Confirman el procesamiento de ex secretario de Hacienda de la dictadura

Lo dispuso la Cámara Federal porteña. Se trata de Juan Alemann, acusado del delito de coacción, en el marco de una investigación vinculada a la megacausa ESMA. El tribunal también ratificó un embargo por un millón de pesos.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Juan Ernesto Alemann, ex secretario de Hacienda durante el último gobierno militar, en el marco de una investigación por coacción. El tribunal también ratificó un embargo sobre los bienes del acusado por un millón de pesos.

En la causa se investiga el hecho ocurrido a mediados de 1980, cuando el ex funcionario, mientras se desempeñaba como secretario de Hacienda, ingresara en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) a fin de tomar contacto, en la sala de torturas y partos conocida como “Huevera”, con Orlando Ruiz, quien se hallaba allí privado ilegítimamente de su libertad, desde mayo de ese año aproximadamente, encapuchado, esposado y engrillado, con la finalidad de que el detenido le diera datos sobre el atentado del que habría sido víctima Alemann en su domicilio, en noviembre de 1979 y que habría sido llevado a cabo por un “comando montonero”.

Alemann es considerado por la Cámara, en esta etapa del proceso, como partícipe necesario del delito de coacción. En primera instancia había sido calificado como “autor” del ilícito, pero el tribunal modificó el grado de responsabilidad.

Mendoza: la querella pidió prisión perpetua para los acusados

Juicio a represores: la querella pidió prisión perpetua para los acusados

Además, los abogados exigieron que los imputados revelen dónde están los cuerpos de los desaparecidos en la última dictadura militar.

El primer juicio en Mendoza por la desaparición forzada de cuatro militantes justicialistas durante la última dictadura militar entró hoy en su tramo final con el pedido de condena a prisión perpetua para tres de los cuatro imputados por parte de la querella, y que los imputados digan dónde arrojaron los cuerpos de los desaparecidos.

Durante los alegatos de la querella, Diego Lavado pidió las penas de “prisión perpetua” para el ex teniente Aníbal Guevara; el ex comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe; y el ex integrante de la D2 de la Policía, Juan Labarta, acusados de homicidio triplemente agravado, aplicación de tormentos, asociación ilícita y falsedad ideológica.

En tanto que para el ex abogado de la policía, Raúl Egea Bernal, solicitó una pena de doce años de prisión ya que lo exceptuó del homicidio.

El juicio oral en el que se investiga la desaparición de Pascual Sandoval, José Guillermo Berón, Roberto Osorio y Francisco Tripiana continuará el lunes cuando aleguen los fiscales Dante Vega y Francisco Maldonado. Luego del censo será el turno de los defensores de los imputados, y unos días después, el Tribunal Oral II que integran Roberto Burad, Héctor Cortés y Roberto Nacif dictará la sentencia.

En más de dos horas y media de exposición, Lavado dio una cátedra acerca de los aportes brindados por las jurisprudencias alemana y francesa, habló de los aparatos organizados de poder y detalló el dominio del hecho y los grados de participación de los distintos actores en las cinco regiones en las que se dividió a la Argentina desde marzo 1976 para lograr su control operacional.

En tanto, Pablo Salinas alegó que en Argentina "hubo una organización criminal, un plan común que tenía por finalidad delictiva de la Junta eliminar a los oponentes e incluso apropiarse de los niños", y que "contaba con un grupo de tareas, integrado entre otros por el imputado y ex Teniente Aníbal Guevara, y los ex policías Labarta, Fierro, López, Mússere (imputado pero fallecido durante este juicio), y Trentini".

El letrado calificó a las autoridades militares y policiales de los 70 como "una empresa criminal llevada adelante por los integrantes de la Junta Militar a partir del terrorismo de Estado".

"La sola pertenencia a esa organización criminal, es prueba suficiente para condenar a los imputados", dijo Salinas.

Finalmente, el querellante les habló a los imputados diciéndoles que cualquiera de ellos tiene aún la posibilidad de decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos.

"Apelo a que antes de que termine el juicio nos digan dónde están ellos", dijo y les pidió "un poco de dignidad" por las familias no tienen a dónde llevarle flores a sus muertos. "Digan dónde están los cadáveres, quedó probado que ustedes saben dónde están", concluyó.

Por su parte, Alfredo Guevara pidió además que el Juzgado Federal investigue ahora la participación del ex comisario Hugo Trentini (condenado por el homicidio del estudiante bonaerense Sebastián Bordón); y compulsas para el ex comisario Oscar Raúl Pérez, el comisario Pedro Carrió Lopez, y Braulio Navarro Chirino (por ser en 1976 director de la penitenciaría donde hubo mujeres detenidas).

Las compulsas podrían recaer también sobre el sacerdote Franco Reververi, quien fue visto por varios detenidos en momentos que se realizaban torturas; el médico José Miguel Ruiz Pozo, Miguel Savés y el oficial Gerardo Gutiérrez, quien figura haber trasladado a Tripiana en marzo de 1976.

Confirman procesamiento de carlos Somoza, ex agente de inteligencia del Ejército

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de procesar con prisión preventiva a Carlos Somoza. En la causa se investiga la actuación del Batallón de Inteligencia 601 durante el último gobierno de facto.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del el ex agente de inteligencia del Ejército, Carlos Somoza, en el marco de una causa que investiga la responsabilidad del Batallón de Inteligencia 601 por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

Somoza está acusado de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Para los camaristas, “se ha acreditado la conformación de una asociación ilícita que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, contando con explosivos y armas de fuego de gran poder ofensivo”.

Para los jueces, “ese grupo se constituyó desde la instauración de la dictadura militar en el año 1976 y contaba con conexiones con las autoridades de diferentes zonas y destacamentos del Ejército, a partir de una planificación específica y concreta, sistemáticamente empleada para desplegar  operativos que culminaban en el secuestro de individuos”.

“La organización actuaba bajo las pautas de un plan elaborado con la finalidad de localizar y detener a determinadas personas, mantenerlas en cautiverio en centros clandestinos especialmente preparados para ello, y someterlas a interrogatorios a través de prácticas inhumanas y degradantes previamente concebidas con el objeto de obtener información”, detalla el fallo.

Según los magistrados, “el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino era en esos años el encargado de reunir, elaborar y distribuir la información; mientras que los grupos operativos concretaban los procedimientos de acuerdo con los datos aportados por el batallón”.

Con respecto a la responsabilidad específica de Somoza, los jueces indicaron que “el área donde se desempeñaba el imputado tenía un rol estratégico en la estructura ilegal. En efecto, la Central de Reunión era el sector encargado de recolectar la información obtenida por los grupos de tareas mediante torturas y tratos degradantes”.

Piden enjuiciar a un general uruguayo

POR EL CRIMEN DE NIBIA SABALSAGARAY, UN CASO EMBLEMATICO DE LA PASADA DICTADURA

Una fiscal uruguaya solicitó el procesamiento con prisión del militar en actividad Miguel Dalmao y del coronel retirado José Nelson Chialanza, acusados de ser coautores del homicidio de una militante comunista.

 Por Mercedes López San Miguel

Por primera vez, la Justicia uruguaya recibió el pedido de procesar y encarcelar a un militar en actividad, Miguel Dalmao, hoy jefe de la División de Ejército IV. Dalmao está acusado de ser coautor del “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. La fiscal Mirtha Guianze también solicitó el procesamiento en base a la misma figura jurídica de José Nelson Chialanza, un coronel retirado.

Como un hecho histórico, la Corte Suprema determinó en octubre de 2009 que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso de Nibia Sabalsagaray. Los jueces basaron su argumento en que la norma viola la separación de poderes y no puede ser entendida como amnistía, porque no fue aprobada por los principios constitucionales. La Ley de Caducidad ampara a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), no así a los civiles. En 2005, el presidente de centroizquierda Tabaré Vázquez había excluido la muerte de Sabalsagaray de la norma “en virtud de que habría sido detenida por dos militares y dos civiles”.

Uno de los abogados de la familia Sabalsagaray, Juan Errandonea, confirmó a Página/12 que la fiscal presentó la demanda en el despacho del juez Rolando Vomero. Errandonea señaló que a ambos oficiales se los acusa de “coautores” del homicidio de la joven, lo que significa que no pudo probarse que sean los autores materiales, pero sí que participaron del delito. Chialanza era jefe del Batallón de Transmisiones Nº1 cuando se produjo la muerte supuestamente por torturas de Sabalsagaray, en 1974. Dalmao era entonces alférez –el grado más bajo de oficial–.

La versión oficial de la época señala que Sabalsagaray se ahorcó con un pañuelo en el calabozo donde estaba detenida, en 1974. Los militares entregaron el cuerpo sin vida de la joven de 23 años en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo. La indagatoria judicial, reactivada a partir del fallo de la Corte, permitió deslegitimar la teoría del suicidio. El abogado dijo a este diario que de las pericias que se incluyen en el expediente se desprende que Nibia fue víctima de torturas. “La versión militar es insostenible científicamente según pudo constatar una junta de médicos forenses y psicólogos. Los testigos declararon que la tortura era sistemática en ese cuartel. Y a esto se sumó el testimonio de Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que por entonces era estudiante de medicina y como amigo de la familia constató que la joven Sabalsagaray presentaba múltiples lesiones.”

El hoy coronel retirado Chialanza declaró ante la Justicia que los integrantes de la Inteligencia militar eran los únicos con potestades en la unidad para interrogar a los detenidos. Dalmao admitió ser integrante del “S2” (Inteligencia militar) de ese cuartel. Para el abogado Errandonea, Dalmao se contradijo en sus comparecencias ante la Justicia. El diario La República publicó la declaración de marzo de este año, cuando el general negó cualquier implicancia en la muerte de la joven, manteniendo la versión que aportó en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar durante la indagatoria del caso en plena dictadura. “Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscripto (Dalmao) recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray, y al asomarse a la celda número tres notó que la mencionada se encontraba arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima.” “Una vez adentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho” (declaración Dalmao al Supremo Tribunal Militar).

Sin embargo, cuando compareció en 2006, Dalmao dijo haberse enterado de la muerte de Sabalsagaray “por información que circuló en el batallón apenas constatado su deceso”. Cuando se le preguntó sobre las contradicciones existentes entre sus testimonios de 1974 y 2006, el oficial afirmó que en el último caso dijo lo que dijo porque “lo tenía en el alma, sin asesoramiento jurídico y sin haber analizado la documentación sobre el tema”.

Ahora la decisión queda en manos del juez Vomero. Si acepta el criterio de la fiscal, procesará al general Dalmao y al coronel retirado Chialanza, quienes podrán apelar, pero en prisión. Si el magistrado discrepa con el pedido de la fiscal, Guianze tendrá la posibilidad de recurrir a un Tribunal de Apelaciones. Resta esperar.

Musa Azar, ex jefe de inteligencia santiagueño: "Yo sólo cumplía órdenes"

MUSA AZAR: AQUI DEBERIAN ESTAR VIDELA, MENENDEZ, BUSSI Y OTROS
 
El ex jefe de inteligencia santiagueño, Musa Azar, dijo hoy que en el banquillo de los acusados "deberían estar" los ex militares Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, la ex gobernadora Mercedes Nina Aragonés de Juárez y otros, en el marco del juicio de lesa humanidad por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky.

El Ejército Argentino era el único responsable del aniquilamiento de la guerrilla y por eso en este juicio deberían estar los ex militares Videla, Menénde, Bussi y la ex gobernadora Nina Juárez y otros, que siguen en libertad, dijo el temible Azar, que cumple una condena de prisión perpetua por el denominado doble crimen de La Dársena.

El ex jefe de la denominada Gestapo santiagueña, explicó que la única autoridad eran los militares, al extremo que destruían los habeas corpus en Santiago y que el coronel Correa Aldana daba las órdenes y otros ex militares como Jorge D`Amico, Sánchez, Fiorino, y el entonces jefe de policía, Herrera, las ejecutaban.

El coronel Correa Aldana y el juez federal Liendo Roca me autorizaban a llevar y sacar detenidos del Penal de Varones para interrogarlos, además de órdenes que debíamos cumplir, caso contrario me iban a volar la cabeza, añadió.

En otro pasaje de sus declaraciones, quien durante décadas manejó la inteligencia santiagueña en gobiernos militares y constitucionales, aseguró que la ex gobernadora Nina Juárez tenía conocimiento que se utilizaba el avión de la gobernación para traer armas de Paraguay destinadas a la guerrilla.

Una vez Videla amenazó al ex gobernador Carlos Juárez (fallecido) que la provincia iba a caer en desgracia si la policía no colaboraba con el Ejército y a los pocos días, inexplicablemente, comenzaron a aparecer personas muertas, entre ellas un abogado con un balazo en la nuca, precisó.

Sobre el crimen de Kamenetzky, en un presunto intento de fuga, Musa Azar explicó que los disparos fueron realizados por el comisario Corvalán (fallecido), mientras que el otro guardia (López Veloso) estaba en el baño.

A poco de iniciarse el juicio por el crimen de Kamenetzky, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero había decidido suspender las audiencias contra Videla y Menéndez, que afrontan similar proceso en Córdoba y la de Bussi, en base a un informe médico forense que indica que el ex militar "no está física ni síquicamente en condiciones" de participar de las audiencias.

Otro de los represores juzgados, el entonces oficial Ramiro López Veloso, aseguró que no participó en él allanamiento de su casa y la posterior detención y crimen del estudiante Kamenetzky.

Yo no lo maté, las pruebas de parafina que me realizaron dieron negativo, además tenía 9 superiores en la dependencia y más de 400 en toda la policía, aclaró López Veloso ante el grito de asesino de los familiares de desaparecidos en la última dictadura militar.

En tanto, Tomás Miguel Garbi, el restante acusado por el crimen, aseguró que el procedimiento de allanar la casa y detener a Kamenetzky fue dada por el juez federal Liendo Roca y que el estudiante de 18 años fue asesinado en un intento de fuga cuando yo no estaba presente en la dependencia.

La ronda de testigos concluyó hoy con el ex secretario del Juzgado Federal, Marcelo Busto Arias, que dijo no recordar ante la mayoría de las preguntas formuladas por las partes, aunque aclaró que durante la dictadura militar los procesos eran normales y se trabajaba con libertad.

Asimismo negó la presencia de personal policial y militar durante la indagatoria de los detenidos y sobre denuncias de apremios ilegales que formularon y den uncieron en el juicio numerosos ex presos políticos.

Finalmente, el ex preso político Miguel Cavalli, que decidió exiliarse en Estados Unidos, recordó que Musa Azar disfrutaba con la tortura, siempre salía sonriente de la sala de tormentos y que a Kamenetzky lo mataron por ser judio.

También denunció que varios ex funcionarios judiciales y del gobierno de Carlos Juárez colaboraron para aniquilar la guerrilla, entre ellos el ex ministro de Gobierno, Robín Zaiek, los ex jueces federales Santiago Grand y Liendo Roca, Santiago Olmedo, Lorna Hernández y el secretario López.

Mi novia y yo fuímos condenados a 3 años y 2 meses de prisión por integrar un centro estudiantil en aquella época, concluyó.

Ordenan detención del general Ríos Ereñu,

El pasado vuelve para un ex jefe del Ejército

El general retirado Héctor Ríos Ereñú, ex jefe Mayor del Ejército durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue procesado por el secuestro y asesinato, en agosto de 1976, de un dirigente de la Juventud Peronista de Salta. Se trata de Jorge Mario Santillán, muerto en la localidad de General Mosconi cuando Ríos Ereñú se desempeñaba como jefe del Regimiento de Infantería de Monte Nº 28 de Tartagal. Además de procesarlo, el juez federal Miguel Medina pidió la detención del ex jefe del Ejército.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la esposa de Santillán, Irma Prado, quien relató que cinco encapuchados llegaron a su casa en General Mosconi y secuestraron a su esposo, luego de golpearlo frente a sus cuatro hijos.

El militante fue introducido en un auto que partió rumbo a Tartagal. Horas después, su cuerpo fue encontrado sin vida, tirado al costado del camino que conduce a Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi, dinamitado por una carga de gelamón. El mismo explosivo había sido utilizado unos días antes para eliminar a sus también secuestrados compañeros Pedro Urueña y Menena Montilla.

Junto con Ríos Ereñú fue procesado además el ex jefe de la Guarnición Salta, el coronel (r) Carlos Mulhall, quien ya cumplía detención domiciliaria por estar acusado de otros casos de violaciones a los derechos humanos.

Por el secuestro de Santillán, Ríos Ereñú fue indagado en su momento, cuando en su defensa alegó no haber tenido nada que ver con el asesinato, del que aseguró que recién tomó conocimiento en el año 2006, cuando fue citado por esta causa.

Sin embargo, el testigo Jesús Domínguez desbarató esta versión, ya que aseguró que vio cuando Santillán era conducido en un auto al Regimiento 28, que comandaba Ríos Ereñú, y que luego ese mismo vehículo abandonó las instalaciones del Ejército. Lo que se sospecha es que los secuestradores recibieron allí la orden de eliminar al dirigente.

Ríos Ereñú también había asegurado que en los pueblos del Norte provincial no hubo “actividad subversiva”, y en esa línea negó haber sido jefe del subárea 322-1, la designación que la dictadura le dio a esa zona salteña en el mapa de la represión. Pero el juez Medina dio por probado que Ríos Ereñú ocupó ese cargo y que no pudo ser ajeno al secuestro y eliminación de Santillán. En su fallo, el magistrado concluyó: “Surge claro en el accionar evidenciado por distintos grupos de tareas que buscaban erradicar a personas con ideología socialista o marxista, lo que en el caso especial de Santillán se ha plasmado con el brutal episodio de su muerte”.

Declaró Chicha Mariani por el plan sistemático de robo de bebés

“Esto es un cuchillo en el corazón”

Fue una audiencia anticipada del juicio que comenzará en marzo. Mariani pidió declarar por temor a no poder hacerlo en ese momento. Habló de la posibilidad de que Marcela Noble sea su nieta Clara Anahí, secuestrada durante la dictadura.

 Por Alejandra Dandan

“Uno de los grandes miedos era que pasara el tiempo y no encontráramos a los chicos –señaló María Isabel Chorobik de Mariani–. Son treinta y tres años de incertidumbre. Es una tortura continua. Nosotros lo sabemos, es un cuchillo en el corazón, hasta que un día quizás en este camino encuentre a mi nieta.”

Chicha Mariani abrió en los hechos con su testimonio la etapa oral del juicio contra los jefes de la última dictadura por el robo y apropiación de bebés. El juicio oral cuyo comienzo fue postergado el último 20 de septiembre pasado se iniciará formalmente el próximo marzo. Lo de ayer fue un anticipo de ese debate. A los 86 años, la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Tribunal Oral Federal 6 adelantar su testimonio, temerosa en cierta forma de no estar en condiciones para declarar en marzo.

En su relato, la mujer que aún sigue buscando a su nieta Clara Anahí habló del secuestro de su nuera, de la muerte de su hijo y de la desaparición de la niña. Enumeró las incontables gestiones que llevaron adelante las primeras mujeres que iniciaron las búsquedas de sus nietos. Habló del primer antecedente de Abuelas, como Asociación de las Abuelas con nietitos desaparecidos; de los avatares para encontrar en cualquier lado del mundo las formas para poder comparar las huellas genéticas de sus sangres con las de los niños robados. Y también del caso Noble Herrera, y de las señales que a ella le permiten sostener las sospechas de que Marcela Noble podría ser su nieta: “Yo leía todos los días varios diarios. Una vez supimos en Abuelas que los hijos de Noble eran adoptados. Yo pensé: ¿por qué Marcela no podría ser Clara Anahí?”.

Como otros familiares, había ido a ver a representantes de la Iglesia Católica. Entre ellos, a monseñor José María Montes, en la catedral de La Plata, y luego a Emilio Grasselli a la capilla Stella Maris. Les pidió ayuda, les dio los datos, y cuando regresó a buscar información, ambos, en oportunidades distintas, le respondieron más o menos lo mismo. Montes la recibió enojado diciéndole que estaba entorpeciendo la vida de la gente que tenía a la nena, que no lo molestara más y le cerró la puerta en la cara. Grasselli fue más directo. “Me dijo –indicó Chicha– muy enojado, que mi nieta estaba con gente de mucho poder y que no se la podíamos sacar.”

Cuando las Abuelas supieron de la adopción de la dueña de Clarín, Chicha fue al juzgado donde estaba el expediente, y se quedó buscando hasta tarde información. Allí vio que las fechas no coincidían (Marcela fue supuestamente adoptada en mayo de 1976) y se dijo a sí misma que no iba a seguir con el caso, que lo dejaba en manos de otras abuelas.

La búsqueda sin embargo no terminó. Cuando se enteró de las irregularidades del expediente de adopción, volvió a pensar en la posibilidad de que Marcela fuera Clara Anahí. Chicha aseguró en la audiencia que Juan Fiorillo, el policía que sacó de la casa de su nuera a Clara Anahí, fue “el mismo que la llevó a la casa de los Noble”. Camps, dijo, “le ordenó a Fiorillo que pusiera a la nena en el auto” con el cual primero la llevaron al Hospital Italiano de La Plata para una revisión. El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires había dirigido personalmente el operativo en la casa de su nuera, Diana Teruggi, en la calle 30 de La Plata, el 24 de noviembre de 1976.

Una y otra vez habló de Marcela. Ya había dicho que durante muchos años las abuelas habían ido encontrando caminos alternativos para tratar de identificar a sus nietos. Que cuando todavía no estaba la posibilidad del ADN, aprendieron que había ciertos rasgos que podían heredarse. En la audiencia se acordó de las imágenes del casamiento de Felipe Noble, y de cómo había logrado ver la imagen de la mano de Marcela, convencida de que es como la de ella.

Antes y después, explicó cómo nacieron los primeros datos de los análisis genéticos. En los años de la dictadura, ella había leído algo en un diario sobre la posibilidad de obtener información a partir de análisis de sangre, pero sin la presencia de los padres biológicos. Llevaba ese papelito en la agenda. Viajaron a Suecia a preguntar si eso existía, se reunieron con el director del Instituto de Sangre, que al escucharlas se puso tan nervioso, recordó, que se pasó toda la entrevista arañándose el cuello. Viajaron al Hospital de la Piedad en París, pero tampoco sabían absolutamente nada de lo que ese papelito decía. Fueron a Alemania, donde les dijeron que era absurdo y que de dónde habían sacado la noticia. Viajaron a Finlandia, convencidas de que podían encontrar a uno de los chicos porque tenía una marca en el esternón. “Buscábamos a ciegas –dijo–. Nada se sabía, nos mentían”, hasta que llegaron al banco de sangre de Nueva York y de allí a California, donde les dijeron que sí, y empezaron a trabajar en lo que luego se conoció como el “índice de abuelidad”.

En la audiencia, Chicha enumeró los hábeas corpus, los contactos con referentes de la Iglesia Católica, el intento frustrado de una entrevista con el papa Juan Pablo II. Las entrevistas con líderes de otras Iglesias. “La Iglesia argentina nos cerró la puerta –dijo, cansada–. Entonces yo necesitaría tener tres vidas más para seguir buscando a mi nieta. Como dije, me enojo también ahora.”

Los camaristas Romano y Miret logran apartar al juez de la causa en la que son investigados por complicidad con la dictadura

En la Justicia mendocina, amigos son los amigos

La resolución fue firmada por tres jueces que fueron recusados y denunciados por no inhibirse en el expediente contra sus colegas, con quienes mantienen una amistad de años. Uno de ellos, además, está acusado en el Consejo por liberar a represores.

Por Irina Hauser

La Cámara Federal de Mendoza separó al juez federal Walter Bento de la causa contra los jueces Otilio Romano y Luis Miret, que integran ese mismo tribunal, a quienes les había imputado complicidad y participación en crímenes de la dictadura. La resolución fue firmada por Julio Petra Fernández, Miguel Angel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo a pesar de que fueron recusados y denunciados por los organismos de derechos humanos de la provincia y por el fiscal Omar Palermo por no inhibirse en el expediente contra sus colegas, con quienes mantienen una amistad de años. En el caso de Petra, además, habían pedido que no interviniera en expedientes por delitos de lesa humanidad, ya que él mismo es investigado en el Consejo de la Magistratura por haber liberado a todos los represores en su jurisdicción. También mostraron que el propio Romano se excusó de actuar en un reclamo de Rago Gallo para sacar la plata del corralito debido a la relación que los une.

La recusación contra Bento había sido presentada por Romano, quien lo denunció por “enemistad manifiesta” y pidió correrlo de la investigación que lo involucra en delitos de lesa humanidad. La causa a cargo de Bento, impulsada por el fiscal Palermo, tiene a esta altura muchos elementos de prueba: a Miret, que era juez durante la última dictadura, se le imputaron 31 hechos vinculados con su omisión de denunciar e investigar secuestros, torturas, desapariciones y robos a ex detenidos; Romano, que era fiscal en la misma época, quedó involucrado como partícipe secundario en 55 privaciones ilegítimas de la libertad y 39 hechos de torturas. Miret fue indagado por Bento y también avanzó el expediente en el Consejo de la Magistratura, que finalmente lo suspendió y lo mandó a juicio político por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. Romano logró eludir su indagatoria con un certificado de problemas de salud. Frenó un primer tramo de la investigación en el Consejo con una medida cautelar firmada por un juez ad hoc, aunque ahora en el cuerpo avanzarían otras denuncias.

Para tratar la recusación de Romano contra Bento, la Cámara quedó integrada por Petra Fernández y los sanjuaninos Rago Gallo y Gálvez. La querellante y víctima Luz Faingold –representada por los abogados Pablo Salinas y Vivian Beigel–, el fiscal Palermo y el propio juez Bento pidieron el apartamiento de los camaristas por su amistad íntima con Romano. Sin embargo, el tribunal los consideró “terceros ajenos” al caso y se negó a darles trámite a sus planteos. Sólo reconocieron como parte interesada a Romano. Así, anteayer resolvieron correr a Bento por posible “enemistad y animadversión”. Argumentaron que existe una situación “emotiva suficiente” para suponer su parcialidad o su eventual “violencia moral y psíquica”, que deducen de la declaración de una empleada que habría escuchado a la esposa de Bento, hace cuatro años, emitir “consideraciones y opiniones negativas” sobre Romano. “Aunque el recusado ha invocado que no anida en su ánimo ningún sentimiento de odio o recelo, creemos que en este caso debemos privilegiar y atender el sentimiento de temor e inseguridad que nos denuncia el recusante”, concluye el fallo.

“Esto reviste una gravedad institucional enorme, porque de esta manera cualquier imputado puede elegir al juez que quiera para que lo juzgue. Es el anuncio de que se viene la impunidad para todos los jueces en Mendoza acusados por violaciones a los derechos humanos”, se quejó el abogado Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Los organismos de derechos humanos presentarán hoy una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Petra, Rago Gallo y Gálvez. Este último, casualmente, es representante de los jueces en el organismo. El escrito los denunciará por mal desempeño e intentará mostrar que habría habido razones mucho más directas por las que deberían haberse excusado en el planteo de Romano que las que usaron para separar a Bento.

En cuanto a Petra, sostienen que no debe intervenir en ninguna causa sobre crímenes de lesa humildad porque él mismo está siendo investigado en el Consejo en una decena de denuncias por su posible complicidad con represores. Se lo acusa de haber liberado en forma masiva a policías y militares de Mendoza, San Juan y San Luis implicados en el terrorismo de Estado. Para hoy está citado como sospechoso ante la Comisión de Acusación y Disciplina por no aceptar excusarse en uno de los expedientes por violaciones a los derechos humanos –donde finalmente fue apartado por sus superiores– pese a que había tomado posición al descalificar públicamente al MEDH y al fiscal general Jorge Auat, que coordina la Unidad especial sobre delitos de lesa humanidad.

Para mostrar la relación estrecha de Petra con Romano, más allá de que comparten tribunal hace largo rato, recuerdan que juntos denunciaron a otros jueces (Antonio González Macías, Héctor Cortés y Roberto Naciff) en un intento por impedir su intervención en un juicio por crímenes dictatoriales, que fue revertido por la Corte Suprema. Como testigos, habían puesto –detalla la denuncia– a abogados defensores de represores como Eduardo San Emeterio, ex militar y agente de inteligencia, y Carlos Carreño, quien figura como colaborador civil del Batallón 601.

Sobre Rago Gallo presentarán copias de un amparo con el que intentaba sacar su dinero del corralito, en el cual Romano y también Petra “se excusaron de intervenir por amistad íntima con el actor”.

En relación con Gálvez recuerdan que además de que tendría una relación histórica con Romano, integra el Consejo de la Magistratura que lo viene investigando, al igual que a Petra, y donde ahora él mismo es denunciado. “Debe sumarse el temor de parcialidad que genera” que “el día 16 de septiembre” último, “justo en el momento en que se producía la votación para determinar la suspensión del camarista federal mendocino Luis Francisco Miret” –imputado penalmente junto con Romano– Gálvez “se retiró repentinamente sin votar”.

La presentación de los organismos dirá también que haber incluido a la querella del trámite de la recusación contra el juez Bento “implica la violación del debido proceso y la afectación de los derechos de la víctima” y es “violatoria de la normativa internacional que rige en materia de derechos humanos”. En Mendoza, esta trama que daría cuenta de la protección mutua y calculada entre jueces –varios vinculados con denuncias por complicidad con la dictadura– ya es un escándalo de proporciones. El abogado Salinas anunció que también harán denuncias en el Congreso, la Corte Suprema y ante la presidenta Cristina Kirchner. El martes último, cuando aún no se conocía el apartamiento de Bento, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, denunció ante el Consejo “la grave situación por la que atraviesa la Justicia Federal de Mendoza”

Violencia en San Rafael, la ciudad del primer juicio

   El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se sucede en San Rafael, nos permite experimentar y amasar cantidad de cosas como para no dejar en el olvido la tarea de saber, hacer y rearmar.

Hemos podido escuchar día tras día retazos de historias que, en la calma del mate, de la reflexión  y el debate con otros y con una misma, ya en soledad, se han ido transformando en historia completada, o casi.

Y no es historia de libro, aún, ni de manual. Por ahora, sencillamente, es historia apenas de gente. Y de caminos forzados a recorrer, compulsados a caminar, por los muchachos y muchachas que en los ’70 creyeron en la bondad, si la hubiere, y lo ineludible de la política y la solidaridad para abastecer de justicia y equidad a la sociedad.

Así es que, día tras día, estructuras personales e institucionales se han visto removidas, puestas en duda, puestas en verdad, revueltas,  reveladas y rebeladas. Con el poto al aire, diría el cuyano.

Desde intendentes hasta empresarios; desde policías hasta sacerdotes. Y, por otro lado (es imprescindible decir “por otro lado”), desde maestros hasta artesanos y desde médicos hasta cosechadores de uva, y hasta periodistas.

Esto enseña, y cómo. También sacude el polvo acumulado por los años de ocultamientos y silencio, de complicidades y falta de humanidad.

Durante una buena parte, desde el inicio de las audiencias, hubo respeto a pesar de oír iniquidades y de sorprendernos el dolor, aun preparados para escucharlo. Porque sentirlo es una cosa interna, íntima y madura, pero escucharlo lo hace sólido y material, con peso, con color, con sabor, con olores.

Así y todo, el devenir fue lo bastante racional como para sostener ese respeto del que hablamos, junto a nuestra calma inquieta macerada durante muchos años.

Y de pronto, un día de la semana pasada, sucedió un hecho por demás decidor: forzaron una puerta de la casa de una integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, invadieron cada rincón, tiraron ropas, papeles, cajones de muebles. En fin. Cuando llegamos, era un reguero de cosas domésticas insultadas. Se llevaron (solo se llevaron)  el sable que pertenecía al padre de Alicia Morales, que había sido restaurado y guardado como recuerdo de su carrera en Caballería. Y una mochila. La mía, también miembro de la Asamblea de San Rafael, con algunas ropas y cosas de poco valor, excepto algún libro. Nada más.

Hasta ahora, todo es un misterio absolutamente iluminado, claro está. Tan claro. Anoche, domingo por la noche, o ya lunes iniciado, hubo más. Habiendo gente adentro de la casa, luces, ¿protección?, voces, hogar, se debió vivir la experiencia poco saludable de oír pasos por los techos, andar de pies anónimos; amenaza concreta y reiterada. Nada más.

Aunque hayan sido ataques a un domicilio específico, no es a una ni a dos ni a tres personas en particular a quienes se ha apuntado. Es a todos, todas y a cada uno y una, que integramos organismos de Derechos Humanos. A la Justicia. A la sociedad. A la verdad. A la misma historia argentina y latinoamericana. A la vida.

Analizamos; quizá no concluyamos, pero nos preguntamos. De entre esas tantas cosas que amasamos, ¿acaso supone alguien que también se incluye el miedo? ¿Alguien puede creer que el empeño y el amor puestos en buscar a un cuerpo amado, a un hijo desprotegido, a un amigo irreemplazable, a un hermano perdido, a un compañero admirado, puede ser una fuerza menor que el temor? Sí, es de imaginar que lo crean. Porque tal vez el miedo persista y el terror lo siga alertando. Pero lo que queremos, lo que buscamos, lo que exigimos, es más, mucho más fuerte que esa otra impronta atávica del hombre. Lo que queremos es memoria, verdad, justicia.

Lo que también nos seguimos preguntando es el porqué de esa mutación del respeto nervioso, por qué no, que existía. Por qué ahora agresión, si es un juicio y nos apoyamos en la ley para juzgar; por qué la violencia, si sabemos esperar,  llorar y caminar.

¿Será por la presencia de esos abogados, como los san Emeterio o los Curutchet o como se llamen, que defienden y han defendido a genocidas y que andan y desandan el país con esa meta, el alarde de fuerza clandestina?

¿Será que a San Rafael, esa poblana y santificada ciudad del sur, la hemos regañado y trizado en sus cimientos?

¿Será que la iglesia en su oscuridad y complicidad, calla y otorga?

Será que creen que no los seguiremos buscando.
Sonnia De Monte, octubre/2010

Juicio en San Rafael: ex detenidos reconocieron calabozos clandestinos

Miembros del Tribunal y aprehendidos durante la última dictadura recorrieron instalaciones donde funcionaron comandos militares.

Miembros del Tribunal II de Mendoza y un grupo de ex detenidos de la última dictadura militar, recorrieron hoy distintas instalaciones de San Rafael donde funcionaron comandos militares y centros clandestinos de detención.

”Fue muy útil la recorrida ya que comprobamos que todo coincide con lo dicho en los testimonios. Y ahora todas las partes tenemos una clara imagen visual de los sitios relatados por los testigos para asociar testimonios verbales con lugares y situaciones”, dijo el juez Roberto Nacif.

Los magistrados y la defensa recorrieron hoy las instalaciones del Cuerpo de Infantería Policial, que funcionó como centro de detención; la Municipalidad de San Rafael, donde también funcionó un puesto comando y testigos denunciaron haber sido torturados y golpeados; y el actual edifico de Tribunales que era "La Departamental" donde estuvieron detenidos decenas de personas.

Allí, según denunciaron varios testimonios en el debate oral, hubo personas detenidas, muchas de las cuales fueron sometidas a golpizas y diversas torturas.

”Volver al calabozo donde estuve encerrado siete meses sin que nadie me dijera los motivos es muy fuerte”, lamentó hoy Hugo Riera, uno de los testigos claves del primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza y que tendría sentencia en los primeros días de noviembre.

Los ex detenidos aseguraron “in situ” haber visto allí a los imputados e inclusive al ex capellán del Ejército y actual párroco de Salto de Las Rosas, Franco Revérveri, denunciado por varios ex detenidos de haber recibido su visita "para que contemos lo que sabíamos".

Los jueces los interrogaron en los lugares donde estuvieron detenidos hace ya más de treinta años en busca de certificar la veracidad de sus dichos, a quiénes vieron, o detalles de su triste estadía en esos sitios.

Mañana en tanto, las partes recorrerán los edificios donde funcionó la D2 de la policía, en pleno centro de San Rafael; y los cuarteles del Ejército Argentino, en el distrito de Cuadro Nacional, en plena tarea investigativa por dilucidar las desapariciones de Francisco Tripiana, José Berón, Roberto Osorio y Pascual Sandoval.

Para esta semana, también está previsto que se inicien las indagatorias a los cuatro imputados por distintas calificaciones: Raúl Alberto Ruiz Soppe (ex comisario), Juan Labarta (ex policía de la D2), Raúl Egea (era abogado de la Policía), y Aníbal Alberto Guevara (teniente coronel retirado).

Se siguen sumando las causas contra Videla, Menéndez y Bussi; ahora en Santiago del Estero

Se retoman las audiencias en juicio oral por delitos en Santiago del Estero
Esta semana se reanuda el debate por el secuestro y asesinato de un estudiante, ocurrido en el año 1976. Son juzgados tres ex policías por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero reanudará este martes las audiencias de declaraciones testimoniales en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante el último gobierno militar.

Así, los jueces Marina Cossio de Mercau, Josefina Curi y Graciela Fernández Vecino retomarán el debate en el que son juzgados los ex policías Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi. A todos ellos se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita.

Se trata del proceso por el secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976.
En el juicio participan como querellantes Rosa Elena Bulgarelli (madre) y Adela Inés Kamenetzky (hermana), la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero.

Cabe recordar que el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y el ex comandante Antonio Domingo Bussi fueron separados del proceso.

Videla, Menéndez y Bussi serán juzgados una vez que el tribunal fije fecha de inicio de debate para ellos.

Sin unificarse las causas son trece los juicios en marcha por crímenes de lesa humanidad

- Capital Federal: el 10 de diciembre de 2009, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, arrancó el debate en el que se investiga al ex integrante de la Marina Alfredo Astiz y a otros ex oficiales, por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta instancia abarca dos de los tramos de la megacausa: el de la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

- Capital Federal: desde el 3 de junio, el Tribunal Oral Federal Nº 1 encabeza el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. En la causa están imputados Néstor Guillamondegui (ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea), Rubén Visuara (ex coronel del Ejército), Eduardo Cabanillas (ex general de División del Ejército), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército) y Eduardo Ruffo (ex agente civil de inteligencia de la SIDE), por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas. El tribunal está integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.

- Capital Federal: ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 comenzó, el 23 de noviembre pasado, el juicio oral en la causa en la que se investigan delitos cometidos en el ámbito del centro clandestino de detención que funcionó sucesivamente en los lugares denominados “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”. Se imputa la privación ilegal de la libertad de alrededor de 180 personas, en concurso real con la imposición de tormentos de cada una de ellas. Se estima que prestarán declaración testimonial cerca de 400 personas.

- Capital Federal: el Tribunal Oral Federal Nº 4 juzga desde el 26 de febrero a ocho ex militares por delitos cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. En la causa se investiga la participación de Pedro Alberto Durán Sáenz, Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

- Resistencia: desde el 3 de junio se realiza ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia el juicio oral en el marco de la causa conocida como “Margarita Belén”, en la que se investiga a nueve imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. Así, los jueces Gladys Mirtha Yunes, Norberto Rubén Giménez y Ana Victoria Order encabezarán el debate que juzgará a Gustavo Athos, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Daniel Carnero Sabol, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni, Luis Alberto Patetta y Alfredo Luis Chas.

- Resistencia: el Tribunal Oral Federal de Resistencia dio inicio el 5 de mayo al debate por la causa denominada "Caballero Humberto Lucio y otros s/ tormento agravado", en la que se encuentran imputados: Gabino Manader, José María Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard, José Tadeo Luis Bettolli, Francisco Orlando Alvarez, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza y Carlos Flores Leyes. Se investigan delitos cometidos en perjuicio de 26 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionara en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia del Chaco. Cabe recordar que los magistrados Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaro (ambos del Tribunal Federal de Corrientes) y Manuel Moreira (del Tribunal Federal de Posadas), encabezan el debate por haber sido recusados todos los jueces del tribunal de Resistencia.

- La Plata: el 12 de abril, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esa ciudad, comenzó el debate por la causa "Dupuy", en la que se encuentran imputados: Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, Enrique Leandro Corsi, Elbio Osmar Cosso, Elbio Abel David Dupuy, Luis Favole, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Raúl Aníbal Rebaynera, Víctor Ríos, Valentín Romero e Isabelino Vega. Se investigan delitos contra los derechos humanos cometidos en la Unidad del Servicio Penitenciario Nº 9 de La Plata, en perjuicio de 90 víctimas.

- Rosario: en el marco de la causa "Díaz Bessone", el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esa ciudad inició el 21 de julio pasado el debate por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de esa ciudad, en perjuicio de 86 víctimas. Están procesados los ex militares y civiles Ramón Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch. Todos se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.

- Córdoba: el 2 de julio comenzó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad, el juicio que unifica dos causas: por un lado, se juzgará, entre otros, al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez. En tanto, Menéndez y otros once acusados son juzgados en el marco de la causa conocida como “Gontero”, en la que se investigan los secuestros e imposición de tormentos a seis víctimas que fueron detenidas y trasladados a la sede del Departamento de Informaciones Policiales (D2), luego a las instalaciones que el Tercer Cuerpo de Ejército disponía en el campo de la "La Rivera" y finalmente a la Unidad Penitenciaria N° 1.

- Mendoza: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de esa ciudad dio inicio el 1º de julio al debate en el que se investiga a Anibal Alberto Guevara Molina (teniente del Ejército), Raúl Alberto Ruiz Soppe (jefe de la Unidad Regional II de Policía de Mendoza), Juan Roberto Labarta Sánchez (oficial de la Policía de Investigaciones “D 2”), Cristóbal Ruíz Pozo (médico de la Policía de Mendoza) y Raúl Egea Bernal (abogado de la Policía de Mendoza). Las audiencias están encabezadas por los jueces Roberto Julio Naciff, Héctor Fabián Cortés y Jorge Roberto Burad. En el caso del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el tribunal decidió separarlo del debate porque, desde el último viernes, afronta otro debate por crímenes contra los derechos humanos, en este caso en la provincia de Córdoba. El tribunal prevé juzgar al ex comandante en otro debate con fecha aún no fijada.

- La Pampa: el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Eugenio Krom, Mario Armando Márquez y José Mario Tripputi, inició el 2 de agosto el debate en el que se juzga a Fabio Iriart, Néstor Greppi, Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Athos Reta, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Cenizo. En el proceso se investigan hechos ocurridos en el marco de la causa conocida como “Subzona 14”. A todos los acusados se les imputan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, en forma reiterada, en concurso real con el delito de aplicación de tormentos, en forma reiterada. Este juicio no se encuentra incluido en el informe adunto porque esa publicación fue confeccionada al 16 de julio de 2010

- Santiago del Estero: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad dio inicio el 14 de septiembre pasado al juicio oral contra los ex policías Musa Azar Curi, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi. A todos ellos se les imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio calificado y asociación ilícita. Se trata del debate por el secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, ocurrido en 1976.

- Mar del Plata: el 17 de agosto pasado arrancó ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad  el juicio oral en el que se encuentran acusados el ex general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga, el ex capitán de navío Justo Ignacio Ortiz y el ex contralmirante Roberto Luis Pertusio. En el proceso se juzgan dos causas: en una de ellas, Arrillaga, Ortíz y Pertusio están acusados de crímenes en perjuicio de nueve víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata durante el último gobierno de facto. Por otro lado, se juzga la causa “Regine”, en la que se investiga la participación de Ortíz y Arrillaga en el secuestro con imposición de tormentos de Luis Salvador Regine.

En ausencia de los demás penitenciarios procesados –por pedido expreso de la defensa de Rebaynera al Tribunal– dijo que “Dupuy podría saber quién trasladó a (Dardo) Cabo y a (Rufino) Pirles”, haciendo alusión a dos ex detenidos que fueron asesinados en un supuesto intento de fuga. También afirmó que “todos sabemos que (Valentín) Romero no es Culito de Goma”, haciendo referencia al apodo con que numerosos testigos identificaron a ese imputado en sus relatos. Y concluyó: “Lamento y pido disculpas a alguno que pueda decir que Rebaynera es un traidor, pero digo la verdad”.

A diferencia de los testimonios anteriores, la estrategia defensiva de Peratta consistió en la victimización. Contó que llegó a la U9 en diciembre de 1974, proveniente de la cárcel de Olmos, y dijo que cuando asumió Dupuy, la conducción del penal era una situación “complicada”, porque dos de sus cuñados eran militantes de organizaciones de izquierda, “entonces para esa gente yo soy zurdo”, señaló.

Más tarde, contó que lo echaron del Servicio Penitenciario porque, siendo jefe de Personal, permitió una visita a uno de los detenidos y, para evitar que le hicieran un sumario al jefe de visitas “porque era amigo mío”, firmó un documento en el que lo declaraban “imprescindible”. Entonces empezó a trabajar en la Marina: “Navegué durante catorce años”, afirmó, y quebrando la voz contó que en una oportunidad, cuando él se encontraba mar adentro, su esposa perdió un embarazo de ocho meses. Finalmente, tras afirmar que lo que se está haciendo en contra suya en este juicio es “algo injusto”, dijo sentirse “víctima de los dos sistemas, tanto del militar como de este sistema”.

Por último, Corsi también declaró su inocencia, aunque no pudo concluir su relato aduciendo que lo aqueja un cuadro de “hipertensión, arritmia y dolor de ojos”. Dijo que nunca hizo guardias en la U9, no sabía de la existencia de los calabozo de castigo, que jamás vio a Alberto Pinto –un detenido que murió después de una operación, a causa de los golpes recibidos allí– y que tampoco conocía a Carlos Domingo Jurio, otro de los médicos que trabajaban en la Unidad y que se encuentra procesado.

El otro imputado en la causa que declaró semanas atrás ante el Tribunal que preside Carlos Rozanski es Ramón “El Manchado” Fernández, quien dijo sentirse “impotente” ante el relato de los testigos porque si él hubiese sabido que las torturas existían, “no las hubiese permitido”. En tanto, los restantes imputados (el ex subjefe de la unidad Isabelino Vega y los ex agentes Elvio Cosso, Valentín Romero, Víctor Ríos, Catalino Morel, Segundo Andrés Basualdo y Héctor “El Oso” Acuña y el médico Luis Domingo Favole) prefirieron no hacer uso de esa instancia de defensa.

Una condena en La Rioja

CONSCRIPTO ASESINADO EN 1976

 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó al ex militar José Rodríguez a 20 años de prisión por encontrarlo responsable del delito de homicidio simple por el asesinato del soldado conscripto Roberto Villafañe, ocurrido el 30 de agosto de 1976, durante la dictadura militar. El Tribunal, integrado por los magistrados José Quiroga Uriburu, Sergio Grimaux y Alejandro Piña, rechazó el pedido de prescripción de las acciones penales interpuesto por la defensa, por tratarse de un delito de lesa humanidad. Tras la lectura de la sentencia, Rodríguez fue llevado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial donde estaba detenido desde hacía casi dos años y que será el lugar donde cumplirá su condena.

El presidente del Tribunal señaló que, en su declaración, el propio Rodríguez, a pesar de no recordar la muerte de Villafañe, afirmó que “no fue sometido a ningún consejo de guerra por el suceso”. Rodríguez disparó a la víctima con un fusil FAL, y tras el episodio fue trasladado a Córdoba, donde recibió entrenamiento como paracaidista, “lo que significa que no recibió sanción alguna por haber causado la muerte de Villafañe”, y que “contó con el beneplácito de las autoridades militares”, que no registraron el asesinato en el legajo del imputado. El Tribunal determinó también que el crimen se inscribió en una mecánica de trabajo que se sustentaba en la “sistemática violación de los derechos humanos y desprecio de la vida, dignidad y libertad de los considerados enemigos subversivos por parte de quienes integraban la jerarquía militar de la época”, concluyó el fallo del Tribunal riojano.

El camarista mendocino Luis Miret, acusado por actitud colaboracionista con la dictadura, presentó su renuncia

Viejo truco para evitar el juicio político

Ahora la Presidenta debe decidir si acepta o no su dimisión. En caso de que la rechace, no se salvará del jury.
Por Irina Hauser

Ante la inminente apertura de su juicio político en el Consejo de la Magistratura, acusado de haber tenido una “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”, el camarista de Mendoza Luis Miret presentó la renuncia. La Comisión de Disciplina y Acusación aprobó la semana pasada, con el apoyo de sus nueve integrantes, un dictamen que promovía su enjuiciamiento por el “papel absolutamente pasivo” que tuvo “frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones” antes y durante la última dictadura, cuando era juez de primera instancia. Todavía no se sabe, sin embargo, si se salvará del jury: eso está sujeto a si Cristina Kirchner acepta o no que abandone el cargo. Por lo pronto, el plenario de consejeros podría suspenderlo, igual, en su reunión de mañana. “Baso mi renuncia en la circunstancia de haber cumplido el 12 del corriente mes 72 años de edad y 54 consecutivos en diversos cargos en el Poder Judicial de la Nación y ya deseo hacer efectiva la jubilación, porque a mi edad ya siento que empieza a afectar mi rendimiento en el alto cargo de la magistratura que desempeño”, dice el texto de Miret, al que accedió Página/12, que pide que se acepte su pedido “a la mayor brevedad”. La definición presidencial, dicen en el Consejo, podría demorar unos días.

Por lo pronto, el Consejo de la Magistratura tiene incluida en su agenda de mañana la discusión del dictamen contra Miret que el jueves último apoyaron en comisión, en forma unánime, todos los sectores del organismo. Lo votaron cuatro kirchneristas, un radical, un abogado, dos jueces y el representante académico. Con esos nueve votos bastaría para que el plenario –si hay asistencia perfecta de sus trece miembros– apruebe la suspensión y apertura del juicio político. Está en veremos si se postergará o no la votación. El oficialismo intentará concretarla. Otros consejeros, como los jueces, podrían tratar de diferirla, a la espera de una definición sobre la renuncia. “Si se la aceptan, el resultado coincide con la finalidad el juicio: que deje el cargo”, argumentan.

Héctor Masquelet, representante del Poder Ejecutivo y autor del dictamen acusatorio, había pedido el debate urgente del tema. En parte, porque Miret sigue impartiendo justicia (e interviene en causas por violaciones a los derechos humanos) y no sólo lo investiga el Consejo sino que está imputado y siendo indagado por 31 casos de desapariciones, secuestros, robos y homicidios durante el terrorismo de Estado, en una causa a cargo del juez Walter Bento y el fiscal Omar Palermo. El viernes último se sumó otra imputación contra el camarista, por haber archivado en 1987 la causa sobre la apropiación de la hija de un matrimonio desaparecido.

“Me parece bien que Miret se vaya, pero tengo sensaciones encontradas”, le dijo a este diario el abogado Pablo Salinas, querellante, y uno de los denunciantes del juez ante el Consejo junto con organismos de derechos humanos mendocinos. “Quizá preferiría que lo destituyan y no tenga privilegios. Pero a la vez es importante que se vaya de la Justicia y deje de tener fueros para que, si se ordena su detención, algo que es posible, pueda quedar efectivamente preso”, explicó.

“Nosotros preferiríamos que siga el proceso. Renunciar, en este caso, es una conducta elusiva. Miret decía que no tenía problema con que lo investigaran, pero cuando avanza la investigación se corre. Es el verdadero sentido que él tiene de la Justicia: silenciar, perseguir y obstaculizar”, dijo Rubén Cuello, de la Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Etica de la Universidad de Cuyo. Este grupo consiguió que el rectorado expulsara a Miret de la Facultad de Derecho, donde enseñaba Etica y Derechos Humanos. El camarista recuperó el puesto con una medida cautelar de un juez ad hoc, pero ya nadie va a sus clases. La semana pasada los jóvenes relataron ante Acusación cómo desarrollaba “justificaciones del golpe y del terrorismo de Estado” ante los alumnos. Mañana irán al plenario y entregarán audios donde se lo escucha, dicen, defender las leyes de punto final y obediencia debida. También asistirán representantes de la FUA y organismos de derechos humanos de Mendoza.

En el historial de renuncias para evitar el jury, el Gobierno aceptó algunas, otras no. Se la admitió, por ejemplo, al ex juez de Casación Alfredo Bisordi. Pero dejó enjuiciar a Juan José Galeano y a Guillermo Tiscornia, entre otros.

Las imputaciones contra Miret que aún podrían tratar los consejeros se basan en casos concretos como el de Hugo Tomini, detenido en 1975, a quien el juez visitó en un calabozo del D2 de Mendoza luego de una sesión de torturas, aunque nada denunció ni investigó. “Hay que aguantar”, le recomendó. Otro es el caso de “la detención indebida de Luz Faingold”, una estudiante menor de edad a la que dejó incomunicada y presa en un centro de detención de adultos. Además, prohibió restituirla a su padres y la mandó a un hogar de niños abandonados cuando su madre pedía por ella ante el propio Miret. Tampoco investigó las denuncias de otros detenidos que decían que la habían violado. Ni las denuncias de torturas, golpizas y disparos recibidos por otros jóvenes presos en el D2. El dictamen señala su falta de “imparcialidad” al no excusarse para juzgar a su amigo el general Juan Pablo Saá, jefe de la represión en Mendoza. Y le reprocha el archivo de la causa por la apropiación de Celina Manrique Terrara, quien recuperó su identidad con el impulso de los organismos y la intervención posterior de otros jueces.

Santiago del Estero : los genocidas están indispuestos

Sin Videla, Bussi y Menéndez se realizará el primer juicio por lesa humanidad en Santiago del Estero

Sin la presencia de los ex militares Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Bussi, se iniciará el martes 14 el primer juicio por un delito de lesa humanidad en Santiago del Estero por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky, causa en la que también serán juzgados el ex comisario Musa Azar y ex funcionarios policiales.

El Tribunal Oral Federal resolvió suspender las audiencias contra Videla y Menéndez, y en la apertura del juicio, dará a conocer un informe en el que se indica que el ex gobernador tucumano Bussi "no está física ni psíquicamente en condiciones" de participar de las audiencias.

"Bussi tampoco está en ondiciones de prestar declaración testimonial en su domicilio", ubicado en el Country Yerba Buena Golf Club de Tucumán, señala el informe forense elaborado por Cristian Rando (médico) y Norma Griselda Motto (psicóloga).

Se trata del proceso judicial en el que también fueron procesados los ex comisarios santiagueños Ramiro López Velloso y Miguel Tomás, también involucrados en distintas causas de desaparecidos que se investigan en el Juzgado Federal de Santiago del Estero.

El tribunal que juzgará a los represores se encuentra integrado por la santiagueña Josefina Curi, que lo preside, y las tucumanas Marina Cossio de Mercau y Graciela Fair Fernández Vecino.

Se estima que alrededor de 50 testigos, algunos de los cuales denunciaron que fueron amenazados a través de mensajes en sus teléfonos celulares, comparecerán durante las audiencias que se realizarán en el Juzgado Federal de Santiago del Estero.

De acuerdo a la instrucción judicial, Kamenetzky, estudiante de abogacía de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), fue detenido el 9 de agosto de 1976, en su casa céntrica de avenida Roca al 1.100, y tras permanecer en el Departamento Informaciones Policiales (D 2), fue alojado en el Penal de Varones de Santiago del Estero.

En noviembre del mismo año, el joven universitario fue asesinado a balazos en un cuestionado intento de fuga o copamiento a una dependencia policial a la que había sido traslado junto a otro estudiante, Mario Alejandro Giribaldi, que también figura en la lista de "desaparecidos" durante la última dictadura militar.

Según el expediente, durante su detención Kamenetzky fue sometido a torturas y violentos castigos corporales para lograr información sobre actividades políticas, militancia e identificación de miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Por el asesinato de Kamenetzky, Videla, Bussi y Menéndez y ex funcionarios policiales santiagueños, fueron procesados por los presuntos delitos de "allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado por alevosía con el concurso premeditado de dos o más personas".

Durante la misma instrucción judicial, el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ordenó el embargo a bienes de Musa Azar por un monto de 1.700. pesos y de 1.200.000 para López y Garbi.

En los últimos gobiernos del caudillo peronista Carlos Juárez y su esposa, Mercedes "Nina" Aragonés, el ex comisario Musa Azar estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y dirigió el D 2, la denominada "GESTAPO Santiagueña" que fue desarticulada durante la gestión del interventor Pablo Lanusse.

A poco de confirmarse la elevación a juicio y posterior confirmación de su comienzo, distintas organizaciones de derechos humanos expresaron que "se trata de un signo alentador para la obtención de justicia" por los desaparecidos en Santiago del Estero.

Se trata de los procesos judiciales iniciados contra el jefe de Inteligencia santiagueño, Musa Azar y otros ex funcionarios policiales, que fueron procesados y embargados sus bienes por "torturas" aplicadas a opositores del ex gobernador Juárez, antes del golpe de 1976.

Asimismo, dirigentes de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia, denunciaron que en Santiago del Estero "aún se esperan respuestas de la justicia por 144 desaparecidos y 33 querellas".