¿Ex dueño de Las Marías, a juicio por lesa humanidad?
El ex dueño de la industria yerbatera “Las Marías”, Adolfo Navajas Artaza, podría ser juzgado por delitos vinculados con la desaparición, detención y torturas de trabajadores y sindicalistas en la ciudad de Virasoro durante la última dictadura militar.
En 2008, el empresario correntino quedó imputado como autor intelectual de la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales en julio de 1977.
Y además por la muerte del sargento primero José Anchetti, que también trabajaba para él, y por haber colaborado con las fuerzas de seguridad, ofreciendo tierras de su cementerio privado, para el entierro de víctimas de la represión, según consta en el expediente.
Si bien, por estos hechos, Navajas Artaza fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont, nunca prestó declaración y, aún así, el juez Antonio Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008.
La decisión del juez pone fin a la imputación del industrial yerbatero, por los hechos mencionados, pero no impide su juzgamiento por otros. Antonio Chalup, es el juez número 20 de la causa, debido a que se inhibieron 19 jueces y conjueces que no quieren juzgar los delitos de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores y sindicalistas de Las Marías.
En la localidad de Virasoro, ubicada al norte de la provincia, se investigan dos causas por delitos de lesa humanidad, que podrían unificarse y elevarse a juicio oral y público, posiblemente en marzo de 2013, según confirmó a Télam una fuente del Tribunal Oral Federal de Corrientes.
La primera de ellas es por la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales y de Marcelo Peralta, también sindicalista en la empresa yerbatera. La segunda investiga la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez.
La investigaciones se inician por las denuncias de Catalino Pérez, hijo de Neris, desaparecido desde 1977 y de una de las víctimas de detención y torturas, Ramón Aguirre, que actualmente reside en Bélgica. Están imputados quien se desempeñaba como interventor militar en Virasoro, el capitán Juan Carlos Sacco; el coronel Duilio Ramón Martínez, el general Llamil Reston, Héctor Queirel y Ramón Alberto Giménez.
En la causa de Pérez, Navajas Artaza había sido mencionado por Ramón Alberto Giménez, ex policía también imputado, que lo señaló como quien ordenó el secuestro de Pérez, hecho en el que él mismo participó y se autodenominó como “entregador”. En su declaración, Giménez califica al dueño de la marca “Taragüí”, como “señor feudal”, que tenía a todo el pueblo bajo su poderío económico.
La vinculación de Navajas Artaza con las desapariciones y detenciones de los trabajadores es también sostenida por las organizaciones de derechos humanos de Corrientes y varios de sus representantes se expresaron públicamente en este sentido. Tal es el caso de Marisa Saunaria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que en diálogo con Télam afirmó que hubo “connivencia” del empresario yerbatero “en la represión que sufrieron los sindicalistas”.
“Con la excusa del cumplimiento de la ley de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores”, afirmó.
En 2006, cuando se iniciaron las causas por las denuncias de Catalino Pérez y Ramón Aguirre, en Corrientes, Pablo Vassel se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos. Recordó que por primera vez, el 24 de marzo de ese año, se visibilizó el tema, cuando hijos, familiares y amigos de las víctimas marcharon por primera vez para pedir justicia.
E hicieron un acto en la plaza principal del pueblo junto las madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas; representantes del Servicio de Paz y Justicia, y de organizaciones de derechos humanos de Corrientes.
El acto, tuvo como única autoridad al propio Vassel. “Los demás prefirieron no mirar”, dijo a Télam quién hoy cumple el rol de director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. “Todas las víctimas de Virasoro están relacionadas con Las Marías y todas tuvieron alguna actividad en el poderoso grupo yerbatero”, afirmó, a la vez que señaló que “no es casualidad que toda la cúpula gremial haya sido descabezada”. En este sentido, Vassel remarcó que “hay una vinculación directa” y agregó que “el alcance de esa vinculación lo va a determinar la Justicia”.
Navajas Artaza fue interventor federal de Corrientes del 7 de junio de 1969 al 11 de enero de 1973, durante la dictadura de Onganía. Del 22 de septiembre de 1982 al 10 de diciembre de 1983 fue ministro de Acción Social de la Nación, en el gobierno de facto de Reynaldo Bignone. De 1985 a 1987 fue presidente del Concejo Municipal de Gobernador Virasoro. Recibió dos veces el premio Konex: en 1998 y 2008, en la categoría destinada a empresarios rurales. En 2005 se presentó como candidato a gobernador de Corrientes por el Proyecto Corrientes.
El ex dueño de la industria yerbatera “Las Marías”, Adolfo Navajas Artaza, podría ser juzgado por delitos vinculados con la desaparición, detención y torturas de trabajadores y sindicalistas en la ciudad de Virasoro durante la última dictadura militar.
En 2008, el empresario correntino quedó imputado como autor intelectual de la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales en julio de 1977.
Y además por la muerte del sargento primero José Anchetti, que también trabajaba para él, y por haber colaborado con las fuerzas de seguridad, ofreciendo tierras de su cementerio privado, para el entierro de víctimas de la represión, según consta en el expediente.
Si bien, por estos hechos, Navajas Artaza fue convocado a indagatoria por el fiscal Benito Pont, nunca prestó declaración y, aún así, el juez Antonio Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008.
La decisión del juez pone fin a la imputación del industrial yerbatero, por los hechos mencionados, pero no impide su juzgamiento por otros. Antonio Chalup, es el juez número 20 de la causa, debido a que se inhibieron 19 jueces y conjueces que no quieren juzgar los delitos de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores y sindicalistas de Las Marías.
En la localidad de Virasoro, ubicada al norte de la provincia, se investigan dos causas por delitos de lesa humanidad, que podrían unificarse y elevarse a juicio oral y público, posiblemente en marzo de 2013, según confirmó a Télam una fuente del Tribunal Oral Federal de Corrientes.
La primera de ellas es por la desaparición de Neris Pérez, trabajador de Las Marías y dirigente de la Federación de Trabajadores Rurales y de Marcelo Peralta, también sindicalista en la empresa yerbatera. La segunda investiga la comisión de delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez.
La investigaciones se inician por las denuncias de Catalino Pérez, hijo de Neris, desaparecido desde 1977 y de una de las víctimas de detención y torturas, Ramón Aguirre, que actualmente reside en Bélgica. Están imputados quien se desempeñaba como interventor militar en Virasoro, el capitán Juan Carlos Sacco; el coronel Duilio Ramón Martínez, el general Llamil Reston, Héctor Queirel y Ramón Alberto Giménez.
En la causa de Pérez, Navajas Artaza había sido mencionado por Ramón Alberto Giménez, ex policía también imputado, que lo señaló como quien ordenó el secuestro de Pérez, hecho en el que él mismo participó y se autodenominó como “entregador”. En su declaración, Giménez califica al dueño de la marca “Taragüí”, como “señor feudal”, que tenía a todo el pueblo bajo su poderío económico.
La vinculación de Navajas Artaza con las desapariciones y detenciones de los trabajadores es también sostenida por las organizaciones de derechos humanos de Corrientes y varios de sus representantes se expresaron públicamente en este sentido. Tal es el caso de Marisa Saunaria, de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, que en diálogo con Télam afirmó que hubo “connivencia” del empresario yerbatero “en la represión que sufrieron los sindicalistas”.
“Con la excusa del cumplimiento de la ley de sabotaje industrial argumentaban boicots para imputar a los trabajadores”, afirmó.
En 2006, cuando se iniciaron las causas por las denuncias de Catalino Pérez y Ramón Aguirre, en Corrientes, Pablo Vassel se desempeñaba como subsecretario de Derechos Humanos. Recordó que por primera vez, el 24 de marzo de ese año, se visibilizó el tema, cuando hijos, familiares y amigos de las víctimas marcharon por primera vez para pedir justicia.
E hicieron un acto en la plaza principal del pueblo junto las madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida y Nora Cortiñas; representantes del Servicio de Paz y Justicia, y de organizaciones de derechos humanos de Corrientes.
El acto, tuvo como única autoridad al propio Vassel. “Los demás prefirieron no mirar”, dijo a Télam quién hoy cumple el rol de director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación. “Todas las víctimas de Virasoro están relacionadas con Las Marías y todas tuvieron alguna actividad en el poderoso grupo yerbatero”, afirmó, a la vez que señaló que “no es casualidad que toda la cúpula gremial haya sido descabezada”. En este sentido, Vassel remarcó que “hay una vinculación directa” y agregó que “el alcance de esa vinculación lo va a determinar la Justicia”.
Navajas Artaza fue interventor federal de Corrientes del 7 de junio de 1969 al 11 de enero de 1973, durante la dictadura de Onganía. Del 22 de septiembre de 1982 al 10 de diciembre de 1983 fue ministro de Acción Social de la Nación, en el gobierno de facto de Reynaldo Bignone. De 1985 a 1987 fue presidente del Concejo Municipal de Gobernador Virasoro. Recibió dos veces el premio Konex: en 1998 y 2008, en la categoría destinada a empresarios rurales. En 2005 se presentó como candidato a gobernador de Corrientes por el Proyecto Corrientes.
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