Miembros del Poder Judicial imputados por delitos de lesa humanidad

¿Y SI SE ABRIERAN LOS ARCHIVOS?
 
Cerca de 45 jueces, ex magistrados, fiscales, defensores oficiales o funcionarios del Poder Judicial de varias provincias están imputados en expedientes donde se investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar por no haber actuado ante denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Hasta ahora sólo hubo una condena y detención, a 21 años de prisióm, al ex juez santafesino Víctor Brussa, por ocho casos de apremios ilegales, y la destitución del magistrado mendocino Luis Miret.

Según un informe publicado por el diario Tiempo Argentino en marzo último, en base a fuentes tribunalicias, hay 45 ex jueces y funcionarios judiciales que están imputados en estas causas.

Mendoza es la provincia que más imputados concentra: hay cuatro ex jueces, tres ex fiscales y un camarista en actividad, Roque Otilio Romano.

Entre ellos se encuentra Miret, que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por no haber investigado o denunciado cinco casos de secuestro y torturas a personas que estaban detenidas en una causa a su cargo en la D2 de la policía de esa provincia.

En Santa Fe, se registró la única condena que recayó contra el ex juez Brusa por su participación en interrogatorios bajo torturas a secuestrados en centros clandestinos entre 1976 y 1977 cuando era empleado judicial.

Brusa está preso y dejó de ser juez en marzo de 2000 cuando fue destituido por atropellar con su lancha en la laguna Setubal a un hombre, a quien luego dejó abandonado.

En Santa Fe, el año pasado fueron procesados Víctor Montti, por apremios ilegales al ex diputado del peronismo Orlando Barquín y por no investigar otros delitos de lesa humanidad; y Luis María Vera Candioti, ex magistrado de menores y primer integrante del Poder Judicial en ser procesado por la apropiación de un menor.

En Córdoba se tramita una causa contra dos ex jueces federales y cuatro defensores (uno en actividad, Luis Molina) por no haber investigado los delitos contra detenidos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 de esa provincia.

Entre los funcionarios acusados, se encuentra el ex juez Carlos Otero Alvarez, quien el año pasado renunció cuando el Consejo de la Magistratura investigaba su desempeño como magistrado y se preveía que iba a ir a juicio político.

Las causas también exceden a los años de la dictadura, ya que en febrero fue detenido en Colombia el ex fiscal federal de Mar del Plata Gustavo Demarchi, acusado de cinco homicidios cometidos en 1975 como miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una agrupación vinculada a la Triple A que actuó en esa ciudad antes del golpe militar.

También hay causas abiertas en La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Bahía Blanca, La Plata y Capital Federal.