Harguindeguy, el represor, sin condena y en casa, a un juicio nuevo

Albano Hargyuindeguy, señalado como responsable de 34 homicidios y más de 200 secuestros y torturas
Represor con nueva orden de detención

El arresto del ex ministro del Interior de la dictadura, quien cumple prisión domiciliaria por otra causa, lo dictó el juez Daniel Rafecas. Lo responsabilizó por los crímenes cometidos en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo.

A los 84 años, aún sin condena, arrestado en un lujoso chalet en calle Eva Perón 1331 de Los Polvorines gracias a sus problemas de salud, el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Eduardo Harguindeguy sumó ayer una nueva orden de detención, esta vez como máximo responsable político-militar de la Policía Federal. El juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, responsabilizó al ex general de división por secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo. La resolución abarca también a los ex comisarios Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, ambos condenados a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, y a los menos conocidos Antonio Doval y Eduardo Norberto Comesaña, quienes ya están presos en el penal de Marcos Paz.

Jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la presidenta María Estela Martínez de Perón, Harguindeguy tuvo un rol central en la planificación del golpe y la toma del Estado y fue el ministro político durante cinco de los siete años de la dictadura. En 2003 admitió los secuestros, torturas y asesinatos de detenidos cometidos por las Fuerzas Armadas durante una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin. “Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”, recordó. Contó que los militares argentinos aprendieron los métodos a partir de la experiencia francesa en Argelia e Indochina y consideró que las violaciones masivas a los derechos humanos constituyeron “un error político”. Su consecuencia fue que “ganamos la guerra pero perdimos la paz”, dijo.

El ex ministro de Videla & Massera tiene arresto domiciliario desde julio de 2004 por su actuación en el Plan Cóndor. La causa se elevó en 2007, pero el proceso oral aún no comenzó. También está en condiciones de ser juzgado en una causa de Entre Ríos conocida como Area Concordia, que se elevó en octubre de 2010 y todavía no tiene fecha de inicio. Tiene procesamientos confirmados en segunda instancia por las cámaras federales de Córdoba (causa Roselli), de San Martín, por el secuestro y la desaparición de Roberto Quieto en diciembre de 1975, y de Buenos Aires, por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim en 1977, causa en la que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. En La Rioja fue indagado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli.

El juez Rafecas responsabilizó a Harguindeguy en 34 homicidios y más de doscientos casos de secuestros y torturas en Coordinación Federal, cuyo centro de detención funcionó en el tercer piso de Moreno 1417, y Garage Azopardo, en el edificio de Chile y Huergo, donde hasta hace meses se tramitaban los pasaportes. El ex miembro del gabinete de la primera junta militar será indagado entre otros casos por la Masacre de Fátima, como pasó a la historia el homicidio de treinta cautivos de Coordinación Federal que fueron trasladados, fusilados y dinamitados en Pilar en agosto de 1976.

Por los delitos en Coordinación Federal, el juez también indagará al Francés Lapuyole –quien cumple condena en su casa–, a Gallone, Doval y Comesaña. Antonio Doval fue uno de los guardias de los secuestrados en los calabozos del tercer piso, donde utilizaba el alias de Gato. Comesaña era auxiliar de inteligencia y su nombre de cobertura para no ser identificado por sus víctimas era Esteban Cruces. De su legajo surge que fue ascendido por su actuación en un “procedimiento antisubversivo” en junio de 1977.

Harguindeguy y Comesaña serán indagados, entre otros crímenes, por la fabricación de un falso “operativo antisubversivo”, seis días antes del golpe de Estado, en el que fueron ametrallados dos hombres y dos mujeres previamente secuestrados. El montaje, que se publicitó en la prensa como un “enfrentamiento armado”, ocurrió en calle Labardén al 300 y las víctimas, masacradas con más de cien disparos de ametralladoras adentro de un auto, fueron Norberto Gómez, Elena Kalaidjian, Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar. El juez considera probado que los cuatro habían sido secuestrados en las semanas previas. Por testimonios de sobrevivientes de Garage Azopardo, pudo saber también que el médico Gómez fue obligado a atender a otros secuestrados luego de las sesiones de tortura, y que Kalaidjian, de 22 años y origen armenio, debió auxiliarlo en las curaciones precarias que hicieron en cautiverio. Panebianco había sido secuestrado junto con su pareja, María Fernández Martínez Suárez, sobrina de la octogenaria animadora Mirta Legrand. Por los cuatro asesinatos también será indagado Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente del Batallón de Inteligencia 601, condenado el año pasado por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo.

El centro clandestino del hospital Posadas

Se inicia el juicio por la represión en el Hospital Posadas.

El dictador Reynaldo Bignone, el ex brigadier Hipólito Mariani y dos civiles serán juzgados por secuestros y torturas a veintidós víctimas, de las cuales seis siguen desaparecidas.

Reynaldo Benito Bignone, quien purga dos condenas por crímenes de lesa humanidad, afrontará a partir de hoy su cuarto juicio por delitos durante la última dictadura. El último dictador será juzgado por el Tribunal Oral Federal 2 por secuestros y torturas en el Hospital Posadas, en el partido de Morón, ejecutados contra 22 víctimas, de las cuales seis continúan desaparecidas. La audiencia oral y pública comenzará a las diez de la mañana. Al mediodía se realizará un acto frente a los tribunales de Retiro, organizado por la Mesa por el Juicio y Castigo a los genocidas-H.I.J.O.S., la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Hospital Posadas, la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, Foetra y la Dirección de Derechos Humanos de Morón.

Junto al ex general Bignone, de 83 años, se sentarán en el banquillo los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos, y el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani, condenado a prisión perpetua como jefe del área militar en el que funcionó el centro clandestino Mansión Seré. La causa fue elevada a juicio en enero de 2009 por el juez federal Daniel Rafecas. Durante los 34 meses posteriores, que incluyeron dos postergaciones, quedaron fuera de juego el coronel Agatino Di Benedetto, ex interventor del hospital, quien fue declarado insano, y el ex personal civil de inteligencia Juan Máximo Copteleza, que falleció. También murieron imputados pero no juzgados Ricardo Antonio Nicastro, José Faraci, Oscar Raúl Tévez, José Meza, Carlos Domingo Ricci, Adolfo José Marcolini y Julio Ricardo Estévez.

El TOF-2 arrancará el juicio con nueva composición: a Pablo Bertuzzi se sumaron Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, que acaban de jurar en sus cargos. En principio fueron citados 53 testigos. Algunos declararán por videoconferencia desde sus países de residencia.

El Hospital Posadas fue intervenido tras el golpe de Estado por el general Bignone, que era delegado de la junta militar en el área de Bienestar Social, con la excusa de que funcionaban allí postas sanitarias de organizaciones armadas.

La represión comenzó el 28 de marzo de 1976, con la intervención a cargo de Di Benedetto, e incluyó secuestros de médicos, enfermeras, empleados y pacientes. El brigadier Mariani era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar, de la que dependía el personal militar que actuó en el Posadas, en tanto Ríos y Muiña integraron un grupo de tareas denominado Swat, que operó a partir de julio en el centro clandestino El Chalet, en la misma casa donde vivía el director del hospital.

Hospital Militar de Paraná : pedido de prisión perpetua y cárcel común para todos los acusados

El pedido de condena es por la condición de coautores de Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y González y de partícipe necesario de Zaccaría, de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro y de desaparición forzada del bebé varón • Ahora presentan su alegato los fiscales
 
Los abogados de las partes querellantes pidieron este miércoles una condena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para todos los acusados en el juicio por la causa Hospital Militar, por los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Raquel Negro, la supresión de sus identidades y la desaparición forzada del mellizo varón, publicó UNO.

Se consideró partícipe necesario al médico militar Juan Antonio Zaccaría y coautores a Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González y Walter Pagano. De la misma manera, solicitaron la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y tareas de seguridad privada; y que se revoque la prisión domiciliaria de la cual goza actualmente Guerrieri.

Subsidiariamente, para el caso que el Tribunal Oral Federal de Paraná no acepte la calificación del delito de desaparición forzada, se pidió una pena de prisión de 25 años e inhabilitación de cumplimiento efectivo.

Álvaro Baella, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, concluyó el extenso alegato de cuatro horas de las partes querellantes, calificando a los delitos de que fue víctima el bebé varón de Raquel Negro de “desaparición forzada” agravada por ser la victima una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre, en concurso ideal con el delito de “supresión de estado civil de un menor de diez años”; todo esto en concurso real con la sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años en concurso ideal con el delito de supresión de estado civil de un menor de diez años que tuvieron por víctima a Sabrina Gullino, la hija mujer de Negro.

Son querellantes en la causa la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Lucas Ciarniello Ibañez; la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Ana Oberlin y Álvaro Baella son sus abogados); Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos), representados por Florencia Amore y Álvaro Piérola, quien también representan a Sebastián Álvarez y Sabrina Gullino.

Al comienzo de los alegatos, Ana Oberlin, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: "Tenemos la certeza de que hemos llegado a probar de forma total y completa todos los elementos que habíamos puesto en nuestras acusaciones."

La letrada continuó: "El objetivo de la dictadura cívico militar era transformar totalmente la estructura económica y social del país, reprimir a los opositores políticos y disciplinar al resto de la sociedad, y esto sólo se podía lograr a través de la implantación del terrorismo de Estado, porque se necesitaban poseer todos los resortes del gobierno para poder garantizar la impunidad".

"Esos objetivos tenían algunos contornos difusos, por ejemplo qué hacer con los niños nacidos en cautiverio o de muy pequeña edad que eran secuestrados con sus padres. Esto surgió de forma casi inmediata y fue absorbido como parte de los objetivos a desarrollar en este plan criminal", sostuvo.

Oberlín detalló que durante la dictadura se organizaban los partos de las mujeres secuestradas embarazadas "de dos formas generales: una era organizar en los centros clandestinos de detención verdaderas maternidades clandestinas, donde se llevaba a parir a las mujeres que estaban en ese y otros CCD. La otra era usar infraestructura que ya existía y tenían a mano, que son los Hospitales Militares, como en el caso abordado en este juicio".

Agregó que durante el debate quedó claro que Raquel Negro “no fue la única mujer que fue traída a parir ilegalmente aquí”.

"Esa práctica represiva –destacó la abogada– tenía tres objetivos centrales: el primero era que los menores no crecieran con sus familias biológicas, como se hiciera en España durante el franquismo con los hijos de los republicanos. En Argentina algunos niños fueron apropiados, otros asesinados y otros dejados en orfanatos y entregados de buena fe a familias que los criaron, como el caso de Sabrina Gullino. El segundo objetivo de este plan sistemático fue efectuar un castigo adicional a las familias de los desaparecidos. Cuesta mucho imaginar efectos más perversos y más actuales que este; se reactualiza cotidianamente el dolor de esa búsqueda que no termina”, aseguró Oberlin.

El tercero de los objetivos era que consistía en una forma más de disciplinamiento para la sociedad. “No creo que exista un terror asimilable a pensar que te pueden llegar a robar a tus hijos, eso sin duda era paralizante para el resto de la sociedad”, aseveró.

Luego la abogada de HIJOS, Florencia Amore, hizo un desmenuzamiento de los pruebas que acreditan los delitos investigados: sobre todo los testimonios de Eduardo Costanzo, Jaime Dri, los periodistas Miguel Bonasso, Carlos del Frade y Reinaldo Sietecase, las enfermeras del Hospital Militar y del Instituto Privado de Pediatrpia, la declaración del imputado Juan Antonio Zaccaría y de los médicos de ambos centros asistenciales, entre otros.

Amore y los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello, y de Abuelas, Álvaro Baella, detallaron cada una de las pruebas que incriminan a Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano, González y Zaccaría.

• Alegato de la fiscalía

La fiscal Marina Herbel manifestó que los delitos ocurrieron dentro de un plan sistemático clandestino estructurado desde el poder, bajo la jurisdicción del segundo cuerpo de Ejército y en el Hospital Militar de Paraná que dependía de aquel. El “eje” del operativo fue el Destacamento de Inteligencia 121, que ejecutó la sustracción de los menores y la sustitución de sus identidades, delitos de lesa humanidad que ocurrieron en el marco del terrorismo de Estado, aseguró la fiscal.

Herbel expuso los fundamentos de su acusación citando las pruebas testimoniales en coincidencia con lo manifestado previamente por la querella y repasando cómo se produjeron los hechos desde el traslado de Raquel Negro a Paraná y su internación en el nosocomio, hasta el nacimiento de los mellizos y su posterior derivación al IPP.

Además hizo una “exhortación a la gente de esta ciudad” que tenga algún conocimiento del paradero del mellizo varón, a que lo acerque al Ministerio Público Fiscal o al Juzgado federal de primera instancia de Paraná.

Luego el fiscal José Ignacio Candioti adelantó que mantendrían la postura sustentada en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, es decir que consideran que las figuras aplicables son las establecidas en los artículos 139 inciso 2 del Código Penal en concurso real con la establecida en el 146 del CP, es decir la “supresión de estado civil” y la “sustracción de menores”.

Asimismo dijo que mantenían la postura de considerar autores mediatos a Guerrieri, Fariña, Amelong y González, pero entendieron que en el curso del debate quedó acreditado que la responsabilidad de Pagano y Zaccaría debe ser encuadrada dentro de la participación necesaria.

Se espera que la semana que viene se conozca la sentencia por los delitos de lesa humanidad por los que son juzgados los militares de Inteligencia Amelong, Pascual Oscar Guerrieri, Marino Héctor González y Jorge Alberto Fariña; el agente civil de Inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano y el médico militar Juan Antonio Zaccaría.

La detenida desaparecida Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar en 1978. Ambos fueron sustraídos y su identidad sustituída. Uno de ellos, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en 2008, mientras que su hermano varón continúa siendo buscado.

El juicio por los crímenes cometidos en el Hospital Posadas

El juicio por los crímenes en El Chalet

Por violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 21 víctimas están acusados cuatro represores que actuaron en la fuerza parapolicial que funcionó en el Posadas.

Cuatro represores que integraron una fuerza parapolicial creada por la dictadura específicamente para operar en el Hospital Posadas serán juzgados a partir de esta semana por delitos de lesa humanidad cometidos contra 21 víctimas en El Chalet, un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de ese centro asistencial del oeste del conurbano bonaerense. Se trata de los únicos represores relacionados con la causa que están vivos. Un quinto quedó fuera de la lista tras ser declarado insano. “El juicio siempre sirve, pero la realidad es que empezamos a recorrer este camino con muchas expectativas de justicia que han quedado en el camino”, remarcó Zulema Chester, querellante en el juicio que a partir del jueves llevará a cabo el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires. Su padre, Jacobo Chester, fue secuestrado en 1976 y torturado en El Chalet. Su cuerpo fue encontrado flotando en el Río de la Plata y la familia recibió el certificado de defunción, pero nunca los restos. El caso es uno de los dos a los que la fiscalía intentará sumar el delito de desaparición, aplicado por otras seis víctimas.

Son más de 50 los testigos citados a declarar en el juicio y el debate durará alrededor de dos meses, bajo la vista de un tribunal renovado en su composición y debutante en juicios de derechos humanos, conformado por Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini junto a Pablo Bertuzzi.

Tras dos postergaciones, el juicio que intentará reconstruir lo ocurrido en el Hospital Posadas desde su intervención, instrumentada cuatro días después del último golpe militar por el represor Reynaldo Bignone, comenzará finalmente el jueves próximo. Desde el 28 de marzo de 1976, una patota parapolicial autobautizada “Swat” tomó el control del hospital y transformó la casa construida en el predio para que el director de la institución la utilizara como vivienda en el centro clandestino conocido como El Chalet. Allí permanecieron secuestrados, fueron torturados y desaparecidos médicos, enfermeras y vecinos de la zona.

Según se reconstruyó en la causa, el hospital fue intervenido por Bignone en un operativo militar con tanques y helicópteros apenas se concretó el golpe de Estado. Los represores acusaban a los profesionales de atender a miembros de “grupos subversivos” y ser “base ideológica” de la guerrilla, entre otras cosas. Muchos de los empleados fueron trasladados a cárceles, tras ser torturados en diferentes centros de detención clandestina. En una segunda etapa se formó el grupo Swat con ex empleados de seguridad del mismo centro y policías exonerados. Entonces comenzaron las desapariciones.

“El inicio de un juicio siempre es bienvenido, pero el hecho de que la mayoría de los represores que deberían ser juzgados están muertos deja un gusto amargo. Nosotros lo recibimos a la espera de que alguna vez haya claridad y justicia”, aseguró Chester. Bignone, Luis Muiña y Argentino Ríos, acusados de integrar el Swat, e Hipólito Mariani son los imputados. El resto de los integrantes de la fuerza parapolicial, así como su jefe máximo, el segundo interventor del Posadas, el coronel médico Julio Esteves, fallecieron sin condena. El primer interventor, Abatino Di Benedetto, fue declarado insano. “Empezamos la búsqueda de justicia no bien la patota de Swat se fue de mi casa. Los reconocimos en ese mismo momento; sabíamos que el secuestro de mi viejo tenía que ver con el hospital. Sabíamos quiénes eran y los buscábamos con vida”, se lamentó la mujer.

En total se juzgará lo ocurrido a 21 víctimas, seis de ellas desaparecidas. En los casos de Jorge Roitman y Jacobo Chester, secretario administrativo de la guardia del hospital secuestrado el 27 de noviembre de 1976, si bien fueron asesinados, sus cuerpos nunca fueron hallados y no hay acusación por el homicidio y la desaparición. Los fiscales Javier De Luca y Guillermo Silva intentarán recolectar evidencia para probar que esas dos personas fueron asesinadas y permanecen desaparecidas, para agregar esos delitos a la acusación final.

Mendoza: prisión perpetua a 4 represores, "en el contexto del delito internacional de genocidio"

Cuatro de ellos condenados a prisión perpetua, otro a doce años y un absuelto.
    
El Tribunal Federal 1 fue el escenario para que cientos de personas se apostaran en el lugar para escuchar la sentencia final a los represores de la dictadura militar en nuestro país en 1976.

Hoy, 6 de octubre de 2011, en Mendoza se vivió un día que para muchos nunca iba a llegar: la sentencia a los represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar vivida en Argentina en 1976.  El ambiente no era de alegría pero si de mucha conmoción.

Pasadas las 11, los jueces Antonio González Macias, Héctor Cortés y Alejandro Piña se hicieron presentes para leer el esperado veredicto final a los seis imputados. Mientras que en la vereda de los Tribunales se vivía un ambiente protagonizado por más de 250 personas, en el interior solamente había butacas para 80 personas. Sin embargo, el lugar se copó e ingresaron más de 120 personas.

En el banco de los acusados se sentaron  tres de los seis ex policías y militares: Celustiano Lucero Lorca, Eduardo Smaha Borzuk y Paulino Furió. Por pantalla, a través de tele conferencia se pudo observar a Dardo Migno desde Rosario y Juan Agustín Oyarzábal con prisión domiciliaria en Rivadavia.

A penas ingresaron los represores, los familiares con fotografías de sus desparecidos en las manos, las alzaron con un silencio conmovedor. Algunos llantos, y miradas hacia los genocidas impactaron sin mediar ninguna palabra hasta que comenzaron a escuchar el juicio final.

Después de un año del comienzo; el comisario general retirado Oyarzábal, el comisario retirado Smaha, el policía Lucero y Rodríguez Vázquez recibieron la pena máxima: prisión perpetua y  el ex teniente Migno recibió 12 años de prisión. Tres de ellos tenían prisión domiciliaria pero serán trasladados a San Felipe para cumplir con sus respectivas condenas.

Mendoza : El D2 será declarado una "organización criminal"

por Ramón Ábalo
   
La  bronca acumulada en este casi año en que dieron comienzo los juicios (más los 35 de espera) por lesa humanidad contra los genocidas del 76, no se va a atemperar este jueves cuando se conozca el veredicto del Tribunal Oral No. 1, de esta ciudad de Mendoza. Entre medio es posible la satisfacción por esta primera puntada de la justicia federal.       

En las últimas jornadas, la semana pasada, el Ministerio Público y los abogados de la querella, se introdujeron en hitos de la historia de un pasado reciente y mundial para afirmar los argumentos jurídicos en que se basarán las penas que pedirán para  los que están en el banquillo de los acusados en este primer tramo que solamente alcanza a una decena de entre unas doscientas en que se sintetiza el accionar macabro del terrorismo de Estado en Mendoza.

Trajeron a colación a los genocidios nazis, aquel de la Segunda Guerra Mundial y los de la ex-Yugoeslavia, a las organizaciones criminales como las SS. Los cabecillas y líderes, en una serie de juicios llevados a cabo entre 1945 y 1946, fueron acusados y juzgados como criminales de guerra por un Tribunal Militar Internacional, en Nuremberg. Acusados por: 1) Crímenes contra la paz (planear, instigar y librar guerras de agresión, violando pactos y normas internacionales) - 2) Crímenes contra la humanidad (exterminio, deportaciones y genocidio) - 3) Crímenes de guerra (violación de las normas de guerra) - y 4) Haber planeado y conspirado para cometer los actos criminales señalados. Hubo condenas menores y absoluciones, pero principalmente hubo condenas a cadena perpetua y muerte por ahorcamiento, el 16 de octubre de 1946.

lgunos países y mucha gente consideraron que los juicios no habían sido justos. Negaban la validez jurídica de aquel Tribunal. Se aducía que los vencidos no podían ser jueces justos de los vencidos. Medio siglo después, nadie discute ya la oportunidad de aquellos juicios.

Toda coincidencia que quisiéramos encontrar con los juicios actuales en nuestro país son valederas y más como apoyaturas históricas y jurídicas para condenar con penas máximas a los genocidas argentinos. Y no será necesario el transcurso de los años para legitimar esto que es una reivindicación universal de los derechos humanos. Por ello, la Argentina es un ejemplo en el mundo entero. En este primer grupo son juzgados siete genocidas por delitos contra 24 víctimas, entre ellos el poeta y militante Paco Urondo. Los imputados eran doce, pero tres de ellos murieron en el transcurso de los juicios, y dos fueron apartados por motivos de salud. Los que recibirán penas son Agustín Oyarzábal, Eduardo Smaha Borzuk, Luis A. Rodríguez, S. Lucero, Dardo Miño y Paulino Furió. Han muerto J.Pablo Sáa y Orlando Dopazo. Fueron apartados de las causas Tamer Yapur y Ramón Lépori, En el transcurso de las jornadas ante el Tribunal, los numerosos testigos, la mayoría víctimas, lograron reconocer a algunos de sus victimarios, los que han sido imputados y a juzgar posteriormente.

El D2 será declarado una "organización criminal"            

Cuando escuchábamos los testimonios de, por ejemplo, Rosa Gómez, Luz Faingold, Fernando Rule, Pablo Seydel, Rubén Bravo (fallecido recientemente), Silvia Ontiveros, Lucy Allegrini, Eugenio París, Angel Bustelo,víctimas que coincidieron en afirmar los padecimientos sufridos en las mazmorras del D-2, o sea el organismo de inteligencia de la Policía mendocina, nos sentíamos igualmente heridos, lastimados, destrozados y torturados espiritual y anímicamente. Y mucha bronca y odio. Son centenares los torturados, maltratados, asesinados, violadas/dos, secuestrados y desaparecidos en ese ámbito. De las investigaciones que realizamos y transcribimos en la primera edición de nuestro libro El Terrorismo de Estado en Mendoza, en 1907, afirmábamos, de acuerdo con los organismos de derechos humanos; respecto al caso de Miguel Angel Gil: "...había sido detenido el 22 de febrero de 1976...En el expediente que obra en el Juzgado Federal No. 1, del Dr. Roberto Burad ...surge la participación evidente de seis personas que intervinieron en sesiones de interrogatorios y torturas en el D-2 de la policía. Los seis a quienes se les imputa intervención evidente en la muerte de Gil son el comisario Pedro Sánchez Camargo, el comisario Agustín Oryazábal, el subcomisario Luis Eduardo Smaha Borzuk y otro policía de apellido Funes...En cada expediente de los casi 200 desaparecidos, los casi 1.200 presos, las decenas de asesinatos, tienen un listado similar de culpables.Decenas y decenas de culpables del genecidio... Entre 1974/75 y 1983, ocuparon en diversos periodos la jefatura de la Policía de Mendoa, titulares e interinos, fueron responsables de gran parte de la represión. Eran los que mandaban y tuvieron la máxima conducción y las decisiones contra las víctimas. De ninguna manera podrían invocar desconocimiento y menos inocencia. Esta es la lista: Vicecomodo  Julio César Santuccione, subjefe Ramón A. Arrieta Cortez, jefe UR II José Martínez Blasco, subjefe Jorge N. Calderón, vicecomodoro Alcides París Francisca, subjefe Raúl A. Ruiz Soppe, vicecoodro Mario A. Laporta, subjefe Nicolás R. Spinelli, subjefe Calixto Cuesta García, Cnel. Alberto R. Olivera, subjefe Augusto S. Grecco, y comisario general José Naman García. Este fue nombrado jefe de Policía (1983) por el gobernador Felipe Llaver. Por la presión y denuncia de los organismos de derechos humanos, debió renunciar, meses después del 10 de diciembre de 1983. Había sido director de la Cárcel durante la dictadura y denunciado por ex-presos políticos en que la había convertido en un campo de concentración y torturas".

De ser declarado el D-2 organización criminal, sería el segundo, ya que el primero lo ha sido la Esma. Primeros puestos de un ranking de la barbarie "procesista".

Al genocida Duret lo esperan en el penal de Marcos Paz

El coronel condenado por el secuestro y desaparción de CARLOS LABOLITA fue entregado por la policía de Chile
Duret, con vacante en el penal de Marcos Paz

Un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución, el militar condenado a 15 años de prisión se fue a Chile. Anteayer lo expulsaron y la policía chilena lo entregó ayer por la tarde a la Gendarmería en el Cristo Rendentor.

La Policía de Investigaciones de Chile detuvo ayer al mediodía en la casa de un abogado amigo al coronel retirado Alejandro Duret, condenado a quince años de prisión en la Argentina por el secuestro, tortura y desaparición de Carlos Alberto Labolita, compañero de la facultad de Néstor Kirchner. A las cinco de la tarde, el represor fue trasladado al cruce fronterizo del Cristo Redentor donde fue entregado a la Gendarmería. Pasó la noche en la Unidad 32 de los tribunales mendocinos. El juez federal Carlos Rozanski pidió un lugar en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, donde será alojado para cumplir la pena. El coronel había cruzado la cordillera por Mendoza un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución.

No hubo necesidad de tramitar un pedido de extradición. El intendente de la VII Región de Chile, Rodrigo Galilea, firmó la orden de expulsión de Duret anteayer. Página/12 publicó el sábado pasado que el coronel había cruzado a Chile y curiosamente no había regresado con su ex compañero del arma de Artillería, el coronel Héctor Osvaldo Miranda. En medios diplomáticos estimaban que el gobierno de Sebastián Piñera optó por resolver rápido el tema y lo diferenciaron de la situación del ex camarista mendocino Otilio Romano, quien también huyó a Chile: “Romano está apenas suspendido por el Consejo de la Magistratura. Duret, en cambio, está condenado por delitos de lesa humanidad”.

Los registros de Migración indicaron que Duret viajó en un Peugeot 206, patente EVC743 junto con Miranda y su esposa, Ana María Groppa, quienes regresaron a Mendoza en un par de horas. Miranda es socio de otro artillero, Francisco Casares, en la empresa de seguridad Kustos. Casares es el director del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía de San Luis. El entramado de vinculaciones que alimentaron las sospechas sobre cómo se enteró Duret de su inminente detención se completa con que Casares es el cuñado del ex jefe de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Montero, pasado a retiro por la ex ministra de Defensa Nilda Garré, acusado de operar en su contra.

El fiscal Daniel Adler advirtió que Duret se había ido del país y pidió de inmediato su detención. Una cuestión burocrática retrasó la ejecución del pedido. En el Tribunal que debía firmar la orden sólo estaba Rozanski ya que los otros dos integrantes del tribunal, Nelson Jarazzo y Alejandro Esmoris, tuvieron un accidente y pidieron licencia. Ante el pedido urgente de reemplazantes realizado por Rozanski, Casación designó dos jueces subrogantes. Finalmente ayer el propio Rozanski y Lidia Soto emitieron la orden lo cual le permitió a la Gendarmería recibir de manos de la policía chilena al represor expulsado.

Duret ya había viajado a Chile a mediados de septiembre. Su hijo Alejandro es instructor de esquí en Portillo y esta vez pasó a visitarlo antes de recalar en la casa de su abogado amigo, donde fue detenido.
El horror

Labolita era un militante de la Juventud Peronista que estudiaba en La Universidad Nacional de La Plata. Compartió la pensión con Néstor Kirchner y más de un grupo de estudio con Cristina Fernández. La redada militar-policial que dejaba el tendal de víctimas entre la militancia apenas instaurada la dictadura convenció a Labolita y su compañera, Gladis, de volver a su pueblo, Las Flores. Los estaban siguiendo: a él lo detuvieron primero legalmente y lo convirtieron en secuestrado apenas lo trasladaron a Azul, regimiento donde actuaba el por entonces joven oficial Duret. La madre de Labolita y la propia Gladis, sobreviviente de aquel horror, identificaron a Duret como uno de los militares que actuaron en el operativo de secuestro. En el libro La Presidenta, de Sandra Russo, Gladis recordó que cuando la secuestraron a ella lo llevaron a él para que lo viera masacrado por la tortura.

En un fallo sin precedentes, los jueces Jarazzo y Esmoris desestimaron el testimonio de la madre de Labolita y absolvieron a Duret. Lo definieron como un oficial de bajo rango pese a que integraba el Estado Mayor del Regimiento y prescindieron de los testimonios de los policías que entregaron a la víctima en Azul, por considerarlos potenciales imputados.

En el tribunal todavía recuerdan que en la primera hilera de la sala de audiencias la esposa de Duret departía con la esposa del juez Jarazzo. Mientras uno de los abogados del represor Eduardo Sinforiano San Emetero, ex chofer del general Otto Paladino y ex agente de la SIDE durante la dictadura, se regodeaba con la resolución del tribunal.

Ese fallo de agosto de 2009, apenas semanas después de que el kirchnerismo perdiera las elecciones legislativas, fue apelado. “Los señores jueces han realizado un denodado esfuerzo analítico por destruir una por una las pruebas en contra del acusado”, escribieron los fiscales Daniel Adler y Horacio Azzolín. “Si del conjunto de estas pruebas no puede deducirse una activa participación de Duret en los crímenes, sólo cabe esperar que un escribano certifique las acciones delictivas al momento de ser cometidas”, ironizaron.

El lunes pasado, Casación, en una decisión histórica, revocó la absolución del represor. Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos destacaron la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron “competencia positiva” en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Jaranzo y Esmoris lo dejaron en libertad.

Condenado ahora a 15 años de prisión, Duret pasó la noche en la Unidad 32 de los Tribunales Federales de Mendoza. La Gendarmería custodiará su traslado hasta el penal de Marcos Paz. Seguramente allí, en el pabellón de lesa humanidad, el coronel de 59 años encontrará un auditorio fiel para desarrollar la tesis que lo obsesionó durante su alegato en el juicio: sentenció que nada de lo que pasó en los ’70 hubiera pasado si Marx no hubiera escrito El Capital, y se quejó porque lo estaban condenando con el Código Penal del enemigo.

Ex coronel condenado, también se esconde en Chile

El ex coronel Duret, condenado a 15 años, también estaría escondido en Chile
La moda de esconderse tras la Cordillera

Como pasó hace un mes con el suspendido Otilio Romano, esta vez fue Duret quien salió del país justo antes de que Casación lo condenara por considerarlo responsable del crimen de Carlos Labollita, en 1976.

 Por Diego Martínez

Atravesar la cordillera para esperar en Chile decisiones cruciales sobre sus futuros parece ser una nueva costumbre de los imputados por crímenes de lesa humanidad. La inauguró un mes atrás el ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, que al día siguiente fue suspendido por el Consejo de la Magistratura. El domingo siguió sus pasos el coronel retirado Alejandro Duret, condenado un día después a quince años de prisión por la Cámara Nacional de Casación Penal. Igual que el cuyano, el militar responsable de secuestrar, torturar y desaparecer a Carlos Labollita en 1976 era técnicamente inocente y no tenía prohibición para salir del país. Hasta anoche ni siquiera tenía orden de captura, pedido que formuló el jueves el fiscal federal Daniel Adler y sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La pregunta obligada es si el viaje de Duret es pura coincidencia, si el oficial de Inteligencia del Ejército Argentino seguirá el ejemplo de Romano para buscar refugio e impunidad en los pagos de Sebastián Piñera, o si ya cruzó también el Pacífico y pronto sumará su nombre al de otros cuarenta represores prófugos.

Fiscales y abogados de organismos de derechos humanos coincidieron en destacar el valor de la decisión de la Sala IV de Casación. Los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Hornos y Augusto Díaz Ojeda no sólo revirtieron la absolución, también impusieron pena, asumieron “competencia positiva” en la jerga jurídica. Lo que no hicieron los miembros del máximo tribunal penal del país fue tomar alguna medida para evitar la fuga del militar, que estuvo con prisión preventiva hasta que los jueces Nelson Jaranzo y Alejandro Smoris lo dejaron en libertad.

Duret fue absuelto a mediados de 2009, cinco días después de la derrota electoral de kirchnerismo. El 9 de agosto último se realizó la audiencia pública en la que fiscales y abogados pidieron su condena en nombre de los familiares de la víctima, y militares retirados y allegados hicieron acto de presencia junto con Cecilia Pando. Comenzó entonces la cuenta regresiva para que Casación se pronunciara. Según el Código Procesal Penal, la Sala IV debió convocar a Duret en persona para conocerlo antes de fallar. La audiencia, sobre la cual el Ministerio Público Fiscal nunca fue notificado, se habría realizado a principios de mes.

El lunes, Casación firmó la condena y ordenó notificar al Tribunal Oral marplatense. El miércoles la noticia trascendió extraoficialmente. El jueves al mediodía, el fiscal ante Casación, Raúl Plee, les solicitó a los jueces que ordenaran la prohibición de salir del país para Duret. Cuando los representantes del Ministerio Público apuntaron el nombre del condenado en los registros de Migraciones (también son accesibles a los jueces) se encontraron con la novedad del viaje a Chile. Por la noche, el fiscal Adler pidió la captura nacional e internacional, sobre la que debe pronunciarse ahora el TOF de Mar del Plata, acotado esta vez a Carlos Rozanski dado que Esmoris y Jarazo están de licencia y se reponen de un accidente automovilístico ocurrido el martes.

Duret cruzó la frontera por Mendoza, como Romano, pero no en avión sino en auto. Según los registros de Migraciones, viajó en un Peugeot 206, patente EVC743, junto con un militar y su esposa. Se trata de Héctor Osvaldo Miranda, que en 2003 ascendió a teniente coronel, y su esposa Ana María Groppa, ambos radicados en el barrio de oficiales del Grupo de Artillería de Montaña 8 de Mendoza. Miranda tiene 56 años, edad con la que podría permanecer en actividad en el Ejército, aunque según bases de datos empresariales está abocado a tareas privadas en un rubro sensible a los uniformados: preside la agencia de seguridad Kustos. Migraciones también registró el retorno del matrimonio, apenas dos horas después, pero entonces a solas, sin Duret, que ya se había hecho una escapada al país trasandino el 17 de septiembre.

Funcionarios chilenos afirmaron durante el último mes que Chile respeta los derechos humanos. Tanto sus normas internas como el derecho internacional establecen que el status de refugiado no incluye a acusados (menos aún condenados) por delitos de lesa humanidad. Los trámites previstos para quien solicita el refugio, sin embargo, le permiten a Romano ganar tiempo y burlar la cárcel. En los próximos días se sabrá si el del camarista es un caso aislado o si Duret decidió acompañarlo.