de navío de infantería de Marina, le entregó, el 8 de agosto de ese año, una beba de no más de cuatro o cinco horas de vida. La madre de la nena era María Elena Isabel Corvalán, una joven que había sido secuestrada y alojada en el centro clandestino de detención La Cacha, donde dio a luz a una nena de tres kilos y medio. Su marido, Mario César Suárez Nelson, había sido asesinado el 10 de junio de ese año por la Armada, cuando fueron a buscarlo a su casa de La Plata. Ambos militaban en Montoneros y creían que su hija se iba a llamar Lucía.

Pero cuando Alonso recibió a la niña, la anotó como hija biológica bajo el nombre de María Natalia, gracias a un certificado de nacimiento falso otorgado por el médico Francisco Antonio Bosia. El mismo nombre figuró en su documento y es el que la niña, devenida en una mujer de treinta y tres años, conserva hasta la fecha.

Cuando Natalia declaró en la primera audiencia del juicio que concluyó ayer dijo: “Estuve dos años creyendo eso. Pero había cosas que no me cerraban. Para un cumpleaños mío mi mamá me dijo que creía que yo era hija de desaparecidos. El terror que vi en sus ojos no lo vi nunca más. Eso para mí fue terrible. No puedo creer que me mintieran así. Me sentí muy mal”.

En 1982 la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a recibir denuncias anónimas que indicaban que Natalia podría ser hija de desaparecidos. La causa comenzó a tramitarse tres años después en un juzgado bonaerense. En 1986 Alonso fue citado a indagatoria y, junto a su familia, se fugó a Paraguay, donde vivió diez años al amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner. En 1993, Alonso regresó de visita a La Plata y quedó detenido, aunque luego fue sobreseído por “no hallarse probado el cuerpo del delito”. Di Mattía fue extraditada en 1996.

En 2005, Abuelas logró que se reabriera la causa en un juzgado federal y, mediante un estudio del Banco Nacional de Datos Genéticos realizado sobre objetos personales obtenidos en un allanamiento, Natalia supo que era hija de Corvalán y Suárez Nelson. Esa fue la primera vez que se realizó un procedimiento que permitió cotejar datos genéticos sin hacer una extracción de sangre. Al mismo tiempo, puso fin a una serie de fábulas pergeñadas por Alonso acerca de su verdadera identidad, que iban desde que era hija de un superior de Herzbeg que no quería tenerla hasta que era el fruto de una relación que Alonso había mantenido con una amante que había muerto de cáncer.

El fiscal Hernán Schapiro había solicitado una pena de veinte años para ambos imputados, mientras que los abogados que representan a Abuelas, Coleen Torre, Germán Kexel y Emanuel Lovelli, habían reclamado diecinueve años de prisión para el marino y veinticinco para el tanguero. Cuando Rozansky terminó de leer el veredicto, el público se mostró disconforme con la pena otorgada a los apropiadores.

Lovelli se mostró molesto con el fallo y dijo estar “sorprendido” por la decisión del tribunal. Sin embargo, destacó que “fueron veinticinco años de lucha de Abuelas y de los organismos sociales y cualquier condena, en este marco de impunidad, es positiva. Pero no queremos que la sociedad crea que cualquiera se puede llevar un chico y con diez años lo va a purgar”.

Con el apropiador en el banquillo

Juan Carlos Herzberg.
El juicio a Omar Alonso por la apropiación de la hija de dos víctimas de la dictadura.

En La Plata comenzó el proceso a Alonso por la sustitución de identidad de la hija de dos militantes de Montoneros. También está acusado el capitán de navío retirado Juan Carlos Herzberg.
 
En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo recibió la primera denuncia contra Omar Alonso por la apropiación de una niña durante la dictadura. El comerciante y tanguero platense burló a la Justicia en democracia, cuando se fugó al Paraguay, y fue procesado recién en 2007, al comprobarse que la mujer a quien llamó María Natalia es hija de Mario César Suárez Nelson y María Elena Corvalán, víctimas del terrorismo de Estado. El lunes pasado, con el apropiador preso en su casa gracias a sus 70 años, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgarlo por sustitución de identidad, sustracción, retención y ocultamiento de una menor de diez años y falsificación de documentos públicos. Lo acompaña el capitán de navío retirado Juan Carlos Herzberg, que según Alonso fue quien le entregó a la niña.

Suárez Nelson fue asesinado el 10 de junio de 1977 mientras se resistía a ser secuestrado por la Armada junto con su compañera, con quien militaba en Montoneros. Según el comunicado oficial, un ocupante de la vivienda fue “abatido” y “el otro, de sexo femenino, logró eludir el cerco”. María Elena pudo escapar a las balas, no al secuestro: con un embarazo de casi ocho meses, fue trasladada al centro clandestino La Cacha. A fines de junio la sacaron para dar a luz, presumiblemente en la cárcel de Olmos. De vuelta en La Cacha, sus compañeros supieron que había tenido una niña a quien llamó Lucía. En esos días, una partera llamó a su hermana para avisarle del nacimiento. El 8 de agosto, Herzberg le entregó la niña a Alonso y su esposa, María Luján Di Mattía, que la inscribieron como hija biológica, con un certificado de nacimiento que suscribió el médico Francisco Antonio Bosia. El marino sería luego padrino de bautismo.

La causa se inició en 1985. Alonso y Sra. inventaron una historia sobre el nacimiento y se opusieron a las pericias genéticas. En 1986, igual que otros apropiadores como Samuel Miara o Norberto Bianco, se refugiaron en el Paraguay de Alfredo Stroessner. Alonso fue detenido en 1993, durante una visita a La Plata, pero fue sobreseído por “no hallarse probado el cuerpo del delito”. Su esposa fue extraditada en 1996, estuvo detenida pero fue liberada. Pese a que se había probado que ella nunca estuvo embarazada, el juez provincial Juan Carlos Bruni decidió absolverlos.

Abuelas insistió hasta lograr reabrir la causa. En 2005, el juez federal Arnaldo Corazza ordenó allanar la casa de la mujer apropiada, que ya tenía 28 años, para extraer muestras de ADN de objetos personales. El 1o de junio de 2006, a través de un estudio del Banco Nacional de Datos Genéticos, María Natalia conoció su identidad. Fue el primer caso en el que un hijo de desaparecidos supo quiénes eran sus padres sin someterse a una extracción de sangre. La confirmación obligó a revisar la absolución. En 2007, Corazza procesó a Alonso y, en 2008, a Herzberg –el ex comandante de la Fuerza de Tareas 5 o “Agrupación Río Santiago”, jefe de los marinos que actuaron en La Plata, Berisso y Ensenada, goza de arresto domiciliario en Luis María Campos 1419, 16º A–.

Di Mattía fue indagada recién el 22 de abril último. El juez le dictó falta de mérito, Abuelas apeló la decisión. El médico Bosia todavía no fue citado a indagatoria.

Alonso declaró en la primera audiencia. Herzberg le dijo que la niña “era de la hija de un superior que no podía tenerla”, aseguró. El marino prefirió no hablar. María Natalia, como testigo, recordó que el apropiador le escondía las citaciones judiciales. Una pareja de Alonso le dijo que había nacido de una relación extramatrimonial y que su madre había muerto de cáncer, versión que Alonso le confirmó. “Estuve dos años creyendo eso. Fue terrible, no puedo creer cómo me mintieron así”, dijo.

Elena de la Cuadra recordó que las primeras denuncias sobre Alonso fueron en 1982 y detalló sus maniobras para entorpecer la investigación. También habló sobre la relación de Alonso con el dictador boliviano Hugo Banzer. Cecilia Corvalán, hermana de María Elena, relató el llamado por el que se enteraron del nacimiento. Una vecina que presenció el secuestro contó que el operativo incluyó hasta helicópteros y que “en la casa había más de cien tiros”.

Cinco sobrevivientes de La Cacha confirmaron el avanzado estado de embarazo de María Elena, quien permanece desaparecida. Patricia Pérez Catán recordó que la llamaban “Negrita”. María Silvia Bucci no la vio, pero supo “que había tenido una beba a la que llamó Lucía”. Héctor Quinterno recordó que “la dejaban caminar por el lugar” y relató cuando un guardia le contó a María Elena cómo habían matado a su compañero. “Era como una diatriba del guerrero, le remarcaba la heroicidad, pero creo que fue para quebrarla emocionalmente, porque después María Elena quedó bastante afectada”, declaró. Raúl Elizalde contó que “sufría mucho por su embarazo, los guardias la amenazaban con que la iban a torturar en la panza”, y agregó que “para despedirse nos leyó una carta muy linda, muy cálida”. Ricardo Herrera recordó que a Corvalán le gustaba cantar. “Cantaba ‘Eulogia Tapia’. Era su forma de mantener la vida y los sentimientos a pesar del lugar en el que estábamos”, dijo.

El hijo homónimo del vicecónsul boliviano Roger Soruco relató reuniones entre Banzer, Herzberg y Alonso. Antes de morir su padre, le confesó que “la hija que tiene Alonso se la entregó el capitán Herzberg, envuelta en un capote negro de la marina”. El pediatra Hugo Pérez Salas recordó que atendió a la niña en casa de Alonso y que le llamó la atención no encontrar vestigios del parto hogareño. El juicio continuará el lunes, a las 10, en la ex sede de la AMIA platense, en calle 4 entre 51 y 53.

Se juzga en Francia a la cúpula militar de Pinochet

Los abogados y familiares de las víctimas de la dictadura chilena presentaron el contexto del proceso contra trece militares chilenos y un argentino –José Osvaldo Riveiro–, acusados por la desaparición de cuatro franceses.
Por Eduardo Febbro
Desde París

Natalia Chanfreau esperó cerca de 40 años para que la Justicia osara enjuiciar a quienes secuestraron y asesinaron a su padre bajo la dictadura chilena. “Hemos esperado casi toda nuestra vida para obtener justicia”, dijo ayer en París la hija de Alphonse Chanfreau, el líder estudiantil del MIR chileno (Movimiento de Izquierda Revolucionario), secuestrado en Santiago el 30 de julio de 1974. Los abogados y familiares de las víctimas de desapariciones forzadas presentaron ayer en París el contexto del juicio en ausencia contra 13 militares chilenos y un argentino, responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en pleno pinochetismo.

Georges Klein, consejero de Salvador Allende; el sacerdote Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean Yves Claudet Fernández, otro militante del MIR, fueron secuestrados entre 1973 y 1975 en Santiago de Chile, Temico y Buenos Aires. Ayer les llegó la hora a los responsables de estos crímenes de ver la acción de la Justicia producir una forma de verdad. Los juicios que se inician este 8 de diciembre son a la vez simbólicos y reales. Simbólicos porque los acusados no están presentes, reales porque, como lo resaltó el abogado William Bourdon, defensor de las familias de Yves Klein, Alphonse Chanfreau y Etienne Pesle, hay en este proceso “un valor histórico porque será el único que permitirá hacer una fotografía judicial, precisa, global y casi exhaustiva del aparato represor de Pinochet”.

Juicio doble también: el de los culpables y el de una Justicia chilena que, y así lo señaló la abogada de Jean Yves Claudet Fernández, Sophie Thonon, “es olvidadiza y con lagunas”. Los juicios que se inician mañana por secuestro y tortura seguida de desaparición se prolongarán hasta el 17 de diciembre en el Tribunal en lo Criminal de París. A menos que los acusados salgan de Chile –sobre todos pesa una orden de captura internacional– ninguna de las penas pronunciadas se hará efectiva. Ello no desalienta a los familiares, muy por el contrario. Jeanine Claudet, hermana del militante del MIR secuestrado en Buenos Aires por la DINA el 1º de noviembre de 1975, Jean Yves Claudet, dijo ayer que los familiares no esperaban “un milagro”, pero agregó que “será un primer paso de justicia, ya que hay muchas familias en Chile y en América latina que ni siquiera tendrán esta primera justicia”.

Sin la perseverancia de los familiares y de los abogados William Bourdon y Sophie Thonon, los responsables de los secuestros habrían evitado que se hurgara en ese pasado. El juez Le Loire inició la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007.

Los acusados son Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA y ex general del ejército; Hernán Julio Brady Roche, ex comandante en jefe de la región de Santiago; Petro Octavio Espinoza Bravo, ex coronel del ejército, director de operaciones y jefe de la brigada de Intervención Metropolitana –BIM– de la DINA; el argentino José Osvaldo Riveiro, ex teniente afectado a la DINA; Miguel Krasnoff Martchenko, ex capitán del ejército afectado a la DINA; Rafael Francisco Ahumada Valderrama, ex oficial del regimiento de Tacna; Gerardo Ernesto Godoy García, ex teniente afectado a la DINA; Basclay Humberto Zapata Reyes, suboficial del ejército afectado a la DINA; Enrique Lautaro Arranciaba Clavel, ex representante de la DINA en la Argentina; Raúl Eduardo Iturrriaga Neuman, ex responsable del departamento exterior de la DINA; Luis Joaquín Ramírez Pineda, ex comisario del campo de Tacna; José Octavio Zara Holger, ex oficial del ejército con puesto en la DINA; Emilio Sandoval Poo, ex militar de reserva de la Fuerza Aérea, hoy empresario en Temuco. Otros cuatro sospechosos figuran en los legajos de la acusación así como un ausente, Augusto Pinochet, cuya muerte en 2006 puso fin a cualquier intento judicial.

Al igual que en otros países, una buena parte de los militares chilenos implicados en estos crímenes están libres y hasta sin acusación judicial en su contra. En este sentido, el abogado William Bourdon destacó: “No basta con una Corte Penal Internacional. Necesitamos un texto internacional que obligue a los Estados a entregar a sus propios ciudadanos cuando se trata de crímenes contra la humanidad”. El Estado chileno reconoció hasta ahora 3197 desapariciones y 28.461 víctimas de torturas. Según datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, 171 personas fueron condenadas en Chile por esos crímenes, de las cuales sólo 53 están hoy presas.

Vinculación de la dictadura de Banzer en la apropiación de menores

Un ciudadano boliviano vinculó hoy en un juicio por delitos de lesa humanidad a la dictadura de Hugo Banzer con la adopción ilegal de una argentina que nació hace 33 años en una cárcel clandestina de las afueras de Buenos Aires y que fue entregada a un cantante de tangos.

El testimonio correspondió a Roger Soruco, hijo de quien fuera cónsul boliviano adjunto en la ciudad de La Plata entre 1976 y 1978, al declarar en la tercera audiencia del juicio que se sigue contra Omar Alonso, padre de adoptivo de Natalia Suárez Nelson, y el ex marino Juan Herzberg, acusado de ser quien entregó a la bebé en 1977.

Soruco comentó que en la década de los setenta fue a buscar a su padre a un asado "en el que se homenajeaba a Banzer (1971-1978)" en la casa de Alonso y "entre los asistentes estaban el cónsul Eduardo Banzer Ojopi, primo del dictador, y Herzberg".

El testigo definió este asado como "una comida íntima en la que destacaba la presencia de una menor y en un momento hubo alguien que comentó 'ésta es la niña'".

Soruco sostuvo que las reuniones entre Eduardo Banzer Ojopi, Alonso y Herzberg eran "habituales" y subrayó que posiblemente fue el funcionario consular "quien presentó" a las dos personas que actualmente son juzgadas por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Al aludir a su padre, del mismo nombre, el boliviano dijo que antes de morir le confesó que "la hija que tiene Alonso se la entregó Herzberg, envuelta en un capote negro de la Marina".

En la primera audiencia del juicio, hace una semana, Natalia Suárez Nelson acusó a su apropiador de haber obstaculizado la posibilidad de conocer su verdadera identidad.

La joven, que fue la primera víctima de apropiación cuyo caso la Justicia esclareció con métodos de identificación de ADN alternativos a la extracción de sangre, aseguró también que Alonso "amenazaba" a su madre adoptiva, a quien desligó de toda responsabilidad, para que no le dijera la verdad.

Natalia relató además que se enteró de que no era hija biológica de los Alonso cuando su padre fue detenido por primera vez, en 1993.
Explicó que seis años después Herzberg fue a su casa y le "pidió perdón llorando".
"Cuando le pregunté quiénes eran mis padres me dijo que sólo lo sabía un comisario, pero que no me preocupara por buscarlos porque estaban muertos", recordó.

La joven, hija de María Corvalán y Mario Suárez Nelson, ambos desaparecidos durante la última dictadura argentina (1976-1983), acusó a Alonso de "esconder las citaciones judiciales" para evitar que ella se sometiera a exámenes genéticos.

En la audiencia del lunes pasado también declaró Omar Alonso, quien confesó haber anotado a Natalia como hija biológica, aunque aseguró desconocer que era hija de desaparecidos.

El expediente se inició en agosto de 1985, cuando Alonso y su esposa armaron un relato ficticio sobre el supuesto nacimiento de su hija y se opusieron a las pericias científicas que podrían haber determinado la verdadera identidad de la joven.

En 1986, el matrimonio se fue con la niña a Paraguay y siete años más tarde Alonso fue detenido en una de sus visitas a La Plata, aunque la Justicia sobreseyó el caso por falta de pruebas.

En 1996 fue extraditada su esposa, que también estuvo detenida y posteriormente fue liberada.

Sin embargo, en 2003 la causa se reabrió en el fuero federal y en 2005 el juez Arnaldo Corazza allanó la casa de los Alonso a los fines de "incautarse de muestras alternativas" para extraer ADN de Natalia, que un año después conoció su verdadera identidad.

Antiguo secretario de redacción de Clarín, aseguró que la viuda de Noble tenía vínculos con los militares

El ex secretario de redacción de Clarín detalló el plan para adoptar a Felipe y Marcela Noble Herrera y su puja personal con Magnetto.
 
Por Gerardo Aranguren

Bajo juramento y ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Reinaldo Gregorio Bandini, ex secretario de redacción del diario Clarín, aseguró “sin dudas” que Ernestina Herrera de Noble, dueña del multimedios, mantenía un vínculo con las Fuerzas Armadas. La dura aseveración se produjo el martes, en la declaración de seis horas que realizó como testigo en la causa que investiga la apropiación de Marcela y Felipe Noble Herrera. Al ser consultado por los abogados querellantes si luego de la muerte de su marido y fundador del diario, Roberto Noble, Ernestina Herrera tenía relación con militares, Bandini contestó: “No hay dudas de ello, pero no puedo consignar precisamente con quiénes”, señaló.

Al declarar en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, el testigo negó conocer la verdadera identidad de los jóvenes, sin embargo, confirmó la existencia de un plan para adoptar dos chicos en 1976 y así evitar perder la empresa en un juicio contra Marta Guadalupe Zapata, ex esposa del fundador del diario, Roberto Noble. También mencionó que la maniobra fue planificada por Bernardo Sofovich y Rogelio Frigerio, ambos integrantes del Grupo Clarín.
“Anteriormente a la obtención de los chicos, la señora de Noble me dijo ‘voy a tener que tener hijos adoptivos lo más rápido posible, porque si me pasa cualquier cosa a mí el diario queda acéfalo de dueño’”, aseguró ante la mirada de los abogados querellantes Pablo Llanto y Alan Iud, y agregó: “La pelea de hoy de Clarín no es nueva. No es gratuito ser el mejor diario de Sudamérica. Eso se paga. De la época del doctor Noble viene esto. Que menos de una semana después de la muerte de Noble aparezca el secretario de prensa de los Estados Unidos no es casualidad. Me acuerdo de que pidió que la señora ponga la cifra para la venta del diario. Rápidamente vino (Bernardo) Sofovich, que era un abogado muy rápido, y vio la necesidad de que ella tuviera herederos.”
La declaración de Bandini sobre la motivación económica de la adopción se suma a un viejo aporte del actual canciller Héctor Timerman, quien en 2004 afirmó que su padre Jacobo Timerman le había comentado que alrededor de 1976, “encontrándose Herrera de Noble deprimida y resultando necesario garantizar la herencia de la nombrada, Frigerio tomó a su cargo la decisión de buscar descendencia y conseguir dos chicos que no se pueda rastrear su paradero; esto es, no ubicables”.
La citación de Bandini en la causa Noble se produjo a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que anticipó Tiempo Argentino, donde se lo señala como el enlace del Grupo Clarín con el Ejército. Bandini llegó al diario de la mano de Noble, y mantuvo luego una relación de mucha confianza con su viuda, al punto de decidir dejarle la tutela de Felipe y Marcela en caso de que ella falleciera.

Su salida de la empresa se produjo en 1980, luego de una fuerte puja con Héctor Magnetto, actual CEO del grupo económico. En su declaración testimonial, el periodista retirado se refirió en varias ocasiones a esa interna. “Yo ya tenía la experiencia bien clara de que uno de los objetivos que tenía ese grupo (encabezado por Frigerio y Sofovich) era sacarme del diario. Lo lograron y punto, y yo, como lo tenía claro, hice todo lo necesario para llegar a los 60 años, y ahí me jubilé. Quien haya llegado a tomar la posición que yo tomé en Clarín no puede trabajar en otro diario. Nunca más hice periodismo, lo cual me costó bastante”, relató. Luego describió que en ese grupo al que estaba enfrentado “estaban Magnetto, que lo trajo Frigerio, Aranda y (Lucio) Pagliaro. El hijo de Frigerio (Octavio) prácticamente ocupó mi lugar. (Joaquín) Morales Solá entró después de que yo me fui”.

Caso Noble: un ex directivo de Clarín declaró que la adopción de Marcela fue un plan de Frigerio

El ex secretario de redacción del diario, Roberto Bandini, señalado como contacto entre esa empresa y los militares, negó ayer conocer si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son hijos biológicos de desaparecidos. No obstante, admitió que fue un “plan ideado” por el ya fallecido líder desarrollista Rogelio Frigerio, en el marco del juicio sucesorio del fundador del matutino, Roberto Noble.

El ex secretario de redacción del diario Clarín, Roberto Bandini, sindicado como contacto entre esa empresa y los jerarcas militares de la última dictadura, negó ayer conocer si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble son hijos biológicos de desaparecidos.

No obstante, Bandini admitió que la adopción de Marcela y Felipe Noble Herrera fue un “plan ideado” por el ya fallecido líder desarrollista Rogelio Frigerio, en el marco del juicio sucesorio del fundador del matutino, Roberto Noble.

Bandini declaró como testigo en la causa que desde hace nueve años se sigue en el juzgado federal de San Isidro, en torno de la identidad de los hijos de la empresaria Ernestina de Noble.

Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en representación de una de las familias que reclama para dilucidar el tema, reveló que en su declaración el ex directivo del diario dejó en claro que "la adopción es maquiavélica. No hay ninguna cuestión de amor, sólo hay negocios".

La querella había pedido que Bandini fuera citado a declarar porque según diversos indicios tuvo un rol importante en ese proceso, y además se ocupó de cuestiones cotidianas de los entonces niños durante algunos años, como mano derecha de su madre adoptiva.

”La adopción fue un plan ideado por Frigerio para contrarrestar el avance de la ex mujer de Noble” y madre de su hija biológica, Guadalupe Noble, en el juicio sucesorio, declaró el ex jerárquico de Clarín, quien negó conocer el origen de los entonces chicos Felipe y Marcela.

El fundador del diario Clarín se casó en segunda nupcias con Ernestina Herrera, pero “en ese juicio terrorífico”, según detalló Bandini, “estuvo a punto de perder el diario”.

Por ello, añadió Bandini, el líder desarrollista y el abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, idearon el plan de la adopción para consolidar sus derechos.

Curiosamente, Felipe y Marcela fueron inscriptos con el apellido del fundador del diario y no con el de su madre adoptiva, pese que Noble había muerto ocho años antes, en 1969, una de las anomalías que se investiga en la causa.

En su declaración, Bandini dejó en claro “que todo lo que él podía decir de la adopción se lo había contado Ernestina”, dijo Llonto.

Frigerio, a cuya corriente estuvo adscripto Noble al final de su dilatada carrera política, fue también quien acercó a la empresa al actual director Ejecutivo, Héctor Magnetto, y otros altos directivos del grupo que eran entonces jóvenes contadores de su confianza.

En el expediente, la dueña de Clarín está imputada por el presunto delito de apropiación en perjuicio de Marcela y Felipe, además de falsedad ideológica.

Por estos hechos ya estuvo brevemente detenida por el ex juez de la causa, Roberto Marquevich, quien luego fue destituido por un jury.