Orden internacional de captura contra el ex dictador Jorge Videla


Por el secuestro y muerte de Rolf Stawowiok, un joven que tenía doble nacionalidad. Videla cumple prisión preventiva.

Un tribunal de la ciudad alemana de Nuremberg, donde se juzgó y condenó a los jerarcas nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, libró ayer orden de captura internacional contra el dictador Jorge Rafael Videla por su responsabilidad en el secuestro y el asesinato de un joven con doble ciudadanía. El ex presidente de facto, de 84 años, está procesado en varias causas en la Argentina, cumple su prisión preventiva en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, pero no fue juzgado desde el proceso a los ex comandantes en 1985. Su primer juicio tras la anulación de las leyes de impunidad tendría lugar este año en Córdoba, donde compartiría el banquillo de los acusados con el condenado Luciano Benjamín Menéndez, los grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia 141 y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, en el que será el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la historia argentina.

La orden de detención internacional es para que Videla rinda cuentas en Nuremberg por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio de Rolf Nasim Stawowiok, un joven argentino-alemán de 20 años, egresado del colegio industrial porteño Otto Krause y militante de la Juventud Peronista. Stawowiok fue secuestrado el 21 de febrero de 1978 cuando salía de la fábrica donde trabajaba como técnico químico. Fue fusilado y enterrado como NN (no name, sin nombre) junto con otras cuatro personas jóvenes, el 14 de marzo del mismo año, en el cementerio de Lomas de Zamora.

Recién en el año 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo exhumar los cinco cadáveres, previa orden judicial. El año pasado los antropólogos confirmaron científicamente mediante el cotejo de ADN que entre las víctimas se encontraba Stawowiok, a quien sus compañeros de la JP conocían como “El Alemán”. Para el examen se tomaron muestras del octogenario padre de la víctima, Desiderius Stawowiok, quien viajó a la Argentina a recibir los restos de su hijo. Ante las evidencias de que el joven había sido asesinado a tiros, que surgían del examen de sus huesos, en diciembre la Justicia alemana reactivó la causa contra Videla, según explicó Thomas Koch, vocero de las autoridades judiciales de Nuremberg.

A fines de la década del ’90 el tribunal de Nuremberg abrió una investigación sobre la responsabilidad de la primera Junta Militar, pero las causas se paralizaron a medida que los tribunales argentinos comenzaron a reabrir las investigaciones y a rechazar los pedidos de extradición del dictador. Elizabeth Kesseman y Klaus Zieschank son dos de las víctimas de origen alemán cuyos secuestros y desapariciones investiga la Justicia.

Como ex presidente de facto y cabeza de la estructura represiva que comandó el Ejército, Videla está procesado por centenares de secuestros, torturas y desapariciones en todo el país. Cuatro de las causas judiciales que lo tienen como imputado ya fueron elevadas a juicio oral y público: Plan Cóndor (radicada en el Tribunal Oral Federal 1 porteño), el plan sistemático de apropiaciones de los hijos de los detenidos-desaparecidos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres (TOF6), la causa “Kamenetzky” en Santiago del Estero, y la citada causa en Córdoba. El dictador gozó de arresto domiciliario durante años, hasta que el juez federal Norberto Oyarbide, que instruye “Plan Cóndor”, le revocó el privilegio y ordenó su traslado a Campo de Mayo, decisión que luego confirmó la Cámara Federal porteña.

Plan Cóndor: Brasil entrega represor uruguayo que será juzgado en Argentina


El coronel retirado del Ejército Manuel Cordero, quien hoy será indagado en el porteño juzgado federal. Está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del programa de colaboración entre las dictaduras latinoamericanas.

El militar está imputado de haber sido torturador en el centro de detención ilegal Automotores Orletti, donde fueron vistos ante de desaparecer los ciudadanos uruguayos Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, Hugo Méndez, Francisco Candia, María Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Zaffaroni y María Claudia Garcíairureta de Gelman.

La entrega de este capitán retirado del Ejército uruguayo la concretó esta mañana la Interpol brasileña a su par argentina en el puente internacional que une Uruguayana con Paso de los Libres, luego de que la policía federal brasileña lo detuviera ayer en la ciudad de Santana do Livramento, donde cumplía una prisión domiciliaria.

La extradición había sido aprobada el 6 de agosto de 2009 por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, tras un dilatado proceso iniciado en febrero de 2007, cuando fue detenido en esa ciudad fronteriza tras fugarse de Uruguay en 2004 para eludir un juicio de desacato.

Fuentes del juzgado federal 7 que subroga el juez Norberto Oyarbide, por la secretaría de Jorge García Davini, confirmaron a Télam que la indagatoria está prevista para mañana luego de que Cordero sea revisado por un médico.

Por la causa del Plan Cóndor también están imputados, entre otros, el dictador Jorge Videla, el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el Jorge "Tigre Acosta”, el primero detenido en el penal de Campo de Mayo y los otros en el de Marcos Paz

Petición judicial obliga apertura parcial archivos de la dictadura



La apertura de una parte de los archivos de la dictadura por parte del poder ejecutivo, a responde a una petición de un juez federal, emitida en septiembre de 2009, que estudia los crímenes de lesa humanidad cometidos en aquella época.
    El decreto, que lleva el número 4/2010, responde a solicitudes del Juzgado Federal número 1, en relación con una causa sobre el campo de detención clandestina llamado "La Cacha", de La Plata.

El dictamen presidencial, publicado el 6 de enero en el boletín oficial del Estado, exceptúa cualquier tipo de información "relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur". Es decir, que el decreto no será aplicado a toda la documentación que tenga relación con la guerra de las Malvinas, el enfrentamiento armado de 1982 entre Argentina y el Reino Unido y cualquier otro conflicto de carácter interestatal".
El texto del decreto aclara además que "en ningún caso, se dejará sin efecto la clasificación de seguridad otorgada a la información de inteligencia estratégica militar a la que se refiere el artículo 2º, inciso 4º" de la Ley de Inteligencia Nacional.


Es necesario destacar que el material desclasificado está en su casi totalidad en  conocimiento del Archivo Nacional de la Memoria, que tiene acceso a la documentación del Ministerio de Defensa, pero que no podía ser hecho público sin un decreto específico en cada caso.

Los archivos desclasificados no son sobre la represión sino sobre los grupos de inteligencia del Ejército, lo que permite ubicar en tiempo y funciones a los mismos.

Actualmente están en curso, entre otros, los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de desaparición y exterminio llamados Club Atlético, Banco y Olimpo (ABO).

Los organismos de Derechos Humanos reclaman desde hace años que las Fuerzas Armadas y de Seguridad "entreguen los archivos de la represión" que, a juicio de esas entidades, podrían esclarecer el destino de los desaparecidos. Sin embargo,  desde la Secretaria de DDHH  se informó que este tipo de material "no aparece" y que probablemente no haya sido conservado en forma "orgánica" por los represores.

Pero tal como lo han manifestado los sobrevivientes de los campos de secuestro conocidos como ABO, en los mismos se "confeccionaba una ficha por cada víctima, muy precisa, que incluia nombre real, alias si lo tenía, datos completos de la familia -padre,madre, esposo/a, hijos, etc- y el número y la letra con que era reconocido durante la detención ilegal". Los testimonios agregan que en esa ficha se consignaba, además, "el destino final" de cada secuestrado, como por ejemplo "traslado", que significaba muerte, o "apto para ser reintegrado a la sociedad", que en pocos casos significó la liberación.





Robaron legajos de represores de la Secretaría de DD.HH de Buenos Aires


Delincuentes ingresaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ubicada en las calles 8 y 53 de La Plata, donde maniataron a su titular, Sara Derotier de Cobacho, y le exigieron a punta de pistola que entregara las llaves de la caja fuerte donde estaba guardados los legajos de dos represores que pronto serían juzgados por delitos de lesa humanidad.

Todo revuelto y sangre en el pañuelo
Por Martín Piqué

“Ojalá que esto, en vez de asustarnos, nos dé fuerzas para juntarnos”, dice, desde Rosario y sin alardes de dramatismo, Josefina González. Tiene 33 años, es estudiante de Derecho y está casada hace un mes y medio con el abogado Federico Reynares Solari. Conocida como “la Tana” por sus amigos, es una de las querellantes en la megacausa Feced. Se supone que González debería estar protegida: está inscripta en el programa de protección de testigos de Santa Fe. Sin embargo, el miércoles 30 de diciembre, entre las 16 y las 16.15, desconocidos ingresaron a la vivienda que comparte con su marido. No robaron nada a pesar de que a la vista había dinero para un viaje. Sí revisaron fotos de álbumes y portarretratos. También revolvieron los cuartos. En una puerta del fondo dejaron un pañuelo que González tenía como recuerdo de la marcha por los 1000 jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Sobre el pañuelo aparecieron manchas de sangre.


La causa Feced investiga crímenes cometidos en la Jefatura de Policía de Rosario durante la dictadura. El nombre de la megacausa, que involucra a 87 víctimas y 166 testigos, proviene del nombre del ex jefe de la policía de Rosario Agustín Feced. Por esos hechos están imputados seis represores: entre ellos el general Ramón Díaz Bessone, a cargo del II Cuerpo de Ejército. Y la historia familiar de Josefina González está trágicamente ligada a la represión en lo que fue el centro clandestino que funcionaba en el Servicio de Informaciones de la policía rosarina. Su mamá, Rut González, fue secuestrada el 19 de julio de 1976 junto a sus dos hijas: Mariana, que tenía tres años, y la propia Josefina, entonces de cinco meses.
Rut estuvo detenida casi tres meses hasta que la asesinaron el 5 de octubre. Ese mismo día fueron asesinadas la tía de Josefina, Estrella González, y su marido Héctor Vitantonio. Diez meses antes de esos hechos, las patotas que actuaban en la represión ilegal habían hecho desaparecer al papá de Josefina, Dardo José Tosetto, y a su abuela materna, Amorosa Brunet de González. “En la causa Feced yo soy testigo pero también querellante”, dice Josefina. “También soy querellante porque en la causa se investiga el secuestro de mi hermana, que tenía tres años, y el mío, que tenía cinco meses. Las dos recibimos golpes, a mí me dejaron el bazo inflamado y luego me lo tuvieron que sacar. Y me falta la punta de una oreja”, cuenta la joven estudiante de Derecho.
La violación del domicilio de Josefina está siendo investigada por la Justicia y el gobierno santafesinos. El próximo martes se realizará una conferencia de prensa en la Secretaría de Derechos Humanos provincial. Allí se pedirá el esclarecimiento del hecho. Josefina todavía se pregunta cómo pudo ser que ingresaran a su casa si debería estar custodiada. “Aparentemente, la persona que estaba afuera se había retirado al baño. Todavía mucho no sé, estoy esperando a ver qué me dicen”, comenta Josefina. Pero nada evitará el impacto que significó encontrar los cuartos revueltos, constatar que las fotos de casamiento habían sido retiradas del álbum y vueltas a colocar, descubrir que alguien había dejado a la vista unas fotocopias de la declaración indagatoria a Díaz Bessone.