Cuatro condenas y tres absoluciones por crimenes cometidos en Entre Ríos

“El segundo genocidio nacional”

El juicio que tenía por primera vez a Albano Harguindeguy en el banquillo de los acusados terminó con la condena a dos represores a prisión perpetua y otros dos a penas de 10 y 15 años de prisión. Todos están bajo arresto domiciliario.

Por Juan Cruz Varela

Desde Paraná

La bronca sobrevino después de la impaciencia. Gritos y desolación coronaron la lectura de un fallo que dejó un dejo de amargura en los familiares de las víctimas. Cuatro condenas, el reconocimiento del genocidio que hubo en el país, pero nadie irá a la cárcel, todos conservarán el beneficio del arresto domiciliario. “Es un acto de justicia, más allá de las expectativas que tenía la gente; y es un acto de justicia que a las víctimas no se les dio. Se determinó que hubo cuatro personas responsables de hechos que pasaron hace 36 años; eso es lo más importante”, enfatizó Emanuel Dezorzi, hijo de una de las víctimas.

Una hora y media después del horario previsto, la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Lilia Carnero, leyó finalmente la sentencia del juicio a los represores que actuaron en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú. Después de nueve meses de debate oral –y más de treinta años de espera–, fueron condenados cuatro de los siete imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de torturas y las de-sapariciones de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Oscar Dezorzi.

Fueron condenados a reclusión perpetua Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino, ex jefes de los regimientos de Concordia y Gualeguaychú; el ex policía federal de Concepción del Uruguay Julio César Rodríguez recibió la pena de 15 años de prisión y su compañero de armas Francisco Crescenzo fue condenado a 10 años. Y hubo tres absoluciones: quien fuera jefe de sección en el Escuadrón de Gualeguaychú, Santiago Kelly del Moral; el ex jefe Departamental de Policía de Gualeguaychú, Marcelo Alfredo Pérez, y el ex jefe de la División de Operaciones y Seguridad de la Policía de Gualeguaychú, Juan Carlos Mondragón. Las razones se conocerán el 3 de abril, cuando el tribunal dé a conocer los fundamentos de la sentencia.

De esta manera terminó el juicio que se inició en marzo pasado y que tuvo entre los acusados al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta su fallecimiento, el 29 de octubre. Aun con la limitación de no conocer los fundamentos, el fallo permite, sin embargo, algunas valoraciones que tuvieron en cuenta los jueces a la hora de dictar sentencia. El tribunal reconoció que “las conductas imputadas constituyen delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983”.

Este punto fue celebrado por el abogado querellante Marcelo Boeykens, quien manifestó su satisfacción, aunque admitió “el gusto agridulce por las absoluciones”. En diálogo con Página/12, señaló que “es importante que el tribunal reconozca que los delitos se desarrollaron en el contexto de un genocidio, que no hubo un ataque generalizado e indiscriminado contra la población civil, sino que fue direccionado hacia los militantes políticos, barriales, sociales y estudiantiles. Ya llegará el día en que los jueces condenen por el delito de genocidio y no solamente se haga el reconocimiento histórico al contexto, es decir, que se condene a los genocidas por genocidio”.

Emanuel Dezorzi, hijo de una de las víctimas, también dejó sus sensaciones: “Es un acto de justicia, más allá de las expectativas que tenía la gente; es un acto de justicia que se está llevando a cabo mucho tiempo después de ocurridos los hechos y es un acto de justicia que a las víctimas no se les dio. Eso es lo más importante. Hoy se determinó que hubo cuatro personas responsables de hechos que pasaron hace 36 años; eso es lo más importante”, enfatizó el hombre que tenía apenas unos meses cuando su padre fue secuestrado en Gualeguaychú.

También el diputado nacional Horacio Pietragalla destacó las condenas a los represores, pero insistió en esa “sensación medio amarguita” por las absoluciones de tres de los imputados y que los condenados cumplan las penas en sus casas. De todas maneras, remarcó que “el símbolo es que haya condenas, lo otro se apela; es importante que haya justicia, que haya cadenas perpetuas, que se reconozca el genocidio; y es importante para nuestra democracia, que sigamos condenando y que no quede ninguno de los responsables en la calle”, sentenció.

Cuando todo terminó, y la luz de la Justicia apagó, por fin, después de nueve meses de pequeños destellos, la oscura impunidad, en la sala se escuchó el grito que preanuncia que la búsqueda de justicia continuará: “Olé olé, olé olá, adonde vayan los iremos a buscar”.

28 de Noviembre 2012: Inicio juicio ESMA

Se inicia el tramo más importante por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura genocida. 68 represores imputados por los casos de 789 víctimas, con más de 800 testigos. Haber llegado a este punto es consecuencia de la lucha de las organizaciones populares y organismos de derechos humanos que no se han resignado. Los mismos, han transitado tramos menores con igual convicción y compromiso, y sin minimizar el impacto de ver a 68 represores sentados en los banquillos, no hace olvidar que en la ESMA actuaron cientos de represores y fueron desaparecidos casi 5000 compañeros; que por intricados e interesados vericuetos judiciales y procesales, la causa sobre el campo de concentración con mayor cantidad de pruebas, se desguazó durante años en expedientes menores,  con represores en cárceles de lujo o en dependencias de la propia fuerza, o en sus domicilios, y llegar hasta el envenenamiento del prefecto Febres en la sede  de la Prefectura de Tigre, el 28 de noviembre de 2009.

Este recorrido que se inicia es de gran trascendencia, por lo que toman fuerza las mismas exigencias que desde hace más de 28 años, incrementadas sí por el hecho que los genocidas que disfrutaron de la más absoluta impunidad durante gobiernos constitucionales, continuaron en la represión a las protestas y reclamos populares, protegidos en empresas multinacionales en las que eran socios privilegiados, enquistados en diferentes estamentos estatales, o persistiendo en su actividad criminal, como  lo demostraron con el secuestro y desaparición de Jorge Julio López. 

Como en otros sitios que funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio, el edificio de la ESMA constituye en sí mismo una evidencia material que testimonia la implementación de prácticas sociales genocidas en Argentina de 1976 a 1983; y se ha manifestado una contundente oposición al uso de las instalaciones de la ESMA, para todo tipo de actividades que no sea la preservación absoluta de todos los componentes probatorios,  y la protección de cada elemento de la memoria; y que asimismo no es patrimonio de ningún partido ni organización, y no puede alivianarse ni banalizarse con dinámicas ajenas a la lucha y resistencia de los miles de compañeros que allí estuvieron secuestrados; la ESMA es el escenario dónde se cometieron los crímenes que hoy  se juzgan. 

Hay, indudablemente, un empeño de justicia reforzado,  reconstruyendo memoria y desconstruyendo impunidad, exigiendo sin más dilaciones, la apertura de la totalidad de los archivos de la dictadura, que son el códice maldito de la verdad del paradero de los 400 hijos y de los 30.000 compañeros que nos faltan.

El mejor homenaje a todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos es seguir exigiendo prisión perpetua y efectiva en cárcel común para todos y cada uno de los responsables y cómplices del genocidio;  exigiendo que se juzgue a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos, cumpliendo en cárcel común la condena que se merecen, cadena perpetua por el delito cometido, el de genocidio.

Casapueblos - 26 de noviembre 2012

Los abusos y las violaciones deberán ser considerados parte de la tortura

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó una resolución en la que instruyó a los fiscales a que investiguen los casos de abuso sexual cometidos durante la dictadura cívico-militar. El documento puntualiza las falencias en el tratamiento judicial que reciben este tipo de delitos en las causas por delitos de lesa humanidad y recomienda "medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual".

En su resolución, la Procuradora dio instrucción para que los fiscales de todo el país tuvieran en cuenta el documento "Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado", elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.

El documento describe las falencias en el tratamiento judicial que reciben los delitos contra la libertad sexual y ofrece distintas pautas de actuación para evitar o morigerar sus efectos perniciosos, en consonancia con las Observaciones Finales que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer efectuara al Estado argentino durante 2010.

Puntualmente, el Comité recomienda que se adopten "medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad".

La Procuradora destacó que el documento elaborado por la Unidad, a cargo del fiscal Jorge Auat, es "en un todo compatible con las metas y objetivos que persigue el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género", creado el 9 de noviembre pasado con el fin de "difundir, sensibilizar y capacitar sobre las temáticas de género y los derechos de las mujeres".

A partir de la apertura de las causas por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de impunidad en 2007, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas que investigue a los represores Julio Simón, Samuel Miara y Juan Carlos Falcón, por abusos sexuales que sufrieron detenidos en centros clandestinos. Esta fue la primera vez desde la revisión penal del terrorismo de Estado, que se pidió que los abusos sexuales y violaciones que sufrieron algunas personas secuestradas sean investigados por la Justicia Federal.

Recién en abril de 2010, el Tribunal Federal de Santa Fe emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura, en una causa donde la querellante, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia sexual durante 32 años.

Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua a Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en el centro clandestino La Cueva de Mar del Plata. "Los abusos sexuales en La Cueva no constituían hechos aislados, sino que conformaban una práctica habitual que se exteriorizaba a través de diversas conductas que lesionaban el marco de protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal", argumentaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, y Juan Carlos Gemignani.

En 2011, un juez procesó a los represores Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años en un centro clandestino de detención.

Murió en su casa el genocida Harguindeguy


Albano Harguindeguy, ex ministro del interior durante la dictadura y procesado en varias causa por terrorismo de Estado. 
El general que manejó la Federal y esparció el terror
A los 85 años, en prisión domiciliaria y sin que todavía le llegara una condena, falleció en su casa de Malvinas Argentinas. Solía ufanarse de haber librado a la sociedad “del marxismo” y reivindicaba las desapariciones.

Por Laura Vales
A los 85 años, y mientras cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad, murió Albano Harguindeguy. El general de división fue el responsable de la Policía Federal en los años más sangrientos del terrorismo de Estado. Fue jefe de la Federal primero, durante el gobierno de Isabelita, y después ministro del Interior –cargo desde el que siguió manejando la fuerza–, durante cinco de los siete años que duró la dictadura. Considerado uno de los cerebros del gobierno militar, alguna vez admitió su responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones sin ninguna vuelta. Sin embargo, de las muchas causas judiciales en las que estaba procesado, sólo llegó a ser llevado a juicio oral en una y todavía no había sido condenado.

Harguindeguy escoltó a Videla como responsable de la cartera política desde marzo del ’76 hasta marzo del ’81, período en el que se produjeron la mayor parte de los crímenes del terrorismo de Estado.

En 2003, durante un reportaje de la periodista francesa Marie-Monique Robin, accedió a hablar de la represión ilegal. “Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”, le dijo. Como era de prever, también defendió la dictadura. Lo llamativo fue su estilo grandilocuente, megalómano: “Hicimos lo que correspondía en cumplimiento del deber militar. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los libramos de ser un país marxista”, declara en el documental. Y después: “Tengo que reconocer que cometimos errores. Si no cometiéramos errores seríamos dioses. Qué aburrido sería un país gobernado por los dioses, sin pecado, sin delito”.

Harguindeguy cumplía el arresto domiciliario en Los Polvorines, en el municipio de Malvinas Argentinas, en una casaquinta más que acomodada, ambientada con trofeos de caza, una afición que en los ’70 compartió con el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Alegando problemas de salud, ése fue el lugar que eligió para instalarse, evitando la cárcel, cuando en julio de 2004 la Justicia pidió su detención por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, y donde pasaría los últimos ocho años de su vida.

Hasta ese momento, Harguindeguy no había tenido complicaciones judiciales graves. No fue acusado, por empezar, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, de quien había sido compañero en el Liceo Militar. En el juicio a las tres primeras Juntas fue llamado como testigo, y allí declaró que como ministro del Interior le llegaban pedidos para que algún detenido pudiera ser pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fuera enviado a una cárcel común.

Luego fue beneficiado con el efecto de las leyes de punto final y obediencia debida, y más tarde Carlos Menem lo incluyó en los indultos que dictó durante su presidencia.

“No van a aparecer”

Harguindeguy había sido, en el ’73, la máxima figura militar del Operativo Dorrego, que las Fuerzas Armadas compartieron con Montoneros haciendo trabajos sociales para auxiliar a las víctimas de una inundación.

Años después, el ex jefe montonero Roberto Perdía le atribuyó unas frases que Harguindeguy habría pronunciado en un encuentro secreto entre ambos, supuestamente por el caso del secuestro y la desaparición del jefe guerrillero Roberto Quieto. “Nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones, de ahora en adelante los cadáveres no van a aparecer. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue una ‘dictablanda’, como la de (Alejandro) Lanusse; la nuestra sí va a ser una dictadura. No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más”, habrían sido sus palabras, según Perdía.

De hecho, Harguindeguy estuvo en un lugar clave para la represión desde 1975, porque la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón lo designó al frente de la Policía Federal.

De las causas en las que, después del 2003 y con la anulación de las leyes de impunidad, el represor pasaría a quedar procesado, hay una que habla de la continuidad entre los meses previos al golpe y los siguientes. Es la que investiga los crímenes cometidos bajo la órbita de esa policía, en el centro clandestino de Coordinación Federal –que funcionó en Moreno 1417, donde está el Departamento Central de Policía, y otros CCD como el Garage Azopardo–. En este expediente, el juez federal Daniel Rafecas consideró responsable a Harguindeguy por 34 asesinatos y más de doscientos casos de secuestros y torturas. La causa incluye un hecho ocurrido seis días antes del golpe. Se trata de la fabricación de un falso “operativo antisubversivo” en el que cuatro secuestrados fueron ametrallados dentro de un automóvil, y el montaje apareció en los diarios como si se hubiera tratado de un enfrentamiento armado. Las víctimas fueron el médico Norberto Gómez y Elena Kalaidjian, de quienes se sabe por testimonios de sobrevivientes que fueron obligados a atender a otros secuestrados después de las sesiones de tortura, y la pareja formada por Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar, sobrina de la animadora Mirtha Legrand.

En la causa por el Plan Cóndor, el operativo en que las dictaduras del Cono Sur coordinaron la represión, el juez federal Norberto Oyarbide responsabilizó a Harguindeguy junto a Videla y otros por el secuestro y aplicación de tormentos a trece ciudadanos peruanos que fueron capturados en su país y trasladados a la Argentina durante el Mundial de Fútbol de 1978.

El represor también había sido procesado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli por haber emitido “directivas precisas para eliminar los grupos vinculados con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo”. El expediente había sido elevado a juicio oral este mes. Un tribunal de La Rioja lo había procesado por los crímenes de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville.

Un juicio oral

Este año había enfrentado su primer juicio oral, en Entre Ríos. Allí debió responder por cuatro desapariciones –Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma González y Oscar Dezorsi, secuestrados entre mayo y noviembre de 1976– y veinticinco casos de privación ilegal de la libertad y torturas cometidos en las ciudades de Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. De cara a las audiencias, Harguindeguy volvió a alegar problemas de salud para no presenciar el juicio, y en la jornada en la que debió declarar –-por teleconferencia– permaneció cruzado de brazos y sólo respondió con monosílabos.

Otra de las investigaciones que lo tenían como centro –y en la que por supuesto hay otros investigados– tiene que ver con las maniobras realizadas por los jerarcas de la dictadura para quedarse con empresas y bienes de sus víctimas. Está a cargo de la Comisión Nacional de Valores, que busca establecer cómo la División Bancos de la Policía Federal, el Banco Central y la CNV liquidaron bancos y extorsionaron empresarios para obtener un botín de guerra. La causa remite a la estrecha relación de Harguindeguy con Martínez de Hoz, que no se habría limitado solamente a cuestiones de caza.

Con el ex ministro de Economía habían quedado coprocesados en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim. Federico Gutheim y su hijo Miguel, propietario de la firma textil Sadeco, fueron detenidos en noviembre de 1976, a raíz del decreto 2840 firmado por Videla y Harguindeguy acusados de socavar la paz interior. Los empresarios recuperaron la libertad cinco meses después, luego de declinar acuerdos comerciales que habían realizado en beneficio de firmas de Hong Kong con los que la cartera de Economía mantenía negociaciones.

La trama empresarial del genocidio

¿Ex dueño de Las Marías, a juicio por lesa humanidad?
El ex dueño de la industria yerbatera “Las Marías”, Adolfo Navajas Artaza, podría ser juzgado por delitos vinculados con la desaparición, detención y torturas de trabajadores y sindicalistas en la ciudad de Virasoro durante la última dictadura militar.

En 2008, el empresario correntino quedó imputado como autor intelectual de la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales en julio de 1977.

Y además por la muerte del sargento primero José Anchetti, que también trabajaba para él, y por haber colaborado con las fuerzas de seguridad, ofreciendo tierras de su cementerio privado, para el entierro de víctimas de la represión, según consta en el expediente.

Si bien, por estos hechos, Navajas Artaza fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont, nunca prestó declaración y, aún así, el juez Antonio Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008.

La decisión del juez pone fin a la imputación del industrial yerbatero, por los hechos mencionados, pero no impide su juzgamiento por otros. Antonio Chalup, es el juez número 20 de la causa, debido a que se inhibieron 19 jueces y conjueces que no quieren juzgar los delitos de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores y sindicalistas de Las Marías.

En la localidad de Virasoro, ubicada al norte de la provincia, se investigan dos causas por delitos de lesa humanidad, que podrían unificarse y elevarse a juicio oral y público, posiblemente en marzo de 2013, según confirmó a Télam una fuente del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La primera de ellas es por la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales y de Marcelo Peralta, también sindicalista en la empresa yerbatera. La segunda investiga la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez.

La investigaciones se inician por las denuncias de Catalino Pérez, hijo de Neris, desaparecido desde 1977 y de una de las víctimas de detención y torturas, Ramón Aguirre, que actualmente reside en Bélgica. Están imputados quien se desempeñaba como interventor militar en Virasoro, el capitán Juan Carlos Sacco; el coronel Duilio Ramón Martínez, el general Llamil Reston, Héctor Queirel y Ramón Alberto Giménez.

En la causa de Pérez, Navajas Artaza había sido mencionado por Ramón Alberto Giménez, ex policía también imputado, que lo señaló como quien ordenó el secuestro de Pérez, hecho en el que él mismo participó y se autodenominó como “entregador”. En su declaración, Giménez califica al dueño de la marca “Taragüí”, como “señor feudal”, que tenía a todo el pueblo bajo su poderío económico.

La vinculación de Navajas Artaza con las desapariciones y detenciones de los trabajadores es también sostenida por las organizaciones de derechos humanos de Corrientes y varios de sus representantes se expresaron públicamente en este sentido. Tal es el caso de Marisa Saunaria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que en diálogo con Télam afirmó que hubo “connivencia” del empresario yerbatero “en la represión que sufrieron los sindicalistas”.

“Con la excusa del cumplimiento de la ley de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores”, afirmó.

En 2006, cuando se iniciaron las causas por las denuncias de Catalino Pérez y Ramón Aguirre, en Corrientes, Pablo Vassel se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos. Recordó que por primera vez, el 24 de marzo de ese año, se visibilizó el tema, cuando hijos, familiares y amigos de las víctimas marcharon por primera vez para pedir justicia.

E hicieron un acto en la plaza principal del pueblo junto las madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas; representantes del Servicio de Paz y Justicia, y de organizaciones de derechos humanos de Corrientes.

El acto, tuvo como única autoridad al propio Vassel. “Los demás prefirieron no mirar”, dijo a Télam quién hoy cumple el rol de director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. “Todas las víctimas de Virasoro están relacionadas con Las Marías y todas tuvieron alguna actividad en el poderoso grupo yerbatero”, afirmó, a la vez que señaló que “no es casualidad que toda la cúpula gremial haya sido descabezada”. En este sentido, Vassel remarcó que “hay una vinculación directa” y agregó que “el alcance de esa vinculación lo va a determinar la Justicia”.


Navajas Artaza fue interventor federal de Corrientes del 7 de junio de 1969 al 11 de enero de 1973, durante la dictadura de Onganía. Del 22 de septiembre de 1982 al 10 de diciembre de 1983 fue ministro de Acción Social de la Nación, en el gobierno de facto de Reynaldo Bignone. De 1985 a 1987 fue presidente del Concejo Municipal de Gobernador Virasoro. Recibió dos veces el premio Konex: en 1998 y 2008, en la categoría destinada a empresarios rurales. En 2005 se presentó como candidato a gobernador de Corrientes por el Proyecto Corrientes.

Testimonió Cristina Murias, hermana del sacerdote Carlos Murias

“Tenían miedo por la persecución”

Luciano Benjamín Menéndez salió de la sala y evitó así escuchar la descripción que la hermana de Carlos Murias realizó ante el tribunal que está juzgando el asesinato de los curas de Chamical, los dos sacerdotes que trabajaban con el obispo Angelelli.

 Por Alejandra Dandan

De las cosas del cura Carlos Murias quedó un reloj roto, el anillo del rosario. Una guitarra, una Biblia y esa cadenita con la que su hermana Cristina ayer se sentó a declarar. Cuando el obispo Enrique Angelelli dio la misa de cuerpo presente faltaban veinte días para que lo mataran también a él. Cristina había logrado llegar desde Córdoba con sus hermanas y su madre, que se quebró frente al cajón que estaba cerrado y no le dejaron ver el cuerpo para preservarla. A Carlos le habían arrancado mechones de pelo y las huellas de sangre sembraron el camino del descampado donde lo arrojaron, al lado del cuerpo del cura francés Gabriel Longueville. “En la homilía, monseñor Angelelli nos da la pauta de todo”, dijo Cristina. “El lloraba muchísimo y desde el púlpito decía: ‘No nos interesan las siglas, ni los nombres; nos interesan quiénes planearon esto; quiénes fueron los instigadores; quiénes pueden desde la fe cometer estos crímenes; quiénes pueden invocar la fe para hacerlo: nosotros los perdonamos porque es de cristianos perdonar, pero esperamos que recapaciten’. No recapacitaron en 36 años”, se expidió Cristina.

El Tribunal empezó la audiencia con las indagatorias. Luciano Benjamín Menéndez, de traje impecable con un manojo de hojas en la mano, se negó a declarar, aunque abundó sobre el riesgo que en su lógica corren las “instituciones de la República” (ver aparte). En un momento se quejó porque desde la calle oía el ruido de alguna música. “No podemos hacer nada, señor”, le explicó el presidente del Tribunal, Camilo Quiroga Uriburu. El represor que tuvo a cargo las ejecuciones del III Cuerpo del Ejército se puso chistoso: “Entonces –dijo– vamos a tener que seguirles el ritmo”.

Apenas empezó a hablar Cristina, él se levantó y salió de la sala. Se quedaron los otros dos acusados: el comodoro Fernando Estrella, segundo jefe de la Base de la Fuerza Aérea de Chamical, el centro clandestino donde estuvieron los curas. Y el comisario Domingo Benito Vera, uno de los autores de los crímenes y protegido en la provincia por un entramado parental que hasta hace un mes le permitió estar en libertad.

Atragantada por miles de datos que guardó en la memoria durante años, Cristina explicó no sólo la historia de su hermano y la persecución de la pastoral sino los nombres que integraron la cadena de impunidades que los llevó a un primer juicio en la Justicia ordinaria, en el que los dos únicos acusados fueron absueltos y la familia casi termina acusada.

“Mi hermano venía siempre a La Rioja; venía cuando tenía vacaciones porque el resto del año estaba en la casa de los conventuales de Buenos Aires”, dijo. A poco de ser ordenado, pasó de Buenos Aires a La Rioja. “En las reuniones familiares, el tema recurrente era la pastoral del obispo: él estaba convencido de que era el lugar de un compromiso junto al hombre y no desde los púlpitos, realmente estaba enamorado de ese trabajo. Conocimos de boca de él que Angelelli era perseguido porque su tarea pastoral afectaba a los intereses de estos grupos.”

Cristina recordó algunos de los conflictos más importantes. El impulso a la cooperativa agraria con laicos del movimiento rural que pedía la expropiación de la finca Azzalini. Los ataques a Angelelli, al grupo de laicos y a las monjas de los llamados Cruzados de la Fe con base en Anillaco, un grupo al que ella comparó con Patria, Familia y Propiedad. “Todos los vicariatos estaban compenetrados con la tarea que había que hacer, pero no sólo con problemas de las tierras sino también con las enfermedades; denunciaron el Chagas, la tuberculosis por falta de nutrición y a la vez una sequía endémica. Gabriel enseñaba, por ejemplo, a la gente que el agua que usaban para enjuagarse la ropa podía servir también para las huertas.”

Después del golpe, la persecución se agudizó. Ya habían detenido a algunos curas. Y en medio de los retenes, un día detuvieron a Carlos. “Antes de matarlo, lo habían llevado un día a la Base (Aérea de Chamical). Como el padre Gabriel no estaba, lo acompañó otro sacerdote, Francisco Carbonell. Lo llevan a la base: le cuestionan la prédica que hacían ellos. Y les decían: ‘¡Esa no es la Iglesia en la que nosotros creemos!’”.

Las homilías eran grabadas. “El alférez (Ricardo) Pezzetta, que está con falta de mérito, era uno de los que grababa: como antes no había grabadores chicos, ni digitales, usaba uno de los más grandes y se sentaba a grabar en la primera fila, así nomás, como una forma de intimidarlos.”

Para junio de 1976, Carlos viajó a Córdoba para el entierro de su padre. Lo acompañaron Gabriel y una religiosa. “Tenían miedo de lo que les podía pasar en la ruta, ya habían tenido esos plantones, se veía que tenían miedo.” Carlos se quedó durante los días siguientes. “Hablamos mucho de las persecuciones, estaba preso el padre Eduardo Ruiz, que era un capuchino, y él tenía mucho temor de la forma indisimulada de la persecución para toda la diócesis.”

Los primeros días de julio, cuando se produjo la matanza de los Palotinos, Cristina decidió ir a buscar a su hermano. “Se ve que es todo cierto esto de la persecución, indudablemente esta matanza no pudo haberse dado sin el consentimiento de las autoridades militares”, se dijo. “Decidimos ir a Chamical a buscarlo. Los conventuales ya le habían dicho que querían sacarlo, pero él les dijo que no quería porque le había prometido a Angelelli quedarse. El 9 de julio no pudimos viajar porque mi hijo se enferma, y después ya no pudimos viajar: nos enteramos de la muerte el 21 de julio. El obispo llamó a los conventuales, a mí me llaman a Tribunales, cuando llego a la casa de mi mamá me dan la noticia.”

Entre aquellos datos de la persecución general, hay una trama más personal de la que también dará cuenta la causa. Aparece un comodoro llamado Bario y un lugarteniente interesados en las enormes extensiones de tierras del pueblo de Merced de la Chimenea. El esposo de Cristina sabía que querían comprarles esas tierras a los campesinos. Carlos, que a su vez trabajaba con la pastoral en ese lugar, llegó a decirle que eso no eran compras sino un “desapoderamiento” para la gente. Aquel lugarteniente apareció en Córdoba antes del secuestro de Carlos. Y le dijo al marido de Cristina que su cuñado “pare con la lengua”. Esa noche, ellos llamaron a Chamical para advertirle a Carlos. Carlos, quien les dijo que ya sabía de las amenazas, les prohibió que vuelvan a llamarlo desde esa casa.

“¿Recibió apoyo de la Conferencia Episcopal?”, preguntaron los abogados a Cristina. “No”, dijo ella. Y recordó que Angelelli se quedó en Chamical y recibió una lista de otros curas y otras monjas que estaban amenazados. Todos colaboraban en el asesoramiento de los campesinos. “En ese momento, el obispo viaja para hablar con Primatesta y con Menéndez. Creo que Primatesta no puede (recibirlo) y Menéndez le dice que el que se tiene que cuidar es usted. En ese momento vuelve a la casa de su sobrina en Córdoba y le dice a ella: ‘Estamos solos’. Su sobrina le preguntó: ‘¿No tenés miedo?’. Y él le dijo: ‘Claro que tengo miedo, pero no voy a meterme abajo de la cama. Miedo tenemos todos, el tema es superarlo’.”

Menéndez pidió hablar en la sala nuevamente por la tarde. Lo único que dijo fue una cosa: que nunca vio a Angelelli.

En la sala nadie le cree.
Otro Menéndez dixit

“Me niego a hablar porque estos juicios son inconstitucionales”, dijo el represor Luciano Benjamín Menéndez. Con unas hojas en el escritorio, de todos modos se dedicó a criticar a las instancias que lo llevaron al juicio instalado en la lógica de la guerra. Palabras como “terroristas”, “marxistas”, “conducidos desde el extranjero” y lecturas de editoriales del diario La Nación guiaron su prédica. “Por lo demás, se da una paradoja que es grotesca: los terroristas que atacaron a la república conducidos desde el extranjero en los años ’60 y ’70 querían reemplazar la república por grises organizaciones marxistas, ahora aprovechan, se refugian y usan esas mismas instituciones de la democracia que trataron y tratan hoy de destruir.” Para Menéndez, “no hay más que ver los nombres y los antecedentes de los que nos acusaban para corroborar su filiación ideológica y su militancia activa de antes y de ahora, de la que ahora se enorgullecen porque creen ver su éxito y el fin de la guerra que emprendieron en el ’60, con el agravante de que su propósito sigue siendo el mismo”.

Detuvieron en Córdoba a 5 ex funcionarios judiciales por complicidad con la dictadura

La Justicia pasa la escoba

Los presos son los ex jueces Miguel Angel Puga y Carlos Otero Alvarez, el ex fiscal Antonio Cornejo y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro. Están acusados de no denunciar ni investigar torturas y asesinatos de presos políticos.

 Por Victoria Ginzberg

José Moukarzel murió en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. El 14 de julio de 1976 fue estaqueado desnudo en un patio. Le habían puesto escombros debajo de la espalda y recibía constantemente baldazos de agua fría. Era el día más frío del año. Se quejaba. Hasta que dejó de reaccionar. Miguel Mozé fue fusilado en un puente junto con otros cinco presos que habían sido sacados de la misma cárcel. Marta González de Baronetto fue asesinada en octubre de 1976 con otros cinco compañeros. Había sido arrestada en agosto de 1975. En ese momento, tenía una hija de un año y ocho meses y estaba embarazada. Su segundo hijo nació en la cárcel, tres meses antes de que la mataran e intentaran encubrir el crimen como un “intento de fuga”. Ninguno de los funcionarios judiciales que intervino en su momento en estos expedientes investigó o pidió que se investiguen esos hechos, como tampoco las torturas que padecieron y denunciaron muchos otros detenidos políticos alojados en ese penal. Los miembros del Poder Judicial señalados como cómplices de delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba durante la última dictadura comenzaron a sentir las consecuencias de aquellas acciones y omisiones. Esta semana, el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena detuvo, a pedido del fiscal Carlos Gonella, a dos ex jueces, un ex fiscal y dos ex defensores oficiales. El último arresto, que se produjo ayer, fue el del ex juez Carlos Otero Alvarez, quien renunció en 2009, pero antes fue miembro del tribunal oral que condenó a Luciano Benjamín Menéndez.

Miguel Angel Puga era juez en 1976. Entre otros, tuvo a su cargo los casos de Moukarzel y Mozé. En su defensa, dijo que no le correspondía investigar el caso del hombre que murió luego de haber sido estaqueado como castigo por haber recibido un paquete de sal de un preso común porque había un certificado médico que establecía que el detenido había sufrido un “paro cardiorrespiratorio”. Puga fue detenido el lunes y llevado a la cárcel de Bower. El ex fiscal Antonio Cornejo también está acusado de no investigar estos hechos. Fue arrestado el martes pero se quedó en su casa, ya que le concedieron el beneficio de arresto domiciliario por problemas de salud. El tercer ex funcionario judicial arrestado esta semana fue Luis Eduardo Molina, ex defensor oficial.

Molina intervino en el caso de Luis Baronetto (los abogados particulares no podían entrar a la cárcel, por lo tanto los presos estaban obligados a tener defensores oficiales) y le recomendó “que dejara las cosas” como estaban cuando Baronetto reclamó que se investigara la muerte de su esposa. María Teresa Sánchez reveló que Molina le dijo: “Vos no colaborás y además no te querés sacar la bombachita, así no vas a salir nunca”. La mujer había sido “sancionada” porque se rehusó a ser “tocada” por el personal penitenciario.

El viernes fue arrestado Ricardo Haro, que también fue defensor oficial durante la última dictadura y luego miembro de la Cámara Federal de Córdoba. Uno de los casos por los que fue imputado es el de Francisco Hernán Sain, quien denunció haber sido sometido a torturas en el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D-2), donde fue encapuchado y golpeado y torturado con inmersiones de agua. Otro es el de una mujer que le relató que había sido golpeada, torturada y violada y que había sufrido un simulacro de fusilamiento.

En 1976, Carlos Otero Alvarez era secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma. En 1977, ambos funcionarios judiciales visitaron a Baronetto en el penal de Sierra Chica –ya que estaban a cargo de su caso– y él les pidió explicaciones sobre el fusilamiento de su mujer. Ellos sólo atinaron a leer un parte militar que hablaba de la muerte de un grupo de “subversivos” luego de que vehículos civiles interceptaran una patrulla en la que eran trasladados del penal con destino desconocido y se produjera un “tiroteo”. Baronetto dijo que eso era mentira y Otero Alvarez respondió que no podía hacer nada. Los mismos funcionarios judiciales habían estado presentes en la indagatoria de Marta González de Baronetto. Allí, la mujer denunció que había sido encapuchada y esposada, que había recibido golpes de puño en todo el cuerpo, que había sido asfixiada mediante vertido de agua y que había sido desvestida y manoseada mientras le pegaban. No hubo ningún pedido de investigación sobre estos hechos.

Hace cuatro años, Baronetto pidió que el Consejo de la Magistratura removiera a Otero Alvarez, que era juez del Tribunal Federal Oral N0 1 de Córdoba y había intervenido en el primer juicio en el que fue condenado el represor Luciano Benjamín Menéndez. Además de su propio caso y el de su esposa, Baronetto señaló en esa oportunidad que el entonces secretario judicial autorizó traslados de ocho detenidos sin la firma del juez, cosa que excedía sus atribuciones. Esos “traslados” terminaron con cuatro presos torturados en la D-2 y cuatro presos asesinados. El Consejo de la Magistratura cerró el caso por “abstracto” porque Otero Alvarez renunció el 30 de abril de 2009 pero la Comisión de Disciplina y Acusación consideró que los hechos que se le imputaban al ex magistrado “evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad”. Los miembros del Consejo destacaron que la actitud de Otero Alvarez “incluso fue diferente a la asumida por la secretaria (Cristina) Garzón de Lascano, que frente a la denuncia de torturas por parte de una imputada certificó sus manifestaciones respecto de su dolencia y solicitó su atención por el médico forense. Por el contrario, Otero Alvarez al intervenir como secretario no labró ninguna certificación sobre el estado de las personas imputadas, que seguramente tenían lesiones visibles y no ordenó su atención médica. Por el contrario, el entonces secretario Otero Alvarez frente al pedido del padre de un detenido (Barrera) denegó la revisión médica de su hijo y de su nuera”. Otero Alvarez comenzó a ser indagado el miércoles y continuó ayer. Quedó detenido en el penal de Bower.

“Los magistrados y funcionarios judiciales no sólo incumplieron sus deberes, sino que también ocultaron sistemáticamente –en una etapa posterior a su comisión– la ejecución de hechos típicos que configuran delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad. Este ocultamiento se hizo en base a una promesa de impunidad anterior, al menos tácita, ya que la falta de investigación de los autores de esos delitos que se cometían de acuerdo con un patrón modal reiterado y sostenido en el tiempo –sistemático– implicó la garantía de impunidad de los mismos ‘hacia el futuro’”, aseguró Gonella, quien lleva adelante la investigación, ya que tiene la causa delegada, cuando pidió las indagatorias.

“Se ha dado un paso muy positivo por parte de la Justicia Federal de Córdoba. Cuando hicimos la denuncia y cuando se hizo el juicio de la Unidad Penitenciaria 1, sobre el fusilamiento de 28 presos políticos, funcionó la corporación de la sagrada familia cordobesa. Ahora hay un avance y esperamos que esto siga, no sólo para hacer justicia con hechos del pasado sino también porque esto reestablece la confianza en las instituciones democráticas y en la Justicia en particular”, dijo a Página/12 Baronetto.

Reunión de la presidenta con sindicatos, patrones y torturadores

Yo me siento orgullosa de formar parte de este colectivo, en el que trabajadores y empresarios acuerdan”, remarcó la Presidenta de la Nación

LA UBA DECIDIO NEGARLES LA ADMISION EN SUS CARRERAS

Represores, abstenerse

El Consejo de la Universidad aprobó por unanimidad rechazar el ingreso como alumnos a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Los tres que estaban inscriptos serán excluidos.

No se admiten represores en la Universidad de Buenos Aires: con una resolución unánime, el Consejo Superior de la UBA resolvió vetar el ingreso de quienes fueron parte del terrorismo de Estado en el programa de la universidad en cárceles. Lo hizo tras el pedido de numerosas organizaciones de derechos humanos, diferentes sectores de la comunidad académica y la recomendación de una comisión especial asesora. Si bien se esperaba que el Consejo se expidiera en este sentido, el rector de la universidad, Ruben Hallu, destacó el posicionamiento institucional como “una clara expresión política”.

La controversia comenzó con el pedido de inscripción de tres represores que actuaron en la ESMA durante la última dictadura. Tres polémicos aspirantes al Ciclo Básico Común, a través del programa UBA XXII, quienes resultaron finalmente inscriptos. Los marinos Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo), el primero alojado en la cárcel de Marcos Paz y los otros en la de Ezeiza, fueron anotados como alumnos libres, aunque ninguno llegó a rendir exámenes.

A partir de la resolución del Consejo Superior de ayer, los tres represores de la ESMA “quedan totalmente excluidos de la nómina del CBC”, confirmó a Página/12 el director del Ciclo Básico Común, Jorge Ferronato. “Hasta ahora no había instrumento legal de ningún tipo; ahora fue tomado, y los represores quedaron excluidos del sistema. Es lo que pedían los docentes y todos aquellos que tenemos algún compromiso con los derechos humanos”, agregó el académico.

Abonaron el conflicto otros dos represores más. Ambos irrumpieron en las aulas sin haber siquiera solicitado su inscripción al CBC. Carlos Jurio, un médico acusado por violaciones a los derechos humanos, llegó incluso a denunciar al Inadi a un profesor que se había negado a darle clases –el organismo contra la discriminación declinó la acusación–. Oscar Rolón, ex policía federal, llegó a dejar encerrada a una docente en un aula del penal de Marcos Paz, porque la profesora se había negado a darle clases.

Los argumentos de la UBA para rechazar el ingreso de represores a su casa son varios y de diversos tenores. Por un lado, utilizó el desarrollo conceptual de la comisión asesora que analizó el asunto: “Quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria”. La comisión integrada por Eugenio Zaffaroni y Adriana Puiggrós, entre otros, sostuvo que “ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos”.

El Consejo Superior citó además el artículo 29 de la Ley de Educación Superior, que habilita a las universidades a definir los mecanismos de admisión. Y también al estatuto de la UBA, que plantea la posibilidad de regular el ingreso de sus estudiantes. Por último se mencionó la Constitución nacional, que concede la autonomía universitaria.

Las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales ya habían manifestado su negativa a la admisión de represores y su respaldo a los docentes que interpusieran objeciones de conciencia para no darles clases. Los propios estudiantes detenidos se habían manifestado en repudio de la posibilidad de compartir aulas con genocidas y ayer se mostraron satisfechos con la resolución (ver aparte).

Consultado por este diario, el decano de Sociales, Sergio Caletti, dijo: “Para nosotros es un paso sumamente importante, debe entenderse que no se trata de cercenar los derechos humanos básicos, que incluye el derecho a aprender, sino de respetar los otros derechos humanos básicos, que han sido previamente dañados. En ese sentido, la UBA tenía la obligación de responder a la necesidad de reparación de su comunidad.” Por su parte, el decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, apuntó: “Este pronunciamiento es un acto de reparación histórica que pone a la universidad pública a la altura de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que está llevando adelante la Argentina. Celebramos entonces esta resolución como un triunfo colectivo”.

Informe: Agustín Saavedra.

Solicitada : NO A LA ADMISIÓN DE LOS GENOCIDAS EN LA UBA

Las personas e instituciones abajo firmantes repudiamos el intento de represores involucrados en la última dictadura cívico-militar de inscribirse en la Universidad pública. Desde hace por lo menos dos años, los/as coordinadores/as, docentes y estudiantes del Programa UBAXXII de educación en cárceles han soportado hostigamiento y amenazas. Las autoridades, agrupaciones y centros de estudiantes privados de su libertad, el gremio de docentes universitarios y distintos organismos de derechos humanos han repudiado estas agresiones. La Universidad de Buenos Aires, así como otras universidades nacionales, estuvo intervenida entre 1974 y 1983, y su comunidad académica fue objeto del plan de exterminio perpetrado contra el pueblo argentino durante esos años. 
Miles de docentes, graduados/as, estudiantes y no docentes sufrieron persecución, secuestros, apropiación de bebés, torturas, asesinatos y desapariciones. Las luchas por Memoria, Verdad y Justicia van permitiendo terminar con la impunidad, condenar a los ejecutores del genocidio y también avanzar en la denuncia de sus instigadores, cómplices y beneficiarios. Nuestro repudio se funda tanto en los hechos perpetrados por el terrorismo de Estado -probados en sede judicial como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles- como así también en los dichos y acciones presentes de quienes intentan justificar y perpetúan esos crímenes presionando, intimidando y en ocasiones secuestrando a testigos u ocultando la información sobre los/as desaparecidos/as y los bebés nacidos en cautiverio. 
La singularidad de estos crímenes, reconocida mundialmente, como la legislación internacional a la que adhiere nuestro país, los hace incomparables a cualquier otro delito por el que puedan estar acusados los que circunstancialmente comparten el encierro con los genocidas. Su inhabilitación para formar parte de la esfera pública está inscripta además en la condena social que pesa sobre ellos. Los Consejos Directivos de las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales propusieron rechazar la admisión de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad, posición que fue ratificada por la comisión especial conformada para asesorar al Consejo Superior. Solicitamos al máximo órgano de la UBA que se expida en el mismo sentido, rechazando el ingreso de los genocidas a nuestras aulas.

MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.

¡30.000 compañeros/as detenidos desaparecidos, presentes!

Firman:Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH),APDH, APDH (Santiago del Estero), APDH (San Luis),Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, Asociación Anahi, Vecinos de San Cristobal contra la Impunidad, Liberpueblo, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), Cátedra Libre de DDHH (FfyL-UBA),Elsa Pavón, Alicia Herbón, Pastor Arturo Blatesky, Atenor Fernandez,

UBA: Héctor Hugo Trinchero, Sergio Caletti, Dora Barrancos, Leonor Acuña, Graciela Morgade, Mario Margulis, Waldo Ansaldi, Damián Loreti, Inés Izaguirre, Alejandro Kaufman, Adriana Clemente, Carolina Mera, Mónica Cragnolini, Claudio Guevara,Silvia Llomovate, Alejandro Balazote, Américo Cristófalo, Sofía Thisted, Alcira Daroqui, Juan Pegoraro, Luis Tonelli, Leonor Arfuch, Mercedes Depin, Pancho Langieri,Alicia Entel, Julián Rebón, Maria Cecilia Scaglia

Inés Vázquez(UPMPM),Federico Montero (FEDUBA), Daniel Ricci (ADUBA) Felisa Micelli (CEMOP

Colectivo Agencia Rodolfo Walsh,Comunicación por la Libertad;  Oscar Castelnovo (AgruPasión Para La Libertad)

EL LUNES 06 DE AGOSTO A LAS 17 HS EN EL AULA 108 DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS - CHARLA DEBATE SOBRE EL TEMA -

Adhesiones: enviar un mail a: nogenocidasenuba@gmail.com con el texto adhiero a la solicitada antes del miercoles 01 de Agosto. Gracias

ZÁRATE: Descubren un nuevo centro clandestino de detención y tortura.

Un grupo de ex detenidos durante la dictadura en compañía de personal policial, de funcionarios judiciales y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, recorrieron lo que en una época fue la mansión de la familia Guerci en Zárate, donde reconocieron el lugar como el sitio en donde
estuvieron detenidos durante la dictadura y donde fueron torturados.

La que supo ser la mansión de la familia Guerci en Zárate fue recorrido en su totalidad por las autoridades policiales y judiciales en busca de indicios que determinaran si allí funcionó un centro de detención y tortura y posteriormente un grupo de ex detenidos recorrió las distintas habitaciones de la casa -más de 15- y sus amplios sótanos tratando de reconocer los lugares donde estuvieron alojados durante los peores años de la historia reciente de la Nación.

Los ex detenidos pudieron reconocer los lugares, sobre todo por sus escaleras, pisos, paredes y desniveles, en donde permanecieron detenidos y en los sótanos el lugar exacto en donde eran colgados de la pared y 2 picaneados”.

El allanamiento realizado en la casa ubicada en la Avenida Mitre, estuvo a cargo del prosecretario del Juzgado Federal de nuestra ciudad, el doctor Esteban Dieguez Herrera, junto a efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad a cargo del Comisario Inspector Gustavo Peña, quienes secuestraron varios elementos probatorios para incorporar a la causa.
Entre otras cosas se secuestraron algunos utensilios pertenecientes al Ejército Argentino además de insignias y una munición que pertenecería a esta fuerza. Hasta el momento, este lugar no había sido denunciado como centro clandestino en ninguno de los archivos existentes sobre el Terrorismo de Estado implantado por la última dictadura militar entre 1976 y 1983.
Esta casa es una gran mansión de principios de siglo pasado, ubicada sobre una barranca a pocas cuadras del río Paraná que perteneció a una de las familias más destacadas de la vecina ciudad.

Las medidas se realizaron en el marco de una causa iniciada por la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, que actúa como querellante, en la que se investiga una red de centros clandestinos de detención que habrían funcionado durante la última dictadura militar en la zona de Zárate, Campana y Escobar.

En esta causa, ya se habían reconocidos como centros clandestinos la fábrica de Tolueno y el Tiro Federal de nuestra ciudad, el Arsenal, el Instituto de Formación de la Prefectura, la Base Naval y la sede de la Prefectura de Zárate, el destacamento 201/1 Zárate de Inteligencia del Ejército, el buque de la Armada Murature, las comisarías de Escobar, Zárate y Campana y propiedades ubicadas en el barrio Otamendi y en Zárate.
Fuente:ElDiaroNoticias.com.ar
Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario

El ojo de la cámara

EL DEBATE SOBRE LA TELEVISACION DE LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD

Hasta ahora, por orden de la Corte Suprema, sólo se pueden ver el comienzo y el final, pero no los testimonios. Un proyecto de ley del Ministerio de Justicia busca liberar la transmisión de todos los juicios orales criminales.

 Por Alejandra Dandan

A lo largo de estos años se acumularon algunas certezas. Los juicios de lesa humanidad avanzan en todo el país. En las ciudades más chicas suelen instalar agendas y ganar espacio en las tapas de los diarios de los que se nutren sus habitantes. Sin ir más lejos, los dos diarios más importantes de Jujuy –que hasta ahora no mencionaban a Pedro Blaquier– hicieron tapa con los carteles en el Ingenio Ledesma y con la primera audiencia del juicio. Pero mientras se avanza, crece la certeza de que los juicios no llegan a las grandes audiencias de la televisión, o sólo llegan en los inicios o finales. La restricción a las cámaras en los tribunales empieza a pensarse como una de las claves del tema. Una acordada de la Corte Suprema de Justicia de 2008 impide la captura de imágenes en lo que los abogados llaman “la etapa de prueba”, los poderosos relatos de reconstrucción de las historias. ¿Cómo se hace para perforar las paredes de los tribunales donde se realizan los juicios y llegar a los que nunca van a entrar a esos espacios?

El Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría de Política Criminal, elaboró un proyecto de ley para liberar el ingreso de las cámaras a los juicios orales. El proyecto es resultado de discusiones entre organismos de derechos humanos e integrantes del Poder Judicial. El objeto son todos los juicios orales del fuero criminal. El espíritu consagra el derecho a la publicidad para la “democratización de la Justicia, fomentando la participación ciudadana y maximizando la transparencia de los procedimientos penales”. En base a la Constitución y a tratados internacionales, invierte la lógica según la cual todo estaba prohibido y debía ser fundamento lo que iba a ser liberado. Con la ley, los jueces deberán fundamentar por qué no se puede transmitir.

La propuesta “busca regular con mayor amplitud el acceso de los medios de comunicación a las audiencias de juicio”. Señala que se busca “garantizar al máximo posible el principio de publicidad, de manera de permitir que el público que se ve impedido o dificultado de asistir, pueda tener el acceso de mejor calidad posible a lo que sucede dentro de la sala”. De este modo, establece que frente a límites en la capacidad de la sala, los jueces deben garantizar la presencia de los medios. Prevé que “el tribunal podrá limitar la difusión de la voz o la imagen de las víctimas, testigos o imputados, siempre que éstos lo soliciten, a fin de resguardar su pudor o seguridad”. Advierte que al contrario de lo que se supone, el 99 por ciento de los juicios orales duran sólo un día. Que por eso mismo sería simple aislar testigos para que no escuchen las pruebas. Y prevé mecanismos similares para el uno por ciento restante, entre los que están los de lesa humanidad.

Más allá de la ley, o mientras llega, los juicios siguen en marcha. Y la prohibición en la que insisten los jueces parece un emergente de un debate mayor entre las formas de observar estos juicios. Por un lado, están los jueces, en ocasiones más apegados a lo que parece ser exclusivamente la reconstrucción de la prueba, la relación entre hecho y ley, la lógica penal. Del otro lado, hay un universo. Algunos fiscales y muchas querellas de los organismos de derechos humanos –no todas– están pensando los juicios más bien en términos históricos.
El apagón

El año pasado, dos periodistas de radio le preguntaron al fiscal Félix Crous por qué los juicios no llegan a la televisión. Crous habló del “apagón mediático”: comparó el presente con lo que sucedió en el Juicio a las Juntas. En los ’80 había cámaras en el Palacio de Tribunales, pero no podían trasmitir el “vivo” de los testimonios, sólo la voz en off de un locutor que retransmitía diferido lo que sucedía en la sala. Las imágenes más emblemáticas son las espaldas de testigos como Miriam Lewin. En aquellos días, fue la presión de las Fuerzas Armadas o las formas débiles de la democracia las que restringieron. Y también el modo en el que los jueces pensaron que debía hacerse en ese momento la reconstrucción de una verdad que estaba completamente cuestionada. Pero ahora, ¿qué lo impide? ¿Lo impide de verdad una acordada de la Corte?

La acordada 29/08 de la Corte garantiza el ingreso de cámaras, grabadores y fotógrafos en el comienzo del juicio y en el tramo final: lectura de alegatos, últimas palabras y sentencia. Todo lo que está en el medio, que es el enorme volumen de testimonios y de reconstrucción de pruebas no puede grabarse ni transmitirse por televisión. Los periodistas con hojas o a lo sumo una computadora pueden escribir lo que ven. El argumento más importante es lo que los jueces llaman “contaminación de la prueba”: se supone que un testigo no puede escuchar al que lo precedió porque su testimonio podría quedar contaminado por el primero. Los jueces creen que la emisión del relato por televisión podría dar lugar, por ejemplo, a que las defensas hagan pedidos de nulidad por contaminación de las pruebas.

Hay varias lecturas sobre la acordada. Dicen que intentó garantizar al menos cierta apertura cuando el Tribunal N° 5, a cargo del juicio Jefes de Area, prohibía todo tipo de acceso. También dicen que puede entenderse como un piso sobre el que los jueces pueden disponer más apertura, como sucede en La Plata, donde sí se permite el ingreso de cámaras. Pero en el resto de los juicios funcionó como una restricción.

El juicio del plan sistemático que acaba de concluir es un ejemplo. Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Tribunal que encabezó María del Carmen Roqueta que los debates pudieran ser televisados. El Tribunal no aceptó. Repitieron el pedido ante la Cámara de Casación. Casación tampoco aceptó. Uno de los jueces dejó una puerta abierta al sugerir que la decisión podía ser revisada si el pedido lo hacía un canal de televisión o una empresa, pero el pedido no llegó.

“Algunos puntos para no autorizar la televisación son meramente dogmáticos”, dicen Alan Iud y Luciano Hazan del equipo jurídico de Abuelas. “Es muy difícil pensar que puede haber contaminación de un testigo a otro entre quienes se conocen o se han visto durante más de treinta años y conversaron sobre los cautiverios y en base a ese diálogo construyeron sus relatos y la prueba. Tampoco es cierto que sin tele se evite la contaminación, porque después de que un testigo declara, habla con otro porque se conocen y comparten las experiencias. O porque la prensa gráfica cubre los juicios y publica lo que se dijo. Con lo cual, no nos parece que sea un riesgo real y esa contaminación se controla a través del interrogatorio de las partes. Un abogado puede preguntar y determinar si una persona está contando algo que no vivió o le dijo otra.”

Los abogados no hablan sólo de las causas de lesa humanidad. Como el proyecto de ley, están pesando otras causas. “La cuestión es que en lesa humanidad –dice Iud– también pensamos que se pierde lo que se ganaría en términos de sentido y comunicación. Lo que nos parece es que frente a estos casos, es más claro que los argumentos en contra son meramente teóricos, no se condicen con lo que sucede.”

Estos argumentos se repiten. Gabriela Sosti es una de las fiscales. Acaba de dar una charla en un taller de periodismo de la UBA en la que los estudiantes le hicieron preguntas y ella salió convencida de que algo de la comunicación entre el adentro y el afuera sigue faltando. En clave de Arendt, piensa en una interpretación que pone en tensión aquellas dos preguntas iniciales. “Estos son juicios excepcionales”, dice Sosti. “Son juicios a la historia, al Estado, no es un juicio a un delincuente común o a estafadores. El logro de que la Justicia ordinaria lo esté siguiendo no implica que no sean excepcionales. Los crímenes tienen la importancia y repercusión que tienen porque el represor es una ruedita dentro de una estructura y el delincuente es el Estado mismo: esto genera espanto porque es el Leviatán el que me come a pedacitos y abre las preguntas de qué hago con esto. No se está juzgando a los pobres militares, es a la política del Estado que se transforma en genocida. Es eso que pasó, pero sigue pasando porque el Estado cada tanto toma esa dimensión en América latina; en Medio Oriente, la publicidad sirve para tomar conciencia de esto porque no son causas penales de hace treinta años.”

Cárcel a Stuhldreher ya! (un año prófugo)

El ex intendente de SAN RAFAEL (mza) está procesado por las desapariciones de 11 personas y la tortura de 9. Durante el gobierno de Julio Cobos, fue la cabeza de la Dirección de Logística.

Ningún GENOCIDA Suelto!

Encuentra las 100 diferencias

Las fotos de las celdas de presos comunes, fueron enviadas por la Coordinadora anticarcelaria

El secuestro de empresario s durante la dictadura

El saqueo de empresas como modus operandi

En un dictamen, el fiscal Federico Delgado señala que militares y sus cómplices civiles usaron “la figura de subversión económica” para vaciar bancos y otras empresas.

 Por Irina Hauser

Durante la última dictadura existió un mecanismo recurrente, un modus operandi que tenía como objetivo el vaciamiento de bancos y poderosos grupos empresarios, en el que participaron en forma “mancomunada” las Fuerzas Armadas, el aparato judicial y ciertos organismos del Estado como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La descripción de esa maquinaria, en esos términos, surge de un dictamen del fiscal Federico Delgado que plantea la necesidad de analizar el secuestro de ciertos empresarios como algo más que privaciones de la libertad a secas: quizás ése era el primer paso –señala–, pero luego venía el “blanqueo” a través de una o varias causas judiciales donde se los acusaba de subversión económica, y luego la detención podía durar hasta varios años, mientras las entidades bancarias y empresas permanecían intervenidas por órganos estatales en manos de los militares.

Delgado propone analizar estos casos con una “lente” que amplifique la visión sobre los hechos y las responsabilidades que los rodean. “Mediante la formación de expedientes penales se velaba una privación ilegal de la libertad de empresarios fuertes y la intervención del patrimonio económico de esos grupos para finalmente vaciarlos”, explica el escrito. “La figura de subversión económica” permitió “saquear empresas con colaboración de organismos del Estado”. Era, dice, “un plano formal” al que el régimen dictatorial apelaba cuando “el secuestro, por su repercusión pública, podía hacer peligrar esa clandestinidad”.

Para sistematizar estas conclusiones, Delgado analizó tres expedientes en los que le toca actuar como fiscal y en los que advirtió que hubo analogías: son los casos del empresario Reynaldo Defranco Fantín, del ex Banco Odonne y del grupo económico Grassi-Chavanne. En el contexto de esta última causa –a cargo del juez Daniel Rafecas– fue presentado su dictamen, aunque los conceptos valen para todos, e incluso podrían aplicarse a muchos otros casos que recién en los últimos tiempos empezaron a ser comprendidos y juzgados como parte de la participación civil en el terrorismo de Estado.

- 1. Defranco Fantín era dueño de más de 14 empresas. En el rubro editorial tuvo las revistas Tía Vicenta y El Libro Gordo de Petete, pero también fue propietario de las casas de cambio Murillo y Boulogne SA. En febrero de 1980 adquirió 360 mil segundos de publicidad de Canal 13 por 3,4 millones de dólares. El canal era administrado por la Armada (con el capitán de navío Roberto Martínez Christian como interventor), quien incumplió el acuerdo publicitario y habría usado el dinero para cambiar el equipamiento blanco y negro por el de color. Para reclamar, el empresario organizó un almuerzo con la plana mayor de la Armada en el restaurante Harpers, el 10 de julio de 1980. El interventor le echó en cara el encuentro y lo mandó a reunirse con el asesor legal del canal, en teoría para llegar a un arreglo. Mientras transcurría esa reunión, le allanaron sin orden la caja Murillo. Al día siguiente fue citado en una oficina con la excusa de devolverle documentación y allí lo secuestró un grupo de tareas de la Marina.

Doce días después se inició un sumario en la División Bancos de la Policía Federal para justificarla. Se basaba en información anónima que decía que Murillo instrumentaba créditos sin garantía. Defranco Fantín estuvo detenido tres años, veinte días y doce horas (en el último tramo de la dictadura), en una causa por subversión económica que tramitó el entonces juez Eduardo Marquardt. Lo liberaron cuando la Cámara Federal anuló las actuaciones. También estuvieron cautivos varios empleados del grupo. Recién ahora se investiga su secuestro como tal y el vaciamiento de las empresas, donde el juez puso un interventor (Mariano Wechsler) con “contralor amplio de gestión”, mientras el BCRA se ocupó de las financieras, decretando quiebras en el ínterin. Dice la fiscalía que se llevaron las divisas y hasta las monedas de oro de las casas de cambio. En 1988, la Cámara Federal anuló todo lo actuado y el entonces juez Juan Fégoli la declaró prescripta.

- 2. Luis Alberto Oddone era un empresario conocido, dueño, entre otros negocios, del Banco Odonne. Según Delgado, tenía contacto con jerarcas de la dictadura, entre ellos con el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Oddone denunció que en febrero de 1980 empezó a recibir presiones como parte de una maniobra de las Fuerzas Armadas para quedarse con su banco, pero también con otros como el Banco de Intercambio Regional, el Banco de los Andes y el Banco Internacional. El método, describía, empezaba con la divulgación de falsos rumores sobre falta de solidez; se generaba desconfianza y había fuga de depósitos, con la consiguiente crisis de liquidez; y en consecuencia se pedían adelantos cada vez más altos al BCRA. El 25 de abril, él mismo pidió la intervención, bajo advertencias del vicepresidente del Central, Alejandro Reynal. Cuatro días después se le inició una causa penal basada en una “denuncia anónima” ante la División Bancos de la Federal. Le atribuían administración clandestina del grupo, autopréstamos e insolvencia.

A fines de abril, el comisario Inanibelli le dijo que tenía orden del BCRA de detenerlo. Oddone fue interrogado a los golpes, contaría después. Al banco se le designó un interventor, Juan Carlos Aste. La entidad no se recuperó, y en agosto de 1980 dispuso la liquidación y pidió la quiebra. Oddone estuvo preso hasta 1982. La Corte confirmó la quiebra en 2005. Delgado insiste con la importancia de tener en cuenta un modo de “proceder” en el terrorismo de Estado. Hasta hoy, 32 años después, continúa la liquidación del banco, en la que Oddone aspira a recuperar algo. Al BCRA la Justicia le negó créditos por 2300 millones (la entidad dice que se usaron para cancelar deudas, y Oddone sostiene que fue la fachada para intervenir su banco). Y hay una causa penal contra funcionarios de ese organismo que está en indagatorias, por la administración irregular del patrimonio del Banco Oddone. Por ejemplo, el alquiler de campos a valores menores a los de mercado y entre conocidos.

- 3. En 1976, el grupo económico Chavanne compró el Banco de Hurlingham al grupo Graiver. Chavanne administró el banco unos meses. El BCRA lo tenía en la mira, ya que vinculaba a los Graiver con Montoneros e impidió en septiembre de 1977 la transferencia del paquete accionario a Chavanne, quien transfirió sus derechos a Industrias Siderúrgicas Grassi. Sin embargo, la empresa y el banco fueron intervenidos por el Ministerio de Justicia y el régimen militar dispuso de ellos como “patrimonio nacional”. En el caso de los Graiver, los bienes fueron interdictados por la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial. Todo este procedimiento para desapoderar a Chavanne-Gra-ssi estuvo acompañado de la detención de los empresarios (Juan Carlos Chavanne, Marcelo Chavanne y René Carlos Alberto Grassi) en 1978 y otros miembros del grupo con causas iniciadas a partir de órdenes impartidas desde el Primer Cuerpo de Ejército y denuncias impulsadas por la CNV y el BCRA, respaldadas por la fiscalía nacional de investigaciones administrativas. El mote legal era subversión económica e insolvencia, entre otras cosas. La Justicia federal tramitaba los expedientes. En los interrogatorios, dicen las víctimas, hubo integrantes del BCRA y la CNV, que también dicen que el caso era seguido por Martínez de Hoz. Fueron liberados entre 1979 y 1981. En las privaciones de la libertad intervinieron los coroneles Raúl Gatica, Francisco D’Alessandri, y Roberto Roulades, los comandantes de Gendarmería Víctor Rei y Darío Correa, y el agente del inteligencia Raúl Guglielminetti. Entre noviembre y diciembre de 1978, dice la fiscalía, fue cuando el Banco de Hurlingham –intervenido por Alfredo Cassino– recibió los mayores adelantos del BCRA que lo endeudaron. En 1979 se liquidó la entidad y por resolución del vicepresidente del BCRA, Christian Zimmerman, se decretó la quiebra. En 1986, la Cámara Federal destacó las “graves irregularidades”, dice el fiscal, “que presentaba la causa”. La maniobra es investigada hoy por el juez Rafecas.
La estrategia

“Los casos de Odonne, Defranco Fantín y Grassi-Chavanne respondieron a una lógica, una forma de actuar, un modo de ser y hacer que adoptó una forma sintomática de nuestra estatalidad –aquella que subordina lo público a lo privado–. En ella funcionaron mancomunadamente los referentes del gobierno militar pero, también, los referentes del aparato de Justicia afines al régimen y los organismos estatales con vinculación económica fueron los que, en definitiva, terminaron vaciando los grupos económicos. BCRA, CNV, por citar algunos ejemplos recurrentes”, sostiene Delgado. El BCRA, advierte, actuaba como “juez y parte”: reclamaba acreencias y a la vez disponía intervenciones y liquidaciones de bancos.

En el plano de la Justicia, explica el fiscal, se recurrió sistemáticamente a la figura de “subversión económica” que “abarca una multiplicidad de vagas infracciones permeables a una selectividad penal de hecho que opera a favor de los intereses del poder de turno”. Era la forma de dar aspecto de legalidad a la detención de personas “seleccionadas” que no eran “militantes carentes de visibilidad y capital simbólico a los que sencillamente se podía hacer desaparecer”. “La subversión económica, el aparato de Justicia y la intervención societaria constituyen la estrategia por excelencia”, afirma. El próximo paso será ver cuánto de estas definiciones pueden traducirse en responsabilidades penales.

El represor Santiago O. Riveros se enojó con el dictador Jorge Videla

“Pobrecito, está mal asesorado”

“Fue un acto deleznable, vil y cobarde, me cabeceó el muerto”, dijo en alusión a que el dictador lo mencionó en el caso Santucho.

 Por Adriana Meyer

Los represores que decidieron empezar a hablar en los medios y ante la Justicia no aportan demasiado al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad que cometieron. En el juicio por la verdad sobre el destino de los cuerpos de Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga, ex dirigentes del ERP, declaró el ex general Santiago Omar Riveros, a quien el dictador Jorge Rafael Videla había señalado como quien sabía el destino de los restos de Santucho. En la audiencia que tuvo lugar en el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de San Martín, Riveros negó tener información sobre el ex líder del ERP. En cambio, se mostró muy locuaz y atacó a Videla. “Lo que hizo fue cobarde”, dijo, pero no se refería a sus crímenes. “Pobrecito, está mal asesorado”, le dedicó, entre otras frases.

A fines de abril, Videla declaró como testigo en esa investigación y reconoció que él ordenó no dar a conocer el lugar donde iban los restos de Santucho para evitar homenajes. “En esa oportunidad –dijo Videla– decidí que era conveniente que no se conociera el lugar del depósito de los restos del señor Santucho, por la expectativa que podía generar. La institución estaba viviendo una guerra y esta no era una noticia cualquiera, Santucho no era un Juan Pérez.”

Cuando le preguntaron quiénes decidieron el destino del cuerpo de Santucho, Videla mencionó a Riveros. Por eso, el juzgado lo convocó y fue interrogado el jueves, en presencia del abogado querellante Pablo Llonto, que representa a Blanca Santucho. A sus 89 años, el ex comandante de Institutos Militares, que cumple arresto domiciliario por las condenas recibidas por delitos cometidos en Campo de Mayo, se mostró en buen estado de salud. Y desplegó una llamativa verborragia, incluso en los cuartos intermedios del trámite judicial. Riveros escuchó la lectura de los dichos de Videla y respondió: “Lo que (Videla) hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde, me cabeceó el muerto, es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto”. Al referirse al ocultamiento del cuerpo de Santucho, expresó: “Creo que a Videla lo han asesorado mal, me extraña que haya dicho eso, lo han obligado a hablar, pero no me puedo hacer cargo de algo que no hice, de un cadáver que no tenía, yo supe por la radio que habían matado a Santucho, fue una operación encubierta de Inteligencia, el capitán (Juan Carlos) Leonetti dependía de Videla”.

Sin embargo, Riveros admitió haber visto el cadáver de Santucho. “Me dijeron que era de Santucho, estaba muy pálido”, describió sobre el cuerpo que vio en la morgue del hospital militar de Campo de Mayo. Y se jactó de que “si Videla me hubiese dicho que hiciera desaparecer ese cuerpo me hubiera dado el lujo de decirle que no”, porque esa era una atribución que tenía por ser general. Y relató que durante una visita a Libia, en 1975, se negó a que allí realizaran un homenaje a Juan Domingo Perón. Antes había contado que cuando era estudiante pintaba consignas “antifascistas”, y que en su opinión Perón era “un dictador”. Casualmente, el día de la declaración, Videla y Riveros coincidieron en el mismo vehículo del Servicio Penitenciario. “Me dijo que quizá me llamaban a declarar, pero no mencionó que me había nombrado”, se quejó el represor.

Según relató Llonto a Página/12, Riveros seguía hablando aun cuando corregían su declaración. “Si dicen que yo, como comandante de Institutos Militares, tenía que manejar todas las escuelas del Ejército, y a su vez luchar contra la subversión, entonces yo era como Napoleón”, comentó ante la mirada azorada de los empleados del juzgado. “Una vez (Roberto) Viola me llamó para preguntarme si yo le había dicho a Videla que él era puto, y le dije que no, que había votado en su contra porque no lo consideraba capaz de ser Presidente”, fue otra de las anécdotas que relató.