Las víctimas de la dictadura que se desempeñaban en empresas públicas
La Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad ya identificó a 270 trabajadores que, cuando fueron secuestrados o asesinados, trabajaban en ENTel, Segba, Obras Sanitarias y otras empresas. Sus integrantes piden que se enmienden los expedientes adulterados.
Por Gustavo Veiga
Primero desaparecieron los trabajadores del Estado y después las empresas. La dictadura cívico militar y el menemismo se repartieron la aciaga faena entre 1976 y 1990. Los integrantes de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad resumen en un puñado de anécdotas cómo fue la dolorosa secuencia. Julián Scabbiolo detalla que hasta ahora se identificó a 270 compañeros gracias a una investigación iniciada a principios de 2007. Con la ayuda de Obdulia García Piñeiro recuerda los nombres de algunas compañías donde ellos se desempeñaban y que ya no existen: ENTel, Segba, Gas del Estado, Obras Sanitarias, ELMA, Encotel... Diego Rodríguez muestra el legajo con los datos de su padre donde resalta uno, cesante, que tergiversa su condición de desaparecido. Silvina Giaganti cuenta que, en el jardín de infantes de su hijo, una mamá identificó a su tío gracias a la revista en la que colaboran todos, Construyendo memoria. Juan José Leiva recuerda su paso por la línea A del subte hasta el día en que lo forzaron a renunciar y lo secuestró el Ejército.
Los cinco comparten una ronda de mates en el Archivo Nacional de la Memoria, desde donde se decidieron a poner la historia en su lugar. “Parecería que la dictadura transcurrió en paz y orden dentro de la administración pública. Hubo sabotajes, paros y hasta trabajo a tristeza”, describe el grupo que espera la firma de un decreto presidencial para reparar la adulteración de expedientes que hablan de bajas, suspensiones y despidos. En su lugar, deberían llevar una inscripción: detenido-desaparecido.
“Empezamos a recuperar los legajos de los trabajadores y fue un gran acontecimiento, porque contenían injusticias. El Estado terrorista era el asesino y además el empleador. Tenemos compañeros a los que detuvieron camino a la empresa, otros a los que desaparecieron en las oficinas y los restantes que eran dados de baja y secuestrados seis meses después. Decidimos no juntar papeles porque sí y asumimos el compromiso de conseguir una herramienta para poder reparar esta situación”, dice Scabbiolo, de la Juventud de Obras Públicas. Con el aplomo de un veterano señala: “Tenemos identificados a 270 compañeros, aunque sabemos que son más y que la difusión va a ser determinante para que los familiares se acerquen, conozcan la existencia de la Comisión y puedan brindar su testimonio”. Invita a presentarse en el Ministerio de Economía, Hipólito Yrigoyen 250, oficina 1141, o en la ex ESMA, Avenida del Libertador 8151, oficina 69.
A su lado, Leiva comenta que es un “sobreviviente” y que trabajaba en Subterráneos de Buenos Aires, de donde lo forzaron a alejarse en 1978 bajo amenazas de muerte. “Fui perdiendo compañeros que iban cayendo uno tras otro: el ‘Flaco’ Agustín Nuñel, el ‘Tano’ Roberto Rizzi, Correa, Chalampa, compañeros de mucha valía que se los llevaron porque eran los más humanos, los más combativos”. Hoy todavía lucha de manera infructuosa para conseguir su reincorporación a Metrovías. Militante de la JP, recuerda con minucioso detalle al interventor, el teniente coronel José Luis Pintos: “Un hombre morocho, alto, que vestía ropa de gala del Ejército, con botas largas, anteojos ahumados, una gorra marrón bien puesta sobre los ojos y la fusta con la que se pegaba en las botas. No lo voy a olvidar más, se paseaba entre nosotros preguntándote qué hacías y apelaba al insulto para intimidar”.
García Piñeiro trabaja en la ex ESMA, ese espacio recuperado para mantener encendida la memoria. “Un legajo dice muchísimo de las personas, nos dice que eran excelentes trabajadores, que cumplían evaluaciones. Se ven las historias de sus hijos, cómo crecían, los certificados de escolaridad, son historias que te llenan de cariño. El primer familiar con el que me encontré fue Diego y eso me produjo mucha emoción.” Rodríguez, abogado y asesor en derechos humanos de la Legislatura porteña, lo corrobora: “Yo me acerqué a la Comisión por intermedio de Obdulia”. Angel Alberto, su padre, era empleado de Obras Sanitarias. Desapareció el 4 de agosto de 1976. Lo secuestraron en el Bajo Belgrano, en Húsares y Monroe, muy cerca de la cancha de River y del centro clandestino de detención más emblemático de la dictadura, donde ahora los cinco reconstruyen la identidad de los trabajadores del Estado desaparecidos.
Tienen una herramienta a mano para lograrlo. El 27 de marzo de 2007 se firmó un acta acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación y el Archivo Nacional de la Memoria. Una ambiciosa tarea los mantiene ocupados: desarrollar las tareas de relevamiento y documentación del personal desaparecido que se desempeñaba en el también desaparecido Ministerio de Obras y Servicios Públicos, creado en 1898 y víctima del desguace del Estado en la década del ’90, casi un siglo después. “Un decreto del ’91 lo disuelve. Nosotros teníamos el edificio de la 9 de Julio y Belgrano que el menemismo planteó tirarlo abajo. Todo el personal pasó al Ministerio de Economía y muchos compañeros se fueron por retiro voluntario”, señalan.
Además de recuperar legajos, cruzar sus datos con la Conadep y entregarlos al Archivo, la Comisión organiza ciclos de formación en derechos humanos para la administración pública. Son visitas a la ex ESMA que se realizan todos los meses y de las que ya participaron más de 800 trabajadores desde que comenzaron a mediados de 2008. La iniciativa corrió por cuenta de un ex detenido desaparecido que pasó por aquel centro clandestino y es empleado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Giaganti, quien junto a Scabbiolo y Leiva se desempeña en la Secretaría de Obras Públicas, redefine el concepto bastardeado que se tiene del empleo público: “Nosotros sentimos que el trabajador del Estado debe cumplir un rol social, para la gente, lo que equivale a construir viviendas o que llegue el agua a un barrio, o instalar cloacas. Cumplimos tareas todos los días con esa convicción. Trabajar en el Estado no estaba bien visto y hoy para nosotros es un orgullo”. Rodríguez rescata “el valor histórico de la labor que cumple la Comisión. Yo, como hijo de un desaparecido que formó parte de una empresa pública, tomé el trabajo que hacen como una bandera propia. Y estoy seguro de que servirá para que los empleados actuales conozcan a compañeros que caminaban por los mismos pasillos, que laburaban como ellos y que una política criminal les sustrajo su identidad”.
La reconstrucción de esas vidas y de cómo la dictadura militar irrumpió en los organismos del Estado para arrebatarlas, avanza en diferentes narraciones a lo largo de la entrevista. “A los compañeros los secuestraron con las camionetas de las dependencias de empresas públicas y ahora los micros que nos traen a la ex ESMA son para reconstruir la memoria”, compara Scabbiolo. “En los legajos que recuperamos había cartas de compañeros pidiendo por alguien que no estaba asistiendo al trabajo. Firmaban notas sabiendo que arriesgaban su vida al pedir por un desaparecido. Se dice que había delaciones de unos a otros, pero nosotros vemos que los legajos dicen otra cosa”, explica Giaganti. “Esto no es trabajar sobre el pasado, es trabajar sobre el futuro”, concluye García Piñeiro y todos asienten con el convencimiento de que están completando una historia que tiene muchas ventanas abiertas.
A la espera del decreto
La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad espera por un decreto que disponga –como dice el borrador de su artículo 1º– “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de las personas físicas que (...) revistaban como personal dependiente de la Administración Pública Nacional, aun cuando las mismas figuraran dadas de baja”. Los empleados que se desempeñan básicamente en el Ministerio de Planificación Federal descubrieron que sus pares, víctimas del terrorismo de Estado, tienen sus legajos plagados de palabras como “baja”, “cesante”, “suspendido”, “despido” o “limitar servicios” y que esto fue posible por leyes como la 21.260, promulgada el mismo día del golpe, y la 21.274, que decretaron despidos masivos entre los trabajadores.
La segunda de las normas, aprobada el 29 de marzo, sostenía en su artículo 1º: “Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de servicio, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Poder Judicial, en el Congreso Nacional y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entes autárquicos, organismos descentralizados de cualquier carácter, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del mismo”.
El decreto que pronto quedará a la firma terminará con la adulteración documental de los legajos y se apoya en un expediente de 22 cuerpos y 11.600 fojas. Según los empleados de la Secretaría de Obras Públicas, pesa tanto que tuvieron que moverlo en dos carretillas. La intención de los trabajadores es que el decreto se haga extensivo a un período mucho más amplio, tomando como punto de partida el bombardeo del 16 de junio de 1955 y a todas las víctimas del terrorismo de Estado que lo sufrieron desde adentro
