Se inicia el juicio a Guglielminetti por los crímenes en el centro clandestino "Automotores Orletti"

El ex agente civil de inteligencia del Ejército en la última dictadura será juzgado a partir del próximo 3 de junio, junto a otros ex altos militares por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", que funcionó bajo la órbita de la SIDE en 1976 en el barrio porteño de Floresta.

El juicio comenzará el próximo jueves a las 10 en los tribunales de Retiro a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas, confirmaron a Télam fuentes judiciales.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por el juez federal de primera instancia Daniel Rafecas, "Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino.

Esta será la primera vez que Guglielminetti, apodado "mayor Guastavino", enfrente un juicio oral por delitos cometidos en la dictadura, tras ser detenido en 2006 por orden de Rafecas y luego de que en democracia se reciclase como jefe de la custodia presidencial de Raúl Alfonsín.

Además de Guglielminetti serán juzgados el ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea, Néstor Guillamondegui; el ex coronel del Ejército Rubén Visuara, el ex general Eduardo Cabanillas y los ex agentes de la SIDE Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Ruffo.

Todos están procesados con prisión preventiva por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas, cargos que prevén condenas máximas de prisión perpetua.

En el caso de Guglielminetti, la Justicia consideró probado que el ex agente de inteligencia del Batallón 601 del Ejército estuvo en "Orletti" y fue acusado por "privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades -dos de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 25 ocasiones, en calidad de autor material".

El juez Rafecas acusó también a los detenidos por el homicidio de seis personas, entre ellas el hijo del poeta Juan Gelman, Marcelo, cuyos restos aparecieron dentro de tambores hundidos en el Río Luján.

La causa por "Automotores Orletti" es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Este centro clandestino funcionó desde mayo a noviembre de 1976 en Venancio Flores 3519/21, entre Emilio Lamarca y San Nicolás, emplazado en medio de casas bajas de familia en el barrio de Floresta.

Por allí pasaron unos 200 secuestrados, muchos uruguayos como Jorge Zaffaroni y Maria Emilia Islas, padres de Mariana Zaffaroni Islas, una de las nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo.

La vieja casa de dos plantas con frente similar a la fachada de un taller mecánico, hoy conservado como "sitio recuperado para la memoria" era también conocido como "El Jardín" y había sido alquilada por agentes de la SIDE para ser base operativa durante pocos meses del llamado "Plan Cóndor", diseñado por las dictaduras latinoamericanas para perseguir y secuestrar en distintos países.

En el juicio, el Tribunal evaluará como prueba un informe de la Comisión de la Memoria bonaerense referido a 62 victimas y que detalló un organigrama de la SIDE que demuestra que el organismo de inteligencia estatal estuvo a cargo de secuestrar extranjeros, principalmente chilenos, uruguayos, bolivianos y cubanos, muchos de los cuales fueron llevados a "Orletti".

La primera jornada del proceso será en la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py 2002 y luego habrá juicio los jueves, viernes y un miércoles semana por medio en el Salón de Usos Múltiples.

La acusación estará representada por la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, a cargo del fiscal general Guillermo Enrique Friele.

Como querellantes intervendrán la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y abogados de organismos de derechos humanos o familiares de víctimas, entre ellos los letrados Carolina Varsky, Alcira Ríos, Rodolfo Yanzón y Pablo Llonto, entre otros.
 

Otro represor violando la prisión domiciliaria

En abril pasado el coronel retirado Carlos Alberto Mulhall fue fotografiado  mientras regaba la vereda de su casa en la calle Monteverde al 3100, en Olivos, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.  Esta actividad viola las condiciones del beneficio de la prisión domiciliaria que le fuera otorgada por los jueces a cargo de las causas en las que se investiga a Mulhall por violaciones de los derechos humanos cometidas en Salta durante la última dictadura militar. Entre otras causas, el militar retirado cuenta ya con procesamientos en Palomitas, por el fusilamiento de 11 presos políticos el 6 de julio de 1976, y el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, cometido el 11 de marzo de ese mismo año.

La prisión domiciliaria implica, como su nombre lo indica, que el detenido  debe permanecer dentro de su domicilio y solo le está permitido traspasar esos límites por razones de salud o de humanidad. Esas salidas deben ser autorizadas por el juez del que depende el detenido. En ningún caso se prevé que la persona investigada y con prisión preventiva domiciliaria pueda salir a la vereda.

Mulhall fue fotografiado fuera de su casa por miembros de Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Orán. “Por estas fotos voy a pedir la revocación de la prisión domiciliaria”, anunció el abogado David Leiva, que participa como querellante de los procesos judiciales en los que está acusado el militar.

Mulhall fue detenido en Buenos Aires el último día de septiembre de 2003, en la causa Palomitas, que entonces estaba a cargo del juez federal Nº 2 de Salta, Miguel Medina. La detención fue ordenada por el magistrado cumpliendo con una orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que confirmó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final decidida por Medina.

Desde 1975 Mulhall fue jefe del Distrito Militar Salta, dependiente del área 322 con sede en Córdoba. El 24 de marzo de 1976, cuando se cometió el golpe de Estado que derrocó a Isabel Martínez de Perón, pasó a ser también la máxima autoridad del estado provincial dado que fue nombrado interventor militar de la provincia, con lo que concentró la suma del poder público.

Por el lugar que ocupó, Mulhall tuvo responsabilidad en los secuestros y desapariciones cometidos en Salta durante su gestión. Es por eso que también está siendo investigado en otras causas, por las dsapariciones del soldado Víctor Brizzi, de Sylvia Aramayo, Hilda Cardozo, Alfredo Nils Cassón (o Cazón) Coria, Ana María Caballero Cuellar, Carlos García,  Nora Saravia de García, Ramón Gallardo, Bernardino Luna, Silvia Sáez de Vuistas, Santos Abraham Garnica y Sergio Wenceslao Copa, entre otros

Represor que mató a matrimonio mexicano-argentino muere en cárcel

Santiago de Chile, 26 may 
El ex suboficial del Ejército chileno Héctor Vallejos Birtiola, quien cumplía condena por el homicidio de un matrimonio argentino-mexicano en 1973, falleció a los 71 años en una prisión militar por un paro cardiaco, informaron hoy fuentes judiciales.

El ex militar, que padecía un cáncer vesicular en fase terminal y a quien le fue amputada una pierna por diabetes, ingresó el 14 de mayo pasado al hospital del centro penitenciario militar de Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al noreste de Santiago, donde murió este martes por la noche, precisaron las fuentes.

Vallejos Birtiola ingresó en prisión en agosto de 2009 para cumplir una condena de cinco años y un día de prisión por los homicidios calificados del argentino Bernardo Lejderman y su esposa, la mexicana María del Rosario Ávalos, ocurridos el 8 de diciembre de 1973, pocos meses después del golpe de Estado de Augusto Pinochet.

El matrimonio fue asesinado en el Valle de Elqui, en la región de Coquimbo, a unos 500 kilómetros al norte de Santiago, cuando aparentemente intentaba huir a Argentina por un paso de la cordillera de los Andes.

El caso se abrió en Chile por una querella que interpuso en el año 2000 el hijo de la pareja, que en el momento de los hechos tenía dos años, contra Pinochet y otros miembros del Ejército, por delitos de “homicidio, asociación ilícita genocida e inhumación ilegal”.

Junto a Vallejos también fueron condenados el brigadier retirado Fernando Polanco Gallardo y el ex suboficial Luis Fernández Monje.

En marzo pasado, Vallejos solicitó un indulto presidencial por causas humanitarias, petición que le fue denegada.

Otros dos condenados por violaciones de derechos humanos han muerto en prisión: Carlos Marco Muñoz, ex miembro de la brigada “Lautaro”, de la policía secreta de Pinochet, fallecido en 2005, y Osvaldo Romo Mena, que también formó parte de la DINA, fallecido en 2007.

Aplazan hasta julio el inicio del juicio contra ex dictador argentino Videla

El inicio del juicio oral contra Jorge Rafael Videla, primer presidente de la dictadura militar argentina (1976-1983), fue aplazado hasta julio, informaron hoy fuentes judiciales.

El debate, que debía comenzar este jueves en Córdoba (centro de Argentina), tendrá inicio el 2 de julio próximo.

La Justicia postergó el inicio del juicio debido a que en el proceso también está imputado el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, quien está siendo juzgado en Tucumán (noroeste del país) por otra causa por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Videla, Menéndez y otros 23 violadores de derechos humanos serán juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Córdoba.

A inicios de este mes, Videla, de 84 años, fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas en otra causa por crímenes de lesa humanidad que se refiere a 49 personas víctimas de homicidio agravado, secuestro y torturas durante la dictadura.

Videla está detenido desde hace un año y medio en una cárcel de la unidad militar de Campo de Mayo, después de que el juez federal Norberto Oyarbide revocara su prisión domiciliaria, y está procesado, entre otras causas, por el secuestro de menores durante el régimen de facto.

DOS EX CONSCRIPTOS FUERON TESTIGOS DE LOS VUELOS DE LA MUERTE QUE SE REALIZABAN EN MAR DEL PLATA

“Subían a personas embolsadas o maniatadas”

Ex conscriptos de la base donde funcionó el centro clandestino La Cueva declararon que los vuelos se hacían con un avión Albatros de la Armada. Algunas personas subían vivas y maniatadas. Otras ya muertas y embolsadas.
Por Diego Martínez

“El avión se desplazaba despacito por la pista y paraba frente al radar. Entonces los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos. Pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales o suboficiales alzaban a personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo. Daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba, a los treinta o cuarenta minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada.”

Los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la última dictadura en la Base Aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña por el Tribunal Oral Federal 5. El relato pertenece a un ex conscripto clase 1957 que el viernes declaró como testigo en el juicio al suboficial retirado Gregorio Rafael Molina –su identidad se reserva a pedido de la Justicia– y confirma que los vuelos de la muerte no sólo partieron de los aeropuertos de Ezeiza, Jorge Newbery y Campo de Mayo.

El método argentino de desaparición de personas, que según Adolfo Scilingo bendijo la jerarquía eclesiástica, aún rinde frutos un tercio de siglo después. Más allá de condenas aisladas como las de los generales Riveros, Verplaetsen & Cía. por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e “invitados especiales” que según Scilingo también participaban en los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Emir Sisul Hess, quien contó en privado que los enemigos “caían como hormiguitas”, y está en veremos la situación del teniente de fragata extraditado Julio Alberto Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue malinterpretado por sus colegas holandeses.

Los relatos que reactualizan el tema tienen un doble valor adicional: pertenecen a ex conscriptos, testigos centrales del terrorismo de Estado que recién ahora sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar, y tuvieron lugar durante un juicio oral y público, ante un tribunal de la Nación y mirando a los ojos al imputado, un torturador y violador de mujeres secuestradas que perteneció a la Fuerza Aérea Argentina.

Línea directa con Hooft

“En la base aérea había doscientas personas, incluidos ciento sesenta conscriptos, la mayoría del interior. En cinco meses nos conocíamos todos”, resume ante Página/12 en la sede del Programa Nacional de Protección de Testigos uno de los dos hombres que el viernes declararon durante horas y terminaron aplaudidos por sobrevivientes y familiares de desaparecidos. La condición para la entrevista es que se preserven identidades y rostros.

Uno padeció el servicio militar obligatorio en la oficina de comunicaciones de la base, destino que le permitió conocer a todos los interlocutores de los represores. “Tenía setenta internos. Después del golpe agregaron otro, creo que el 32, que comunicaba a quienes pedían por inteligencia. Empecé a escuchar y me di cuenta de que ahí abajo tenían a los detenidos”, recuerda.

“Había un tipo que jodía con los hábeas corpus, un tal Hooft”, declaró el viernes ante los jueces Juan Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París. El nombre no sorprendió a los querellantes marplatenses: se refería el juez Pedro Federico Hooft, que continúa en funciones con varios pedidos de juicio político en el haber por su actuación durante la dictadura. “Hooft siempre pedía hablar con inteligencia. Cuando no atendían, el interno decía ‘va a ir el doctor Cincotta’”, agregó. Eduardo Cincotta era un militante de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), organización que sembró de muertos Mar del Plata durante 1975. Después del golpe se integró a los grupos de tareas del GADA 601 y murió el año pasado, a poco de haber sido detenido y procesado.

A diferencia de los conscriptos marplatenses, a quienes los militares trataban de mantener al margen de la represión ilegal, los del interior debían participar de operativos en la ciudad y también cubrir guardias externas, que les permitían conocer los movimientos de la base, e internas, durante las cuales tenían breves contactos con los secuestrados. “Sólo había un mínimo diálogo cuando pedían ir al baño. Teníamos que darles una capucha y ponernos otra nosotros para no vernos las caras”, recuerda el hombre en referencia a las famosas medidas de contrainteligencia por cuyo relajamiento en la ESMA reniegan Pernías, Rolón & Cía. “Teníamos prohibido hablar”, agrega y se enorgullece de haber burlado la orden: le informó a un abogado marplatense dónde estaba secuestrado, le dio una birome para que escribiera una carta y se la hizo llegar a su familia. “No me animé a tocar timbre, la dejé en la puerta”, agrega.

Si bien la base era de la Fuerza Aérea, los interrogadores, que llegaban al atardecer y hacían su trabajo sucio durante la madrugada, pertenecían a inteligencia del Ejército, responsable primario de la represión ilegal. Los colimbas los llamaban “los verdugos”. Una tarde de lluvia camino a La Cueva los dos hombres hicieron escala en la oficina de comunicaciones y entre mate y mate mostraron la picana eléctrica, que llevaban en un estuche. “No dijeron nada sobre su uso y no me animé a preguntar.”

Los dos ex conscriptos, que entonces tenían veinte años, recuerdan a Molina como un personaje excéntrico. “Andaba lleno de granadas, cuchillos, cargadores, tipo Rambo, le faltaba un paracaídas, era fantástico.” La otra característica, que los sobrevivientes también recuerdan, era el olor al perfume. “Era un tipo pulcro, siempre bien arreglado y perfumado”, contaron ante el tribunal.

–¿Recuerda qué perfume usaba? –quiso saber un juez.

–No lo sé, doctor, pero en un cuartel un buen jabón de tocador ya es perfume –respondió y generó sonrisas en medio de tanta tragedia.

Bolsas desde La Cueva

“En la base había un solo avión, chiquito, que piloteaba (Gonzalo) Gómez Centurión. Después trajeron el Albatros de la Marina. Entonces empezaron los vuelos a la noche. Salía el avioncito, pasaban veinte, treinta minutos, y volvía. Decían que a la gente la llevaban semidormida y la tiraban al mar”, declaró ante el tribunal el ex colimba de comunicaciones, en base a relatos de compañeros.

Testigos directos a pesar de los reflectores eran los soldados que cubrían los doce puestos de guardia externa, desde donde no sólo veían entrar a los secuestrados encapuchados en los autos de civil de los grupos de tareas. “Una noche vi cargar cinco o seis bolsas al avión. Las subían entre dos, se conoce que eran pesadas. Otras veces las arrastraban desde una punta. Esas bolsas salían desde La Cueva”, explica a Página/12 el hombre de rostro curtido y mirada serena.

“Una vez vi salir gente del radar hacia los aviones. Los llevaban atados de los pies, seis o siete personas. Iban a los saltitos, subían como podían”, contó el día anterior, y agregó: “El avión tenía la insignia de la Armada”, dato curioso por tratarse de una base de la Fuerza Aérea y un centro clandestino del Ejército, que acondicionó el viejo radar abandonado para achicar distancias con Mar del Plata y así poder arrancar información rápido para retomar la cacería.

–¿Qué se siente después de declarar? –pregunta el cronista.

–Alivio. Es imposible vivir toda la vida con esa cruz. Fueron muchos años sin hablar, con trastornos psicológicos. Nadie se ocupó de nosotros. Hasta hoy nuestras familias no creen lo que vivimos, piensan que estábamos locos, dicen “¿cómo van a tirar gente al mar?”. Les vamos a llevar el diario para que lo crean. Uno siempre estuvo dispuesto a poner un granito de arena, pasa que el temor siempre existió.

–¿Por qué ahora sí?

–Vemos que la situación está cambiando, que hay garantías, que se puede tener más confianza en la Justicia. Todavía hay miedo pero de a poquito se va a ir perdiendo. Cuando otros colimbas se den cuenta de que acá no hay ningún lucro, que no es una pavada para sacar una nota, que es para esclarecer la verdad y que esta vez vamos en serio, van a empezar a hablar, todos van a hablar.

Que tantos represores sean juzgados, está bien, pero tienen "ayudita" judicial

José Alfredo Martínez de Hoz es uno de los 421 procesados por causas de derechos humanos que están presos. Es el lado bueno del asunto. Pero sólo hay 68 condenados, a diciembre de 2009, y eso es lo malo.
EMILIO MARIN

Que José A. Martínez de Hoz haya sido detenido orden del juez Norberto Oyarbide, es una buena noticia por varios motivos. Principalmente porque se trataba del "jefe civil de la dictadura", como bien planteó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, cuando pidió que aquél pagara por sus delitos.

O sea, debía ir a la cárcel no sólo por la causa en la que fueron secuestrados por orden directa suya los empresarios Federico y Miguel Gutheim, sino también y fundamentalmente por el secuestro, tortura y desaparición de millones de empleos, de Pymes y empresas nacionales.

Secundariamente, en vísperas del Bicentenario, esa detención puede ser vista como un desagravio a los patriotas de 1810. Es que otro José Martínez de Hoz, monopolista del puerto de Buenos Aires, votó en contra de la formación del primer gobierno patrio, favorecido como estaba con ese monopolio y la corona española (la primera vez que este cronista vio este dato fue hace muchos años en el manual de Historia de Juan José Real, donde figuraba el acta del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 con la nómina de los votantes).

Ojalá que la detención de "Joe" en la causa Gutheim junto al general Jorge R. Videla, y su compañero de cacerías en Sudáfrica, general Albano Harguindeguy, pueda abrir una puerta para que la justicia pueda imputar a otros funcionarios civiles de la dictadura.

Los dos que inauguraron la lista de esos funcionarios procesados fueron el propio Martínez de Hoz, luego indultado por Carlos Menem, y Jaime Smart, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires con el general Ibérico Saint Jean. El ministro fue detenido en 2008, siendo defendido por "Gaceta Ganadera" con un editorial publicado el 16 de julio de ese año. Se tituló: "La injusta detención de Jaime Smart". En cualquier momento la tribuna de doctrina mitrista se decide a publicar otro editorial pero en salvaguarda de su admirado Martínez de Hoz.

Esos abogados, empresarios y ex ministros imitan en todo a sus socios de uniforme, cuando tienen cita en los tribunales de Comodoro Py 2002. Primero quieren exculparse diciendo que no tuvieron nada que ver con los delitos de lesa humanidad, que cumplían órdenes o que los delitos fueron cometidos por subordinados. Luego inventan o agrandan sus enfermedades, buscando -como el ex almirante Emilio Massera- ser declarados inimputables o bien que los deriven como presos VIP a sus domicilios, cuarteles o clínicas. Martínez de Hoz logró que lo internaran en la Clínica Los Arcos, así como el coronel Sarmiento, alias "mago de la picana" y padre de la jueza María José Sarmiento, logró que no lo detuvieran pese a la orden del juez misionero que lo tiene imputado por su actuación allí como ministro de gobierno.

Guillermo Walter Klein, Roberto y Juan Alemann, Adolfo Diz, Jorge Zorreguieta, Alberto Rodríguez Varela, Roberto Durreiu, Domingo Cavallo y tantos otros funcionarios del terrorismo de Estado deberían estar en las celdas próximas a las de "Joe" y Smart.
 
Los límites judiciales y políticos.
El avance de las causas por violaciones a los derechos humanos alegra a casi todos los argentinos, excluidos claro está a los mismos imputados, sus familias y las organizaciones sociales y políticas de las que forman parte. También hay que entender que determinados políticos que supuestamente están parados en el ancho campo de la democracia formal, casos de Eduardo Alberto Duhalde, Mauricio Macri, Diego Guelar y Abel Posse, entre otros, tampoco cantan loas a la sustanciación de los juicios. Ellos, coincidiendo con el obispo Jorge Bergoglio, y con medios de prensa como "La Nación", auspician una reconciliación nacional que tenga como introducción una "amplia amnistía para los dos bandos", aunque los delitos de genocidio los haya cometido sólo uno.

De todas maneras hay que ser claros y puntualizar que el mencionado avance democrático por los juicios tiene límites bien precisos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó sobre la estadística de los Juicios hasta el 24 de marzo de 2010. Los que en etapa de instrucción son 231 (71 por ciento), los ya finalizados 23 (6%), los que están en curso 6 (2%) y las causas elevadas 67 (21%).
Ese organismo presidido por el periodista Horacio Verbitsky saca como obvia la conclusión de la mora judicial, pues son amplia mayoría las causas que aún están instruyéndose, donde aún falta un largo o mediano trecho para que finalice esa etapa y sean elevadas a audiencias públicas.

La justicia anda con la velocidad de la tortuga, salvo honrosas excepciones de magistrados y cámaras que han acelerado su trabajo. Y en algunos casos caminan hacia atrás, en un sentido regresivo.
Un caso claro de ello es la justicia mendocina, posiblemente la peor de todas en cuanto a los resultados de su labor en materia de derechos humanos. Al 24 de marzo del año pasado, el diario Los Andes titulaba: "Mendoza: 179 causas contra represores y sólo cuatro detenidos".
Si esos números eran horribles, luego fueron aún peores, pues la Cámara Federal de esa provincia terminó por liberar o mandar a casa al único cuarteto detenido. Los camaristas Luis Miret y Atilio Romano fueron denunciados por omitir investigar denuncias de violaciones y torturas durante la dictadura. Y no son los únicos magistrados sobre los que llovieron ese tipo de críticas. El entonces titular de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, tuvo durante varios años cajoneada la causa ESMA; forzado por críticas de los organismos y el ex presidente Néstor Kirchner, optó por demorar un tiempo más y jubilarse. Hoy es parte de las defensas de genocidas como Luis Patti.
 
"Hacete amigo del juez".
Algunos jueces que actuaron en el período democrático fueron no sólo cómplices del "Proceso de Reorganización Nacional" sino directamente socios.

Guillermo Federico Madueño era juez en Bahía Blanca en esos años y colaboraba con el general Acdel Vilas, rechazaba en bloque los habeas corpus presentados por los secuestrados, atendía las orientaciones de la Armada de Puerto Belgrano, en este caso junto con "Gaceta Marinera" (léase La Nueva Provincia).
El menemato lo promovió al Tribunal Oral Federal Nº 5, donde fue camarista todo terreno a favor de represores y menemistas. Actuó allí hasta 2004, cuando fue solicitada su detención por causas de represión ilegal en Bahía Blanca. Madueño se fugó durante cinco años hasta ser detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en noviembre de 2009.

Menos suerte que el bahiense tuvo el juez federal Víctor Brusa, quien también ejerció durante años en democracia pese a las denuncias de sobrevivientes de campos de concentración en Santa Fe que lo implicaban en torturas y desapariciones. A él también lo había designado juez el hombre de Anillaco.
Al final Brusa perdió su cargo y posteriormente su libertad en 2005. En diciembre de 2009 lo condenaron a 21 años de prisión y tiene el triste récord de ser el primer juez en ser hallado culpable de esa clase de delitos.

Una justicia demorada por las leyes de la impunidad y los indultos, integrada en muchos casos por quienes habían jurado por el Estatuto del Proceso y no la Constitución Nacional, y en otros directamente por aliados del terrorismo de Estado, debía necesariamente deparar malos resultados. E incluso cuando algunos de aquellos factores fueron removidos, el tiempo perdido fue irrecuperable, fruto de tantas demoras y cajoneos.
Según el CELS había a marzo pasado un total de 1.464 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, acusados por crímenes de lesa humanidad. Apenas 75 imputados habían tenido sentencia, con 68 condenas y 7 absoluciones.

La entidad aseguró en su Informe 2009 que "al ritmo de 2008, habría juicios hasta 2025. Los cálculos una vez finalizado 2009, con más causas abiertas en instrucción, han aplazado aún más esa estimación".
Teniendo presente el caso extremo de la justicia de Mendoza, la misma que falló en contra de la ley de medios de la democracia, parece que los represores han tenido presente el consejo del Viejo Vizcacha: "Hacete amigo del Juez, No le des de qué quejarse; Y cuando quiera enojarse, Vos te debés encojer, Pues siempre es güeno tener, Palenque ande ir a rascarse".

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ FUE ENVIADO AL PENAL DE EZEIZA

 Joe en una cárcel de verdad

El juez Norberto Oyarbide le negó el pedido de arresto domiciliario. Según los informes médicos, está compensado, con inconveniencias mínimas y no hay impedimento para trasladarlo a una cárcel que cuente con un hospital.
  
José Alfredo Martínez de Hoz, el ex ministro de economía de la última dictadura, procesado con prisión preventiva por dos secuestros extorsivos en 1976, fue trasladado ayer al hospital de la unidad penal de Ezeiza por orden del juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado rechazó el pedido de arresto domiciliario formulado por los abogados del ex funcionario de facto, que invocaban problemas de salud propios de sus 85 años. A más de un cuarto de siglo del final de la dictadura, el ex hombre fuerte del dictador Videla abandonó ayer la clínica De Los Arcos, donde se alojó por una supuesta descompensación el día que la policía fue a detenerlo a su residencia en el edificio Kavanagh. Ayer pasó su primera noche en una prisión común. Sus abogados ya apelaron la medida.

Un hijo de Martínez de Hoz difundió el martes la versión según la cual médicos de la clínica De Los Arcos se habían opuesto a la externación. Desde el juzgado de Oyarbide desmintieron ayer el trascendido y aclararon que los únicos reportes válidos para la Justicia son los del Cuerpo Médico Forense. “Los peritos que lo examinaron dijeron que no tiene ningún problema que le imposibilite el traslado y permanencia en una prisión”, precisó un vocero del juzgado. Aclaró que la decisión de enviar a Martínez de Hoz al penal de Ezeiza se debe a que esa unidad del Servicio Penitenciario tiene un hospital donde los detenidos pueden alojarse en habitaciones individuales con todos los controles necesarios. De hecho, allí se alojan varios imputados por crímenes de lesa humanidad en la ESMA con problemas de salud.

“El traslado de Martínez de Hoz a una cárcel es el fruto lógico de los informes médicos del Cuerpo Médico Forense, que siempre terminaban con la misma conclusión: está compensado, con inconveniencias mínimas y ningún impedimento para ser trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal que cuente con un hospital central”, resumió el abogado Rodolfo Yanzón. “Se trata de un paso más para poder juzgar a uno de los responsables civiles emblemáticos de la dictadura”, consideró el letrado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, que en 2006 pidió la reapertura de la causa y la inconstitucionalidad del indulto que le concedió el ex presidente Carlos Menem en 1989, y que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional a principio de mes.

Dos semanas atrás, el fiscal federal Federico Delgado se opuso a la excarcelación de Martínez de Hoz, pero aceptó concederle el arresto domiciliario. Entendió que ese beneficio “debe ser concedido porque la edad y la salud del procesado lo ubican dentro del artículo 33 de la ley 24.660”. Aludió en su dictamen a informes médicos, según los cuales el imputado “posee grandes dificultades para moverse por sí mismo en su vida diaria debido a afecciones traumatológicas y padece una lumbociatalgia que le impide caminar y que aconseja su reposo”. Los querellantes señalaron que varias personas habían visto a Martínez de Hoz caminar sin inconvenientes por la plaza San Martín, cercana a su residencia, días antes de la detención, que se concretó el pasado 4 de mayo.

Martínez de Hoz fue procesado por el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y su hijo, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976. Luego de que la Corte declarara inconstitucional el indulto de Menem, Oyarbide lo procesó y le embargó sus bienes por dos millones de pesos. El economista ya había sido procesado por los mismos delitos en 1988, junto con Videla y el ex ministro del interior, Albano Harguindeguy. Martínez de Hoz estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100.

El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones de los Gutheim, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad sino porque, a diferencia de los uniformados, no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó en una solicitada el día de su detención. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos. El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando la Fundación LADH y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidieron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que luego se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Martínez de Hoz, ahora se pone enfermo y en arresto domiciliario

Un dictamen rechazó la excarcelación de Martínez de Hoz, pero aceptó el arresto domiciliario

El fiscal federal Federico Delgado rechazó ayer excarcelar al detenido ex ministro de Economía de la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, pero aceptó concederle el arresto domiciliario en base a su edad y a su estado de salud.

En un dictamen entregado ayer al mediodía al juez federal Norberto Oyarbide, el fiscal entendió que "el arresto domiciliario debe ser concedido porque la edad y la salud del procesado lo ubican dentro del artículo 33 de la ley 24.660".

Y argumento que "más allá de la naturaleza de los hechos y la carga valorativa que entrañan, es imposible apartarse de la letra de la ley. Esto es obvio, no hay justicia sin ley. Ambas se imbrican. A veces, como aquí, de manera compleja y en medio del barro de la historia o, para expresarlo con Ricoeur, en medio de la trama. Igual siempre van juntas. De lo contrario sería imposible eludir el estado de naturaleza hobbesiano", agregó.

Martínez de Hoz permanece internado en un sanatorio privado del barrio de Palermo a la espera de una decisión del juez federal Norberto Oyarbide, quien tendrá la palabra final sobre las condiciones de cumplimiento de su prisión preventiva tras ordenar su detención en la causa por el secuestro ilegal de dos empresarios en la dictadura.

Su defensa había pedido la excarcelación y como segunda opción el arresto domiciliario por su edad y problemas de salud.
En su dictamen Delgado aludió a dos de los informes médicos incorporados a la causa desde que fue detenido el martes pasado en su departamento del barrio de Retiro.

En uno de ellos se alude a que "posee grandes dificultades para moverse por si mismo en su vida diaria debido a afecciones traumatológicas y padece una lumbociatalgia que le impiden caminar y que aconseja su reposo".

El fiscal entendió que ante este cuadro "no existe un riesgo de fuga" y "en consecuencia no hay peligros concretos para la aplicación de la ley".
Además recordó que Oyarbide prohibió a Martínez de Hoz la salida del país, con lo cual "se despeja el riesgo procesal que excepcionalmente permite el encierro preventivo".

El ex ministro de la dictadura fue detenido procesado con prisión preventiva por el secuestro ilegal del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel en 1976, porque se negaban a realizar un negocio comercial que pretendía obtener el entonces ministro del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
La Corte Suprema declaro inconstitucional el indulto que había beneficiado al ex funcionario y abrió la puerta a su detención ordenada por Oyarbide esta semana.

Arrestado José Martínez de Hoz, ideólogo del plan económico de la dictadura

Final de juego para el socio civil del golpe

El ex ministro de Economía fue retirado en camilla y trasladado a un sanatorio. El juez destacó “la deliberada impunidad de los procederes” en el caso Gutheim, por el que fue detenido.

Por Diego Martínez

José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía de la última dictadura y símbolo máximo de la política que castigó “a millones de seres humanos con la miseria planificada”, como advirtió Rodolfo Walsh en marzo de 1977, fue procesado ayer con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide por dos secuestros extorsivos que el magistrado calificó como crímenes de lesa humanidad, por ende imprescriptibles. La investigación judicial de los delitos que padecieron los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes extranjeros en 1976, se interrumpió gracias a un indulto del ex presidente Carlos Menem que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la semana pasada. Eduardo Luis Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, definió a Martínez de Hoz como el “jefe civil del golpe de Estado” y calificó la medida judicial como “una decisión histórica que implica reparar una de las más importantes deudas con la sociedad argentina”.

Martínez de Hoz vivió hasta ayer en el cuarto piso del edificio Kavanagh, en Florida al mil. Tal como había requerido la Secretaría de Derechos Humanos, Oyarbide decretó su “prisión preventiva de cumplimiento efectivo”. También le embargó sus bienes por dos millones de pesos. Los efectivos de Interpol que fueron a detenerlo con orden de trasladarlo a la división Delitos Especiales de la Policía Federal debieron esperar horas hasta que un equipo médico constató el estado de salud del anciano de 85 años, que según fuentes policiales se encontraba “postrado”. Finalmente fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al sanatorio De los Arcos.

En 1988 el juez federal Martín Irurzun procesó al dictador Videla y a sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy como coautores del secuestro extorsivo de los Gutheim. El economista estuvo más de dos meses preso en la Unidad Penal 22 de Viamonte a 1100. El 14 de julio de 1988 la Cámara Federal confirmó las preventivas de los militares, firmantes del decreto que ordenó las detenciones, y ordenó liberar a Martínez de Hoz, no por falta de indicios sobre su responsabilidad, sino porque a diferencia de los uniformados no había dejado sus huellas en el decreto. Los camaristas Gustavo Mitchell, Horacio Cattani y Juan Pedro Cotelezzi no concluyeron que Martínez de Hoz fuera “inocente” o “ajeno a la detención”, como el imputado afirmó el miércoles pasado en una solicitada. La investigación seguía abierta cuando Menem le perdonó sus delitos.

El proceso estuvo paralizado hasta mediados de 2006, cuando los organismos de derechos humanos solicitaron la reapertura de la causa y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos, reclamo al que se sumó la SDH. El miércoles pasado se pronunció en tal sentido la Corte Suprema de Justicia, con votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. El mismo día Martínez de Hoz manifestó mediante una solicitada que se siente víctima de “una persecución interminable” por parte del gobierno nacional. Incluyó entre los supuestos cómplices a la Justicia federal y a la Corte Suprema de Justicia, con “escasas y honrosas excepciones”. Duhalde solicitó su detención de inmediato. Oyarbide ordenó el viernes la prohibición para que el imputado saliera del país. Como Martínez de Hoz había prestado declaración indagatoria en los ’80, ordenó su detención sin necesidad de volver a indagarlo.

El juez destacó en su resolución, de treinta y tres fojas, “la deliberada impunidad de los procederes” que caracterizaron el caso de los Gutheim. También se refirió al “irrazonable empleo del poder coercitivo del Estado nacional sobre sus súbditos, las más absoluta desatención –plenamente consciente y determinada– a las esenciales garantías ciudadanas y el avasallamiento de todo principio constitucional”. En resumen, “la actuación de las máximas autoridades de la Nación disponiendo, según su parecer, designios y/o conveniencias políticas y/o personales, sobre la vida y la fortuna de las personas, al margen de toda regla de convivencia y del Estado de Derecho”, escribió.
Duhalde expresó su “profunda satisfacción” por la decisión judicial durante una conferencia de prensa, en el auditorio Emilio Mignone, en la que anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos económicos en la decretaría que conduce. El funcionario destacó que el procesamiento es “por su actividad delictiva y no, como ha pretendido el procesado en la insostenible solicitada publicada días atrás, por un afán de persecución interminable”. También recordó que “la dictadura cívico-militar produjo un verdadero genocidio económico al pueblo argentino” y consideró que Martínez de Hoz “representó a las facciones más concentradas del capital financiero, de los sectores industriales –como ex presidente de Acindar y la Italo– y como conspicuo miembro de los grandes terratenientes por su pertenencia a la Sociedad Rural Argentina”. Martínez de Hoz está imputado en otras dos causas judiciales por delitos durante la dictadura: una como jefe de la asociación ilícita que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y la otra por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, ex director del Registro de Investigaciones de la dictadura, secuestrado luego de oponerse a la estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

Contra la impunidad VIP

Por Mario Wainfeld

La detención del otrora ministro José Alfredo Martínez de Hoz reaviva el debate sobre la política económica de la dictadura, con toda lógica. Pero el ciudadano Martínez de Hoz no está siendo procesado por su ideología ni por las reformas que implementó. Se lo acusa de un delito de lesa humanidad cometido en el contexto del terrorismo de Estado. El sistema legal vigente habilita acciones penales si existen crímenes supuestamente comprobados. El acusado goza de todas las garantías del debido proceso, incluida la presunción de inocencia. La acusación a “Joe” no es una genérica imputación sobre su acción de gobierno: versa sobre el secuestro extorsivo de Federico Gutheim y su hijo. Un caso típico de uso de la maquinaria estatal como parte de un plan sistemático de represión y exterminio.

Ese caso es, a su modo, curioso aunque no único. La mayoría de los detenidos, encarcelados, asesinados o desaparecidos por la dictadura fueron trabajadores. Federico Gutheim, en cambio, era un empresario. Integraba un sector que en su mayoría instigó a la dictadura, la nutrió de cuadros, la avaló y la encubrió. Pero hubo situaciones en que la violencia estatal se descargó contra protagonistas del sector empresario o de las clases altas, mayormente embanderadas con el Proceso. Fernando Branca pagó con la vida ser el esposo de Martha McCormak, amante del genocida Emilio Massera. Los señores de la vida y la muerte en la ESMA también secuestraron y asesinaron a otros empresarios y se apoderaron de sus bienes.

Martínez de Hoz fue un ideólogo del régimen (acaso el principal) pero, a la hora de la hora, embarró sus guantes blancos, en un desborde de poder sin límite.

Un delito concreto lo coloca ante un juez. Se celebra su arresto pensando en muchas otras responsabilidades, inextricablemente ligadas pero jurídicamente diferentes.
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El cronista interpreta que los objetivos de la dictadura trascendían a (eran más vastos y ambiciosos que) su plan económico. El proyecto era derruir la cultura política argentina, debilitar todas las formas de organización social, que eran muchas y aguerridas, desempatar la puja entre la clase trabajadora (eventualmente aliada a sectores medios) y los dueños del capital. Terminar con una sociedad de modales y demandas igualitarios o hasta jacobinos. Desmembrar el Estado benefactor que era su sustrato y revertir las conquistas laborales y sindicales, únicas en América del Sur.

El primer 2 de abril infausto de la dictadura fue el de 1976, cuando Martínez de Hoz enunció su programa económico, que contenía recetas consabidas, intentadas en ocasiones anteriores pero desbaratadas por la movilización popular. Los tecnicismos monótonos (Martínez de Hoz hablaba en voz baja e inexpresiva) se aderezaban con alusiones al “orden” y “la paz”, que iluminaban su afán: nuevos paradigmas para la política, nuevas reglas de comportamiento en la calle, en las costumbres cotidianas, en el arte, en las relaciones laborales. Sólo podían lograrse apelando a la violencia extrema, jamás irracional pues estaba centrada en toda la gama de los movimientos sociales y políticos. La masacre fue piedra basal de los cambios efectivamente logrados.
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El apellido, la formación académica, el abolengo de los dueños de la tierra lo diferenciaban de tantos uniformados de apellidos inmigrantes sin garbo: Videla, Massera, Agosti, Viola, Galtieri. La condición civil, la proveniencia de clase, las generaciones que se sucedieron en la Sociedad Rural acentuaban el aura de impunidad de Martínez de Hoz.

Cuando se reabrieron los juicios contra los represores, se puso de moda comentar que pagaban “perejiles”: médicos, policías o soldados de bajo rango. La sucesión de sentencias y procesos desmiente esa impresión inicial, ya han sido condenados jerarcas militares. Quedaba exenta la pata civil, en especial la proveniente de clases dominantes añejas, habituadas a ser intocables e intocadas. La detención de Martínez de Hoz es, en ese aspecto, un salto cualitativo.

Otro lugar común de la derecha doméstica aduce que la búsqueda de verdad y justicia clava la mirada atrás, distrae del futuro, entorpece el progreso. Ayer fue un día simbólico que refutó ese concepto. Casi en simultáneo con la detención en la Cámara de Diputados se trataba la ley de matrimonio gay, un paso gigantesco en materia de igualdad en derechos civiles y humanos, una prueba de maduración de la sociedad. Que hayan ocurrido este martes es una casualidad, pero, piensa el cronista, hay una densa lógica histórica que explica la simetría de ambos avances, sólo imaginables (y aun así, tan trabajosos) en democracia.  

Ahora, los civiles

 Por Adriana Meyer
 
Representantes de organismos de derechos humanos coincidieron en ponderar la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, a quien definieron como un emblema de la dictadura cívico-militar. “Fue uno de los responsables directos del genocidio, quizá más que Videla”, opinó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). Esa organización, junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hizo hace cuatro años el pedido de imputación contra el ex ministro de Economía del último gobierno de facto. “Fue parte de los civiles partícipes de diagramar junto a las Fuerzas Armadas lo que fue la opresión de un pueblo”, dijo Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al expresar su satisfacción por la decisión judicial.

“Esperamos que los médicos que están evaluando su estado de salud certifiquen sin condicionamientos que si ayer paseaba por (la avenida) Santa Fe, hoy no puede estar enfermo”, agregó Carlotto. Para Taty Almeyda, de Madres Línea Fundadora, es “maravilloso” haber logrado “detener a este individuo que ha sido la cabeza del desastre económico y cómplice total de la dictadura”. Dijo Almeyda a Página/12 que las Madres “esperan que sea el inicio de un avance hacia los civiles, ahí está la esperanza, que se siga haciendo justicia porque los milicos no hicieron el golpe solos, hay una larga fila de civiles cómplices”.

La abogada Andrea Pochak, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que “cualquier persona tiene que rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad, esto no es una investigación política ni una revancha ideológica, sino una investigación penal y Martínez de Hoz está siendo investigado como responsable directo de un delito, haber sido partícipe de un secuestro”. Pochak hizo esta aclaración en respuesta a quienes piensan que el ex funcionario de la dictadura está siendo juzgado por su responsabilidad como ministro de Economía. “Se lo acusa de un delito aberrante, no por su responsabilidad en el sometimiento económico de un pueblo, lo cual sería fantástico, pero no es el caso, porque la Justicia investiga personas y delitos”, apuntó la letrada del CELS.

“Es un paso importantísimo y nos alegramos de haber conseguido que un personaje como Martínez de Hoz vaya preso”, dijo Calvo (AEDD). Sin embargo, la sobreviviente recordó que “hicieron falta 4 años y tres días desde la presentación de Justicia Ya! para que se anule su indulto, cuando al ex presidente Néstor Kirchner le hubiera demandado cinco minutos firmar un decreto para anular ese indulto”. Para Calvo, es probable que Martínez de Hoz no viva lo suficiente como para recibir su condena, porque “la causa recién empieza”, y lamentó que, en caso de ser sentenciado, “sólo sea por la privación ilegal de dos personas”. A su criterio, “en este país sólo se juzga a los que actuaron directamente en los hechos, no se juzga el genocidio, está claro que las órdenes las daba Martínez de Hoz a Videla”.

Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón hizo un reconocimiento “al que hizo la investigación”, el fiscal Ricardo Molinas. Y opinó que “esto nos tiene que abrir las puertas para discutir otro tipo de responsabilidad, y la relación directa entre delitos económicos, la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención es el primer paso para empezar a discutir la responsabilidad de los civiles”.

Postergan dos días el inicio del juicio oral por crímenes en "Automotores Orletti"

El TOF 1 pospuso para el 3 de junio el comienzo del debate. Fue porque en la sala en donde se iba a realizar la audiencia, en la fecha prevista anteriormente, se llevará a cabo una sesión en otra causa. Se investigan delitos en perjuicio de 65 víctimas

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Capital pospuso para el 3 de junio, a las 10, el inicio del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” durante el último gobierno militar.
Si bien estaba previsto que el debate arrancara el 1º de junio en la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py, para luego desarrollarse en el Salón de Usos Múltiples, los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas modificaron la fecha porque se prevé que ese día se realice en la sala una audiencia en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº2 por delitos de lesa humanidad.
Así, la audiencia inicial del juicio por delitos en “Automotores Orletti” se realizará en la Sala de Audiencias. En tanto, las sucesivas jornadas, que se llevarán adelante los días jueves, viernes y miércoles de por medio, se realizarán en el Salón de Usos Múltiples de los tribunales, según el cronograma fijado en marzo por la Cámara Nacional de Casación Penal sobre el uso de las salas en Comodoro Py.

La causa
En la causa están imputados Néstor Guillamondegui (ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea), Rubén Visuara (ex coronel del Ejército), Eduardo Cabanillas (ex general de División del Ejército), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército) y Eduardo Ruffo (ex agente civil de inteligencia de la SIDE), por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas.
El centro clandestino “Automotores Orletti” se ubicó en Venancio Flores 3519/21, entre calles Emilio Lamarca y San Nicolás, en pleno barrio de Flores, en la Capital Federal, en una cuadra de viviendas comunes, y estuvo por entonces bajo el ámbito de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
La causa, en su etapa de instrucción, tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 6, bajo el N° 2.637/04, y corrió por cuerda de la causa N° 14.216/03 del mismo tribunal y secretaría, donde se investigan los hechos que habrían tenido lugar en la órbita del Cuerpo Primero del Ejército Argentino. Actualmente, la causa está registrada bajo el Nº 1.627, del registro del TOF 1.
Interviene en la causa la Unidad para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, representada por el fiscal general Guillermo Enrique Friele.

La situación de los imputados
Néstor Horacio Guillamondegui (vicecomodoro -R.- de la Fuerza Aérea Argentina y jefe del Departamento Operaciones Tácticas I de la ex SIDE, de la que habría dependido la base OT 18 donde habría funcionado el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputan los delitos de homicidio calificado por alevosía –un caso-, de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 52 oportunidades -siete de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- y de imposición de tormentos, reiterado en 52 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 80, inciso 2º; 144 bis, inc. 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor mediato y en concurso real entre sí.
Rubén Víctor Visuara (coronel -R.- del Ejército Argentino y jefe del Departamento Operaciones Tácticas I de la ex SIDE, de la que habría dependido la base OT 18 donde habría funcionado el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputan los delitos de homicidio calificado por alevosía reiterado en cinco casos, de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 18 oportunidades -cuatro de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- y de imposición de tormentos, reiterado en 18 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 80, inciso 2º; 144 bis, inc. 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor mediato y en concurso real entre sí.
Eduardo Rodolfo Cabanillas (general de División –R.- del Ejército Argentino, capitán al momento de los hechos, presunto subjefe de la base OT 18 donde habría funcionado el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputan los delitos de homicidio calificado por alevosía reiterado en cinco casos, de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 29 oportunidades -cuatro de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- y de imposición de tormentos, reiterado en 29 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 80, inciso 2º; 144 bis, inc. 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor mediato y en concurso real entre sí.
Honorio Carlos Martínez Ruiz (ex agente de la ex SIDE al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 65 oportunidades -siete de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 65 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de partícipe necesario.
Raúl Antonio Guglielminetti (personal civil de inteligencia del Ejército Argentino al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 25 oportunidades -dos de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 25 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor material.
Eduardo Alfredo Ruffo (agente de la ex SIDE al momento de los hechos, que se habría desempeñado en el centro de detención “Automotores Orletti”): se le imputa el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia o amenazas, reiterado en 65 oportunidades -siete de ellas calificadas además por su duración superior a un mes- en concurso real con el de imposición de tormentos, reiterado en 65 ocasiones, previstos y reprimidos por los artículos 144 bis, inciso 1º y último párrafo -versión según ley 14.616- en función del 142, incs. 1º y 5º y 144 ter, primer párrafo -texto de la citada ley-, todos ellos del Código Penal, en calidad de autor material.