La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de procesar con prisión preventiva a Carlos Somoza. En la causa se investiga la actuación del Batallón de Inteligencia 601 durante el último gobierno de facto.
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del el ex agente de inteligencia del Ejército, Carlos Somoza, en el marco de una causa que investiga la responsabilidad del Batallón de Inteligencia 601 por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
Somoza está acusado de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Para los camaristas, “se ha acreditado la conformación de una asociación ilícita que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, contando con explosivos y armas de fuego de gran poder ofensivo”.
Para los jueces, “ese grupo se constituyó desde la instauración de la dictadura militar en el año 1976 y contaba con conexiones con las autoridades de diferentes zonas y destacamentos del Ejército, a partir de una planificación específica y concreta, sistemáticamente empleada para desplegar operativos que culminaban en el secuestro de individuos”.
“La organización actuaba bajo las pautas de un plan elaborado con la finalidad de localizar y detener a determinadas personas, mantenerlas en cautiverio en centros clandestinos especialmente preparados para ello, y someterlas a interrogatorios a través de prácticas inhumanas y degradantes previamente concebidas con el objeto de obtener información”, detalla el fallo.
Según los magistrados, “el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino era en esos años el encargado de reunir, elaborar y distribuir la información; mientras que los grupos operativos concretaban los procedimientos de acuerdo con los datos aportados por el batallón”.
Con respecto a la responsabilidad específica de Somoza, los jueces indicaron que “el área donde se desempeñaba el imputado tenía un rol estratégico en la estructura ilegal. En efecto, la Central de Reunión era el sector encargado de recolectar la información obtenida por los grupos de tareas mediante torturas y tratos degradantes”.
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva del el ex agente de inteligencia del Ejército, Carlos Somoza, en el marco de una causa que investiga la responsabilidad del Batallón de Inteligencia 601 por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
Somoza está acusado de privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Para los camaristas, “se ha acreditado la conformación de una asociación ilícita que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, contando con explosivos y armas de fuego de gran poder ofensivo”.
Para los jueces, “ese grupo se constituyó desde la instauración de la dictadura militar en el año 1976 y contaba con conexiones con las autoridades de diferentes zonas y destacamentos del Ejército, a partir de una planificación específica y concreta, sistemáticamente empleada para desplegar operativos que culminaban en el secuestro de individuos”.
“La organización actuaba bajo las pautas de un plan elaborado con la finalidad de localizar y detener a determinadas personas, mantenerlas en cautiverio en centros clandestinos especialmente preparados para ello, y someterlas a interrogatorios a través de prácticas inhumanas y degradantes previamente concebidas con el objeto de obtener información”, detalla el fallo.
Según los magistrados, “el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino era en esos años el encargado de reunir, elaborar y distribuir la información; mientras que los grupos operativos concretaban los procedimientos de acuerdo con los datos aportados por el batallón”.
Con respecto a la responsabilidad específica de Somoza, los jueces indicaron que “el área donde se desempeñaba el imputado tenía un rol estratégico en la estructura ilegal. En efecto, la Central de Reunión era el sector encargado de recolectar la información obtenida por los grupos de tareas mediante torturas y tratos degradantes”.
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