Advierten sobre "injustificadas demoras" en los juicios a los represores de la última dictadura

Los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura sufren “injustificadas demoras” que constituyen un “impedimento para que concluyan en un tiempo razonable”, evaluó la Comisión Interpoderes para agilización de esos procesos.

La comisión, que integran representantes del máximo nivel de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, citó en concreto a los juicios orales por las causas Feced, en Rosario, y ESMA, como un ejemplo de esas dilaciones.

El organismo exhortó por ello a los jueces a cargo de esos procesos a “imprimirle la mayor celeridad posible” de modo de no desvirtuar “lo que los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como política de Estado”.

La “exhortación” a los jueces que llevan estas causas fue emitida al fin de la última reunión plenaria de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes).

Del encuentro participaron los responsables de la unidad fiscal para seguimiento de estas causas en la Procuración General de la Nación, Jorge Auat y Pablo Parenti; el secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut; la presidente de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, y su secretario general, Javier Carbajo; el titular del Consejo de la Magistratura, Mario Fera y su secretario de DDHH, Pablo Vassel, y el juez federal Daniel Rafecas.

“Con sustento en la Acordada n° 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Comisión Interpoderes considera necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”, sostuvo el documento.

La comisión consideró “imprescindible” que los magistrados agilicen las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, “procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes”, en especial los testigos.

Además de denunciar la “excesiva prolongación y retraso” de las horas de debate en algunas causas, la Comisión exhortó a los jueces de los tribunales orales que comparten salas de audiencias a optimizar su uso.

El juicio oral contra 17 represores de la ESMA se inició a fines de noviembre del 2009 y el Tribunal Oral Federal 5 de esta capital, que integran los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Oscar Hergot, proyecta emitir sentencia a mediados de octubre próximo.

El juicio por los crímenes en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, conocida como causa Feced, comenzó a ventilarse en julio del 2010 ante el Tribunal Oral Federal 2 de esa ciudad, que integran los camaristas Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe.

En ambos casos se trata de verdaderas “megacausas” por la cantidad de imputados y víctimas, y los presentes juicios son apenas los primeros tramos en ser juzgados.

Mendoza se moviliza para exigir la extradición de Romano

La Comisión de Estudiantes y Egresados por los Derechos Humanos y la Ética (CEDHE) de la UNCuyo, una delegación deportiva de la UBA y otras comitivas de universidades públicas del país marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, en su ronda habitual de los jueves, para reclamar a Chile la "inmediata extradición" del fugitivo juez Otilio Romano, acusado de participar como autor y cómplice en crímenes de lesa humanidad.

Los estudiantes informaron que la intención fue demostrar el compromiso de los alumnos de las universidades públicas de todo el país con el "actual procesamiento y sometimiento a la justicia de los cómplices civiles de la última dictadura militar". "Vamos a reivindicar con alegría la lucha y la coherencia de las Madres, vamos a abrazarlas y a darles nuestro apoyo", afirmaron estudiantes de la delegación de la UBA, durante la ronda que hicieron por la Plaza San Martín, en la ciudad de Mendoza, donde habitualmente se realiza la marcha de los jueves.

"Hoy en nuestro país, después de décadas de impunidad, tenemos la satisfacción de asistir al enjuiciamiento de los genocidas y se abre el capítulo necesario del procesamiento a los cómplices civiles", como es el caso de Romano, quien "se fugó para asegurar su impunidad", señalaron. En consecuencia, los estudiantes apoyarán "el reclamo para que se lo extradite y enfrente a la justicia argentina", agregaron.

Durante la movilización, pidieron "al gobierno chileno que rechace el infundado y cobarde pedido de asilo solicitado por el juez camarista Romano" porque "no es un perseguido político". En ese sentido, recordaron que Romano "se encuentra procesado por la Justicia argentina por su participación como autor y cómplice en crímenes de lesa humanidad". Por ese motivo, agregaron, "está sometido también al mecanismo constitucional y democrático que prevé la Ley ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para evaluar su desempeño como juez".

Juez cómplice de la dictadura deja de cobrar jubilación extraordinaria... ¿y los demás?

LA COMPLICIDAD NO OTORGA BENEFICIOS
Miret perdió la jubilación extraordinaria

La Cámara de la Seguridad Social revocó por "improcedente" la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal 2 que ordenaba pagar el retiro extraordinadio al excamarista federal de Mendoza, Luis Miret, destituído por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La decisión fue tomada por la sala I del Tribunal, integrado por Lilia Maffei de Borghi, Bernabé Chirinos y Victoria Pérez Tognola, en contra de la resolución pronunciada por el conjuez mendocino Gustavo Campo a favor de Miret. El otorgamiento de la jubilación había sido apelado por el Consejo de la Magistratura, que sostuvo que a Miret "no le asiste derecho a la percepción del beneficio de pasividad concedido por Anses en razón de haber quedado alcanzado en la causal prevista en el art 29° de la ley 24018", que establece que los jueces destituidos no cobran el haber extraordinario.

El organismo judicial recordó que la remoción del ex camarista acusado de "complicidad manifiesta con los represores y mal desempeño" se realizó en marzo pasada mediante un jury de enjuiciamiento dado que el Poder Ejecutivo no le aceptó la renuncia presentada en octubre del 2010.

Al fundamentar su negativa de otorgarle la jubilación, la Cámara de la Seguridad Social explicó que "las medidas cautelares son básicamente instrumentales y subsidiarias, dado que su finalidad consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia definitiva" y por ello es "improcedente" el "establecer medidas precautorias que coincidan con el objeto de la pretensión de fondo".

Juicio en mendoza : siete represores acusados de delitos sexuales

En el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza, siete de los doce militares y policías procesados por torturas y desapariciones durante la dictadura fueron señalados también como responsables de haber cometido delitos sexuales sobre al menos seis víctimas. 

Con anterioridad, esa acusación había sido desestimada por “falta de mérito”. Ayer, abogados querellantes y el fiscal Omar Palermo pidieron a la Cámara Federal incluir este tipo de delitos en el juicio que la próxima semana avanzará al dictado de sentencias: “Solicitamos a las autoridades de la Cámara Federal que sean procesados como autores mediatos de ataques sexuales Osvaldo Fernández, Eduardo Smaha, Agustín Oyarzábal (ex jefes policiales del D-2) y Luciano Benjamín Menéndez (ex militar que ordenó las torturas)”, detalló Pablo Salinas, vocero del grupo de abogados querellantes.

Brasil concedió la extradición de Norberto Tozzo por la matanza de Margarita Belén

Desde Brasil, se autorizó la extradición del militar retirado Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en el fusilamiento de una veintena de presos políticos en 1976 en la denominada Masacre de Margarita Belén. La medida complementa la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, que en mayo accedió a la solicitud de la Justicia argentina. Tozzo llegaría el país en no más de treinta días. El exhorto con el decreto firmado por Rousseff llegó ayer al Juzgado Federal de Resistencia, según informaron fuentes judiciales al diario on line Chaco Día por Día. Ahora la Justicia argentina está habilitada para repatriar al represor, en un operativo que deberán coordinar las oficinas de Interpol y las cancillerías de ambos países junto con el Juzgado Federal chaqueño. Según las normativas previstas en el acuerdo de extradición firmado por Brasil y la Argentina, el plazo máximo para que el acusado llegue al país es de treinta días. 

El TSF de Brasil decidió por mayoría la extradición, aunque fijó varias condiciones favorables al militar. La primera es que, en caso de ser encontrado culpable, Tozzo no reciba una condena superior a treinta años de cárcel, pena máxima prevista en la legislación brasileña. La segunda es que sólo podrá ser juzgado por las privaciones ilegales de la libertad de los cuatro fusilados que no fueron identificados. Sobre los otros 18, si bien según la legislación argentina el represor debería ser juzgado por sus homicidios, el máximo tribunal de Brasil consideró que ese delito está prescripto. 

Tozzo había sido detenido en junio de 2003 pero se benefició días después con la excarcelación que le concedió la Cámara Federal de Resistencia. Entonces se fue del país, hasta que en septiembre de 2008 fue detenido en un hotel de Río de Janeiro y apresado en la prisión federal de máxima seguridad de Ary Franco. Tozzo rendirá cuentas en el segundo juicio por la Masacre de Margarita Belén. En el primero, que concluyó en mayo, ocho militares fueron condenados a prisión perpetua y fue absuelto un policía

Bahía Blanca: ¡¡Novena requisitoria de elevación a juicio contra 14 represores!!

La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos formuló la novena requisitoria de elevación a juicio contra 14 personas, entre ellos integrantes del Ejército, Policía Federal y de Río Negro, en el marco de hechos ocurridos en el Comando en V Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar en Bahía Blanca.

El Fiscal Federal ad hoc Abel Córdoba solicitó una nueva requisitoria de elevación a juicio en el marco de la causa por violaciones a los derechos humanos.

Fuentes judiciales informaron que "en dicha elevación fue ampliada la acusación al teniente coronel retirado Osvaldo Bernardino Paéz y se formuló también respecto de los oficiales retirados del Ejército Argentino Alejandro Lawless".

También el fiscal Córdoba solicitó la medida para los suboficiales retirados del Ejército Argentino Víctor Raúl Aguirre de la especialidad Inteligencia, Raúl Artemio Domínguez, Desiderio Andrés Gonzalez, Gabriel Cañicul y Arsenio Lavayén quienes se desempeñaban como guardias del centro clandestino La Escuelita.

La requisitoria, que comprende crímenes de lesa humanidad, abarcó además al suboficial retirado de la Policía Federal Argentina Osvaldo Vicente Floridia y al oficial retirado de la policía de la provincia de Río Negro Antonio Alberto Camarelli.

Ex Juez Romano: Le suspenden salarios por fugitivo y no por los crímenes de lesa humanidad

Sin sueldo mientras sea fugitivo

La decisión de cancelarle los haberes, que según los consejeros rondan los 40 mil pesos, fue unánime. Se tomó en respuesta a la huida del suspendido camarista a Chile para eludir los procesos que se le siguen por su participación en crímenes de lesa humanidad.

 Por Irina Hauser

El suspendido camarista Otilio Romano, apoltronado en una playa chilena para evitar ser juzgado en Argentina por violaciones a los derechos humanos, no podrá cobrar su sueldo mientras siga fugitivo y pidiendo refugio al país vecino. Así lo resolvió ayer por unanimidad el Consejo de la Magistratura, que el 25 de agosto último había ordenado la apertura del juicio político en su contra. El organismo fundamentó que la “conducta” de Romano de sustraerse al juicio penal donde se le imputan 103 casos de crímenes de lesa humanidad y eludir el proceso de remoción es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas” de “un juez federal”. El razonamiento de los consejeros es que el Estado no debe financiarle su estadía como prófugo en ninguna parte. También votaron que su huida debería ser un agravante en el proceso de destitución.

Según calculan en el Consejo de la Magistratura, los haberes de Romano deben rondar los 40 mil pesos. Hasta ayer se supone que podía retirarlos desde el exterior con su tarjeta de débito o crédito, pero el cuerpo de consejeros resolvió que ya no se los depositará. La decisión fue tomada en un plenario al que faltaron el camarista antikirchnerista Ricardo Recondo –quien está en el exterior– y el diputado de la UCR Oscar Aguad. El senador Mario Cimadevilla y el abogado mendocino Daniel Ostropolsky, ambos radicales, plantearon dudas sobre si correspondía quitarle el sueldo teniendo en cuenta que no fue destituido. Se acordó que mientras siga sin presentarse ante la Justicia y el jury de enjuiciamiento no cobra. Si vuelve y lo hace, hay marcha atrás.

Después de lograr dilatar durante un año y medio la apertura del juicio político en su contra Romano fue suspendido el 25 de agosto último. Se va a Chile un día antes. Ante el gobierno de Sebastián Piñera pidió asilo político y le dieron ocho meses de visa mientras evalúan su petición. El Consejo recuerda en su resolución de ayer que la acusación aprobada contra el camarista se basó en “gravísimas imputaciones” relacionadas con su actuación como fiscal y juez subrogante en complicidad con el terrorismo de Estado, ya desde la época de la Triple A. Señala, además, que el cuerpo tuvo en cuenta que estaba procesado por “su participación en numerosos delitos de lesa humanidad” como secuestros, desapariciones, robo de bienes y allanamientos ilegales, por los que además “existe un requerimiento de elevación a juicio oral”.

Todo indicaría que, de acuerdo a la legislación y las convenciones a las que adhirió Chile, no hay razones para que cobije a Romano. El camarista suspendido estuvo anteayer ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Todo indicaría que alega ser un “perseguido político”. En un próximo paso tendrá una entrevista de “elegibilidad”.

Todo esto se podría transformar en un juicio de extradición si la Justicia argentina pidiera la captura y detención de Romano, y el Gobierno solicitara que lo devuelvan para juzgarlo. El fiscal Omar Palermo, que ha llevado adelante la investigación penal en su contra ya le pidió al juez del caso, Walter Bento, la captura internacional. Hasta ayer Bento no había tomado decisión alguna. No está descartado que tome alguna resolución intermedia, como una exigencia de que comparezca en su tribunal. Una de sus principales dudas pasaría por si Romano tiene o no inmunidad de arresto, teniendo en cuenta que aún no fue destituido y conserva el cargo de juez. Según Palermo ya no tiene protección de los fueros. Entiende que los fueros son a la función, que el camarista suspendido abandonó para evitar comparecer ante la Justicia. En ese caso, la inmunidad de arresto, según el fiscal, sería garantía de impunidad.

El Consejo evaluó ayer que “la intención del magistrado acusado de sustraerse al proceso judicial en trámite tanto ante la Justicia federal de Mendoza, cuanto el proceso de remoción iniciado ante el jurado de enjuiciamiento (...) denotan el apartamiento de los deberes mínimos indispensables para hacerse acreedor de la contraprestación correspondiente al estatus judicial”. El consejero Hernán Ordiales –representante del Poder Ejecutivo– e impulsor del dictamen que llevó a Romano al jury, tradujo: “Un juez que se fuga no tiene derecho a cobrar su sueldo porque le estaríamos financiando la contumacia de prófugo”. El cuerpo de consejeros, además, resolvió pedirle al jurado de enjuiciamiento que incorpore como un cargo más el hecho de que Romano se haya escapado para evitar ser juzgado.

El jurado de enjuiciamiento, que tiene plazo formal hasta mitad de febrero para resolver si remueve a Romano, se hizo eco de lo que algunos de sus miembros consideraron una situación de suma gravedad y se reunió el lunes último para analizar las posibilidades de acelerar el proceso. Según los cálculos, para respetar todos los plazos procesales empezarían en noviembre. Se podrá hacer en ausencia del acusado, pero tendrá que estar siempre su defensor oficial, Fabiana León, designada porque Romano no presentó abogados propios. En el ínterin, habrá que ver qué hace el gobierno chileno y, si hay pedido de extradición, sus jueces.

El ex juez prófugo por delitos de lesa humanidad, ¡¡pidió refugio político en Chile!!

Otilio Romano : Cuando pa’ Chile me voy es que fugándome estoy

Cuando era inminente su suspensión como juez y su pérdida de fueros, Otilio Romano se fugó a Chile. Interpol informó a la Justicia argentina que allí obtuvo una visa por ocho meses y pidió estatus de refugiado.
Por Diego Martínez

Durante un año y medio dilató con éxito el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y la pérdida de los fueros que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión de LAN rumbo a Chile. Ayer, mientras la noticia del camarista fugitivo circulaba en los medios trasandinos, Interpol le informó a la Justicia argentina que Otilio Romano, flamante ex juez con procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se encuentra “con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades” chilenas. El próximo paso corresponde ahora al juez mendocino Walter Bento, en condiciones de pedir su captura internacional con fines de extradición. La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. El Consejo de la Magistratura, que suspendió a Romano y ordenó un jury de enjuiciamiento por su actuación en el terrorismo de Estado, se reunirá “de urgencia” el próximo jueves para considerar la suspensión del pago de haberes ante “la intención evidente de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.

La noticia sobre el pedido de refugio de Romano despertó ayer suspicacias respecto del uso político que el gobierno de Piñera pueda hacer del caso, sobre todo a partir del asilo que la Conare argentina le otorgó el año pasado al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile pretende juzgar por un asesinato y un secuestro en 1991. El gobierno chileno, patrocinado por un estudio de abogados argentinos, se presentó días atrás ante la Justicia en lo contencioso administrativo para intentar revertir la decisión de la Conare. Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que “la presentación es técnicamente un disparate, porque el asilo es una decisión política que se funda en la oportunidad, el mérito y la conveniencia de quien tiene la facultad para ejercerla”, aunque no descartaron que Piñera utilice el caso “para devolver gentilezas”.

Salvo que Chile decidiera expulsar a Romano, decisión poco probable dado que no ingresó al país ilegalmente, el proceso para que el imputado retorne a la Argentina podría demorar semanas e incluso meses. Si bien no se conoce el escrito que el ex juez presentó para pedir refugio, abogados con experiencia en trámites de extradición consultados por este diario dieron por descontado que se presentó como “un perseguido político”, en línea con la carta pública que difundió desde el diario Los Andes en octubre de 2010, cuando vinculó el avance de la investigación sobre su pasado con el fallo de la Cámara Federal que convalidó la suspensión de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. Esa hipótesis fue desbaratada de inmediato por los organismos de derechos humanos de Mendoza, cuando recordaron que ya en enero de 2010 habían denunciado penalmente y habían pedido la destitución de Romano y de su entonces colega Luis Francisco Miret por su “compromiso ideológico” y su participación en “la persecución sistemática de la población civil emprendida por el régimen militar”.

Romano se convirtió en fugitivo para la Justicia el miércoles a las 13, cuando venció el plazo de 48 horas que el juez Bento le había fijado para demostrar que continuaba “sujeto a proceso”. Ayer por la mañana, antes de que el juez alcanzara a pedirle autorización al Consejo para dictar la orden de captura, la oficina de Interpol en Buenos Aires le informó que Romano “se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país”.

Bento le informó la novedad al Consejo de la Magistratura, que el viernes 25 lo había suspendido y había designado a dos consejeros para que prepararan la acusación ante el jury de enjuiciamiento. La suspensión implica que el magistrado no puede concurrir a su trabajo ni firmar resoluciones, pero sí mantener su salario, su obra social y el tratamiento especial que se dispensa a Sus Señorías. Ante la novedad, el presidente del organismo, Mario Fera, convocó al resto de los consejeros para el jueves a las 10 con el fin de tratar “la propuesta de suspensión del pago de haberes al doctor Otilio Irineo Roque Romano”. Fera recordó que ayer venció “el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Romano para su presentación”, y al no presentarse le dio traslado al defensor oficial. “Deberían destituirlo de una vez, ahora no sólo por su participación en crímenes de lesa humanidad, sino por sustraerse a la Justicia, una conducta inadmisible en un magistrado”, opinó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Cuyo.

Al margen de lo que decida el Consejo de la Magistratura, los próximos pasos están ahora en manos del juez Bento. Una vez que el magistrado pida la captura internacional, Cancillería deberá comenzar a tramitar la extradición. La Conare chilena deberá analizar entonces los argumentos de Romano y las pruebas provenientes de la Argentina, donde ya estaba en condiciones de afrontar su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. El organismo del que dependerá la suerte del ex hombre fuerte de la Justicia cuyana está integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social y por el canciller de Chile. La principal diferencia con la Argentina y la mayor parte de los países de la región es que no cuenta con representantes del Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados

El ex juez colaborador con la dictadura : está prófugo

Mirá que me voy...
El ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza dejó el país cuando el Consejo de la Magistratura iba a suspenderlo por su participación en delitos de lesa humanidad. El juez Bento solicitaría hoy autorización al Consejo para pedir la captura internacional.

 Por Diego Martínez

Otilio Roque Romano, hombre fuerte del Poder Judicial de Mendoza desde el retorno de la democracia, es desde ayer formalmente un fugitivo. El ex presidente de la Cámara Federal cuyana se fugó en realidad el jueves 24 de agosto, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo por su participación en delitos de lesa humanidad, sólo que ayer a las 13 venció la intimación para presentarse que el juez federal Walter Bento le informó a su abogado, luego de que trascendiera que el ex magistrado había cruzado la frontera. Bento pediría hoy autorización al Consejo para dictar la orden de captura internacional de Romano, medida que aceleraría el proceso de destitución. Paradójicamente, la presidencia de la Cámara quedó en manos de Julio Demetrio Petra, el mismo juez que después de liberar a todos los represores cuyanos y de recusar a Bento fue fotografiado mientras celebraba con champaña en un bar de la capital mendocina con su amigo Romano, compañero de tribunal durante más de dos décadas.

Romano tiene buenas razones para convertirse en prófugo: el juez Bento y luego la propia Cámara, integrada por jueces subrogantes, lo procesaron como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bie-nes y desapariciones protagonizadas por militares y policías entre 1975 y 1983, mientras se desempeñaba como fiscal federal y eventualmente como juez subrogante. Logró esquivar la cárcel gracias a los fueros que le quitaron horas después de la fuga.

El mendocino no es el primer magistrado que se esconde para burlar a su propia corporación ante el avance de investigaciones sobre la complicidad de los jueces con el terrorismo de Estado. El primero fue Guillermo Federico Madueño, juez hasta 2004 del Tribunal Oral Federal 5, que hoy juzga a los represores de la ESMA, fallecido hace un año. A diferencia de Romano, el Consejo de la Magistratura no pudo investigar el rol del ex juez federal de Bahía Blanca en el encubrimiento de los crímenes de las Fuerzas Armadas porque el entonces presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia. Madueño estuvo prófugo más de medio año, asistido por una empleada del propio TOF-5. Pasó sus últimos diez meses de vida preso aunque no llegó a ser indagado gracias a sus problemas de salud, a las gestiones de sus íntimos en Comodoro Py (su hermano, Raúl Madueño, esjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal) y a la negativa del juez federal bahiense Alcindo Alvarez Canale de trasladarse a Buenos Aires.

Romano tuvo menos suerte, sobre todo después de confirmar como camarista el fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que suspendió la aplicación de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. La medida cautelar que presentó el diputado nacional del PJ disidente Enrique Thomas había sido patrocinada por el ex juez federal Luis Leiva, quien compartió con su amigo Romano el vuelo de LAN Chile que el jueves 24 lo dejó en Santiago. El viernes 25 el Consejo lo suspendió por haber sido “funcional” al terrorismo de Estado. El primer indicio de la fuga lo aportó el portero de su edificio cuando informó que ya no vivía allí. Luego se supo que tenía pasaje de retorno para el 29, pero que prefirió no utilizarlo. Sus abogados Adolfo Moreno y Verónica Romano, que además es su hija, dicen desconocer su paradero. “Juez mendocino suspendido viaja a Chile para evitar juicio”, tituló ayer El Mercurio. El diario chileno informó que Interpol no registró la salida del país del flamante fugitivo

Ordenan sólo detención domiciliaria a dos apropiadores

Los jueces ordenaron la detención en sus casas de los acusados en San Juan
Dos apropiadores bajo arresto

En el juicio que comenzó ayer, el ex suboficial Luis Tejada y su esposa, Raquel Quinteros, están acusados por la apropiación de Jorge Guillermo Goya. Ambos se negaron a declarar. El primer testimonio fue el de Emilio Goya, hermano de la víctima.
Por Ailín Bullentini

La primera decisión que tomó ayer el Tribunal Oral Federal de San Juan fue ordenar la detención bajo arresto domiciliario del ex suboficial de inteligencia del Ejército Luis Tejada y de su esposa, Raquel Quinteros. Lo hizo en el marco del primer juicio que se realiza en la provincia por la apropiación de un niño durante la última dictadura, en el que Tejada y Quinteros son los principales acusados. Por decisión propia, ambos callaron hasta nuevo aviso. En cambio, sí habló Emilio Goya, el hermano de la víctima, Jorge Guillermo Goya Martínez Aranda. Su testimonio fue el primero de los quince que los jueces escucharán durante las próximas tres jornadas del juicio.

Hugo Echegaray, Raúl Fourcade y Héctor Cortés, los jueces, iniciaron el proceso, ya pospuesto en dos ocasiones, con la aceptación de un pedido de la fiscalía para que se detuviera al matrimonio apropiador. “La medida fue solicitada como necesaria para asegurar la realización efectiva del juicio. El tribunal lo evaluó y dio lugar”, explicó a Página/12 el abogado Mariano Gaitán, quien junto con su colega María Inés Vedía, ambos de Abuelas de Plaza de Mayo, y los fiscales Mateo Bermejo y Dante Vega, ejercen la querella. La defensa está a cargo de Humberto Conti Pico, quien se sumó al caso el viernes último. El primer abogado que tuvo el matrimonio fue apartado de la causa por problemas de salud “aún no certificados. Se designó a un letrado oficial que fue desplazado por Conti. Se nota que no quieren abogado del Estado”, especuló el querellante.

Luego de enterarse de su detención, Tejada y Quinteros escucharon en silencio la acusación: la apropiación de Jorge Guillermo, quien recuperó su identidad en 2008, tras una profunda investigación de Emilio Goya y de Abuelas de Plaza de Mayo. Luego se abstuvieron de declarar “hasta más adelante”, según explicaron cuando los jueces intentaron interrogarlos. “Está previsto legalmente que sean suyas las últimas palabras del proceso”, añadió Gaitán.

Quien sí habló fue Emilio, hermano de Guillermo. Su declaración fue “brillante, completa y clara”, destacó Gaitán: “Dejó constancia de la búsqueda minuciosa que llevó adelante. Transmitió datos, pero también el anhelo de encontrar a su hermano, dos elementos importantes para dimensionar lo que significó para él su desaparición y la del padre, y la esperanza que siempre sintió de volver a encontrarlo”. Tras viajar a México y a España logró armar la historia de su papá, Francisco Luis Goya, un integrante de Montoneros que, tras caer preso en 1975, se exilió en Perú y luego viajó a México, donde conoció a la madre de Guillermo, María Lourdes Martínez Aranda. Después de pasar por España, ambos volvieron a la Argentina cuando la Contraofensiva, momento en el que los secuestraron. Emilio dejó al tribunal fotografías y cartas de su padre que prueban el nacimiento de su hermano en España y su regreso a la Argentina.

Los testimonios seguirán hoy, y el lunes y martes próximos. “La defensa no ofreció testigos –advirtió Gaitán–. En una estrategia extraña, adhirió a los testigos ofrecidos por la fiscalía con un documento que presentó incluso antes de que los fiscales dijeran a quiénes iba a citar.”

Represor acusado se va a Italia

Pedirán la extradición.
Es el teniente coronel (R) Carlos Luis Malatto, quien ahora está en la ciudad italiana de D’Aquila.
 
El teniente coronel retirado Carlos Luis Malatto, acusado en varias causas por delitos de lesa humanidad en la provincia mientras integraba un grupo de oficiales que actuó en el RIM 22 durante la dictadura, viajó a Italia pocos días antes de que el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, pidiera su orden internacional de captura a través de INTERPOL.

Ahora, el magistrado deberá iniciar un proceso de extradición ante las autoridades italianas para poder continuar con los procesos que se le siguen al ex militar en San Juan. Entre esas causas están la llamada causa Bustos, en la que sufrieron apremios ilegales figuras políticas de la provincia como el gobernador José Luis Gioja, su hermano el senador César Gioja y el cortista José Soria Vega, entre otros.

Según confirmó su abogado defensor, Eduardo San Emeterio, Malatto viajó a Italia "a buscar la justicia que les es negada sistemáticamente en la República Argentina". Y ahora reside en la ciudad de D'Aquila.

En la práctica significa que el ex militar, aprovechando su doble ciudadanía, salió del país antes de que estuviera su orden de captura, para evitar caer detenido.

El abogado Fernando Castro, que es querellante en la causa de la jueza Margarita Camus, nieta del ex gobernador Eloy Camus, dijo que "acá se está tratando de crear un conflicto internacional pero es totalmente falso porque Malatto tenía asegurado su derecho de defensa".

El juez Rago Gallo ordenó, pocos días atrás, nuevas detenciones a ex militares acusados de delitos de lesa humanidad, como consecuencia de una decisión de la Cámara de Casación Penal que revocó las excarcelaciones a militares que ya habían estado detenidos en Chimbas. Entre ellos está Malatto, pero ahora su nueva detención y nuevas indagatorias sufrirán una demora considerable porque primero el Gobierno italiano debe acceder a su extradición.

Según fuentes de la causa, Malatto, utilizando un pasaporte italiano, porque también tiene nacionalidad de ese país, habría viajado desde Mendoza a Santiago de Chile y desde ese país se embarcó rumbo a Italia. En ese país buscó el asesoramiento legal del abogado Augusto Sinagra, conocido por haber sido el abogado de la Logia P2, y se presentó ante las autoridades de la División de Investigación General de Operaciones Especiales, en Roma.

Según San Emeterio, los hechos que se le imputan a Malatto "no son delitos en Italia y es muy poco probable que se le conceda la extradición".

El militar está acusado fundamentalmente en la causa Bustos, pero con el nuevo criterio sustentado en la Justicia Federal que hace referencia a que en el RIM 22 había grupos de tareas que eran los responsables de la represión, todos los oficiales y suboficiales que actuaron en la unidad militar serían responsables de los hechos sucedidos.

Otros dos defendidos por San Emeterio, Gustavo De Marchi y Eduardo Vic no tendrían previsto entregarse todavía porque "no hay garantías de imparcialidad", dijo el letrado.
 
El perfil
Carlos Luis Malatto era en la época de la dictadura un joven oficial del RIM 22 que luego se retiró del Ejército con el grado de teniente coronel.

Está acusado en la llamada causa Bustos, el caso de un ex militante de la Juventud Peronista, quien también trabajaba en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), detenido primero en la Legislatura provincial y después en el Penal de Chimbas, sometido a torturas y apremios ilegales.

En esta causa también está acumulada la de tormentos y torturas a las que fueron sometidos una serie de figuras políticas de la provincia, entre ellas el gobernador José Luis Gioja y el senador César Gioja.

 Otra causa en Italia. ­Jorge Olivera, considerado el cabecilla de la represión en San Juan, en la foto durante su detención en el Penal de Chimbas, también estuvo preso en Italia durante 42 días y se había pedido su extradición acusado por la muerte de la joven María Ana Erize. Pero la Corte de Apelaciones romana lo liberó y volvió al país. Logró zafar gracias a un certificado de defunción apócrifo de Erize, que presentó su defensa.

Con una cuestionada dinámica procesal, se desarrollan 9 juicios orales por crímenes de la dictadura

Nueve juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura se llevan adelante actualmente en Capital Federal, Rosario, Salta, Mendoza, Entre Ríos y Mar del Plata.

En tanto, en Entre Ríos se desarrolla un juicio a través del viejo sistema del Código de Procedimiento en Materia Penal (juicio por escrito) de la causa "Área Paraná", que reúne los casos de 70 víctimas.

En este juicio están acusados los represores Ramón Díaz Bessone, Jorge Appiani, Oscar Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Appelhans, Luis Armocida y Carlos Zapata; el policía federal Cosme Marino Demonte; la agente penitenciaria Rosa Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano.

En la Capital Federal, el Tribunal Oral Federal 6 juzga a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, junto a otros seis imputados, por 34 casos de apropiación de menores.

Se trata de la causa conocida como “Plan Sistemático”, en la que también están imputados los represores Rubén Franco, Jorge "El Tigre" Acosta, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros, Jorge Azic y Jorge Magnacco, por los delitos de sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de 10 años.

También en esta Ciudad, el Tribunal Oral Federal 5 juzga los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionara en la ESMA, proceso en el que se estima que mañana será el último día de alegatos.

En este proceso se investigan, entre otros delitos, las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

Los imputados en este tramo de la megacausa "ESMA" son: Jorge "El Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Juan Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Néstor Savio y Ernesto Weber.

En Salta, en tanto, el Tribunal Oral Federal encabeza el juicio por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de la provincia, donde es juzgado el represor Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete acusados.

En este proceso, cuya sentencia está prevista para el 12 de septiembre, también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal.

En Mendoza, el Tribunal Oral Federal 1 lleva adelante el juicio que acumula 17 causas por crímenes en perjuicio de 24 víctimas, proceso que entró en su segunda etapa de alegatos.

Ayer, querellantes y defensores comenzaron la segunda etapa de alegatos en el juicio, que entre otros casos juzga, el asesinato del periodista Francisco "Paco" Urondo.

Los imputados son el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza Paulino Furió; el ex teniente Dardo Migno; el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal; el comisario retirado Eduardo Smaha y los ex policías Celustiano Lucero y Luis Alberto Rodríguez Vázquez.

En Rosario, ante el Tribunal Oral Federal 2, se desarrolla el juicio contra el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y otros cinco imputados.

En la causa conocida como "Ex Feced", están imputados además los ex policías santafesinos Ramón Rito Vergara, José Carlos Scortechini, Mario Alfredo Marcote y José Rubén Lo Fiego; y el civil Ricardo Miguel Chomicky, acusado de complicidad en la represión ilegal.

Están acusados por delitos cometidos durante el primer año de la dictadura en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de Rosario.

En Bahía Blanca, desde junio, son juzgados 13 militares, 4 policías y 2 agentes penitenciarios, en la causa conocida como “V Cuerpo”, por juzgarse violaciones a los derechos humanos contra 90 víctimas en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército.

Esto incluye el sur de Buenos Aires, parte de las provincias de Río Negro y Neuquén, donde operaron los centros clandestinos de detención conocidos como La Escuelita de Bahía Blanca y la Cárcel de Villa Floresta.

En tanto, la semana pasada comenzó en el Tribunal Federal Oral de Paraná el juicio por robo de bebés nacidos en el Hospital Militar de Paraná.

En este proceso se investiga la sustracción y sustitución de identidad de los hijos de Raquel Negro, en la que están involucrados seis represores: cinco militares y un médico con rango militar, acusados por sustracción de menores y sustitución de identidad, en el caso de Sabrina Gullino.

En el banquillo de los acusados están sentados Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Walter Pagano, Jorge Fariña y Marino González; junto con el médico anestesista Juan Zaccaría.

También la semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó a juzgar a 14 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 69 víctimas.

En la causa se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 69 víctimas, cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaran en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y en la sede de aquella ciudad de la Prefectura Naval Argentina.

También en Mar del Plata, se desarrolla desde junio, un juicio por delitos cometidos en dos centros clandestinos de detención en perjuicio de 85 víctimas y en el que hay 17 acusados.

En el proceso se investigan hechos cometidos en la Comisaría 4ª y el centro clandestino “La Cueva” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), como también en la Comisaría 1ª y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.