Organizaciones de derechos humanos piden la separación de juez procesado delitos lesa humanidad

Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la "excesiva demora" del Consejo de la Magistratura para resolver la situación del juez mendocino Otilio Romano, quien permanece en su cargo pese a estar procesado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

En una solicitada publicada, decenas de organizaciones llaman a "avanzar en la renovación y democratización del Poder Judicial argentino", y piden al Consejo de la Magistratura que "asuma su responsabilidad en ese recambio" y que "impida que un magistrado procesado por crímenes de lesa humanidad continúe en su cargo".

Hoy, la Comisión de Disciplina y Acusación de ese órgano deberá resolver si separa de su cargo al juez federal de Mendoza Otilio Romano, procesado en 93 oportunidades con confirmación de la propia Cámara Federal mendocina, acusado de ser cómplice de casos de secuestros, torturas y desapariciones llevadas adelante por fuerzas armadas y de seguridad entre 1975 y 1983.

"Romano forma parte de la justicia argentina y se desempeña en un lugar clave como la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Es decir, quien está acusado de haber formado parte del accionar del terrorismo de Estado, sigue tomando decisiones sobre la vida y los derechos de las personas", señala en un tramo la solicitada.

Los firmantes, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres - Línea Fundadora, advierten sobre "supuestos apoyos políticos en su favor" que "le permitirían sortear una vez más el trámite de juicio político".

"De ser así, se estarían violando principios básicos referidos a los requisitos de idoneidad para ocupar cargos públicos en un Estado de derecho", advierten los organismos que desde fines de 2009 han presentado denuncias contra el magistrado.