TESTIMONIOS EN EL JUICIO POR LA MASACRE DE MARGARITA BELEN

Carlos “Ratón” Aranda, ex preso político, detalló ante el tribunal las torturas que sufrieron él y su hermano. María Teresa Franzen, hermana de uno de los fusilados en Margarita Belén, contó cómo se enteró de esa muerte. Ovieta, ex conscripto, recordó lo que vio.

Marcos Salomón
 Desde Resistencia, Chaco
La séptima audiencia del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén contó con tres testimoniales: María Teresa Franzen, hermana de Arturo –una de las víctimas del fusilamiento–, Carlos “Ratón” Aranda –ex preso político– y Federico Ovieta –abogado correntino que ya había declarado en el juicio por el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes–. El relato de Aranda estremeció al auditorio: preso durante toda la dictadura militar, el “Ratón” detalló las torturas que padeció y señaló a dos de los nueve imputados presentes.
Aranda pasó por ocho lugares de detención entre 1976 y 1983, con un lapso de once días en libertad, un veranito de 1979. Detenido el 3 de noviembre de 1976, fue llevado, junto con su hermano Julio, desde Corrientes a la Jefatura de Policía de Chaco (uno de los que fueron a buscarlo fue el imputado Luis Alberto Petetta, que a esa altura del relato anotaba y pasaba data a su abogado). Allí, los desnudaron, a él lo ataron a una cama con elástico de metal y comenzaron a picanearlo.
“No sé cómo hacía, creo que me abstraía, pero no sentía”, relató Aranda. Sin embargo, “como no daba los nombres que me pedían, un día vino uno, se paró a mi lado y dijo: éste es el que no quiere hablar, déjenmelo a mí. Trascartón, envolvió una toalla o algo parecido por mis testículos y mi pene, para después comenzar a picanearme en esa zona, en las tetillas, en los párpados, en la encía... Hasta que logró descontrolarme”.
Para la tortura, Aranda fue puesto frente a frente con dos ex presos políticos: Raúl “Quique” Caire y Reinaldo Zapata Soñez. Si bien se conocían, ni uno de ellos lo admitió. Previo a su traslado a la Brigada de Investigaciones de la Policía, el “Ratón” se pudo bañar y comprobó que “tenía todos los dedos de los pies negros por los golpes”. Luego, volvió a los baños pero para una tarea más desagradable: “Bañalo a éste que está hecho pelota”, le ordenó uno de sus carceleros mostrándole a “un revantadísimo” Carlos Tereszecuk, quien había sido empalado. Pero, como seguía sin hablar, le mostraban a su hermano Julio cómo lo torturaban hasta que éste cortó todo, gritando: “Por qué no le pegan un tiro”.
Ya en la Brigada, Carlos logró ver a Luis “Lucho” Díaz (víctima de la Masacre), haciendo los dos dedos en V, con una evidente hinchazón, porque le habían arrancado una uña. También vio en otra celda aislada a Roberto Yedro (otra víctima del 13 de diciembre de 1976). En este centro clandestino de detención estuvo poco tiempo, hasta que lo llevan a la alcaidía policial.
Lo recibieron con una paliza en un lugar que llama “la piecita de la televisión”. Haciendo gala de su condición de arquitecto, hizo una minuciosa descripción de la alcaidía, que igual tuvo que repetir ante el problema de los abogados por entender. También contó que lo fueron a visitar, para amedrentarlo, Patetta y Aldo Martínez Segón.
Describió con detalles el momento previo al traslado, un día domingo 12 de diciembre de 1976. “Interrumpieron la visita de los presos sociales o comunes, no nos sirvieron el cuili, o sea el cocido, y apagaron las luces de la celda temprano”, recordó. Entonces, sucedió el horror del comedor de la alcaidía, donde todos los presos que iban a ser trasladados a Formosa fueron ferozmente torturados. Escuchó cómo llevaban a Lucho Díaz hacia el infierno y también cómo traían a la rastra a un casi desvanecido Carlos Zamudio. “Lo de la piecita de la televisión eran golpes, patadas, fuertes, pero no para matar. Lo que se escuchaba desde el comedor era aterrador. Yo creo que mataron a alguno”, narró. Ratificó también la imposibilidad de escapar durante un traslado: “Ibamos esposados, engrillados, vendados y con capuchas, a los golpes...”.
También declaró María Teresa Franzen, hermana de Arturo. Contó que en agosto de 1976, ella y su madre lo visitaron en la Brigada: “Nos contó que lo torturaban todos los días y que estaba muy dolorido, cuando lo quise abrazar me pidió que no lo apriete”, relató, entre lágrimas. En medio de su relato se quebró hasta recordar que el 10 de enero de 1977 (el día del cumpleaños de Arturo, hubiese cumplido 25) llegaron con su padre para visitarlo, previo burocrático papeleo, en la Brigada, pero no estaba; en la alcaidía, tampoco estaba. Hasta que un oficial se dignó a contarles que Franzen había muerto cerca de Margarita Belén.
En el cementerio, para trasladar el cadáver, logró ver la cara de Arturo porque se desfondó el precario cajón en el que lo habían puesto: “No vi ni un impacto de bala, o eso me pareció, sólo recuerdo que le faltaba una parte de la nariz”. En ese mismo trámite, pudo ver el cuerpo de Manuel Parodi Ocampo, que tenía “un boquete, un agujero, en el pecho”.
Por último, declaró el correntino Federico Ovieta, oriundo de Mercedes como Lucho Díaz. Se limitó a contar que, tras el servicio militar, cuando fue a hacer un trámite al Regimiento de Infantería 9, vio en la pieza donde lo atendieron una foto de Lucho con una X marcada.

Una máscara de centro clandestino

Un nuevo paso para el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado se dio ayer cuando la Fiscalía Federal de La Rioja reveló que la cárcel de esa capital, conocida durante años como Instituto de Rehabilitación Social (IRS), había funcionado como un centro clandestino de detención que operó en el área represiva 314. Según el informe judicial, el IRS fue “por excelencia el lugar de reunión de detenidos en diferentes situaciones, sin perjuicio de que hayan existido otros sitios en los que se detenía y se torturaba a personas, como las comisarías regionales, el Batallón 141, el Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional (en Chilecito) o la Base Aérea Celpa (en Chamical)”.

El documento difundido devela que, durante el tiempo que funcionó ese instituto, “las mujeres eran ubicadas en pabellones, divididos en celdas que compartían entre tres o cuatro detenidas”, que tenían ventanas que daban al patio interior, “pero estaban cubiertas de papel o pintura para evitar la visibilidad. También había ranuras en las puertas, que permitían ver un pasillo interior del IRS”. El fiscal federal Darío Illanes –a cargo de las actuaciones por la megacausa iniciada por violaciones a los derechos humanos contra Luciano Benjamín Menéndez y más de 60 represores–, destacó que por el IRS “pasaron casi todos los detenidos en la provincia en algún período del lapso en el que estuvieron privados de la libertad” y expresó que “se trataba de un centro de detención y tortura”.

Illanes determinó, además, que los interrogatorios “eran dirigidos y llevados a cabo por personal de Gendarmería Nacional, la policía provincial, la Policía Federal y el Ejército, (con quienes) colaboraba personal del propio IRS”. En los próximos días se espera que el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena tome declaración a Roberto Catalán, quien se desempeñó como juez federal en La Rioja durante la dictadura.

Juicios que se desarrollan en la actualidad.

Si se abrieran todos los archivos de la dictadura, el mapa de la justicia sería otro.

LOS JUICIOS EN CAPITAL, LA PLATA, CHACO Y TUCUMAN

Los represores que actuaron en La Plata, en la ESMA, Orletti, El Vesubio, Olimpo, El Banco, en Margarita Belén y las jefaturas de Policía de Chaco y Tucumán son juzgados en la actualidad.

Ocho juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se encuentran en marcha. Las violaciones a los derechos humanos cometidas en los centros clandestinos de detención (CCD) de la ESMA, Automotores Orletti, El Vesubio y unificados el Club Atlético, El Banco, El Olimpo –todos en la ciudad de Buenos Aires– se encuentran en pleno juicio oral. En Chaco se investiga la masacre de Margarita Belén y el CCD que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia y en Tucumán también se juzga a los responsables del CCD para el que utilizaron la ex Jefatura de Policía tucumana. En La Plata está en proceso la investigación sobre el servicio penitenciario de la Unidad 9 durante el gobierno de facto.

La megacausa que aborda uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país y quizás el más emblemático, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), se inició a fines del año pasado. La instrucción que se encuentra en curso aborda la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y por otro lado la del periodista y escritor Rodolfo Walsh, dos de los tramos que contiene la investigación. El Tribunal Oral Federal Nº 5 juzga los delitos cometidos por, entre otros, los ex marinos Jorge “Tigre” Acosta –jefe del Grupo de Tareas 3.3.2, la patota que secuestraba a las víctimas–, Alfredo Astiz, integrante operativo y conocido por haberse infiltrado en un grupo de familiares de desaparecidos entre los que se encontraban las monjas, y Ricardo Cavallo, extraditado de México a España y de España a la Argentina.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 lleva adelante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, sindicado como una de las bases del Plan Cóndor, a través del que las dictaduras del continente coordinaban acciones represivas y por el que pasaron gran cantidad de ciudadanos extranjeros. Los imputados son el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea Néstor Guillamondegui, el ex coronel del Ejército Rubén Visuara, el ex general de División Eduardo Cabanillas y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Los delitos por los que están juzgados son el de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado impuesto sobre 65 víctimas.

El juicio que trata los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército comenzó el 23 de noviembre. Allí se investigan los delitos que se practicaban en los centros clandestinos de detención conocidos como Club Atlético, El Banco y el Olimpo, todos dentro de la ciudad de Buenos Aires. El policía Julio Simón (que utilizaba el alias de “Turco Julián”) y que ya cuenta con dos condenas por delitos similares, junto a otros catorce imputados como Samuel Miara –condenado por la apropiación ilegal de los mellizos Reggiardo Tolosa–, comparecen por el secuestro y torturas contra 180 personas. Se calcula que cerca de cuatrocientos testimonios serán escuchados por el tribunal. En otro juicio se juzga por delitos de lesa humanidad a ocho represores –los ex militares Pedro Alberto Durán Sáenz y Héctor Humberto Gamen, entre otros– por vejaciones cometidas en la cárcel clandestina El Vesubio, también en la Capital.

En abril se inició el juicio oral contra los represores que actuaron en la Unidad 9 de la penitenciaría de La Plata. Allí se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra noventa personas. El ex director de la unidad, Abel Dupuy, y quien era su subalterno entonces, Isabelino Vega, son algunos de los catorce imputados que tiene la causa. El 11 de mayo se presentó a declarar el ex canciller Jorge Taiana como testigo de los apremios y las vejaciones, al haber pasado por allí en su condición de detenido en 1976.

La masacre de Margarita Belén, que se tramita en la Justicia chaqueña, recae sobre nueve represores: ocho ex militares y un ex policía. La causa investiga la ejecución en 1976 de un grupo de presos políticos luego de que los retiraran de la Unidad Penitenciaria Nº 7 de Resistencia bajo un supuesto traslado, pero al llegar a la localidad de Margarita Belén fueron acribillados por sus custodios. Por otro lado, la Justicia del Chaco también instruye sobre la investigación que abarca a los delitos de lesa humanidad cometidos contra 26 personas en el centro clandestino que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la policía local durante la dictadura. Por último, en Tucumán se inició en febrero un nuevo juicio oral contra los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los dos condenados ya a prisión perpetua por el secuestro y asesinato en Tucumán del senador Guillermo Vargas Aignasse en 1976. En este caso, el tribunal investiga los delitos cometidos contra veinte víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía provincial.

El Chaco ensangrentado : El horror de la Masacre de Margarita Belén

 Día 5 del juicio oral: "El soldado que vio todo" 
Durante  su testimonio, Gustavo Piérola contó sobre el conscripto Clase 55, Alfredo Maidana, aportando datos clave. También declararon Dafne Zamudio y José Luis Valenzuela. Las audiencias continúan este jueves desde las 10.30.
Como una obra teatral, la maratónica audiencia de este miércoles puede dividirse en tres actos: el primero, la declaración de Gustavo Piérola, se baja el telón –cuarto intermedio-; segundo acto, testimonial de Dafne Zamudio, se baja el telón –cuarto intermedio-; tercer acto, cierre de la jornada con José Luis Valenzuela, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia.

Como en una obra de teatro, el público vibró, se emocionó, lloró, se enojó, rió, abucheó (con amenaza de expulsión mediante) y terminó aplaudiendo el cierre de cada acto. La dirección, a cargo del Tribunal Oral Federal (Glady Yunes, Carlos Benforte y Ramón Luis González), tuvo mucho trabajo para encausar la audiencia, pero lo hizo con firmeza.

Los imputados (Athos Rennes, Horacio Losito, Aldo Martínez Segón, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Patetta, todos militares, más el policía Alfredo Chas) mantuvieron el rito de cambiar posiciones y fueron beneficiados por el Tribunal que los ubicó en un lugar que les permitió mirar a la cara a los testigos (la querella anticipó que apelará esta nueva disposición de lugares en la sala).

Permanecían incrédulos ante los testimonios. Un muy activo Patetta hablaba constantemente con los abogados defensores –sobre todo durante la testimonial de Piérola-, en algunos momentos Carnero Sabol también estuvo inquieto. El resto miraba con atención y gesticulaban poco y nada.  En medio, surgió un dato –durante la declaración de Piérola- que aporta pruebas desconocidas hasta ahora y que ayudarían a aproximarse a la verdad histórica de la Masacre de Margarita Belén, ocurrida el 13 de diciembre de 1976, a menos de 30 kilómetros de Resistencia, sobre la ruta 11, camino a Formosa.

Primer acto.
La audiencia comenzó con la testimonial de Gustavo Piérola, hermano de Fernando, una de las víctimas de la Masacre. Entre lo que declaró y las preguntas que respondió estuvo casi dos horas. Contó de la existencia del soldado Alfredo Maidana, un ex comando que se salvó de morir durante el fusilamiento como parte del enmascaramiento del intento de fuga de presos políticos que eran traslados hacia Formosa, previamente, habían sido torturados en la alcaidía policial de Resistencia, que es un apretado resumen de la historia de la Masacre . Este fue el momento de mayor tensión para los represores.

Gustavo contó la historia de vida de su hermano, sobre todo, dejó bien en claro cómo fue su acercamiento a la militancia, su casamiento con María Julia Morresi, su primera detención y su pase a la clandestinidad hasta su detención en Posadas en “La casita de los mártires”, un centro clandestino de Misiones, su traslado al ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y a
la Brigada de Inves tigaciones de Chaco.
Relató la tortura: “Lo tenían colgado de los pies… Usaban su cuerpo para apagar cigarrillos…” y la búsqueda de toda una familia, con Amanda Mayor de Piérola a la cabeza. Y contó con detalles la historia de su búsqueda. Comenzó con lo del soldado Maidana. También relató el caso del soldado Pegoraro que transportó los cuerpos. De los testigos que vieron llegar los cuerpos al cementerio, de la  búsqueda de su hermano Fernando, desaparecido y víctima de la Masacre: “No queremos profanar un lugar como el cementerio, pedimos ayuda para encontrar
los restos, no nos queda otra”, dijo. 
Al borde de las lágrimas o consumido por ellas, en varias ocasiones, Piérola retomaba su relato anticipando datos clave. Contó del fotógrafo Salinas, que trabajaba para la policía en las pericias: “El 12 de diciembre (de 1976) ya le dicen que prepare su cámara, sus rollos y el flash porque al otro día tenía que sacar fotografías en un operativo del Ejército. Ya sabían lo que iba a ocurrir”.
Cerca de Margarita Belén “fotografió los cuerpos: ‘una imagen que nunca me voy a poder sacar de la cabeza’ me contó. Después, también sacó fotos de los cuerpos en una fosa común en el cementerio” San Francisco Solano. Según la historia oficial, se enterraron diez cuerpos a cajón cerrado en sus respectivas tumbas, a lo que se agrega este nuevo dato.
También contó de la familia Pegoraro, que tienen campos cerca de donde ocurrió la Masacre. Dos hermanos escucharon los tiros y pudieron ver los cuerpos cuando iban a buscar animales a otro campo contiguo al de la tragedia.
Con un semitono, pero firme, le cuestionó al defensor Carlos Pujol por haber pedido que la familia Piérola sea quitada como querellante en la causa y lo increpó por “reírse mientras buscábamos los huesos en el cementerio. Pedimos respeto”.

Para el cierre, habló sobre el honor que “define la alta moral. Es una virtud que marca la dignidad”, también habló del “honor militar” y en nombre de él que “se paren ante el Tribunal y, aunque no se arrepientan ni pidan perdón, digan dónde están los cuerpos de nuestros muertos, para poder hacer parte de nuestro duelo”. “No hay odios –aclaró, dirigiéndose a los imputados- ni deseos de venganza, en todo caso siento pena y hasta lástima porque nuestro Ejército está tan lejos de lo que pensaron San Martín y Belgrano”.
Contestó con solvencia a las preguntas, sobre todo de los defensores, mientras la jueza Yunes lidiaba con Pujol: “Haga preguntas lógicas”, le llegó a pedir de manera enérgica para encausar la audiencia.

Segundo acto.
Luego, declaró Dafne Zamudio, hija de Carlos Zamudio –otra de las víctimas de Narró la historia de Carlos, hijo de Ernesto Zamudio, un prócer del periodismo chaqueño (propietario y director del diario El Territorio, llegó  a publicar en la tapa una proclama contra el golpe a Hipólito Yrigoyen que le costó caro).

Habló de su la militancia y el pase a la clandestinidad: “En el 75 lo fuimos a ver a Corrientes”, recordó. Para el 76, ya estaba en Misiones, donde consiguió trabajo, pero al poco tiempo cayó preso: también estuvo en “La casita de los mártires”, relato que Dafne compuso recién el 13 de diciembre del año pasado, cuando un misionero visitó la Casa por la Memoria –ex centro reconoció la foto de Carlos Zamudio.

Ya en la Brigada policial de Resistencia, junto con sus hermanos y su madre, lo pudo visitar: “Se sentó en un banco, después supe que caminaba arrastrando los pies y agarrándose el costado. Yo no lo podía ver porque era muy chiquita. Entonces, mi mamá me alzó en sus brazos y lo pude mirar. Me acuerdo que pensaba: por qué no le podía ni dar un beso”.

Poco antes de la matanza de diciembre de 1976, a Carlos lo llevan a la alcaidía policial, donde su familia ya nunca lo pudo volver a ver. Buscando su paradero, la abuela de Dafne se cruza con Patetta quien le dice que Zamudio fue una de las víctimas de la Masacre. Sin embargo, después, el Ejército le aclara que murió en un enfrentamiento en Campo Grande (Misiones).
En Misiones, le entregan el cuerpo a cajón cerrado. En Resistencia, no le permiten realizar el velatorio, lo llevan directamente a un nicho en el cementerio. Treinta y cuatro años después, durante una exhumación, se comprueba que tenía una de las piernas rota: “Difícilmente hubiese podido escapar”, finalizó.
En las preguntas, otra vez cruces entre defensores, fiscales y querellantes. El Tribunal intervino, nuevamente, con un llamado de atención a Pujol: “No tenga mala fe”, le advirtió.

Tercer acto.
Por último, llegó el testigo de las torturas en la alcaidía policial de Resistencia previas al traslado a Formosa. José Luis Valenzuela, subsecretario de Derechos Humanos de Chaco, contó que vio a Carlos Zamudio, Néstor Carlos Salas, Luis Alberto Díaz y Fernando Piérola. Por la ubicación de su celda, Valenzuela pudo ver cómo la fuardia dura de la alcaidía llevaba arrastrando y a los golpes a estos presos políticos para torturarlos desde el comedor, donde “se escuchaban gritos, ruidos de golpes,corridas… Era desesperante”.

Tras la tortura, los guardias dejaron a Zamudio “muy destruido, tirado cercade una pileta (frente a su celda). Por muy poco tiempo pudimos hablar. Me pidió que le entregase a su familia fotos y una chomba, sólo pude rescatar la chomba de las requisas militares”.

La ubicación de la celda de Valenzuela también le permitía escuchar las conversaciones en la guardia: “Decían que había sido una matanza preparada ya sabían en qué auto iban a colocar a cada uno”. Hasta el final, con las preguntas incluidas, describió cómo era estar preso en la alcaidía, el ambiente que reinaba durante el traslado. Al final, el defensor Federico Carniel pidió marcar una contradicción entre lo que declaró Valenzuela ayer y una testimonial dada ante la Justicia Militar, pero la jueza Yunes no hizo lugar.

Horas después de finalizada la audiencia, el Tribunal cambió la hora fijada para hoy, cuando el juicio comience a las 10.30 (en el horario original coincidía con el partido de Argentina-Corea del Sur por el Mundial de Fútbol de Sudáfrica), con la presencia de miembros del Consejo de la Magistratura.
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Entre tanto, la Dirección de Cine del Instituto de Cultura prepara sus cámaras para realizar la primera testimonial en video conferencia. Desde Francia, declarará la periodista Marie Monique Robin.
Informe: Marcos Salomón.

Masacre de Margarita Belén Testimonio desgarrador: “
Junten estos fiambres” Gustavo Piérola aportó la desgrabación de una entrevista que hecha años  atrás al Francisco Tete Romero.
 Gustavo Piérola.
Este testimonio caló hondo, sobre todo entre los imputados que veían con preocupación que se caiga el velo de impunidad. soldado comando Maidana (queda a decisión del Tribunal). También se reclamó protección a este potencial testigo, cuyo paradero, en rigor, se desconoce.

En esta desgravación Maidana cuenta sobre una reunión en la sede militar del barrio La Liguria en la que se habría gestado el operativo “Encubrimiento rojo”, más conocido como Masacre de Margarita Belén. Del cónclave participaron Antonio Serrano, Cristino Nicolaides, Jorge Larrateguy, Carlos Brinzoni, Terrat, Schenone, Luis Alberto Petetta, dos cabos de apellido Gómez (que participaron del fusilamiento, según la desgrabación), los policías Thomas y Wenceslao Ceniquel.

También reveló que lo que hoy es la Base de Apoyo Logístico (BAL), en los '70, había detenidos por razones políticos, lo que lo convierte en posible centro clandestino de detención. Estos presos “estaban bajo custodia de Patetta” y se trabajaba con la Brigada de Investigaciones.  Entre esos prisioneros, “había un español muy torturado, otro solado clase 55 y dos mujeres, custodiados por el sargento Medina”. Patetta escuchaba, se paraba, hablaba con los defensores, se ofuscaba - al punto de ponerse rojo
Ya en la madrugada del 13 de diciembre, “retiran 30 detenidos en tres ambulancias blindadas, diez en cada uno”. En esa misma caravana iba el tristemente célebre Peugeot, otros autos y seis Unimog del Ejército.
En la base militar de La Liguria también había dos suboficiales tucumanos. Uno de ellos le dijo a Maidana, mientras miraba el convoy: “A estos los llevan camino al infierno”. Tártaro al que también pretendían llevar a Maidana, junto con el cabo Galarza, para ser los militares caídos en el intento de fuga de los presos políticos.

En un momento de la madrugada, llegan noticias sobre el enfrentamiento en la ruta 11. Parten más Unimog, uno con Maidana y los dos suboficiales tucumanos. Ya en Margarita Belén, oye disparos y se tira del vehículo –a las 4.40 aún era oscuro-. Lo buscaban con una linterna, cuando lo encuentran, le sacan el fúsil, el correaje y el casco, hasta que le apuntan y estaban a
punto de dispararle.

Justo, lo salva su jefe de batería: “A mi muchacho no”, le escuchó decir Maidana. Entonces, ve cómo “Patetta lleva un detenido esposado y vendado, lo ubica en el Peugeot y le vuela la cabeza con una itaka (por otros relatos se sabe que la víctima fue Carlos Néstor Sala). Luego, los otros militares disparan sobre el Peugeot”, según la desgrabación presentada como prueba.
“Ya habían matado a algunos, la mayoría estaban vendados y algunos desnudos”, señala Piérola siguiendo el relato de Maidana, el soldado que fue comando del Ejército. Mientras, el mismo oficial que antes lo había salvado ordena: “Junten estos fiambres”.

En ese trabajo, le tocó “cargar un detenido delgado, vendado”, llega a “sentir sus pulsaciones” por lo que llega a creer que “muere en sus brazos”. Cargan otros tres muertos en un Unimog de Corrientes, participando un sargento correntino.
Cuando por fin se estaban yendo del lugar del fusilamiento, Maidana ve que “abren una de las ambulancias, los detenidos gritaban y una mujer pedía clemencia. Como no querían bajar del vehículo, los fusilan a los diez”.
Camino al cementerio, ya de día, reconoce al Español (el mismo que antes vio torturado mientras le gritaba a sus torturadores: “Peguen tío, peguen, que aquí hay un hombre). Tenía “tres tiros en la espalda, pedazos de corazón salían por delante y también lo habían castrado”.
Es la última imagen antes de llegar al cementerio San Francisco Solano. Ya en el lugar, ve otros vehículos con cuerpos: tres hombres y una mujer, que es la misma que antes “había visto en la base de La Liguria con los pechos cortados con navaja”.
De regreso en el Regimiento, tiene mucho miedo, no habla con nadie y opta por el silencio total.
Al finalizar el relato, Piérola lanza su hipótesis: “Nos queda claro que son mucho más las víctimas y los responsables. No queda claro si el convoy del Regimiento se suma al de la alcaidía policial o los de la alcaidía son llevados al Regimiento”.

Informe: Marcos Salomón.

Prisión perpetua para el represor Gregorio Molina

CONDENARON EN MAR DEL PLATA A UN EX JEFE DE LA CUEVA
Represor con perpetua. El suboficial Gregorio Molina deberá cumplir la pena en una cárcel común.

Por Diego Martínez

El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó a la pena de prisión perpetua en cárcel común a Gregorio Rafael Molina, suboficial de la Fuerza Aérea y ex jefe del centro clandestino La Cueva, que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea. La sentencia culminó con un aplauso de diez minutos en la sala y quinientas personas festejando en la calle. El fallo quedará en la historia porque por primera vez la Justicia calificó como delito de lesa
humanidad, diferente de las torturas, a las violaciones de secuestradas cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Molina era encargado de La Cueva, donde se hacía llamar Charles Bronson. Su destino era el área de inteligencia, debajo de José Alcides Cerutti, aún libre e impune. Los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París lo condenaron por treinta y seis secuestros y tormentos agravados (contra perseguidos políticos), dos homicidios calificados (por alevosía, ensañamiento y participación de dos o más personas), cinco violaciones y una tentativa, agravadas porque era encargado de la guarda de las víctimas. Fue absuelto por cuatro secuestros en los que no se acreditó su participación.
 Es la primera condena en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad en esa ciudad. Antes,
el coronel Alberto Barda fue condenado por el TOF-5 porteño (que le permitió seguir libre), en tanto al general Pedro Mansilla y al coronel Alejandro Duret se los juzgó por delitos en Olavarría.

Además de la sala repleta, quinientas personas escucharon la sentencia desde la avenida Luro, donde hubo música, radio abierta, fotos de desaparecidos, pecheras de “Juicio y castigo”, banderas de Hijos, Descamisados, la CTA y el PTS, entre otras. El imputado, con buzo azul y chaleco antibalas, estuvo solo: ni familia, ni camaradas, ni su abogado Eduardo San Emeterio, con problemas de artrosis.

A dos metros de Molina siguieron la sentencia tres de sus víctimas, tomadas de la mano y con los ojos cerrados. Cuando el secretario Carlos Oneto concluyó la lectura, los penitenciarios se llevaron al condenado y la sala comenzó a aplaudir de pie. Los jueces guardaron silencio, sin moverse de sus asientos. Diez minutos después culminó el aplauso y el juez Velázquez agradeció el buen comportamiento de los presentes.

El abogado César Sivo destacó que “es la primera condena a un miembro de la patota de La Cueva, un grupo de tareas heterogéneo, con miembros de las tres fuerzas y civiles”. “Es muy importante por las evidencias que se obtuvieron, porque se confirmó la responsabilidad de civiles, se identificaron roles específicos de otros imputados, y apareció una gran cantidad de soldados dispuestos a declarar. La condena repara a las víctimas, reafirma la importancia de dar testimonio, de tener que revivir el dolor pero con un resultado positivo”, celebró.

“Molina es el primero, ahora hay una larga fila de juicios, por la Base Aérea y el GADA 601, que con suerte será en 2012”, destacó Marcelo Núñez, de Hijos. “El juicio sirvió para inscribir en una condena nombres como los de (el ex juez Pedro) Hooft o (el ya fallecido ex CNU Eduardo) Cincotta, que fueron parte del andamiaje de la represión en Mar del Plata”, agregó.
Sivo también resaltó la importancia de la calificación de las violaciones como delito de lesa humanidad, criterio que rechaza la mayor parte del Poder Judicial. “Es el primer fallo en la Argentina y el cuarto o quinto en el mundo”, recordó, y apuntó antecedentes en Ruanda y la ex Yugoslavia. “La condena por ese delito es una forma de reivindicar el honor y la dignidad de
las víctimas, aunque sea 34 años después.”  Fuente: Pagina 12

Se inicia el juicio a Guglielminetti por los crímenes en el centro clandestino "Automotores Orletti"

El ex agente civil de inteligencia del Ejército en la última dictadura será juzgado a partir del próximo 3 de junio, junto a otros ex altos militares por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", que funcionó bajo la órbita de la SIDE en 1976 en el barrio porteño de Floresta.

El juicio comenzará el próximo jueves a las 10 en los tribunales de Retiro a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, confirmaron a Télam fuentes judiciales.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el juez federal de primera instancia Daniel Rafecas, "Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino.

Esta será la primera vez que Guglielminetti, apodado "mayor Guastavino", enfrente un juicio oral por delitos cometidos en la dictadura, tras ser detenido en 2006 por orden de Rafecas y luego de que en democracia se reciclase como jefe de la custodia presidencial de Raúl Alfonsín.

Además de Guglielminetti serán juzgados el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea, Néstor Guillamondegui; el ex coronel del Ejército Rubén Visuara, el ex general Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la SIDE Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo.

Todos están procesados con prisión preventiva por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, cargos que prevén condenas máximas de prisión perpetua.

En el caso de Guglielminetti, la Justicia consideró probado que el ex agente de inteligencia del Batallón 601 del Ejército estuvo en "Orletti" y fue acusado por "privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades -dos de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 25 ocasiones, en calidad de autor material".

El juez Rafecas acusó también a los detenidos por el homicidio de seis personas, entre ellas el hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo, cuyos restos aparecieron dentro de tambores hundidos en el Río Luján.

La causa por "Automotores Orletti" es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Este centro clandestino funcionó desde mayo a noviembre de 1976 en Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, emplazado en medio de casas bajas de familia en el barrio de Floresta.

Por allí pasaron unos 200 secuestrados, muchos uruguayos como Jorge Zaffaroni y Maria Emilia Islas, padres de Mariana Zaffaroni Islas, una de las nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo.

La vieja casa de dos plantas con frente similar a la fachada de un taller mecánico, hoy conservado como "sitio recuperado para la memoria" era también conocido como "El Jardín" y había sido alquilada por agentes de la SIDE para ser base operativa durante pocos meses del llamado "Plan Cóndor", diseñado por las dictaduras latinoamericanas para perseguir y secuestrar en distintos países.

En el juicio, el Tribunal evaluará como prueba un informe de la Comisión de la Memoria bonaerense referido a 62 victimas y que detalló un organigrama de la SIDE que demuestra que el organismo de inteligencia estatal estuvo a cargo de secuestrar extranjeros, principalmente chilenos, uruguayos, bolivianos y cubanos, muchos de los cuales fueron llevados a "Orletti".

La primera jornada del proceso será en la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py 2002 y luego habrá juicio los jueves, viernes y un miércoles semana por medio en el Salón de Usos Múltiples.

La acusación estará representada por la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, a cargo del fiscal general Guillermo Enrique Friele.

Como querellantes intervendrán la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y abogados de organismos de derechos humanos o familiares de víctimas, entre ellos los letrados Carolina Varsky, Alcira Ríos, Rodolfo Yanzón y Pablo Llonto, entre otros.
 

Otro represor violando la prisión domiciliaria

En abril pasado el coronel retirado Carlos Alberto Mulhall fue fotografiado  mientras regaba la vereda de su casa en la calle Monteverde al 3100, en Olivos, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.  Esta actividad viola las condiciones del beneficio de la prisión domiciliaria que le fuera otorgada por los jueces a cargo de las causas en las que se investiga a Mulhall por violaciones de los derechos humanos cometidas en Salta durante la última dictadura militar. Entre otras causas, el militar retirado cuenta ya con procesamientos en Palomitas, por el fusilamiento de 11 presos políticos el 6 de julio de 1976, y el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo de ese mismo año.

La prisión domiciliaria implica, como su nombre lo indica, que el detenido  debe permanecer dentro de su domicilio y solo le está permitido traspasar esos límites por razones de salud o de humanidad. Esas salidas deben ser autorizadas por el juez del que depende el detenido. En ningún caso se prevé que la persona investigada y con prisión preventiva domiciliaria pueda salir a la vereda.

Mulhall fue fotografiado fuera de su casa por miembros de Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Orán. “Por estas fotos voy a pedir la revocación de la prisión domiciliaria”, anunció el abogado David Leiva, que participa como querellante de los procesos judiciales en los que está acusado el militar.

Mulhall fue detenido en Buenos Aires el último día de septiembre de 2003, en la causa Palomitas, que entonces estaba a cargo del juez federal Nº 2 de Salta, Miguel Medina. La detención fue ordenada por el magistrado cumpliendo con una orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que confirmó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final decidida por Medina.

Desde 1975 Mulhall fue jefe del Distrito Militar Salta, dependiente del área 322 con sede en Córdoba. El 24 de marzo de 1976, cuando se cometió el golpe de Estado que derrocó a Isabel Martínez de Perón, pasó a ser también la máxima autoridad del estado provincial dado que fue nombrado interventor militar de la provincia, con lo que concentró la suma del poder público.

Por el lugar que ocupó, Mulhall tuvo responsabilidad en los secuestros y desapariciones cometidos en Salta durante su gestión. Es por eso que también está siendo investigado en otras causas, por las dsapariciones del soldado Víctor Brizzi, de Sylvia Aramayo, Hilda Cardozo, Alfredo Nils Cassón (o Cazón) Coria, Ana María Caballero Cuellar, Carlos García,  Nora Saravia de García, Ramón Gallardo, Bernardino Luna, Silvia Sáez de Vuistas, Santos Abraham Garnica y Sergio Wenceslao Copa, entre otros

Represor que mató a matrimonio mexicano-argentino muere en cárcel

Santiago de Chile, 26 may 
El ex suboficial del Ejército chileno Héctor Vallejos Birtiola, quien cumplía condena por el homicidio de un matrimonio argentino-mexicano en 1973, falleció a los 71 años en una prisión militar por un paro cardiaco, informaron hoy fuentes judiciales.

El ex militar, que padecía un cáncer vesicular en fase terminal y a quien le fue amputada una pierna por diabetes, ingresó el 14 de mayo pasado al hospital del centro penitenciario militar de Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al noreste de Santiago, donde murió este martes por la noche, precisaron las fuentes.

Vallejos Birtiola ingresó en prisión en agosto de 2009 para cumplir una condena de cinco años y un día de prisión por los homicidios calificados del argentino Bernardo Lejderman y su esposa, la mexicana María del Rosario Ávalos, ocurridos el 8 de diciembre de 1973, pocos meses después del golpe de Estado de Augusto Pinochet.

El matrimonio fue asesinado en el Valle de Elqui, en la región de Coquimbo, a unos 500 kilómetros al norte de Santiago, cuando aparentemente intentaba huir a Argentina por un paso de la cordillera de los Andes.

El caso se abrió en Chile por una querella que interpuso en el año 2000 el hijo de la pareja, que en el momento de los hechos tenía dos años, contra Pinochet y otros miembros del Ejército, por delitos de “homicidio, asociación ilícita genocida e inhumación ilegal”.

Junto a Vallejos también fueron condenados el brigadier retirado Fernando Polanco Gallardo y el ex suboficial Luis Fernández Monje.

En marzo pasado, Vallejos solicitó un indulto presidencial por causas humanitarias, petición que le fue denegada.

Otros dos condenados por violaciones de derechos humanos han muerto en prisión: Carlos Marco Muñoz, ex miembro de la brigada “Lautaro”, de la policía secreta de Pinochet, fallecido en 2005, y Osvaldo Romo Mena, que también formó parte de la DINA, fallecido en 2007.

Aplazan hasta julio el inicio del juicio contra ex dictador argentino Videla

El inicio del juicio oral contra Jorge Rafael Videla, primer presidente de la dictadura militar argentina (1976-1983), fue aplazado hasta julio, informaron hoy fuentes judiciales.

El debate, que debía comenzar este jueves en Córdoba (centro de Argentina), tendrá inicio el 2 de julio próximo.

La Justicia postergó el inicio del juicio debido a que en el proceso también está imputado el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, quien está siendo juzgado en Tucumán (noroeste del país) por otra causa por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Videla, Menéndez y otros 23 violadores de derechos humanos serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Córdoba.

A inicios de este mes, Videla, de 84 años, fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas en otra causa por crímenes de lesa humanidad que se refiere a 49 personas víctimas de homicidio agravado, secuestro y torturas durante la dictadura.

Videla está detenido desde hace un año y medio en una cárcel de la unidad militar de Campo de Mayo, después de que el juez federal Norberto Oyarbide revocara su prisión domiciliaria, y está procesado, entre otras causas, por el secuestro de menores durante el régimen de facto.

DOS EX CONSCRIPTOS FUERON TESTIGOS DE LOS VUELOS DE LA MUERTE QUE SE REALIZABAN EN MAR DEL PLATA

“Subían a personas embolsadas o maniatadas”

Ex conscriptos de la base donde funcionó el centro clandestino La Cueva declararon que los vuelos se hacían con un avión Albatros de la Armada. Algunas personas subían vivas y maniatadas. Otras ya muertas y embolsadas.
Por Diego Martínez

“El avión se desplazaba despacito por la pista y paraba frente al radar. Entonces los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos. Pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales o suboficiales alzaban a personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo. Daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba, a los treinta o cuarenta minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada.”

Los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la última dictadura en la Base Aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña por el Tribunal Oral Federal 5. El relato pertenece a un ex conscripto clase 1957 que el viernes declaró como testigo en el juicio al suboficial retirado Gregorio Rafael Molina –su identidad se reserva a pedido de la Justicia– y confirma que los vuelos de la muerte no sólo partieron de los aeropuertos de Ezeiza, Jorge Newbery y Campo de Mayo.

El método argentino de desaparición de personas, que según Adolfo Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica, aún rinde frutos un tercio de siglo después. Más allá de condenas aisladas como las de los generales Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e “invitados especiales” que según Scilingo también participaban en los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Emir Sisul Hess, quien contó en privado que los enemigos “caían como hormiguitas”, y está en veremos la situación del teniente de fragata extraditado Julio Alberto Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue malinterpretado por sus colegas holandeses.

Los relatos que reactualizan el tema tienen un doble valor adicional: pertenecen a ex conscriptos, testigos centrales del terrorismo de Estado que recién ahora sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar, y tuvieron lugar durante un juicio oral y público, ante un tribunal de la Nación y mirando a los ojos al imputado, un torturador y violador de mujeres secuestradas que perteneció a la Fuerza Aérea Argentina.

Línea directa con Hooft

“En la base aérea había doscientas personas, incluidos ciento sesenta conscriptos, la mayoría del interior. En cinco meses nos conocíamos todos”, resume ante Página/12 en la sede del Programa Nacional de Protección de Testigos uno de los dos hombres que el viernes declararon durante horas y terminaron aplaudidos por sobrevivientes y familiares de desaparecidos. La condición para la entrevista es que se preserven identidades y rostros.

Uno padeció el servicio militar obligatorio en la oficina de comunicaciones de la base, destino que le permitió conocer a todos los interlocutores de los represores. “Tenía setenta internos. Después del golpe agregaron otro, creo que el 32, que comunicaba a quienes pedían por inteligencia. Empecé a escuchar y me di cuenta de que ahí abajo tenían a los detenidos”, recuerda.

“Había un tipo que jodía con los hábeas corpus, un tal Hooft”, declaró el viernes ante los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París. El nombre no sorprendió a los querellantes marplatenses: se refería el juez Pedro Federico Hooft, que continúa en funciones con varios pedidos de juicio político en el haber por su actuación durante la dictadura. “Hooft siempre pedía hablar con inteligencia. Cuando no atendían, el interno decía ‘va a ir el doctor Cincotta’”, agregó. Eduardo Cincotta era un militante de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), organización que sembró de muertos Mar del Plata durante 1975. Después del golpe se integró a los grupos de tareas del GADA 601 y murió el año pasado, a poco de haber sido detenido y procesado.

A diferencia de los conscriptos marplatenses, a quienes los militares trataban de mantener al margen de la represión ilegal, los del interior debían participar de operativos en la ciudad y también cubrir guardias externas, que les permitían conocer los movimientos de la base, e internas, durante las cuales tenían breves contactos con los secuestrados. “Sólo había un mínimo diálogo cuando pedían ir al baño. Teníamos que darles una capucha y ponernos otra nosotros para no vernos las caras”, recuerda el hombre en referencia a las famosas medidas de contrainteligencia por cuyo relajamiento en la ESMA reniegan Pernías, Rolón & Cía. “Teníamos prohibido hablar”, agrega y se enorgullece de haber burlado la orden: le informó a un abogado marplatense dónde estaba secuestrado, le dio una birome para que escribiera una carta y se la hizo llegar a su familia. “No me animé a tocar timbre, la dejé en la puerta”, agrega.

Si bien la base era de la Fuerza Aérea, los interrogadores, que llegaban al atardecer y hacían su trabajo sucio durante la madrugada, pertenecían a inteligencia del Ejército, responsable primario de la represión ilegal. Los colimbas los llamaban “los verdugos”. Una tarde de lluvia camino a La Cueva los dos hombres hicieron escala en la oficina de comunicaciones y entre mate y mate mostraron la picana eléctrica, que llevaban en un estuche. “No dijeron nada sobre su uso y no me animé a preguntar.”

Los dos ex conscriptos, que entonces tenían veinte años, recuerdan a Molina como un personaje excéntrico. “Andaba lleno de granadas, cuchillos, cargadores, tipo Rambo, le faltaba un paracaídas, era fantástico.” La otra característica, que los sobrevivientes también recuerdan, era el olor al perfume. “Era un tipo pulcro, siempre bien arreglado y perfumado”, contaron ante el tribunal.

–¿Recuerda qué perfume usaba? –quiso saber un juez.

–No lo sé, doctor, pero en un cuartel un buen jabón de tocador ya es perfume –respondió y generó sonrisas en medio de tanta tragedia.

Bolsas desde La Cueva

“En la base había un solo avión, chiquito, que piloteaba (Gonzalo) Gómez Centurión. Después trajeron el Albatros de la Marina. Entonces empezaron los vuelos a la noche. Salía el avioncito, pasaban veinte, treinta minutos, y volvía. Decían que a la gente la llevaban semidormida y la tiraban al mar”, declaró ante el tribunal el ex colimba de comunicaciones, en base a relatos de compañeros.

Testigos directos a pesar de los reflectores eran los soldados que cubrían los doce puestos de guardia externa, desde donde no sólo veían entrar a los secuestrados encapuchados en los autos de civil de los grupos de tareas. “Una noche vi cargar cinco o seis bolsas al avión. Las subían entre dos, se conoce que eran pesadas. Otras veces las arrastraban desde una punta. Esas bolsas salían desde La Cueva”, explica a Página/12 el hombre de rostro curtido y mirada serena.

“Una vez vi salir gente del radar hacia los aviones. Los llevaban atados de los pies, seis o siete personas. Iban a los saltitos, subían como podían”, contó el día anterior, y agregó: “El avión tenía la insignia de la Armada”, dato curioso por tratarse de una base de la Fuerza Aérea y un centro clandestino del Ejército, que acondicionó el viejo radar abandonado para achicar distancias con Mar del Plata y así poder arrancar información rápido para retomar la cacería.

–¿Qué se siente después de declarar? –pregunta el cronista.

–Alivio. Es imposible vivir toda la vida con esa cruz. Fueron muchos años sin hablar, con trastornos psicológicos. Nadie se ocupó de nosotros. Hasta hoy nuestras familias no creen lo que vivimos, piensan que estábamos locos, dicen “¿cómo van a tirar gente al mar?”. Les vamos a llevar el diario para que lo crean. Uno siempre estuvo dispuesto a poner un granito de arena, pasa que el temor siempre existió.

–¿Por qué ahora sí?

–Vemos que la situación está cambiando, que hay garantías, que se puede tener más confianza en la Justicia. Todavía hay miedo pero de a poquito se va a ir perdiendo. Cuando otros colimbas se den cuenta de que acá no hay ningún lucro, que no es una pavada para sacar una nota, que es para esclarecer la verdad y que esta vez vamos en serio, van a empezar a hablar, todos van a hablar.

Que tantos represores sean juzgados, está bien, pero tienen "ayudita" judicial

José Alfredo Martínez de Hoz es uno de los 421 procesados por causas de derechos humanos que están presos. Es el lado bueno del asunto. Pero sólo hay 68 condenados, a diciembre de 2009, y eso es lo malo.
EMILIO MARIN

Que José A. Martínez de Hoz haya sido detenido orden del juez Norberto Oyarbide, es una buena noticia por varios motivos. Principalmente porque se trataba del "jefe civil de la dictadura", como bien planteó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, cuando pidió que aquél pagara por sus delitos.

O sea, debía ir a la cárcel no sólo por la causa en la que fueron secuestrados por orden directa suya los empresarios Federico y Miguel Gutheim, sino también y fundamentalmente por el secuestro, tortura y desaparición de millones de empleos, de Pymes y empresas nacionales.

Secundariamente, en vísperas del Bicentenario, esa detención puede ser vista como un desagravio a los patriotas de 1810. Es que otro José Martínez de Hoz, monopolista del puerto de Buenos Aires, votó en contra de la formación del primer gobierno patrio, favorecido como estaba con ese monopolio y la corona española (la primera vez que este cronista vio este dato fue hace muchos años en el manual de Historia de Juan José Real, donde figuraba el acta del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 con la nómina de los votantes).

Ojalá que la detención de "Joe" en la causa Gutheim junto al general Jorge R. Videla, y su compañero de cacerías en Sudáfrica, general Albano Harguindeguy, pueda abrir una puerta para que la justicia pueda imputar a otros funcionarios civiles de la dictadura.

Los dos que inauguraron la lista de esos funcionarios procesados fueron el propio Martínez de Hoz, luego indultado por Carlos Menem, y Jaime Smart, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires con el general Ibérico Saint Jean. El ministro fue detenido en 2008, siendo defendido por "Gaceta Ganadera" con un editorial publicado el 16 de julio de ese año. Se tituló: "La injusta detención de Jaime Smart". En cualquier momento la tribuna de doctrina mitrista se decide a publicar otro editorial pero en salvaguarda de su admirado Martínez de Hoz.

Esos abogados, empresarios y ex ministros imitan en todo a sus socios de uniforme, cuando tienen cita en los tribunales de Comodoro Py 2002. Primero quieren exculparse diciendo que no tuvieron nada que ver con los delitos de lesa humanidad, que cumplían órdenes o que los delitos fueron cometidos por subordinados. Luego inventan o agrandan sus enfermedades, buscando -como el ex almirante Emilio Massera- ser declarados inimputables o bien que los deriven como presos VIP a sus domicilios, cuarteles o clínicas. Martínez de Hoz logró que lo internaran en la Clínica Los Arcos, así como el coronel Sarmiento, alias "mago de la picana" y padre de la jueza María José Sarmiento, logró que no lo detuvieran pese a la orden del juez misionero que lo tiene imputado por su actuación allí como ministro de gobierno.

Guillermo Walter Klein, Roberto y Juan Alemann, Adolfo Diz, Jorge Zorreguieta, Alberto Rodríguez Varela, Roberto Durreiu, Domingo Cavallo y tantos otros funcionarios del terrorismo de Estado deberían estar en las celdas próximas a las de "Joe" y Smart.
 
Los límites judiciales y políticos.
El avance de las causas por violaciones a los derechos humanos alegra a casi todos los argentinos, excluidos claro está a los mismos imputados, sus familias y las organizaciones sociales y políticas de las que forman parte. También hay que entender que determinados políticos que supuestamente están parados en el ancho campo de la democracia formal, casos de Eduardo Alberto Duhalde, Mauricio Macri, Diego Guelar y Abel Posse, entre otros, tampoco cantan loas a la sustanciación de los juicios. Ellos, coincidiendo con el obispo Jorge Bergoglio, y con medios de prensa como "La Nación", auspician una reconciliación nacional que tenga como introducción una "amplia amnistía para los dos bandos", aunque los delitos de genocidio los haya cometido sólo uno.

De todas maneras hay que ser claros y puntualizar que el mencionado avance democrático por los juicios tiene límites bien precisos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó sobre la estadística de los Juicios hasta el 24 de marzo de 2010. Los que en etapa de instrucción son 231 (71 por ciento), los ya finalizados 23 (6%), los que están en curso 6 (2%) y las causas elevadas 67 (21%).
Ese organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky saca como obvia la conclusión de la mora judicial, pues son amplia mayoría las causas que aún están instruyéndose, donde aún falta un largo o mediano trecho para que finalice esa etapa y sean elevadas a audiencias públicas.

La justicia anda con la velocidad de la tortuga, salvo honrosas excepciones de magistrados y cámaras que han acelerado su trabajo. Y en algunos casos caminan hacia atrás, en un sentido regresivo.
Un caso claro de ello es la justicia mendocina, posiblemente la peor de todas en cuanto a los resultados de su labor en materia de derechos humanos. Al 24 de marzo del año pasado, el diario Los Andes titulaba: "Mendoza: 179 causas contra represores y sólo cuatro detenidos".
Si esos números eran horribles, luego fueron aún peores, pues la Cámara Federal de esa provincia terminó por liberar o mandar a casa al único cuarteto detenido. Los camaristas Luis Miret y Atilio Romano fueron denunciados por omitir investigar denuncias de violaciones y torturas durante la dictadura. Y no son los únicos magistrados sobre los que llovieron ese tipo de críticas. El entonces titular de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, tuvo durante varios años cajoneada la causa ESMA; forzado por críticas de los organismos y el ex presidente Néstor Kirchner, optó por demorar un tiempo más y jubilarse. Hoy es parte de las defensas de genocidas como Luis Patti.
 
"Hacete amigo del juez".
Algunos jueces que actuaron en el período democrático fueron no sólo cómplices del "Proceso de Reorganización Nacional" sino directamente socios.

Guillermo Federico Madueño era juez en Bahía Blanca en esos años y colaboraba con el general Acdel Vilas, rechazaba en bloque los habeas corpus presentados por los secuestrados, atendía las orientaciones de la Armada de Puerto Belgrano, en este caso junto con "Gaceta Marinera" (léase La Nueva Provincia).
El menemato lo promovió al Tribunal Oral Federal Nº 5, donde fue camarista todo terreno a favor de represores y menemistas. Actuó allí hasta 2004, cuando fue solicitada su detención por causas de represión ilegal en Bahía Blanca. Madueño se fugó durante cinco años hasta ser detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en noviembre de 2009.

Menos suerte que el bahiense tuvo el juez federal Víctor Brusa, quien también ejerció durante años en democracia pese a las denuncias de sobrevivientes de campos de concentración en Santa Fe que lo implicaban en torturas y desapariciones. A él también lo había designado juez el hombre de Anillaco.
Al final Brusa perdió su cargo y posteriormente su libertad en 2005. En diciembre de 2009 lo condenaron a 21 años de prisión y tiene el triste récord de ser el primer juez en ser hallado culpable de esa clase de delitos.

Una justicia demorada por las leyes de la impunidad y los indultos, integrada en muchos casos por quienes habían jurado por el Estatuto del Proceso y no la Constitución Nacional, y en otros directamente por aliados del terrorismo de Estado, debía necesariamente deparar malos resultados. E incluso cuando algunos de aquellos factores fueron removidos, el tiempo perdido fue irrecuperable, fruto de tantas demoras y cajoneos.
Según el CELS había a marzo pasado un total de 1.464 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, acusados por crímenes de lesa humanidad. Apenas 75 imputados habían tenido sentencia, con 68 condenas y 7 absoluciones.

La entidad aseguró en su Informe 2009 que "al ritmo de 2008, habría juicios hasta 2025. Los cálculos una vez finalizado 2009, con más causas abiertas en instrucción, han aplazado aún más esa estimación".
Teniendo presente el caso extremo de la justicia de Mendoza, la misma que falló en contra de la ley de medios de la democracia, parece que los represores han tenido presente el consejo del Viejo Vizcacha: "Hacete amigo del Juez, No le des de qué quejarse; Y cuando quiera enojarse, Vos te debés encojer, Pues siempre es güeno tener, Palenque ande ir a rascarse".

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ FUE ENVIADO AL PENAL DE EZEIZA

 Joe en una cárcel de verdad

El juez Norberto Oyarbide le negó el pedido de arresto domiciliario. Según los informes médicos, está compensado, con inconveniencias mínimas y no hay impedimento para trasladarlo a una cárcel que cuente con un hospital.
  
José Alfredo Martínez de Hoz, el ex ministro de economía de la última dictadura, procesado con prisión preventiva por dos secuestros extorsivos en 1976, fue trasladado ayer al hospital de la unidad penal de Ezeiza por orden del juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado rechazó el pedido de arresto domiciliario formulado por los abogados del ex funcionario de facto, que invocaban problemas de salud propios de sus 85 años. A más de un cuarto de siglo del final de la dictadura, el ex hombre fuerte del dictador Videla abandonó ayer la clínica De Los Arcos, donde se alojó por una supuesta descompensación el día que la policía fue a detenerlo a su residencia en el edificio Kavanagh. Ayer pasó su primera noche en una prisión común. Sus abogados ya apelaron la medida.

Un hijo de Martínez de Hoz difundió el martes la versión según la cual médicos de la clínica De Los Arcos se habían opuesto a la externación. Desde el juzgado de Oyarbide desmintieron ayer el trascendido y aclararon que los únicos reportes válidos para la Justicia son los del Cuerpo Médico Forense. “Los peritos que lo examinaron dijeron que no tiene ningún problema que le imposibilite el traslado y permanencia en una prisión”, precisó un vocero del juzgado. Aclaró que la decisión de enviar a Martínez de Hoz al penal de Ezeiza se debe a que esa unidad del Servicio Penitenciario tiene un hospital donde los detenidos pueden alojarse en habitaciones individuales con todos los controles necesarios. De hecho, allí se alojan varios imputados por crímenes de lesa humanidad en la ESMA con problemas de salud.

“El traslado de Martínez de Hoz a una cárcel es el fruto lógico de los informes médicos del Cuerpo Médico Forense, que siempre terminaban con la misma conclusión: está compensado, con inconveniencias mínimas y ningún impedimento para ser trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal que cuente con un hospital central”, resumió el abogado Rodolfo Yanzón. “Se trata de un paso más para poder juzgar a uno de los responsables civiles emblemáticos de la dictadura”, consideró el letrado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, que en 2006 pidió la reapertura de la causa y la inconstitucionalidad del indulto que le concedió el ex presidente Carlos Menem en 1989, y que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional a principio de mes.

Dos semanas atrás, el fiscal federal Federico Delgado se opuso a la excarcelación de Martínez de Hoz, pero aceptó concederle el arresto domiciliario. Entendió que ese beneficio “debe ser concedido porque la edad y la salud del procesado lo ubican dentro del artículo 33 de la ley 24.660”. Aludió en su dictamen a informes médicos, según los cuales el imputado “posee grandes dificultades para moverse por sí mismo en su vida diaria debido a afecciones traumatológicas y padece una lumbociatalgia que le impide caminar y que aconseja su reposo”. Los querellantes señalaron que varias personas habían visto a Martínez de Hoz caminar sin inconvenientes por la plaza San Martín, cercana a su residencia, días antes de la detención, que se concretó el pasado 4 de mayo.

Martínez de Hoz fue procesado por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976. Luego de que la Corte declarara inconstitucional el indulto de Menem, Oyarbide lo procesó y le embargó sus bienes por dos millones de pesos. El economista ya había sido procesado por los mismos delitos en 1988, junto con Videla y el ex ministro del interior, Albano Harguindeguy. Martínez de Hoz estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100.

El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones de los Gutheim, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad sino porque, a diferencia de los uniformados, no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó en una solicitada el día de su detención. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos. El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando la Fundación LADH y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidieron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que luego se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Martínez de Hoz, ahora se pone enfermo y en arresto domiciliario

Un dictamen rechazó la excarcelación de Martínez de Hoz, pero aceptó el arresto domiciliario

El fiscal federal Federico Delgado rechazó ayer excarcelar al detenido ex ministro de Economía de la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, pero aceptó concederle el arresto domiciliario en base a su edad y a su estado de salud.

En un dictamen entregado ayer al mediodía al juez federal Norberto Oyarbide, el fiscal entendió que "el arresto domiciliario debe ser concedido porque la edad y la salud del procesado lo ubican dentro del artículo 33 de la ley 24.660".

Y argumento que "más allá de la naturaleza de los hechos y la carga valorativa que entrañan, es imposible apartarse de la letra de la ley. Esto es obvio, no hay justicia sin ley. Ambas se imbrican. A veces, como aquí, de manera compleja y en medio del barro de la historia o, para expresarlo con Ricoeur, en medio de la trama. Igual siempre van juntas. De lo contrario sería imposible eludir el estado de naturaleza hobbesiano", agregó.

Martínez de Hoz permanece internado en un sanatorio privado del barrio de Palermo a la espera de una decisión del juez federal Norberto Oyarbide, quien tendrá la palabra final sobre las condiciones de cumplimiento de su prisión preventiva tras ordenar su detención en la causa por el secuestro ilegal de dos empresarios en la dictadura.

Su defensa había pedido la excarcelación y como segunda opción el arresto domiciliario por su edad y problemas de salud.
En su dictamen Delgado aludió a dos de los informes médicos incorporados a la causa desde que fue detenido el martes pasado en su departamento del barrio de Retiro.

En uno de ellos se alude a que "posee grandes dificultades para moverse por si mismo en su vida diaria debido a afecciones traumatológicas y padece una lumbociatalgia que le impiden caminar y que aconseja su reposo".

El fiscal entendió que ante este cuadro "no existe un riesgo de fuga" y "en consecuencia no hay peligros concretos para la aplicación de la ley".
Además recordó que Oyarbide prohibió a Martínez de Hoz la salida del país, con lo cual "se despeja el riesgo procesal que excepcionalmente permite el encierro preventivo".

El ex ministro de la dictadura fue detenido procesado con prisión preventiva por el secuestro ilegal del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel en 1976, porque se negaban a realizar un negocio comercial que pretendía obtener el entonces ministro del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
La Corte Suprema declaro inconstitucional el indulto que había beneficiado al ex funcionario y abrió la puerta a su detención ordenada por Oyarbide esta semana.