El Registro Único de la Verdad elabora “estrategias de comunicación” sobre la causa Harguindeguy
Estará por primera vez en el banquillo de los acusados.
Se juzgará a nueve ex militares y policías por 28 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas de personas. Pero el aditamento especial en esta causa es que, por primera vez, estará sentado en el banquillo de los acusados el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. En el Registro Único de la Verdad comenzaron las reuniones para elaborar “estrategias de comunicación” para lo que será la etapa previa y durante el proceso judicial. “Como se hizo con la causa Hospital Militar, vamos a ejecutar programas de concientización para instalar el tema en la sociedad con el fin de que la gente sepa lo que va a pasar durante esos meses”, contó la titular del organismo, Luz Piérola. Con el verano encima y las dificultades que eso implica, la comisión provincial de la Memoria igual ya se reunió el viernes por tercera vez. En esta última ocasión lo hizo con los abogados querellantes de Paraná en el caso: Álvaro Piérola, Marcelo Baridón y Marcelo Boeykens. “La idea es organizarnos con anticipación pese a que en términos judiciales no hay muchas novedades por la feria judicial”, dijo. También habrá prontamente encuentros con los querellantes de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Entre los programas que se ejecutarán están el de “Verdad y Justicia” y el de “Protección de testigos y acompañamiento”, éste último es nacional.
El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a nueve represores por las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y 25 casos de privaciones ilegítimas de libertad y torturas. Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. La fecha anunciada para el comienzo de las jornadas orales es el 21 de marzo.
Otro de los juicios anunciados para este año es el que se conoce como causa Área Paraná, en el que se juzgará el accionar de los represores de la costa del Paraná. El proceso se llevará a cabo con los preceptos establecidos en el antiguo Código de Procedimientos en materia penal de 1888, que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita. En la causa están procesados los ex militares Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.
Todos ellos por la desaparición de Victorio Coco Erbetta, Pedro Sobko, Claudio Fink, Carlos José María Fernández y Juan Alberto Osuna. La asociación Hijos Regional Paraná, cuando presentó el escrito de acusación en la mega causa, introdujo la figura de “desaparición forzada de personas”. La misma responde a una reforma en el Código Penal en mayo pasado. Los querellantes entienden que es válida para ser juzgada. “Se trata de personas cuyos restos no se han encontrado y, por lo tanto, se sigue ejecutando el delito”, explicó oportunamente la abogada representante, María Florencia Amore. Para Osuna, este caso no encuadra, ya que sus restos fueron hallados.
El jefe
Albano Eduardo Harguindeguy fue el ministro político de la dictadura y en ese rol coordinó la actuación de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad que ejecutaron el genocidio en todo el país. El ex ministro de Interior de Jorge Rafael Videla tenía bajo su órbita los centros clandestinos de detención, tal es el caso de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuvieron secuestrados y fueron torturados estudiantes secundarios y dirigentes políticos, y el Regimiento de Caballería de Tanques de Concordia, por el que pasaron Solaga y Zalasar. El represor no fue sometido a proceso en el Juicio a las Juntas y luego fue beneficiado por la ley de obediencia debida y el indulto firmado por Carlos Menem.
En 2003, cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad, Harguindeguy reconoció ante la televisión francesa que no estaba arrepentido de su accionar. “Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: ‘Nosotros los libramos de ser un país marxista’”.
Estará por primera vez en el banquillo de los acusados.
Se juzgará a nueve ex militares y policías por 28 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas de personas. Pero el aditamento especial en esta causa es que, por primera vez, estará sentado en el banquillo de los acusados el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy. En el Registro Único de la Verdad comenzaron las reuniones para elaborar “estrategias de comunicación” para lo que será la etapa previa y durante el proceso judicial. “Como se hizo con la causa Hospital Militar, vamos a ejecutar programas de concientización para instalar el tema en la sociedad con el fin de que la gente sepa lo que va a pasar durante esos meses”, contó la titular del organismo, Luz Piérola. Con el verano encima y las dificultades que eso implica, la comisión provincial de la Memoria igual ya se reunió el viernes por tercera vez. En esta última ocasión lo hizo con los abogados querellantes de Paraná en el caso: Álvaro Piérola, Marcelo Baridón y Marcelo Boeykens. “La idea es organizarnos con anticipación pese a que en términos judiciales no hay muchas novedades por la feria judicial”, dijo. También habrá prontamente encuentros con los querellantes de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Entre los programas que se ejecutarán están el de “Verdad y Justicia” y el de “Protección de testigos y acompañamiento”, éste último es nacional.
El Tribunal Oral Federal de Paraná juzgará a nueve represores por las desapariciones forzadas de Sixto Francisco Zalasar, Julio Alberto Solaga, Norma Beatriz González y 25 casos de privaciones ilegítimas de libertad y torturas. Los represores están acusados de integrar una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos. La fecha anunciada para el comienzo de las jornadas orales es el 21 de marzo.
Otro de los juicios anunciados para este año es el que se conoce como causa Área Paraná, en el que se juzgará el accionar de los represores de la costa del Paraná. El proceso se llevará a cabo con los preceptos establecidos en el antiguo Código de Procedimientos en materia penal de 1888, que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita. En la causa están procesados los ex militares Jorge Humberto Appiani, Ramón Genaro Díaz Bessone, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; los policías provinciales José Anselmo Appelhans, Luis Francisco Armocida y Carlos Horacio Zapata; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.
Todos ellos por la desaparición de Victorio Coco Erbetta, Pedro Sobko, Claudio Fink, Carlos José María Fernández y Juan Alberto Osuna. La asociación Hijos Regional Paraná, cuando presentó el escrito de acusación en la mega causa, introdujo la figura de “desaparición forzada de personas”. La misma responde a una reforma en el Código Penal en mayo pasado. Los querellantes entienden que es válida para ser juzgada. “Se trata de personas cuyos restos no se han encontrado y, por lo tanto, se sigue ejecutando el delito”, explicó oportunamente la abogada representante, María Florencia Amore. Para Osuna, este caso no encuadra, ya que sus restos fueron hallados.
El jefe
Albano Eduardo Harguindeguy fue el ministro político de la dictadura y en ese rol coordinó la actuación de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad que ejecutaron el genocidio en todo el país. El ex ministro de Interior de Jorge Rafael Videla tenía bajo su órbita los centros clandestinos de detención, tal es el caso de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuvieron secuestrados y fueron torturados estudiantes secundarios y dirigentes políticos, y el Regimiento de Caballería de Tanques de Concordia, por el que pasaron Solaga y Zalasar. El represor no fue sometido a proceso en el Juicio a las Juntas y luego fue beneficiado por la ley de obediencia debida y el indulto firmado por Carlos Menem.
En 2003, cuando todavía estaban vigentes las leyes de impunidad, Harguindeguy reconoció ante la televisión francesa que no estaba arrepentido de su accionar. “Hicimos lo que correspondía, en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: ‘Nosotros los libramos de ser un país marxista’”.
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