Confirman la condena de 25 años cárcel al ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez

Un tribunal de segunda instancia uruguayo confirmó hoy la condena de 25 años de prisión impuesta en octubre del año pasado al ex dictador Gregorio Álvarez por "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y por un delito de "lesa humanidad".
Según fuentes judiciales, el tribunal desestimó los recursos de apelación impuestos tanto por la defensa como por el Ministerio Fiscal, que pedía condenar por el delito de desaparición forzada de personas al ex general y a Juan Carlos Larcebeau, otro ex militar acusado de "homicidio especialmente agravado", aunque referido a 29 personas.
Álvarez, de 84 años y actualmente en prisión, fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979, y gobernante de facto desde 1981 hasta el fin de la dictadura, en 1985.
El pasado 22 de octubre la Justicia lo condenó por su responsabilidad en la muerte en los años 1977 y 1978 de un grupo de opositores en complicidad con la dictadura argentina, así como por otros delitos de "lesa humanidad".
El ex dictador fue condenado entonces a la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze.
El ex militar, que se considera inocente de los crímenes, ingresó en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay en plena dictadura uruguaya.
La resolución del tribunal de segunda instancia consideró probado que Álvarez debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes opositores entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
La condena a Álvarez por estos delitos fue posible porque el ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), del izquierdista Frente Amplio, excluyó la aplicación en este caso de la Ley de Caducidad, que previene los juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, por tratarse de crímenes cometidos fuera del país o en camino hacia Uruguay, relacionados con las acciones del denominado "Plan Cóndor".
Este programa de represión aunó los esfuerzos de varias dictaduras latinoamericanas en los años setenta para acabar con opositores y disidentes, tanto en los propios territorios nacionales como en los de los países integrados en el plan.

Imputaron a dos jueces federales de Mendoza por violaciones a los derechos humanos

Lo resolvió el juez Walter Bento. Se trata de los camaristas Luis Miret y Otilio Romano, acusados por no investigar delitos cometidos durante el último gobierno militar. Alcanza a otros tres ex magistrados. Serán indagados próximamente.

El juez Walter Bento, titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, imputó a los camaristas federales de esa ciudad Luis Miret y Otilio Romano por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

A Miret se le atribuye la presunta comisión del delito previsto en el artículo 274 del Código Penal, en concurso real por haber, en principio, dada la función que desempeñaba la momento de tomar conocimientos de los hechos, faltando a la obligación de su cargo de juez federal, dejado de promover la investigación de presuntas desapariciones (con relación a siete personas), presuntas privaciones ilegítimas de la libertad (15 casos), presuntas torturas (seis casos) y presuntos robos (tres casos).

En tanto, a Romano se le atribuyen la presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos de que tomaba conocimiento durante su desempeño como fiscal federal en los hechos que habrían cometido miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad afectados a la lucha contra la subversión entre los años 1975 y 1983, en calidad de partícipe secundario, facilitando de tal modo la impunidad de los responsables de dicho plan y la continuidad del mismo, prima facie calificados como presunta infracción al art. 144 bis, inc. 1°, con el agravante establecido en el último párrafo de esta norma del Código Penal, y presunta infracción al art. 144 ter, inc. 2° del Código Penal, todo en concurso real (en 112 hechos en 94 casos).

También fueron imputados los ex jueces federales Guillermo Petra Racabarren, Gabriel Fernando Guzzo y Rolando Evaristo Carrizo.

Bento dispuso el siguiente cronograma de indagatorias:

Romano: será indagado el 26 de agosto, a las 9
Miret: el 27 de agosto, a las 9
Petra Recabarren: el 31 de agosto, a las 9
Carrizo: el 1° de septiembre, a las 9
En el caso de Guzzo, resta la resolución de un planteo por “inimputabilidad”

Se inició el juicio a represores en La Pampa

“Si estuvo preso, por algo será”

 Por Adrián Pérez

Mientras el coronel retirado Fabio Carlos Iriart –señalado como el principal responsable de la Subzona 14– no asistió a la audiencia por razones de salud, otros nueve represores acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad se negaron a declarar en la primera jornada del juicio oral y público que comenzó ayer en el Colegio de Abogados de Santa Rosa, La Pampa, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF), todos los imputados permanecerán detenidos en celdas de la Unidad 4 por el tiempo que demande el proceso judicial. Saúl Hugo Santesteban dirige el diario La Arena desde 1965 y fue uno de los dos testigos que declararon ayer sobre las circunstancias de su detención. “Me preguntaban por algunos artículos publicados que les molestaban a los señores militares”, le contó a Página/12. Aunque estaba citado para atestiguar el 30 de agosto, “como los acusados optaron por no declarar fui a testimoniar hoy (por ayer)”.............


Ex detenidos, querellantes y jueces realizaron una inspección ocular en la Unidad 9 de L a Plata

“No había que desesperarse, no era el fin”

En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata decidió recorrer la prisión donde fueron torturados y asesinados detenidos políticos durante la última dictadura militar.


 Por María Laura D’Amico

Pese a la ola de frío polar, ayer a las dos de la tarde un grupo de treinta personas esperaba amontonada en la vereda de la Unidad 9 de La Plata la llegada de los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 1. Estaban citados para realizar una inspección ocular, en el marco del juicio que se está realizando contra catorce penitenciarios acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

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