Confirman el procesamiento de ex secretario de Hacienda de la dictadura


Lo dispuso la Cámara Federal porteña. Se trata de Juan Alemann, acusado del delito de coacción, en el marco de una investigación vinculada a la megacausa ESMA. El tribunal también ratificó un embargo por un millón de pesos.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Juan Ernesto Alemann, ex secretario de Hacienda durante el último gobierno militar, en el marco de una investigación por coacción. El tribunal también ratificó un embargo sobre los bienes del acusado por un millón de pesos.

En la causa se investiga el hecho ocurrido a mediados de 1980, cuando el ex funcionario, mientras se desempeñaba como secretario de Hacienda, ingresara en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) a fin de tomar contacto, en la sala de torturas y partos conocida como “Huevera”, con Orlando Ruiz, quien se hallaba allí privado ilegítimamente de su libertad, desde mayo de ese año aproximadamente, encapuchado, esposado y engrillado, con la finalidad de que el detenido le diera datos sobre el atentado del que habría sido víctima Alemann en su domicilio, en noviembre de 1979 y que habría sido llevado a cabo por un “comando montonero”.

Alemann es considerado por la Cámara, en esta etapa del proceso, como partícipe necesario del delito de coacción. En primera instancia había sido calificado como “autor” del ilícito, pero el tribunal modificó el grado de responsabilidad.

Mendoza: la querella pidió prisión perpetua para los acusados

Juicio a represores: la querella pidió prisión perpetua para los acusados

Además, los abogados exigieron que los imputados revelen dónde están los cuerpos de los desaparecidos en la última dictadura militar.

El primer juicio en Mendoza por la desaparición forzada de cuatro militantes justicialistas durante la última dictadura militar entró hoy en su tramo final con el pedido de condena a prisión perpetua para tres de los cuatro imputados por parte de la querella, y que los imputados digan dónde arrojaron los cuerpos de los desaparecidos.

Durante los alegatos de la querella, Diego Lavado pidió las penas de “prisión perpetua” para el ex teniente Aníbal Guevara; el ex comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe; y el ex integrante de la D2 de la Policía, Juan Labarta, acusados de homicidio triplemente agravado, aplicación de tormentos, asociación ilícita y falsedad ideológica.

En tanto que para el ex abogado de la policía, Raúl Egea Bernal, solicitó una pena de doce años de prisión ya que lo exceptuó del homicidio.

El juicio oral en el que se investiga la desaparición de Pascual Sandoval, José Guillermo Berón, Roberto Osorio y Francisco Tripiana continuará el lunes cuando aleguen los fiscales Dante Vega y Francisco Maldonado. Luego del censo será el turno de los defensores de los imputados, y unos días después, el Tribunal Oral II que integran Roberto Burad, Héctor Cortés y Roberto Nacif dictará la sentencia.

En más de dos horas y media de exposición, Lavado dio una cátedra acerca de los aportes brindados por las jurisprudencias alemana y francesa, habló de los aparatos organizados de poder y detalló el dominio del hecho y los grados de participación de los distintos actores en las cinco regiones en las que se dividió a la Argentina desde marzo 1976 para lograr su control operacional.

En tanto, Pablo Salinas alegó que en Argentina "hubo una organización criminal, un plan común que tenía por finalidad delictiva de la Junta eliminar a los oponentes e incluso apropiarse de los niños", y que "contaba con un grupo de tareas, integrado entre otros por el imputado y ex Teniente Aníbal Guevara, y los ex policías Labarta, Fierro, López, Mússere (imputado pero fallecido durante este juicio), y Trentini".

El letrado calificó a las autoridades militares y policiales de los 70 como "una empresa criminal llevada adelante por los integrantes de la Junta Militar a partir del terrorismo de Estado".

"La sola pertenencia a esa organización criminal, es prueba suficiente para condenar a los imputados", dijo Salinas.

Finalmente, el querellante les habló a los imputados diciéndoles que cualquiera de ellos tiene aún la posibilidad de decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos.

"Apelo a que antes de que termine el juicio nos digan dónde están ellos", dijo y les pidió "un poco de dignidad" por las familias no tienen a dónde llevarle flores a sus muertos. "Digan dónde están los cadáveres, quedó probado que ustedes saben dónde están", concluyó.

Por su parte, Alfredo Guevara pidió además que el Juzgado Federal investigue ahora la participación del ex comisario Hugo Trentini (condenado por el homicidio del estudiante bonaerense Sebastián Bordón); y compulsas para el ex comisario Oscar Raúl Pérez, el comisario Pedro Carrió Lopez, y Braulio Navarro Chirino (por ser en 1976 director de la penitenciaría donde hubo mujeres detenidas).

Las compulsas podrían recaer también sobre el sacerdote Franco Reververi, quien fue visto por varios detenidos en momentos que se realizaban torturas; el médico José Miguel Ruiz Pozo, Miguel Savés y el oficial Gerardo Gutiérrez, quien figura haber trasladado a Tripiana en marzo de 1976.

Confirman procesamiento de carlos Somoza, ex agente de inteligencia del Ejército

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de procesar con prisión preventiva a Carlos Somoza. En la causa se investiga la actuación del Batallón de Inteligencia 601 durante el último gobierno de facto.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del el ex agente de inteligencia del Ejército, Carlos Somoza, en el marco de una causa que investiga la responsabilidad del Batallón de Inteligencia 601 por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.

Somoza está acusado de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Para los camaristas, “se ha acreditado la conformación de una asociación ilícita que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, contando con explosivos y armas de fuego de gran poder ofensivo”.

Para los jueces, “ese grupo se constituyó desde la instauración de la dictadura militar en el año 1976 y contaba con conexiones con las autoridades de diferentes zonas y destacamentos del Ejército, a partir de una planificación específica y concreta, sistemáticamente empleada para desplegar  operativos que culminaban en el secuestro de individuos”.

“La organización actuaba bajo las pautas de un plan elaborado con la finalidad de localizar y detener a determinadas personas, mantenerlas en cautiverio en centros clandestinos especialmente preparados para ello, y someterlas a interrogatorios a través de prácticas inhumanas y degradantes previamente concebidas con el objeto de obtener información”, detalla el fallo.

Según los magistrados, “el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino era en esos años el encargado de reunir, elaborar y distribuir la información; mientras que los grupos operativos concretaban los procedimientos de acuerdo con los datos aportados por el batallón”.

Con respecto a la responsabilidad específica de Somoza, los jueces indicaron que “el área donde se desempeñaba el imputado tenía un rol estratégico en la estructura ilegal. En efecto, la Central de Reunión era el sector encargado de recolectar la información obtenida por los grupos de tareas mediante torturas y tratos degradantes”.

Piden enjuiciar a un general uruguayo

POR EL CRIMEN DE NIBIA SABALSAGARAY, UN CASO EMBLEMATICO DE LA PASADA DICTADURA

Una fiscal uruguaya solicitó el procesamiento con prisión del militar en actividad Miguel Dalmao y del coronel retirado José Nelson Chialanza, acusados de ser coautores del homicidio de una militante comunista.

 Por Mercedes López San Miguel

Por primera vez, la Justicia uruguaya recibió el pedido de procesar y encarcelar a un militar en actividad, Miguel Dalmao, hoy jefe de la División de Ejército IV. Dalmao está acusado de ser coautor del “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. La fiscal Mirtha Guianze también solicitó el procesamiento en base a la misma figura jurídica de José Nelson Chialanza, un coronel retirado.

Como un hecho histórico, la Corte Suprema determinó en octubre de 2009 que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso de Nibia Sabalsagaray. Los jueces basaron su argumento en que la norma viola la separación de poderes y no puede ser entendida como amnistía, porque no fue aprobada por los principios constitucionales. La Ley de Caducidad ampara a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), no así a los civiles. En 2005, el presidente de centroizquierda Tabaré Vázquez había excluido la muerte de Sabalsagaray de la norma “en virtud de que habría sido detenida por dos militares y dos civiles”.

Uno de los abogados de la familia Sabalsagaray, Juan Errandonea, confirmó a Página/12 que la fiscal presentó la demanda en el despacho del juez Rolando Vomero. Errandonea señaló que a ambos oficiales se los acusa de “coautores” del homicidio de la joven, lo que significa que no pudo probarse que sean los autores materiales, pero sí que participaron del delito. Chialanza era jefe del Batallón de Transmisiones Nº1 cuando se produjo la muerte supuestamente por torturas de Sabalsagaray, en 1974. Dalmao era entonces alférez –el grado más bajo de oficial–.

La versión oficial de la época señala que Sabalsagaray se ahorcó con un pañuelo en el calabozo donde estaba detenida, en 1974. Los militares entregaron el cuerpo sin vida de la joven de 23 años en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo. La indagatoria judicial, reactivada a partir del fallo de la Corte, permitió deslegitimar la teoría del suicidio. El abogado dijo a este diario que de las pericias que se incluyen en el expediente se desprende que Nibia fue víctima de torturas. “La versión militar es insostenible científicamente según pudo constatar una junta de médicos forenses y psicólogos. Los testigos declararon que la tortura era sistemática en ese cuartel. Y a esto se sumó el testimonio de Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que por entonces era estudiante de medicina y como amigo de la familia constató que la joven Sabalsagaray presentaba múltiples lesiones.”

El hoy coronel retirado Chialanza declaró ante la Justicia que los integrantes de la Inteligencia militar eran los únicos con potestades en la unidad para interrogar a los detenidos. Dalmao admitió ser integrante del “S2” (Inteligencia militar) de ese cuartel. Para el abogado Errandonea, Dalmao se contradijo en sus comparecencias ante la Justicia. El diario La República publicó la declaración de marzo de este año, cuando el general negó cualquier implicancia en la muerte de la joven, manteniendo la versión que aportó en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar durante la indagatoria del caso en plena dictadura. “Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscripto (Dalmao) recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray, y al asomarse a la celda número tres notó que la mencionada se encontraba arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima.” “Una vez adentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho” (declaración Dalmao al Supremo Tribunal Militar).

Sin embargo, cuando compareció en 2006, Dalmao dijo haberse enterado de la muerte de Sabalsagaray “por información que circuló en el batallón apenas constatado su deceso”. Cuando se le preguntó sobre las contradicciones existentes entre sus testimonios de 1974 y 2006, el oficial afirmó que en el último caso dijo lo que dijo porque “lo tenía en el alma, sin asesoramiento jurídico y sin haber analizado la documentación sobre el tema”.

Ahora la decisión queda en manos del juez Vomero. Si acepta el criterio de la fiscal, procesará al general Dalmao y al coronel retirado Chialanza, quienes podrán apelar, pero en prisión. Si el magistrado discrepa con el pedido de la fiscal, Guianze tendrá la posibilidad de recurrir a un Tribunal de Apelaciones. Resta esperar.

Musa Azar, ex jefe de inteligencia santiagueño: "Yo sólo cumplía órdenes"

MUSA AZAR: AQUI DEBERIAN ESTAR VIDELA, MENENDEZ, BUSSI Y OTROS
 
El ex jefe de inteligencia santiagueño, Musa Azar, dijo hoy que en el banquillo de los acusados "deberían estar" los ex militares Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, la ex gobernadora Mercedes Nina Aragonés de Juárez y otros, en el marco del juicio de lesa humanidad por el asesinato del estudiante universitario Cecilio Kamenetzky.

El Ejército Argentino era el único responsable del aniquilamiento de la guerrilla y por eso en este juicio deberían estar los ex militares Videla, Menénde, Bussi y la ex gobernadora Nina Juárez y otros, que siguen en libertad, dijo el temible Azar, que cumple una condena de prisión perpetua por el denominado doble crimen de La Dársena.

El ex jefe de la denominada Gestapo santiagueña, explicó que la única autoridad eran los militares, al extremo que destruían los habeas corpus en Santiago y que el coronel Correa Aldana daba las órdenes y otros ex militares como Jorge D`Amico, Sánchez, Fiorino, y el entonces jefe de policía, Herrera, las ejecutaban.

El coronel Correa Aldana y el juez federal Liendo Roca me autorizaban a llevar y sacar detenidos del Penal de Varones para interrogarlos, además de órdenes que debíamos cumplir, caso contrario me iban a volar la cabeza, añadió.

En otro pasaje de sus declaraciones, quien durante décadas manejó la inteligencia santiagueña en gobiernos militares y constitucionales, aseguró que la ex gobernadora Nina Juárez tenía conocimiento que se utilizaba el avión de la gobernación para traer armas de Paraguay destinadas a la guerrilla.

Una vez Videla amenazó al ex gobernador Carlos Juárez (fallecido) que la provincia iba a caer en desgracia si la policía no colaboraba con el Ejército y a los pocos días, inexplicablemente, comenzaron a aparecer personas muertas, entre ellas un abogado con un balazo en la nuca, precisó.

Sobre el crimen de Kamenetzky, en un presunto intento de fuga, Musa Azar explicó que los disparos fueron realizados por el comisario Corvalán (fallecido), mientras que el otro guardia (López Veloso) estaba en el baño.

A poco de iniciarse el juicio por el crimen de Kamenetzky, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero había decidido suspender las audiencias contra Videla y Menéndez, que afrontan similar proceso en Córdoba y la de Bussi, en base a un informe médico forense que indica que el ex militar "no está física ni síquicamente en condiciones" de participar de las audiencias.

Otro de los represores juzgados, el entonces oficial Ramiro López Veloso, aseguró que no participó en él allanamiento de su casa y la posterior detención y crimen del estudiante Kamenetzky.

Yo no lo maté, las pruebas de parafina que me realizaron dieron negativo, además tenía 9 superiores en la dependencia y más de 400 en toda la policía, aclaró López Veloso ante el grito de asesino de los familiares de desaparecidos en la última dictadura militar.

En tanto, Tomás Miguel Garbi, el restante acusado por el crimen, aseguró que el procedimiento de allanar la casa y detener a Kamenetzky fue dada por el juez federal Liendo Roca y que el estudiante de 18 años fue asesinado en un intento de fuga cuando yo no estaba presente en la dependencia.

La ronda de testigos concluyó hoy con el ex secretario del Juzgado Federal, Marcelo Busto Arias, que dijo no recordar ante la mayoría de las preguntas formuladas por las partes, aunque aclaró que durante la dictadura militar los procesos eran normales y se trabajaba con libertad.

Asimismo negó la presencia de personal policial y militar durante la indagatoria de los detenidos y sobre denuncias de apremios ilegales que formularon y den uncieron en el juicio numerosos ex presos políticos.

Finalmente, el ex preso político Miguel Cavalli, que decidió exiliarse en Estados Unidos, recordó que Musa Azar disfrutaba con la tortura, siempre salía sonriente de la sala de tormentos y que a Kamenetzky lo mataron por ser judio.

También denunció que varios ex funcionarios judiciales y del gobierno de Carlos Juárez colaboraron para aniquilar la guerrilla, entre ellos el ex ministro de Gobierno, Robín Zaiek, los ex jueces federales Santiago Grand y Liendo Roca, Santiago Olmedo, Lorna Hernández y el secretario López.

Mi novia y yo fuímos condenados a 3 años y 2 meses de prisión por integrar un centro estudiantil en aquella época, concluyó.

Ordenan detención del general Ríos Ereñu,

El pasado vuelve para un ex jefe del Ejército

El general retirado Héctor Ríos Ereñú, ex jefe Mayor del Ejército durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue procesado por el secuestro y asesinato, en agosto de 1976, de un dirigente de la Juventud Peronista de Salta. Se trata de Jorge Mario Santillán, muerto en la localidad de General Mosconi cuando Ríos Ereñú se desempeñaba como jefe del Regimiento de Infantería de Monte Nº 28 de Tartagal. Además de procesarlo, el juez federal Miguel Medina pidió la detención del ex jefe del Ejército.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la esposa de Santillán, Irma Prado, quien relató que cinco encapuchados llegaron a su casa en General Mosconi y secuestraron a su esposo, luego de golpearlo frente a sus cuatro hijos.

El militante fue introducido en un auto que partió rumbo a Tartagal. Horas después, su cuerpo fue encontrado sin vida, tirado al costado del camino que conduce a Acambuco, a 20 kilómetros de Mosconi, dinamitado por una carga de gelamón. El mismo explosivo había sido utilizado unos días antes para eliminar a sus también secuestrados compañeros Pedro Urueña y Menena Montilla.

Junto con Ríos Ereñú fue procesado además el ex jefe de la Guarnición Salta, el coronel (r) Carlos Mulhall, quien ya cumplía detención domiciliaria por estar acusado de otros casos de violaciones a los derechos humanos.

Por el secuestro de Santillán, Ríos Ereñú fue indagado en su momento, cuando en su defensa alegó no haber tenido nada que ver con el asesinato, del que aseguró que recién tomó conocimiento en el año 2006, cuando fue citado por esta causa.

Sin embargo, el testigo Jesús Domínguez desbarató esta versión, ya que aseguró que vio cuando Santillán era conducido en un auto al Regimiento 28, que comandaba Ríos Ereñú, y que luego ese mismo vehículo abandonó las instalaciones del Ejército. Lo que se sospecha es que los secuestradores recibieron allí la orden de eliminar al dirigente.

Ríos Ereñú también había asegurado que en los pueblos del Norte provincial no hubo “actividad subversiva”, y en esa línea negó haber sido jefe del subárea 322-1, la designación que la dictadura le dio a esa zona salteña en el mapa de la represión. Pero el juez Medina dio por probado que Ríos Ereñú ocupó ese cargo y que no pudo ser ajeno al secuestro y eliminación de Santillán. En su fallo, el magistrado concluyó: “Surge claro en el accionar evidenciado por distintos grupos de tareas que buscaban erradicar a personas con ideología socialista o marxista, lo que en el caso especial de Santillán se ha plasmado con el brutal episodio de su muerte”.

Declaró Chicha Mariani por el plan sistemático de robo de bebés

“Esto es un cuchillo en el corazón”

Fue una audiencia anticipada del juicio que comenzará en marzo. Mariani pidió declarar por temor a no poder hacerlo en ese momento. Habló de la posibilidad de que Marcela Noble sea su nieta Clara Anahí, secuestrada durante la dictadura.

 Por Alejandra Dandan

“Uno de los grandes miedos era que pasara el tiempo y no encontráramos a los chicos –señaló María Isabel Chorobik de Mariani–. Son treinta y tres años de incertidumbre. Es una tortura continua. Nosotros lo sabemos, es un cuchillo en el corazón, hasta que un día quizás en este camino encuentre a mi nieta.”

Chicha Mariani abrió en los hechos con su testimonio la etapa oral del juicio contra los jefes de la última dictadura por el robo y apropiación de bebés. El juicio oral cuyo comienzo fue postergado el último 20 de septiembre pasado se iniciará formalmente el próximo marzo. Lo de ayer fue un anticipo de ese debate. A los 86 años, la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Tribunal Oral Federal 6 adelantar su testimonio, temerosa en cierta forma de no estar en condiciones para declarar en marzo.

En su relato, la mujer que aún sigue buscando a su nieta Clara Anahí habló del secuestro de su nuera, de la muerte de su hijo y de la desaparición de la niña. Enumeró las incontables gestiones que llevaron adelante las primeras mujeres que iniciaron las búsquedas de sus nietos. Habló del primer antecedente de Abuelas, como Asociación de las Abuelas con nietitos desaparecidos; de los avatares para encontrar en cualquier lado del mundo las formas para poder comparar las huellas genéticas de sus sangres con las de los niños robados. Y también del caso Noble Herrera, y de las señales que a ella le permiten sostener las sospechas de que Marcela Noble podría ser su nieta: “Yo leía todos los días varios diarios. Una vez supimos en Abuelas que los hijos de Noble eran adoptados. Yo pensé: ¿por qué Marcela no podría ser Clara Anahí?”.

Como otros familiares, había ido a ver a representantes de la Iglesia Católica. Entre ellos, a monseñor José María Montes, en la catedral de La Plata, y luego a Emilio Grasselli a la capilla Stella Maris. Les pidió ayuda, les dio los datos, y cuando regresó a buscar información, ambos, en oportunidades distintas, le respondieron más o menos lo mismo. Montes la recibió enojado diciéndole que estaba entorpeciendo la vida de la gente que tenía a la nena, que no lo molestara más y le cerró la puerta en la cara. Grasselli fue más directo. “Me dijo –indicó Chicha– muy enojado, que mi nieta estaba con gente de mucho poder y que no se la podíamos sacar.”

Cuando las Abuelas supieron de la adopción de la dueña de Clarín, Chicha fue al juzgado donde estaba el expediente, y se quedó buscando hasta tarde información. Allí vio que las fechas no coincidían (Marcela fue supuestamente adoptada en mayo de 1976) y se dijo a sí misma que no iba a seguir con el caso, que lo dejaba en manos de otras abuelas.

La búsqueda sin embargo no terminó. Cuando se enteró de las irregularidades del expediente de adopción, volvió a pensar en la posibilidad de que Marcela fuera Clara Anahí. Chicha aseguró en la audiencia que Juan Fiorillo, el policía que sacó de la casa de su nuera a Clara Anahí, fue “el mismo que la llevó a la casa de los Noble”. Camps, dijo, “le ordenó a Fiorillo que pusiera a la nena en el auto” con el cual primero la llevaron al Hospital Italiano de La Plata para una revisión. El jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires había dirigido personalmente el operativo en la casa de su nuera, Diana Teruggi, en la calle 30 de La Plata, el 24 de noviembre de 1976.

Una y otra vez habló de Marcela. Ya había dicho que durante muchos años las abuelas habían ido encontrando caminos alternativos para tratar de identificar a sus nietos. Que cuando todavía no estaba la posibilidad del ADN, aprendieron que había ciertos rasgos que podían heredarse. En la audiencia se acordó de las imágenes del casamiento de Felipe Noble, y de cómo había logrado ver la imagen de la mano de Marcela, convencida de que es como la de ella.

Antes y después, explicó cómo nacieron los primeros datos de los análisis genéticos. En los años de la dictadura, ella había leído algo en un diario sobre la posibilidad de obtener información a partir de análisis de sangre, pero sin la presencia de los padres biológicos. Llevaba ese papelito en la agenda. Viajaron a Suecia a preguntar si eso existía, se reunieron con el director del Instituto de Sangre, que al escucharlas se puso tan nervioso, recordó, que se pasó toda la entrevista arañándose el cuello. Viajaron al Hospital de la Piedad en París, pero tampoco sabían absolutamente nada de lo que ese papelito decía. Fueron a Alemania, donde les dijeron que era absurdo y que de dónde habían sacado la noticia. Viajaron a Finlandia, convencidas de que podían encontrar a uno de los chicos porque tenía una marca en el esternón. “Buscábamos a ciegas –dijo–. Nada se sabía, nos mentían”, hasta que llegaron al banco de sangre de Nueva York y de allí a California, donde les dijeron que sí, y empezaron a trabajar en lo que luego se conoció como el “índice de abuelidad”.

En la audiencia, Chicha enumeró los hábeas corpus, los contactos con referentes de la Iglesia Católica, el intento frustrado de una entrevista con el papa Juan Pablo II. Las entrevistas con líderes de otras Iglesias. “La Iglesia argentina nos cerró la puerta –dijo, cansada–. Entonces yo necesitaría tener tres vidas más para seguir buscando a mi nieta. Como dije, me enojo también ahora.”

Los camaristas Romano y Miret logran apartar al juez de la causa en la que son investigados por complicidad con la dictadura


En la Justicia mendocina, amigos son los amigos

La resolución fue firmada por tres jueces que fueron recusados y denunciados por no inhibirse en el expediente contra sus colegas, con quienes mantienen una amistad de años. Uno de ellos, además, está acusado en el Consejo por liberar a represores.

Por Irina Hauser

La Cámara Federal de Mendoza separó al juez federal Walter Bento de la causa contra los jueces Otilio Romano y Luis Miret, que integran ese mismo tribunal, a quienes les había imputado complicidad y participación en crímenes de la dictadura. La resolución fue firmada por Julio Petra Fernández, Miguel Angel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo a pesar de que fueron recusados y denunciados por los organismos de derechos humanos de la provincia y por el fiscal Omar Palermo por no inhibirse en el expediente contra sus colegas, con quienes mantienen una amistad de años. En el caso de Petra, además, habían pedido que no interviniera en expedientes por delitos de lesa humanidad, ya que él mismo es investigado en el Consejo de la Magistratura por haber liberado a todos los represores en su jurisdicción. También mostraron que el propio Romano se excusó de actuar en un reclamo de Rago Gallo para sacar la plata del corralito debido a la relación que los une.

La recusación contra Bento había sido presentada por Romano, quien lo denunció por “enemistad manifiesta” y pidió correrlo de la investigación que lo involucra en delitos de lesa humanidad. La causa a cargo de Bento, impulsada por el fiscal Palermo, tiene a esta altura muchos elementos de prueba: a Miret, que era juez durante la última dictadura, se le imputaron 31 hechos vinculados con su omisión de denunciar e investigar secuestros, torturas, desapariciones y robos a ex detenidos; Romano, que era fiscal en la misma época, quedó involucrado como partícipe secundario en 55 privaciones ilegítimas de la libertad y 39 hechos de torturas. Miret fue indagado por Bento y también avanzó el expediente en el Consejo de la Magistratura, que finalmente lo suspendió y lo mandó a juicio político por su “actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. Romano logró eludir su indagatoria con un certificado de problemas de salud. Frenó un primer tramo de la investigación en el Consejo con una medida cautelar firmada por un juez ad hoc, aunque ahora en el cuerpo avanzarían otras denuncias.

Para tratar la recusación de Romano contra Bento, la Cámara quedó integrada por Petra Fernández y los sanjuaninos Rago Gallo y Gálvez. La querellante y víctima Luz Faingold –representada por los abogados Pablo Salinas y Vivian Beigel–, el fiscal Palermo y el propio juez Bento pidieron el apartamiento de los camaristas por su amistad íntima con Romano. Sin embargo, el tribunal los consideró “terceros ajenos” al caso y se negó a darles trámite a sus planteos. Sólo reconocieron como parte interesada a Romano. Así, anteayer resolvieron correr a Bento por posible “enemistad y animadversión”. Argumentaron que existe una situación “emotiva suficiente” para suponer su parcialidad o su eventual “violencia moral y psíquica”, que deducen de la declaración de una empleada que habría escuchado a la esposa de Bento, hace cuatro años, emitir “consideraciones y opiniones negativas” sobre Romano. “Aunque el recusado ha invocado que no anida en su ánimo ningún sentimiento de odio o recelo, creemos que en este caso debemos privilegiar y atender el sentimiento de temor e inseguridad que nos denuncia el recusante”, concluye el fallo.

“Esto reviste una gravedad institucional enorme, porque de esta manera cualquier imputado puede elegir al juez que quiera para que lo juzgue. Es el anuncio de que se viene la impunidad para todos los jueces en Mendoza acusados por violaciones a los derechos humanos”, se quejó el abogado Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Los organismos de derechos humanos presentarán hoy una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Petra, Rago Gallo y Gálvez. Este último, casualmente, es representante de los jueces en el organismo. El escrito los denunciará por mal desempeño e intentará mostrar que habría habido razones mucho más directas por las que deberían haberse excusado en el planteo de Romano que las que usaron para separar a Bento.

En cuanto a Petra, sostienen que no debe intervenir en ninguna causa sobre crímenes de lesa humildad porque él mismo está siendo investigado en el Consejo en una decena de denuncias por su posible complicidad con represores. Se lo acusa de haber liberado en forma masiva a policías y militares de Mendoza, San Juan y San Luis implicados en el terrorismo de Estado. Para hoy está citado como sospechoso ante la Comisión de Acusación y Disciplina por no aceptar excusarse en uno de los expedientes por violaciones a los derechos humanos –donde finalmente fue apartado por sus superiores– pese a que había tomado posición al descalificar públicamente al MEDH y al fiscal general Jorge Auat, que coordina la Unidad especial sobre delitos de lesa humanidad.

Para mostrar la relación estrecha de Petra con Romano, más allá de que comparten tribunal hace largo rato, recuerdan que juntos denunciaron a otros jueces (Antonio González Macías, Héctor Cortés y Roberto Naciff) en un intento por impedir su intervención en un juicio por crímenes dictatoriales, que fue revertido por la Corte Suprema. Como testigos, habían puesto –detalla la denuncia– a abogados defensores de represores como Eduardo San Emeterio, ex militar y agente de inteligencia, y Carlos Carreño, quien figura como colaborador civil del Batallón 601.

Sobre Rago Gallo presentarán copias de un amparo con el que intentaba sacar su dinero del corralito, en el cual Romano y también Petra “se excusaron de intervenir por amistad íntima con el actor”.

En relación con Gálvez recuerdan que además de que tendría una relación histórica con Romano, integra el Consejo de la Magistratura que lo viene investigando, al igual que a Petra, y donde ahora él mismo es denunciado. “Debe sumarse el temor de parcialidad que genera” que “el día 16 de septiembre” último, “justo en el momento en que se producía la votación para determinar la suspensión del camarista federal mendocino Luis Francisco Miret” –imputado penalmente junto con Romano– Gálvez “se retiró repentinamente sin votar”.

La presentación de los organismos dirá también que haber incluido a la querella del trámite de la recusación contra el juez Bento “implica la violación del debido proceso y la afectación de los derechos de la víctima” y es “violatoria de la normativa internacional que rige en materia de derechos humanos”. En Mendoza, esta trama que daría cuenta de la protección mutua y calculada entre jueces –varios vinculados con denuncias por complicidad con la dictadura– ya es un escándalo de proporciones. El abogado Salinas anunció que también harán denuncias en el Congreso, la Corte Suprema y ante la presidenta Cristina Kirchner. El martes último, cuando aún no se conocía el apartamiento de Bento, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, denunció ante el Consejo “la grave situación por la que atraviesa la Justicia Federal de Mendoza”

Violencia en San Rafael, la ciudad del primer juicio

   El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se sucede en San Rafael, nos permite experimentar y amasar cantidad de cosas como para no dejar en el olvido la tarea de saber, hacer y rearmar.

Hemos podido escuchar día tras día retazos de historias que, en la calma del mate, de la reflexión  y el debate con otros y con una misma, ya en soledad, se han ido transformando en historia completada, o casi.

Y no es historia de libro, aún, ni de manual. Por ahora, sencillamente, es historia apenas de gente. Y de caminos forzados a recorrer, compulsados a caminar, por los muchachos y muchachas que en los ’70 creyeron en la bondad, si la hubiere, y lo ineludible de la política y la solidaridad para abastecer de justicia y equidad a la sociedad.

Así es que, día tras día, estructuras personales e institucionales se han visto removidas, puestas en duda, puestas en verdad, revueltas,  reveladas y rebeladas. Con el poto al aire, diría el cuyano.

Desde intendentes hasta empresarios; desde policías hasta sacerdotes. Y, por otro lado (es imprescindible decir “por otro lado”), desde maestros hasta artesanos y desde médicos hasta cosechadores de uva, y hasta periodistas.

Esto enseña, y cómo. También sacude el polvo acumulado por los años de ocultamientos y silencio, de complicidades y falta de humanidad.

Durante una buena parte, desde el inicio de las audiencias, hubo respeto a pesar de oír iniquidades y de sorprendernos el dolor, aun preparados para escucharlo. Porque sentirlo es una cosa interna, íntima y madura, pero escucharlo lo hace sólido y material, con peso, con color, con sabor, con olores.

Así y todo, el devenir fue lo bastante racional como para sostener ese respeto del que hablamos, junto a nuestra calma inquieta macerada durante muchos años.

Y de pronto, un día de la semana pasada, sucedió un hecho por demás decidor: forzaron una puerta de la casa de una integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, invadieron cada rincón, tiraron ropas, papeles, cajones de muebles. En fin. Cuando llegamos, era un reguero de cosas domésticas insultadas. Se llevaron (solo se llevaron)  el sable que pertenecía al padre de Alicia Morales, que había sido restaurado y guardado como recuerdo de su carrera en Caballería. Y una mochila. La mía, también miembro de la Asamblea de San Rafael, con algunas ropas y cosas de poco valor, excepto algún libro. Nada más.

Hasta ahora, todo es un misterio absolutamente iluminado, claro está. Tan claro. Anoche, domingo por la noche, o ya lunes iniciado, hubo más. Habiendo gente adentro de la casa, luces, ¿protección?, voces, hogar, se debió vivir la experiencia poco saludable de oír pasos por los techos, andar de pies anónimos; amenaza concreta y reiterada. Nada más.

Aunque hayan sido ataques a un domicilio específico, no es a una ni a dos ni a tres personas en particular a quienes se ha apuntado. Es a todos, todas y a cada uno y una, que integramos organismos de Derechos Humanos. A la Justicia. A la sociedad. A la verdad. A la misma historia argentina y latinoamericana. A la vida.

Analizamos; quizá no concluyamos, pero nos preguntamos. De entre esas tantas cosas que amasamos, ¿acaso supone alguien que también se incluye el miedo? ¿Alguien puede creer que el empeño y el amor puestos en buscar a un cuerpo amado, a un hijo desprotegido, a un amigo irreemplazable, a un hermano perdido, a un compañero admirado, puede ser una fuerza menor que el temor? Sí, es de imaginar que lo crean. Porque tal vez el miedo persista y el terror lo siga alertando. Pero lo que queremos, lo que buscamos, lo que exigimos, es más, mucho más fuerte que esa otra impronta atávica del hombre. Lo que queremos es memoria, verdad, justicia.

Lo que también nos seguimos preguntando es el porqué de esa mutación del respeto nervioso, por qué no, que existía. Por qué ahora agresión, si es un juicio y nos apoyamos en la ley para juzgar; por qué la violencia, si sabemos esperar,  llorar y caminar.

¿Será por la presencia de esos abogados, como los san Emeterio o los Curutchet o como se llamen, que defienden y han defendido a genocidas y que andan y desandan el país con esa meta, el alarde de fuerza clandestina?

¿Será que a San Rafael, esa poblana y santificada ciudad del sur, la hemos regañado y trizado en sus cimientos?

¿Será que la iglesia en su oscuridad y complicidad, calla y otorga?

Será que creen que no los seguiremos buscando.
Sonnia De Monte, octubre/2010

Juicio en San Rafael: ex detenidos reconocieron calabozos clandestinos

Miembros del Tribunal y aprehendidos durante la última dictadura recorrieron instalaciones donde funcionaron comandos militares.

Miembros del Tribunal II de Mendoza y un grupo de ex detenidos de la última dictadura militar, recorrieron hoy distintas instalaciones de San Rafael donde funcionaron comandos militares y centros clandestinos de detención.

”Fue muy útil la recorrida ya que comprobamos que todo coincide con lo dicho en los testimonios. Y ahora todas las partes tenemos una clara imagen visual de los sitios relatados por los testigos para asociar testimonios verbales con lugares y situaciones”, dijo el juez Roberto Nacif.

Los magistrados y la defensa recorrieron hoy las instalaciones del Cuerpo de Infantería Policial, que funcionó como centro de detención; la Municipalidad de San Rafael, donde también funcionó un puesto comando y testigos denunciaron haber sido torturados y golpeados; y el actual edifico de Tribunales que era "La Departamental" donde estuvieron detenidos decenas de personas.

Allí, según denunciaron varios testimonios en el debate oral, hubo personas detenidas, muchas de las cuales fueron sometidas a golpizas y diversas torturas.

”Volver al calabozo donde estuve encerrado siete meses sin que nadie me dijera los motivos es muy fuerte”, lamentó hoy Hugo Riera, uno de los testigos claves del primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Mendoza y que tendría sentencia en los primeros días de noviembre.

Los ex detenidos aseguraron “in situ” haber visto allí a los imputados e inclusive al ex capellán del Ejército y actual párroco de Salto de Las Rosas, Franco Revérveri, denunciado por varios ex detenidos de haber recibido su visita "para que contemos lo que sabíamos".

Los jueces los interrogaron en los lugares donde estuvieron detenidos hace ya más de treinta años en busca de certificar la veracidad de sus dichos, a quiénes vieron, o detalles de su triste estadía en esos sitios.

Mañana en tanto, las partes recorrerán los edificios donde funcionó la D2 de la policía, en pleno centro de San Rafael; y los cuarteles del Ejército Argentino, en el distrito de Cuadro Nacional, en plena tarea investigativa por dilucidar las desapariciones de Francisco Tripiana, José Berón, Roberto Osorio y Pascual Sandoval.

Para esta semana, también está previsto que se inicien las indagatorias a los cuatro imputados por distintas calificaciones: Raúl Alberto Ruiz Soppe (ex comisario), Juan Labarta (ex policía de la D2), Raúl Egea (era abogado de la Policía), y Aníbal Alberto Guevara (teniente coronel retirado).