Reunión de la presidenta con sindicatos, patrones y torturadores
LA UBA DECIDIO NEGARLES LA ADMISION EN SUS CARRERAS
Represores, abstenerse
El Consejo de la Universidad aprobó por unanimidad rechazar el ingreso como alumnos a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Los tres que estaban inscriptos serán excluidos.
No se admiten represores en la Universidad de Buenos Aires: con una resolución unánime, el Consejo Superior de la UBA resolvió vetar el ingreso de quienes fueron parte del terrorismo de Estado en el programa de la universidad en cárceles. Lo hizo tras el pedido de numerosas organizaciones de derechos humanos, diferentes sectores de la comunidad académica y la recomendación de una comisión especial asesora. Si bien se esperaba que el Consejo se expidiera en este sentido, el rector de la universidad, Ruben Hallu, destacó el posicionamiento institucional como “una clara expresión política”.
La controversia comenzó con el pedido de inscripción de tres represores que actuaron en la ESMA durante la última dictadura. Tres polémicos aspirantes al Ciclo Básico Común, a través del programa UBA XXII, quienes resultaron finalmente inscriptos. Los marinos Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo), el primero alojado en la cárcel de Marcos Paz y los otros en la de Ezeiza, fueron anotados como alumnos libres, aunque ninguno llegó a rendir exámenes.
A partir de la resolución del Consejo Superior de ayer, los tres represores de la ESMA “quedan totalmente excluidos de la nómina del CBC”, confirmó a Página/12 el director del Ciclo Básico Común, Jorge Ferronato. “Hasta ahora no había instrumento legal de ningún tipo; ahora fue tomado, y los represores quedaron excluidos del sistema. Es lo que pedían los docentes y todos aquellos que tenemos algún compromiso con los derechos humanos”, agregó el académico.
Abonaron el conflicto otros dos represores más. Ambos irrumpieron en las aulas sin haber siquiera solicitado su inscripción al CBC. Carlos Jurio, un médico acusado por violaciones a los derechos humanos, llegó incluso a denunciar al Inadi a un profesor que se había negado a darle clases –el organismo contra la discriminación declinó la acusación–. Oscar Rolón, ex policía federal, llegó a dejar encerrada a una docente en un aula del penal de Marcos Paz, porque la profesora se había negado a darle clases.
Los argumentos de la UBA para rechazar el ingreso de represores a su casa son varios y de diversos tenores. Por un lado, utilizó el desarrollo conceptual de la comisión asesora que analizó el asunto: “Quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria”. La comisión integrada por Eugenio Zaffaroni y Adriana Puiggrós, entre otros, sostuvo que “ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos”.
El Consejo Superior citó además el artículo 29 de la Ley de Educación Superior, que habilita a las universidades a definir los mecanismos de admisión. Y también al estatuto de la UBA, que plantea la posibilidad de regular el ingreso de sus estudiantes. Por último se mencionó la Constitución nacional, que concede la autonomía universitaria.
Las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales ya habían manifestado su negativa a la admisión de represores y su respaldo a los docentes que interpusieran objeciones de conciencia para no darles clases. Los propios estudiantes detenidos se habían manifestado en repudio de la posibilidad de compartir aulas con genocidas y ayer se mostraron satisfechos con la resolución (ver aparte).
Consultado por este diario, el decano de Sociales, Sergio Caletti, dijo: “Para nosotros es un paso sumamente importante, debe entenderse que no se trata de cercenar los derechos humanos básicos, que incluye el derecho a aprender, sino de respetar los otros derechos humanos básicos, que han sido previamente dañados. En ese sentido, la UBA tenía la obligación de responder a la necesidad de reparación de su comunidad.” Por su parte, el decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, apuntó: “Este pronunciamiento es un acto de reparación histórica que pone a la universidad pública a la altura de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que está llevando adelante la Argentina. Celebramos entonces esta resolución como un triunfo colectivo”.
Informe: Agustín Saavedra.
El Consejo de la Universidad aprobó por unanimidad rechazar el ingreso como alumnos a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Los tres que estaban inscriptos serán excluidos.
No se admiten represores en la Universidad de Buenos Aires: con una resolución unánime, el Consejo Superior de la UBA resolvió vetar el ingreso de quienes fueron parte del terrorismo de Estado en el programa de la universidad en cárceles. Lo hizo tras el pedido de numerosas organizaciones de derechos humanos, diferentes sectores de la comunidad académica y la recomendación de una comisión especial asesora. Si bien se esperaba que el Consejo se expidiera en este sentido, el rector de la universidad, Ruben Hallu, destacó el posicionamiento institucional como “una clara expresión política”.
La controversia comenzó con el pedido de inscripción de tres represores que actuaron en la ESMA durante la última dictadura. Tres polémicos aspirantes al Ciclo Básico Común, a través del programa UBA XXII, quienes resultaron finalmente inscriptos. Los marinos Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo), el primero alojado en la cárcel de Marcos Paz y los otros en la de Ezeiza, fueron anotados como alumnos libres, aunque ninguno llegó a rendir exámenes.
A partir de la resolución del Consejo Superior de ayer, los tres represores de la ESMA “quedan totalmente excluidos de la nómina del CBC”, confirmó a Página/12 el director del Ciclo Básico Común, Jorge Ferronato. “Hasta ahora no había instrumento legal de ningún tipo; ahora fue tomado, y los represores quedaron excluidos del sistema. Es lo que pedían los docentes y todos aquellos que tenemos algún compromiso con los derechos humanos”, agregó el académico.
Abonaron el conflicto otros dos represores más. Ambos irrumpieron en las aulas sin haber siquiera solicitado su inscripción al CBC. Carlos Jurio, un médico acusado por violaciones a los derechos humanos, llegó incluso a denunciar al Inadi a un profesor que se había negado a darle clases –el organismo contra la discriminación declinó la acusación–. Oscar Rolón, ex policía federal, llegó a dejar encerrada a una docente en un aula del penal de Marcos Paz, porque la profesora se había negado a darle clases.
Los argumentos de la UBA para rechazar el ingreso de represores a su casa son varios y de diversos tenores. Por un lado, utilizó el desarrollo conceptual de la comisión asesora que analizó el asunto: “Quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria”. La comisión integrada por Eugenio Zaffaroni y Adriana Puiggrós, entre otros, sostuvo que “ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos”.
El Consejo Superior citó además el artículo 29 de la Ley de Educación Superior, que habilita a las universidades a definir los mecanismos de admisión. Y también al estatuto de la UBA, que plantea la posibilidad de regular el ingreso de sus estudiantes. Por último se mencionó la Constitución nacional, que concede la autonomía universitaria.
Las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales ya habían manifestado su negativa a la admisión de represores y su respaldo a los docentes que interpusieran objeciones de conciencia para no darles clases. Los propios estudiantes detenidos se habían manifestado en repudio de la posibilidad de compartir aulas con genocidas y ayer se mostraron satisfechos con la resolución (ver aparte).
Consultado por este diario, el decano de Sociales, Sergio Caletti, dijo: “Para nosotros es un paso sumamente importante, debe entenderse que no se trata de cercenar los derechos humanos básicos, que incluye el derecho a aprender, sino de respetar los otros derechos humanos básicos, que han sido previamente dañados. En ese sentido, la UBA tenía la obligación de responder a la necesidad de reparación de su comunidad.” Por su parte, el decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, apuntó: “Este pronunciamiento es un acto de reparación histórica que pone a la universidad pública a la altura de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que está llevando adelante la Argentina. Celebramos entonces esta resolución como un triunfo colectivo”.
Informe: Agustín Saavedra.
Solicitada : NO A LA ADMISIÓN DE LOS GENOCIDAS EN LA UBA
Las personas e instituciones abajo firmantes repudiamos el intento de represores involucrados en la última dictadura cívico-militar de inscribirse en la Universidad pública. Desde hace por lo menos dos años, los/as coordinadores/as, docentes y estudiantes del Programa UBAXXII de educación en cárceles han soportado hostigamiento y amenazas. Las autoridades, agrupaciones y centros de estudiantes privados de su libertad, el gremio de docentes universitarios y distintos organismos de derechos humanos han repudiado estas agresiones. La Universidad de Buenos Aires, así como otras universidades nacionales, estuvo intervenida entre 1974 y 1983, y su comunidad académica fue objeto del plan de exterminio perpetrado contra el pueblo argentino durante esos años.
Miles de docentes, graduados/as, estudiantes y no docentes sufrieron persecución, secuestros, apropiación de bebés, torturas, asesinatos y desapariciones. Las luchas por Memoria, Verdad y Justicia van permitiendo terminar con la impunidad, condenar a los ejecutores del genocidio y también avanzar en la denuncia de sus instigadores, cómplices y beneficiarios. Nuestro repudio se funda tanto en los hechos perpetrados por el terrorismo de Estado -probados en sede judicial como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles- como así también en los dichos y acciones presentes de quienes intentan justificar y perpetúan esos crímenes presionando, intimidando y en ocasiones secuestrando a testigos u ocultando la información sobre los/as desaparecidos/as y los bebés nacidos en cautiverio.
La singularidad de estos crímenes, reconocida mundialmente, como la legislación internacional a la que adhiere nuestro país, los hace incomparables a cualquier otro delito por el que puedan estar acusados los que circunstancialmente comparten el encierro con los genocidas. Su inhabilitación para formar parte de la esfera pública está inscripta además en la condena social que pesa sobre ellos. Los Consejos Directivos de las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales propusieron rechazar la admisión de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad, posición que fue ratificada por la comisión especial conformada para asesorar al Consejo Superior. Solicitamos al máximo órgano de la UBA que se expida en el mismo sentido, rechazando el ingreso de los genocidas a nuestras aulas.
MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.
¡30.000 compañeros/as detenidos desaparecidos, presentes!
Firman:Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH),APDH, APDH (Santiago del Estero), APDH (San Luis),Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, Asociación Anahi, Vecinos de San Cristobal contra la Impunidad, Liberpueblo, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Cátedra Libre de DDHH (FfyL-UBA),Elsa Pavón, Alicia Herbón, Pastor Arturo Blatesky, Atenor Fernandez,
UBA: Héctor Hugo Trinchero, Sergio Caletti, Dora Barrancos, Leonor Acuña, Graciela Morgade, Mario Margulis, Waldo Ansaldi, Damián Loreti, Inés Izaguirre, Alejandro Kaufman, Adriana Clemente, Carolina Mera, Mónica Cragnolini, Claudio Guevara,Silvia Llomovate, Alejandro Balazote, Américo Cristófalo, Sofía Thisted, Alcira Daroqui, Juan Pegoraro, Luis Tonelli, Leonor Arfuch, Mercedes Depin, Pancho Langieri,Alicia Entel, Julián Rebón, Maria Cecilia Scaglia
Inés Vázquez(UPMPM),Federico Montero (FEDUBA), Daniel Ricci (ADUBA) Felisa Micelli (CEMOP
Colectivo Agencia Rodolfo Walsh,Comunicación por la Libertad; Oscar Castelnovo (AgruPasión Para La Libertad)
EL LUNES 06 DE AGOSTO A LAS 17 HS EN EL AULA 108 DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS - CHARLA DEBATE SOBRE EL TEMA -
Adhesiones: enviar un mail a: nogenocidasenuba@gmail.com con el texto adhiero a la solicitada antes del miercoles 01 de Agosto. Gracias
MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.
¡30.000 compañeros/as detenidos desaparecidos, presentes!
Firman:Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH),APDH, APDH (Santiago del Estero), APDH (San Luis),Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, Asociación Anahi, Vecinos de San Cristobal contra la Impunidad, Liberpueblo, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Cátedra Libre de DDHH (FfyL-UBA),Elsa Pavón, Alicia Herbón, Pastor Arturo Blatesky, Atenor Fernandez,
UBA: Héctor Hugo Trinchero, Sergio Caletti, Dora Barrancos, Leonor Acuña, Graciela Morgade, Mario Margulis, Waldo Ansaldi, Damián Loreti, Inés Izaguirre, Alejandro Kaufman, Adriana Clemente, Carolina Mera, Mónica Cragnolini, Claudio Guevara,Silvia Llomovate, Alejandro Balazote, Américo Cristófalo, Sofía Thisted, Alcira Daroqui, Juan Pegoraro, Luis Tonelli, Leonor Arfuch, Mercedes Depin, Pancho Langieri,Alicia Entel, Julián Rebón, Maria Cecilia Scaglia
Inés Vázquez(UPMPM),Federico Montero (FEDUBA), Daniel Ricci (ADUBA) Felisa Micelli (CEMOP
Colectivo Agencia Rodolfo Walsh,Comunicación por la Libertad; Oscar Castelnovo (AgruPasión Para La Libertad)
EL LUNES 06 DE AGOSTO A LAS 17 HS EN EL AULA 108 DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS - CHARLA DEBATE SOBRE EL TEMA -
Adhesiones: enviar un mail a: nogenocidasenuba@gmail.com con el texto adhiero a la solicitada antes del miercoles 01 de Agosto. Gracias
ZÁRATE: Descubren un nuevo centro clandestino de detención y tortura.
Un grupo de ex detenidos durante la dictadura en compañía de personal policial, de funcionarios judiciales y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, recorrieron lo que en una época fue la mansión de la familia Guerci en Zárate, donde reconocieron el lugar como el sitio en donde
estuvieron detenidos durante la dictadura y donde fueron torturados.
La que supo ser la mansión de la familia Guerci en Zárate fue recorrido en su totalidad por las autoridades policiales y judiciales en busca de indicios que determinaran si allí funcionó un centro de detención y tortura y posteriormente un grupo de ex detenidos recorrió las distintas habitaciones de la casa -más de 15- y sus amplios sótanos tratando de reconocer los lugares donde estuvieron alojados durante los peores años de la historia reciente de la Nación.
Los ex detenidos pudieron reconocer los lugares, sobre todo por sus escaleras, pisos, paredes y desniveles, en donde permanecieron detenidos y en los sótanos el lugar exacto en donde eran colgados de la pared y 2 picaneados”.
El allanamiento realizado en la casa ubicada en la Avenida Mitre, estuvo a cargo del prosecretario del Juzgado Federal de nuestra ciudad, el doctor Esteban Dieguez Herrera, junto a efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad a cargo del Comisario Inspector Gustavo Peña, quienes secuestraron varios elementos probatorios para incorporar a la causa.
Entre otras cosas se secuestraron algunos utensilios pertenecientes al Ejército Argentino además de insignias y una munición que pertenecería a esta fuerza. Hasta el momento, este lugar no había sido denunciado como centro clandestino en ninguno de los archivos existentes sobre el Terrorismo de Estado implantado por la última dictadura militar entre 1976 y 1983.
Esta casa es una gran mansión de principios de siglo pasado, ubicada sobre una barranca a pocas cuadras del río Paraná que perteneció a una de las familias más destacadas de la vecina ciudad.
Las medidas se realizaron en el marco de una causa iniciada por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, que actúa como querellante, en la que se investiga una red de centros clandestinos de detención que habrían funcionado durante la última dictadura militar en la zona de Zárate, Campana y Escobar.
En esta causa, ya se habían reconocidos como centros clandestinos la fábrica de Tolueno y el Tiro Federal de nuestra ciudad, el Arsenal, el Instituto de Formación de la Prefectura, la Base Naval y la sede de la Prefectura de Zárate, el destacamento 201/1 Zárate de Inteligencia del Ejército, el buque de la Armada Murature, las comisarías de Escobar, Zárate y Campana y propiedades ubicadas en el barrio Otamendi y en Zárate.
Fuente:ElDiaroNoticias.com.ar
Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario
estuvieron detenidos durante la dictadura y donde fueron torturados.
La que supo ser la mansión de la familia Guerci en Zárate fue recorrido en su totalidad por las autoridades policiales y judiciales en busca de indicios que determinaran si allí funcionó un centro de detención y tortura y posteriormente un grupo de ex detenidos recorrió las distintas habitaciones de la casa -más de 15- y sus amplios sótanos tratando de reconocer los lugares donde estuvieron alojados durante los peores años de la historia reciente de la Nación.
Los ex detenidos pudieron reconocer los lugares, sobre todo por sus escaleras, pisos, paredes y desniveles, en donde permanecieron detenidos y en los sótanos el lugar exacto en donde eran colgados de la pared y 2 picaneados”.
El allanamiento realizado en la casa ubicada en la Avenida Mitre, estuvo a cargo del prosecretario del Juzgado Federal de nuestra ciudad, el doctor Esteban Dieguez Herrera, junto a efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad a cargo del Comisario Inspector Gustavo Peña, quienes secuestraron varios elementos probatorios para incorporar a la causa.
Entre otras cosas se secuestraron algunos utensilios pertenecientes al Ejército Argentino además de insignias y una munición que pertenecería a esta fuerza. Hasta el momento, este lugar no había sido denunciado como centro clandestino en ninguno de los archivos existentes sobre el Terrorismo de Estado implantado por la última dictadura militar entre 1976 y 1983.
Esta casa es una gran mansión de principios de siglo pasado, ubicada sobre una barranca a pocas cuadras del río Paraná que perteneció a una de las familias más destacadas de la vecina ciudad.
Las medidas se realizaron en el marco de una causa iniciada por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, que actúa como querellante, en la que se investiga una red de centros clandestinos de detención que habrían funcionado durante la última dictadura militar en la zona de Zárate, Campana y Escobar.
En esta causa, ya se habían reconocidos como centros clandestinos la fábrica de Tolueno y el Tiro Federal de nuestra ciudad, el Arsenal, el Instituto de Formación de la Prefectura, la Base Naval y la sede de la Prefectura de Zárate, el destacamento 201/1 Zárate de Inteligencia del Ejército, el buque de la Armada Murature, las comisarías de Escobar, Zárate y Campana y propiedades ubicadas en el barrio Otamendi y en Zárate.
Fuente:ElDiaroNoticias.com.ar
Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario
El ojo de la cámara
EL DEBATE SOBRE LA TELEVISACION DE LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD
Hasta ahora, por orden de la Corte Suprema, sólo se pueden ver el comienzo y el final, pero no los testimonios. Un proyecto de ley del Ministerio de Justicia busca liberar la transmisión de todos los juicios orales criminales.
Por Alejandra Dandan
A lo largo de estos años se acumularon algunas certezas. Los juicios de lesa humanidad avanzan en todo el país. En las ciudades más chicas suelen instalar agendas y ganar espacio en las tapas de los diarios de los que se nutren sus habitantes. Sin ir más lejos, los dos diarios más importantes de Jujuy –que hasta ahora no mencionaban a Pedro Blaquier– hicieron tapa con los carteles en el Ingenio Ledesma y con la primera audiencia del juicio. Pero mientras se avanza, crece la certeza de que los juicios no llegan a las grandes audiencias de la televisión, o sólo llegan en los inicios o finales. La restricción a las cámaras en los tribunales empieza a pensarse como una de las claves del tema. Una acordada de la Corte Suprema de Justicia de 2008 impide la captura de imágenes en lo que los abogados llaman “la etapa de prueba”, los poderosos relatos de reconstrucción de las historias. ¿Cómo se hace para perforar las paredes de los tribunales donde se realizan los juicios y llegar a los que nunca van a entrar a esos espacios?
El Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría de Política Criminal, elaboró un proyecto de ley para liberar el ingreso de las cámaras a los juicios orales. El proyecto es resultado de discusiones entre organismos de derechos humanos e integrantes del Poder Judicial. El objeto son todos los juicios orales del fuero criminal. El espíritu consagra el derecho a la publicidad para la “democratización de la Justicia, fomentando la participación ciudadana y maximizando la transparencia de los procedimientos penales”. En base a la Constitución y a tratados internacionales, invierte la lógica según la cual todo estaba prohibido y debía ser fundamento lo que iba a ser liberado. Con la ley, los jueces deberán fundamentar por qué no se puede transmitir.
La propuesta “busca regular con mayor amplitud el acceso de los medios de comunicación a las audiencias de juicio”. Señala que se busca “garantizar al máximo posible el principio de publicidad, de manera de permitir que el público que se ve impedido o dificultado de asistir, pueda tener el acceso de mejor calidad posible a lo que sucede dentro de la sala”. De este modo, establece que frente a límites en la capacidad de la sala, los jueces deben garantizar la presencia de los medios. Prevé que “el tribunal podrá limitar la difusión de la voz o la imagen de las víctimas, testigos o imputados, siempre que éstos lo soliciten, a fin de resguardar su pudor o seguridad”. Advierte que al contrario de lo que se supone, el 99 por ciento de los juicios orales duran sólo un día. Que por eso mismo sería simple aislar testigos para que no escuchen las pruebas. Y prevé mecanismos similares para el uno por ciento restante, entre los que están los de lesa humanidad.
Más allá de la ley, o mientras llega, los juicios siguen en marcha. Y la prohibición en la que insisten los jueces parece un emergente de un debate mayor entre las formas de observar estos juicios. Por un lado, están los jueces, en ocasiones más apegados a lo que parece ser exclusivamente la reconstrucción de la prueba, la relación entre hecho y ley, la lógica penal. Del otro lado, hay un universo. Algunos fiscales y muchas querellas de los organismos de derechos humanos –no todas– están pensando los juicios más bien en términos históricos.
El apagón
El año pasado, dos periodistas de radio le preguntaron al fiscal Félix Crous por qué los juicios no llegan a la televisión. Crous habló del “apagón mediático”: comparó el presente con lo que sucedió en el Juicio a las Juntas. En los ’80 había cámaras en el Palacio de Tribunales, pero no podían trasmitir el “vivo” de los testimonios, sólo la voz en off de un locutor que retransmitía diferido lo que sucedía en la sala. Las imágenes más emblemáticas son las espaldas de testigos como Miriam Lewin. En aquellos días, fue la presión de las Fuerzas Armadas o las formas débiles de la democracia las que restringieron. Y también el modo en el que los jueces pensaron que debía hacerse en ese momento la reconstrucción de una verdad que estaba completamente cuestionada. Pero ahora, ¿qué lo impide? ¿Lo impide de verdad una acordada de la Corte?
La acordada 29/08 de la Corte garantiza el ingreso de cámaras, grabadores y fotógrafos en el comienzo del juicio y en el tramo final: lectura de alegatos, últimas palabras y sentencia. Todo lo que está en el medio, que es el enorme volumen de testimonios y de reconstrucción de pruebas no puede grabarse ni transmitirse por televisión. Los periodistas con hojas o a lo sumo una computadora pueden escribir lo que ven. El argumento más importante es lo que los jueces llaman “contaminación de la prueba”: se supone que un testigo no puede escuchar al que lo precedió porque su testimonio podría quedar contaminado por el primero. Los jueces creen que la emisión del relato por televisión podría dar lugar, por ejemplo, a que las defensas hagan pedidos de nulidad por contaminación de las pruebas.
Hay varias lecturas sobre la acordada. Dicen que intentó garantizar al menos cierta apertura cuando el Tribunal N° 5, a cargo del juicio Jefes de Area, prohibía todo tipo de acceso. También dicen que puede entenderse como un piso sobre el que los jueces pueden disponer más apertura, como sucede en La Plata, donde sí se permite el ingreso de cámaras. Pero en el resto de los juicios funcionó como una restricción.
El juicio del plan sistemático que acaba de concluir es un ejemplo. Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Tribunal que encabezó María del Carmen Roqueta que los debates pudieran ser televisados. El Tribunal no aceptó. Repitieron el pedido ante la Cámara de Casación. Casación tampoco aceptó. Uno de los jueces dejó una puerta abierta al sugerir que la decisión podía ser revisada si el pedido lo hacía un canal de televisión o una empresa, pero el pedido no llegó.
“Algunos puntos para no autorizar la televisación son meramente dogmáticos”, dicen Alan Iud y Luciano Hazan del equipo jurídico de Abuelas. “Es muy difícil pensar que puede haber contaminación de un testigo a otro entre quienes se conocen o se han visto durante más de treinta años y conversaron sobre los cautiverios y en base a ese diálogo construyeron sus relatos y la prueba. Tampoco es cierto que sin tele se evite la contaminación, porque después de que un testigo declara, habla con otro porque se conocen y comparten las experiencias. O porque la prensa gráfica cubre los juicios y publica lo que se dijo. Con lo cual, no nos parece que sea un riesgo real y esa contaminación se controla a través del interrogatorio de las partes. Un abogado puede preguntar y determinar si una persona está contando algo que no vivió o le dijo otra.”
Los abogados no hablan sólo de las causas de lesa humanidad. Como el proyecto de ley, están pesando otras causas. “La cuestión es que en lesa humanidad –dice Iud– también pensamos que se pierde lo que se ganaría en términos de sentido y comunicación. Lo que nos parece es que frente a estos casos, es más claro que los argumentos en contra son meramente teóricos, no se condicen con lo que sucede.”
Estos argumentos se repiten. Gabriela Sosti es una de las fiscales. Acaba de dar una charla en un taller de periodismo de la UBA en la que los estudiantes le hicieron preguntas y ella salió convencida de que algo de la comunicación entre el adentro y el afuera sigue faltando. En clave de Arendt, piensa en una interpretación que pone en tensión aquellas dos preguntas iniciales. “Estos son juicios excepcionales”, dice Sosti. “Son juicios a la historia, al Estado, no es un juicio a un delincuente común o a estafadores. El logro de que la Justicia ordinaria lo esté siguiendo no implica que no sean excepcionales. Los crímenes tienen la importancia y repercusión que tienen porque el represor es una ruedita dentro de una estructura y el delincuente es el Estado mismo: esto genera espanto porque es el Leviatán el que me come a pedacitos y abre las preguntas de qué hago con esto. No se está juzgando a los pobres militares, es a la política del Estado que se transforma en genocida. Es eso que pasó, pero sigue pasando porque el Estado cada tanto toma esa dimensión en América latina; en Medio Oriente, la publicidad sirve para tomar conciencia de esto porque no son causas penales de hace treinta años.”
Hasta ahora, por orden de la Corte Suprema, sólo se pueden ver el comienzo y el final, pero no los testimonios. Un proyecto de ley del Ministerio de Justicia busca liberar la transmisión de todos los juicios orales criminales.
Por Alejandra Dandan
A lo largo de estos años se acumularon algunas certezas. Los juicios de lesa humanidad avanzan en todo el país. En las ciudades más chicas suelen instalar agendas y ganar espacio en las tapas de los diarios de los que se nutren sus habitantes. Sin ir más lejos, los dos diarios más importantes de Jujuy –que hasta ahora no mencionaban a Pedro Blaquier– hicieron tapa con los carteles en el Ingenio Ledesma y con la primera audiencia del juicio. Pero mientras se avanza, crece la certeza de que los juicios no llegan a las grandes audiencias de la televisión, o sólo llegan en los inicios o finales. La restricción a las cámaras en los tribunales empieza a pensarse como una de las claves del tema. Una acordada de la Corte Suprema de Justicia de 2008 impide la captura de imágenes en lo que los abogados llaman “la etapa de prueba”, los poderosos relatos de reconstrucción de las historias. ¿Cómo se hace para perforar las paredes de los tribunales donde se realizan los juicios y llegar a los que nunca van a entrar a esos espacios?
El Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría de Política Criminal, elaboró un proyecto de ley para liberar el ingreso de las cámaras a los juicios orales. El proyecto es resultado de discusiones entre organismos de derechos humanos e integrantes del Poder Judicial. El objeto son todos los juicios orales del fuero criminal. El espíritu consagra el derecho a la publicidad para la “democratización de la Justicia, fomentando la participación ciudadana y maximizando la transparencia de los procedimientos penales”. En base a la Constitución y a tratados internacionales, invierte la lógica según la cual todo estaba prohibido y debía ser fundamento lo que iba a ser liberado. Con la ley, los jueces deberán fundamentar por qué no se puede transmitir.
La propuesta “busca regular con mayor amplitud el acceso de los medios de comunicación a las audiencias de juicio”. Señala que se busca “garantizar al máximo posible el principio de publicidad, de manera de permitir que el público que se ve impedido o dificultado de asistir, pueda tener el acceso de mejor calidad posible a lo que sucede dentro de la sala”. De este modo, establece que frente a límites en la capacidad de la sala, los jueces deben garantizar la presencia de los medios. Prevé que “el tribunal podrá limitar la difusión de la voz o la imagen de las víctimas, testigos o imputados, siempre que éstos lo soliciten, a fin de resguardar su pudor o seguridad”. Advierte que al contrario de lo que se supone, el 99 por ciento de los juicios orales duran sólo un día. Que por eso mismo sería simple aislar testigos para que no escuchen las pruebas. Y prevé mecanismos similares para el uno por ciento restante, entre los que están los de lesa humanidad.
Más allá de la ley, o mientras llega, los juicios siguen en marcha. Y la prohibición en la que insisten los jueces parece un emergente de un debate mayor entre las formas de observar estos juicios. Por un lado, están los jueces, en ocasiones más apegados a lo que parece ser exclusivamente la reconstrucción de la prueba, la relación entre hecho y ley, la lógica penal. Del otro lado, hay un universo. Algunos fiscales y muchas querellas de los organismos de derechos humanos –no todas– están pensando los juicios más bien en términos históricos.
El apagón
El año pasado, dos periodistas de radio le preguntaron al fiscal Félix Crous por qué los juicios no llegan a la televisión. Crous habló del “apagón mediático”: comparó el presente con lo que sucedió en el Juicio a las Juntas. En los ’80 había cámaras en el Palacio de Tribunales, pero no podían trasmitir el “vivo” de los testimonios, sólo la voz en off de un locutor que retransmitía diferido lo que sucedía en la sala. Las imágenes más emblemáticas son las espaldas de testigos como Miriam Lewin. En aquellos días, fue la presión de las Fuerzas Armadas o las formas débiles de la democracia las que restringieron. Y también el modo en el que los jueces pensaron que debía hacerse en ese momento la reconstrucción de una verdad que estaba completamente cuestionada. Pero ahora, ¿qué lo impide? ¿Lo impide de verdad una acordada de la Corte?
La acordada 29/08 de la Corte garantiza el ingreso de cámaras, grabadores y fotógrafos en el comienzo del juicio y en el tramo final: lectura de alegatos, últimas palabras y sentencia. Todo lo que está en el medio, que es el enorme volumen de testimonios y de reconstrucción de pruebas no puede grabarse ni transmitirse por televisión. Los periodistas con hojas o a lo sumo una computadora pueden escribir lo que ven. El argumento más importante es lo que los jueces llaman “contaminación de la prueba”: se supone que un testigo no puede escuchar al que lo precedió porque su testimonio podría quedar contaminado por el primero. Los jueces creen que la emisión del relato por televisión podría dar lugar, por ejemplo, a que las defensas hagan pedidos de nulidad por contaminación de las pruebas.
Hay varias lecturas sobre la acordada. Dicen que intentó garantizar al menos cierta apertura cuando el Tribunal N° 5, a cargo del juicio Jefes de Area, prohibía todo tipo de acceso. También dicen que puede entenderse como un piso sobre el que los jueces pueden disponer más apertura, como sucede en La Plata, donde sí se permite el ingreso de cámaras. Pero en el resto de los juicios funcionó como una restricción.
El juicio del plan sistemático que acaba de concluir es un ejemplo. Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Tribunal que encabezó María del Carmen Roqueta que los debates pudieran ser televisados. El Tribunal no aceptó. Repitieron el pedido ante la Cámara de Casación. Casación tampoco aceptó. Uno de los jueces dejó una puerta abierta al sugerir que la decisión podía ser revisada si el pedido lo hacía un canal de televisión o una empresa, pero el pedido no llegó.
“Algunos puntos para no autorizar la televisación son meramente dogmáticos”, dicen Alan Iud y Luciano Hazan del equipo jurídico de Abuelas. “Es muy difícil pensar que puede haber contaminación de un testigo a otro entre quienes se conocen o se han visto durante más de treinta años y conversaron sobre los cautiverios y en base a ese diálogo construyeron sus relatos y la prueba. Tampoco es cierto que sin tele se evite la contaminación, porque después de que un testigo declara, habla con otro porque se conocen y comparten las experiencias. O porque la prensa gráfica cubre los juicios y publica lo que se dijo. Con lo cual, no nos parece que sea un riesgo real y esa contaminación se controla a través del interrogatorio de las partes. Un abogado puede preguntar y determinar si una persona está contando algo que no vivió o le dijo otra.”
Los abogados no hablan sólo de las causas de lesa humanidad. Como el proyecto de ley, están pesando otras causas. “La cuestión es que en lesa humanidad –dice Iud– también pensamos que se pierde lo que se ganaría en términos de sentido y comunicación. Lo que nos parece es que frente a estos casos, es más claro que los argumentos en contra son meramente teóricos, no se condicen con lo que sucede.”
Estos argumentos se repiten. Gabriela Sosti es una de las fiscales. Acaba de dar una charla en un taller de periodismo de la UBA en la que los estudiantes le hicieron preguntas y ella salió convencida de que algo de la comunicación entre el adentro y el afuera sigue faltando. En clave de Arendt, piensa en una interpretación que pone en tensión aquellas dos preguntas iniciales. “Estos son juicios excepcionales”, dice Sosti. “Son juicios a la historia, al Estado, no es un juicio a un delincuente común o a estafadores. El logro de que la Justicia ordinaria lo esté siguiendo no implica que no sean excepcionales. Los crímenes tienen la importancia y repercusión que tienen porque el represor es una ruedita dentro de una estructura y el delincuente es el Estado mismo: esto genera espanto porque es el Leviatán el que me come a pedacitos y abre las preguntas de qué hago con esto. No se está juzgando a los pobres militares, es a la política del Estado que se transforma en genocida. Es eso que pasó, pero sigue pasando porque el Estado cada tanto toma esa dimensión en América latina; en Medio Oriente, la publicidad sirve para tomar conciencia de esto porque no son causas penales de hace treinta años.”
Cárcel a Stuhldreher ya! (un año prófugo)
Ningún GENOCIDA Suelto!
Encuentra las 100 diferencias
Las fotos de las celdas de presos comunes, fueron enviadas por la Coordinadora anticarcelaria
El secuestro de empresario s durante la dictadura
El saqueo de empresas como modus operandi
En un dictamen, el fiscal Federico Delgado señala que militares y sus cómplices civiles usaron “la figura de subversión económica” para vaciar bancos y otras empresas.
Por Irina Hauser
Durante la última dictadura existió un mecanismo recurrente, un modus operandi que tenía como objetivo el vaciamiento de bancos y poderosos grupos empresarios, en el que participaron en forma “mancomunada” las Fuerzas Armadas, el aparato judicial y ciertos organismos del Estado como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La descripción de esa maquinaria, en esos términos, surge de un dictamen del fiscal Federico Delgado que plantea la necesidad de analizar el secuestro de ciertos empresarios como algo más que privaciones de la libertad a secas: quizás ése era el primer paso –señala–, pero luego venía el “blanqueo” a través de una o varias causas judiciales donde se los acusaba de subversión económica, y luego la detención podía durar hasta varios años, mientras las entidades bancarias y empresas permanecían intervenidas por órganos estatales en manos de los militares.
Delgado propone analizar estos casos con una “lente” que amplifique la visión sobre los hechos y las responsabilidades que los rodean. “Mediante la formación de expedientes penales se velaba una privación ilegal de la libertad de empresarios fuertes y la intervención del patrimonio económico de esos grupos para finalmente vaciarlos”, explica el escrito. “La figura de subversión económica” permitió “saquear empresas con colaboración de organismos del Estado”. Era, dice, “un plano formal” al que el régimen dictatorial apelaba cuando “el secuestro, por su repercusión pública, podía hacer peligrar esa clandestinidad”.
Para sistematizar estas conclusiones, Delgado analizó tres expedientes en los que le toca actuar como fiscal y en los que advirtió que hubo analogías: son los casos del empresario Reynaldo Defranco Fantín, del ex Banco Odonne y del grupo económico Grassi-Chavanne. En el contexto de esta última causa –a cargo del juez Daniel Rafecas– fue presentado su dictamen, aunque los conceptos valen para todos, e incluso podrían aplicarse a muchos otros casos que recién en los últimos tiempos empezaron a ser comprendidos y juzgados como parte de la participación civil en el terrorismo de Estado.
- 1. Defranco Fantín era dueño de más de 14 empresas. En el rubro editorial tuvo las revistas Tía Vicenta y El Libro Gordo de Petete, pero también fue propietario de las casas de cambio Murillo y Boulogne SA. En febrero de 1980 adquirió 360 mil segundos de publicidad de Canal 13 por 3,4 millones de dólares. El canal era administrado por la Armada (con el capitán de navío Roberto Martínez Christian como interventor), quien incumplió el acuerdo publicitario y habría usado el dinero para cambiar el equipamiento blanco y negro por el de color. Para reclamar, el empresario organizó un almuerzo con la plana mayor de la Armada en el restaurante Harpers, el 10 de julio de 1980. El interventor le echó en cara el encuentro y lo mandó a reunirse con el asesor legal del canal, en teoría para llegar a un arreglo. Mientras transcurría esa reunión, le allanaron sin orden la caja Murillo. Al día siguiente fue citado en una oficina con la excusa de devolverle documentación y allí lo secuestró un grupo de tareas de la Marina.
Doce días después se inició un sumario en la División Bancos de la Policía Federal para justificarla. Se basaba en información anónima que decía que Murillo instrumentaba créditos sin garantía. Defranco Fantín estuvo detenido tres años, veinte días y doce horas (en el último tramo de la dictadura), en una causa por subversión económica que tramitó el entonces juez Eduardo Marquardt. Lo liberaron cuando la Cámara Federal anuló las actuaciones. También estuvieron cautivos varios empleados del grupo. Recién ahora se investiga su secuestro como tal y el vaciamiento de las empresas, donde el juez puso un interventor (Mariano Wechsler) con “contralor amplio de gestión”, mientras el BCRA se ocupó de las financieras, decretando quiebras en el ínterin. Dice la fiscalía que se llevaron las divisas y hasta las monedas de oro de las casas de cambio. En 1988, la Cámara Federal anuló todo lo actuado y el entonces juez Juan Fégoli la declaró prescripta.
- 2. Luis Alberto Oddone era un empresario conocido, dueño, entre otros negocios, del Banco Odonne. Según Delgado, tenía contacto con jerarcas de la dictadura, entre ellos con el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Oddone denunció que en febrero de 1980 empezó a recibir presiones como parte de una maniobra de las Fuerzas Armadas para quedarse con su banco, pero también con otros como el Banco de Intercambio Regional, el Banco de los Andes y el Banco Internacional. El método, describía, empezaba con la divulgación de falsos rumores sobre falta de solidez; se generaba desconfianza y había fuga de depósitos, con la consiguiente crisis de liquidez; y en consecuencia se pedían adelantos cada vez más altos al BCRA. El 25 de abril, él mismo pidió la intervención, bajo advertencias del vicepresidente del Central, Alejandro Reynal. Cuatro días después se le inició una causa penal basada en una “denuncia anónima” ante la División Bancos de la Federal. Le atribuían administración clandestina del grupo, autopréstamos e insolvencia.
A fines de abril, el comisario Inanibelli le dijo que tenía orden del BCRA de detenerlo. Oddone fue interrogado a los golpes, contaría después. Al banco se le designó un interventor, Juan Carlos Aste. La entidad no se recuperó, y en agosto de 1980 dispuso la liquidación y pidió la quiebra. Oddone estuvo preso hasta 1982. La Corte confirmó la quiebra en 2005. Delgado insiste con la importancia de tener en cuenta un modo de “proceder” en el terrorismo de Estado. Hasta hoy, 32 años después, continúa la liquidación del banco, en la que Oddone aspira a recuperar algo. Al BCRA la Justicia le negó créditos por 2300 millones (la entidad dice que se usaron para cancelar deudas, y Oddone sostiene que fue la fachada para intervenir su banco). Y hay una causa penal contra funcionarios de ese organismo que está en indagatorias, por la administración irregular del patrimonio del Banco Oddone. Por ejemplo, el alquiler de campos a valores menores a los de mercado y entre conocidos.
- 3. En 1976, el grupo económico Chavanne compró el Banco de Hurlingham al grupo Graiver. Chavanne administró el banco unos meses. El BCRA lo tenía en la mira, ya que vinculaba a los Graiver con Montoneros e impidió en septiembre de 1977 la transferencia del paquete accionario a Chavanne, quien transfirió sus derechos a Industrias Siderúrgicas Grassi. Sin embargo, la empresa y el banco fueron intervenidos por el Ministerio de Justicia y el régimen militar dispuso de ellos como “patrimonio nacional”. En el caso de los Graiver, los bienes fueron interdictados por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial. Todo este procedimiento para desapoderar a Chavanne-Gra-ssi estuvo acompañado de la detención de los empresarios (Juan Carlos Chavanne, Marcelo Chavanne y René Carlos Alberto Grassi) en 1978 y otros miembros del grupo con causas iniciadas a partir de órdenes impartidas desde el Primer Cuerpo de Ejército y denuncias impulsadas por la CNV y el BCRA, respaldadas por la fiscalía nacional de investigaciones administrativas. El mote legal era subversión económica e insolvencia, entre otras cosas. La Justicia federal tramitaba los expedientes. En los interrogatorios, dicen las víctimas, hubo integrantes del BCRA y la CNV, que también dicen que el caso era seguido por Martínez de Hoz. Fueron liberados entre 1979 y 1981. En las privaciones de la libertad intervinieron los coroneles Raúl Gatica, Francisco D’Alessandri, y Roberto Roulades, los comandantes de Gendarmería Víctor Rei y Darío Correa, y el agente del inteligencia Raúl Guglielminetti. Entre noviembre y diciembre de 1978, dice la fiscalía, fue cuando el Banco de Hurlingham –intervenido por Alfredo Cassino– recibió los mayores adelantos del BCRA que lo endeudaron. En 1979 se liquidó la entidad y por resolución del vicepresidente del BCRA, Christian Zimmerman, se decretó la quiebra. En 1986, la Cámara Federal destacó las “graves irregularidades”, dice el fiscal, “que presentaba la causa”. La maniobra es investigada hoy por el juez Rafecas.
La estrategia
“Los casos de Odonne, Defranco Fantín y Grassi-Chavanne respondieron a una lógica, una forma de actuar, un modo de ser y hacer que adoptó una forma sintomática de nuestra estatalidad –aquella que subordina lo público a lo privado–. En ella funcionaron mancomunadamente los referentes del gobierno militar pero, también, los referentes del aparato de Justicia afines al régimen y los organismos estatales con vinculación económica fueron los que, en definitiva, terminaron vaciando los grupos económicos. BCRA, CNV, por citar algunos ejemplos recurrentes”, sostiene Delgado. El BCRA, advierte, actuaba como “juez y parte”: reclamaba acreencias y a la vez disponía intervenciones y liquidaciones de bancos.
En el plano de la Justicia, explica el fiscal, se recurrió sistemáticamente a la figura de “subversión económica” que “abarca una multiplicidad de vagas infracciones permeables a una selectividad penal de hecho que opera a favor de los intereses del poder de turno”. Era la forma de dar aspecto de legalidad a la detención de personas “seleccionadas” que no eran “militantes carentes de visibilidad y capital simbólico a los que sencillamente se podía hacer desaparecer”. “La subversión económica, el aparato de Justicia y la intervención societaria constituyen la estrategia por excelencia”, afirma. El próximo paso será ver cuánto de estas definiciones pueden traducirse en responsabilidades penales.
En un dictamen, el fiscal Federico Delgado señala que militares y sus cómplices civiles usaron “la figura de subversión económica” para vaciar bancos y otras empresas.
Por Irina Hauser
Durante la última dictadura existió un mecanismo recurrente, un modus operandi que tenía como objetivo el vaciamiento de bancos y poderosos grupos empresarios, en el que participaron en forma “mancomunada” las Fuerzas Armadas, el aparato judicial y ciertos organismos del Estado como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La descripción de esa maquinaria, en esos términos, surge de un dictamen del fiscal Federico Delgado que plantea la necesidad de analizar el secuestro de ciertos empresarios como algo más que privaciones de la libertad a secas: quizás ése era el primer paso –señala–, pero luego venía el “blanqueo” a través de una o varias causas judiciales donde se los acusaba de subversión económica, y luego la detención podía durar hasta varios años, mientras las entidades bancarias y empresas permanecían intervenidas por órganos estatales en manos de los militares.
Delgado propone analizar estos casos con una “lente” que amplifique la visión sobre los hechos y las responsabilidades que los rodean. “Mediante la formación de expedientes penales se velaba una privación ilegal de la libertad de empresarios fuertes y la intervención del patrimonio económico de esos grupos para finalmente vaciarlos”, explica el escrito. “La figura de subversión económica” permitió “saquear empresas con colaboración de organismos del Estado”. Era, dice, “un plano formal” al que el régimen dictatorial apelaba cuando “el secuestro, por su repercusión pública, podía hacer peligrar esa clandestinidad”.
Para sistematizar estas conclusiones, Delgado analizó tres expedientes en los que le toca actuar como fiscal y en los que advirtió que hubo analogías: son los casos del empresario Reynaldo Defranco Fantín, del ex Banco Odonne y del grupo económico Grassi-Chavanne. En el contexto de esta última causa –a cargo del juez Daniel Rafecas– fue presentado su dictamen, aunque los conceptos valen para todos, e incluso podrían aplicarse a muchos otros casos que recién en los últimos tiempos empezaron a ser comprendidos y juzgados como parte de la participación civil en el terrorismo de Estado.
- 1. Defranco Fantín era dueño de más de 14 empresas. En el rubro editorial tuvo las revistas Tía Vicenta y El Libro Gordo de Petete, pero también fue propietario de las casas de cambio Murillo y Boulogne SA. En febrero de 1980 adquirió 360 mil segundos de publicidad de Canal 13 por 3,4 millones de dólares. El canal era administrado por la Armada (con el capitán de navío Roberto Martínez Christian como interventor), quien incumplió el acuerdo publicitario y habría usado el dinero para cambiar el equipamiento blanco y negro por el de color. Para reclamar, el empresario organizó un almuerzo con la plana mayor de la Armada en el restaurante Harpers, el 10 de julio de 1980. El interventor le echó en cara el encuentro y lo mandó a reunirse con el asesor legal del canal, en teoría para llegar a un arreglo. Mientras transcurría esa reunión, le allanaron sin orden la caja Murillo. Al día siguiente fue citado en una oficina con la excusa de devolverle documentación y allí lo secuestró un grupo de tareas de la Marina.
Doce días después se inició un sumario en la División Bancos de la Policía Federal para justificarla. Se basaba en información anónima que decía que Murillo instrumentaba créditos sin garantía. Defranco Fantín estuvo detenido tres años, veinte días y doce horas (en el último tramo de la dictadura), en una causa por subversión económica que tramitó el entonces juez Eduardo Marquardt. Lo liberaron cuando la Cámara Federal anuló las actuaciones. También estuvieron cautivos varios empleados del grupo. Recién ahora se investiga su secuestro como tal y el vaciamiento de las empresas, donde el juez puso un interventor (Mariano Wechsler) con “contralor amplio de gestión”, mientras el BCRA se ocupó de las financieras, decretando quiebras en el ínterin. Dice la fiscalía que se llevaron las divisas y hasta las monedas de oro de las casas de cambio. En 1988, la Cámara Federal anuló todo lo actuado y el entonces juez Juan Fégoli la declaró prescripta.
- 2. Luis Alberto Oddone era un empresario conocido, dueño, entre otros negocios, del Banco Odonne. Según Delgado, tenía contacto con jerarcas de la dictadura, entre ellos con el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Oddone denunció que en febrero de 1980 empezó a recibir presiones como parte de una maniobra de las Fuerzas Armadas para quedarse con su banco, pero también con otros como el Banco de Intercambio Regional, el Banco de los Andes y el Banco Internacional. El método, describía, empezaba con la divulgación de falsos rumores sobre falta de solidez; se generaba desconfianza y había fuga de depósitos, con la consiguiente crisis de liquidez; y en consecuencia se pedían adelantos cada vez más altos al BCRA. El 25 de abril, él mismo pidió la intervención, bajo advertencias del vicepresidente del Central, Alejandro Reynal. Cuatro días después se le inició una causa penal basada en una “denuncia anónima” ante la División Bancos de la Federal. Le atribuían administración clandestina del grupo, autopréstamos e insolvencia.
A fines de abril, el comisario Inanibelli le dijo que tenía orden del BCRA de detenerlo. Oddone fue interrogado a los golpes, contaría después. Al banco se le designó un interventor, Juan Carlos Aste. La entidad no se recuperó, y en agosto de 1980 dispuso la liquidación y pidió la quiebra. Oddone estuvo preso hasta 1982. La Corte confirmó la quiebra en 2005. Delgado insiste con la importancia de tener en cuenta un modo de “proceder” en el terrorismo de Estado. Hasta hoy, 32 años después, continúa la liquidación del banco, en la que Oddone aspira a recuperar algo. Al BCRA la Justicia le negó créditos por 2300 millones (la entidad dice que se usaron para cancelar deudas, y Oddone sostiene que fue la fachada para intervenir su banco). Y hay una causa penal contra funcionarios de ese organismo que está en indagatorias, por la administración irregular del patrimonio del Banco Oddone. Por ejemplo, el alquiler de campos a valores menores a los de mercado y entre conocidos.
- 3. En 1976, el grupo económico Chavanne compró el Banco de Hurlingham al grupo Graiver. Chavanne administró el banco unos meses. El BCRA lo tenía en la mira, ya que vinculaba a los Graiver con Montoneros e impidió en septiembre de 1977 la transferencia del paquete accionario a Chavanne, quien transfirió sus derechos a Industrias Siderúrgicas Grassi. Sin embargo, la empresa y el banco fueron intervenidos por el Ministerio de Justicia y el régimen militar dispuso de ellos como “patrimonio nacional”. En el caso de los Graiver, los bienes fueron interdictados por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial. Todo este procedimiento para desapoderar a Chavanne-Gra-ssi estuvo acompañado de la detención de los empresarios (Juan Carlos Chavanne, Marcelo Chavanne y René Carlos Alberto Grassi) en 1978 y otros miembros del grupo con causas iniciadas a partir de órdenes impartidas desde el Primer Cuerpo de Ejército y denuncias impulsadas por la CNV y el BCRA, respaldadas por la fiscalía nacional de investigaciones administrativas. El mote legal era subversión económica e insolvencia, entre otras cosas. La Justicia federal tramitaba los expedientes. En los interrogatorios, dicen las víctimas, hubo integrantes del BCRA y la CNV, que también dicen que el caso era seguido por Martínez de Hoz. Fueron liberados entre 1979 y 1981. En las privaciones de la libertad intervinieron los coroneles Raúl Gatica, Francisco D’Alessandri, y Roberto Roulades, los comandantes de Gendarmería Víctor Rei y Darío Correa, y el agente del inteligencia Raúl Guglielminetti. Entre noviembre y diciembre de 1978, dice la fiscalía, fue cuando el Banco de Hurlingham –intervenido por Alfredo Cassino– recibió los mayores adelantos del BCRA que lo endeudaron. En 1979 se liquidó la entidad y por resolución del vicepresidente del BCRA, Christian Zimmerman, se decretó la quiebra. En 1986, la Cámara Federal destacó las “graves irregularidades”, dice el fiscal, “que presentaba la causa”. La maniobra es investigada hoy por el juez Rafecas.
La estrategia
“Los casos de Odonne, Defranco Fantín y Grassi-Chavanne respondieron a una lógica, una forma de actuar, un modo de ser y hacer que adoptó una forma sintomática de nuestra estatalidad –aquella que subordina lo público a lo privado–. En ella funcionaron mancomunadamente los referentes del gobierno militar pero, también, los referentes del aparato de Justicia afines al régimen y los organismos estatales con vinculación económica fueron los que, en definitiva, terminaron vaciando los grupos económicos. BCRA, CNV, por citar algunos ejemplos recurrentes”, sostiene Delgado. El BCRA, advierte, actuaba como “juez y parte”: reclamaba acreencias y a la vez disponía intervenciones y liquidaciones de bancos.
En el plano de la Justicia, explica el fiscal, se recurrió sistemáticamente a la figura de “subversión económica” que “abarca una multiplicidad de vagas infracciones permeables a una selectividad penal de hecho que opera a favor de los intereses del poder de turno”. Era la forma de dar aspecto de legalidad a la detención de personas “seleccionadas” que no eran “militantes carentes de visibilidad y capital simbólico a los que sencillamente se podía hacer desaparecer”. “La subversión económica, el aparato de Justicia y la intervención societaria constituyen la estrategia por excelencia”, afirma. El próximo paso será ver cuánto de estas definiciones pueden traducirse en responsabilidades penales.
El represor Santiago O. Riveros se enojó con el dictador Jorge Videla
“Pobrecito, está mal asesorado”
“Fue un acto deleznable, vil y cobarde, me cabeceó el muerto”, dijo en alusión a que el dictador lo mencionó en el caso Santucho.
Por Adriana Meyer
Los represores que decidieron empezar a hablar en los medios y ante la Justicia no aportan demasiado al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad que cometieron. En el juicio por la verdad sobre el destino de los cuerpos de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga, ex dirigentes del ERP, declaró el ex general Santiago Omar Riveros, a quien el dictador Jorge Rafael Videla había señalado como quien sabía el destino de los restos de Santucho. En la audiencia que tuvo lugar en el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de San Martín, Riveros negó tener información sobre el ex líder del ERP. En cambio, se mostró muy locuaz y atacó a Videla. “Lo que hizo fue cobarde”, dijo, pero no se refería a sus crímenes. “Pobrecito, está mal asesorado”, le dedicó, entre otras frases.
A fines de abril, Videla declaró como testigo en esa investigación y reconoció que él ordenó no dar a conocer el lugar donde iban los restos de Santucho para evitar homenajes. “En esa oportunidad –dijo Videla– decidí que era conveniente que no se conociera el lugar del depósito de los restos del señor Santucho, por la expectativa que podía generar. La institución estaba viviendo una guerra y esta no era una noticia cualquiera, Santucho no era un Juan Pérez.”
Cuando le preguntaron quiénes decidieron el destino del cuerpo de Santucho, Videla mencionó a Riveros. Por eso, el juzgado lo convocó y fue interrogado el jueves, en presencia del abogado querellante Pablo Llonto, que representa a Blanca Santucho. A sus 89 años, el ex comandante de Institutos Militares, que cumple arresto domiciliario por las condenas recibidas por delitos cometidos en Campo de Mayo, se mostró en buen estado de salud. Y desplegó una llamativa verborragia, incluso en los cuartos intermedios del trámite judicial. Riveros escuchó la lectura de los dichos de Videla y respondió: “Lo que (Videla) hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde, me cabeceó el muerto, es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto”. Al referirse al ocultamiento del cuerpo de Santucho, expresó: “Creo que a Videla lo han asesorado mal, me extraña que haya dicho eso, lo han obligado a hablar, pero no me puedo hacer cargo de algo que no hice, de un cadáver que no tenía, yo supe por la radio que habían matado a Santucho, fue una operación encubierta de Inteligencia, el capitán (Juan Carlos) Leonetti dependía de Videla”.
Sin embargo, Riveros admitió haber visto el cadáver de Santucho. “Me dijeron que era de Santucho, estaba muy pálido”, describió sobre el cuerpo que vio en la morgue del hospital militar de Campo de Mayo. Y se jactó de que “si Videla me hubiese dicho que hiciera desaparecer ese cuerpo me hubiera dado el lujo de decirle que no”, porque esa era una atribución que tenía por ser general. Y relató que durante una visita a Libia, en 1975, se negó a que allí realizaran un homenaje a Juan Domingo Perón. Antes había contado que cuando era estudiante pintaba consignas “antifascistas”, y que en su opinión Perón era “un dictador”. Casualmente, el día de la declaración, Videla y Riveros coincidieron en el mismo vehículo del Servicio Penitenciario. “Me dijo que quizá me llamaban a declarar, pero no mencionó que me había nombrado”, se quejó el represor.
Según relató Llonto a Página/12, Riveros seguía hablando aun cuando corregían su declaración. “Si dicen que yo, como comandante de Institutos Militares, tenía que manejar todas las escuelas del Ejército, y a su vez luchar contra la subversión, entonces yo era como Napoleón”, comentó ante la mirada azorada de los empleados del juzgado. “Una vez (Roberto) Viola me llamó para preguntarme si yo le había dicho a Videla que él era puto, y le dije que no, que había votado en su contra porque no lo consideraba capaz de ser Presidente”, fue otra de las anécdotas que relató.
“Fue un acto deleznable, vil y cobarde, me cabeceó el muerto”, dijo en alusión a que el dictador lo mencionó en el caso Santucho.
Por Adriana Meyer
Los represores que decidieron empezar a hablar en los medios y ante la Justicia no aportan demasiado al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad que cometieron. En el juicio por la verdad sobre el destino de los cuerpos de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga, ex dirigentes del ERP, declaró el ex general Santiago Omar Riveros, a quien el dictador Jorge Rafael Videla había señalado como quien sabía el destino de los restos de Santucho. En la audiencia que tuvo lugar en el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de San Martín, Riveros negó tener información sobre el ex líder del ERP. En cambio, se mostró muy locuaz y atacó a Videla. “Lo que hizo fue cobarde”, dijo, pero no se refería a sus crímenes. “Pobrecito, está mal asesorado”, le dedicó, entre otras frases.
A fines de abril, Videla declaró como testigo en esa investigación y reconoció que él ordenó no dar a conocer el lugar donde iban los restos de Santucho para evitar homenajes. “En esa oportunidad –dijo Videla– decidí que era conveniente que no se conociera el lugar del depósito de los restos del señor Santucho, por la expectativa que podía generar. La institución estaba viviendo una guerra y esta no era una noticia cualquiera, Santucho no era un Juan Pérez.”
Cuando le preguntaron quiénes decidieron el destino del cuerpo de Santucho, Videla mencionó a Riveros. Por eso, el juzgado lo convocó y fue interrogado el jueves, en presencia del abogado querellante Pablo Llonto, que representa a Blanca Santucho. A sus 89 años, el ex comandante de Institutos Militares, que cumple arresto domiciliario por las condenas recibidas por delitos cometidos en Campo de Mayo, se mostró en buen estado de salud. Y desplegó una llamativa verborragia, incluso en los cuartos intermedios del trámite judicial. Riveros escuchó la lectura de los dichos de Videla y respondió: “Lo que (Videla) hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde, me cabeceó el muerto, es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto”. Al referirse al ocultamiento del cuerpo de Santucho, expresó: “Creo que a Videla lo han asesorado mal, me extraña que haya dicho eso, lo han obligado a hablar, pero no me puedo hacer cargo de algo que no hice, de un cadáver que no tenía, yo supe por la radio que habían matado a Santucho, fue una operación encubierta de Inteligencia, el capitán (Juan Carlos) Leonetti dependía de Videla”.
Sin embargo, Riveros admitió haber visto el cadáver de Santucho. “Me dijeron que era de Santucho, estaba muy pálido”, describió sobre el cuerpo que vio en la morgue del hospital militar de Campo de Mayo. Y se jactó de que “si Videla me hubiese dicho que hiciera desaparecer ese cuerpo me hubiera dado el lujo de decirle que no”, porque esa era una atribución que tenía por ser general. Y relató que durante una visita a Libia, en 1975, se negó a que allí realizaran un homenaje a Juan Domingo Perón. Antes había contado que cuando era estudiante pintaba consignas “antifascistas”, y que en su opinión Perón era “un dictador”. Casualmente, el día de la declaración, Videla y Riveros coincidieron en el mismo vehículo del Servicio Penitenciario. “Me dijo que quizá me llamaban a declarar, pero no mencionó que me había nombrado”, se quejó el represor.
Según relató Llonto a Página/12, Riveros seguía hablando aun cuando corregían su declaración. “Si dicen que yo, como comandante de Institutos Militares, tenía que manejar todas las escuelas del Ejército, y a su vez luchar contra la subversión, entonces yo era como Napoleón”, comentó ante la mirada azorada de los empleados del juzgado. “Una vez (Roberto) Viola me llamó para preguntarme si yo le había dicho a Videla que él era puto, y le dije que no, que había votado en su contra porque no lo consideraba capaz de ser Presidente”, fue otra de las anécdotas que relató.
Sintetizamos la causa Pozo de Banfield y denunciamos cómo la justicia dejó escapar al represor Wolk.
Causa “Pozo de Banfield”
Una instrucción pobre, con un represor prófugo
Confirmando la caracterización de los juicios a los genocidas que las organizaciones de DDHH independientes venimos haciendo, que son tardíos, fragmentados y estirados indefinidamente, en abril pasado el Juez Arnaldo “No Puedo” Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. El resto de los casos, como siempre, quedará para inciertos próximos juicios.
El Pozo
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield. Es importante destacar que este CCD registra detenidos ilegales desde el año 1974, ya que allí fueron alojados una decena de compañeros secuestrados y torturados por la Triple A, y que posteriormente fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso allí fue asesinado en la tortura el 17 de noviembre de 1974 Víctor Taboada, cuyo caso marcó los inicios de la mecánica del Terror de Estado en la década del ‘70.
A partir de 1976 el “Pozo” dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 del Ejército Argentino (La Tablada). Dos de los últimos secuestrados que estuvieron desaparecidos en Banfield fueron Adriana Chamorro y Eduardo Atilio Corro que relataron el proceso de desmantelamiento del lugar en octubre de 1978. Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos. Y los organismos contabilizaron más de 200 represores vinculados a su funcionamiento.
Una de las características específicas del “Pozo de Banfield” fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78.Otra marca distintivas del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD. Martín Ogando, Paula Logares y Victoria Moyano son algunos de los niños apropiados desde este lugar de muerte.
La Causa
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por HIJOS, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 2000 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. Fue sugestiva la imputación de Wolk, alias “El Patón" o "El Alemán”, quien fue uno de los jefes del Pozo de Banfield, porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que lo reconoció en la calle, a partir de lo cual se determinó que vivía en el barrio marplatense de Punta Mogotes y seguía cobrando su jubilación, se lo pudo imputar en la causa. Pese a ello, la indagatoria a Wolk se realizó sin avisar a las querellas y se lo liberó por las famosas “razones de edad y salud”.
En septiembre de 2011, con Corazza de vacaciones se reiteró infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo pasado, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en causas que se investigan en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Corazza. Anteriormente, el colectivo había solicitado varios pedidos de indagatoria de alrededor 200 represores que actuaron en el Pozo de Banfield por los delitos cometidos contra más de 300 víctimas y que se describen en el Trabajo de Recopilación de Datos sobre ese campo realizado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. La insistencia peticionaba la INMEDIATA DETENCIÓN E INDAGATORIA de todos los responsables, desde el entonces dictador Jorge Rafael Videla, hasta los comisarios, oficiales, suboficiales y agentes que se desempeñaron en el Pozo de Banfield y en el Pozo de Quilmes, cuyos nombres, apellidos y números de legajos entregaron al juez hacía ya 4 años.
La compañera de Justicia Ya! Irene Ipolitto, que persiguió a Corazza durante años para que instruyera la causa como debiera hacer, reflexiona que “indudablemente hay una decisión política de no avanzar más que las viejas cadenas de mando y seguir argumentando, tomando como base lo que dice el código, que si no hay compañeros que hayan visto a los represores en los campos no los vana acusar. Creemos que a esta altura esas son excusas, y que exigir eso de los compañeros es no haber entendido nada de cómo funcionó la represión en el Circuito Camps: que los compañeros estuvieron todo el tiempo tabicados y que, por supuesto, los represores no aparecían mostrando la cédula y diciendo ‘yo soy fulano de tal’. Esos argumentos no se sostienen más”.
Un mes después de esto, el 24 de abril de este año, Corazza se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°II de La Plata para realizar el juicio.
Las Excusas
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia.
En resumen serán serán 7 represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos ( ), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario. Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (policía, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas en el que será uno de los juicios de 2013 en La Plata son 134, entre ellas las apropiaciones del hijo de Gabriela Carriquiborde, de Carlos D´Elia Casco, María Lavalle Lemos, Victoria Moyano Artigas y Martín Ogando Montesano.
El tribunal asignado, integrado por Nelson Jarazzo, Alejandro Esmoris y Jorge Micheli, no garantiza ninguna esperanza, si tenemos en cuenta que en agosto de 2009 Jarazzo y Esmoris protagonizaron una cachetada judicial en el proceso desarrollado en Mar del Plata por el caso del secuestro y desaparición de Carlos Labolita. En un juicio parcial y fragmentado en el que se juzgaba tan solo a 2 represores (el general Pedro Mansilla y el Coronel Alejandro Duret) la sentencia del Tribunal ratificó un criterio con el que muchos jueces federales afrontan los juicios a los genocidas: la condena a cárcel perpetua pero domiciliaria en el caso de Mansilla y la absolución lisa y llana de Alejandro Duret pese a tener todas las pruebas a disposición para condenarlo. Esto marcó un precedente muy grave. Duret fue jefe y responsable de inteligencia del Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul en 1976 y fue señalado por la viuda de Labolita como integrante del grupo de tareas que secuestró a Labolita y que volvió a allanar la casa de la familia cinco días después del secuestro, llevando consigo al militante secuestrado con signos de tortura. Aun así los camaristas Jarazo y Esmoris consideraron insuficientes estas irrefutables pruebas y con ello pusieron en duda el valor del testimonio de los sobrevivientes y testigos.
Recién el 10/04/2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia, cosa que publicó en el sitio oficial de Internet C.I.J en la misma fecha. Lentamente, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez Arnaldo Corazza ordena su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el día 3 de mayo que la hija (que es policía) denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata ese mismo 27 de abril.
HOY WOLK ESTA PROFUGO. SIN NINGÚN REGISTRO, SIN NINGUNA EXPLICACION, EXCEPTO LA DE LA IMPUNIDAD Y LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA.
En esta causa, como en varias más, la justicia llegará tarde y a cuentagotas. Pero por la memoria de Adriana Calvo y Virginia Ogando, querellantes en la causa que no llegarán a ver el juicio, estaremos allí para exigir Juicio y Castigo a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
HIJOS LA PLATA
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Una instrucción pobre, con un represor prófugo
Confirmando la caracterización de los juicios a los genocidas que las organizaciones de DDHH independientes venimos haciendo, que son tardíos, fragmentados y estirados indefinidamente, en abril pasado el Juez Arnaldo “No Puedo” Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. El resto de los casos, como siempre, quedará para inciertos próximos juicios.
El Pozo
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield. Es importante destacar que este CCD registra detenidos ilegales desde el año 1974, ya que allí fueron alojados una decena de compañeros secuestrados y torturados por la Triple A, y que posteriormente fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso allí fue asesinado en la tortura el 17 de noviembre de 1974 Víctor Taboada, cuyo caso marcó los inicios de la mecánica del Terror de Estado en la década del ‘70.
A partir de 1976 el “Pozo” dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 del Ejército Argentino (La Tablada). Dos de los últimos secuestrados que estuvieron desaparecidos en Banfield fueron Adriana Chamorro y Eduardo Atilio Corro que relataron el proceso de desmantelamiento del lugar en octubre de 1978. Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos. Y los organismos contabilizaron más de 200 represores vinculados a su funcionamiento.
Una de las características específicas del “Pozo de Banfield” fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78.Otra marca distintivas del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD. Martín Ogando, Paula Logares y Victoria Moyano son algunos de los niños apropiados desde este lugar de muerte.
La Causa
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por HIJOS, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 2000 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. Fue sugestiva la imputación de Wolk, alias “El Patón" o "El Alemán”, quien fue uno de los jefes del Pozo de Banfield, porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que lo reconoció en la calle, a partir de lo cual se determinó que vivía en el barrio marplatense de Punta Mogotes y seguía cobrando su jubilación, se lo pudo imputar en la causa. Pese a ello, la indagatoria a Wolk se realizó sin avisar a las querellas y se lo liberó por las famosas “razones de edad y salud”.
En septiembre de 2011, con Corazza de vacaciones se reiteró infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo pasado, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en causas que se investigan en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Corazza. Anteriormente, el colectivo había solicitado varios pedidos de indagatoria de alrededor 200 represores que actuaron en el Pozo de Banfield por los delitos cometidos contra más de 300 víctimas y que se describen en el Trabajo de Recopilación de Datos sobre ese campo realizado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. La insistencia peticionaba la INMEDIATA DETENCIÓN E INDAGATORIA de todos los responsables, desde el entonces dictador Jorge Rafael Videla, hasta los comisarios, oficiales, suboficiales y agentes que se desempeñaron en el Pozo de Banfield y en el Pozo de Quilmes, cuyos nombres, apellidos y números de legajos entregaron al juez hacía ya 4 años.
La compañera de Justicia Ya! Irene Ipolitto, que persiguió a Corazza durante años para que instruyera la causa como debiera hacer, reflexiona que “indudablemente hay una decisión política de no avanzar más que las viejas cadenas de mando y seguir argumentando, tomando como base lo que dice el código, que si no hay compañeros que hayan visto a los represores en los campos no los vana acusar. Creemos que a esta altura esas son excusas, y que exigir eso de los compañeros es no haber entendido nada de cómo funcionó la represión en el Circuito Camps: que los compañeros estuvieron todo el tiempo tabicados y que, por supuesto, los represores no aparecían mostrando la cédula y diciendo ‘yo soy fulano de tal’. Esos argumentos no se sostienen más”.
Un mes después de esto, el 24 de abril de este año, Corazza se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°II de La Plata para realizar el juicio.
Las Excusas
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia.
En resumen serán serán 7 represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos ( ), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario. Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (policía, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas en el que será uno de los juicios de 2013 en La Plata son 134, entre ellas las apropiaciones del hijo de Gabriela Carriquiborde, de Carlos D´Elia Casco, María Lavalle Lemos, Victoria Moyano Artigas y Martín Ogando Montesano.
El tribunal asignado, integrado por Nelson Jarazzo, Alejandro Esmoris y Jorge Micheli, no garantiza ninguna esperanza, si tenemos en cuenta que en agosto de 2009 Jarazzo y Esmoris protagonizaron una cachetada judicial en el proceso desarrollado en Mar del Plata por el caso del secuestro y desaparición de Carlos Labolita. En un juicio parcial y fragmentado en el que se juzgaba tan solo a 2 represores (el general Pedro Mansilla y el Coronel Alejandro Duret) la sentencia del Tribunal ratificó un criterio con el que muchos jueces federales afrontan los juicios a los genocidas: la condena a cárcel perpetua pero domiciliaria en el caso de Mansilla y la absolución lisa y llana de Alejandro Duret pese a tener todas las pruebas a disposición para condenarlo. Esto marcó un precedente muy grave. Duret fue jefe y responsable de inteligencia del Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul en 1976 y fue señalado por la viuda de Labolita como integrante del grupo de tareas que secuestró a Labolita y que volvió a allanar la casa de la familia cinco días después del secuestro, llevando consigo al militante secuestrado con signos de tortura. Aun así los camaristas Jarazo y Esmoris consideraron insuficientes estas irrefutables pruebas y con ello pusieron en duda el valor del testimonio de los sobrevivientes y testigos.
Recién el 10/04/2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia, cosa que publicó en el sitio oficial de Internet C.I.J en la misma fecha. Lentamente, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez Arnaldo Corazza ordena su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el día 3 de mayo que la hija (que es policía) denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata ese mismo 27 de abril.
HOY WOLK ESTA PROFUGO. SIN NINGÚN REGISTRO, SIN NINGUNA EXPLICACION, EXCEPTO LA DE LA IMPUNIDAD Y LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA.
En esta causa, como en varias más, la justicia llegará tarde y a cuentagotas. Pero por la memoria de Adriana Calvo y Virginia Ogando, querellantes en la causa que no llegarán a ver el juicio, estaremos allí para exigir Juicio y Castigo a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
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Romano, sin asilo
El gobierno de Piñera desestimó que existiera una supuesta persecución contra Otilio Romano, procesado en Argentina por delitos de lesa humanidad. También le anuló la visa de residencia temporal. Ahora la Corte chilena analiza si lo extradita o no.
Por Irina Hauser
El gobierno chileno rechazó el pedido de refugio del ex camarista mendocino Otilio Romano con el argumento de que no lo considera un perseguido político y, además, le anuló la visa de residencia temporaria que le dio resguardo a pesar de estar prófugo. Romano está procesado por la Justicia argentina como partícipe primario de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando actuaba como fiscal y juez subrogante en su provincia. La resolución del Ministerio del Interior de Chile es concluyente: “Del estudio de todos los antecedentes aportados y recabados no fue posible acreditar la existencia de un fundado temor de persecución”, dice. Esta decisión aumenta las posibilidades de que la Corte Suprema del país vecino resuelva extraditarlo, ya que le resta argumentos y pone en evidencia que habría sobreactuado en busca de protección. El juicio de extradición está en pleno trámite.
Romano se escapó a Chile en agosto del año pasado, un día antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera suspenderlo y abrirle juicio político. Pero no huía únicamente del jury, sino de la investigación penal en su contra. En el expediente judicial, que impulsó el fiscal Omar Palermo, se le atribuye haber tenido participación en 103 casos de secuestros, torturas y hasta robo de bienes de desaparecidos, desde tiempo antes del golpe de Estado –cuando la Justicia aplicaba la ley 20.840 conocida como “ley antisubversiva”– y a lo largo del régimen dictatorial. En el momento que huyó, Romano no tenía orden de detención, por eso pudo tomarse un avión sin problemas. Fue su demostración de reticencia a someterse a la Justicia lo que determinó que el juez Walter Bento decidiera pedir su captura internacional, aunque recién se activó cuando fue destituido, a mediados de diciembre. Luego siguió el pedido de extradición desde el gobierno argentino.
Romano estaba fugitivo pero hacía declaraciones victimizándose. “No sé de qué carajo se me acusa”, protestó, y dijo que era blanco de “una persecución y venganza de personeros de izquierda”. Con una línea argumental similar, pidió refugio ante el gobierno de Sebastián Piñera. Un punto central de su planteo era que el Gobierno lo perseguía porque como camarista había firmado el fallo que suspendió con efectos generales la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (luego revertido y fuertemente criticado por la Corte Suprema). El Ministerio del Interior chileno, sin embargo, le contestó que las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura son anteriores a la firma de aquella sentencia, por lo tanto “no se acredita que dicha circunstancia sea la causa principal de la persecución que alega”. Tampoco se puede decir, evaluó, que “su enjuiciamiento sea de carácter discriminatorio”.
La resolución del gobierno chileno, que surge del análisis de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, dice que “los vicios o defectos de carácter procesal-constitucional” que Romano adjudica a los “expedientes seguidos en su contra” no muestran “persecución”. Añade que tampoco demostró que se lo haya “privado de las garantías de un debido proceso” previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni que las instituciones argentinas no le “garantizan los estándares mínimos de un Estado de Derecho”, ni probó “falta de autonomía o imparcialidad” de la Justicia. La conclusión es que no se da ninguno de los requisitos que prevé la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
“Chile siempre es respetuoso de los países vecinos. Argentina tiene la prioridad para hacer los juzgamientos de sus nacionales, de quienes piden requerimiento, siempre hemos actuado de la misma manera”, le dijo ayer el ministro vocero del gobierno chileno Andrés Chadwick al diario El Sol online de Mendoza. “En Argentina hay un Estado de Derecho y los tribunales de Justicia tienen la facultad para hacer la investigación que corresponda”, señaló. Romano tiene tres días para apelar el rechazo al asilo y la anulación de la visa provisoria. No le quedarían, de todos modos, chances para esperar que se revierta. Apenas puede depositar una mínima esperanza en la Corte Suprema chilena, que es la que tramita la extradición.
Interpol detuvo a Romano por unas horas el 24 de febrero último en el departamento que habita en el coqueto balneario de Reñaca, que muchos mendocinos eligen como destino de vacaciones. Fue para llevarlo a declarar en los inicios del juicio de extradición en la Corte, donde repitió su libreto. Al final le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”: tiene que volver todas las noches a dormir al mismo lugar, allí en Reñaca. El proceso de extradición está a cargo de un juez supremo que lo instruye, Adalis Oyarzún Miranda, quien en los últimos días requirió gran cantidad de legislación argentina e internacional para analizar el caso (desde la Constitución, el Código Penal, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como las normas que las anularon, entre otras cosas). El instructor es el que resuelve, pero su decisión es apelable ante el pleno de la Corte. El desenlace no sería tan lejano. Si la Corte lo extradita, será deportado para ser juzgado en Argentina. Si rechaza devolverlo, habrá que ver si consigue un permiso de residencia.
El abogado Pablo Salinas (del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza), quien impulsó la investigación contra Romano, dijo que “con el rechazo a darle refugio se le cierran las puertas. Es una señal fuerte de parte del gobierno de Piñera, que nos hace tener la esperanza de que pronto lo tendremos acá para juzgarlo y que posiblemente sea Mendoza la primera que le haga juicio a él y otro grupo de jueces que fueron cómplices de la dictadura”.
Por Irina Hauser
El gobierno chileno rechazó el pedido de refugio del ex camarista mendocino Otilio Romano con el argumento de que no lo considera un perseguido político y, además, le anuló la visa de residencia temporaria que le dio resguardo a pesar de estar prófugo. Romano está procesado por la Justicia argentina como partícipe primario de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando actuaba como fiscal y juez subrogante en su provincia. La resolución del Ministerio del Interior de Chile es concluyente: “Del estudio de todos los antecedentes aportados y recabados no fue posible acreditar la existencia de un fundado temor de persecución”, dice. Esta decisión aumenta las posibilidades de que la Corte Suprema del país vecino resuelva extraditarlo, ya que le resta argumentos y pone en evidencia que habría sobreactuado en busca de protección. El juicio de extradición está en pleno trámite.
Romano se escapó a Chile en agosto del año pasado, un día antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera suspenderlo y abrirle juicio político. Pero no huía únicamente del jury, sino de la investigación penal en su contra. En el expediente judicial, que impulsó el fiscal Omar Palermo, se le atribuye haber tenido participación en 103 casos de secuestros, torturas y hasta robo de bienes de desaparecidos, desde tiempo antes del golpe de Estado –cuando la Justicia aplicaba la ley 20.840 conocida como “ley antisubversiva”– y a lo largo del régimen dictatorial. En el momento que huyó, Romano no tenía orden de detención, por eso pudo tomarse un avión sin problemas. Fue su demostración de reticencia a someterse a la Justicia lo que determinó que el juez Walter Bento decidiera pedir su captura internacional, aunque recién se activó cuando fue destituido, a mediados de diciembre. Luego siguió el pedido de extradición desde el gobierno argentino.
Romano estaba fugitivo pero hacía declaraciones victimizándose. “No sé de qué carajo se me acusa”, protestó, y dijo que era blanco de “una persecución y venganza de personeros de izquierda”. Con una línea argumental similar, pidió refugio ante el gobierno de Sebastián Piñera. Un punto central de su planteo era que el Gobierno lo perseguía porque como camarista había firmado el fallo que suspendió con efectos generales la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (luego revertido y fuertemente criticado por la Corte Suprema). El Ministerio del Interior chileno, sin embargo, le contestó que las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura son anteriores a la firma de aquella sentencia, por lo tanto “no se acredita que dicha circunstancia sea la causa principal de la persecución que alega”. Tampoco se puede decir, evaluó, que “su enjuiciamiento sea de carácter discriminatorio”.
La resolución del gobierno chileno, que surge del análisis de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, dice que “los vicios o defectos de carácter procesal-constitucional” que Romano adjudica a los “expedientes seguidos en su contra” no muestran “persecución”. Añade que tampoco demostró que se lo haya “privado de las garantías de un debido proceso” previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni que las instituciones argentinas no le “garantizan los estándares mínimos de un Estado de Derecho”, ni probó “falta de autonomía o imparcialidad” de la Justicia. La conclusión es que no se da ninguno de los requisitos que prevé la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
“Chile siempre es respetuoso de los países vecinos. Argentina tiene la prioridad para hacer los juzgamientos de sus nacionales, de quienes piden requerimiento, siempre hemos actuado de la misma manera”, le dijo ayer el ministro vocero del gobierno chileno Andrés Chadwick al diario El Sol online de Mendoza. “En Argentina hay un Estado de Derecho y los tribunales de Justicia tienen la facultad para hacer la investigación que corresponda”, señaló. Romano tiene tres días para apelar el rechazo al asilo y la anulación de la visa provisoria. No le quedarían, de todos modos, chances para esperar que se revierta. Apenas puede depositar una mínima esperanza en la Corte Suprema chilena, que es la que tramita la extradición.
Interpol detuvo a Romano por unas horas el 24 de febrero último en el departamento que habita en el coqueto balneario de Reñaca, que muchos mendocinos eligen como destino de vacaciones. Fue para llevarlo a declarar en los inicios del juicio de extradición en la Corte, donde repitió su libreto. Al final le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”: tiene que volver todas las noches a dormir al mismo lugar, allí en Reñaca. El proceso de extradición está a cargo de un juez supremo que lo instruye, Adalis Oyarzún Miranda, quien en los últimos días requirió gran cantidad de legislación argentina e internacional para analizar el caso (desde la Constitución, el Código Penal, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como las normas que las anularon, entre otras cosas). El instructor es el que resuelve, pero su decisión es apelable ante el pleno de la Corte. El desenlace no sería tan lejano. Si la Corte lo extradita, será deportado para ser juzgado en Argentina. Si rechaza devolverlo, habrá que ver si consigue un permiso de residencia.
El abogado Pablo Salinas (del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza), quien impulsó la investigación contra Romano, dijo que “con el rechazo a darle refugio se le cierran las puertas. Es una señal fuerte de parte del gobierno de Piñera, que nos hace tener la esperanza de que pronto lo tendremos acá para juzgarlo y que posiblemente sea Mendoza la primera que le haga juicio a él y otro grupo de jueces que fueron cómplices de la dictadura”.
Se realizará inspección en el destacamente de la Policía Federal de C. del Uruguay
Martn Turriani Este tramo de proceso se tratará específicamente la causa Nº 1.960/10, en el que la semana que viene se dará cierre a la investigación de los hechos ocurridos en el C. del Uruguay con una inspección ocular de la Policía Federal de La Histórica. Los procesados en esta instancia son: Albano Harguindeguy (Ministro del Interior de Videla), Francisco Crescenzo (Oficial de la policía Federal Argentina), Julio César Rodríguez (suboficial que prestó servicios en la delegación de Concepción del Uruguay de la Policía de Entre Ríos) y Juan Miguel Valentino (Mayor, jefe del Escuadrón de Caballería Blindada 2 de Gualeguaychú). Los delitos de los que se acusa a estos cuatro ex militares son: asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y torturas.
El primero en declarar este viernes fue Ramón Benítez, quién en 1977 militaba en el Partido Comunista de C del Uruguay. Benítez narró ante el Tribunal que en 1977 recibió en su casa una citación para que se presente en la Policía de la provincia. Se presentó en la policía de suburbios donde pasó la primera noche, luego estuvo en el Ejercito y la Departamental de la Policía de la Provincia, donde paso una noche en cada lugar, para terminar su derrotero en la Policía Federal de C. del Uruguay. Continuando con su relato Benítez afirmó que: “en la Federal me tenían en un calabozo donde todas las noches me interrogaban y me torturaban”.
Es testigo, a quien se notaba muy nervioso y hasta angustiado, dijo no haber visto a nadie en las mismas condiciones que él, pero que todas las noches escuchaba “alaridos desgarradores”. Benítez le dijo al tribunal que hasta el día de hoy sufre dolores en su columna producto de una patada que le dieron en una sesión de tortura y que no pudo identificar a ninguno de sus agresores porque siempre lo tenían encapuchado y esposado.
Pasado un mes de su llegada a la Policía Federal, Benítez fue trasladado al Regimiento de C. del Uruguay donde dos militares a los que identificó con los apellidos Delpierri y Palacios le dijeron estaba liberado, pero que tuviera cuidado porque iba a seguir siendo vigilado.
Benítez también se referencia a que en 1974 hizo la el servicio militar obligatorio en Córdoba. Al respecto dijo el testigo:”nos instruían como teníamos que tratar a los detenidos para que nos de información, como teníamos que apretarlos”.
Roberto Scheothauer fue el segundo en declarar. El testigo propuesto por la defensa dijo que en marzo de 1975 se inició como soldado en el Regimiento de Gualeguaychú. Scheothauer dijo que en 1976 fue designado como chofer del entonces jefe del Regimiento, mayor Valentino. El testigo dijo no haber visto, ni sabido de ningún comentario sobre la existencia de detenidos en el destacamento militar.
En el transcurso de su relato Scheothauer dijo en referencia al periodo de la dictadura que “había que cuidarse mucho, había un gran problema en la calle, en los montes tucumanos. Uno tenía que estar armado”.
Al final de su testimonio Scheothauer se dirigió al tribunal dirigido por Liliana Carnero “el tribunal debe tener en cuenta la época. Los militares teníamos miedo, eran tiempos muy difíciles”.
El último en declarar fue José Antonio San Román, quien vivía en calle San Martín 581, frente a la Policía Federal de Concepción del Uruguay. San Román vivió allí hasta el año 1976 pero no pudo especificar hasta que mes, por lo que no se pudo establecer si estaba en el lugar al momento de los hechos denunciados.
El primero en declarar este viernes fue Ramón Benítez, quién en 1977 militaba en el Partido Comunista de C del Uruguay. Benítez narró ante el Tribunal que en 1977 recibió en su casa una citación para que se presente en la Policía de la provincia. Se presentó en la policía de suburbios donde pasó la primera noche, luego estuvo en el Ejercito y la Departamental de la Policía de la Provincia, donde paso una noche en cada lugar, para terminar su derrotero en la Policía Federal de C. del Uruguay. Continuando con su relato Benítez afirmó que: “en la Federal me tenían en un calabozo donde todas las noches me interrogaban y me torturaban”.
Es testigo, a quien se notaba muy nervioso y hasta angustiado, dijo no haber visto a nadie en las mismas condiciones que él, pero que todas las noches escuchaba “alaridos desgarradores”. Benítez le dijo al tribunal que hasta el día de hoy sufre dolores en su columna producto de una patada que le dieron en una sesión de tortura y que no pudo identificar a ninguno de sus agresores porque siempre lo tenían encapuchado y esposado.
Pasado un mes de su llegada a la Policía Federal, Benítez fue trasladado al Regimiento de C. del Uruguay donde dos militares a los que identificó con los apellidos Delpierri y Palacios le dijeron estaba liberado, pero que tuviera cuidado porque iba a seguir siendo vigilado.
Benítez también se referencia a que en 1974 hizo la el servicio militar obligatorio en Córdoba. Al respecto dijo el testigo:”nos instruían como teníamos que tratar a los detenidos para que nos de información, como teníamos que apretarlos”.
Roberto Scheothauer fue el segundo en declarar. El testigo propuesto por la defensa dijo que en marzo de 1975 se inició como soldado en el Regimiento de Gualeguaychú. Scheothauer dijo que en 1976 fue designado como chofer del entonces jefe del Regimiento, mayor Valentino. El testigo dijo no haber visto, ni sabido de ningún comentario sobre la existencia de detenidos en el destacamento militar.
En el transcurso de su relato Scheothauer dijo en referencia al periodo de la dictadura que “había que cuidarse mucho, había un gran problema en la calle, en los montes tucumanos. Uno tenía que estar armado”.
Al final de su testimonio Scheothauer se dirigió al tribunal dirigido por Liliana Carnero “el tribunal debe tener en cuenta la época. Los militares teníamos miedo, eran tiempos muy difíciles”.
El último en declarar fue José Antonio San Román, quien vivía en calle San Martín 581, frente a la Policía Federal de Concepción del Uruguay. San Román vivió allí hasta el año 1976 pero no pudo especificar hasta que mes, por lo que no se pudo establecer si estaba en el lugar al momento de los hechos denunciados.
Blaquier fue citado a indagatoria por la "Noche del Apagón"
En ese sentido, la citación a indagatoria al empresario Carlos Pedro Blaquier y la detención de los cuatro policías que actuaron en la "Noche del Apagón", fue calificada hoy por el titular dela Unidad Fiscalde Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, Jorge Auat, como "un hecho histórico, porque se trata de un empresario emblemático".
El Jefe de los Fiscales para los casos de violaciones a los derechos humanos destacó que la llegada del juez Fernando Poviña, subrogante del Juzgado Federal 2 de la capital jujeña, en reemplazo del cuestionado Carlos Olivera Pastor, denunciado por organismos de derechos humanos y legisladores provinciales, "terminó con la impunidad en esa provincia".
Por su parte, el abogado de la querella, Pablo Pelazzo confirmó a Télam la detención de cuatro policías en la causa en la que se investiga el secuestro, tortura y muerte de unos 400 trabajadores, estudiantes y profesionales durante la "Noche del Apagón" entre el 20 y 27 de julio de 1976 por parte de fuerzas de seguridad y capataces de la empresa Ledesma, según la denuncia.
"El juez detuvo a José Américo Lescano, Pedro Ríos, Virgilio Choffi y Carlos Cachambe, ellos eran policías que actuaron en la represión. Están detenidos y no fueron indagados aún. Es probable que sean imputados por las muertes", detalló a Télam desde Jujuy el abogado querellante.
Poviña llamó a indagatoria al ex administrador de la poderosa empresa Ledesma, Alberto Lemos para el 17 de mayo mientras que Blaquier debe presentarse en el juzgado al día siguiente.
Pelazzo precisó, ante versiones que circulaban en la capital jujeña en el sentido que Blaquier podría salir del país que "la misma cédula de citacion estableció que no puede ausentarse".
Los querellantes, entre los que se encuentran los hermanos Adriana y Ricardo Aredez, hijos del intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez, secuestrado durante los trágicos sucesos, cuentan con dos abogados más: Néstor Ariel Ruarte y Paula Alvarez Carreras que representan a hijos, familiares y ex presos.
Pelazzo manifestó la enorme expectativa de las víctimas de la represión al destacar lo que consideró "un vuelco" en la causa por los allanamientos a la empresa Ledesma y la citación a indagatoria de Blaquier.
De todos modos marcó quela Fiscalía"imputa solamente privación ilegítima de la libertad pero los querellantes hablamos de tortura, desaparición y muerte" de centenares de trabajadores, vecinos, profesionales y estudiantes, entre otros que vivían en el pueblito norteño.
Algunos de los querellantes sobrevivientes son Hilda Figueroa, estudiante; Ernesto Saman, empleado del ingenio azucarero; Eulogia Cordero de Garnica, esposa de trabajador fundador de Sindicato de Zafreros de Ledesma, quien sobrevivió y murió en democracia aunque sus hijos, Miguel Angel y Donato continúan desaparecidos.
Auat, en tanto, tras detallar que en Jujuy hay 130 víctimas de la represión "aún no hubo juicio y eso era mas que alarmante. Nosotros denunciamos esta situación hace tres años, hicimos planteos pero el panorama era sombrío, oscuro" y culpó al ex juez de la causa, Olivera Pastor, por las demoras y falta de investigación en las causas en esa provincia norteña.
Sobre el avance de la causa, el abogado de las víctimas dijo que la expectativa es que el 18 de mayo Blaquier declare y "ya veremos cómo seguimos" para conseguir justicia.
Ayer, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de ex presos políticos durante la dictadura militar denunciaron que la empresa Ledesma "realizó prácticas de espionaje en plena democracia", lo que se suma a la investigación del rol que cumplió el ingenio enla Nochedel Apagón que investigadores sitúan entre el 20 y 27 de julio de 1976.
Durante esas jornadas, fuerzas de seguridad secuestraron estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas y vecinos sospechados de ser activistas, entre ellos el intendente Luis Arédez.
Los detenidos fueron alojados en galpones de la empresa azucarera quienes estuvieron "durante meses atados, incomunicados y torturados", muchos de los cuales sobrevivieron y son los actuales querellantes.
Videla y su Dios de la Muerte
Por Luis Miguel Baronetto *
A los 86 años, cuando se le acerca el final, Videla, católico de estilo medieval, apela a la magia de su religión para confesar sus crímenes.
“Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace”, ha declarado este ex general, condenado a prisión perpetua por tantos asesinatos nunca reconocidos. La religión le tolera exculparse descargando sus crímenes en su dios. El infantilismo al que lo somete esa religión le sirve para ampararse en la fatalidad divina. Un destino fatal que ofende su propia dignidad porque niega la libertad humana y la consecuente responsabilidad de los actos que cada uno debe asumir, si no ha perdido la razón y cree en el Dios de la Biblia. Está claro que Videla no cree en ese Dios. Su dios es el que le predicaron los vicarios castrenses. Es el dios de la muerte. Un dios justificador de los baños de sangre “para redimir la Nación”, como alentaba Mons. Bonamín. Un dios defensor de un orden “occidental y cristiano”, es decir que no es para todos, sino achicado a la propia y egoísta necesidad del desorden establecido por minorías poderosas causante de las injusticias sociales. El dios de Videla es el que salva matando, “unos siete u ocho mil”, según sus dichos, como si se tratara de ladrillos o postes. Muy lejos del Dios de la Biblia bondadoso, respetuoso de la libertad del ser humano y lleno de misericordia, que libera a los cautivos (Lc.4, 18), derriba a los poderosos de sus tronos y sacia el hambre de los pobres. (Lc.1, 52).
Tan cobarde el ex general que reconociendo los crímenes, los oculta. “Cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de la muerte”, dijo. Si no conociéramos los mecanismos del terrorismo de estado que gracias a los juicios han sido develados, podríamos sospechar de alguna enfermedad mental, que lo haría inimputable. Pero, este asesino aplaudido como presidente de la nación por muchos que ahora lo niegan, se refugia en un lenguaje mentiroso, tratando de autoengañarse a la hora de la verdad, que no podrá ocultar, por más que pretenda creerse elegido desde la eternidad para cometer sus crímenes. “Yo acepto la voluntad de dios. Creo que dios nunca me soltó la mano.” Tampoco se la soltaron algunos de sus más jerarquizados representantes en la tierra. Según ha declarado este mismo Videla como imputado y procesado en el asesinato de Mons. Enrique Angelelli, fue el Nuncio Apostólico Pio Laghi quien “sin hesitar, me respondió: Presidente, la Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de Mons. Angelelli fue producto (sic) por un accidente; Ud. puede dormir tranquilo respecto de este asunto.”
Si es cierto que la cobardía es prima hermana de la soberbia, Videla es buen defensor de la familia. En un soberbio delirio mesiánico, cumple con el destino señalado por la voluntad de su dios. Pero este dios, según la cobarde teología de Videla, lo quiere siempre como infante de pantalones cortos. Por eso necesita que no le suelte la mano. Y si alguna duda tenía, para evacuarla estaban personajes tan jerarquizados como Pio Laghi, que lo acunaba para que pudiera dormir tranquilo.
Todo lo contrario al Mesías de la Biblia, que terminó torturado y crucificado. Más aún, quejándose por el abandono de Dios: “Eloí, Eloí, ¿lamá sabactaní?...¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (Mc.15, 34).
Por más ataque de misticismo que padezca al acercársele la hora inexorable, Videla no será perdonado ni por su dios. Porque según el catecismo más antiguo para merecerlo hace falta examinar la conciencia, reconocer la culpa, dolerse del pecado y proponerse enmendarlo. En vez de todo esto, el infante Videla optó por culpar a su dios, que según se deduce de sus propias palabras es el dios de la muerte. Nada que ver con el Dios de la Biblia que dice: “He venido para que tengan vida y vida en abundancia”. (Jn.10, 10).
* Director de la Revista Tiempo Latinoamericano. Querellante en la causa por el homicidio de monseñor Angelelli.
A los 86 años, cuando se le acerca el final, Videla, católico de estilo medieval, apela a la magia de su religión para confesar sus crímenes.
“Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace”, ha declarado este ex general, condenado a prisión perpetua por tantos asesinatos nunca reconocidos. La religión le tolera exculparse descargando sus crímenes en su dios. El infantilismo al que lo somete esa religión le sirve para ampararse en la fatalidad divina. Un destino fatal que ofende su propia dignidad porque niega la libertad humana y la consecuente responsabilidad de los actos que cada uno debe asumir, si no ha perdido la razón y cree en el Dios de la Biblia. Está claro que Videla no cree en ese Dios. Su dios es el que le predicaron los vicarios castrenses. Es el dios de la muerte. Un dios justificador de los baños de sangre “para redimir la Nación”, como alentaba Mons. Bonamín. Un dios defensor de un orden “occidental y cristiano”, es decir que no es para todos, sino achicado a la propia y egoísta necesidad del desorden establecido por minorías poderosas causante de las injusticias sociales. El dios de Videla es el que salva matando, “unos siete u ocho mil”, según sus dichos, como si se tratara de ladrillos o postes. Muy lejos del Dios de la Biblia bondadoso, respetuoso de la libertad del ser humano y lleno de misericordia, que libera a los cautivos (Lc.4, 18), derriba a los poderosos de sus tronos y sacia el hambre de los pobres. (Lc.1, 52).
Tan cobarde el ex general que reconociendo los crímenes, los oculta. “Cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de la muerte”, dijo. Si no conociéramos los mecanismos del terrorismo de estado que gracias a los juicios han sido develados, podríamos sospechar de alguna enfermedad mental, que lo haría inimputable. Pero, este asesino aplaudido como presidente de la nación por muchos que ahora lo niegan, se refugia en un lenguaje mentiroso, tratando de autoengañarse a la hora de la verdad, que no podrá ocultar, por más que pretenda creerse elegido desde la eternidad para cometer sus crímenes. “Yo acepto la voluntad de dios. Creo que dios nunca me soltó la mano.” Tampoco se la soltaron algunos de sus más jerarquizados representantes en la tierra. Según ha declarado este mismo Videla como imputado y procesado en el asesinato de Mons. Enrique Angelelli, fue el Nuncio Apostólico Pio Laghi quien “sin hesitar, me respondió: Presidente, la Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de Mons. Angelelli fue producto (sic) por un accidente; Ud. puede dormir tranquilo respecto de este asunto.”
Si es cierto que la cobardía es prima hermana de la soberbia, Videla es buen defensor de la familia. En un soberbio delirio mesiánico, cumple con el destino señalado por la voluntad de su dios. Pero este dios, según la cobarde teología de Videla, lo quiere siempre como infante de pantalones cortos. Por eso necesita que no le suelte la mano. Y si alguna duda tenía, para evacuarla estaban personajes tan jerarquizados como Pio Laghi, que lo acunaba para que pudiera dormir tranquilo.
Todo lo contrario al Mesías de la Biblia, que terminó torturado y crucificado. Más aún, quejándose por el abandono de Dios: “Eloí, Eloí, ¿lamá sabactaní?...¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (Mc.15, 34).
Por más ataque de misticismo que padezca al acercársele la hora inexorable, Videla no será perdonado ni por su dios. Porque según el catecismo más antiguo para merecerlo hace falta examinar la conciencia, reconocer la culpa, dolerse del pecado y proponerse enmendarlo. En vez de todo esto, el infante Videla optó por culpar a su dios, que según se deduce de sus propias palabras es el dios de la muerte. Nada que ver con el Dios de la Biblia que dice: “He venido para que tengan vida y vida en abundancia”. (Jn.10, 10).
* Director de la Revista Tiempo Latinoamericano. Querellante en la causa por el homicidio de monseñor Angelelli.
Fuera Julio Petra, juez que ayudó a represores y cómplices
Uno menos en la Justicia
La Presidenta le aceptó la renuncia a su cargo de juez de la Cámara Federal de Mendoza. La había presentado al verse acorralado por el Consejo de la Magistratura, donde se lo investigaba por poner trabas al avance de las causas sobre crímenes de lesa humanidad.
Por Irina Hauser
Julio Demetrio Petra, acusado de favorecer a represores y de haber intentado ayudar a su compañero de tribunal, el prófugo Otilio Romano, en la causa penal donde se le imputan 103 casos de violaciones a los derechos humanos, dejó de ser juez. La presidenta Cristina Kirchner le aceptó la renuncia al cargo de camarista de Mendoza, que había presentado en noviembre pasado acorralado por denuncias que analizaba el Consejo de la Magistratura, que lo tenía citado para el 22 de mayo. El organismo destituyó el año pasado a sus ex colegas Romano y Luis Miret por considerar que actuaron en complicidad con el terrorismo de Estado desde los tribunales mendocinos –como fiscal y juez, respectivamente– durante la dictadura. Los organismos de derechos humanos advertían que, en democracia, tanto ellos dos como Petra ponían trabas, desde la Cámara Federal, al avance de las causas por crímenes de lesa humanidad.
La imagen de Petra circuló por todas partes cuando fue fotografiado en 2010 cenando con vino y champán en un restaurante céntrico de Mendoza con su amigo Romano. Fue después de que la Cámara mendocina, precisamente con el voto de Petra incluido, apartara al juez de primera instancia Walter Bento de la investigación en la que había citado a indagatoria a Romano como presunto partícipe en secuestros, torturas y robo de bienes de desaparecidos, donde están imputados otros ex magistrados, como Miret. Unos meses después, el mismo tribunal integrado por otros camaristas, repuso a Bento y la causa avanzó. Romano huyó a Chile, donde pidió asilo pero ahora enfrenta un juicio de extradición. Petra fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho) al tratar de ayudar a su amigo en lugar de excusarse. Lo decidió el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, quien recordó en su fallo que la Cámara de Casación le había prohibido intervenir en causas de derechos humanos.
Los expedientes contra Petra en el Consejo de la Magistratura no sólo aludían a la resolución favorable a Romano, sino que incluían cuestionamientos a su actuación en otras causas por sobre los crímenes de la dictadura. Los organismos de derechos humanos lo responsabilizaban por liberar en forma masiva a policías y militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Al teniente coronel (RE) Luis Stuhldreher, quien fue interventor de San Rafael en 1976, le dictó falta de mérito en la causa por la desaparición de Héctor Fagetti, pero extendió esa medida a 18 desapariciones más a pesar de que esos expedientes no habían llegado al tribunal. La jueza sanjuanina Margarita Camus cuestionó a Petra también por la liberación de Osvaldo Martel, a quien reconoció como su torturador durante su detención en el penal de Chimbas en 1976. En varios de los fallos beneficiosos para los represores, junto con Petra firmaba Carlos Pereyra González, quien renunció en 2009, cuando el Tribunal Oral Federal de San Luis lo denunció por encubrir torturas siendo secretario durante la dictadura. Petra tenía cita con los consejeros este mes.
La trama de los jueces mendocinos ha puesto en evidencia la complicidad de algunos de ellos con el terrorismo de Estado, y los mecanismos que ya en el período constitucional pusieron en práctica para favorecer a los acusados de delitos de lesa humanidad, y a sí mismos. “En los últimos años eran los que entorpecían los juicios: Pereyra González, Romano, Miret, Petra”, dice Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, organismo que motorizó las investigaciones. “La renuncia de Petra –dice con satisfacción– cierra el capítulo de la Justicia federal cómplice en Mendoza.”
La Presidenta le aceptó la renuncia a su cargo de juez de la Cámara Federal de Mendoza. La había presentado al verse acorralado por el Consejo de la Magistratura, donde se lo investigaba por poner trabas al avance de las causas sobre crímenes de lesa humanidad.
Por Irina Hauser
Julio Demetrio Petra, acusado de favorecer a represores y de haber intentado ayudar a su compañero de tribunal, el prófugo Otilio Romano, en la causa penal donde se le imputan 103 casos de violaciones a los derechos humanos, dejó de ser juez. La presidenta Cristina Kirchner le aceptó la renuncia al cargo de camarista de Mendoza, que había presentado en noviembre pasado acorralado por denuncias que analizaba el Consejo de la Magistratura, que lo tenía citado para el 22 de mayo. El organismo destituyó el año pasado a sus ex colegas Romano y Luis Miret por considerar que actuaron en complicidad con el terrorismo de Estado desde los tribunales mendocinos –como fiscal y juez, respectivamente– durante la dictadura. Los organismos de derechos humanos advertían que, en democracia, tanto ellos dos como Petra ponían trabas, desde la Cámara Federal, al avance de las causas por crímenes de lesa humanidad.
La imagen de Petra circuló por todas partes cuando fue fotografiado en 2010 cenando con vino y champán en un restaurante céntrico de Mendoza con su amigo Romano. Fue después de que la Cámara mendocina, precisamente con el voto de Petra incluido, apartara al juez de primera instancia Walter Bento de la investigación en la que había citado a indagatoria a Romano como presunto partícipe en secuestros, torturas y robo de bienes de desaparecidos, donde están imputados otros ex magistrados, como Miret. Unos meses después, el mismo tribunal integrado por otros camaristas, repuso a Bento y la causa avanzó. Romano huyó a Chile, donde pidió asilo pero ahora enfrenta un juicio de extradición. Petra fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho) al tratar de ayudar a su amigo en lugar de excusarse. Lo decidió el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, quien recordó en su fallo que la Cámara de Casación le había prohibido intervenir en causas de derechos humanos.
Los expedientes contra Petra en el Consejo de la Magistratura no sólo aludían a la resolución favorable a Romano, sino que incluían cuestionamientos a su actuación en otras causas por sobre los crímenes de la dictadura. Los organismos de derechos humanos lo responsabilizaban por liberar en forma masiva a policías y militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Al teniente coronel (RE) Luis Stuhldreher, quien fue interventor de San Rafael en 1976, le dictó falta de mérito en la causa por la desaparición de Héctor Fagetti, pero extendió esa medida a 18 desapariciones más a pesar de que esos expedientes no habían llegado al tribunal. La jueza sanjuanina Margarita Camus cuestionó a Petra también por la liberación de Osvaldo Martel, a quien reconoció como su torturador durante su detención en el penal de Chimbas en 1976. En varios de los fallos beneficiosos para los represores, junto con Petra firmaba Carlos Pereyra González, quien renunció en 2009, cuando el Tribunal Oral Federal de San Luis lo denunció por encubrir torturas siendo secretario durante la dictadura. Petra tenía cita con los consejeros este mes.
La trama de los jueces mendocinos ha puesto en evidencia la complicidad de algunos de ellos con el terrorismo de Estado, y los mecanismos que ya en el período constitucional pusieron en práctica para favorecer a los acusados de delitos de lesa humanidad, y a sí mismos. “En los últimos años eran los que entorpecían los juicios: Pereyra González, Romano, Miret, Petra”, dice Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, organismo que motorizó las investigaciones. “La renuncia de Petra –dice con satisfacción– cierra el capítulo de la Justicia federal cómplice en Mendoza.”
Jujuy: la hija de un intendente desaparecido acusó a Ledesma de financiar el golpe de Estado
El juez federal tucumano Fernando Poviña, subrogante en el Juzgado Federal 2 de Jujuy que investiga la desaparición y secuestro de personas en las causas “La Noche del Apagón” y “Aredes”, allanó el 26 de abril último oficinas y domicilios de la empresa perteneciente a la familia Blaquier, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.
Por su parte la empresa publicó durante el fin de semana una solicitada en diferentes medios de comunicación en la que aclara que "ni la empresa ni su personal tuvieron participación alguna" en los hechos que se le imputan.
Aredez, querellante junto a su hermano Ricardo, reclamó asimismo que la AFIP de a conocer el pago de impuestos del ingenio Ledesma a "la Nación, la provincia y el municipio", al recordar que en la década del 70 su padre, entonces intendente, logró una ordenanza que confiscó 400 hectáreas por impuestos no pagados.
"Acá se sabe que es una de las tantas empresas que pusieron dinero para el golpe, es así de sencillo. Nosotros pedimos que la AFIP haga público el pago de impuestos de Ledesma a Nación, provincia y municipio", sostuvo Adriana Aredez en diálogo con Télam desde Tilcara, adonde se mudó para ser parte en el juicio.
En medio de la expectativa generada por la decisión del juez subrogante, quien podría citar al titular de la empresa azucarera, Carlos Pedro Blaquier, Aredez se declaró "expectante y con muchas reservas", porque el juez anterior "nunca se atrevió a mover la causa por cobarde".
Añadió que "si la causa se frena ahora todo puede volver a repetirse" porque, en su opinión, estaremos en presencia de "impunidad, encubrimiento y complicidad".
Adriana Aredez agregó que su padre, médico y jefe comunal de Libertador San Martín "fue el único intendente secuestrado por los mismos que se llevaron al gobernador de Salta Miguel "Ellos formaban parte de lo que fue el camporismo, el peronismo revolucionario", agregó aludiendo a su padre y a Ragone.
A la vez, contó que su padre lo "único que quería era aplicar leyes de justicia social, salud pública gratuita, educación y derechos de las personas, por eso está desaparecido".
Indicó que en la causa hay muchas pruebas, además de unos 200 testigos y "documentales que todavía no aportamos".
Por otra parte, Aredez expresó que pretende que "el directorio de Ledesma, a quienes responsabilizo, me digan qué hicieron con mi padre".
"Carlos Pedro Blaquier, 24 de marzo de 1976, en compañía de Gendarmería y el Ejército invadieron, rodearon e hicieron una apagón para llevarse a una persona absolutamente decente, honesta y proba", resumió.
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