Solidaridad con la abogada de JusticiaYa, Liliana Alaniz

La abogada Liliana Alaniz, representante de Justicia Ya! en los juicios desarrollados en Argentina por crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar (1976-1983), debe afrontar un pedido de sanción por parte de los defensores de los genocidas.

Esta petición ha sido realizada ante el tribunal que juzga la megacausa por los crímenes desarrollados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros clandestinos de detención y exterminio más importantes de la dictadura.

Concretamente, el reclamo ha sido realizado por la abogada defensora de uno de los represores juzgados, la Dra Mattone, quien junto a otros abogados de la defensa ha solicitado al tribunal se sancionara a nuestra compañera por “el modo” en que cuestionó una pregunta efectuada por la defensa a uno de los testigos, calificando su manifestación de “agraviante”.

No es la primera vez que los defensores de los genocidas solicitan sanciones infundadas contra los abogados de víctimas y organismos de derechos humanos, pretendiendo así “victimizar” a los genocidas encausados.

Los organismos de derechos humanos integrados en Justicia Ya¡ hemos presentado un escrito ante este Tribunal, en el que se denuncian las situaciones de hostigamiento contra las víctimas que se producen en el desarrollo de la causa, las preguntas agresivas y ofensivas, sin importar en muchos casos el estado emocional de quienes declaran, que han sido
moneda constante a lo largo de dos años de audiencias.

Asimismo, se está impulsando una campaña de pronunciamientos contra este pedido de sanción. Llevamos reunidas más de 250 firmas de dirigentes y luchadores argentinos, entre los que se incluyen Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle (Madres Línea Fundadora), Jorge Altamira, Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Guillermo Kane, Nicolás del Caño, Ileana Celotto (Secretaria General de AGD UBA), Romina del Pla (Secretaria General SUTEBA La Matanza), Víctor Basterra (ex detenido-desaparecido de ESMA), Patricia Walsh, Vilma Ripoll, Oscar Kuperman, AEDD, Liberpueblo, CADEP, CORREPI, CEPRODH, Hijos La Plata y Gremial de abogados.

No debemos permitir que de ningún modo avance esta persecución sobre nuestra compañera. Cualquier clase de sanción, inclusive un apercibimiento, sería inadmisible. Nos oponemos firmemente a cualquier tipo de hostigamiento contra los que luchan diariamente para que todos los represores sean condenados por el secuestro, tormentos y asesinatos de todos los compañeros detenidos-desaparecidos.

No a la sanción y hostigamiento! Castigo a todos los genocidas!.

Pronunciamiento

Los abajo firmantes, ejerciendo la solidaridad internacionalista con las/os luchadoras/es a favor de los derechos humanos, manifestamos nuestro apoyo a la compañera abogada Liliana Alaniz de APel y Justicia Ya!, representante de querellas en los juicios de lesa humanidad, frente al pedido de sanción solicitado por los defensores de genocidas que están siendo juzgados en el tercer tramo de la causa ESMA.

Los intentos de victimización de los represores y sus defensores son inaceptables.

Todos ellos deben ser juzgados por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas, por todos los compañeros.

ENVIAR LAS FIRMAS A : casapueblos@nodo50.org
(Nombre y apellidos; DNI y profesión y/o organización política y/o social)

Gracias a todxs 

A 38 años del golpe genocida, BASTA DE IMPUNIDAD, NI AJUSTE NI REPRESIÓN

Un cuarto testigo vinculó a Milani con la represión de la dictadura

Un fotógrafo dijo que fue a insultarlo al lugar donde estaba preso y que además participó del secuestro de su hijo.

Testigo. El ex fotógrafo Plutarco Schaller involucró a Milani en la represión ilegal en La Rioja.

GENTILEZA LUIS LOBOS
Por Julio Aiub Morales

El ex preso político Plutarco Schaller, de 86 años, comprometió también con su testimonio ante la Justicia al jefe del Ejército, teniente general César Milani, en la represión ilegal en esta provincia durante la dictadura. Fue en la audiencia del pasado viernes ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja, donde se juzga el crimen de monseñor Enrique Angelelli.

Schaller, que era fotógrafo del diario El Independiente en la década del 70, declaró que cuando estaba internado en el hospital Vera Barros, a raíz de las torturas recibidas, Milani fue a insultarlo. “Una noche, tipo once, sentí unos tiros en el patio y corridas. Al ratito entraron dos personas donde yo estaba en la cama, con un custodio policial. Uno entró corriendo, me pega un tirón en la colcha y dice “no, este hijo de puta está acá ” y se fueron”. “Esa noche (los militares) fueron a mi casa y lo llevaron preso a mi hijo (Oscar) de 18 años, culpándolo de haber querido liberarme desde el hospital. Una cosa ridícula y totalmente insólita”, agregó. “A la guardia siguiente, cuando volvió el cabo que me cuidaba aquella noche, -siguió relatando Schaller- se me ocurrió preguntarle quien era ése que me destapó e insultó y el me contestó textualmente: “Ese es el tenientito Milani”.

Recordó que “al mes lo largan a mi hijo. El que lo larga del batallón, es Milani ”. A Plutarco no lo torturaron en el batallón de Milani pero a su hijo sí.

Pero, además, Schaller señaló que “el capellán del batallón, Pelanda López, iba a oficiar misa y lo llevaba como monaguillo al conscripto Ledo, que después desapareció en Tucumán. Y el que hace el sumario de la desaparición de Ledo fue Milani”.

Ante estas declaraciones el fiscal del Tribunal Oral, Michel Horario Salman, ordenó girarlas a la fiscalía del Juzgado Federal para determinar la posibilidad de delitos.

Así Schaller se convirtió en el cuarto testigo que vio a Milani participando de la represión ilegal. El ex soldado Alvaro Illanes dijo que Milani hacía interrogatorios ilegales, el ex preso politico Ramón Olivera afirmó que sacó de su detención ilegal para llevarlo a la Justicia y el ex conscripto Dario Illanes aseguró que el actual jefe del Ejército tenía como asistente al desaparecido soldado Alberto Ledo.

Schaller fue detenido en la misma noche del 24 de marzo de 1976 “cuando ya habíamos puesto el título del golpe de estado” en el diario y fue llevado al batallón de Ingenieros 141 donde revistaba César Milani como subteniente de esa unidad.

Previamente, Schaller “había sido amenazado por la Triple A, al igual que monseñor (Enrique) Angelelli”. Relató que el Vaticano le recomendó a Angelelli que abandonara el país yéndose a Roma pero que el prelado se negó a dejar su diócesis. Angelelli finalmente fue muerto en un accidente carretero simulado, según se ventila en el juicio, el cuatro de agosto de 1976.

Dijo que de acuerdo a un informe del CELS, en el entonces diario El Sol hubo un brindis por la muerte de Angelelli y entre quienes brindaron “estaba Ricardo Furey, quien es un alto funcionario del Senado de la Nación” y que “lo acusaba de comunista” a Angelelli.

Después del golpe de 1976, la cooperativa que editaba el diario El Independiente fue intervenida y “no nos dejaron volver al diario, nos lo robaron con la anuencia de los funcionarios de la dictadura”. Cuando salió de la cárcel, Schaller marchó al exilio refugiándose en Cuba, donde vivió hasta hace algunos años en que regresó a la Argentina. El director de El Independiente, Alipio Paoletti, bajo amenazas también tuvo que exiliarse en España.

Entrevista a la abogada Sophie Thonon sobre el caso del represor Mario Sandoval

“Tiene algo así como un olor diabólico”

Ante una nueva audiencia en la Justicia francesa, que evalúa el pedido de extradición de Sandoval presentado por Argentina, Thonon explica cuál es la situación del proceso y analiza la jurisprudencia en Francia sobre delitos de lesa humanidad.

 Por Alejandra Dandan

Francia tiene en sus manos la decisión de extraditar a Mario “Churrasco” Sandoval, ex integrante de Coordinación Federal que formó parte de los Grupos de Tareas de la ESMA. Durante la revisión del caso, la Justicia francesa pidió ampliar dos veces el requerimiento de extradición elevado por Argentina. El juzgado de Sergio Torres respondió ahora el último cuestionario y envió todas las respuestas a Francia. Mañana habrá una nueva audiencia en la que se entregará esa documentación a la Justicia francesa, aunque aún no se espera una definición. Sophie Thonon es abogada de los familiares de las monjas francesas desaparecidas en la última dictadura, fue una activa colaboradora en la investigación sobre el Plan Cóndor y clave en las causas abiertas en Francia contra los represores Alfredo Astiz, Jorge Olivera Róvere y Ricardo Cavallo durante los años de vigencia de las leyes de impunidad en el país. En este momento actúa como abogada representante de Argentina en la causa abierta a Sandoval. En esta entrevista explica cuál es la situación del proceso y analiza los efectos que las causas de lesa humanidad pueden tener en Francia en relación con los crímenes cometidos en Indochina y Argelia.
–¿En qué punto está la extradición de Sandoval?

–El 30 de octubre del año pasado la Cámara de Instrucción francesa pidió que Argentina envíe un suplemento de información. Fue un pedido del fiscal y del presidente de la Cámara de la Corte. Hicieron una lista de varias preguntas sobre derecho argentino, cómo funciona, plazos, textos internacionales, etcétera. La Justicia argentina ahora dio respuestas precisas, que ya se entregaron de manera oficial. Y el 12 de febrero habrá una audiencia ante la misma formación de la Corte de Apelación. De un lado, habrá tres representantes de la embajada, estaré yo como abogada de la República Argentina, y del otro lado estarán Mario Sandoval y su abogado. Será una audiencia más bien formal, pero todas las víctimas que viven acá (en Francia) por supuesto estarán presentes, como la última vez. La Corte va a recibir oficialmente las respuestas. Se va a fijar una próxima audiencia sobre el fondo de la extradición. Y esa fecha será, creemos, en abril, mayo o junio. En ese momento se decidirá si se permite o no la extradición. En este tipo de procedimientos, sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene la última palabra. Si la Corte resuelve positivamente, el Ejecutivo puede resolver luego “sí” o “no”.
–¿Judicialmente ésta es la última instancia?

–Hay una instancia más que es la Corte de Casación, pero estudia la aplicación del derecho y no se pone a estudiar de nuevo los hechos. No es una segunda Corte de Apelación. Esa instancia existe. Y puede revertir la decisión judicial.
–¿El Ejecutivo sólo se pronuncia si la Justicia acepta la extradición?

–Sí, porque si la Corte dice que no, el Ejecutivo no puede intervenir.
–En los tribunales argentinos están sorprendidos con el grado de exigencia que tiene Francia. La causa ESMA pidió otras extradiciones a otros países y no tuvo estos inconvenientes. ¿Cómo lo evalúa?

–Los pedidos de extradición en general son bastante delicados, sobre todo cuando no hay ningún tratado entre dos países. Quisiera señalar que existen pocos tratados de extradición entre Francia y otros países. Sólo dos. Y el tercero que está a la firma de las autoridades es justamente un tratado entre Francia y Argentina. Lo que significa que hay un intercambio fuerte de pedidos entre los dos países. Entonces, cuando no hay un tratado, como en este caso, los dos países se apoyan sobre su ley nacional. En el caso de Francia, el control de la Corte de Casación, que es un control muy estricto, abstracto diría, obliga a que la decisión de esta Corte esté muy bien fundada para no ser revocada después. En este caso, la Justicia estimó que faltaban elementos precisos. No puedo opinar si fue sin razón o con razón. Lo que noto es que una Corte que opina que el pedido no tiene los elementos relevantes, no se toma el trabajo de hacer más preguntas. De pedir textos. Puede mirarlo en general, decir: “rechazo” porque estima que el procedimiento no vale. Pero en este caso, está haciendo todo lo necesario para tener todos los elementos, según los criterios del derecho francés. Es decir que eso en sí manifiesta una muy buena voluntad, a lo mejor bastante molesta, pero manifiesta buena voluntad hacia el pedido presentado por Argentina.
–Una de las inquietudes locales es que este tema puede ser delicado para Francia porque podría leerse como antecedente para abrir la revisión pendiente sobre las responsabilidades en los crímenes cometidos en Indochina y Argelia.

–Es cierto que Francia tiene una jurisprudencia muy criticable en términos de crimen de lesa humanidad, tomando en cuenta que considera –y esto es una decisión jurisprudencial– que no se puede hablar de crímenes de lesa humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, es decir desde el 8 de mayo de 1945 y hasta la reforma del ’94 del Código Penal francés. Hay un hueco, un vacío jurídico que es criticable. Que no tiene, a nivel jurídico y sobre todo humano, ninguna razón. Tiene una razón política. Pero no pienso que las preguntas francesas tengan la idea de obstaculizar este proceso por esta razón. Pienso que las preguntas tienen mucho más que ver con las exigencias del derecho francés en términos de extradición y con el deseo de, finalmente, hacer todo lo posible para tomar una buena decisión. Lo que espero es que a raíz de esa decisión, y también de las decisiones sobre los genocidas de Ruanda, haya una evolución de la jurisprudencia francesa. Hoy se abre, en un ámbito especial de un tribunal de la Corte en París, el primer juicio contra una persona a la cual se le imputa complicidad con crímenes de lesa humanidad durante la masacre en Ruanda, hace veinte años. En mi opinión, eso es un signo de fisuras en la jurisprudencia. Además, esta misma Corte ante la que estamos tuvo una decisión favorable de extradición a un pedido de Ruanda por un genocida de la misma época. Entonces, tengo la esperanza de que haya un cambio.
–¿Entonces, la extradición también podría abrir fisuras a largo plazo?

–Con el tema Sandoval hay muchos hechos, muchos fundamentos jurídicos. La Corte puede elegir entre varias posibilidades. Yo podría hacer otros comentarios después, pero por ahora no es posible. Mi esperanza de fisuras por ahora, por ahora, es por el lado de Ruanda.
–¿Cómo es visto Sandoval en este momento? Se había dicho que formó parte del grupo de asesores de Nicolas Sarkozy.

–Primero, nunca perteneció a un grupo de Sarkozy. Se especializó y obtuvo un diploma en Francia sobre espionaje e inteligencia en lo económico, militar y estratégico. Escribe mucho y se puede ver lo que escribe en Internet. A raíz de su relación con las cámaras de comercio desarrolló toda un especie de red de conocimiento y relaciones en círculos ligados, de cerca o de lejos, con el poder. Pero nada más que eso. Asumió algunos cargos universitarios. En esos ámbitos, una vez presentó como ejemplo de la inteligencia estratégica el Plan Cóndor, lo que suscitó entre los estudiantes todo un escándalo. Y su papel como instructor de la policía hizo que algunas universidades no quisieran trabajar más con él. Seguramente ninguna persona del poder va a salir haciendo declaraciones en su apoyo. Para nada.
–Las querellas que impulsan aquí las causas suelen decir que es una persona oscura y peligrosa.

–En las audiencias mantuvo un perfil bajo, por supuesto. Todas las personas que lo vieron subrayan su frialdad, su casi frialdad inhumana en el trato. Es cierto que por sus antecedentes y sus especialidades profesionales, por su papel en Colombia (Nota: como asesor de los grupos paramilitares), es una persona que tiene algo así como un olor diabólico. En ese sentido entiendo la reflexión de los querellantes.
–¿Hay cambios entre la posición del gobierno francés frente a las primeras causas y frente a éstas?

–No hay punto de comparación. Imposible. Primero, porque Francia acogió, con sus limitaciones pero acogió, las querellas que presenté por las víctimas francesas de la dictadura argentina. Y los jueces de instrucción que se sucedieron en los 17 años (de las causas) se dedicaron a fondo a ese tema. Cuando hice todo lo necesario para que se pueda detener a Olivera y lo mismo con Cavallo, yo recibí participación sin falla de la Justicia francesa. Entonces, con sus limitaciones, jugó un papel de valor, que hay que reconocer. Hay pocas justicias de países europeos que abrieron así sus Cortes a los reclamos de las víctimas de la dictadura. Italia, pero otros no lo hicieron. Eso primero. Y no haría una comparación porque son dos instancias totalmente diferentes.
–En este caso, no es una instrucción, sino una extradición. Y la mayor parte de las víctimas no son francesas.

–Totalmente, no hay elemento francés. El único elemento francés es que Sandoval está en territorio francés, pero las víctimas no son francesas salvo las monjas. Sandoval tiene nacionalidad francesa, pero la obtuvo después de los hechos, así que no se toma en cuenta. El elemento es la residencia.

La Justicia de Francia debe resolver el pedido de extradición de Mario Sandoval

Un represor de la ESMA en la Ciudad Luz

Hace un año y medio el juez Sergio Torres pidió la captura con fines de extradición de Churrasco Sandoval, por delitos de lesa humanidad contra 400 víctimas. El 9 de octubre la Cámara de Instrucción de París analizará el pedido.

Mario Alfredo Sandoval integró el Grupo de Tareas 3.3.

Por Diego Martínez
Francia tiene en sus manos el destino de un represor de la ESMA. Se trata de Mario Alfredo Sandoval, ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal que integró el Grupo de Tareas 3.3 con el alias “Churrasco”. Sandoval hizo carrera en Francia, donde tejió vínculos en ámbitos académicos, empresariales y políticos, y es consejero de paramilitares colombianos. Hace un año y medio el juez Sergio Torres pidió su captura internacional con fines de extradición, pero Churrasco se las ingenió para estar preso apenas una semana, pese a estar imputado por delitos de lesa humanidad contra 400 víctimas, incluidas las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, caso por el que Francia condenó en ausencia a Alfredo Astiz y actuó como querellante en la Argentina. El 9 de octubre la Cámara de Instrucción de París analizará el pedido del juez Torres. Miembros de organismos de derechos humanos acompañados por familiares de Hernán Abriata, detenido-desaparecido secuestrado por una patota que encabezó Sandoval, se presentaron en la Embajada de Francia con una carta dirigida al presidente François Hollande, a quien piden que implemente todas las medidas a su alcance para garantizar la extradición.

Los grupos de tareas de la ESMA tuvieron en sus filas a marinos y enlaces de Ejército, pero también a prefectos, policías, penitenciarios y civiles. En 1976 Sandoval tenía 22 años, era oficial subinspector de la Policía Federal y estaba destinado en el Departamento de Asuntos Políticos, en el séptimo piso de Moreno 1417, cuatro pisos más arriba del centro clandestino de la Superintendencia, de donde sacaron a los militantes que fusilaron en Fátima. De su legajo surge que realizó cursos de instrucción en “lucha antisubversiva”, en los que se enseñaban técnicas de interrogatorio bajo tortura, y que fue “recomendado” en noviembre de 1976 por su actuación en “procedimientos antisubversivos”.
En 1984, sobrevivientes de la ESMA declararon ante la Conadep sobre Churrasco como “agente operativo” del GT 3.3. En 2008 Página/12 informó que el alias pertenecía a Sandoval y la Justicia comenzó una investigación que cuatro años después derivó en el pedido de detención. “Era un tipo muy extraño, hacía inteligencia, un tipo intelectualmente de los más preparados dentro de la ESMA y muy jodido. Si te podía boletear, te boleteaba, no había tutía con este hombre, sabía realmente lo que estaba haciendo y lo que quería”, declaró Alfredo Buzzalino, sobreviviente de la ESMA. “Era algo distinto dentro de la ESMA, un tipo que manejaba mucha información, muy culto. No iba asiduamente”, agregó el testigo, a quien Sandoval interrogó alguna vez en el café Richmond de calle Florida. “Era morochón, peinado para atrás, siempre vestía de traje”, recordó.
También de 1984 datan los testimonios sobre el secuestro de Abriata que mencionan a Sandoval. El operativo fue en la madrugada del 30 de octubre de 1976 en Elcano 3235 e incluyó un interrogatorio a Abriata en la habitación donde dormía. Ante familiares del joven militante de la JUP, uno de los secuestradores se identificó como “oficial inspector Sandoval de Coordinación Federal” (el nombre anterior de Superintendencia) y dijo que “la denuncia” en su contra provenía de la Facultad de Arquitectura, donde estudiaba y militaba. Entre los alias que lograron escuchar estaban “Halcón”, como se hacía llamar el capitán Néstor Savio, y “Sérpico”, que era Ricardo Cavallo, miembros del GT 3.3. El 7 de noviembre otros seis estudiantes de Arquitectura fueron secuestrados y uno solo sobrevivió. Diez días después, Sandoval logró la “recomendación” por su actuación destacada en un “procedimiento antisubversivo”. Ante preguntas del procurador general del Tribunal de Apelaciones de París, el juez Torres explicó que el de Abriata es un “caso testigo”, pero que va a indagar a Sandoval por todos los casos de la ESMA registrados entre esa fecha y septiembre de 1979, cuando el policía fue trasladado a la delegación de la Federal en Resistencia, Chaco.

No hubo noticias de Churrasco hasta 2002, cuando Horacio Verbitsky informó que dos “periodistas independientes” llegaron al país con cartas de recomendación de Sandoval, convertido en profesor de La Sorbona y experto de la Unión Europea sobre Colombia. En medio de una exposición en la Escuela Superior de Guerra, uno de los colombianos se presentó como “comandante de las Autodefensas Unidas”, dato con el que los oficiales argentinos dieron por terminada la reunión. En 2008, cuando Página/12 informó que Sandoval y Churrasco eran la misma persona, el periodista Eduardo Febbro apuntó que había sido miembro del Instituto de Altos Estudios de América Latina de La Sorbonne Nouvelle y de la Universidad de Marne-la-Vallé. Contó también que junto a otro argentino, Juan Antonio Rubbini Melato, había sido consejero político de las Autodefensas Unidas de Colombia en la reunión de Santa Fe de Ralito, donde se gestó una suerte de alianza secreta de paramilitares y políticos colombianos.
En octubre pasado, al tanto del pedido de captura pero aún en su casa en el 46 de Rue Mouraud 75.020, París, Sandoval escribió un texto de antología contra el “gobierno cleptocrático dictatorial” de la Argentina. Advirtió sobre el “peligro inminente” de terminar en “un caos general o la anarquía”, destacó que “la rebelión y la desobediencia son derechos naturales y legales”, llamó a la ciudadanía a no reconocer al gobierno ni a los funcionarios ni a los jueces y, ante la eventualidad de que las masas no acusaran recibo, pidió a los jueces “hacer respetar las normas jurídicas con prisioneros y perseguidos políticos”. Así se definió al firmar la nota, en la que no negó ni confirmó su paso por la ESMA.

El futuro del represor se definirá en un tribunal de París. El primer secretario de la Embajada de Francia, Grégory Varennes, recibió el jueves pasado a Carlos Lorkipanidse y a Carlos Loza, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, pero prefirió no tomar contacto con los familiares de Abriata. El diplomático recibió la carta dirigida al embajador Frédéric Baleine du Laurens, a la que adhieren Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, en la que apelan “a los valores reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 para reclamar la inmediata extradición” y piden que la misiva llegue a manos del presidente Hollande. La Justicia francesa demoró quince meses en ordenar la detención de Sandoval, que estuvo preso apenas una semana, del 5 al 13 de junio último. En teoría está a disposición de la Justicia, tiene prohibido salir de Francia y el miércoles 9 se presentará a la audiencia en la que se decidirá su extradición y en gran medida su libertad por el resto de sus días. En la práctica, Churrasco está libre y sólo el Estado francés puede garantizar que comparezca ante el juez.
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Empieza el juicio oral por los crímenes cometidos en coordinación por las dictaduras sudamericanas

El plan de la represión sin fronteras

El proceso que comienza mañana abarca a 106 víctimas del Plan Cóndor, con mayoría de uruguayos, pero también argentinos, paraguayos, chilenos, bolivianos y un peruano. Hay 25 represores acusados, entre ellos Videla, Bignone, Riveros y Menéndez.

 Por Alejandra Dandan

Mañana empieza el juicio oral por el Plan Cóndor, la primera causa que se abrió a fines de los ’90 cuando aún estaban en vigencia las leyes de obediencia debida y punto final y que logró perforar el cerco de impunidad a los crímenes de la dictadura. Será un escenario de justicia atravesado por la presencia de víctimas de las dictaduras del Cono Sur que todavía esperan la apertura de procesos similares en sus propios países. El juicio recoge tres tramos de la causa elevada entre 2008 y 2012 por 106 víctimas del Cóndor, entre las que hay una mayoría de uruguayos, pero también paraguayos y chilenos, todos caídos en Argentina. También hay argentinos, entre ellos tres caídos en Brasil. Serán juzgados 25 represores, entre otros los responsables locales de la coordinación represiva: Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Vañek. También va a ser juzgado el uruguayo Manuel Cordero, represor que actuó en el centro clandestino de Automotores Orletti. Al juicio se acopló el tramo de Orletti II, por otras 65 víctimas. Estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, se prevé el paso de unos 450 testigos y una duración estimada en dos años.

“La causa se abrió con una denuncia muy bien fundada hecha por Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú”, recuerda el fiscal Miguel Angel Osorio, a cargo de la instrucción. “Se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo de las víctimas y la causa avanzó mediante el concepto del ‘delito permanente’: a través de esa lógica se indicó que acá se ha secuestrado a una persona; que todavía no se sabe qué sucedió con ella y por lo tanto se presume que el delito se sigue ejecutando. Como el delito continúa es imposible de amnistiar, indultar o no hacer nada. El eje era ése: el Estado tenía la obligación de hacer cesar el delito; después, si quiere amnistiar puede hacerlo o no, pero primero tiene que hacer lo primero.”

Al comienzo, la causa tuvo 12 casos, entre ellos la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires, arrojada en Orletti y a la que le habían robado a su hijo Simón Riquelo, que para entonces seguía sin aparecer. Había víctimas de otros países, pero el expediente no asumió la perspectiva del Plan Cóndor hasta 2003, cuando dio un “salto cualitativo”, dice Osorio, a partir de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas. Algunas víctimas de la causa original pasaron a expedientes específicos y luego se acumularon nuevos hechos. En 2008 se elevó el primer tramo con 18 imputados y en 2012, otros dos. Además de los 106 casos que ahora llegan a juicio oral, la instrucción acumula denuncias e investigaciones por otras 240 víctimas.
Los acusados

Uno de los graves problemas que tuvo la causa fue la demora. Entre los tres tramos del expediente sobre el Plan Cóndor sumaban originalmente 32 acusados, la mayoría elevados en 2008. Entre ese momento y este comienzo varios murieron y otros están separados del juicio por razones de salud. Es el caso de Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi, en el primer grupo, y Ramón Genaro Díaz Bessone y Ernesto Alais, en el segundo.

Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky son los fiscales que llevarán la acusación del juicio. Ellos indican que en las últimas dos semanas, además, la mayoría de los imputados está pidiendo de todo, entre otras cosas la suspensión del juicio por motivos de salud, por lo cual se vienen ordenando pericias y chequeos médicos.

Los represores que hasta ahora están en juicio son 25. De ellos, 23 están procesados por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, las figuras legales con las que logró abrirse la causa. No están acusados por tormentos ni por homicidios, aunque en varios casos está probado el “traslado” o asesinato de las víctimas, como el de Carlos Santucho, el contador hermano del jefe del PRT, a quien asesinaron en un tanque de agua en Orletti.

La acusación es distinta para Manuel Cordero y Miguel Angel Furci. Los dos estuvieron en Orletti y son los únicos autores directos. Cordero es uruguayo y fue extraditado desde Brasil. La Justicia argentina lo requirió en dos causas: Cóndor y Orletti, pero Brasil lo extraditó sólo por la primera, por lo tanto –aunque es uno de los represores más nombrados de Orletti–, entra a juicio solo por Cóndor. Está acusado por privación ilegal de la libertad y no por asociación ilícita, como el resto, porque Brasil dio ese cargo por prescripto. Furci está procesado por privación ilegal de la libertad y tormentos por 67 víctimas de Orletti.
Las víctimas

Un dato del juicio estará dado por la configuración de las víctimas. Entre los 106 detenidos desaparecidos no hubo sobrevivientes, todos los casos tienen que ver con actuación de fuerzas argentinas aquí o en el extranjero. Todos los extranjeros cayeron en Argentina. Y los hechos son posteriores al golpe del 24 de marzo del ’76, por un criterio original, aunque ahora la instrucción investiga casos de 1974.

El grupo de víctimas más importante es de Uruguay (48), luego siguen Paraguay, Chile, Bolivia y un caso de Perú. Hay tres argentinos que cayeron en Brasil durante la Contraofensiva del ‘78: Norberto Armando Habegger, Susana Pinus de Binstock y Horacio Campligia. Entre los chilenos están Edgardo Enriquez Espinosa, del comité central del MIR, secuestrado en Buenos Aires el 10 de abril de 1976. Cristina Carreño Araya, de una familia del PC chilena, perseguida por la dictadura de Augusto Pinochet. Cristina salió de Chile a Hungría, viajó a Argentina en 1978 y fue secuestrada el 26 de julio de ese año. Otro caso es el del estudiante suizo-chileno Alexis Jaccar Siegler, al que secuestraron el 16 de mayo de 1977, cuando hacía escala en Buenos Aires para seguir viaje hacia Chile. Volverá a aflorar el secuestro de María Claudia Irureta Goyena, pero esta vez en la perspectiva del Plan Cóndor y por su propio “caso”: Claudia era la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires, trasladada y desaparecida en Uruguay cuando estaba embarazada de Macarena Gelman.
La lógica del Cóndor

Osorio definió el Plan Cóndor cuando terminó de instruir el primer tramo de la causa: “La relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal para derivar en la verdadera implementación de un dispositivo que no hacía más que reproducir, a nivel internacional, el mismo dispositivo de aniquilamiento que imperaba hacia el interior de cada una de esas jurisdicciones: tal el alcance pactado, justamente, por los países integrantes del operativo Cóndor”.

Puede pensarse que, a la luz del Plan, el debate judicial va a abordar el modo en que actuó la represión fronteras adentro de cada uno de los países, incluso Uruguay, con causas bloqueadas por la Suprema Corte de Justicia. Los fiscales no tienen jurisdicción para investigar la represión puertas adentro en cada país, pero sí la obligación de seguir el circuito de cada una de las víctimas de la causa.

“Todos los países tienen interconexiones por medio de tratados, de diplomáticos, Inteligencia, etcétera –dice el fiscal Ouviña–. Lo que hicieron durante la vigencia del Cóndor fue aprovechar lo que ya estaba y buscar otro tipo de contacto para hacer todo más rápido. Eliminaron las formalidades pero no sólo para acelerar los tiempos sino directamente para secuestrar personas, buscar información para secuestrar, llevar adelante pedidos. Hay argentinos y chilenos secuestrando y torturando juntos; argentinos y uruguayos o chilenos y paraguayos.”

El contexto eran los exilios que se dieron en todo el continente por las distintas dictaduras, dice Moguilansky. La primera dictadura fue la de Chile, que produjo enorme cantidad de exiliados en Argentina. Y Argentina es el último país donde cae la democracia, cuando todavía albergaba a buena parte de refugiados de otros países. En ese sentido, el expediente funciona a la vez como un mapa entre exilio, refugio y represión. Hay zonas del país como Mendoza en que se refugiaron chilenos, o Jujuy donde estaban quienes venían de Bolivia, o los uruguayos en Buenos Aires. En esa línea, aparecen secuestros y luego traslados a los países de origen. En el caso de los chilenos, ingresan a centros clandestinos de detención. Y con los uruguayos se abrirá el eje de los vuelos. El rol del Acnur y de la Vicaria chilena en el auxilio a los perseguidos políticos, así como el de los consulados y embajadas constituidas como ratoneras, también serán puntos del debate.

“Si los militantes perseguidos en otros países vinieron para acá y desaparecieron estando exiliados, eso es Cóndor –dice el fiscal Osorio–. Si vinieron y trabajaron con o en alguna organización de superficie, ahí ya no es Cóndor. Es decir, no importa la nacionalidad de la víctima, importa si realmente los victimarios actuaron ejecutando ese plan de coordinación represiva a nivel no sólo continental, sino a nivel mundial, si se quiere llamarlo así, porque actuaron en Europa, en Estados Unidos.”
Los documentos

Ese es otro eje del debate. Los documentos. Una de las pruebas documentales más importantes es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que aparece una definición sobre el Cóndor. El documento es un cable de septiembre de 1976, de un agente especial del FBI a la embajada estadounidense en la Argentina. Allí deja expresado que el plan está destinado a la “recopilación e intercambio de información sobre ‘izquierdistas’, ‘comunistas’ o ‘marxistas’, con vistas a la eliminación de sus actividades mediante el desarrollo de operaciones conjuntas en sus respectivos territorios”. El cable sitúa en el armado del dispositivo a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y un acuerdo de Brasil de información confidencial. Describe tres momentos: 1) intercambio de información, 2) ubicación del blanco, 3) ejecución o traslado de la víctima a cualquier otro país signatario.

Una parte del debate seguramente atravesará la discusión acerca de cómo debe leerse el documento, si puede tomarse como comienzo del Plan Cóndor cuando las evidencias muestran que las fuerzas represivas actuaron en conjunto desde antes. Los fiscales del juicio señalan antecedentes de 1975 y en la instrucción Osorio trazó un corte posterior a la muerte de Juan Perón.

"Durante el 2012, el EAAF identificó los restos de 65 detenidos desaparecios", señalo Carlos "Maco" Somigliana

“Son de campos que no hacían traslados aéreos”

Carlos Somigliana, del EAAF, indicó que esperan llegar a identificar entre ochenta y cien por año a partir de la cantidad de familiares que dejaron muestras para el análisis de ADN. Muchos hallazgos son de Capital Federal y La Plata.

 Por Alejandra Dandan

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó 63 cuerpos de detenidos desaparecidos durante 2012. El trabajo con las tecnologías de reconocimiento con muestras de ADN multiplicó las identificaciones en forma exponencial. Pasaron de diez a veinte, antes de 2008, a números que prevén estará entre los ochenta y cien cada año. Los tambores con personas cementadas que aparecieron en junio pasado; los hallazgos que a partir de la cantidad permiten analizar nuevas formas del Plan Sistemático y lo que queda pendiente es parte de lo que analiza Carlos “Maco” Somigliana, integrante del EAAF. “Antes estábamos limitados a la posibilidad de tener una hipótesis previa que permitiera hacer comparaciones uno a uno, o uno a dos, o uno a tres. Tenías que tener una punta, una idea de qué persona podía ser. Eso quedó atrás y lo que se hace es comparar con todos los familiares que dieron la muestra. Tenemos en la base algo así como la mitad de las personas desaparecidas, lo que significa que nos falta la otra mitad.”

–¿Cuántas son las identificaciones del año pasado?

–Hubo 63, algunas en el ámbito de Capital y Provincia de Buenos Aires, pero también hubo muchas, más de diez, en Tucumán; en La Plata hubo varias; en Santa Fe.

–¿Existe algún patrón en común entre ellas?

–Lo que se está notando son hallazgos en Capital Federal y La Plata, sobre todo en la zona dependiente de la subzona 11, la medialuna que va desde el oeste, Merlo, Morón y Moreno, hasta La Plata, que es el sector que no ha tenido acceso a traslados aéreos. Estoy hablando de gente que estuvo en esos centros clandestinos, no necesariamente que haya sido secuestrada en esos lugares. Pudieron haber sido secuestradas en Capital, pero el eje son esos centros en los que no hubo traslados aéreos. Tal vez hubo algunas víctimas del traslado aéreo, pero son muchos menos casos. Entre ellos, un grupo de seis personas que aparecieron en Rocha a fines de abril del ’76 y aparentemente provenían de Campo de Mayo. Hubo identificaciones en Colonia de cuerpos de mayo del ’76 que también provenían de Campo de Mayo. Y también lo que hubo relativamente novedoso este año fueron apariciones de inhumaciones clandestinas o los tambores que aparecieron en junio en San Fernando, que era un caso que nos recordó uno aparecido hace muchos años de gente puesta en tambores de doscientos litros y cementada.

–¿Un modo similar?

–Se había trabajado ese caso, que eran víctimas del centro clandestino de Automotores Orletti, de octubre del ’76, en ese momento recuperados por Prefectura e inhumados a fines de los ’80, principios de los ’90. En junio de 2012 aparecieron tres tambores con las mismas características en San Fernando. Y ese mismo modus operandi se correspondía, cuando se identificó, a la proveniencia del mismo centro clandestino, Orletti.

–¿Siguen trabajando en San Fernando?

–Las inhumaciones las hizo un fiscal de San Fernando y pasaron a (el juez federal Daniel) Rafecas, que hizo las identificaciones y dispuso la persistencia del trabajo en el lugar. Falta maquinaria de porte que ahora se consiguió y a partir de febrero calculo que vamos a estar trabajando extensivamente en ese lugar, buscando más tambores. Los del ’80 eran ocho personas, entre ellos Marcelo Gelman. De esos ocho durante 2012, gracias a que vino de Uruguay la muestra de la hija de Alberto Mechoso Méndez se lo pudo identificar a él como la séptima víctima. Hubo algunos otros hechos de los que no puedo hablar porque hay identificaciones en trámite.

–¿Y cómo incide lo tecnológico en el trabajo?

–Lo que se hace es tomar una muestra de ADN y comparar con las muestras que miles de familiares de personas desaparecidas nos dieron, secuenciarlas y hacer una comparación masiva. A partir de esa comparación, surgió la posibilidad de identificación: sin tener este cúmulo de muestras de personas desaparecidas, identificaciones como éstas tardarían muchísimo tiempo más y en muchos casos no habrían podido hacerse porque no tenés elementos que te permitan establecer una hipótesis de identidad. Estas muestras masivas permiten hacer comparaciones más rápidas, eso es lo novedoso. A partir de 2008 se está pudiendo hacer y es lo que permite que el número de identificaciones se haya multiplicado anualmente por cuatro o cinco.

–¿Qué pasa con la mitad que falta?

–Estamos haciéndonos esa pregunta hace mucho. En muchos casos no hay familias o por lo menos no hay familiares suficientemente cercanos para la identificación. Por otro lado, nos consta que hay quienes todavía están dudando de dar la muestra, nos consta en varios casos. En otros no descarto que todavía no haya gente que no conozca esta posibilidad, en otros habrá gente que no tiene confianza. Son cosas razonables, sobre todo en personas que tuvieron expectativas que muchas veces han sido frustradas y debe haber otras razones que todavía no llegamos a entender.

–Un caso es Avellaneda.

–Es el conjunto de fosas irregulares más grande que trabajamos. Había 350 personas y más o menos el porcentaje que se identificó es el porcentaje de muestras que tenemos. Más de la mitad de las personas que recuperamos en Avellaneda, que son victimas de la represión clandestina, no han podido ser identificadas por falta de referencias, o sea de la muestra del familiar que permite identificarla.

–¿Qué se pierde cuando se abandona la búsqueda más artesanal y qué se gana?

–Es como si tuvieras un lugar absolutamente oscuro. Cada identificación, cada certeza, produce una luz en ese campo, cuanto más hay, más vas conociendo. No sólo en términos de sospecha de la identificación sino lateralmente de saber quiénes son las personas que están alrededor. Aunque no tengas la muestra, eso permite establecer otra relación, tener una idea de quién se trata y tener una idea genéricamente de a qué conjunto o subconjunto de personas pueden ser y de qué centro clandestino provienen, de una determinada época. Ahí la cuestión de reconstrucción histórica también vuelve a tener protagonismo, porque podés buscar con mayor certeza quiénes son las personas o el conjunto de personas que más fácilmente puedan estar en relación con el que ya identificaste. Vas consolidando, atando. Y esto tiene mucho valor para los juicios. No sólo por el hecho que se menciona mucho y que es bastante evidente, que es la imputación por homicidio –que en rigor no es necesario porque se puede imputar aunque no haya aparecido el cuerpo–. Ese tipo de identificaciones es mucho más clásica cuando el cuerpo apareció. Pero también, permite establecer circuitos la represión clandestina que en el país fue un fenómeno masivo, complejo interrelacionado. Con las identificaciones se van viendo mejor esas interrelaciones y por ende conocés todo el circuito de manera más consolidado y se pueden generar hipótesis más firmes para comprender mejor la complejidad del sistema.

–¿Está pensando en las pruebas que aportó el EAAF para los homicidios del Circuito Camps?

–Como en cualquier juicio, cuanto más certero es el conocimiento del objeto del juicio es mejor. Los jueces se sienten mucho más seguros cuando el fenómeno que tienen que juzgar está más acreditado. Lo interesante de las identificaciones es que vienen a presentar una impronta de concreción específica en un fenómeno que se ha caracterizado justo por la falta de datos, que te lleva muchas veces a cierta generalidad. Cuando más conocimiento, más sencillo es establecer el circuito que lleva del secuestro al centro clandestino y a la ejecución. Cuanto más veces tengas recorrido este sendero, lo dicho está más acreditado. Y más allá de los hechos, cuando llegás al dato se produce una especie de encuentro entre una historia de vida de una persona conocida hasta el momento de la desaparición y la historia que podés ver en la historia de un cuerpo. La identificación lo que hace es atar esa distancia como un jarrón que está roto, lo volvés a pegar, podes volver a establecer toda la historia. Permite volver a ese hilo, reconstruir una realidad que es dolorosa, pero que termina de cerrar el círculo de esa vida en términos del conocimiento de lo que pasó. Cuál fue el final, con quiénes, de qué manera, en qué lugar, quién lo dispuso. Eso es lo mágico, abandonás generalidades en las que es muy difícil hacer pie y hablás de hechos concretos y específicos en términos individuales, pero también colectivos.

–Finalmente es el corazón...

–Para nosotros sí. Toda persona tiene una historia que podés conocer mejor o peor y todas tienen en común que esta historia estaba truncada. Recuerdo el caso de una persona cuya familia eligió una placa. En la urna de los huesos, su hermano decidió poner tres fechas: la fecha de nacimiento, la de desaparición y la de identificación. Es muy impresionante verlo porque por lo general las placas de esta naturaleza llevan dos fechas: nacimiento y muerte. Acá hay una cosa intermedia que es el estadio de la desaparición y la posibilidad de aparición de esa tercera fecha en realidad es la posibilidad de la identificación.

–Uno cree que las condenas son parte del duelo y reparación. Pero la demanda por el cuerpo sigue presente.

–Algunas familias decidieron hacer una exhumación virtual, en la cual deciden la fecha para hacer el entierro sin cuerpo. Esta es una ceremonia en la que ellos deciden que ésa es la fecha que van a decidir como la última. Sin cuerpo. La desaparición no deja de ser un eufemismo. La gente se muere, no desaparece, a la gente la secuestran, la tienen en un centro clandestino y la matan. Y ese camino hace que la familia no pueda saber cuál fue el destino de la persona. Lo que la identificación hace es darle una cierta finalización humana a la cuestión. A pesar de que estamos trabajando de la mejor manera posible, hay gente, la mayoría de la gente, que no va poder ser identificada. O sea, si abandonás el foco individual y volvés al general el drama de la desaparición, por distintos motivos que no vienen a cuento, no va a desaparecer. Y más allá de que tengas elementos reparadores en términos individuales y sociales descubrís en cada identificación es el drama original.

LOS CUERPOS FUERON IDENTIFICADOS POR EL EQUIPO DE ANTROPOLOGIA FORENSE
Fruto de un trabajo científico

Los restos estaban en fosas comunes en los campos clandestinos o enterrados en cementerios como NN. El trabajo del EAAF se realiza a base de investigación documental, excavaciones y análisis genéticos.

El trabajo integral conformado por excavaciones y análisis genéticos permitió al Equipo Argentino de Antropología Forense identificar, durante 2012, 63 cuerpos de víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina entre los que figuran los casos emblemáticos del padre de la nieta recuperada Victoria Montenegro, de un ex senador tucumano y de varios diplomáticos cubanos. La provincia de Buenos Aires es el sitio en donde se localizó la mayoría de las víctimas identificadas, hombres y mujeres torturados, asesinados y desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

En febrero, el EAAF identificó los restos de Juan Carlos Rosale y Adrián Enrique Accescimbeni, exhumados en el Cementerio Municipal de Magdalena. En abril, los de Ana Teresa Diego, una estudiante de Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata desaparecida el 25 de septiembre de 1976 en el bosque de la capital bonaerense. En honor a ella, el Comité de Denominación de Cuerpos Menores del Sistema Solar de la Unión Astronómica Internacional denominó en diciembre pasado “Anadiego” a un asteroide en su homenaje. Junto con los suyos, los profesionales identificaron los restos de los desaparecidos Carlos López, Josefina Elvira Thompson y Marta Edit Veiga. Durante el mismo mes, uno de los tantos cuerpos hallados en una fosa común en el cementerio platense fue identificado como el de Félix Escobar, desaparecido el 22 de diciembre de 1976. Asimismo, en mayo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata identificó a Olga Noemí Casado y Félix Escobar, entre los restos exhumados en ese mismo cementerio.

Los restos de Modesto Oreste Caballero, secuestrado en enero de 1977 y depositado, sin vida, en el cementerio comunal de Avellaneda, en el sur del conurbano, fueron identificados en marzo. Allí también permaneció enterrado como NN el cuerpo del actor marplatense Carlos Waiz, identificado en julio pasado, y el de Gregorio Sember, desaparecido en mayo de 1976, enterrado en una fosa individual e identificado en agosto.

Los cuerpos de Néstor Zuppa, Lidia del Carmen Soto, Patricia Dillon, José Tomanelli y Carlos Jorge Williams, que permanecieron enterrados en fosas comunes de los cementerios municipales de San Martín, Bulogne, Escobar y Villegas, en el conurbano norte, fueron identificados en abril. En Villegas, Isidro Casanova, exhumaron los restos de Marcos Miguens, secuestrado en La Plata en diciembre de 1976, que fueron finalmente, identificados en marzo de este año y los de Silvia de Raffaelli, en julio. En agosto fue identificado el cuerpo de Mirta Carmen Panzani, embarazada de siete meses, luego de más de 15 años de haber sido inhumada en una fosa común del cementerio municipal de Vicente López. La mujer había sido asesinada en un operativo en enero de 1977.

En San Fernando fueron encontrados los restos del diplomático cubano Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, desaparecido el 9 de agosto de 1976 e identificado por el EAAF a principios de agosto. El descubrimiento de los restos de Galañena Hernández, una de las identificaciones de víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina más resonantes del año, fueron encontrados el 11 de junio pasado cuando un grupo de chicos descubrió, en un predio ubicado frente al aeródromo de San Fernando, un barril de metal oxidado que estaba roto y en el que vieron huesos y llamaron al 911. Galañena Hernández fue secuestrado junto a Jesús Cejas Arias en el barrio de Belgrano, cuando salían de la embajada cubana, donde trabajaban. En septiembre, en tanto, fueron se identificaron los restos de María Rosa Clementi, una empleada de la misma embajada.

En noviembre fueron identificados los cuerpos de Enzo Raúl Gómez y Luis Lorenzo Garello, desaparecidos en 1975 y 1976 respectivamente y hallados en el cementerio de San Andrés de Giles.

Detrás de Buenos Aires, la provincia de Tucumán fue el segundo foco en donde permanecieron ocultos la mayoría de los cuerpos de las víctimas de la represión estatal identificadas durante el año que pasó. En el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia norteña, se encontraron los restos del ex senador tucumano peronista Damián Márquez, identificado en marzo. Junto a Márquez, quien presidió la Cámara de Senadores y también fue secretario general de la CGT local y que fue secuestrado en enero de 1977, fueron identificados los restos de Pedro Guillermo Corroto Barraza y José Máximo Tapia. Enterrados en una fosa común en ese centro clandestino de detención también se hallaron los cuerpos de Ricardo Luis Salinas, José Luis Maldonado y Felipe Arturo Urueña, identificados en septiembre.

En tanto, enterrados en otro centro clandestino de detención tucumano, aquel conocido como Pozo de Vargas, fueron identificados en ese mismo mes los restos de Julia Leonor Fernández, desaparecida el 17 de febrero de 1976. El cuerpo de Antonia Esilda Romano también se halló en aquel lugar, y fue identificado en noviembre, el mismo mes en que se conocieron las identificaciones de los cuerpos de Adriana Cecilia Mitrovich y Horacio Ramón Atilio Ferreyra, inhumados como NN en un cementerio de la provincia de Tucumán.

Otro caso emblemático fue la identificación, en mayo, de los restos del padre de Victoria Montenegro, una hija apropiada que recuperó su identidad en 2000 y que hoy forma parte del núcleo duro de nietos de Abuelas de Plaza de Mayo. Roque Orlando Montenegro fue detenido entre el 10 y el 13 de febrero de 1976 junto a su mujer Hilda Ramona Torres y su hija Victoria de tan solo trece días. Desde entonces, y hasta mayo de 2012, permaneció desaparecido. Su cuerpo había llegado sin vida a las costas uruguayas y enterrado como NN en la ciudad de Colonia de ese país. En Uruguay también, aunque en 1976, había aparecido el cuerpo de Laura Romero, que fue identificado hacia finales de este año.

En una fosa común en el cementerio municipal de Rosario, en Santa Fe, fueron enterrados los restos de María Teresa Vidal Valls, Héctor Marcelo “Pica” Ancoroni, asesinado por un grupo de tareas en enero de 1977, el chileno Reinaldo Miguel Pinto Rubio, el correntino Lucio Dionel Ramos; el obrero metalúrgico Roberto Raúl López, Raúl José Pereyra y Ricardo Cabrera. Los cuerpos fueron identificados en febrero, en el caso de Vidal Valls, y septiembre de 2012, en el de los demás. También allí permaneció oculto el cuerpo de Isabel Carlucci de Fina, quien estaba embarazada al momento de su secuestro y cuyo hijo es buscado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que fue identificado en julio.

En marzo, en Jujuy, fue identificado Rubén Yáñez Velarde, cuyos restos habían sido exhumados del cementerio de la localidad de Yala, camino a la Quebrada de Humahuaca, en donde también, a fines de mayo, se identificaron los restos de Jorge Leonardo Elischer, Edilberto Chamorro Vera y Raúl Eduardo Manrique; también los de Carlos López Brest, secuestrado el 2 de abril de 1972 de su casa de Berazategui, provincia de Buenos Aires, y desde entonces desaparecido.

Guido Prividera, de la Comisión de Reparación Histórica

“A mi mamá alguien la marcó”

El hijo de una de las científicas desaparecidas por su actividad en el INTA explica la lógica de la nueva causa abierta en la Justicia por lo ocurrido en el Instituto. También marca la responsabilidad de la Sociedad Rural.

 Por Alejandra Dandan

Dice Guido Prividera que empezó a preguntarse qué pasó en el INTA cuando escuchó las primeras denuncias sobre la participación de civiles durante la última dictadura. “Alguien hizo allí las listas, alguien señaló a mi mamá para que la vinieran a secuestrar, no fueron los militares.” Guido Prividera, sociólogo e integrante de la Comisión de Reparación Histórica del INTA, es hijo de Marta Sierra, una investigadora del área de Ecología del INTA Castelar que fue secuestrada un día después de la intervención del organismo.

–¿Cómo empieza la investigación?

–Me acuerdo de que venía escuchando en una radio una primera denuncia de la causa por la Mercedes Benz y las implicaciones civiles. Con mi hermano nos rebotaba en la cabeza una especie de paralelismo. Nos preguntábamos: “¿Y en INTA qué pasó?” Hicimos una primera denuncia con el abogado de la causa Mercedes Benz en ese momento. Allí aparece denunciado (Jorge) Zorreguieta, (Mario) Cadenas Madariaga y la cadena de mandos hasta (José Alfredo) Martínez de Hoz, que eran los nombres que teníamos porque los de los nueve milicos que entraron a mi casa y se llevaron a mi mamá no los sabemos.

–¿Qué pasó con esa causa?

–Terminó como causa satélite de “Jefes de Area”, de acuerdo con una lógica geográfica: tomaron el lugar de la caída de ella, que fue la subzona Capital Federal, y entonces se perdió el hilito que ataba el motivo del secuestro al INTA. Se borró quién había dado la orden.

–¿Qué pasó con ella?

–A mi mamá se la llevan el 30 de marzo de 1976 de mi casa, de madrugada. El 29 marzo la habían ido a buscar al INTA Castelar, donde no la encontraron porque me había tenido a mí y estaba con licencia. Ahora, con la presentación elegida en la nueva causa, la lógica es distinta: estamos diciendo “Señores, acá el núcleo común es el INTA”. Cuatro desaparecidos en Castelar, un detenido en Pergamino, asesinados por Paraná, no todos están presentados, pero cesantearon a la quinta parte del organismo y los secuestros y desapariciones se aplicaron en todo el país. De algunos lados no tenemos todavía ni siquiera registros. Suponemos que algo pasó, pero no tenemos la lista de los desaparecidos.

–¿Cómo era el trabajo de tu madre?

–Mi mamá aparece en el legajo como administrativa porque todavía no tenía el título de bióloga, pero en la práctica era una investigadora más del equipo de Ecología. Ahí estaba Jorge Morello, que es pionero en ecología en la Argentina. De hecho, recibió este año el premio Houssay a la trayectoria científica. La línea era totalmente innovadora: frente a una lógica más productivista, de medir qué te da más soja, más maíz o más trigo, Ecología estudiaba ecosistemas. Era un grupo de avanzada que ya en 1975 es desarmado: a algunos los echan, otros sufren persecución y a mi mamá la derivan a la guardería. En las cartas a las amigas, ella dice: “Me parece que nos van a echar”. Lo que terminó siendo el secuestro y desaparición, para ella era que la echaban, porque eso había pasado con el resto. Lo que efectivamente aparece atrás es que desaparecen las líneas de investigación que se desarrollaban. Y eso que aparece atrás en realidad es lo primero.

–¿En qué sentido?

–Hay una frase de Giberti (subsecretario de Agricultura en 1973) muy clara en un reportaje a la televisión holandesa. El dijo que la Sociedad Rural entendía que el secretario de Agricultura tenía que ser el representante de ellos, de la Sociedad Rural, ante el Estado, y no un funcionario del Estado al servicio del bien común. Creo que es muy ilustrativo sobre lo que hacen con el INTA. Las líneas que destruyen son las que van contra sus intereses. Todos estos señores (de la SRA) viven en la zona del Gran Buenos Aires, no necesitan un INTA con educación popular o alfabetización. Fue barrida toda la conexión con el territorio.

–¿Se puede pensar como bloque aquella “mesa de enlace”?

–Me parece difícil pensarla como un bloque en aquel momento. Hay ciertos sectores de FAA que son perseguidos por la dictadura. La SRA es la que pone a sus miembros como funcionarios del INTA y de la Secretaría de Agricultura y la que el 24 de marzo de 1977 saca una solicitada en los diarios agradeciendo a las Fuerzas Armadas por la tarea cumplida.

Nueva causa investiga la relación de la Sociedad Rural con la represión dictatorial en el INTA

De ayer a hoy, una verdadera línea de conducta

Por la denuncia de un sobreviviente y varios familiares de las víctimas en el INTA durante la dictadura, la Justicia investiga el papel jugado en la represión por los empresarios rurales y su decisión de destruir las líneas de trabajo que afectaban sus intereses.

 Por Alejandra Dandan

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.

Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.

La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y acaba de ser acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.

Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.

El padre de la princesa Máxima elogió en 1981 en la revista Chacra la actuación de Arias al frente del INTA, aunque siempre aseguró que no sabía lo que sucedía en el organismo que estaba a su cargo. Como la única denuncia que hasta ahora lo alcanzaba era por la desaparición de Marta Sierra, una de las trabajadoras, por un hecho previo a su nombramiento formal, hasta ahora no fue alcanzado por las imputaciones. En este contexto, las víctimas le piden ahora a la Justicia una relectura de su rol tomando en cuenta todo lo ocurrido. El petitorio promueve otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y otros civiles colocados en puestos estratégicos. Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”, indica el escrito. “De allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejar a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un conjunto de características comunes”, indica. “Los secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos del INTA fueron víctimas del accionar ilegal de las FF.AA., como un modo de dejar el camino libre a las políticas que, desde las entidades patronales del campo –que tenían en sus manos la Secretaría de Agricultura y los órganos que de ella dependían– se impulsaban.”

Lo que pasó

Una de las áreas más afectadas del INTA a partir del golpe fue el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Castelar, donde funcionaban varios institutos de investigación. De allí son los cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada. Con la intervención, el predio fue ocupado militarmente. Y con escenas que recuerdan a los secuestros en la Ford, el despliegue de tanquetas por las mil hectáreas del terreno se hizo de la mano de traslados masivos de los trabajadores a un comedor. Hubo interrogatorios, personas vendadas y amenazadas de muerte. Según la denuncia, a continuación decenas de personas fueron detenidas en distintos lugares, aunque sólo está reconocida la comisaría de Hurlingham porque aún faltan datos y testimonios. Otra de las áreas más afectadas fue la Experimental de Pergamino, donde hubo 49 cesanteados y por lo menos seis detenciones ilegales.

Según los testimonios, la depuración en el INTA comenzó en 1974 con el asesinato por parte de la Triple A del extensionista Carlos Llerena Rosas y con el gobierno de Isabel Martínez de Perón empezaron a circular las primeras listas negras. La mayor parte de los cesanteados y perseguidos pertenecían a ATE y a la Asociación Personal del INTA (Apinta). Los archivos de la ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) dan cuenta de la presencia de espías en los puestos de trabajo.

La denuncia reconstruye en términos históricos la actividad del instituto antes el golpe, durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando el INTA estuvo bajo la gestión del secretario de Agricultura Horacio Giberti. Se describe la política impulsada en esa época y el modo en el que las nuevas líneas de desarrollo fueron criticadas una y otra vez por la Sociedad Rural Argentina, que pedía a gritos la intervención militar desde las páginas del diario La Nación, tanto a través de solicitadas como en los propios editoriales publicados en ese diario. O incluso en una reunión con Videla, cuyos detalles escribieron en el libro Memorias y Balances, 1976.

El 13 de octubre de 1975, por ejemplo, el diario La Nación publicó un editorial titulado “La situación en el INTA”. Allí se indicaba que el organismo sufría una declinación de su potencial y tenía problemas de presupuesto por la incorporación de personal. “Pero aun esto tiene trascendencia menor que la infiltración ideológica ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos –decía–, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de elementos subversivos de filiación marxista, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado.”

Casi un año más tarde, el 29 de octubre de 1976, ya ocurrido el golpe de Estado, otro editorial festejó “La recuperación del INTA”: “En años posteriores el organismo fue sumido en el caos, minado principalmente por una infiltración ideológica, que tuvo como objetivo desarticular el agro”. Las “actuales autoridades”, aseguraba La Nación, debieron llevar adelante la racionalización de personal, que tuvo, entre otros fines, el de recuperar “valores espirituales necesarios para lograr la serenidad creadora de los centros de estudio, de los claustros, de los laboratorios”.

Cuatro condenas y tres absoluciones por crimenes cometidos en Entre Ríos

“El segundo genocidio nacional”

El juicio que tenía por primera vez a Albano Harguindeguy en el banquillo de los acusados terminó con la condena a dos represores a prisión perpetua y otros dos a penas de 10 y 15 años de prisión. Todos están bajo arresto domiciliario.

Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

La bronca sobrevino después de la impaciencia. Gritos y desolación coronaron la lectura de un fallo que dejó un dejo de amargura en los familiares de las víctimas. Cuatro condenas, el reconocimiento del genocidio que hubo en el país, pero nadie irá a la cárcel, todos conservarán el beneficio del arresto domiciliario. “Es un acto de justicia, más allá de las expectativas que tenía la gente; y es un acto de justicia que a las víctimas no se les dio. Se determinó que hubo cuatro personas responsables de hechos que pasaron hace 36 años; eso es lo más importante”, enfatizó Emanuel Dezorzi, hijo de una de las víctimas.

Una hora y media después del horario previsto, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Lilia Carnero, leyó finalmente la sentencia del juicio a los represores que actuaron en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. Después de nueve meses de debate oral –y más de treinta años de espera–, fueron condenados cuatro de los siete imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de torturas y las de-sapariciones de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Dezorzi.

Fueron condenados a reclusión perpetua Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino, ex jefes de los regimientos de Concordia y Gualeguaychú; el ex policía federal de Concepción del Uruguay Julio César Rodríguez recibió la pena de 15 años de prisión y su compañero de armas Francisco Crescenzo fue condenado a 10 años. Y hubo tres absoluciones: quien fuera jefe de sección en el Escuadrón de Gualeguaychú, Santiago Kelly del Moral; el ex jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, Marcelo Alfredo Pérez, y el ex jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Policía de Gualeguaychú, Juan Carlos Mondragón. Las razones se conocerán el 3 de abril, cuando el tribunal dé a conocer los fundamentos de la sentencia.

De esta manera terminó el juicio que se inició en marzo pasado y que tuvo entre los acusados al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta su fallecimiento, el 29 de octubre. Aun con la limitación de no conocer los fundamentos, el fallo permite, sin embargo, algunas valoraciones que tuvieron en cuenta los jueces a la hora de dictar sentencia. El tribunal reconoció que “las conductas imputadas constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983”.

Este punto fue celebrado por el abogado querellante Marcelo Boeykens, quien manifestó su satisfacción, aunque admitió “el gusto agridulce por las absoluciones”. En diálogo con Página/12, señaló que “es importante que el tribunal reconozca que los delitos se desarrollaron en el contexto de un genocidio, que no hubo un ataque generalizado e indiscriminado contra la población civil, sino que fue direccionado hacia los militantes políticos, barriales, sociales y estudiantiles. Ya llegará el día en que los jueces condenen por el delito de genocidio y no solamente se haga el reconocimiento histórico al contexto, es decir, que se condene a los genocidas por genocidio”.

Emanuel Dezorzi, hijo de una de las víctimas, también dejó sus sensaciones: “Es un acto de justicia, más allá de las expectativas que tenía la gente; es un acto de justicia que se está llevando a cabo mucho tiempo después de ocurridos los hechos y es un acto de justicia que a las víctimas no se les dio. Eso es lo más importante. Hoy se determinó que hubo cuatro personas responsables de hechos que pasaron hace 36 años; eso es lo más importante”, enfatizó el hombre que tenía apenas unos meses cuando su padre fue secuestrado en Gualeguaychú.

También el diputado nacional Horacio Pietragalla destacó las condenas a los represores, pero insistió en esa “sensación medio amarguita” por las absoluciones de tres de los imputados y que los condenados cumplan las penas en sus casas. De todas maneras, remarcó que “el símbolo es que haya condenas, lo otro se apela; es importante que haya justicia, que haya cadenas perpetuas, que se reconozca el genocidio; y es importante para nuestra democracia, que sigamos condenando y que no quede ninguno de los responsables en la calle”, sentenció.

Cuando todo terminó, y la luz de la Justicia apagó, por fin, después de nueve meses de pequeños destellos, la oscura impunidad, en la sala se escuchó el grito que preanuncia que la búsqueda de justicia continuará: “Olé olé, olé olá, adonde vayan los iremos a buscar”.

28 de Noviembre 2012: Inicio juicio ESMA

Se inicia el tramo más importante por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura genocida. 68 represores imputados por los casos de 789 víctimas, con más de 800 testigos. Haber llegado a este punto es consecuencia de la lucha de las organizaciones populares y organismos de derechos humanos que no se han resignado. Los mismos, han transitado tramos menores con igual convicción y compromiso, y sin minimizar el impacto de ver a 68 represores sentados en los banquillos, no hace olvidar que en la ESMA actuaron cientos de represores y fueron desaparecidos casi 5000 compañeros; que por intricados e interesados vericuetos judiciales y procesales, la causa sobre el campo de concentración con mayor cantidad de pruebas, se desguazó durante años en expedientes menores,  con represores en cárceles de lujo o en dependencias de la propia fuerza, o en sus domicilios, y llegar hasta el envenenamiento del prefecto Febres en la sede  de la Prefectura de Tigre, el 28 de noviembre de 2009.

Este recorrido que se inicia es de gran trascendencia, por lo que toman fuerza las mismas exigencias que desde hace más de 28 años, incrementadas sí por el hecho que los genocidas que disfrutaron de la más absoluta impunidad durante gobiernos constitucionales, continuaron en la represión a las protestas y reclamos populares, protegidos en empresas multinacionales en las que eran socios privilegiados, enquistados en diferentes estamentos estatales, o persistiendo en su actividad criminal, como  lo demostraron con el secuestro y desaparición de Jorge Julio López. 

Como en otros sitios que funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio, el edificio de la ESMA constituye en sí mismo una evidencia material que testimonia la implementación de prácticas sociales genocidas en Argentina de 1976 a 1983; y se ha manifestado una contundente oposición al uso de las instalaciones de la ESMA, para todo tipo de actividades que no sea la preservación absoluta de todos los componentes probatorios,  y la protección de cada elemento de la memoria; y que asimismo no es patrimonio de ningún partido ni organización, y no puede alivianarse ni banalizarse con dinámicas ajenas a la lucha y resistencia de los miles de compañeros que allí estuvieron secuestrados; la ESMA es el escenario dónde se cometieron los crímenes que hoy  se juzgan. 

Hay, indudablemente, un empeño de justicia reforzado,  reconstruyendo memoria y desconstruyendo impunidad, exigiendo sin más dilaciones, la apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura, que son el códice maldito de la verdad del paradero de los 400 hijos y de los 30.000 compañeros que nos faltan.

El mejor homenaje a todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos es seguir exigiendo prisión perpetua y efectiva en cárcel común para todos y cada uno de los responsables y cómplices del genocidio;  exigiendo que se juzgue a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos, cumpliendo en cárcel común la condena que se merecen, cadena perpetua por el delito cometido, el de genocidio.

Casapueblos - 26 de noviembre 2012

Los abusos y las violaciones deberán ser considerados parte de la tortura

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó una resolución en la que instruyó a los fiscales a que investiguen los casos de abuso sexual cometidos durante la dictadura cívico-militar. El documento puntualiza las falencias en el tratamiento judicial que reciben este tipo de delitos en las causas por delitos de lesa humanidad y recomienda "medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual".

En su resolución, la Procuradora dio instrucción para que los fiscales de todo el país tuvieran en cuenta el documento "Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado", elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.

El documento describe las falencias en el tratamiento judicial que reciben los delitos contra la libertad sexual y ofrece distintas pautas de actuación para evitar o morigerar sus efectos perniciosos, en consonancia con las Observaciones Finales que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer efectuara al Estado argentino durante 2010.

Puntualmente, el Comité recomienda que se adopten "medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad".

La Procuradora destacó que el documento elaborado por la Unidad, a cargo del fiscal Jorge Auat, es "en un todo compatible con las metas y objetivos que persigue el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género", creado el 9 de noviembre pasado con el fin de "difundir, sensibilizar y capacitar sobre las temáticas de género y los derechos de las mujeres".

A partir de la apertura de las causas por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad en 2007, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas que investigue a los represores Julio Simón, Samuel Miara y Juan Carlos Falcón, por abusos sexuales que sufrieron detenidos en centros clandestinos. Esta fue la primera vez desde la revisión penal del terrorismo de Estado, que se pidió que los abusos sexuales y violaciones que sufrieron algunas personas secuestradas sean investigados por la Justicia Federal.

Recién en abril de 2010, el Tribunal Federal de Santa Fe emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura, en una causa donde la querellante, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia sexual durante 32 años.

Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua a Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en el centro clandestino La Cueva de Mar del Plata. "Los abusos sexuales en La Cueva no constituían hechos aislados, sino que conformaban una práctica habitual que se exteriorizaba a través de diversas conductas que lesionaban el marco de protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal", argumentaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, y Juan Carlos Gemignani.

En 2011, un juez procesó a los represores Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años en un centro clandestino de detención.