La Cámara Federal de Bahía Blanca excarceló ayer a 36 militares y marinos procesados por delitos de lesa humanidad. Contrariando el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó extremar las precauciones para evitar que los represores obstaculicen o burlen el accionar de la Justicia, los magistrados Augusto Fernández, Angel Argañaraz y Ricardo Planes sostuvieron que para mantenerlos presos el Ministerio Público debe demostrar en cada caso concreto que los imputados ponen en riesgo el proceso. “El fallo introduce un riesgo procesal enorme”, destacó el fiscal federal Abel Córdoba, que apelará la resolución ante la Cámara de Casación. “En cierta forma torna inocua la situación del proceso, le quita contenido, despenaliza el proceso penal. La tramitación de la causa pasa a ser una formalidad que no afecta a los imputados, cualquiera sea la cantidad y naturaleza de los delitos”, explicó el fiscal.
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