Secuestro de Felisa Marilaf

Los organismos abajo firmantes denunciamos y repudiamos el secuestro y ataque sufrido por Felisa Marilaf -ex detenida-desaparecida-, producido en la mañana de este jueves 27 de septiembre en la ciudad de La Plata.

Felisa ya sufrió un ataque similar en el mes de junio de este año, y hoy al salir de su trabajo fue secuestrada por dos hombres que la llevaron a un descampado en Berisso. Allí la atacaron y amenazaron por su participación como testigo en los juicios por la verdad y por movilizarse por la aparición con vida de Julio López el último 18 de septiembre.

Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la serie de ataques producidos en los últimos días en la ciudad de La Plata, dirigidos contra edificios públicos. También resulta extraño el ataque producido por un supuesto “comando Julio López” que baleó el domicilio del médico Néstor Siri denunciado en el Juicio por la Verdad por su accionar en dos centros clandestinos de detención.

Entendemos que existen sectores interesados en crear un clima intimidatorio a pocos días de conocerse la sentencia en el juicio al cura represor Christian Von Wernich, que se suma al que venimos viviendo desde hace un año con la desaparición de Jorge Julio López.

Exigimos al gobierno el inmediato esclarecimiento de estos hechos, y lo hacemos responsable por la seguridad de todos los compañeros y compañeras involucrados en este y todos los juicios.

APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS!

ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN LUCHA (APEL)
CAMPAÑA DE APOYO A JUICIOS CONTRA LOS GENOCIDAS EN ARGENTINA .
CASAPUEBLOS
CENTRO DE ABOGADOS POR LOS DERECHOS HUMANOS (CADHU)
CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS (CEPRODH)
CENTRO POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOZA
CODO A CODO
COMISIÓN DE DDHH DE URUGUAYOS EN ARGENTINA
COMITÉ DE ACCIÓN JURÍDICA (CAJ)
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DEFENSA LEGAL ARGENTINA (FIDELA)
H.I.J.O.S. LA PLATA
INSTITUTO DE RELACIONES
ECUMÉNICAS (IRE)
LIBERPUEBLO
LIGA
ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
UNION X LOS DDHH
LA PLATA
VECINOS DE SAN CRISTÓBAL CONTRA LA IMPUNIDAD

Piden unificar causas en juicio a Von Wernich

Una ex detenida durante la última dictadura militar pidió la unificación de causas contra represores y cuestionó el sistema actual de enjuiciamiento que obliga a las víctimas a declarar en varias oportunidades.

Se trata de Adriana Calvo, de la Asociación de Ex detenidos-desaparecidos, quien hoy prestó declaración en el juicio que se le sigue al ex capellán de la Policía Christian Von Wernich y que presentó un informe de su agrupación sobre el funcionamiento de los centros clandestinos de detención del denominado "Circuito Camps"."Todos los testigos de este juicio deberán volver a declarar en futuros juicios contra Von Wernich porque hay muchas de las víctimas de la represión que no están incluidas en este proceso", detalló Calvo ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.La testigo, que declara por décimoquinta vez en procesos similares, se preguntó "cuántos testimonios más tendremos que dar los sobrevivientes, cuántos represores habrá vivos para ese momento y cuántas víctimas más desaparecerán como Jorge Julio López", dijo en relación con el albañil desaparecido desde el 18 de septiembre del año pasado.Calvo pidió al Tribunal que la exima de relatar su doloroso paso por los diferentes centros clandestinos de detención y sólo se limitó al caso de Elena de la Cuadra, con quien compartió cautiverio en la comisaría quinta de La Plata.La representante de la asociación de ex detenidos aseguró que es necesario "hacer un juicio por centro clandestino contra todos los represores y por todos los compañeros", al tiempo que sostuvo que si se realizara uno por año "se tardarían 29 años para juzgarlos".Es que según el informe presentado hoy en la audiencia, el denominado "Circuito Camps" se componía de 29 centros clandestinos de detención que operaban en nueve partidos del Conurbano y La Plata.De acuerdo con los testimonios, Von Wernich fue reconocido en siete de esos centros clandestinos que funcionaron en la Brigada de Investigaciones y la comisaría quinta de La Plata; la Brigada de Quilmes; el denominado Puesto Vasco; el Coti Martinez y el Destacamento y Pozo de Arana.Sin embargo, Calvo cuestionó que, de acuerdo con el período en el que Von Wernich fue reconocido en esos lugares, en el juicio que se le sigue en La Plata se investigan 53 casos, cuando son 245 los denunciados.Calvo graficó además que sólo en el período comprendido entre noviembre de1976 y diciembre de 1977 en la Brigada de Investigaciones de La Plata fueron reconocidos 135 represores, aunque sólo unos pocos resultaron enjuiciados.

Fuente: Télam

Supremas Contradicciones

Por Horacio Verbitsky
Pagina12

Las dos decisiones adoptadas ayer por la Corte Suprema de Justicia son contradictorias y transmiten un mensaje confuso. Por un lado, el tribunal anuló el perdón presidencial a un general de la dictadura, que estaba procesado por crímenes contra la humanidad. Por otro, sostuvo que el Congreso debió haber incorporado a otro general de la dictadura, responsable de atrocidades similares, porque no fue condenado ni su candidatura impugnada ante la justicia electoral. Ambos fallos son complejos y requieren un estudio detallado de los votos de cada juez, pero en conjunto sugieren que la Corte no termina de comprender el carácter excepcional del período 1976-1983, cuando el aparato del Estado funcionó como un asesino serial a cuyo amparo se cometieron los peores crímenes de la historia argentina.

Conviene comenzar por la descripción de cada voto en ambos casos.

Domingo Antonio Bussi- Sólo Juan Carlos Maqueda opinó que nadie más que el Congreso puede juzgar los títulos de sus miembros y que la justicia no está habilitada para intervenir. El resto de los jueces sostuvo que la decisión del Congreso de negarle la incorporación podía ser sometida a revisión judicial, lo cual es una afirmación de los poderes del propio tribunal, que a partir de allí se dividió en dos bloques. Elena Highton y Enrique Petracchi coincidieron con el Procurador General Esteban Righi, para quien el Congreso tuvo razón al excluir a Bussi por falta de idoneidad moral. En cambio la mayoría integrada por Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti entendió que permitir que la Cámara de Diputados juzgara la idoneidad moral de los electos abriría una caja de Pandora, con riesgo intolerable de arbitrariedad, ya que cambiantes mayorías electorales podrían emplear ese criterio para excluir a sus adversarios políticos. La incorporación de Bussi a la Cámara de Diputados no se producirá sólo porque su mandato ya venció.

Santiago Riveros- Petracchi se abstuvo, porque ya había votado en esa causa cuando fue tratada por la Corte en 1990. Como el indulto a este militar fue convalidado en aquel momento por la Corte, Fayt y Argibay escribieron que constituye cosa juzgada y es por lo tanto inmodificable. En cambio la mayoría integrada aquí por Highton, Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni usó los mismos argumentos con los que hace dos años la Corte descalificó las leyes de punto final y de obediencia debida: el derecho interno no puede oponerse a la obligación internacional que la Argentina tiene de castigar los crímenes contra la humanidad, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando se discutió la incorporación del diputado santiagueño Pololo Anaute, la Cámara aceptó su título pese a que estaba implicado en el asesinato de La Dársena. Es decir que no extendió a un caso común el criterio aplicado en otro excepcional. La Corte se negó a hacer la misma distinción, con lo cual volvió a minimizar el significado de los crímenes contra la humanidad y el carácter corrosivo para el sistema institucional de la falta de sanción apropiada a sus autores. Que Bussi no tuviera ninguna condena, porque lo benefició la ley de punto final y que su candidatura no hubiera sido impugnada sólo pueden entenderse como consecuencias de la impunidad de la que gozó, mediante el ejercicio de la suma del poder público durante el gobierno de fuerza y gracias a la fragilidad de las convicciones de los operadores del sistema político y judicial a partir de 1983. Las limitaciones propias de un cuerpo colegiado, donde la formación de mayorías obliga a transacciones entre sus integrantes no alcanza a justificar una decisión tan poco edificante.

En 1998 tuve el privilegio de asistir a una de las audiencias del juicio de extradición de Augusto Pinochet, en la diminuta sala de Westminster. La defensa del ex dictador no negó sus crímenes pero reiteró hasta la monotonía que, por atroces que fueran, no los había cometido como persona privada sino en su carácter de gobernante. Al día siguiente agregó que según la ley británica la inmunidad soberana hubiera protegido al mismísimo Hitler, si hubiera sobrevivido y después de la guerra se le hubiera ocurrido tomar el té en Harrod’s. Los law lords refutaron con su fallo esa pretensión, moral y jurídicamente análoga a la que la Corte argentina aceptó en el caso de Bussi.

Riveros, el general que dio el mal paso

Fuente : La Nacion
"Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores." Esta es la frase que hizo célebre al ex general Santiago Omar Riveros, a quien la Cámara Nacional de Casación Penal le anuló el indulto que Carlos Menem le había otorgado en 1989. La frase, pronunciada a manera de despedida por Riveros en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, es citada en el prólogo del "Nunca más".
Durante la dictadura, Riveros fue comandante de Institutos Militares en Campo de Mayo, en cuya jurisdicción funcionaba el Hospital Militar en el que se realizaban partos clandestinos a mujeres secuestradas. Por esa causa, Riveros fue denunciado por integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que expusieron ante la Justicia el plan sistemático instrumentado por la dictadura para apropiarse de 194 bebes nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres. El militar había sido procesado y detenido en 1985, por homicidio calificado, pero resultó beneficiado por los indultos que concedió Menem. Además, fue llevado a juicio -junto al ex general Guillermo Suárez Mason- por el gobierno de Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura en la Argentina.
Este año, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó su excarcelación por el Plan Cóndor -el operativo de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas-, al entender que su liberación no entorpecería la acción de la Justicia, aunque siguió detenido por el robo de bebes.