Miembros del Poder Judicial imputados por delitos de lesa humanidad

¿Y SI SE ABRIERAN LOS ARCHIVOS?
 
Cerca de 45 jueces, ex magistrados, fiscales, defensores oficiales o funcionarios del Poder Judicial de varias provincias están imputados en expedientes donde se investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar por no haber actuado ante denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Hasta ahora sólo hubo una condena y detención, a 21 años de prisióm, al ex juez santafesino Víctor Brussa, por ocho casos de apremios ilegales, y la destitución del magistrado mendocino Luis Miret.

Según un informe publicado por el diario Tiempo Argentino en marzo último, en base a fuentes tribunalicias, hay 45 ex jueces y funcionarios judiciales que están imputados en estas causas.

Mendoza es la provincia que más imputados concentra: hay cuatro ex jueces, tres ex fiscales y un camarista en actividad, Roque Otilio Romano.

Entre ellos se encuentra Miret, que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por no haber investigado o denunciado cinco casos de secuestro y torturas a personas que estaban detenidas en una causa a su cargo en la D2 de la policía de esa provincia.

En Santa Fe, se registró la única condena que recayó contra el ex juez Brusa por su participación en interrogatorios bajo torturas a secuestrados en centros clandestinos entre 1976 y 1977 cuando era empleado judicial.

Brusa está preso y dejó de ser juez en marzo de 2000 cuando fue destituido por atropellar con su lancha en la laguna Setubal a un hombre, a quien luego dejó abandonado.

En Santa Fe, el año pasado fueron procesados Víctor Montti, por apremios ilegales al ex diputado del peronismo Orlando Barquín y por no investigar otros delitos de lesa humanidad; y Luis María Vera Candioti, ex magistrado de menores y primer integrante del Poder Judicial en ser procesado por la apropiación de un menor.

En Córdoba se tramita una causa contra dos ex jueces federales y cuatro defensores (uno en actividad, Luis Molina) por no haber investigado los delitos contra detenidos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia.

Entre los funcionarios acusados, se encuentra el ex juez Carlos Otero Alvarez, quien el año pasado renunció cuando el Consejo de la Magistratura investigaba su desempeño como magistrado y se preveía que iba a ir a juicio político.

Las causas también exceden a los años de la dictadura, ya que en febrero fue detenido en Colombia el ex fiscal federal de Mar del Plata Gustavo Demarchi, acusado de cinco homicidios cometidos en 1975 como miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una agrupación vinculada a la Triple A que actuó en esa ciudad antes del golpe militar.

También hay causas abiertas en La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Bahía Blanca, La Plata y Capital Federal.

Ratificada condena ex comisario por crímenes de lesa humanidad

Se trata de Diego Ulibarrie, probado genocida que actúo en Corrientes
La Cámara de Casación Penal ratificó la condena a un ex comisario por crímenes de lesa humanidad
La Sala II del máximo tribunal penal rechazó un recurso presentado por Diego Ulibarrie, contra el fallo que lo condenara a 25 años de prisión en Corrientes.
El ex policía había sido considerado responsable por secuestros e imposición de tormentos

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un recurso de casación presentado por la defensa del ex comisario Diego Ulibarrie contra el fallo que, en noviembre de 2009, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo condenara a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

¡¡ Genocidas excarcelados !!

La Cámara Federal de Bahía Blanca excarceló ayer a 36 militares y marinos procesados por delitos de lesa humanidad. Contrariando el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó extremar las precauciones para evitar que los represores obstaculicen o burlen el accionar de la Justicia, los magistrados Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes sostuvieron que para mantenerlos presos el Ministerio Público debe demostrar en cada caso concreto que los imputados ponen en riesgo el proceso. “El fallo introduce un riesgo procesal enorme”, destacó el fiscal federal Abel Córdoba, que apelará la resolución ante la Cámara de Casación. “En cierta forma torna inocua la situación del proceso, le quita contenido, despenaliza el proceso penal. La tramitación de la causa pasa a ser una formalidad que no afecta a los imputados, cualquiera sea la cantidad y naturaleza de los delitos”, explicó el fiscal.

Recién ahora se evalúa destituir a un fiscal cómplice de la dictadura

EL PROCURADOR GENERAL ABRIO UNA INVESTIGACION POR LA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL
Un expediente para evaluar la destitución de Romero Victorica

Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff, aseguró que “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”. Righi investigará el caso y la Justicia abrirá una causa penal.
Por Irina Hauser

La carrera judicial del fiscal de la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica se tambalea. Es porque para Victoria Montenegro, hija de una pareja de desa-parecidos, “se acabó el miedo” y siente “la obligación de denunciarlo”. El lunes declaró que mientras la Justicia tenía que investigar a su apropiador, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, el fiscal Romero Victorica lo llamaba para anticiparle información de la causa y hasta le consiguió abogados para su defensa. Ayer, Victoria le dijo más a Página/12: “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”, en un operativo que comandaba. Ahora, “el Potro” –como le dicen al fiscal– tendrá cinco días para presentar un descargo ante el procurador general, Esteban Righi, jefe de todos los fiscales, quien enseguida abrió un expediente administrativo y evaluará si impulsa su destitución. Por lo pronto, además, el Tribunal Oral Federal 6, que lleva adelante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, donde Victoria hizo su relato revelador, resolvió enviar la grabación de toda su declaración a la Cámara Federal para que se abra una causa penal ante algún posible “delito de acción pública”.

Lo primero que hizo Righi fue pedir la declaración de Victoria y “todas las constancias vinculadas a la actuación” de Romero Victorica. Después de estas formalidades, anunció, le requerirá “explicaciones” y dará paso a la intervención de un grupo de fiscales que conforman un “consejo evaluador”, que le recomendarán el próximo paso, que puede ser desde una sanción hasta el impulso de su juicio político. El TOF 6, además de denunciar posibles delitos de parte del fiscal para que se lo investigue penalmente, también resolvió mandar la grabación del testimonio de la joven no sólo a la Procuración, sino al juzgado de Norberto Oyarbide, quien investiga la actuación de juzgados de menores durante la dictadura en la entrega de bebés nacidos en cautiverio, y también al juzgado de San Martín que investiga la desaparición de los padres de Victoria, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, militantes de la JP y luego del ERP.

Victoria describió el lunes ante los jueces del TOF 6 –que preside María Roqueta– una relación muy estrecha entre Romero Victorica y su apropiador, el coronel Tetzlaff, fallecido, quien fue jefe del operativo que se llevó a sus padres de su casa en Boulogne, jefe de grupos de tareas de El Vesubio y de Inteligencia en Campo de Mayo. Situó el vínculo entre el fiscal y Tetzlaff en la época en que comenzó a avanzar la causa penal que dejaría al descubierto cómo se apropió de ella, seis meses después de ese operativo en el que mató al padre biológico de Victoria. El propio represor le confesó a ella que había asesinado a Montenegro, y hasta le dio el arma que utilizó, que tenía guardada (ver aparte).

Romero Victorica, contó Victoria, “llamaba a casa y le daba información” sobre lo que pasaba en el expediente. “Sé que era amigo de mi apropiador, Herman siempre dijo que era de la causa de ellos (...) iba a Comodoro Py a verlo por la información que le facilitaba”, reiteró ayer.

Cuando detuvieron a Tetzlaff por primera vez, por orden del ex juez de San Isidro Roberto Marquevich, ella misma atendió el teléfono y el fiscal le dijo que se quedara tranquila, “que yo debía contenerlo, que iba a salir, que él iba poner a unos amigos para que lo sacaran”. Según contó, Romero Victorica dijo que le debían un favor, uno era su sobrino Manuel Romero Victorica y otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la dictadura, que mandó a allanar en 1981 a los organismos de derechos humanos. En tres meses lo liberaron. Con la condena volvió a quedar preso.

Como muchos otros hijos de de-saparecidos apropiados, Victoria pasó por una etapa de apego a su apropiador y de cierta resistencia a conocer la verdad sobre su origen, hasta que en un momento, en sus palabras, “empecé a hacerme cargo de la otra historia”. Fue cuando la Cámara de San Martín firmó un fallo aceptando que no se sacara sangre, entonces se planteó: “Soné si alguna vez quiero saber algo”. Después conoció su identidad por otros estudios de ADN alternativos, en base a elementos obtenidos en su casa. Contó que incluso ella misma había ido a ver alguna vez a Romero Victorica. “La última vez me habló muy bien de Herman, entonces yo le digo que participó en el operativo en el que matan a mis padres, por eso me volvió a buscar. Entonces me abraza y me dice ‘tu papá tuvo un motivo mucho más fuerte para irte a buscar’”, contó Victoria. “Romero Victorica sabía que Herman mató a mi padre”, le dijo a este diario.

Por mucho tiempo, dijo Victoria, no habló de Romero Victorica por “lealtad” dado que había “ayudado” a su apropiador. Hace poco, cuando tuvo que ir a declarar en la causa sobre la Triple A (a sus padres los mataron días antes del 24 de marzo de 1976), “me di cuenta de que a este señor no le debo nada, de que en realidad no ayudó nunca, que mi papá está desaparecido (...) que esta persona por el contrario ayudó a que nunca se sepa la verdad (...) Ahí en mi cabeza hice un quiebre y dije, no, fue cómplice y ya no hay lugar para eso en este país que estamos construyendo. Por eso tengo la obligación de denunciarlo y por eso no tengo que tener miedo”.

Romero Victorica habló ayer por radio e inquirió: “¿Eso dijo Victoria Montenegro?” “¿En qué juicio?”. Reconoció que se había reunido con ella y dijo que lo hacía para darle consejos, pero acotó que a Tetzlaff “no lo conozco, no lo conocí ni sé qué pasó con su vida”. “¿Cómo le voy a pasar información?”, agregó después. El fiscal sostuvo que “porque yo he tenido presos a terroristas y subversivos (sic), al hacer eso (se deduce) tengo que ser amigo de los militares. Eso es un grave error que cometen incluso pe-rio-dis-tas”, silabeó. “En la Justicia no tenemos amigos ni enemigos, tenemos gente que es objeto de la Justicia. O ella está en un profundo error o cree que porque yo la recibí, la atendí, le encontré la causa y la orienté un poquito en su vida, no sé, pero bueno... en fin”, titubeó.

Por no haber denunciado su aparente conocimiento de los operativos en los que Tetzlaff intervino, incluso la confesión de que mató al papá de Victoria, Romero Victorica podría ser investigado por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público; asesorar y filtrar información para una parte, se correspondería con el delito de prevaricato. En la Procuración, un grupo de fiscales decidirá en los próximos días si hay motivos para mandarlo a un jury y destituirlo. Un antecedente de fiscales enviados a juicio por complicidad con crímenes de la dictadura es el de Roberto Mazzoni y Carlos Flores Leyes, acusados de participar en interrogatorios ilegales y amenazar a detenidos ligados a la Masacre de Margarita Belén. Ambos renunciaron antes del inicio del jury. El propio Romero Victorica ya fue sancionado por la Procuración a raíz de que, en una audiencia en Casación por la excarcelación del ex ministro de gobierno de facto Jaime Smart, dijo: “No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace está causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación”. Los hechos eran 60 privaciones ilegales de la libertad y tormentos en el circuito Camps.

El fiscal Romero Victorica, blando con los represores

Un potro de dinosaurio
Por Jose Luis Meirás

Cuando se habla de las rémoras del pasado que impiden la renovación del Poder Judicial y bloquean el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura surge su nombre como uno de los protagonistas de tales enclaves detenidos en el tiempo. El fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica, a quien apodan “el Potro”, pertenece a la rama más conservadora de la corporativa familia judicial, por eso se junta con defensores de represores como el ex camarista Alfredo Bisordi a rumiar su bronca por los vientos progresistas que soplan en estos días, y se filtran, de a ratos, por los pasillos de Tribunales. Cuando los aires llegan al quinto piso de Comodoro Py provocan la alergia del ocupante de la fiscalía de Cámara 1.

Un cruce de palabras en un estudio de televisión, que derivó en un juicio por calumnias, resume con precisión al personaje. Había pasado un mes de la desaparición de Jorge Julio López, en octubre de 2006, cuando Romero Victorica fue mencionado por el legislador Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) como “partícipe necesario de los secuestros, torturas y desapariciones” de la dictadura. El propio Parrilli recuerda cuáles fueron sus palabras en el blog de Cadhu (Centro de Abogados por los Derechos Humanos): “Dije que muy poco protegidos podían sentirse los testigos que declaran en las causas por violaciones a los derechos humanos si, por ejemplo, tenemos en cuenta que en la Cámara de Casación hay gente directamente vinculada al aparato judicial y a las fiscalías de la dictadura, y aclaré que los casos eran los de Romero Victorica, el ex juez de la dictadura; Pedro Narvaiz, también fiscal de Casación, y del ex juez Alfredo Bisordi”. Según Parrilli, “todos ellos desde la función que cumplían resultaron partícipes necesarios” de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

Romero Victorica lo querelló y pidió que el letrado cumpliera cuatro años de prisión. Lejos de retractarse, Parrilli consideró que el proceso era una buena oportunidad de poner de manifiesto el rol de “la pata judicial” del gobierno militar. En sentido contrario a lo expresado por la Corte y los tribunales del país sobre la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, el Potro Victorica sigue sosteniendo que esos delitos que cometieron los militares y demás sicarios del Estado están prescriptos, es decir, que no deben ser juzgados. Por eso pidió que se anulara una condena al represor Miguel Etchecolatz y al médico policial Jorge Bergés en la causa de una joven uruguaya secuestrada y dada en adopción a represores. Parrilli también recordó que Romero Victorica es amigo de Gustavo Adolfo Eklund, alias “el Alemán”, ex miembro de la Triple A, probable integrante de la patota que asesinó a Ortega Peña y detenido por violaciones a los derechos humanos. Eklund lo visitaba en su despacho en los años 1979 y 1980, cuando Romero Victorica era secretario de un juzgado de instrucción y “la máquina de secuestrar, torturar y matar funcionaba día y noche”.

“No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace esta causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación”, bramó el fiscal de Casación en junio de 2009, cuando ese tribunal trataba los recursos presentados por el ex ministro de gobierno de facto Jaime Lamont Smart. “Esos hechos” son 60 privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos que sufrieron, entre otros, el periodista Jacobo Timerman en el marco del circuito Camps. La Secretaría de Derechos Humanos denunció a Romero Victorica por tal demostración de familiaridad con el imputado y porque consideró que “si el elenco estable de funcionarios judiciales que defiende a civiles y militares procesados por crímenes de lesa humanidad representara los intereses de la sociedad, la democracia estaría en problemas”. La secretaría lo denunció ante su jefe, el procurador Esteban Righi, quien le aplicó un llamado de atención. Ese año el fiscal habría celebrado el triunfo de Unión PRO con la esperanza de que “oxigene la Justicia”.

En 1992, Romero Victorica ya ostentaba una meritoria trayectoria como abogado, a la que sumó el respaldo del ex presidente Carlos Menem para postularse como juez de Casación. Pero el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo impugnó, junto a otros siete postulantes, ante la Comisión de Acuerdos del Senado, y lo describió como “un hombre de convicciones autoritarias, nunca ocultadas”. Romero Victorica había llamado “subversivo” al abogado asesinado Guillermo Díaz Lestrem, con lo cual el CELS consideró que era un aval implícito al terrorismo de Estado. Otra de sus frases célebres fue la que pronunció sobre el copamiento al cuartel de La Tablada, en enero de 1989. “En 1970 se libró una guerra que hoy se reinicia en la batalla de La Tablada”, dijo ante políticos y legisladores de la incipiente democracia. Respecto de los indultos dijo: “Menem sabe que entendí el mensaje de conciliación, pese a que me tuve que tragar el sapo del indulto a (Mario) Firmenich, claro que con el indulto liberaron a muchos amigos míos, del bando contrario al de Firmenich”.

Sin embargo, de quien llegó a ser amigo fue de otro ex jefe montonero, Rodolfo Galimberti, a quien investigó por el secuestro del empresario Jorge Born. Romero Victorica intervino en la causa y con Galimberti consiguieron que la familia Graiver se desprendiera de unos cuantos millones en concepto de “devolución” a Born, de quien Galimba luego terminaría como socio. Quedaron todos íntimos.

Romero Victorica no fue juez de Casación, pero llegó igual al quinto piso de los tribunales federales de Retiro, donde ocupa la Fiscalía de Cámara 1. Para ello no necesitaba los votos de los senadores. Una de sus primeras iniciativas fue denunciar por corrupción al ex ministro de Economía de Raúl Alfonsín, Bernardo Grinspun. No la pudo probar pero la difundió, y los familiares del ex funcionario lo querellaron a él por calumnias e injurias.

Tampoco fue feliz su participación en el caso García Belsunce. En su condición de integrante del entorno familiar terminó diciendo que los parientes de la asesinada María Martha mintieron. No acudió a declarar cuando lo convocaron y calificó al fiscal Diego Molina Pico de “mocoso imberbe”.

El extrovertido Romero Victorica es un notorio representante de esa rancia estirpe conservadora que resiste en Tribunales. No es el único, pero es uno de los más notorios.

Desestiman planteo por excarcelación de imputada por delitos de lesa humanidad

Se trata de Rosa Susana Bidinost, ex directora de la Unidad Penal 6 de Paraná. La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de la defensa. Está procesada por vejaciones, apremios ilegales e imposición de tormentos agravados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en el expediente B.815.XLVI, rechazar el recurso extraordinario federal que había sido articulado por la defensa de Rosa Susana Bidinost contra el auto de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa y, de esta manera, confirmó el fallo que había denegado su excarcelación bajo todo tipo de caución.

Bidinost está procesada con prisión preventiva en calidad de partícipe necesaria por diversos hechos constitutivos de severidades, vejaciones, apremios ilegales e imposición de tormentos agravados por la especial calidad de funcionaria pública, sucesos calificados como de lesa humanidad acontecidos durante el último gobierno militar, cuando se desempeñaba como directora de la Unidad Penal 6 de Paraná, entre el 1º de junio y el 4 de octubre de 1976. Para así decidir los ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Petracchi, MAqueda, Zaffaroni y Argibay consideraron que la pretensión era inadmisible (art.280 del CPCyCN).

Antecedentes de los prefectos imputados y sus superiores

Los protagonistas

Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano, Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru, tenían en 1977 el grado de oficiales principales. Detalles de sus legajos y conceptos. De quiénes dependían.
Por Diego Martínez

El prefecto retirado en servicio Alejandro Domingo D’Agostino y los ex prefectos Enrique José De Saint Georges y Mario Daniel Arru son desde el lunes los tres primeros imputados por los vuelos de la muerte en los Skyvan de Prefectura, denunciados desde 1983. En Necochea vive impune el prefecto general retirado Hilario Fariña, ex jefe de la División Aviación (DAVI), que integraban catorce pilotos y una docena de mecánicos (ver aparte). También están libres los superiores inmediatos de los acusados: el prefecto principal Roberto Antonio Salinas, jefe de la sección Operaciones, “incondicional” según las calificaciones de Fariña, y Roberto Zaldúa, jefe de la sección Logística. Murió en 2003 el mecánico que participó del vuelo del 14 de diciembre de 1977, ayudante de primera David “El Gallego” Fernández, quien según sus superiores tenía un “elevado concepto de la corrección y la fidelidad”.

Los acusados por el fiscal Eduardo Taiano tenían en 1977 el grado de oficiales principales. D’Agostino, oriundo de Bahía Blanca, era jefe de la subsección “servicios generales” de la DAVI, jefe de los mecánicos y de mantenimiento en Aeroparque. Diecisiete días después del vuelo de la muerte, Zaldúa lo elogió por el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aun en situaciones críticas se mantiene sereno”. “Coopera sin reservas en cualquier tarea que se le encomienda”, celebró.

D’Agostino se retiró en 1994 y fue reincorporado tres años después como jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura, cargo que aún ocupa. Consultado por Página/12 el lunes, antes de conocer la denuncia, afirmó que no responde preguntas porque permanece en actividad y aconsejó formularlas a Prefectura. Anoche aclaró que ya se presentó ante el juzgado de Sergio Torres. “Soy inocente de todo y la única forma de hablar es a través del juzgado”, advirtió.

De Saint Georges y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas Argentinas, igual que Carlos Giasone y Fernando Paganini, también ex pilotos de los Skyvan. Hasta fines de 1977 sus calificaciones eran óptimas. En el caso de De Saint Georges, Salinas destacó “su amor a la institución, que representa orgulloso”. Fariña elogió “su lealtad” y lo calificó como “incondicional para el servicio”. En el caso de Arru, lo consideraban “un excelente oficial” que “vuelca toda su responsabilidad y criterio personal, siempre exitoso”.

En mayo de 1978, luego de que trascendiera la intención de De Saint Georges de postularse en Aerolíneas, Zaldúa apuntó que notaba “ciertas reservas para brindarse por entero a la institución”. Comenzó por esos días contra los cuatro pilotos “una política agresiva, a efectos de afianzar el principio de autoridad”, tal como propuso el prefecto general Oscar René Elola, quien los cuestionó por “falta de vocación y apego institucional”. “Total falta de lealtad e indiferencia hacia la institución”, agregó el prefecto general Alberto Severo (sic) Mancuso. Página/12 intentó infructuosamente comunicarse con Arru. En el caso de De Saint George, sus familiares apuntaron los teléfonos del cronista pero el piloto no devolvió los llamados.

Un detalle llamativo que señaló el fiscal Taiano en su escrito surge de los legajos de conceptos de los pilotos, donde se registra la cantidad de días, horas y décimas de horas de vuelo. Quien verificó los datos cada mes, durante años, en el caso de los tres imputados, fue el prefecto mayor Eduardo Gutiérrez. Por alguna extraña razón, en diciembre de 1977 no aparece su rúbrica sino la del prefecto mayor Armando Marcelo Nattero. Fue justamente ése el mes del vuelo por el que el juez federal Sergio Torres podría ordenar sus detenciones.

La impunidad de Prefectura

Por Diego Martínez

Prefectura no tiene un solo condenado por su actuación durante la dictadura. Más allá del rol de los Skyvan, de pilotos y tripulantes, la fuerza actuó durante el terrorismo de Estado subordinada a la Armada, en la ESMA pero también en el resto del país. Héctor Febres fue quien más cerca estuvo de la condena: murió días antes, envenenado. También murieron impunes el subprefecto Roberto Rubén Carnot, alias Espejaime, que actuó en la ESMA, y Néstor López, El Alemán, interrogador de Campo de Mayo. Juan Antonio Azic sobrevivió a un intento de suicidio y podría recibir su sentencia este año junto con Acosta, Astiz & Cía. En la causa ESMA está procesado con preventiva Jorge Díaz Smith, continúa prófugo Gonzalo Sánchez, alias Chispa, y seguiría libre Víctor Penna, alias Hugo.

Según registros del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del CELS, hay otros diez prefectos procesados: cuatro en la causa Campo de Mayo (Carlos Gerardi, Héctor Omar Maldonado, Servando Ortega y Roberto Rossin), tres en Mar del Plata (Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva y Pedro Luis Bustamante), dos en Bahía Blanca (Félix Ovidio Cornelli y Francisco Martínez Loydi, responsables del informe que aconsejó “ralear” del diario La Nueva Provincia a dos delegados gremiales que luego fueron secuestrados y asesinados), y el restante en Goya, Corrientes (Luis Leónidas Lemos). En Bahía Blanca hubo detenciones de prefectos sobre cuyas situaciones procesales debe pronunciarse el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni.

Uruguay: Se impuso la historia

Maria Claudia, madre de Macarena

Por Jorge Majfud *

Saludo el derribo final de una de las leyes más vergonzosas de mi país y de la historia por la lucha por los derechos humanos.

Ahora sólo queda destruir otra tradición: la del miedo.

En las últimas horas hemos leído y escuchado a militares retirados manifestando nerviosismo por posibles juicios por crímenes y violaciones durante la dictadura y apelando al respeto por la voluntad del pueblo que ratificó la ilegítima Ley de Caducidad con una mayoría simple de abstenciones. Alguno incluso sacó a la luz un supuesto “pacto entre combatientes”, aludiendo al presidente de la República, los tupamaros y los ex militares represores. Como siempre, los pactos dejan por fuera a las verdaderas víctimas, a todos aquellos que fueron aterrorizados con una sistemática caza de brujas y bajo la cobarde excusa de que “los fines justifican los medios”.

Hemos repetido desde hace años el más básico de los conceptos: los derechos humanos no se negocian ni se plebiscitan. Cualquier ley que viole un solo derecho humano no sólo es inconstitucional; es inmoral y contra todo derecho natural.

En una democracia las decisiones de la mayoría se respetan. Excepto cuando se violan los derechos humanos de una sola persona. De lo contrario, deberíamos estar de acuerdo con las hordas que apedrean a las adúlteras y queman a los ladrones, por una simple razón de mayorías. Una democracia es mucho más que una simple dictadura de las mayorías. En una democracia las leyes no se violan; se cambian. Y el respeto y protección de los derechos humanos, así como el ejercicio de la justicia son sus componentes más básicos.

Saludo el principio del fin de esta Ley de Impunidad, no con alegría, sino con la serenidad que requiere y otorga cualquier acto de justicia.

No hay nada que festejar. Sólo hay una gigantesca lección histórica que aprender. Siempre he creído que la justicia que tarda no llega. Pero algo es algo y, sobre todo, queda la continuidad de un camino que afortunadamente y con mucho trabajo nos ha alejado algo de los tiempos de los barcos negreros, de los campos de concentración y la picana eléctrica.

No hay nada que festejar. Algo de la justicia que los uruguayos renunciaron o negaron a alguno de sus compatriotas apenas podría comenzar hoy. Podría. Conociendo los antecedentes, nada es seguro.

* Escritor uruguayo.

Los cómplices del genocidio

Por Adrián Pérez

La responsabilidad de jueces y fiscales que actuaron durante la última dictadura militar en Córdoba comenzó a ventilarse después de las condenas a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros represores por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1. En la primera audiencia oral y pública, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia escuchó los fundamentos de los abogados defensores de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga. Todos están bajo la lupa de la Justicia por no haber investigado las torturas a las que fueron sometidos treinta presos políticos detenidos en la UP1, asesinados entre abril y octubre de 1976.

En la audiencia de ayer, los abogados defensores solicitaron la prescripción de la causa por considerar que los hechos por los que se acusa a sus clientes prescribieron y “no configuran un tipo penal susceptible de ser calificado como delito de lesa humanidad”. El fiscal general Carlos Gonella rechazó esos argumentos y citó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que regula los delitos de lesa humanidad, como instrumento judicial que aborda la responsabilidad de los funcionarios estatales que “toleren” o “colaboren de cualquier modo” en la ejecución de estos delitos. El pedido fue avalado por los abogados querellantes Juan Ceballos, Miguel Martínez y Hugo Vaca Narvaja.

“Estamos hablando del mismo fenómeno que se dio en los crímenes cometidos en la Unidad 9 de La Plata o en Margarita Belén”, dijo Gonella, en diálogo con Página/12, y agregó que se trata de fusilamientos de presos políticos que estaban “en blanco, bajo un sistema de represión que se había institucionalizado” antes del golpe de Estado. La responsabilidad de los magistrados tomó relevancia, el año pasado, en el juicio por la causa de la UP1. En ese momento, algunos testigos declararon que habían denunciado oportunamente –en indagatorias ante los jueces federales– una serie de apremios, amenazas de muerte y violaciones ocurridos en la D2 de Córdoba. “Todos los procesos genocidas, incluso el nuestro, jamás pudieron haberse cometido sin la complicidad de estos sectores”, afirmó el fiscal. La participación de los ex magistrados se investiga en la causa Juan Miguel Ceballos, tramitada ante el Juzgado Federal 2 de Córdoba. Ese expediente pasó a manos del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, luego de que los fiscales federales Graciela López de Filoñuk, Enrique Senestrari y la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano se apartaran por “amistad íntima” con los acusados. Vidal Lascano promovió la acción penal contra Alí, Cornejo y Puga, pero desestimó las denuncias contra el ex secretario penal Carlos Otero Alvarez y los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro. Gonella criticó esa medida y recordó que los testigos de la UP1 eran indagados en la cárcel por jueces, secretarios y defensores oficiales, “mientras un militar les apuntaba con un FAL en la nuca”. Por último, destacó la importancia de la causa porque “acá los jueces están sumamente comprometidos".

Neuquén : Cámara de Casación define el segundo tramo

Esta semana decidirá si aparta a dos jueces del Tribunal Federal de Neuquén, a raíz de las recusaciones presentadas por los defensores de los militares acusados de delitos de lesa humanidad en la región.
   
El jueves podría definirse el inicio del segundo tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la región.
Los abogados de los represores entienden que no está garantizado el derecho a juicio porque los jueces Ricardo Krom y Orlando Coscia los habían juzgado y condenado en diciembre de 2008.
 
Este jueves la Cámara Nacional de Casación Penal deberá decidir si acepta o no las recusaciones presentadas por los abogados defensores de los militares acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en Neuquén.
La Cámara tendrá que resolver el apartamiento o no de los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Ricardo Krom y Orlando Coscia, requerida por los abogados Eduardo Peralta, Héctor Corigliano, María Oviedo y Guillermo Álvarez, quienes consideraron que no estaba garantizado el derecho a juicio de sus defendidos porque ambos magistrados los habían juzgado y condenado en el primer tramo del juicio que en diciembre de 2008 condenó a ocho de los principales ex jefes militares con penas efectivas desde 7 a 25 años de prisión.
De lo que resuelva la Cámara de Casación Penal dependerá la fecha de inicio del segundo tramo del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 del Ejército de esta ciudad.
En esta parte del juicio son 25 los imputados, entre procesados e indagados pertenecientes al Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Río Negro y Neuquén, y de servicios de inteligencia (ver recuadro), 39 víctimas, 6 desaparecidos (dos de Cutral Co y cuatro de Neuquén).
En esta segunda parte del juicio también están procesados los ocho ex militares condenados en 2008: el ex jefe del Batallón, general, Enrique Braulio Olea; los ex jefes de inteligencia de esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas y del comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold (25 años de prisión), ex jefe del Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera (22 años), ex miembros de Inteligencia del Ejército, Jorge Molina Ezcurra y Adolfo San Martín (21 años), ex médico militar Hilarión de la Pas Sosa (20 años) y ex suboficial de Inteligencia, Francisco Oviedo (7 años).
 
Expectativas
Beatriz Gentile, delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, expresó su expectativa respecto a lo que se resuelva este jueves “ya que en el caso que rechacen las recusaciones se podría fijar una fecha de comienzo del juicio que podría ser hacia el mes de julio o a lo sumo agosto”. En caso que ocurriese lo contrario “sería un golpe tremendo, porque el juicio se postergaría un año más”, subrayó Gentile.
Esta última presunción de Gentile está basada en que si los jueces Krom y Coscia son apartados de la causa tendrían que ser reemplazados y de esta manera los tiempos se extenderían debido a la falta de jueces que hay en el país.
Noemí Labrune, de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, consideró que existe una fuerte voluntad de dilatar los juicios. “La voluntad de postergar los juicios está probada”, aseguró. "Los recusan porque se dieron cuenta que los delitos que se están debatiendo en la región merecen las máximas condenas”, agregó.
Gentile opinó en la misma sintonía que Labrune señalando que las defensas de los militares implicados “lo único que intentan es dilatar mediante cualquier forma la sustanciación de los juicios porque es abrumadora la cantidad de prueba documental y testimonial que certifica el plan genocida y criminal que instalaron en Argentina”.

Ordenaron la detención de Videla en causa por la muerte del obispo Enrique Angelelli

Lo dispuso el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena. Es en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del obispo Enrique Angelelli, ocurrida en 1976. La medida también recayó sobre el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy

Ordenaron la detención de Videla en causa por la muerte del obispo Enrique Angelelli

El juez Daniel Herrera Piedrabuena, a cargo del Juzgado Federal de La Rioja, ordenó este jueves la detención del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del obispo Enrique Angelelli, ocurrida en 1976.

El magistrado dispuso aquella medida tras tomarle el miércoles pasado declaración indagatoria a Videla, quien se encuentra actualmente detenido y afronta un juicio oral por robo de bebés ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de la Capital.
En tanto, y por la misma causa, el juez también ordenó la detención del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Apertura de la causa Paneta. Poder Judicial destaca desarrollo de juicios. Las víctimas no han cejado de exigir

Justicia federal destaca apertura de causa Paneta
El Poder Judicial Federal emitió un reporte que destaca el inicio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes del juicio oral en el que serán juzgados los tres ex policías Dermidio Ramón Romero, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria; los cuatro ex militares Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi, Edmundo Bertolero y Leopoldo Cao, y el ex efectivo de la Prefectura Naval Luis Leónidas Lemos.

El informe señala el caso como uno de los ocho juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar más importantes que arrancarán a partir de abril de 2011, entre los cuales cuentan procesos que se desarrollarán en Capital Federal, Tucumán, Salta, Rosario, Mar del Plata, y Bahía Blanca.

El debate, que comenzará el 27 de abril, se realizará en el marco de la causa “Panetta”, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 25 víctimas cometidos en el centro clandestino de detención que funcionara en el ex Club Hípico de la ciudad de Goya.

Se trata del trer juicio abierto en Corrinetes por delitos de lesa humanidad consumados durante el desarrollo de la dictadura cívico-militar que goberanó Argentina entre 1976 y 1983. Los anteriores fueron la Causa Caballero y la causa ex Ex Regimiento Nº9.

En paralelo, el Salta encabezará el juicio oral por el secuestro y desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia, , que también se investiga el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal, donde será juzgado Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, junto a otros siete acusados, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca

Además de Menéndez, están procesados Carlos Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía de Salta; Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía; Jorge Héctor Zanetto, ex vocero de la Triple A, y los ex policías Andrés del Valle Soraire, Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca iniciará el debate sobre la causa “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigan a 19 imputados por crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área del V Cuerpo del Ejército.

El TOF de Mar del Plata, por su parte, iniciará el juicio por delitos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el Centro Clandestino de Detención “La Cueva” (ex radar Base Aérea Mar del Plata), así como también en la Comisaría Primera y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea.

En ese caso se imputa a Leandro Edgar Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Gregorio Rafael Molina, Nicolás Miguel Caffarello, Marcelino Blaustein, Ernesto Orosco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Rezett, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Cerutti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Bicarelli.

¿Esto debería ser noticia? : "Procesado llegará preso a Juicio "

       Jorge Horacio Granada, ex miembro del Ejército Argentino, es uno de los diecinueve imputados por delitos de lesa humanidad que serán juzgados desde el 26 de abril en Bahía Blanca. Integró el Destacamento de Inteligencia 181 y en los últimos años, como Solo Local publicó en esta nota, alternó meses en los que estuvo prófugo, con otros en los que se lo encarceló y luego se lo volvió a liberar pese a sus antecedentes de elusión a la justicia. Su último intento de lograr la excarcelación fue rechazado en primera instancia por el juez Alcindo Alvarez Canale y confirmado esta semana por la Cámara Federal bahiense.
Por ello, llegará encarcelado a juicio. Las audiencias en las que se juzgará a Granada y otros dieciocho procesados, entre ex militares, policías federales y agentes penitenciarios retirados, se realizarán en la sede de la Universidad Nacional del Sur.

Jujuy: retraso en las causa sobre el terrorismo de Estado en Jujuy

Un apagón en la Justicia

La Unidad Especial de la Procuración señaló que Jujuy es el distrito con “mayores problemas”. El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales se presentó en la causa sobre La Noche del Apagón y responsabilizó al Ingenio Ledesma.
Por Adriana Meyer

Que los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura están en marcha es un hecho, pero no es menos cierto que atraviesan variados escollos, sobre todo en algunas provincias. Jujuy es una de las que más retraso lleva en el juzgamiento de los represores que actuaron en la denominada Noche del Apagón, cuando fueron secuestradas centenares de personas en Libertador General San Martín, con el apoyo logístico del Ingenio Ledesma. Esa jurisdicción “es la que mayores problemas presenta para el avance de los procesos por graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado”, afirmó la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que acusó al juzgado a cargo de estos expedientes por la paralización de los mismos. En ese contexto, y con el objetivo de reactivarlos, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales presentó un escrito para fundamentar que la empresa azucarera y papelera de los Blaquier colaboró con el terrorismo de Estado.

El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales (Ecchr, según su sigla en inglés) hizo llegar al juzgado un amicus curiae en las tres causas en las que se investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en la zona del Ingenio Ledesma. Bajo esa forma jurídica que le permite participar en el caso, Wolfgang Kalek, director del Ecchr, aportó argumentos de Derecho Penal Internacional para fortalecer la acusación fiscal contra Alberto Lemos y Mario Paz, al momento de los hechos administrador de la empresa y gerente de personal, respectivamente, acusados de haber colaborado con las fuerzas de seguridad facilitándoles las instalaciones, vehículos, empleados e incluso información de Inteligencia sobre los trabajadores de la compañía. “Los cómplices de violaciones a los derechos humanos no sólo pueden ser individuos particulares sino también empresas públicas o privadas cuyos modos de participación y complicidad han venido siendo desarrollados por medio del derecho internacional”, dijo Kalek en el escrito. “La conducta de Ledesma, a través de sus empleados Paz y Lemos, se encuadra en el tipo de complicidad por cooperación necesaria y encubrimiento, toda vez que sus actos facilitan la comisión de tales delitos por parte del autor material, con pleno conocimiento de su contribución”, afirmó.

Las tres causas contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos con la colaboración del Ingenio Ledesma fueron impulsadas por el fiscal federal Domingo Batule, quien solicitó la detención y citación a indagatoria de 28 imputados, incluyendo a Lemos y a Paz, recientemente fallecido, lo que dio lugar a la formación de la causa conocida como grupo Guerrero. Se los acusó de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio contra 43 personas ocurridos durante La Noche del Apagón, en julio de 1976, cuando en medio de un corte del suministro eléctrico y con vehículos del Ingenio fueron secuestradas unas 400 personas, de las cuales 55 permanecen desaparecidas. Hace dos años la fiscalía presentó nuevos pedidos de detenciones e indagatorias respecto de Lemos, Paz y 14 miembros del Ejército y la policía provincial por cinco víctimas, entre ellas el desaparecido Luis Arédez, ex intendente y médico del Ingenio. La fiscalía también pidió detenciones e indagatorias de 25 militares y policías provinciales por los casos de 7 empleados de Ledesma que sufrieron tormentos y homicidios antes del golpe de Estado.

“El avance procesal de todas estas causas ha sido obstaculizado desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor”, expresó la Unidad que dirige el fiscal Jorge Auat. Y agregó que “las contundentes conclusiones del amicus sobre la obligación del Estado argentino de investigar no sólo a los responsables directos sino también a los asistentes y colaboradores del terrorismo de Estado dictatorial refuerzan la acusación fiscal contra la empresa”. Por lo tanto, “pesará sobre el doctor Olivera Pastor la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para investigar a fondo el rol que tuvieron los representantes del Ingenio Ledesma en los aberrantes delitos cometidos en Jujuy durante la dictadura”.

La semana pasada, en la segunda reunión de la comisión interpoderes que analiza el avance de estas causas, fue tratada la situación de Jujuy con la presencia del juez de la Cámara Federal de Salta (que tiene competencia en Jujuy), Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Este magistrado intentó defender la actuación de su colega Olivera Pastor y fue duramente criticado por los integrantes de la comisión por intentar negar el grave retraso y dispersión de las causas jujeñas.

8 imputados por secuestro y desaparición del ex gobernador constitucional de Salta

Comenzará el juicio oral por el crimen de Ragone
 
Será el segundo debate público que se lleve a cabo en Salta por los crímenes del terrorismo de Estado. El general Menéndez, con prisión domiciliaria en Córdoba, seguirá las audiencias por sistema de video conferencia.
Mulhall: ex jefe militar fue indagado en el 2004.
Gentil: el coronel que comandaba la policía durante su indagatoria en el 2004
 
  El salón de grandes juicios del Poder Judicial de Salta será escenario mañana del debate por el secuestro y desaparición del ex gobernador constitucional, Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, a pocos días del golpe de Estado que tanto dolor causó a los argentinos. Luego de 35 años de espera, por fin, los salteños se aprestan a saldar la deuda más onerosa que tienen con los familiares del llamado “médico del pueblo”, al llevar al banquillo de los acusados a quienes están sindicados como los autores materiales, intelectuales y encubridores.

El único ausente será Luciano Benjamín Menéndez, el tristemente célebre ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, quien hasta el momento cuenta en su haber con seis condenas a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Menéndez seguirá el debate desde su prisión domiciliaria en la capital de Córdoba y a través del servicio de video conferencia podrá eventualmente declarar y responder a las preguntas del Tribunal.

Los que sí estarán presentes son Carlos Alberto Mulhall, ex jefe de la Guarnición Ejército Salta; Miguel Gentile, ex jefe de la Policía de la Provincia; y el ex director de Seguridad de la Policía local, Joaquín Guil. A ellos se suman Jorge Héctor Zanetto, sindicado como vocero de la Triple A; el ex oficial de la Policía, Andrés del Valle Soraire, y los suboficiales Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera, quienes se desempeñaban como custodios del entonces teniente coronel Gentil, quien vivía cerca de la casa de Ragone.
 
La causa está caratulada como “encubrimiento en concurso ideal con omisión de represión de delincuentes, homicidio calificado en dos hechos, en concurso real y lesiones; coacción agravada y lesiones”, en perjuicio de Miguel Ragone, Santiago Catalino Arredes y Margarita Martínez de Leal.
 
La jujeña Marta Liliana Snopek presidirá el Tribunal Federal, acompañada por el fueguino Luis Giménez y el tucumano Carlos Jiménez Montilla; el Ministerio Público estará representado por el fiscal porteño Horacio Azzolin.
El de Ragone será el segundo juicio que se realice en Salta por delitos vinculados con el terrorismo de Estado. El primero culminó en abril de 2010 con la condena de dos coroneles, a 20 años de prisión, por el secuestro y desaparición del escribano tartagalense Melitón Bustos.
 
Los imputados no sólo deberán responder por el secuestro y desaparición del ex gobernador Ragone, sino también por el asesinato del comerciante Arredes y las heridas sufridas por la señora Martínez de Leal. Ambos fueron circunstanciales testigos del violento secuestro de Ragone, a pocas cuadras de su domicilio en el pasaje Puló al 100 y fueron atacados a tiros por el grupo de tareas. Arredes era hermano de un alto jefe de la Policía, pero éste no hizo nada para esclarecer el brutal homicidio, al punto de que ni siquiera ahora sus familiares se presentarán como querellantes.