"Durante el 2012, el EAAF identificó los restos de 65 detenidos desaparecios", señalo Carlos "Maco" Somigliana

“Son de campos que no hacían traslados aéreos”

Carlos Somigliana, del EAAF, indicó que esperan llegar a identificar entre ochenta y cien por año a partir de la cantidad de familiares que dejaron muestras para el análisis de ADN. Muchos hallazgos son de Capital Federal y La Plata.

 Por Alejandra Dandan

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó 63 cuerpos de detenidos desaparecidos durante 2012. El trabajo con las tecnologías de reconocimiento con muestras de ADN multiplicó las identificaciones en forma exponencial. Pasaron de diez a veinte, antes de 2008, a números que prevén estará entre los ochenta y cien cada año. Los tambores con personas cementadas que aparecieron en junio pasado; los hallazgos que a partir de la cantidad permiten analizar nuevas formas del Plan Sistemático y lo que queda pendiente es parte de lo que analiza Carlos “Maco” Somigliana, integrante del EAAF. “Antes estábamos limitados a la posibilidad de tener una hipótesis previa que permitiera hacer comparaciones uno a uno, o uno a dos, o uno a tres. Tenías que tener una punta, una idea de qué persona podía ser. Eso quedó atrás y lo que se hace es comparar con todos los familiares que dieron la muestra. Tenemos en la base algo así como la mitad de las personas desaparecidas, lo que significa que nos falta la otra mitad.”

–¿Cuántas son las identificaciones del año pasado?

–Hubo 63, algunas en el ámbito de Capital y Provincia de Buenos Aires, pero también hubo muchas, más de diez, en Tucumán; en La Plata hubo varias; en Santa Fe.

–¿Existe algún patrón en común entre ellas?

–Lo que se está notando son hallazgos en Capital Federal y La Plata, sobre todo en la zona dependiente de la subzona 11, la medialuna que va desde el oeste, Merlo, Morón y Moreno, hasta La Plata, que es el sector que no ha tenido acceso a traslados aéreos. Estoy hablando de gente que estuvo en esos centros clandestinos, no necesariamente que haya sido secuestrada en esos lugares. Pudieron haber sido secuestradas en Capital, pero el eje son esos centros en los que no hubo traslados aéreos. Tal vez hubo algunas víctimas del traslado aéreo, pero son muchos menos casos. Entre ellos, un grupo de seis personas que aparecieron en Rocha a fines de abril del ’76 y aparentemente provenían de Campo de Mayo. Hubo identificaciones en Colonia de cuerpos de mayo del ’76 que también provenían de Campo de Mayo. Y también lo que hubo relativamente novedoso este año fueron apariciones de inhumaciones clandestinas o los tambores que aparecieron en junio en San Fernando, que era un caso que nos recordó uno aparecido hace muchos años de gente puesta en tambores de doscientos litros y cementada.

–¿Un modo similar?

–Se había trabajado ese caso, que eran víctimas del centro clandestino de Automotores Orletti, de octubre del ’76, en ese momento recuperados por Prefectura e inhumados a fines de los ’80, principios de los ’90. En junio de 2012 aparecieron tres tambores con las mismas características en San Fernando. Y ese mismo modus operandi se correspondía, cuando se identificó, a la proveniencia del mismo centro clandestino, Orletti.

–¿Siguen trabajando en San Fernando?

–Las inhumaciones las hizo un fiscal de San Fernando y pasaron a (el juez federal Daniel) Rafecas, que hizo las identificaciones y dispuso la persistencia del trabajo en el lugar. Falta maquinaria de porte que ahora se consiguió y a partir de febrero calculo que vamos a estar trabajando extensivamente en ese lugar, buscando más tambores. Los del ’80 eran ocho personas, entre ellos Marcelo Gelman. De esos ocho durante 2012, gracias a que vino de Uruguay la muestra de la hija de Alberto Mechoso Méndez se lo pudo identificar a él como la séptima víctima. Hubo algunos otros hechos de los que no puedo hablar porque hay identificaciones en trámite.

–¿Y cómo incide lo tecnológico en el trabajo?

–Lo que se hace es tomar una muestra de ADN y comparar con las muestras que miles de familiares de personas desaparecidas nos dieron, secuenciarlas y hacer una comparación masiva. A partir de esa comparación, surgió la posibilidad de identificación: sin tener este cúmulo de muestras de personas desaparecidas, identificaciones como éstas tardarían muchísimo tiempo más y en muchos casos no habrían podido hacerse porque no tenés elementos que te permitan establecer una hipótesis de identidad. Estas muestras masivas permiten hacer comparaciones más rápidas, eso es lo novedoso. A partir de 2008 se está pudiendo hacer y es lo que permite que el número de identificaciones se haya multiplicado anualmente por cuatro o cinco.

–¿Qué pasa con la mitad que falta?

–Estamos haciéndonos esa pregunta hace mucho. En muchos casos no hay familias o por lo menos no hay familiares suficientemente cercanos para la identificación. Por otro lado, nos consta que hay quienes todavía están dudando de dar la muestra, nos consta en varios casos. En otros no descarto que todavía no haya gente que no conozca esta posibilidad, en otros habrá gente que no tiene confianza. Son cosas razonables, sobre todo en personas que tuvieron expectativas que muchas veces han sido frustradas y debe haber otras razones que todavía no llegamos a entender.

–Un caso es Avellaneda.

–Es el conjunto de fosas irregulares más grande que trabajamos. Había 350 personas y más o menos el porcentaje que se identificó es el porcentaje de muestras que tenemos. Más de la mitad de las personas que recuperamos en Avellaneda, que son victimas de la represión clandestina, no han podido ser identificadas por falta de referencias, o sea de la muestra del familiar que permite identificarla.

–¿Qué se pierde cuando se abandona la búsqueda más artesanal y qué se gana?

–Es como si tuvieras un lugar absolutamente oscuro. Cada identificación, cada certeza, produce una luz en ese campo, cuanto más hay, más vas conociendo. No sólo en términos de sospecha de la identificación sino lateralmente de saber quiénes son las personas que están alrededor. Aunque no tengas la muestra, eso permite establecer otra relación, tener una idea de quién se trata y tener una idea genéricamente de a qué conjunto o subconjunto de personas pueden ser y de qué centro clandestino provienen, de una determinada época. Ahí la cuestión de reconstrucción histórica también vuelve a tener protagonismo, porque podés buscar con mayor certeza quiénes son las personas o el conjunto de personas que más fácilmente puedan estar en relación con el que ya identificaste. Vas consolidando, atando. Y esto tiene mucho valor para los juicios. No sólo por el hecho que se menciona mucho y que es bastante evidente, que es la imputación por homicidio –que en rigor no es necesario porque se puede imputar aunque no haya aparecido el cuerpo–. Ese tipo de identificaciones es mucho más clásica cuando el cuerpo apareció. Pero también, permite establecer circuitos la represión clandestina que en el país fue un fenómeno masivo, complejo interrelacionado. Con las identificaciones se van viendo mejor esas interrelaciones y por ende conocés todo el circuito de manera más consolidado y se pueden generar hipótesis más firmes para comprender mejor la complejidad del sistema.

–¿Está pensando en las pruebas que aportó el EAAF para los homicidios del Circuito Camps?

–Como en cualquier juicio, cuanto más certero es el conocimiento del objeto del juicio es mejor. Los jueces se sienten mucho más seguros cuando el fenómeno que tienen que juzgar está más acreditado. Lo interesante de las identificaciones es que vienen a presentar una impronta de concreción específica en un fenómeno que se ha caracterizado justo por la falta de datos, que te lleva muchas veces a cierta generalidad. Cuando más conocimiento, más sencillo es establecer el circuito que lleva del secuestro al centro clandestino y a la ejecución. Cuanto más veces tengas recorrido este sendero, lo dicho está más acreditado. Y más allá de los hechos, cuando llegás al dato se produce una especie de encuentro entre una historia de vida de una persona conocida hasta el momento de la desaparición y la historia que podés ver en la historia de un cuerpo. La identificación lo que hace es atar esa distancia como un jarrón que está roto, lo volvés a pegar, podes volver a establecer toda la historia. Permite volver a ese hilo, reconstruir una realidad que es dolorosa, pero que termina de cerrar el círculo de esa vida en términos del conocimiento de lo que pasó. Cuál fue el final, con quiénes, de qué manera, en qué lugar, quién lo dispuso. Eso es lo mágico, abandonás generalidades en las que es muy difícil hacer pie y hablás de hechos concretos y específicos en términos individuales, pero también colectivos.

–Finalmente es el corazón...

–Para nosotros sí. Toda persona tiene una historia que podés conocer mejor o peor y todas tienen en común que esta historia estaba truncada. Recuerdo el caso de una persona cuya familia eligió una placa. En la urna de los huesos, su hermano decidió poner tres fechas: la fecha de nacimiento, la de desaparición y la de identificación. Es muy impresionante verlo porque por lo general las placas de esta naturaleza llevan dos fechas: nacimiento y muerte. Acá hay una cosa intermedia que es el estadio de la desaparición y la posibilidad de aparición de esa tercera fecha en realidad es la posibilidad de la identificación.

–Uno cree que las condenas son parte del duelo y reparación. Pero la demanda por el cuerpo sigue presente.

–Algunas familias decidieron hacer una exhumación virtual, en la cual deciden la fecha para hacer el entierro sin cuerpo. Esta es una ceremonia en la que ellos deciden que ésa es la fecha que van a decidir como la última. Sin cuerpo. La desaparición no deja de ser un eufemismo. La gente se muere, no desaparece, a la gente la secuestran, la tienen en un centro clandestino y la matan. Y ese camino hace que la familia no pueda saber cuál fue el destino de la persona. Lo que la identificación hace es darle una cierta finalización humana a la cuestión. A pesar de que estamos trabajando de la mejor manera posible, hay gente, la mayoría de la gente, que no va poder ser identificada. O sea, si abandonás el foco individual y volvés al general el drama de la desaparición, por distintos motivos que no vienen a cuento, no va a desaparecer. Y más allá de que tengas elementos reparadores en términos individuales y sociales descubrís en cada identificación es el drama original.

LOS CUERPOS FUERON IDENTIFICADOS POR EL EQUIPO DE ANTROPOLOGIA FORENSE
Fruto de un trabajo científico

Los restos estaban en fosas comunes en los campos clandestinos o enterrados en cementerios como NN. El trabajo del EAAF se realiza a base de investigación documental, excavaciones y análisis genéticos.

El trabajo integral conformado por excavaciones y análisis genéticos permitió al Equipo Argentino de Antropología Forense identificar, durante 2012, 63 cuerpos de víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina entre los que figuran los casos emblemáticos del padre de la nieta recuperada Victoria Montenegro, de un ex senador tucumano y de varios diplomáticos cubanos. La provincia de Buenos Aires es el sitio en donde se localizó la mayoría de las víctimas identificadas, hombres y mujeres torturados, asesinados y desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

En febrero, el EAAF identificó los restos de Juan Carlos Rosale y Adrián Enrique Accescimbeni, exhumados en el Cementerio Municipal de Magdalena. En abril, los de Ana Teresa Diego, una estudiante de Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata desaparecida el 25 de septiembre de 1976 en el bosque de la capital bonaerense. En honor a ella, el Comité de Denominación de Cuerpos Menores del Sistema Solar de la Unión Astronómica Internacional denominó en diciembre pasado “Anadiego” a un asteroide en su homenaje. Junto con los suyos, los profesionales identificaron los restos de los desaparecidos Carlos López, Josefina Elvira Thompson y Marta Edit Veiga. Durante el mismo mes, uno de los tantos cuerpos hallados en una fosa común en el cementerio platense fue identificado como el de Félix Escobar, desaparecido el 22 de diciembre de 1976. Asimismo, en mayo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata identificó a Olga Noemí Casado y Félix Escobar, entre los restos exhumados en ese mismo cementerio.

Los restos de Modesto Oreste Caballero, secuestrado en enero de 1977 y depositado, sin vida, en el cementerio comunal de Avellaneda, en el sur del conurbano, fueron identificados en marzo. Allí también permaneció enterrado como NN el cuerpo del actor marplatense Carlos Waiz, identificado en julio pasado, y el de Gregorio Sember, desaparecido en mayo de 1976, enterrado en una fosa individual e identificado en agosto.

Los cuerpos de Néstor Zuppa, Lidia del Carmen Soto, Patricia Dillon, José Tomanelli y Carlos Jorge Williams, que permanecieron enterrados en fosas comunes de los cementerios municipales de San Martín, Bulogne, Escobar y Villegas, en el conurbano norte, fueron identificados en abril. En Villegas, Isidro Casanova, exhumaron los restos de Marcos Miguens, secuestrado en La Plata en diciembre de 1976, que fueron finalmente, identificados en marzo de este año y los de Silvia de Raffaelli, en julio. En agosto fue identificado el cuerpo de Mirta Carmen Panzani, embarazada de siete meses, luego de más de 15 años de haber sido inhumada en una fosa común del cementerio municipal de Vicente López. La mujer había sido asesinada en un operativo en enero de 1977.

En San Fernando fueron encontrados los restos del diplomático cubano Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, desaparecido el 9 de agosto de 1976 e identificado por el EAAF a principios de agosto. El descubrimiento de los restos de Galañena Hernández, una de las identificaciones de víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina más resonantes del año, fueron encontrados el 11 de junio pasado cuando un grupo de chicos descubrió, en un predio ubicado frente al aeródromo de San Fernando, un barril de metal oxidado que estaba roto y en el que vieron huesos y llamaron al 911. Galañena Hernández fue secuestrado junto a Jesús Cejas Arias en el barrio de Belgrano, cuando salían de la embajada cubana, donde trabajaban. En septiembre, en tanto, fueron se identificaron los restos de María Rosa Clementi, una empleada de la misma embajada.

En noviembre fueron identificados los cuerpos de Enzo Raúl Gómez y Luis Lorenzo Garello, desaparecidos en 1975 y 1976 respectivamente y hallados en el cementerio de San Andrés de Giles.

Detrás de Buenos Aires, la provincia de Tucumán fue el segundo foco en donde permanecieron ocultos la mayoría de los cuerpos de las víctimas de la represión estatal identificadas durante el año que pasó. En el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, uno de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia norteña, se encontraron los restos del ex senador tucumano peronista Damián Márquez, identificado en marzo. Junto a Márquez, quien presidió la Cámara de Senadores y también fue secretario general de la CGT local y que fue secuestrado en enero de 1977, fueron identificados los restos de Pedro Guillermo Corroto Barraza y José Máximo Tapia. Enterrados en una fosa común en ese centro clandestino de detención también se hallaron los cuerpos de Ricardo Luis Salinas, José Luis Maldonado y Felipe Arturo Urueña, identificados en septiembre.

En tanto, enterrados en otro centro clandestino de detención tucumano, aquel conocido como Pozo de Vargas, fueron identificados en ese mismo mes los restos de Julia Leonor Fernández, desaparecida el 17 de febrero de 1976. El cuerpo de Antonia Esilda Romano también se halló en aquel lugar, y fue identificado en noviembre, el mismo mes en que se conocieron las identificaciones de los cuerpos de Adriana Cecilia Mitrovich y Horacio Ramón Atilio Ferreyra, inhumados como NN en un cementerio de la provincia de Tucumán.

Otro caso emblemático fue la identificación, en mayo, de los restos del padre de Victoria Montenegro, una hija apropiada que recuperó su identidad en 2000 y que hoy forma parte del núcleo duro de nietos de Abuelas de Plaza de Mayo. Roque Orlando Montenegro fue detenido entre el 10 y el 13 de febrero de 1976 junto a su mujer Hilda Ramona Torres y su hija Victoria de tan solo trece días. Desde entonces, y hasta mayo de 2012, permaneció desaparecido. Su cuerpo había llegado sin vida a las costas uruguayas y enterrado como NN en la ciudad de Colonia de ese país. En Uruguay también, aunque en 1976, había aparecido el cuerpo de Laura Romero, que fue identificado hacia finales de este año.

En una fosa común en el cementerio municipal de Rosario, en Santa Fe, fueron enterrados los restos de María Teresa Vidal Valls, Héctor Marcelo “Pica” Ancoroni, asesinado por un grupo de tareas en enero de 1977, el chileno Reinaldo Miguel Pinto Rubio, el correntino Lucio Dionel Ramos; el obrero metalúrgico Roberto Raúl López, Raúl José Pereyra y Ricardo Cabrera. Los cuerpos fueron identificados en febrero, en el caso de Vidal Valls, y septiembre de 2012, en el de los demás. También allí permaneció oculto el cuerpo de Isabel Carlucci de Fina, quien estaba embarazada al momento de su secuestro y cuyo hijo es buscado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que fue identificado en julio.

En marzo, en Jujuy, fue identificado Rubén Yáñez Velarde, cuyos restos habían sido exhumados del cementerio de la localidad de Yala, camino a la Quebrada de Humahuaca, en donde también, a fines de mayo, se identificaron los restos de Jorge Leonardo Elischer, Edilberto Chamorro Vera y Raúl Eduardo Manrique; también los de Carlos López Brest, secuestrado el 2 de abril de 1972 de su casa de Berazategui, provincia de Buenos Aires, y desde entonces desaparecido.

Guido Prividera, de la Comisión de Reparación Histórica

“A mi mamá alguien la marcó”

El hijo de una de las científicas desaparecidas por su actividad en el INTA explica la lógica de la nueva causa abierta en la Justicia por lo ocurrido en el Instituto. También marca la responsabilidad de la Sociedad Rural.

 Por Alejandra Dandan

Dice Guido Prividera que empezó a preguntarse qué pasó en el INTA cuando escuchó las primeras denuncias sobre la participación de civiles durante la última dictadura. “Alguien hizo allí las listas, alguien señaló a mi mamá para que la vinieran a secuestrar, no fueron los militares.” Guido Prividera, sociólogo e integrante de la Comisión de Reparación Histórica del INTA, es hijo de Marta Sierra, una investigadora del área de Ecología del INTA Castelar que fue secuestrada un día después de la intervención del organismo.

–¿Cómo empieza la investigación?

–Me acuerdo de que venía escuchando en una radio una primera denuncia de la causa por la Mercedes Benz y las implicaciones civiles. Con mi hermano nos rebotaba en la cabeza una especie de paralelismo. Nos preguntábamos: “¿Y en INTA qué pasó?” Hicimos una primera denuncia con el abogado de la causa Mercedes Benz en ese momento. Allí aparece denunciado (Jorge) Zorreguieta, (Mario) Cadenas Madariaga y la cadena de mandos hasta (José Alfredo) Martínez de Hoz, que eran los nombres que teníamos porque los de los nueve milicos que entraron a mi casa y se llevaron a mi mamá no los sabemos.

–¿Qué pasó con esa causa?

–Terminó como causa satélite de “Jefes de Area”, de acuerdo con una lógica geográfica: tomaron el lugar de la caída de ella, que fue la subzona Capital Federal, y entonces se perdió el hilito que ataba el motivo del secuestro al INTA. Se borró quién había dado la orden.

–¿Qué pasó con ella?

–A mi mamá se la llevan el 30 de marzo de 1976 de mi casa, de madrugada. El 29 marzo la habían ido a buscar al INTA Castelar, donde no la encontraron porque me había tenido a mí y estaba con licencia. Ahora, con la presentación elegida en la nueva causa, la lógica es distinta: estamos diciendo “Señores, acá el núcleo común es el INTA”. Cuatro desaparecidos en Castelar, un detenido en Pergamino, asesinados por Paraná, no todos están presentados, pero cesantearon a la quinta parte del organismo y los secuestros y desapariciones se aplicaron en todo el país. De algunos lados no tenemos todavía ni siquiera registros. Suponemos que algo pasó, pero no tenemos la lista de los desaparecidos.

–¿Cómo era el trabajo de tu madre?

–Mi mamá aparece en el legajo como administrativa porque todavía no tenía el título de bióloga, pero en la práctica era una investigadora más del equipo de Ecología. Ahí estaba Jorge Morello, que es pionero en ecología en la Argentina. De hecho, recibió este año el premio Houssay a la trayectoria científica. La línea era totalmente innovadora: frente a una lógica más productivista, de medir qué te da más soja, más maíz o más trigo, Ecología estudiaba ecosistemas. Era un grupo de avanzada que ya en 1975 es desarmado: a algunos los echan, otros sufren persecución y a mi mamá la derivan a la guardería. En las cartas a las amigas, ella dice: “Me parece que nos van a echar”. Lo que terminó siendo el secuestro y desaparición, para ella era que la echaban, porque eso había pasado con el resto. Lo que efectivamente aparece atrás es que desaparecen las líneas de investigación que se desarrollaban. Y eso que aparece atrás en realidad es lo primero.

–¿En qué sentido?

–Hay una frase de Giberti (subsecretario de Agricultura en 1973) muy clara en un reportaje a la televisión holandesa. El dijo que la Sociedad Rural entendía que el secretario de Agricultura tenía que ser el representante de ellos, de la Sociedad Rural, ante el Estado, y no un funcionario del Estado al servicio del bien común. Creo que es muy ilustrativo sobre lo que hacen con el INTA. Las líneas que destruyen son las que van contra sus intereses. Todos estos señores (de la SRA) viven en la zona del Gran Buenos Aires, no necesitan un INTA con educación popular o alfabetización. Fue barrida toda la conexión con el territorio.

–¿Se puede pensar como bloque aquella “mesa de enlace”?

–Me parece difícil pensarla como un bloque en aquel momento. Hay ciertos sectores de FAA que son perseguidos por la dictadura. La SRA es la que pone a sus miembros como funcionarios del INTA y de la Secretaría de Agricultura y la que el 24 de marzo de 1977 saca una solicitada en los diarios agradeciendo a las Fuerzas Armadas por la tarea cumplida.

Nueva causa investiga la relación de la Sociedad Rural con la represión dictatorial en el INTA

De ayer a hoy, una verdadera línea de conducta

Por la denuncia de un sobreviviente y varios familiares de las víctimas en el INTA durante la dictadura, la Justicia investiga el papel jugado en la represión por los empresarios rurales y su decisión de destruir las líneas de trabajo que afectaban sus intereses.

 Por Alejandra Dandan

Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.

Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.

La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y acaba de ser acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.

Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.

El padre de la princesa Máxima elogió en 1981 en la revista Chacra la actuación de Arias al frente del INTA, aunque siempre aseguró que no sabía lo que sucedía en el organismo que estaba a su cargo. Como la única denuncia que hasta ahora lo alcanzaba era por la desaparición de Marta Sierra, una de las trabajadoras, por un hecho previo a su nombramiento formal, hasta ahora no fue alcanzado por las imputaciones. En este contexto, las víctimas le piden ahora a la Justicia una relectura de su rol tomando en cuenta todo lo ocurrido. El petitorio promueve otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y otros civiles colocados en puestos estratégicos. Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”, indica el escrito. “De allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejar a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un conjunto de características comunes”, indica. “Los secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos del INTA fueron víctimas del accionar ilegal de las FF.AA., como un modo de dejar el camino libre a las políticas que, desde las entidades patronales del campo –que tenían en sus manos la Secretaría de Agricultura y los órganos que de ella dependían– se impulsaban.”

Lo que pasó

Una de las áreas más afectadas del INTA a partir del golpe fue el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Castelar, donde funcionaban varios institutos de investigación. De allí son los cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada. Con la intervención, el predio fue ocupado militarmente. Y con escenas que recuerdan a los secuestros en la Ford, el despliegue de tanquetas por las mil hectáreas del terreno se hizo de la mano de traslados masivos de los trabajadores a un comedor. Hubo interrogatorios, personas vendadas y amenazadas de muerte. Según la denuncia, a continuación decenas de personas fueron detenidas en distintos lugares, aunque sólo está reconocida la comisaría de Hurlingham porque aún faltan datos y testimonios. Otra de las áreas más afectadas fue la Experimental de Pergamino, donde hubo 49 cesanteados y por lo menos seis detenciones ilegales.

Según los testimonios, la depuración en el INTA comenzó en 1974 con el asesinato por parte de la Triple A del extensionista Carlos Llerena Rosas y con el gobierno de Isabel Martínez de Perón empezaron a circular las primeras listas negras. La mayor parte de los cesanteados y perseguidos pertenecían a ATE y a la Asociación Personal del INTA (Apinta). Los archivos de la ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) dan cuenta de la presencia de espías en los puestos de trabajo.

La denuncia reconstruye en términos históricos la actividad del instituto antes el golpe, durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando el INTA estuvo bajo la gestión del secretario de Agricultura Horacio Giberti. Se describe la política impulsada en esa época y el modo en el que las nuevas líneas de desarrollo fueron criticadas una y otra vez por la Sociedad Rural Argentina, que pedía a gritos la intervención militar desde las páginas del diario La Nación, tanto a través de solicitadas como en los propios editoriales publicados en ese diario. O incluso en una reunión con Videla, cuyos detalles escribieron en el libro Memorias y Balances, 1976.

El 13 de octubre de 1975, por ejemplo, el diario La Nación publicó un editorial titulado “La situación en el INTA”. Allí se indicaba que el organismo sufría una declinación de su potencial y tenía problemas de presupuesto por la incorporación de personal. “Pero aun esto tiene trascendencia menor que la infiltración ideológica ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos –decía–, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de elementos subversivos de filiación marxista, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado.”

Casi un año más tarde, el 29 de octubre de 1976, ya ocurrido el golpe de Estado, otro editorial festejó “La recuperación del INTA”: “En años posteriores el organismo fue sumido en el caos, minado principalmente por una infiltración ideológica, que tuvo como objetivo desarticular el agro”. Las “actuales autoridades”, aseguraba La Nación, debieron llevar adelante la racionalización de personal, que tuvo, entre otros fines, el de recuperar “valores espirituales necesarios para lograr la serenidad creadora de los centros de estudio, de los claustros, de los laboratorios”.