28 de Noviembre 2012: Inicio juicio ESMA

Se inicia el tramo más importante por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura genocida. 68 represores imputados por los casos de 789 víctimas, con más de 800 testigos. Haber llegado a este punto es consecuencia de la lucha de las organizaciones populares y organismos de derechos humanos que no se han resignado. Los mismos, han transitado tramos menores con igual convicción y compromiso, y sin minimizar el impacto de ver a 68 represores sentados en los banquillos, no hace olvidar que en la ESMA actuaron cientos de represores y fueron desaparecidos casi 5000 compañeros; que por intricados e interesados vericuetos judiciales y procesales, la causa sobre el campo de concentración con mayor cantidad de pruebas, se desguazó durante años en expedientes menores,  con represores en cárceles de lujo o en dependencias de la propia fuerza, o en sus domicilios, y llegar hasta el envenenamiento del prefecto Febres en la sede  de la Prefectura de Tigre, el 28 de noviembre de 2009.

Este recorrido que se inicia es de gran trascendencia, por lo que toman fuerza las mismas exigencias que desde hace más de 28 años, incrementadas sí por el hecho que los genocidas que disfrutaron de la más absoluta impunidad durante gobiernos constitucionales, continuaron en la represión a las protestas y reclamos populares, protegidos en empresas multinacionales en las que eran socios privilegiados, enquistados en diferentes estamentos estatales, o persistiendo en su actividad criminal, como  lo demostraron con el secuestro y desaparición de Jorge Julio López. 

Como en otros sitios que funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio, el edificio de la ESMA constituye en sí mismo una evidencia material que testimonia la implementación de prácticas sociales genocidas en Argentina de 1976 a 1983; y se ha manifestado una contundente oposición al uso de las instalaciones de la ESMA, para todo tipo de actividades que no sea la preservación absoluta de todos los componentes probatorios,  y la protección de cada elemento de la memoria; y que asimismo no es patrimonio de ningún partido ni organización, y no puede alivianarse ni banalizarse con dinámicas ajenas a la lucha y resistencia de los miles de compañeros que allí estuvieron secuestrados; la ESMA es el escenario dónde se cometieron los crímenes que hoy  se juzgan. 

Hay, indudablemente, un empeño de justicia reforzado,  reconstruyendo memoria y desconstruyendo impunidad, exigiendo sin más dilaciones, la apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura, que son el códice maldito de la verdad del paradero de los 400 hijos y de los 30.000 compañeros que nos faltan.

El mejor homenaje a todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos es seguir exigiendo prisión perpetua y efectiva en cárcel común para todos y cada uno de los responsables y cómplices del genocidio;  exigiendo que se juzgue a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos, cumpliendo en cárcel común la condena que se merecen, cadena perpetua por el delito cometido, el de genocidio.

Casapueblos - 26 de noviembre 2012

Los abusos y las violaciones deberán ser considerados parte de la tortura

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó una resolución en la que instruyó a los fiscales a que investiguen los casos de abuso sexual cometidos durante la dictadura cívico-militar. El documento puntualiza las falencias en el tratamiento judicial que reciben este tipo de delitos en las causas por delitos de lesa humanidad y recomienda "medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual".

En su resolución, la Procuradora dio instrucción para que los fiscales de todo el país tuvieran en cuenta el documento "Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado", elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.

El documento describe las falencias en el tratamiento judicial que reciben los delitos contra la libertad sexual y ofrece distintas pautas de actuación para evitar o morigerar sus efectos perniciosos, en consonancia con las Observaciones Finales que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer efectuara al Estado argentino durante 2010.

Puntualmente, el Comité recomienda que se adopten "medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad".

La Procuradora destacó que el documento elaborado por la Unidad, a cargo del fiscal Jorge Auat, es "en un todo compatible con las metas y objetivos que persigue el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género", creado el 9 de noviembre pasado con el fin de "difundir, sensibilizar y capacitar sobre las temáticas de género y los derechos de las mujeres".

A partir de la apertura de las causas por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad en 2007, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas que investigue a los represores Julio Simón, Samuel Miara y Juan Carlos Falcón, por abusos sexuales que sufrieron detenidos en centros clandestinos. Esta fue la primera vez desde la revisión penal del terrorismo de Estado, que se pidió que los abusos sexuales y violaciones que sufrieron algunas personas secuestradas sean investigados por la Justicia Federal.

Recién en abril de 2010, el Tribunal Federal de Santa Fe emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura, en una causa donde la querellante, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia sexual durante 32 años.

Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua a Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en el centro clandestino La Cueva de Mar del Plata. "Los abusos sexuales en La Cueva no constituían hechos aislados, sino que conformaban una práctica habitual que se exteriorizaba a través de diversas conductas que lesionaban el marco de protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal", argumentaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, y Juan Carlos Gemignani.

En 2011, un juez procesó a los represores Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años en un centro clandestino de detención.