“Me vinieron a buscar las Fuerzas Conjuntas: hay comida en la heladera”



Una historia de la dictadura uruguaya

Mientras se la llevaban los militares decidió que había que trasmitirle tranquilidad a su marido: escribió el mensaje en un papel y lo dejó sobre la mesa para que lo encontrara al volver. Más de 40 años después, su hijo subió esa pequeña carta a las redes sociales y dio la vuelta al mundo. Infojus Noticias habló con los protagonistas para reconstruir la historia de ese gesto de amor en medio del horror


 Por: Ana Fornaro
Graziella Formoso desayunaba y se apuraba para ordenar. Eran las nueve de la mañana y su padre la estaba por pasar a buscar para llevarla de Pando hasta Montevideo, donde cursaba en la facultad de la Agronomía. Ese día, el 9 de julio de 1974, le tocaba la clase de Edafología 2. Su marido Luis había salido más temprano: era fecha patria en Argentina y de eso hablaba la radio que sonaba de fondo.
Graziella recogía sus apuntes para irse a la facultad y Blanquita, la lavandera del barrio, desplegaba la ropa en la calle. Entonces los vio: un grupo de militares se acercaba por la vereda. “Están viniendo para acá”, pensó, mirando la cara aterrada de la lavandera. Y esperó. Los hombres golpearon la puerta y entraron sin mediar palabra. Avanzaron hacia la pieza de entrada donde estaba el juego de comedor, regalo de su mamá. En la mesa había papeles desparramados y un adorno con los versos de “Caminante no hay camino” de Antonio Machado. Eso miraba fijo Graziella cuando se animó a preguntar:
-Ustedes quiénes son.
Eran las Fuerzas Conjuntas, el organismo de la dictadura que abarcaba las Fuerzas Armadas y la Policía. Le preguntaron su nombre. Ella respondió. Le dijeron que tenía que irse con ellos.
-Yo soy el capitán Aguerre.
Graziella pensó en su marido. Sacó una hoja y una lapicera del bolso de la facultad y escribió: “Luis: me vinieron a buscar las fuerzas conjuntas. Hay comida en la heladera”. Tenía 21 años, estaba aterrada pero necesitaba transmitirle tranquilidad. Todo tenía que seguir como siempre.
Graziella no veía nada por la capucha pero en el camión percibió las piernas largas de Adriana, una compañera de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Viajaron durante 45 minutos por un camino accidentado. Cuando las bajaron se dio cuenta que estaban cerca de una estación de tren. Plantadas frente a una pared blanca, miraban el piso de cemento y escuchaban como alguien corría de acá para allá:
-¡Número! – gritaba uno de los militares.
El mayor Mario Aguerre era el encargado del operativo. El capitán Eduardo Caussi hacía los interrogatorios. Años después Graziella sabría que estaban en un cuartel de San Ramón, al norte del departamento de Canelones y que el jefe allí era teniente coronel Juan Carlos Geymonat.
Eran las 10 y media de la mañana cuando la hicieron pasar a la sala sanitaria donde un médico le preguntó si padecía alguna enfermedad, si tomaba alguna medicación. Después de tomarle los datos y preguntarle por su obra social le dijo:
-¿A quién le avisamos en caso de fallecimiento?
Graziella les dio la dirección de sus padres y la volvieron a subir al camión. Pudo correrse un poco la capucha y allí vio a Adriana y a otra compañera, Alicia. El grupo electrógeno del vehículo, que se encendía y apagaba, la ponía nerviosa.
“Luis y mis padres ya deben saber que me llevaron. La lavandera les tiene que haber contado todo”, se decía para tranquilizarse. Y de golpe se dio cuenta por qué estaba ahí: había participado de unas pintadas para denunciar la muerte de la estudiante Nibia Sabalsagaray, asesinada mientras la torturaban con submarino seco. Recordaba la última vez que la había visto viva. Estaba sentada sobre una mesa junto a un montón de volantes, con una polera amarilla y una falda negra. Sonreía.
La autopsia de Nibia la hizo el entonces médico, Marcos Carámbula, que luego en democracia llegaría a ser intendente de Canelones. Su familia había pedido una autopsia porque los militares decían que se había suicidado. En eso pensaba Graziella todavía arriba del camión.
Allí los días pasaban todos iguales. Las mantenían paradas desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche. Y cada tanto las dejaban ir al baño. Primero interrogaron a Alicia, se quebró y la liberaron. Años después sería la maestra de su primer hijo. A Adriana la llevaron para hacerle submarino y después la encerraron en una celda.
Y le llegó su momento.
El teniente Caussi le preguntó sobre los comunistas.

-Yo fui a un colegio católico. No tengo nada que ver con comunistas- respondió Graziella.
Desde el otro cuarto escuchaba cómo hablaban de los itinerarios de pintadas de militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Allí escuchó los nombres de sus compañeros y el suyo propio. Y se quedó sin aire, como si le estuvieran comprimiendo el pecho. Los habían delatado y esperaban que ella hiciera lo mismo. Se calló la boca.
Le hicieron firmar un papel donde decía que no había recibido malos tratos y se resignó. Sentía que iba a pasar allí mucho tiempo. Así que se impuso una rutina: barrer la celda con una escoba chica, y caminar. En un momento un oficial, de traje impecable, se acercó al agujero de su puerta para preguntarle por qué no comía carne.
-Soy vegetariana
-Si no come, se va morir.
Supo después que era el coronel Geymonat.
El 18 de julio, otra fecha patria, pero esta vez de Uruguay, la volvieron a subir al camión. Grazziela pensó que la llevaban a otro chupadero, pero la bajaron en una esquina de Pando, su ciudad. Estaba libre. No lo podía creer. Lo primero que hizo fue refugiarse en una iglesia y agradecerle a la Virgen.
No quería volver a su casa. Tenía miedo y tampoco tenía plata para pagar el boleto hasta lo de sus padres. Fue hasta la casa de la madre de Adriana y de allí la llevaron a la granja donde se reencontró con su familia. Su cuñado Dámaso y sus padres habían recorrido todo Canelones para encontrarla. Dieron con su paradero porque un militar filtró su nombre.
A Luis, su marido, lo vio recién varios días después.
***
“Después de estas experiencias hay cosas en ti que cambian. Empecé a apreciar la suerte de tener un hogar con Luis, a mis padres, a mi cuñado. Empecé a valorar el poder moverme con libertad, sin cuerdas en las manos y sin capuchas”, dice Graziella a Infojus Noticias.
Tuvo que dejar la facultad porque perdió el semestre. Y empezó a ayudar a sus padres en la granja. Despicaba pollos, los vacunaba, clasificaba los huevos. Luis trabajaba como profesor de matemáticas en un secundario hasta que lo destituyeron en 1976. Antes de eso, volvieron a allanar su hogar dos veces más. Los llevaban a la fuerza de choque de Canelones en vagones de ferrocarril. Allí conoció a otra encapuchada, Jovita Lainez, una argentina que habían detenido en Montevideo. Graziella declaró esto mismo en la Comisión para la Paz creada por el presidente Jorge Batlle (2000-2005).
El matrimonio Rodríguez tuvo la posibilidad de exiliarse en Buenos Aires pero decidieron quedarse en Uruguay porque sus familias necesitaban ayuda.

Con la llegada de la democracia, en 1985, restituyeron en el cargo a Luis, quien falleció de muerte súbita en 1999. Graziella se quedó sola criando a sus hijos Luis Humberto y Pablo. El mayor es psiquiatra y el menor, Pablo, se está por recibir de abogado. Fue él quien, la semana pasada, publicó en Facebook la nota que su madre le dejó a su padre 41 años atrás. Esa cartita la había guardado su abuela en una biblia todos estos años y se la legó como un tesoro cuando falleció. Pablo posteó la nota y se viralizó al instante. En Uruguay, donde una política de Estado para juzgar a los militares y reparar a las víctimas sigue siendo una deuda, esta cartita apareció como una manera de recuperar la memoria.
Después de que falleciera su marido, el secundario donde trabajaba Luis lo homenajeó nombrando una sala con su nombre. Ahora Graziella se dedica al acompañamiento de enfermos, luego de cuidar durante muchos años a su hermano. Conserva poco contacto con sus compañeros de militancia. Y se ha aferrado toda la vida, dice, a la máxima artiguista: “Nada podemos esperar sino de nosotros mismos.”
AF/SH

La etapa final en el juicio al Cóndor

Comenzaron los alegatos en el juicio oral sobre la coordinación represiva en el cono sur

El juicio comenzó en marzo de 2013 e involucra a 18 acusados, entre ellos, a Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y el uruguayo Manuel Cordero. Durante el debate hubo cerca de 200 testimonios y se analizaron documentos gubernamentales.

 Por Alejandra Dandan

En marzo de 2013 comenzó en Buenos Aires el juicio oral por la causa del Plan Cóndor, el nombre que recibió a partir de 1975 la coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur para la persecución y eliminación de militantes políticos que estaban fuera de sus países de origen. Esa causa acaba de ingresar a la etapa de alegatos. Entre los 18 acusados, están los principales líderes militares argentinos que siguen con vida, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, pero también Manuel Cordero Piacentini, enlace con Argentina y uno de los integrantes más conocidos del ejército uruguayo. El debate tuvo una enorme carga simbólica dado que las investigaciones trabajaron no sólo la reconstrucción de los hechos y del Cóndor, sino que busca probar el conocimiento y apoyo que dio el gobierno de Estados Unidos. Esa es una mirada que aportó Jaime Nuguer, representante de las querellas que abrieron la causa en 1999. Hoy concluye su alegato y hará el pedido de condenas.

“Quiero decir que los documentos y testimonios recabados en este juicio son únicos por su cantidad y su diversidad y porque fueron tratados en un juicio público. Y en conjunto muestran que aquí hubo una brutal operación de coordinación represiva en el marco de las dictaduras militares de los años ’70 en Latinoamérica. Y ése no es cualquier marco –señaló Nuguer– dado que ya estaba precedido por la difusión de la doctrina de la Seguridad Nacional, impartida especialmente desde la escuela norteamericana del Canal de Panamá. Hubo enseñanzas de la doctrina francesa y estaba el antecedente de Vietnam. Ese cúmulo de pruebas muestran que esta operación estaba dirigida a reprimir a los exiliados, por eso la mayor parte de las víctimas cayeron en Argentina, porque fue el país que tuvo el último golpe de Estado en la sucesión de golpes de la región.”

Este juicio se abrió con una primera denuncia en noviembre de 1999, y en ese sentido también es una causa emblemática. Impulsada por un grupo entre los que estaban Emilio Mignone, Raúl Za-ffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú, se abrió en paralelo a la causa por el plan sistemático de robo de niños, durante la vigencia de las leyes de impunidad y aprovechando las brechas jurídicas que esas leyes no habían podido bloquear. El debate de estos años muestra los avances que hubo desde el origen hasta el presente.

“Nosotros teníamos un solo documento desclasificado cuando se inició la causa –dijo Nuguer–. Uno del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora muy conocido, que envió el agente especial Robert Scherrer al FBI desde la embajada norteamericana en Buenos Aires, en septiembre de 1978. El informe es una síntesis completa sobre la Operación Cóndor y dice centralmente que estaba constituida por Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia para combatir a los opositores políticos y eventualmente ubicar blancos, perseguirlos, torturarlos y matarlos inclusive en el exterior. Esa es la esencia del memo que según expertos como Carlos Osorio o John Dinges fue el único documento conocido en los ’80 y el único que existía originalmente.” Con ese documento pasan dos cosas, continuó el abogado: “Llega muy tarde, pero además describe una operación en la que Estados Unidos aparece como ajeno y como quien simplemente conoce. Eso cambió a partir de 1999 y 2000, cuando Estados Unidos desclasifica los documentos de Chile y Argentina. Eso permite conocer miles de documentos que muestran un rol distinto de los Estados Unidos, pero la causa original ya estaba iniciada”.
–¿A su criterio qué dejó de nuevo este debate?

–El juicio ha demostrado la responsabilidad individual de los procesados sobre su participación en la asociación ilícita denominada Operación Cóndor, en el secuestro, muerte y desaparición de las víctimas. Sabemos que los documentos desclasificados son la punta del iceberg, pero aun así son importantes. Los documentos y declaraciones de este juicio refuerzan efectivamente que hubo participación activa de Estados Unidos en la concreción de la Operación Cóndor. Pese a no haber sido un país –entre comillas– “integrante” o que podamos llamarlo de esa manera, porque el fenómeno fue propio del Cono Sur, participó, conoció, presionó, instigó para que se hiciera. Y luego facilitó las comunicaciones y las controló.

El juicio busca pruebas de la intervención del Cóndor en la persecución sobre 170 víctimas. Nuguer es querellante por cinco, tres argentinas: Alejandro José Logoluso, Dora Marta Landi y José Nell padre. Y dos uruguayos: Nelson Santana Scotto y Gustavo Edison Insaurralde, dirigente del Frente para la Victoria del Pueblo. Los cinco fueron secuestrados el 29 de marzo de 1977 en Paraguay, torturados e interrogados por uruguayos y por argentinos y trasladados por la marina argentina. Uno fue visto en el Atlético. Hoy están desaparecidos. El juicio examinó un cúmulo enorme de documentación de todo tipo. “Aquí tenemos muchos documentos que literalmente ocupan habitaciones enteras. Materiales desclasificados de distintas fuentes como de los archivos norteamericanos, del archivo del Terror de Paraguay. Documentos brasileños. Hay 35 libros sobre el tema. Muchos autores testimoniaron y acercaron documentación. Hubo mucha prueba de causas judiciales. Testimonios de causas anteriores. Y mas de 200 testigos. Todo esto conforma un plexo probatorio de una amplitud que me animo a decir que nunca se ha visto antes sobre el tema en ningún otro lado del mundo.”

El juicio tuvo tres líneas de análisis. La reconstrucción de cada víctima. El análisis de las coordinaciones “por binomios” integradas por los distintos países, que se dieron antes del comienzo formal del Cóndor y de las que participaron las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Un tercer tipo de análisis, habilitado por los anteriores, permitió observar el funcionamiento global de la región y al Cóndor no sólo como un hecho aislado, sino como un proceso con antecedentes y en evolución. Luego de Nuguer, alegará la querella de la secretaría de derechos humanos, luego el CELS. Por ultimo acusará la fiscalía encabezada por Pablo Ouviña.

La aberrante impunidad : 21 jueces imputados en delitos de lesa humanidad siguen en actividad

Veinticuatro jueces federales, de los cuales veintiuno continúan en actividad, se encuentran imputados en causas que investigan su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales (incluidos los del Ministerio Público) que están acusados en distintas causas. Así lo consigna un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el que sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales veintiuno son jueces y ejercen como tales su magisterio, en la Justicia Federal.

El informe será uno de los documentos que el colectivo de abogados y querellantes en causas de lesa humanidad presentará mañana en un acto frente al Palacio de Tribunales para exigir "una profunda autocrítica" del Poder Judicial por su responsabilidad durante el Terrorismo de Estado, cuando la mayoría de los jueces hicieron caso omiso a las denuncias sobre desaparición de personas o bien se limitaron a rechazar los hábeas corpus que inundaban los tribunales del país.

El único funcionario judicial condenado hasta el momento es Víctor Hermes Brusa, auxiliar principal del Juzgado Federal de Santa Fe, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia a 21 años de prisión.

En pleno proceso oral y público se encuentran Luis María Vera Candioti en la causa que investiga su responsabilidad como juez de la justicia penal juvenil de Santa Fe; el juez federal de Tucumán, Manlio Torcuato Martínez; y el juez de Mendoza Rolando Carrizo.

A treinta y dos años del fin de la dictadura cívico militar, son veintiuna las causas que se encuentran en etapa de instrucción, en las cuales se encuentran imputados, además de jueces, defensores, fiscales y asesores de incapaces.

La provincia de Córdoba, epicentro de la represión -comandada por el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez- es la que cuenta con mayor número de funcionarios judiciales -ocho- que se encuentran imputados en delitos de lesa humanidad. Entre ellos el juez civil y comercial Alberto Bonadero recibió el procesamiento de la Cámara Federal por la apropiación de una hija de desaparecidos, en tanto se encuentra en la Cámara Federal de Córdoba los casos del fiscal Antonio Cornejo, del ex juex Miguel Angel Puga, y de los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina en la causa denominada "la causa de los magistrados".

De los veinticuatro magistrados, renunciaron a sus cargos los ya ex jueces federales Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano, quienes actualmente son enjuiciados en la megacausa Mendoza (donde también está procesado el ex juez y ex camarista Luis Miret).

En el caso de Arturo Liendo Roca, de Santiago del Estero, su causa se encuentra con requerimiento de elevación a juicio

Confirmada la imputación contra ex agentes del Servicio Penitenciario por la fuga de dos represores

Los procesamientos por el delito de “evasión producida por negligencia de un funcionario público” alcanzan a directivos y agentes que se desempeñaban en el SPF en julio de 2013, cuando se escaparon del Hospital Militar Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de ex miembros del Servicio Penitenciario Federal por la fuga de los represores condenados Gustavo De Marchi y Jorge Olivera del Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013. La sala integrada por Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun le encomendó al juez Claudio Bonadio, que instruye la causa, profundizar la pesquisa para determinar “qué personas allegadas efectuaron algún tipo de averiguación respecto de la presencia de De Marchi y Olivera en el Hospital Militar el día de la evasión”. También sostuvieron que el juez debe determinar cuál era la situación de salud de ambos represores y la “modalidad en que se obtuvieron concretamente los turnos médicos”.

Los procesamientos son por el delito de “evasión producida por negligencia de un funcionario público”. Incluyen a los entonces director principal de Seguridad del SPF, Carlos Rodríguez; director y subdirector de Traslados, Jorge Trska y Alejandro Galeano; jefe de la División de Traslados, Ariel Maciocha; jefes de Sección y responsables de Traslados y Custodia de Hospitales; Diego Gutiérrez y Héctor Alcaraz, director general del Cuerpo Penitenciario, Jorge Cevallos, y agentes que custodiaban ese día a los detenidos.

En el caso de quien era titular del SPF, Víctor Hortel, que fue procesado por Bonadio y acreditó el pago del máximo de multa dispuesta para el delito, la Cámara no se pronunció y le encomendó al juez responder a un planteo de su defensa para que se declare la extinción de la acción penal.

Los camaristas advirtieron que los funcionarios incumplieron las normas que regulan traslados y que “las decisiones que adoptaron incrementaron los riesgos inherentes a la escasez de los recursos humanos con los que contaban”. El día de la fuga “se dispuso un traslado múltiple de once detenidos, sin atender al horario de los turnos en un hospital de grandes dimensiones, permitiendo que la espera del horario de atención se realizara en distintas habitaciones en las que, si bien consecutivas, sus puertas sin llave abren a un pasillo de tránsito común y sin exigir el uso de medidas de sujeción, admitiendo –incluso– la visita de familiares dentro del nosocomio”.

“La falta de Olivera como la de De Marchi no fue conocida sino hasta el mediodía, cuando se pretendió llevar al primero al servicio de dermatología y como consecuencia de su ausencia se pasó lista sobre los internos y se advirtió, también, que el otro tampoco se encontraba entre los presentes”, reconstruyó la Cámara. Ambos represores “no se encontraban asegurados con medidas de sujeción y los custodios no mantuvieron el debido control visual”, añadió el fallo.

La Cámara resaltó que quienes ocupaban cargos jerárquicos “conocían del estado en el que se encontraba en ese tiempo la División Traslados y Custodias relativas a la real escasez de recursos humanos y materiales”. Y remarcó que un año antes el Departamento de Inteligencia había elaborado un informe que ponía en evidencia “el bajo nivel de seguridad adoptado” en el movimiento de “los internos detenidos por delitos de lesa humanidad que concurrían al Hospital Militar Central”.

De Marchi y Olivera fueron condenados a prisión perpetua el 4 de julio de 2013. El 16, por orden del juez Leopoldo Rago Gallo, fueron trasladados al penal de Marcos Paz. Después, el juez civil Miguel Angel Gálvez autorizó el traslado al Hospital Militar, donde ambos tenían turnos que había gestionado la esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, empleada del hospital.

Olivera tuvo a cargo las tareas de Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22. Tras la dictadura se recibió de abogado, defendió a Carlos Suárez Mason y participó del levantamiento carapintada de 1987. De Marchi es el hermano del empresario y capitán Juan Carlos De Marchi, ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años de prisión.

Abogados de juicios de derechos humanos entregaron un petitorio ante la Corte Suprena

Un reclamo de autocrítica en tribunales

El documento repudia las resoluciones que obstaculizan el juzgamiento a responsables civiles del terrorismo de Estado. Y exige “una profunda” revisión del rol de jueces y funcionarios del Poder Judicial durante la última dictadura. Incidentes en la Corte.

 Por Alejandra Dandan

El cartel peregrino de los juicios a las empresas cómplices de la dictadura esta vez se detuvo en la plaza Lavalle. A las doce y media abogados y abogadas de las causas de lesa humanidad se concentraron para entregar un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El documento repudia las últimas resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el juzgamiento a los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El texto lleva unas 60 firmas de abogados, y está acompañado por firmas de víctimas, querellantes y organizaciones sociales y políticas. También expresa una vuelta simbólica a la calle, un terreno que permite sacar afuera lo que sucede en los tribunales. Los y las abogadas dejaron el texto en la Mesa de Entradas y cuando intentaron pedir una entrevista con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, les salieron al encuentro custodios de la Secretaría General de la Corte.

“Estamos en un punto de inflexión que considero que está poniendo en peligro la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad”, explicó Hugo Cañón, ex fiscal e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. “Hay un juego de pinzas realizado por los grupos de poder real, me refiero al poder económico, el poder periodístico monopólico y también sectores de la Iglesia que pueden aparecer involucrados y desde ese lugar se busca una vuelta de página para cerrar la historia por caminos diversos, desde una ley de amnistía o terminación de los juicios. Y creo que esto hay que replantearlo porque es una política de Estado que debe darse permanentemente.”

Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría por Crímenes contra la Humanidad, escuchaba al lado. “A la luz de la última reunión de abogados, se vio una preocupación creciente a raíz de los últimos fallos –dijo–. Sobre todo el fallo de Casación por (el dueño del Ingenio Ledesma Carlos) Blaquier, Papel Prensa, el caso (del director del diario La Nueva Provincia, Vicente) Massot, lo que nos está pasando en Bahía Blanca”, señaló en relación con la decisión de la Justicia local que primero fue contra el juez que abrió el camino para dar los primeros pasos en esa causa que investiga el asesinato de dos trabajadores del diario Nueva Provincia y ahora cuestiona la legitimidad de los fiscales. “Esto formó parte de la agenda de la última reunión de abogados y creo que es legítimo extender a la Corte esta preocupación, que es el lugar al que tenemos que acudir. Las únicas herramientas que hay es golpear las puertas a cada agencia que tiene responsabilidad para asegurar esto que el propio presidente de la Corte dijo que es política de Estado y no tiene vuelta atrás. Si esto es así, es legítimo que los organismos, los abogados que advierten este cambio de escenario, vayan a la Corte a instalar esta preocupación y comprometerlos en su propio discurso.”

El cartel tenía los nombres iconos de algunas de estas demandas. Mercedes Benz, Ford, Astilleros Astarsa. Entre los que se acercaron hubo ex trabajadores de las empresas, víctimas de los secuestros. Estuvo Beinuz Szmukler, titular de la Asociación Argentina de Juristas, que señaló “que se han prendido las alarmas”. También acompañaron Elizabeth Gómez Alcorta, del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia; Carolina Varsky de la Procuración; Ana Oberlín y Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación; Eduardo Tavani y Victorio Paulón, entre los muchos de la CTA, Genoveva Ares, de la Comisión del Vesubio, Mirta Mántaras, Pablo Llonto, Adriana Taboada y Graciela Rosenblum, Pedro Dinani y José Schulman por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“Los últimos fallos más resonantes, prácticamente la liberación de culpas de personajes siniestros como Massot, Blaquier, la muerte impune de Alcides López Aufranc, muestra la persistencia de una cultura represora que viene de lejos pero se potenció durante el terrorismo de Estado. Creo que durante un tiempo la presión del movimiento popular y la carga del gobierno nacional crearon un clima social que obligó a un Poder Judicial siempre remiso a avanzar en los juicios. Creo que hoy hay una combinación de cambio de humor social y de llegar a un límite en que el poder no admite para nada superarlo. Eso hace que volver a la calle sea el camino jurídico más inteligente que tengamos”, dijo Schulman.

El documento tiene dos partes. La primera vincula el freno a este tipo de juicios con la morfología que persiste en el sistema de justicia. “Impugnamos –dice–, con igual fuerza, a los sectores reaccionarios y antidemocráticos enquistados en el Poder Judicial que intentan frenar el juzgamiento de esos crímenes.” Y exige a la Corte Suprema, “una profunda autocrítica del rol cumplido por los jueces y funcionarios del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, muchos de los cuales nada investigaron y sólo se limitaron a rechazar los miles de hábeas corpus que inundaban los tribunales del país en ese período”.

La segunda parte es programática. La autocrítica debe incluir, señalaron: pedido de perdón y “una investigación sobre el rol del Poder Judicial en la dictadura que concluya en un documento y la identificación de quienes con sus fallos impidieron las investigaciones de los crímenes y ahora alientan la impunidad mediante injustificados dictados de falta de mérito, son reticentes a llamar a indagatoria, requieren de estándares probatorios diferenciales e imponen trabas procesales que imposibilitan el debido juzgamiento de los estamentos del poder económico, judicial, mediático y eclesiástico, que contribuyeron y se beneficiaron con los asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas de miles de hombres, mujeres y niños”.

Este último párrafo es un resumen exacto de lo que sucede con las causas. En un documento adjunto, la presentación recuerda que hay 57 integrantes del Poder Judicial investigados en la Justicia, entre ellos jueces, secretarios de juzgados, asesores de menores y fiscales de los cuales 23 están con procesamientos.

Con los papeles en la mano, la cosa siguió en procesión hacia el Palacio. Los abogados intentaron dejar el documento en la Mesa de Entradas planta baja. No los dejaron. Los mandaron al cuarto piso, uno por escalera. Subieron todos. En el estrecho pasillo, cuyas salidas dan a los suntuosos patios de la Corte, les salieron al encuentro tres enormes custodios, de traje de buen corte.

–Yo voy a ir a hablar con el secretario de la Corte –dijo uno–; pero a todos no los va a recibir. Yo les pediría que bajen y se organicen en la planta baja, este lugar está restringido.

–¿¿¡Pero este no es un espacio público!?? –preguntó uno.

–No, y no puede estar acá.

–Perfecto –dijo Mántaras–: que entre el grupo y esperamos acá.

–¡¡Acá no se puede, señora!! –dijeron y se sumaron dos policías.

–¡Es el Palacio de Justicia! –dijo Tavani– ¡Es la primera vez que me entero que es un espacio restringido!

–Esto es por una disposición nueva del doctor Lorenzetti.

En esa Corte, ahora, custodiada como si fuera un signo de los tiempos, los y las abogadas finalmente lograron que un secretario los atendiera. Un grupo entró. Otro bajó. Los que quedaron arriba pidieron la entrevista con Lorenzetti.

Solidaridad con la abogada de JusticiaYa, Liliana Alaniz

La abogada Liliana Alaniz, representante de Justicia Ya! en los juicios desarrollados en Argentina por crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), debe afrontar un pedido de sanción por parte de los defensores de los genocidas.

Esta petición ha sido realizada ante el tribunal que juzga la megacausa por los crímenes desarrollados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más importantes de la dictadura.

Concretamente, el reclamo ha sido realizado por la abogada defensora de uno de los represores juzgados, la Dra Mattone, quien junto a otros abogados de la defensa ha solicitado al tribunal se sancionara a nuestra compañera por “el modo” en que cuestionó una pregunta efectuada por la defensa a uno de los testigos, calificando su manifestación de “agraviante”.

No es la primera vez que los defensores de los genocidas solicitan sanciones infundadas contra los abogados de víctimas y organismos de derechos humanos, pretendiendo así “victimizar” a los genocidas encausados.

Los organismos de derechos humanos integrados en Justicia Ya¡ hemos presentado un escrito ante este Tribunal, en el que se denuncian las situaciones de hostigamiento contra las víctimas que se producen en el desarrollo de la causa, las preguntas agresivas y ofensivas, sin importar en muchos casos el estado emocional de quienes declaran, que han sido
moneda constante a lo largo de dos años de audiencias.

Asimismo, se está impulsando una campaña de pronunciamientos contra este pedido de sanción. Llevamos reunidas más de 250 firmas de dirigentes y luchadores argentinos, entre los que se incluyen Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle (Madres Línea Fundadora), Jorge Altamira, Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Guillermo Kane, Nicolás del Caño, Ileana Celotto (Secretaria General de AGD UBA), Romina del Pla (Secretaria General SUTEBA La Matanza), Víctor Basterra (ex detenido-desaparecido de ESMA), Patricia Walsh, Vilma Ripoll, Oscar Kuperman, AEDD, Liberpueblo, CADEP, CORREPI, CEPRODH, Hijos La Plata y Gremial de abogados.

No debemos permitir que de ningún modo avance esta persecución sobre nuestra compañera. Cualquier clase de sanción, inclusive un apercibimiento, sería inadmisible. Nos oponemos firmemente a cualquier tipo de hostigamiento contra los que luchan diariamente para que todos los represores sean condenados por el secuestro, tormentos y asesinatos de todos los compañeros detenidos-desaparecidos.

No a la sanción y hostigamiento! Castigo a todos los genocidas!.

Pronunciamiento

Los abajo firmantes, ejerciendo la solidaridad internacionalista con las/os luchadoras/es a favor de los derechos humanos, manifestamos nuestro apoyo a la compañera abogada Liliana Alaniz de APel y Justicia Ya!, representante de querellas en los juicios de lesa humanidad, frente al pedido de sanción solicitado por los defensores de genocidas que están siendo juzgados en el tercer tramo de la causa ESMA.

Los intentos de victimización de los represores y sus defensores son inaceptables.

Todos ellos deben ser juzgados por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas, por todos los compañeros.

ENVIAR LAS FIRMAS A : casapueblos@nodo50.org
(Nombre y apellidos; DNI y profesión y/o organización política y/o social)
Gracias a todxs 

Un cuarto testigo vinculó a Milani con la represión de la dictadura

Un fotógrafo dijo que fue a insultarlo al lugar donde estaba preso y que además participó del secuestro de su hijo.

Testigo. El ex fotógrafo Plutarco Schaller involucró a Milani en la represión ilegal en La Rioja.

GENTILEZA LUIS LOBOS
Por Julio Aiub Morales

El ex preso político Plutarco Schaller, de 86 años, comprometió también con su testimonio ante la Justicia al jefe del Ejército, teniente general César Milani, en la represión ilegal en esta provincia durante la dictadura. Fue en la audiencia del pasado viernes ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja, donde se juzga el crimen de monseñor Enrique Angelelli.

Schaller, que era fotógrafo del diario El Independiente en la década del 70, declaró que cuando estaba internado en el hospital Vera Barros, a raíz de las torturas recibidas, Milani fue a insultarlo. “Una noche, tipo once, sentí unos tiros en el patio y corridas. Al ratito entraron dos personas donde yo estaba en la cama, con un custodio policial. Uno entró corriendo, me pega un tirón en la colcha y dice “no, este hijo de puta está acá ” y se fueron”. “Esa noche (los militares) fueron a mi casa y lo llevaron preso a mi hijo (Oscar) de 18 años, culpándolo de haber querido liberarme desde el hospital. Una cosa ridícula y totalmente insólita”, agregó. “A la guardia siguiente, cuando volvió el cabo que me cuidaba aquella noche, -siguió relatando Schaller- se me ocurrió preguntarle quien era ése que me destapó e insultó y el me contestó textualmente: “Ese es el tenientito Milani”.

Recordó que “al mes lo largan a mi hijo. El que lo larga del batallón, es Milani ”. A Plutarco no lo torturaron en el batallón de Milani pero a su hijo sí.

Pero, además, Schaller señaló que “el capellán del batallón, Pelanda López, iba a oficiar misa y lo llevaba como monaguillo al conscripto Ledo, que después desapareció en Tucumán. Y el que hace el sumario de la desaparición de Ledo fue Milani”.

Ante estas declaraciones el fiscal del Tribunal Oral, Michel Horario Salman, ordenó girarlas a la fiscalía del Juzgado Federal para determinar la posibilidad de delitos.

Así Schaller se convirtió en el cuarto testigo que vio a Milani participando de la represión ilegal. El ex soldado Alvaro Illanes dijo que Milani hacía interrogatorios ilegales, el ex preso politico Ramón Olivera afirmó que sacó de su detención ilegal para llevarlo a la Justicia y el ex conscripto Dario Illanes aseguró que el actual jefe del Ejército tenía como asistente al desaparecido soldado Alberto Ledo.

Schaller fue detenido en la misma noche del 24 de marzo de 1976 “cuando ya habíamos puesto el título del golpe de estado” en el diario y fue llevado al batallón de Ingenieros 141 donde revistaba César Milani como subteniente de esa unidad.

Previamente, Schaller “había sido amenazado por la Triple A, al igual que monseñor (Enrique) Angelelli”. Relató que el Vaticano le recomendó a Angelelli que abandonara el país yéndose a Roma pero que el prelado se negó a dejar su diócesis. Angelelli finalmente fue muerto en un accidente carretero simulado, según se ventila en el juicio, el cuatro de agosto de 1976.

Dijo que de acuerdo a un informe del CELS, en el entonces diario El Sol hubo un brindis por la muerte de Angelelli y entre quienes brindaron “estaba Ricardo Furey, quien es un alto funcionario del Senado de la Nación” y que “lo acusaba de comunista” a Angelelli.

Después del golpe de 1976, la cooperativa que editaba el diario El Independiente fue intervenida y “no nos dejaron volver al diario, nos lo robaron con la anuencia de los funcionarios de la dictadura”. Cuando salió de la cárcel, Schaller marchó al exilio refugiándose en Cuba, donde vivió hasta hace algunos años en que regresó a la Argentina. El director de El Independiente, Alipio Paoletti, bajo amenazas también tuvo que exiliarse en España.

Entrevista a la abogada Sophie Thonon sobre el caso del represor Mario Sandoval

“Tiene algo así como un olor diabólico”

Ante una nueva audiencia en la Justicia francesa, que evalúa el pedido de extradición de Sandoval presentado por Argentina, Thonon explica cuál es la situación del proceso y analiza la jurisprudencia en Francia sobre delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

Francia tiene en sus manos la decisión de extraditar a Mario “Churrasco” Sandoval, ex integrante de Coordinación Federal que formó parte de los Grupos de Tareas de la ESMA. Durante la revisión del caso, la Justicia francesa pidió ampliar dos veces el requerimiento de extradición elevado por Argentina. El juzgado de Sergio Torres respondió ahora el último cuestionario y envió todas las respuestas a Francia. Mañana habrá una nueva audiencia en la que se entregará esa documentación a la Justicia francesa, aunque aún no se espera una definición. Sophie Thonon es abogada de los familiares de las monjas francesas desaparecidas en la última dictadura, fue una activa colaboradora en la investigación sobre el Plan Cóndor y clave en las causas abiertas en Francia contra los represores Alfredo Astiz, Jorge Olivera Róvere y Ricardo Cavallo durante los años de vigencia de las leyes de impunidad en el país. En este momento actúa como abogada representante de Argentina en la causa abierta a Sandoval. En esta entrevista explica cuál es la situación del proceso y analiza los efectos que las causas de lesa humanidad pueden tener en Francia en relación con los crímenes cometidos en Indochina y Argelia.
–¿En qué punto está la extradición de Sandoval?

–El 30 de octubre del año pasado la Cámara de Instrucción francesa pidió que Argentina envíe un suplemento de información. Fue un pedido del fiscal y del presidente de la Cámara de la Corte. Hicieron una lista de varias preguntas sobre derecho argentino, cómo funciona, plazos, textos internacionales, etcétera. La Justicia argentina ahora dio respuestas precisas, que ya se entregaron de manera oficial. Y el 12 de febrero habrá una audiencia ante la misma formación de la Corte de Apelación. De un lado, habrá tres representantes de la embajada, estaré yo como abogada de la República Argentina, y del otro lado estarán Mario Sandoval y su abogado. Será una audiencia más bien formal, pero todas las víctimas que viven acá (en Francia) por supuesto estarán presentes, como la última vez. La Corte va a recibir oficialmente las respuestas. Se va a fijar una próxima audiencia sobre el fondo de la extradición. Y esa fecha será, creemos, en abril, mayo o junio. En ese momento se decidirá si se permite o no la extradición. En este tipo de procedimientos, sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene la última palabra. Si la Corte resuelve positivamente, el Ejecutivo puede resolver luego “sí” o “no”.
–¿Judicialmente ésta es la última instancia?

–Hay una instancia más que es la Corte de Casación, pero estudia la aplicación del derecho y no se pone a estudiar de nuevo los hechos. No es una segunda Corte de Apelación. Esa instancia existe. Y puede revertir la decisión judicial.
–¿El Ejecutivo sólo se pronuncia si la Justicia acepta la extradición?

–Sí, porque si la Corte dice que no, el Ejecutivo no puede intervenir.
–En los tribunales argentinos están sorprendidos con el grado de exigencia que tiene Francia. La causa ESMA pidió otras extradiciones a otros países y no tuvo estos inconvenientes. ¿Cómo lo evalúa?

–Los pedidos de extradición en general son bastante delicados, sobre todo cuando no hay ningún tratado entre dos países. Quisiera señalar que existen pocos tratados de extradición entre Francia y otros países. Sólo dos. Y el tercero que está a la firma de las autoridades es justamente un tratado entre Francia y Argentina. Lo que significa que hay un intercambio fuerte de pedidos entre los dos países. Entonces, cuando no hay un tratado, como en este caso, los dos países se apoyan sobre su ley nacional. En el caso de Francia, el control de la Corte de Casación, que es un control muy estricto, abstracto diría, obliga a que la decisión de esta Corte esté muy bien fundada para no ser revocada después. En este caso, la Justicia estimó que faltaban elementos precisos. No puedo opinar si fue sin razón o con razón. Lo que noto es que una Corte que opina que el pedido no tiene los elementos relevantes, no se toma el trabajo de hacer más preguntas. De pedir textos. Puede mirarlo en general, decir: “rechazo” porque estima que el procedimiento no vale. Pero en este caso, está haciendo todo lo necesario para tener todos los elementos, según los criterios del derecho francés. Es decir que eso en sí manifiesta una muy buena voluntad, a lo mejor bastante molesta, pero manifiesta buena voluntad hacia el pedido presentado por Argentina.
–Una de las inquietudes locales es que este tema puede ser delicado para Francia porque podría leerse como antecedente para abrir la revisión pendiente sobre las responsabilidades en los crímenes cometidos en Indochina y Argelia.

–Es cierto que Francia tiene una jurisprudencia muy criticable en términos de crimen de lesa humanidad, tomando en cuenta que considera –y esto es una decisión jurisprudencial– que no se puede hablar de crímenes de lesa humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, es decir desde el 8 de mayo de 1945 y hasta la reforma del ’94 del Código Penal francés. Hay un hueco, un vacío jurídico que es criticable. Que no tiene, a nivel jurídico y sobre todo humano, ninguna razón. Tiene una razón política. Pero no pienso que las preguntas francesas tengan la idea de obstaculizar este proceso por esta razón. Pienso que las preguntas tienen mucho más que ver con las exigencias del derecho francés en términos de extradición y con el deseo de, finalmente, hacer todo lo posible para tomar una buena decisión. Lo que espero es que a raíz de esa decisión, y también de las decisiones sobre los genocidas de Ruanda, haya una evolución de la jurisprudencia francesa. Hoy se abre, en un ámbito especial de un tribunal de la Corte en París, el primer juicio contra una persona a la cual se le imputa complicidad con crímenes de lesa humanidad durante la masacre en Ruanda, hace veinte años. En mi opinión, eso es un signo de fisuras en la jurisprudencia. Además, esta misma Corte ante la que estamos tuvo una decisión favorable de extradición a un pedido de Ruanda por un genocida de la misma época. Entonces, tengo la esperanza de que haya un cambio.
–¿Entonces, la extradición también podría abrir fisuras a largo plazo?

–Con el tema Sandoval hay muchos hechos, muchos fundamentos jurídicos. La Corte puede elegir entre varias posibilidades. Yo podría hacer otros comentarios después, pero por ahora no es posible. Mi esperanza de fisuras por ahora, por ahora, es por el lado de Ruanda.
–¿Cómo es visto Sandoval en este momento? Se había dicho que formó parte del grupo de asesores de Nicolas Sarkozy.

–Primero, nunca perteneció a un grupo de Sarkozy. Se especializó y obtuvo un diploma en Francia sobre espionaje e inteligencia en lo económico, militar y estratégico. Escribe mucho y se puede ver lo que escribe en Internet. A raíz de su relación con las cámaras de comercio desarrolló toda un especie de red de conocimiento y relaciones en círculos ligados, de cerca o de lejos, con el poder. Pero nada más que eso. Asumió algunos cargos universitarios. En esos ámbitos, una vez presentó como ejemplo de la inteligencia estratégica el Plan Cóndor, lo que suscitó entre los estudiantes todo un escándalo. Y su papel como instructor de la policía hizo que algunas universidades no quisieran trabajar más con él. Seguramente ninguna persona del poder va a salir haciendo declaraciones en su apoyo. Para nada.
–Las querellas que impulsan aquí las causas suelen decir que es una persona oscura y peligrosa.

–En las audiencias mantuvo un perfil bajo, por supuesto. Todas las personas que lo vieron subrayan su frialdad, su casi frialdad inhumana en el trato. Es cierto que por sus antecedentes y sus especialidades profesionales, por su papel en Colombia (Nota: como asesor de los grupos paramilitares), es una persona que tiene algo así como un olor diabólico. En ese sentido entiendo la reflexión de los querellantes.
–¿Hay cambios entre la posición del gobierno francés frente a las primeras causas y frente a éstas?

–No hay punto de comparación. Imposible. Primero, porque Francia acogió, con sus limitaciones pero acogió, las querellas que presenté por las víctimas francesas de la dictadura argentina. Y los jueces de instrucción que se sucedieron en los 17 años (de las causas) se dedicaron a fondo a ese tema. Cuando hice todo lo necesario para que se pueda detener a Olivera y lo mismo con Cavallo, yo recibí participación sin falla de la Justicia francesa. Entonces, con sus limitaciones, jugó un papel de valor, que hay que reconocer. Hay pocas justicias de países europeos que abrieron así sus Cortes a los reclamos de las víctimas de la dictadura. Italia, pero otros no lo hicieron. Eso primero. Y no haría una comparación porque son dos instancias totalmente diferentes.
–En este caso, no es una instrucción, sino una extradición. Y la mayor parte de las víctimas no son francesas.

–Totalmente, no hay elemento francés. El único elemento francés es que Sandoval está en territorio francés, pero las víctimas no son francesas salvo las monjas. Sandoval tiene nacionalidad francesa, pero la obtuvo después de los hechos, así que no se toma en cuenta. El elemento es la residencia.