Miret sin más banca y camino a otro juicio
Por unanimidad, los siete integrantes del jury decidieron que Luis Miret dejara su cargo por “mal desempeño”, al considerar probado que omitió investigar y denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas durante 1975.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó de su cargo por el causal de mal desempeño a Luis Francisco Miret, miembro de la Cámara Federal de Mendoza desde la última dictadura hasta el año pasado. El tribunal consideró probado, con el voto unánime de sus siete miembros, que Miret omitió investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza en agosto de 1975, delitos denunciados por las víctimas en cautiverio y constatados en persona por el entonces juez federal subrogante. El flamante ex magistrado, que no presenció la audiencia en el Consejo de la Magistratura, había renunciado a su cargo con la esperanza de evitar el juicio político, maniobra que frustró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al rechazarle la dimisión. La investigación sobre la actuación de Miret durante el terrorismo de Estado continuará ahora en los estrados judiciales cuyanos, donde también está imputado Otilio Roque Romano, fiscal durante la dictadura y ex colega de Miret en la Cámara de Mendoza.
La causa que le costó la carrera a Miret comenzó a mediados de 1975 con detenciones en una manifestación de metalúrgicos. El sumario por infracción a la ley 20.840, de “seguridad nacional”, que el entonces defensor oficial instruyó como juez federal subrogante, continuó con allanamientos de madrugada en autos particulares y sin testigos e interrogatorios de personas amordazadas y vendadas en el D2, que meses después se convertiría en el principal centro clandestino de detención de Mendoza, a doscientos metros de la Casa de Gobierno.
–¿Cómo se siente? –le preguntó Miret a Hugo Tomini en su calabozo, al día siguiente de ser torturado, con “un estado físico tan deplorable que no pude levantarme”, según relató ante el Consejo.
–Dolorido –atinó a responder Tomini.
–Hay que aguantar –le aconsejó el magistrado.
Tomini no creyó que aquel hombre fuera juez, pensó que era “una patraña de la policía”. Tres días después, trasladado a tribunales para prestar declaración indagatoria, se sorprendió al constatar que quien juzgaría su conducta era el hombre que le había sugerido resistir la tortura.
León Glogowski contó ante el tribunal que cuando recibió la visita de Miret en el D2 estaba shockeado por las torturas y con un labio roto por los golpes. A pesar de las amenazas “hice de tripas corazón”, dijo, y denunció los padecimientos de los detenidos, incluidos los gritos de su novia de 17 años, encerrada en el calabozo vecino, quien pedía por favor que dejaran de violarla. Cuando Glogowski relató que además se ensañaban por su condición de judío, el juez le dijo: “¡También, con ese apellido!”.
“Miret tuvo noticia verosímil y directa de los delitos cometidos contra detenidos a su disposición a manos de integrantes de un grupo de tareas de la policía mendocina, cuyo jefe era el vicecomodoro Julio Santuccione”, concluyó el tribunal presidido por el juez Carlos María Bossi. En lugar de identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos, Miret “omitió toda diligencia”, agregó, y rechazó que “la alegada excusa de postergar la actuación pueda servir para justificar” su pasividad.
El Jurado de Enjuiciamiento explicó en sus conclusiones que las denuncias recibidas por Miret en el D2 lo colocaron frente a “un profundo dilema”, que no sólo incidiría sobre la situación de las víctimas, sino sobre “su carrera y probablemente la imagen de su persona”. O bien tomaba los recaudos para garantizar la integridad de los denunciantes, o bien los desoía “por el solo hecho de provenir de imputados por delitos de subversión” y, “sin asumir mayores responsabilidades”, los dejaba “librados a su suerte”. Miret optó por la segunda actitud, decisión que para el Consejo “vicia su aptitud moral para ejercer la magistratura”.
El tribunal minimizó que el Senado hubiera aprobado el pliego de Miret tras el retorno de la democracia, porque no se acreditó que los legisladores conocieran los hechos puntuales. Apuntó como agravante que “transcurridos más de treinta y cinco años y pasados varios gobiernos constitucionales, mientras el doctor Miret conservaba su investidura, nunca intentó remediar aquella grave falta, ya sea mediante su propia actuación jurisdiccional o denunciando aquellos hechos que había conocido sin hacer nada al respecto”. “Nada permite afirmar que una próspera carrera judicial ni una brillante actuación académica como la que dice tener Miret pueda saldar la deuda que contrajo con las víctimas de aquellos delitos, que se han hecho presentes personalmente o representados por organizaciones de derechos humanos para reclamar que el acusado se responsabilice de aquellas faltas graves”, concluyó.
El jurado que destituyó a Miret, presidido por Bossi, estuvo integrado por el juez Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti. El arquitecto Katz fue el único consejero que votó en disidencia sobre la responsabilidad de Miret por no investigar la violación a una menor de 17 años y permitir que siguiera en cautiverio. El ex intendente de Mar del Plata sostuvo que como la violación es un delito de acción privada que la víctima no había denunciado, el relato de su novio en el calabozo vecino no era motivo suficiente para destituir al juez.
El tribunal desestimó dos de las acusaciones contra Miret, formuladas originalmente por el ex consejero Héctor Masquelet y ya en el jury por Hernán Ordiales, Carlos Moreno y Alejandro Fargosi. La primera era por no excusarse de intervenir en el Juicio por la Verdad de Mendoza pese a su íntima amistad con el general Juan Pablo Saa. El jury sostuvo que, por la particularidad del proceso (sin consecuencias penales), su actuación “no se encontraba prohibida” y agregó que tampoco se había acreditado “falta de imparcialidad”. La segunda fue por archivar en 1987 un expediente en el que debía investigar el paradero de la hija de una pareja de desaparecidos. El jurado lo consideró “un error judicial fácilmente reversible”. En ambos casos votaron en disidencia y a favor de la destitución el diputado Landau y el senador Calcagno.
Por unanimidad, los siete integrantes del jury decidieron que Luis Miret dejara su cargo por “mal desempeño”, al considerar probado que omitió investigar y denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas durante 1975.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó de su cargo por el causal de mal desempeño a Luis Francisco Miret, miembro de la Cámara Federal de Mendoza desde la última dictadura hasta el año pasado. El tribunal consideró probado, con el voto unánime de sus siete miembros, que Miret omitió investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a personas detenidas en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza en agosto de 1975, delitos denunciados por las víctimas en cautiverio y constatados en persona por el entonces juez federal subrogante. El flamante ex magistrado, que no presenció la audiencia en el Consejo de la Magistratura, había renunciado a su cargo con la esperanza de evitar el juicio político, maniobra que frustró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al rechazarle la dimisión. La investigación sobre la actuación de Miret durante el terrorismo de Estado continuará ahora en los estrados judiciales cuyanos, donde también está imputado Otilio Roque Romano, fiscal durante la dictadura y ex colega de Miret en la Cámara de Mendoza.
La causa que le costó la carrera a Miret comenzó a mediados de 1975 con detenciones en una manifestación de metalúrgicos. El sumario por infracción a la ley 20.840, de “seguridad nacional”, que el entonces defensor oficial instruyó como juez federal subrogante, continuó con allanamientos de madrugada en autos particulares y sin testigos e interrogatorios de personas amordazadas y vendadas en el D2, que meses después se convertiría en el principal centro clandestino de detención de Mendoza, a doscientos metros de la Casa de Gobierno.
–¿Cómo se siente? –le preguntó Miret a Hugo Tomini en su calabozo, al día siguiente de ser torturado, con “un estado físico tan deplorable que no pude levantarme”, según relató ante el Consejo.
–Dolorido –atinó a responder Tomini.
–Hay que aguantar –le aconsejó el magistrado.
Tomini no creyó que aquel hombre fuera juez, pensó que era “una patraña de la policía”. Tres días después, trasladado a tribunales para prestar declaración indagatoria, se sorprendió al constatar que quien juzgaría su conducta era el hombre que le había sugerido resistir la tortura.
León Glogowski contó ante el tribunal que cuando recibió la visita de Miret en el D2 estaba shockeado por las torturas y con un labio roto por los golpes. A pesar de las amenazas “hice de tripas corazón”, dijo, y denunció los padecimientos de los detenidos, incluidos los gritos de su novia de 17 años, encerrada en el calabozo vecino, quien pedía por favor que dejaran de violarla. Cuando Glogowski relató que además se ensañaban por su condición de judío, el juez le dijo: “¡También, con ese apellido!”.
“Miret tuvo noticia verosímil y directa de los delitos cometidos contra detenidos a su disposición a manos de integrantes de un grupo de tareas de la policía mendocina, cuyo jefe era el vicecomodoro Julio Santuccione”, concluyó el tribunal presidido por el juez Carlos María Bossi. En lugar de identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos, Miret “omitió toda diligencia”, agregó, y rechazó que “la alegada excusa de postergar la actuación pueda servir para justificar” su pasividad.
El Jurado de Enjuiciamiento explicó en sus conclusiones que las denuncias recibidas por Miret en el D2 lo colocaron frente a “un profundo dilema”, que no sólo incidiría sobre la situación de las víctimas, sino sobre “su carrera y probablemente la imagen de su persona”. O bien tomaba los recaudos para garantizar la integridad de los denunciantes, o bien los desoía “por el solo hecho de provenir de imputados por delitos de subversión” y, “sin asumir mayores responsabilidades”, los dejaba “librados a su suerte”. Miret optó por la segunda actitud, decisión que para el Consejo “vicia su aptitud moral para ejercer la magistratura”.
El tribunal minimizó que el Senado hubiera aprobado el pliego de Miret tras el retorno de la democracia, porque no se acreditó que los legisladores conocieran los hechos puntuales. Apuntó como agravante que “transcurridos más de treinta y cinco años y pasados varios gobiernos constitucionales, mientras el doctor Miret conservaba su investidura, nunca intentó remediar aquella grave falta, ya sea mediante su propia actuación jurisdiccional o denunciando aquellos hechos que había conocido sin hacer nada al respecto”. “Nada permite afirmar que una próspera carrera judicial ni una brillante actuación académica como la que dice tener Miret pueda saldar la deuda que contrajo con las víctimas de aquellos delitos, que se han hecho presentes personalmente o representados por organizaciones de derechos humanos para reclamar que el acusado se responsabilice de aquellas faltas graves”, concluyó.
El jurado que destituyó a Miret, presidido por Bossi, estuvo integrado por el juez Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti. El arquitecto Katz fue el único consejero que votó en disidencia sobre la responsabilidad de Miret por no investigar la violación a una menor de 17 años y permitir que siguiera en cautiverio. El ex intendente de Mar del Plata sostuvo que como la violación es un delito de acción privada que la víctima no había denunciado, el relato de su novio en el calabozo vecino no era motivo suficiente para destituir al juez.
El tribunal desestimó dos de las acusaciones contra Miret, formuladas originalmente por el ex consejero Héctor Masquelet y ya en el jury por Hernán Ordiales, Carlos Moreno y Alejandro Fargosi. La primera era por no excusarse de intervenir en el Juicio por la Verdad de Mendoza pese a su íntima amistad con el general Juan Pablo Saa. El jury sostuvo que, por la particularidad del proceso (sin consecuencias penales), su actuación “no se encontraba prohibida” y agregó que tampoco se había acreditado “falta de imparcialidad”. La segunda fue por archivar en 1987 un expediente en el que debía investigar el paradero de la hija de una pareja de desaparecidos. El jurado lo consideró “un error judicial fácilmente reversible”. En ambos casos votaron en disidencia y a favor de la destitución el diputado Landau y el senador Calcagno.
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