¿DONDE ESTÁ Orlando Argentino González?, sobrevivente CCD de Tucumán

Gravisima situación.

Datos que tenemos hasta ahora

1) Orlando Argentino Gonzalez, sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, secuestrado en 1976 en Ranchillos, El Empalme, Tucumán, alrededor de 60 años.

2) denunció al Malevo Ferreyra y a su socio Comisario Francisco Camilo Orse que está preso pero que sigue dirigiendo la patota desde la cárcel. Amenazan y acosa a los testigos y a los abogados

3) de la misma zona y en la misma causa hay 4 desaparecidos, las familias también fueron amenazadas

4) el compañero sufría desde hace una semana un acoso constante, hoy debía declarar en la causa e iba a pedir custodia

5) salio de la casa de la hermana muy temprano en la mañana, se sabe que tomó un taxi/colectivo para ir al juzgado, nuncá llegó

6) Aníbal Fernandez ya sabe, lo busca la federal, la provincial y la gendarmería (¿serán las mismas 12 brigadas que buscaron a Julio?)

7) Abajo copiamos comunicado enviado a los medios

8) la abogada es Laura Figueroa, también fue amenazada,

Iniciativas ya lanzadas resueltas en la reunión de hoy del EMVJ:

1) Que todos los org. de DDHH participemos mañana del acto de CTA a las 13 hs. frente al gobierno de la ciudad, para denunciar el hecho. Ya contactamos a Fabio Basteiro, a Victor De Gennaro y a Ricardo Peidró. Este último estrá en el acto de Puente Puyerredón y lo denunciará allí. CTA Tucumán lo denuncia también en los actos de mañana.

2) Jueves 12 hs. conferencia de prensa Hotel Bauen,

3) Viernes 17:30, concentración en Obelisco para marchar a la casa de Tucumán, Suipacha al 100

4) Llamados, correos o telefenogramas a Anibal Fernandez y a Randazzo de todas las organizaciones. Correo de Fernandez: <anibalfernandez@infovia.com.ar> De Randazzo: entrar a http://www.mininterior.gov.ar/institucional/form_ministro.asp, Secretario de Derechos Humanos de Tucuman, Daniel Posse 0381155892243

Saludos

AEDD

Por favor, reenviar

PD: acaba de llegar correo de Laura Figueroa:

NUNCA LLEGÓ – ¿DÓNDE ESTÁ ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ?

A LAS 9 HS. DEBÍA PRESENTARSE EN LA FISCALÍA FEDERAL PARA DENUNCIAR UN NUEVO HECHO QUE INVOLUCRA AL EX COMISARIO FRANCISCO CAMILO ORCE (ACTUALMENTE DETENIDO), ES SOBREVIVIENTE DEL CCD ARSENAL MIGUEL DE AZCUÉNAGA, FUE DETENIDO EN MAYO DE 1976 EN UN BAR DE LA LOCALIDAD DE RANCHILLOS A LAS 17 HS.

FUE INTERROGADO Y GOLPEADO POR FRANCISCO ORCE. LA CAUSA DE ORLANDO GONZÁLEZ ESTÁ RELACIONADA CON LA DE TODAS LAS VÍCTIMAS ORIUNDAS DEL "EMPALME – RANCHILLOS" , CASUALMENTE, FUE SECUESTRADO EN ESA FECHA PUES QUERÍAN AVERIGUAR EL PARADERO DE VECINOS DEL LUGAR, ALGUNOS ESTÁN DESAPARECIDOS Y OTROS SON SOBREVIVIENTES. ORLANDO GONZÁLEZ CULTIVABA CAÑA DE AZÚCAR Y NO MANTENÍA RELACIÓN CON LAS PERSONAS BUSCADAS, SÓLO TENÍAN DE COMÚN EL APELLIDO. DESPUÉS DE UNA LARGA JORNADA DE TRABAJO FUE AL BAR JUNTO A OTRO AMIGO Y ESE DÍA COMENZÓ SU CALVARIO.. .-

HOY BUSCAMOS A ORLANDO. TENEMOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PENSAR QUE ESTÁ PASANDO POR UNA SITUACIÓN MUY DIFÍCIL, PUES ESTABA ASUSTADO, PREOCUPADO, PUES DURANTE UNA SEMANA FUE AMENAZADO PARA QUE RETIRARA LA DENUNCIA CONTRA EL EXCOMISARIO FRANCISCO ORCE, HASTA QUE SE ANIMÓ DE HABLAR CON SU ABOGADA. EL JUZGADO ESTABA ADVERTIDO SOBRE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS Y SÓLO RESTABA LA FORMALIDAD DEL TRÁMITE PARA QUE EL ESTADO LE BRINDARA SEGURIDAD.

EL AÑO PASADO MIENTRAS ESTABA HOSPITALIZADO FUE AMENAZADO PORF ORCE, DEBIENDO SER CUSTODIADO POR FUERZAS DE SEGURIDAD PARA QUE PUDIERA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE SIN QUE SU VIDA CORRIERA PELIGRO. HOY, LA SITUACIÓN ES MAS GRAVE PUES NO LO ENCONTRAMOS... .-

"EL MALEVO" FERREYRA SE MATÓ EN CÁMARA DE TELEVISIÓN Y FRANCISCO ORCE ELIGIÓ "APRETAR" Y AMENZAR A TRAVÉS DE "MANOS DESOCUPADAS" AL MEJOR ESTILO DE LOS GRUPOS DE TAREAS, AMBOS ACTUARON EN LA LOCALIDAD DE RANCHILLO, AMBOS FUERON VOLUNTARIOS EN EL OPERATIVO INDEPENDENCIA, AMBOS DESPRECIEARON/A DE LA JUSTICIA POR ESO ELIGIERON EL CAMINO DE LA SOMBRA Y DEL DELITO.

Laura Figueroa- abogada de Orlando González

- QUE APAREZCA CON VIDA ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ

- QUE NINGÚN REPRESOR CAMINE POR LAS CALLES DE ARGENTINA. JUSTICA YA!!

Martes 26 de Mayo de 2009

URGENTE- Comunicado de prensa

URGENTE: TESTIGO DESAPARECIDO EN TUCUMÁN

Orlando Argentino González está desaparecido desde la mañana de hoy. Debía presentarse a las 9 en la Fiscalía Federal de Tucumán para denunciar un nuevo hecho que involucra al ex comisario Francisco Camilo Orce. Hace una semana que sufría amenazas constantes.

González es sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Fue detenido en mayo de 1976 en un bar de la localidad de Ranchillos e interrogado y golpeado por Orce.

Exigimos al Gobierno su aparición con vida YA!. Convocamos a una conferencia de prensa para el próximo jueves a las 12 en el Hotel Bauen en la que se llamará a marchar el viernes a las 17.30 desde el Obelisco hasta la Casa de Tucumán, ubicada en Suipacha al 100. Invitamos a todas las organizaciones a plegarse al reclamo y a la convocatoria a estas actividades.

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia // Justicia YA!

Que los desaparecidos tengan voz en los abogados de Justicia Ya

Compañeras/os:

Una vez más recurrimos a vuestra solidaridad, en esta oportunidad les pedimos que apoyen el reclamo de apartamiento del Tribunal Oral Federal Nº5 de las causas contra los genocidas por los motivos que seguramente conocen y que están resumidos en el texto tentativo que les enviamos al pie. Por supuesto, pueden cambiarlo totalmente, sacar o agregar lo que les parezca.

Les pedimos que lo firmen indicando nombre, apellido, nº de documento y, si es el caso, organización a la que representan y que lo envíen por fax o por e-mail al Presidente del Consejo: (54 11) 4370-4973 ó 4124-5217/ Relator 4370-4938; e-mail: cncrimcorr.voc14@pjn.gov.ar

En cualquier caso les pedimos que nos envíen copia a nosotros al correo: justiciaya2004@yahoo.com.ar ya que entregaremos semanalmente al Consejo copia de los correos que recibamos.

Fraternalmente

Justicia YA!

Sr. Presidente del

Consejo de la Magistratura

Dr. Luis María Bunge Campos

Presente

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de ese Consejo, con el objeto de manifestarle que consideramos necesario que se aparte al Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 5 de la Capital Federal, de las causas contra los genocidas por:

· la discriminación política que ejerce contra el colectivo Justicia YA!, único que ha sostenido la acusación por genocidio en las causas que tramitaron ante este TOF, al negarle sistemáticamente el derecho a tener representación letrada propia;

· la prohibición que impone a los integrantes de organismos de Derechos Humanos a usar sus símbolos en la sala de audiencias –el pañuelo blanco de las Madres, entre otros- sumado a otras graves agresiones psicológicas contra querellantes, testigos, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos como la exagerada presencia policial en la sala;

· las inusitadas restricciones que aplica a la publicidad de los debates orales que van mucho más allá de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, con el agravante de que las únicas cámaras de televisión presentes en la sala son operadas por la Policía Federal.

A la espera de una pronta y favorable respuesta a este pedido, lo saludamos atentamente.

Firma

Nombre y Apellido

DNI

Organización:

Causa Floreal Avellaneda : los represores ahora callan

Un ex oficial de la policía bonaerense negó toda relación con el secuestro y crimen de Floreal Avellaneda, cometido en abril de 1976. “Nunca salí de la comisaría”, aseguró. Los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García, quienes entonces eran máximos jefes de la guarnición militar, no declararon.

Los máximos jefes de la guarnición militar de Campo de Mayo en 1976 se negaron ayer a declarar en el juicio que se les sigue por crimen del joven militante comunista Floreal Avellaneda, de sólo 14 años.

"No voy a declarar", fue la idéntica fórmula que usaron los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García en la segunda audiencia del juicio oral que se les sigue en el tribunal federal de San Martín.

La misma negativa manifestaron los entonces capitán César Fragni y el teniente Raúl Harsich, acusados de haber sido "coautores inmediatos" del crimen como integrantes del grupo de tareas del ejército que funcionó en la Escuela de Infantería de la mayor unidad militar del país.

Un sexto acusado, el oficial de la policía bonaerense Alberto Antelo, fue el único que se prestó a la indagatoria aunque fue para manifestarse "totalmente inocente", al aclarar que "nunca" salió de la comisaría de Villa Martelli.

Los tres generales están acusados de ser "autores mediatos" del secuestro del joven y su madre sobreviviente, Iris Pereyra; de los tomentos aplicados a ambos en la comisaría, donde fueron trasladados en principio, y del asesinato del chico, cuyo cuerpo apareció flotando en la costa uruguaya desnucado y empalado.

Floreal y su madre fueron secuestrados en abril de 1976 en el domicilio familiar de Munro, donde un grupo de tareas del ejército buscaba al padre del chico, un ex delegado sindical en la automotriz General Motors de igual nombre.

El brutal asesinato del "Negrito" Avellaneda fue conocido ya en el histórico juicio a los comandantes de 1985, donde bajo los números de caso 102 y 1034 fue tenido en cuenta para condenar a Jorge Rafael Videla.

Treinta y tres años más tarde, cinco de los seis acusados se negaron a declarar pero el sexto prefirió recordar que a partir del 24 de marzo la comisaría donde se desempeñaba "fue puesta a disposición de los militares".

Sostuvo que la noche del 15 de abril se desempeñaba como oficial de guardia a cargo de labores administrativas dentro de la comisaría, que se limitaron a tramitar la causa por la detención de un infractor a la ley de juego.

Aneto fue identificado a mediados de los años 80 por la madre del chico Avellaneda y otros testigos en rueda de reconocimiento como el policía con peluca rubia que integraba la patrulla que atacó la casa y los llevó detenidos.

La defensa del policía logró ayer que el tribunal que preside la jueza Lucila Larrandart obligará a los padres del chico, que son testigos y querellantes a la vez, a abandonar la sala durante su declaración que, pese al olvido total que manifestó en un comienzo", pudo recordar perfectamente que "esa noche comí una milanesa".

En la próxima audiencia que se realizará el lunes 11 de mayo, declararán los padres de Floreal.

Cavallo, a juicio por Walsh y las monjas francesas

El ex marino será juzgado por integrar un grupo de tareas que mató al periodista y desapareció a Leonnie Duquet, Alice Domon y Azucena Villaflor.

Se inicia el juicio oral y público (con las limitaciones impuestas por el TOF5: JUSTICIA YA NO PUEDE TENER ABOGADOS PROPIOS) por la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, acusados por la muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh y los secuestros y torturas a las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.

Fueron rechazadas las oposiciones de la defensa del ex marino y se declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).

Ese tribunal tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

El represor, oportunamente extraditado desde España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA, el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de 'alto policía'" en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el metropolitano barrio de San Cristóbal.

La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.

"La intención del grupo operativo era capturarlo (a Walsh) con vida, a los efectos de interrogarlo sobre la organización 'Montoneros' de la que era jefe de inteligencia y por lo cual se creía que contaba con una importante información", y está acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.

Se probó asimismo que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Walsh "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.

Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, se calificaron las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".

MONJAS. En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, esta investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.

"Sérpico" está procesado al igual que los destituidos capitanes de la Armada Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta y Antonio Pernías, entre otros; por los hechos registrados en los primeros días de diciembre de 1977 cuando el grupo de tareas de la ESMA secuestró a una decena de personas en la puerta de la Iglesia Santa Cruz, sita en Estados Unidos 3150, de esta Capital.

En esa ocasión fueron privadas de su libertad las religiosas Domon, Duquet, las Madres de Plaza de Mayo María Esther Ballestrino de Careaga y Villaflor, junto a Remo Carlos Berardo, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, Patricia Cristina Oviedo y Raquel Bulit.

Se afirma en el auto judicial que existió "un plan delineado que fue preparado por los integrantes de la unidad da tareas 3.3.2 mediante el cual se había acordado la infiltración de los grupos de familiares que se encontraban buscando a las personas que las propias fuerzas del Estado habían detenido o alojado en centros clandestino de detención con destino incierto".

Además de estas causas elevadas a juicio oral y público Cavallo tiene procesamientos confirmados por otros centenares de hechos y por la apropiación de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en la ESMA.

"Los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su e4scala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional", se afirma en los procesamientos.

Se inicia el juicio contra represores de Campo de Mayo

El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura argentina, comenzó el 27/04/09, por un único caso: el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda.

Dos ex generales, el entonces jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, su jefe de inteligencia, Fernando Ezequiel Verplaetsen, y otros cuatro represores están imputados por el asesinato del joven Floreal Avellaneda.

Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista, y su madre, Iris Pereyra, fueron secuestrados y torturados durante la dictadura militar.

El cuerpo del joven apareció en 1976 en las costas de Montevideo, un mes después de su secuestro con signos evidentes de tortura.

"Mi hijo sufrió una tortura brutal. Por eso queremos que encarcelen para toda su vida" a los responsables, sostuvo al llegar a los tribunales Iris Pereyra, quien fue liberada en 1978.

Junto a Riveros, que se desempeñó como comandante de Institutos Militares y condujo la zona 4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978, está acusado el ex general Fernando Ezequiel Verplaetsen, quien ejerció como jefe de inteligencia de la unidad militar.

También están procesados en esta causa el ex director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Osvaldo García, los ex militares César Fragni y Raúl Harsich, y Alberto Aneto, quien fue el principal de la comisaría de Villa Martelli, donde "El Negrito", como también era conocido Avellaneda, y su madre fueron torturados.

Decenas de activistas de derechos humanos se concentraron frente a los tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para exigir castigo para los represores.

Este juicio es el primero de la "megacausa" abierta por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, en las afueras de la capital argentina, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención organizados durante la última dictadura.

El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados el 15 de abril de 1976 por un grupo de tareas del Ejército que los llevó desde su casa, en la localidad bonaerense de Munro, a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron torturados para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial afiliado al Partido Comunista.

El secuestro se produjo en el marco de un operativo del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.

La investigación sobre el asesinato del obispo Enrique Angelelli

Para desenterrar la verdad

El cadáver del obispo católico fue exhumado esta semana. Buscan determinar si Angelelli recibió golpes en el cráneo o un impacto de bala, como sostienen algunos testigos. También se hará un estudio accidentológico.

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Por Washington Uranga

Más de treinta y dos años después del 4 de agosto de 1976, en que el cuerpo del obispo de La Rioja Enrique Angelelli apareciera en una ruta que une Chamical con la ciudad de La Rioja, la Justicia sigue en búsqueda de la verdad. Esta semana el cadáver del obispo católico fue exhumado de la cripta donde se encuentra depositado en la iglesia catedral de La Rioja, para realizar una nueva autopsia ordenada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. En quince días estarán los resultados. La versión de muerte “accidental” ofrecida por la dictadura militar tuvo siempre poco sustento, aunque entonces pocos se atrevieron a cuestionarla en público. Ni siquiera la Iglesia institucional, en aquel tiempo conducida por prelados afines al régimen dictatorial, levantó su voz para denunciar lo que para muchos fue claramente el asesinato del “obispo de los pobres”, a quien los militares habían sentenciado a muerte.

El 18 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, colaboradores de Angelelli. El 4 de agosto el obispo celebró una misa en Chamical, donde denunció el asesinato. La muerte y el presunto accidente se produjo esa misma noche, cuando Angelelli regresaba a la capital conduciendo su propia camioneta. El entonces sacerdote Arturo Pinto, quien lo acompañaba, recuerda que durante el trayecto fueron seguidos por un auto que luego se les cruzó en el camino, generando un vuelco. Una carpeta con toda la documentación que Angelelli había recogido sobre la muerte de los curas y del laico Wenceslao Pedernera apareció días después en el despacho del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior, según el testimonio brindado por Peregrino Fernández ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta documentación nunca fue incorporada al expediente judicial.

Lo que ahora investigan los peritos forenses de la Corte Suprema, Luis Bossio, Fernando Trezza y Víctor Cohen, es si existen indicios que permitan establecer si Angelelli recibió golpes en el cráneo, como aseguran algunos testigos, e incluso un impacto de bala, como sostienen otros. Además se hará un estudio accidentológico para determinar si el presunto accidente de tránsito pudo haber ocurrido de la manera en que se lo expone en el expediente judicial que se cerró tras la muerte.

Roberto Rodríguez, actual obispo de La Rioja, dijo que “la Iglesia acompaña” la investigación porque “busca llegar a una verdad”. En el mismo sentido se había pronunciado Carmelo Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia y titular de una comisión eclesiástica creada en 2006 para investigar la muerte de Angelelli. Dos años y medio después de haber iniciado las investigaciones, “que no pretenden ser paralelas al proceso judicial”, según expresó Giaquinta, el arzobispo manifestó que no es posible establecer por esta vía una conclusión definitiva sobre la forma en que Angelelli encontró la muerte. Pero sí señaló que “cuando hice mi primer viaje a La Rioja, en septiembre de 2006, escuché voces sobre ‘un tiro en el occipital derecho’, ‘la nuca destrozada a golpes’, ‘las manos quemadas’, ‘los tobillos despellejados’”, por lo cual recomendó la exhumación.

Angelelli fue rápidamente reconocido como “mártir” por el pueblo cristiano más sencillo, mucho antes que de la Iglesia oficial reivindicara su figura. A nivel popular el obispo es objeto de actos de culto, se lo venera y se elevan oraciones solicitando su intervención. Existen imágenes y altares en su memoria. Muchas capillas y oratorios llevan su nombre, y hasta una radio, la del obispado de Neuquén, se llama “Comunidad Enrique Angelelli”. Transcurrieron treinta años hasta que en 2006 el cardenal Jorge Bergoglio fue hasta La Rioja para presidir institucionalmente los actos recordatorios de la muerte del obispo. Hasta entonces la jerarquía había encontrado siempre la forma de eludir un pronunciamiento. En ese mismo momento se inició la investigación eclesiástica encabezada por Giaquinta. Desde siempre, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, sostuvo –junto a un puñado de otros obispos entre los que siempre se contaron los ya fallecidos Jorge Novak y Jaime de Nevares– que está probado “en forma definitiva e incontrovertible” que hubo “homicidio calificado”, considerando de “patraña criminal” la versión de la dictadura sobre el accidente.

Angelelli, hijo de inmigrantes italianos, nació el 18 de julio de 1923 en Córdoba. En 1964 asumió como obispo de La Rioja y en su primer mensaje afirmó que “no vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”.

SE EJECUTA EL SEGUNDO PLAN DE IMPUNIDAD

Comunicado - JUSTICIA YA

En el día de la fecha se anunció un fallo de la Cámara de Casación Penal que deja en libertad a varios de los represores de la Esma, entre otros a Astiz y el “tigre” Acosta.

Vemos que al primer plan de impunidad generado por las leyes de punto final y obediencia debida, le siguió el secuestro de testigos y querellantes, como a Jorge Julio López en que hoy se cumplen 27 meses de su secuestro.

Luego, con la connivencia del Poder Judicial, se desmembraron las causas, se elevaron a juicio oral por tramos y sólo han sido condenados unos pocos genocidas algunos de los cuales esperan la confirmación del fallo en libertad.

Esta sentencia viene a consolidar el segundo plan de impunidad a favor de los genocidas, que entrarán libres al juicio, si es que algún día se realiza, y muchos morirán inocentes antes de que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación.

Denunciamos al Juez Torres, porque solo procesó a estos represores por un número ínfimo de delitos y se negó sistemáticamente a los pedidos de Justicia YA! de que amplíe esos procesamientos. Exigimos que los cite inmediatamente a ampliación de indagatoria y los procese por los delitos por los que ya está en condiciones de indagarlos, evitando así que queden en libertad.

Denunciamos al fiscal Taiano porque 5 años después de reabierta la causa todavía no ha tenido tiempo de enterarse que tiene pruebas suficientes para informarle al juez que otras 170 personas también estuvieron secuestradas en la ESMA.

Denunciamos a la Cámara de Casación porque una vez más falla a favor de los genocidas
Denunciamos al Gobierno porque que no ha tomado una sola medida para impedir esta situación, llegando sus representantes en el Consejo de la Magistratura a rechazar los pedidos de juicio político que promovimos desde Justicia Ya contra los jueces responsables de esta situación.

Esta resolución pone en peligro toda la construcción realizada por las víctimas, los organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares para obtener juicio y castigo a los responsables del genocidio y de los delitos más graves que ofendieron a la humanidad, situación que venimos denunciando desde la reapertura de las causas.

18 de diciembre de 2008

SE PRETENDE EXCLUIR A JUSTICIA YA! DE LAS CAUSAS CONTRA LOS GENOCIDAS*

La Sala II de la Cámara de Casación, el TOF 5 y los defensores oficiales quieren dejar afuera de los próximos juicios contra los genocidas a organismos de derechos humanos y a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas.
Los defensores oficiales, tanto en la causa *Comisaría 5ta*. de La Plata como en la causa *ESMA*, *han solicitado que se desconozca el derecho de los organismos de derechos humanos y de distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas a ser querellantes*. El juez Corazza en La Plata rechazó la pretensión, pero la Sala II de la Cámara de Casación fijó criterios que dan la razón a los defensores de los marinos aunque por cuestiones de forma desestima -por ahora- el pedido.

*A su vez el TOF 5 ignora el derecho del colectivo Justicia Ya! integrado por 27 organizaciones, a tener voz en los juicios orales a los represores de la dictadura militar, a través de una cabeza de querella propia.
*El 16 de octubre de este año la Sala II de Casación, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Luis M. García y Guillermo Yacobucci, dictó un fallo donde se pronuncia respecto de la legitimidad del caracter de querellantes de organismos tales como la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el Comité de Acción Jurídica y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la resolución establece que para ser tomada como parte, *el estatuto de la organización debe habilitarla expresamente para querellar* y además, *debe tener* *poder para hacerlo otorgado por alguno de sus miembros que sea víctima directa de los hechos investigados*.

De esta manera, los jueces de Casación pretenden desestimar el interés colectivo que tienen estos juicios, en tanto se investigan delitos que ofenden a la humanidad toda; además de pretender impedir el accionar de las organizaciones por su propio derecho en las causas para -en el mejor de los casos en que alguno de los miembros sea víctima directa- transformarlas en meras intermediarias entre esa víctima y el abogado.

Este fallo -que desoye importante jurisprudencia en contrario- ya fue esgrimido por la misma Sala II y por el TOF 5 para rechazar los recursos presentados por el colectivo Justicia Ya! reclamando por su derecho a contar con una cabeza de querella propia que le permita actuar en los debates orales con sus abogados.

El TOF 5, tribunal oral de Capital Federal que entiende en las mega-causas ESMA y Primer Cuerpo, ha decidido que sólo dos víctimas directas intervengan en forma plena en el debate a través de sus abogados y que éstos representen a todos los demás querellantes. De esta forma ya ha dejado de lado la representación colectiva, encarnada por las organizaciones, en los últimos 7 juicios elevados a la etapa oral: 4 de la causa ESMA y 3 de la causa Primer Cuerpo.

El reclamo de Justicia YA! está en la Corte Suprema de Justicia. Se solicitó una audiencia, ya que entienden que se está discriminando y excluyendo de las causas al más importante colectivo de querellantes organizados del país que sostiene desde su creación, que *la búsqueda de justicia, de verdad y de memoria no es un acto individual, es una lucha colectiva*.

30 de noviembre de 2008
Justicia YA!

Justicia YA! está integrado por:

Asociación Anahí; Asociación de Abogados Laboralistas, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina; Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista; Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Familiares de Desaparecidos, La Plata; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); HIJOS La Plata; HIJOS Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los
Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
En el exterior : Casapueblos (Madrid) - Campaña de Apoyo a los juicios contra los genocidas (España)

Condena incompleta para Aeronáutica

El Tribunal Oral 5 dictó la máxima pena para el coronel retirado Alberto Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, mientras que los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes recibieron 25 años de cárcel, por los secuestros, torturas y desapariciones en ese centro clandestino que funcionó en Morón desde el 24 de marzo de 1976 hasta igual fecha de 1978 y adonde iban a parar personas secuestradas en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

No obstante, ninguno de los tres torturadores irá preso en forma inmediata: los magistrados decidieron mantener la misma situación procesal de los condenados durante el juicio de manera que Comes y Mariani continuarán excarcelados y Barda, con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.

Fuentes judiciales que tras la lectura completa del fallo, el miércoles próximo, la querella apelaría esta medida para que la cárcel se haga efectiva.

Los jueces del Tribunal Oral 5, que llevan adelante el caso, dieron a conocer la sentencia minutos antes de las 19. Aunque la Corte Suprema de Justicia ordenó que las lecturas de los fallos sean difundidas por radio y televisión, las únicas cámaras autorizadas a ingresar a la sala al momento de la lectura de la sentencia, fueron las cámaras del mismo Tribunal.

El titular del TOF5, Guillermo Gordo, leyó las condenas a las que adhirió en disidencia parcial y amenazó dos veces con desalojar la sala, ante las primeras exclamaciones de algarabía de los presentes que celebraron la condena de los genocidas.

Barda fue condenado a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por ser coautor responsable de los delitos de “privación de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado”, según leyó el magistrado en relación a los crímenes de Analía Delfina Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro, ocurridos en el centro clandestino "La Cueva", que funcionó dentro del GADA que él comandaba, a la entrada de Mar del Plata y sobre la ruta 2.

En tanto Mariani y Comes deberán cumplir una pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que proceda por ser responsables de los delitos de privación de la libertad e imposición de tormentos agravados y reiterados, en el segundo caso.

En las puertas del TOF5, militantes de derechos humanos se concentraban para conocer el fallo que condena, por primera vez, a dos integrantes de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

APELACIÓN A LA EXCARCELACIÓN. Pese a que la querella había pedido prisión perpetua para Barda y 50 años para Comes y Mariani y el fallo de los jueces dictaminó 25 años para los dos últimos, los abogados del colectivo de organizaciones de derechos humanos Justicia Ya!, que representaron a las víctimas, van a apelar la situación procesal que los mantiene excarcelados y con prisión domiciliaria, en el caso de Barda.
"El riesgo de profugarse es inminente", una de las abogadas Justiucia Ya!, Liliana Mazea. "Nosotros entendemos que corresponde cambiar la situación procesal porque además de profugarse, pueden alterar la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas , en la que también están implicados", agregó.

Rafecas sigue un circuito represivo que además de la Mansión Seré, incluye varios centros clandestinos instalados en la zona en los que también estarían implicados los genocidas condenados hoy. "El Tribunal aplicó la legislación anterior y no entendió que la desaparición de Brit es un delito permanente y que se debe aplicar la sumatoria de delitos en base a la pena mayor que en este caso, da 50 años que es lo que pedimos", explicó, pero señaló que de todas formas "el único reproche es la excarcelación y la domiciliaria".

NO SABIA, NO FUI: NO LES CREYERON. Unas horas antes de que el juez Gordo pidiera un cuarto intermedio para dictaminar la sentencia, Mariani y Comes, ex jefes de las bases aéreas de El Palomar y Morón, respectivamente, y ex jefes del grupo de tareas 100 de la represión ilegal de la dictadura, hicieron uso del derecho a pronunciar sus palabras previas al veredicto y se declararon inocentes.

En cambio el coronel retirado Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, optó por el silencio.

“No cometí, no ordené, no prohijé, no consentí ninguno de los hechos" acaecidos en Mansión Seré”, dijo Mariani y agregó: “No quisiera estar en el lugar de los que han perdido algún ser querido".

El ex aeronauta recordó que "como jefe del grupo de tareas 100 no tuve la sensación de participar de una guerra" y señaló que sus superiores de la fuerza lo habían elegido a él para que rinda cuentas ante la Justicia, según su opinión, porque iba a resultar absuelto.

Por su parte Comes, aseguró que nunca tuvo conocimiento de lo ocurrido en el interior de Mansión Seré, “lugar al que jamás fui porque nunca estuvo bajo mi cargo", y comentó que se enteró de que allí funcionaba un centro de reclusión de secuestrados y torturas "seis años después de mi retiro, cuando lo enjuiciaron al brigadier (Orlando) Agosti en el juicio a las Juntas Militares".

Los jueces no les creyeron y condenaron al trío de ex militares a prisión perpetua y a 25 años de cárcel como había pedido el fiscal Félix Crous, la mitad de los 50 años de reclusión que solicitaron los querellantes representados por los abogados del colectivo "Justicia Ya" de defensa de los Derechos Humanos.

La Mansión Seré es uno de los centros de detención clandestina y torturas emblemático de la última dictadura militar. Una de las historias más conocidas vinculadas a ese lugar fue la fuga de los prisioneros Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, y Carlos García, quienes lograron escapar esposados y desnudos, en plena noche del 24 de marzo de 1978 y bajo la lluvia.

Videla fue trasladado a una cárcel común

Después de diez años de estar detenido en su casa, el juez Oyarbide decidió que el dictador cumpla su condena por robo de bebés en la unidad 34 del Servicio Penitenciario, ubicada en Campo de Mayo.

A los 83 años cumplidos en agosto pasado, Jorge Rafael Videla perdió este viernes el privilegio que se le concede a los criminales ancianos cuando una orden judicial originada a raíz de reclamos de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Secretaría de Derechos Humanos lo sacó de la prisión preventiva domiciliaria y lo mandó a la unidad penal de Campo de Mayo.

Pese a encontrarse dentro de la mayor unidad militar del país, no se trata de una prisión castrense sino bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, es decir que se trata de una cárcel común, tal como reclamaban desde siempre los organismos de derechos humanos y algunas áreas del propio Gobierno. El magistrado consideró que la Unidad Penitenciaria 34 del SPF, ubicada en el predio de Campo de Mayo, "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.

Videla perdió el estado militar en 1985, con la condena a reclusión perpetua del Juicio a los Comandantes que encabezaron el golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

Indultado en 1990 por Carlos Menem, el 10 de junio de 1998 volvió a la cárcel de Villa Devoto cuando el entonces juez de San Isidro, Jorge Marquevich, lo procesó por delitos que había sido expresamente excluidos de los beneficios de las Leyes del Perdón de 198687: la sustracción de bebés a padres en cautiverio y la entrega a gente vinculada a los represores.

La causa, promovida por un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, fue unificada luego en el Juzgado Federal 7 porteño, cuyo despacho atiende interinamente el juez federal Norberto Oyarbide luego de que Guillermo Montenegro lo dejara para hacerse cargo del área de seguridad capitalina.

En agosto pasado, las Abuelas encabezadas por su fundadora, Chicha Mariani, reclamaron ante este juzgado por el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y pidieron el traslado del ex dictador a una cárcel común.

Idéntica instrucción había dado a los abogados de su cartera, para que tramitaran en los juzgados, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos luego de la muerte por envenenamiento dentro de una unidad de la Prefectura del retirado Héctor Febres, horas antes de recibir condena judicial.

Videla afronta ahora, además de esta causa comúnmente conocida como "robo de bebés", otras causas que recobraron vida luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Entre estas figuran la abierta por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, obligados a firmar en cautiverio y tras ser torturados un convenio con una firma de Hong Kong, en el que estaba interesado el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Junto a su compañero de cacerías en Sudáfrica, entonces ministro del interior Albano Harguindeguy, los dos ministros de Videla están ahora procesados por Oyarbide, que también en esta causa envió al ex dictador a cárcel común a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.

La tercera de las causas penales que afronta Videla es la denominada "Plan Cóndor", que investigó la cooperación represiva entre las fuerzas armadas de la región para intercambiar detenidos ilegales, informaciones y operativos represivos.

En esta causa que fue esta elevada a juicio oral y público, ya están procesados decenas de altos jerarcas militares de la dictadura, entre ellos los generales Cristino Nicolaides, Domingo Bussi, Genaro Díaz Bessone, Santiago Riveros Ernesto Alais, Eugenio Guañabens Perelló, Juan Pablo Sáa, Carlos Landoni, Eduardo De Lío, Carlos Tragant y Leopoldo Flores.

De todos los juicios que deberá afrontar aun Videla, la de mayor envergadura es la denominada "Primer Cuerpo de Ejercito", que centraliza el juez federal 3, Daniel Rafecas, a incluye miles de hechos criminales ocurridos en esa gran unidad durante el terrorismo de Estado.

Uno de los juicios que en estos días está llegando a su fin en el Tribunal Oral de Federal 5, el juzgamiento de dos brigadieres y un coronel que comandaron los centros clandestinos de Mansión Seré y La Cueva, es un desprendimiento de dicha megacausa.

Respuesta de Adriana Calvo a Arslanian por Julio López

Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio".El ex ministro de Seguridad León Arslanian dice que Julio López está muerto porque después de dos años de intensa y prolija investigación, nada se sabe de él. El juez Arnaldo Corazza acuerda con que ésa es una posibilidad, aunque se propone continuar la pesquisa con la misma intensidad e idéntica prolijidad que hasta ahora. El doctor Gascón Coti, abogado de la familia López, opina en cambio que es necesario dirigirla a investigar a... Julio, para saber quiénes lo convencieron de declarar contra Etchecolatz. ¡Cuánto disparate! O, en realidad, ¡cuánto encubrimiento disfrazado de disparate!

Doctor Arslanian, doctor Corazza, ustedes no tienen derecho a mentir de esa manera, ustedes saben que la causa López es un monumento a la impunidad.
Monumento en el que ustedes pusieron sus mejores esfuerzos junto a los gobiernos provincial y nacional. Ustedes saben desde hace mucho tiempo que a Julio lo secuestró la policía y ¿aceptaron, se resignaron, acordaron? que los autores quedaran impunes a cambio de la "gobernabilidad de la fuerza".

Doctor Gascón Coti, lo decimos una vez más tan públicamente como lo venimos haciendo hace 24 meses: Julio López fue un militante, un luchador en los '70. Julio sufrió durante más de 20 años lo mismo que muchos, muchísimos, sobrevivientes: el silencio obligado por oídos que se negaban a escuchar. Julio, a sus setenta y pico, volvió a ser un militante, un luchador, le dijo basta al mutismo y decidió enfrentar a sus torturadores. Y lo hizo buceando en su memoria, recuperando su historia al compartirla con otros sobrevivientes, recorriendo con ellos metro a metro cada lugar de detención,
hora a hora cada día de cautiverio. Lo hizo conectándose con las familias de sus compañeros de prisión, participando de actos por la justicia y también, denunciando a sus verdugos ante los estrados judiciales. Con gusto, con orgullo, repetimos una vez más todo lo que sabemos de Julio, no nos cuesta recordar qué hacía, en qué andaba, con quiénes, porque, paradójicamente, su ausencia significa, al menos para nosotros, una presencia permanente.

Si por ese motivo usted pretende acusarnos de su secuestro aduciendo que nada hicimos para cuidarlo, merecerá el mismo repudio que merecieron los dictadores cuando señalaban a las madres como responsables de la desaparición de sus hijos.

Si, en cambio, a quien acusa de no cuidar a Julio ni a los miles de testigos ni a los centenares de miles de luchadores populares que también tomaron en sus manos esta pelea contra la impunidad de los genocidas es al gobierno nacional y al gobierno provincial por no haber separado de las fuerzas
armadas, de seguridad y de Inteligencia a los torturadores, por permitir que más de 9000 efectivos de la Bonaerense de la dictadura sigan en actividad, por no haber desarmado la red de complicidades que abarca a muchos más, en ese caso, doctor Gascón Coti, recibirá todo nuestro apoyo.

AEDD, LADH, CTA La Plata, Asociación Anahí, Unión por los Derechos Humanos La Plata, Fidela, Ceprodh, CAJ, Hijos La Plata, Liberpueblo, Cadhu, integrantes de Justicia Ya!

COMUNICADO . Ante la agresión de testigo contra militares genocidas

El pasado domingo 31 de agosto de 2008, nuestro compañero, Mario Galvano, sobreviviente, testigo y querellante en la denominada Causa Mansión Seré, desprendimiento de la Megacausa 1er. Cuerpo de Ejército, fue víctima una vez mas de una agresión física en la puerta de su casa en el barrio de San Telmo que incluyo amenazas de muerte reiteradas con exhibición de arma de fuego por parte del agresor. Este, Juan Manuel Sánchez Toranzo, no es otro que el hijo del Tte. Coronel (Re) Carlos Sánchez Toranzo.

Es de destacar que este último se encuentra imputado en diversos aberrantes delitos en, justamente, la causa 1er. Cuerpo de Ejército. Basta recordar que a Pablo Díaz, sobreviviente de "La Noche de los Lápices" le dijo "A Claudia Falcone y a esos pibes no los busquen mas, ya están todos fusilados". La semana pasada cuando se inicio el juicio oral por la Mansión Seré, fue Mario Galvano quien aporto en su testimonio ante los jueces del TOF 5 los datos necesarios para esclarecer los hechos que se investigan y juzgan. Al juicio llegaron los represores Comes, Barda y Mariani por sus propios medios ya que dos de ellos gozan de libertad y el tercero de prisión domiciliaria. Los abogados querellantes de Justicia Ya! solicitaron al tribunal la inmediata detención de los imputados y el cese del arresto domiciliario, considerando que desde ese momento en más, la seguridad de los testigos se vería seriamente afectada dado que terminada la audiencia tanto los represores como los querellantes, testigos y abogados compartirían el espacio público con la evidente amenaza que ello representa. A esta petición se opuso, inexplicablemente, el fiscal Félix Crous aduciendo que hasta el momento no se habían registrado incidentes que supusieran que la continuidad de las condiciones de libertad de los acusados fuesen a poner en peligro la integridad de querellantes y testigos.

Pues bien, queda palmariamente demostrado a partir de los hechos del domingo que tal aseveración es absolutamente falaz y que la trama de impunidad hasta hoy reinante les permite a los asesinos y torturadores de ayer moverse con total libertad hoy. Es de destacar que el agresor de Mario Galvano, se retiró del lugar de los hechos auxiliado por otras dos personas que se conducían en un automóvil blanco que lo esperaba en las inmediaciones dándose a la fuga a toda velocidad. Todo esto presenciado por gran cantidad de testigos que expresaron su repudio presentándose espontánea y voluntariamente a radicar la denuncia correspondiente. Hoy, con estos nuevos elementos, se volverá a insistir en que se detenga a los imputados, que se termine con su situación de privilegio y se los aloje en el lugar que les corresponde, una cárcel común. Esa será la única garantía de seguridad que testigos y querellantes tendrán si no queremos que lo de Julio López vuelva a repetirse.

Justicia Ya! Bs. As Septiembre 2, 2008 Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Exterior ; Campaña de Apoyo a Juicios – Casapueblos

Repercusiones en Madrid de la sentencia contra Bussi

Bussi : El fiscal Terraf también solicita cárcel común

El fiscal federal, Alfredo Terraf, lamentó este viernes que el represor sentenciado, Antonio Bussi, continúe en prisión domiciliaria. Señaló que "a pesar de haber sido declarado culpable de delitos de lesa humanidad, sigue en el country".
El fiscal de la provincia argentina de Tucumán expresó al programa La Mar en Coche, de FM La Tribu, que "a los efectos prácticos, el juicio no ha cambiado la situación de (Antonio) Bussi".

Alfredo Terraf es el fiscal que intervino en el reciente juicio que condenó a prisión perpetua a Luciano Menéndez y Antonio Bussi por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina.

Terraf explicó que "también forma parte de la justicia que la gente vaya a donde tiene que ir cuando comete un delito".

Además, Terraf indicó que eligió dar vuelta su silla durante las declaraciones finales de Bussi como una forma de repudiar sus expresiones.

El fiscal informó que "hay 600 causas abiertas y en trámite en Tucumán (por crímenes de la dictadura)". Comentó que "por lo menos dos llegarán a juicio antes de fin de año a tribunales".

Las condiciones de detención de los condenados se confirmarán el próximo jueves. Terraf pidió que los represores cumplan su condena en una cárcel común.

Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua

En un clima de máxima tensión, el Tribunal Oral Federal dictó la condena de prisión e inhabilitación perpetua y costas a los ex jerarcas de la dictadura Antonio Domingo Bussi, de 82 años, y Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, imputados en la causa que investiga la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, pocos días después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Al ex gobernador de Tucumán se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria por haber cumplido mayoría de edad, lo que generó la ira y ocasionó incidentes frente a la sede judicial a raíz de choques entre miembros de las fuerzas de seguridad y de organizaciones humanitarias y partidos de izquierda.

En tanto, el lugar de detención del represor Menéndez aún será definido por el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, pero se descarta que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército volverá a Córdoba, donde ya fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.

Ambos estaban acusados de “privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, torturas y tormentos reiterados, condiciones tortuosas de detención, desaparición forzada de persona, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio”, en el marco de los delitos de lesa humanidad contemplados por los pactos y convenciones internacionales, que declaran imprescriptibles estos hechos.

Dentro de una semana, los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Josefina Curi, del Tribunal Oral Federal de Tucumán- darán a conocer los fundamentos del veredicto.

En los alegatos, el fiscal federal general Alfredo Terraf había reclamado la prisión perpetua de los acusados en el penal común de Villa Urquiza, revocándose así el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozan.

"No les queda otra alternativa que la cárcel común. Es una burla que una persona que está acusada por delitos de lesa humanidad siga en un country, porque ambos están en condiciones físicas y psíquicas de estar un penal. La edad no da derechos ni privilegios", había destacado el fiscal.

En tanto, la defensora oficial de Bussi, Amalina Assaf, había planteado la absolución de su cliente o, en caso de que sea condenado, que se mantenga la detención en el country donde vive, mientras el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau, había pedido la absolución lisa y llana.

Este fue el primer juicio oral que se realiza en Tucumán por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

Bussi y Menéndez -recientemente condenado a reclusión perpetua en un juicio en la provincia de Córdoba- están acusados en unos 600 expedientes y ya están procesados en una veintena de ellos.

Bussi fue jefe de la V Brigada de Infantería de Tucumán entre diciembre de 1975 y 1977 y, desde el golpe de Estado de 1976, ejerció la intervención militar de la provincia.

Con la restauración democrática, fundó el partido Fuerza Republicana por el que fue elegido gobernador de Tucumán, cargo que ocupó de 1995 a 1999.

Menéndez fue general del Ejército y tuvo a su cargo el III Cuerpo de la fuerza con asiento en la mediterránea provincia de Córdoba entre 1975 y 1979. Varios centros clandestinos de detención, entre ellos "La Perla", estuvieron bajo su control.

Condenan a Antonio Bussi y a Menéndez a perpetua por crímenes de lesa humanidad

Los represores y ex militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, en tanto que el tribunal que los juzgaba difirió la decisión de si cumplirán condena en cárcel común o será con prisión domiciliaria. Durante la lectura, el presidente del tribunal detalló que los jueces habían decidido “diferir el pronunciamiento de la forma de prisión, manteniéndose la instancia de prisión preventiva”. Eso se sabría recién el 4 de septiembre a las 10.30, cuando den a conocer "la lectura de los fundamentos" de la condena.

Por ese motivo, se produjeron incidentes y enfrentamientos en la puerta del tribunal entre policías y militantes de grupos ligados a organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de izquierda, quienes querían que los ex militares fueran condenados a cumplir sus penas en cárcel común.

En ese sentido, Menéndez ya cumple condena en una unidad penitenciaria de Córdoba, donde había sido condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la llamada Causa Brandalisis, en tanto que Bussi goza del beneficio de la prisión domiciliaria en un country de Tucumán .

De acuerdo al fallo, ambos represores fueron condenados por ser cada uno “coautor inmediato y penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegitima de libertad agravada, imposición de tormentos agravada, homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado con dos o más participes a fin de logar impunidad, todo en concurso real calificándolos como delitos de lesa humanidad”.

Horas antes, Bussi volvió a acusar al fiscal de realizar "falsas incriminaciones" en su contra antes de que se conozca la sentencia por la desaparición de un ex senador en Tucumán.

Bussi fue el primero en hacer uso de la palabra antes de que se anuncie el fallo por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas en 1976, quien el ex represor dijo: “No lo vi nunca en mi vida”.

“Un poco más de oxígeno”, pidió Bussi en reiteradas ocasiones y el fiscal Terraf le dio la espalda.

Causas

Capital Federal:

- Causa Nro. 1056. La desaparición de la familia Poblete. Condenado: Julio Héctor Simón. Fecha de la sentencia: 11/8/2006

- Causa Nro. 6859/98. El juicio contra el 601 por secuestros de la Contraofensiva. Condenados: Cristino Nicolaides, Luis Jorge Arias Duval, Carlos Gustavo Fontana, Juan Carlos Gualco, Pascual Oscar Guerrieri, Waldo Carmen Roldán, Antonio Herminio Simón. Fecha de sentencia: 18/12/2007. La causa tramitó por código viejo.

- Causa Nro. 11.669/2001. Causa por la apropiación de una niña. Condenados: Osvaldo Arturo Rivas, Enrique José Berthier, María Cristina Gómez Pinto. Fecha de sentencia: 4/2008.

- Causa Nro. 16441/02. Causa por la Masacre de Fátima. Condenados: Carlos Enrique Gallone y Juan Carlos Lapuyole. Fecha de sentencia: 18/7/2008.

La Plata

- Causa Nro. 2251/6. Miguel Osvaldo Etchecolatz. Fecha de sentencia: 26/9/2006.

- Causa Nro: 2506/7. Condenado: Cristian Federico Von Wernich.

Posadas

- Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Fecha de sentencia: 13/7/2008

Córdoba

- Causa Nro. 13172. Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Lardone, Luis Alberto Manzanelli y Jorge Exequiel Acosta.

Corrientes

- Causa Nro. 276/4. Condenados: Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito, Rafael Julio Manuel Barreiro, Raúl Alfredo Reynoso.

Tucumán

- Causa Nro: Nº 262/76. Condenados: Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi.

Juicio orales en trámite

Capital Federal

- Causa Nro 14216/3: Pedro Alberto Barda, César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani. Comenzó el 21 de agosto.

Neuquén

- Hilarión De La Pas Sosa, Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera. Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Mario Alberto Gómez Arenas, Sergio Adolfo San Martín, Julio Oviedo, Braulio Olea. Comenzó el 20 de agosto.

Prisión perpetua para Menéndez y en cárcel común

Uno de los represores más crueles de la dictadura

El hoy anciano represor Luciano Benjamín Menéndez, condenado en la tarde del jueves a prisión perpetua, era llamado "Cachorro" cuando decidía sobre la vida y la muerte de miles de secuestrados en diez provincias argentinas durante la última dictadura, como jefe del denominado Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba.

Menéndez, hoy de 81 años, llegó a su cargo en el poderoso Tercer Cuerpo del Ejército en septiembre de 1975 y lo ejerció hasta el mismo mes de 1979, con epicentro de operaciones en la capital cordobesa, donde hasta ahora se encontraba con prisión domiciliaria.

La influencia del jerarca, considerado uno de los represores más crueles de la dictadura, alcanzaba además de Córdoba, a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Menéndez comandó unos 60 centros clandestinos de detención en esas provincias, incluido el de La Perla, en Córdoba, donde desaparecieron unas dos mil personas.

Indultado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem, Menéndez se volcó a la arena política: en 1998 fundó el partido "Nuevo Orden Republicano", de tinte ultraderechista y aún ahora en actividad.

Después de ser procesado en 1988 por 47 homicidios, 76 torturas a detenidos y 4 robos de bebés, quedó fuera de la causa judicial beneficiado por la ley de Punto Final, actualmente anulada y declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Días antes de ser sometido al primer juicio oral de su vida, en el ’90, fue indultado por Menem y nunca más volvió a prisión, hasta que en el 2003 se le dictó la captura por las causas pendientes en su contra que habían sido frenadas por la ley de Punto Final.

En el plano internacional, fue requerido por la justicia europea, tanto en Italia como en las causas llevadas en España por el juez Baltasar Garzón, quien llegó a pedir su extradición.

En 1979 protagonizó una rebelión militar y se opuso a la designación de Roberto Viola como sucesor de Jorge Videla, que terminó en un mayúsculo papelón y su retiro de la milicia activa. Menéndez nunca mostró sentirse arrepentido por los crímenes de los que es responsable.

Lejos de ello, siempre reivindicó el accionar represivo de la última dictadura.

Este jueves, al hacer uso de la última palabra, antes de la sentencia frente a los jueces del Tribunal Federal N 1 de Córdoba avaló el terrorismo de Estado al manifestar que se trataba de una "guerra para salvar a la patria del comunismo".

"Ostentamos el dudoso mérito en ser el primer país en el mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas", agregó el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército actualizando la "teoría de dos los demonios", una de los argumentos preferidos de los integrantes de la última dictadura.

En mayo del 2000, al argumentar su negativa a declarar en una de las causas iniciadas por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, Menéndez respondió "No, en absoluto", cuando se le preguntó si estaba arrepentido por su accionar como comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, entre 1975 y 1979.

El represor fue condenado este jueves a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos en la "causa Brandalisis", por encontrarlo la justicia penalmente responsable del secuestro, tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes políticos, ocurridos en 1977.

Revocada su prisión domiciliaria por el tribunal, el "Cachorro" Menéndez, pasará el resto de sus días en una cárcel común dependiente del Servicio Penitenciario.

Los aspectos principales de la sentencia que condenó a Menéndez

El Tribunal Federal Oral 1 condenó este jueves, con severas penas y cárcel común, a Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete represores por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio" de cuatro jóvenes militantes políticos en 1977 en Córdoba.

Los aspectos principales de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, son los siguientes:

Se declara a Luciano Benjamín Menéndez como coautor responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia por la duración -más de un mes- y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada.

También por la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima -cuatro hechos en concurso real- y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes -cuatro hechos-.

Por tales delitos se le impone pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesoria legales y costas; como consecuencia se le revoca la prisión domiciliaria y se ordena su inmediata detención en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.

La prisión perpetua también alcanza a Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Lardone, como coautores de iguales delitos imputados a Menéndez.

Hermes Oscar Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a 22 años de prisión, y Carlos Alberto Vega a 18 años, como coautores mediatos en tres hechos por privación ilegítima de la libertad y cuatro hechos de imposición de tormentos con las mismas características impuestas para Menéndez, aunque ninguno de los tres fueron imputados por homicidio.

Todos los condenados serán trasladados al complejo penitenciario de Coger, ubicado a unos 18 kilómetros de la capital de Córdoba, ya que el tribunal resolvió revocar todos los beneficios de prisión domiciliaria y excarcelación que gozaban antes del juicio.

Por otra parte, el tribunal rechazó los ocho planteos que durante el debate habían formulado por los defensores de los imputados, como los casos de incompetencia del tribunal e inconstitucionalidad del juicio, entre otros.

Ocho represores irán a juicio oral por delitos de lesa humanidad en El Vesubio

Están procesados por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura. Lo definió el magistrado Daniel Rafecas, en el marco de la "megacausa" en la que investiga gravísimas violaciones a los derechos humanos.

La causa fue reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final. La nómina de represores que deberán sentarse en el banquillo de los acusados la integran el ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli; el ex general de brigada Héctor Gamen, alias "Beta"; el ex mayor del Ejército Pedro Alberto Durán, alias "Delta"; y otros cinco ex agentes del Servicio Penitenciario Federal. Junto a los ex jefes militares también están procesados -en una medida confirmada por la Sala I de la Cámara Federal- los ex agentes penitenciarios Ramón "Pancho" Erlán, Roberto "Sapo" Zeolitti, Diego "Polaco" Chames, Alberto "Alemán" Neuendorf y José "El Paraguayo" Maidana. En una resolución de alrededor de 600 páginas, el magistrado cerró la etapa instructoria y dispuso la elevación al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) para que se sustancie el proceso respectivo.

En el debate los represores deberán afrontar la acusación por el secuestro y torturas de 156 personas que se encontraban en cautiverio ilegal en el centro clandestino de detención que funcionó en la bonaerense localidad de La Matanza, entre 1976 y 1978. En un extenso fallo, el juez Rafecas recordó que en "El Vesubio" los prisioneros eran sometidos "a condiciones de cautividad infrahumanas" donde, al ingresar, se les asignaba un "código personal" en sustitución de sus nombres y se les "aplicaba torturas físicas".

Entre quienes padecieron los tormentos de los represores se encuentra el historietista Héctor Oesterheld (quien, según testigos, en su ilegal cautiverio no dejó de escribir las obras con cuya publicación soñaba) junto a los escritores Haroldo Conti y Raimundo Gleyser. En esos centros clandestinos -a los que el magistrado alguna vez parangonó con los campos de concentración del nazismo- las víctimas estaban privadas "de alimentación suficiente, de la posibilidad de higienizarse, de atención médica" y las humillaciones llegaban al extremo de obligarlos a exhibirse y deambular desnudos. Esta elevación a juicio, recordaron allegados a la investigación, se suma a la ya efectuada el mes anterior por Rafecas respecto de los centros clandestinos de detención conocidos como "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo" con 15 represores por el secuestro y torturas de otras 200 personas. Entre esa decena y media de procesados se encuentran el ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, conocido como "Mayor Guastavino", el ex subcomisario Samuel "Cobani" Miara; y el comisario Roberto Antonio "Clavel" Rosa.

Final del formulario

La Cámara confirmó la condena del genocida Cristino Nicolaides

La Sala Segunda de la Cámara Federal porteña confirmó la condena a 25 años de cárcel del ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides y a un grupo de coroneles que integraban durante la dictadura el Batallón 601 de Inteligencia.

La Cámara Federal porteña confirmó la pena de 25 años de prisión aplicada en primera instancia al ex jefe del ejército, general Cristino Nicolaides, en la causa en se juzgó la desaparición en 1980 de un grupo de militantes montoneros organizada y concretada por integrantes del batallón 601 de inteligencia, informaron fuentes judiciales.
El fallo, de la sala 2, confirmó también el dictado por el juez federal Ariel Lijo en diciembre del año pasado cuando impuso penas a 25 años de prisión al coronel Luis Arias Duval; a 23 años para Waldo Carmen Roldán; a 21 años para Carlos Gustavo Fontana a 21 años y a 23 años al agente civil Julio Héctor Simón, conocido como el Turco Julián.

En tanto, al coronel Pascual Guerrieri, cuyo nombre encabezó la causa 26.349, el fallo de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun lo benefició con una reducción de la pena de 20 a 16 años de prisión, aunque manteniéndole como a todos la inhabilitación especial por 10 años.

El fallo de alzada confirmó que los militares y auxiliares integraban una asociación ilícita "destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional" y que los crímenes cometidos se inscriben en la categoría de "lesa humanidad".

Consideró que la asociación ilícita operaba "con una organización militar o de tipo militar, que disponía de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad".

También que esa organización "concurre en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad calificada, por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por ley".

Estos delitos fueron cometidos en perjuicio de Angel Carbajal, Julio Cesar Genoud, Verónica María Cabilla, Lia Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky.

Se trataba de militantes que integraron la denominada "contraofensiva" montonera de mediados de 1980 y de cuya detención y aniquilación se vanaglorió públicamente en abril de 1981 el general Nicolaides, que entonces se desempeñaba como comandante del III Cuerpo del Ejército.

La cámara confirmo que durante el juicio "se ha probado que entre esas personas que fueron interceptadas y secuestradas por personal del Ejército Argentino en distintas zonas del país se hallaban las víctimas de los hechos materia de este pronunciamiento, de las cuales varias fueron mantenidas en situación de detenidas dentro de centros clandestinos".

Los procedimientos, añaden los camaristas, fueron realizados "mediante la intervención clave del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, tanto en la obtención de la información necesaria para localizar a estos individuos, así como en los operativos que culminaron en su privación de libertad y en la forma en que aquellos fueron albergados en centros clandestinos, con objetivos y modalidades cuidadosamente planificadas".

Nicolaides está siendo juzgado en estos días en otro juicio por desaparición de presos políticos en el regimiento 9 de Infantería de Corrientes. La Cámara confirmó que el ex militar, que ocupó la jefatura del ejército luego de la guerra de Malvinas, deberá cumplir su pena de prisión, que es domiciliaria por tratarse de un octogenario, hasta el año 2027.

Las secuelas de Febres

El Consejo de la Magistratura postergó su decisión sobre la acusación contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, por su responsabilidad en la muerte de Héctor Febres.

Estuvieron presentes en la sesión miembros de la agrupación Justicia Ya!, entre quienes se encuentran víctimas de este represor, que expusieron sus argumentos contra los magistrados que tenían a su cargo a Febres mientras cumplía su prisión preventiva y había comenzado a ser juzgado.

Durante la audiencia, los consejeros consideraron los dictámenes de la Comisiónla Resolución 156, referida a Torres y a Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías del TOF 5, la abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, pidieron ser escuchados. La letrada comenzó enfatizando que el TOF 5 “sigue tratando causas importantes como ESMA y Primer Cuerpo como si nada hubiera pasado”.

Mencionó que pasaron 22 meses de la desaparición del testigo Julio López, lo que impactó en el público, y que los represores detenidos tienen “condiciones escandalosas de privilegio”. Además de recordar que Febres se iba de vacaciones, Bregman recordó que Alfredo Astiz tenía una oficina en el Hospital Naval.

La Comisión de Disciplina y Acusación ya había desestimado la denuncia de Justicia Ya! que pedía enjuiciar a los jueces por haber faltado a su deber de guarda de Febres, que apareció envenenado con una dosis altísima de cianuro en su lugar de encierro VIP. Según Bregman, el dictamen sienta “un precedente terrible también para los presos comunes”, porque estableció que “el juez no es custodia del detenido”.

A su turno, Lordkipanidse dijo que “convalidar este funcionamiento de los jueces es avalar la impunidad”. Los consejeros les respondieron que las razones expuestas “ameritaban la reconsideración” del dictamen cuestionado.

Por Adriana Meyer (Página12)

Comunicado de la AEDD : la complicidad del Tribunal TOF5 con la impunidad

JUSTICIA EN FASCÍCULOS: *LA ENCICLOPEDIA DE LA IMPUNIDAD*

El próximo 20 de agosto se cumplirán 32 años desde aquella noche de 1976 en la que las fuerzas represivas que operaban en el Centro Clandestino de Detención de Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal -conocida como Coordinación-llevaron adelante la Masacre de Fátima. Asesinaron a 30 compañeros. Todos ellos se encontraban detenidos-desaparecidos en ese campo de concentración, allí mismo fueron inyectados con pentotal, y luego "trasladados" hasta el kilómetro 62 de la ruta 8, en Fátima, Partido de Pilar, donde fueron fusilados y sus cuerpos dinamitados.

El represor Miguel Angel Timarchi es uno de los responsables de la Masacre de Fátima, y *fue absuelto por los jueces cómplices del TOF Nº 5*en una sentencia que representa un punto más en la larga cadena de impunidades que sostienen los poderes del Estado respecto de las violaciones a los derechos humanos.

El comportamiento de este Tribunal –integrado por los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías-* no nos es ajeno:

*Fascículo 1*
El 5 de agosto de 2006 el TOF 5 condena al genocida Turco Julián a 25 años de prisión. En los fundamentos de la sentencia reivindica la *"teoría de los dos demonios"*.
*Fascículo 2*
Desoyendo los insistentes pedidos de la querella patrocinada por los abogados de Justicia YA!, a fines de 2007 el TOF 5 sostiene las condiciones de detención de privilegio del *genocida Héctor Febres* hasta que éste es asesinado, nuestro *pedido de juicio político* por esa actitud sigue sin ser resuelta por el *Consejo de la Magistratura* que levantó la sesión del jueves pasado para evitar que la presenciáramos
*Fascículo 3*
El TOF 5 lleva adelante como política el *desmembramiento de las causas*, los juicios orales que sustancia son tramos minúsculos, desguazados, en los que se juzga a pocos represores por un ínfimo número de compañeros desaparecidos, intentando diluir la magnitud del genocidio ocurrido en nuestro país*.
*Fascículo 4*
En abril de 2008 el TOF 5 dicta sentencia por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán: una *irrisoria condena de 8 y 7 años a los apropiadores* Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, y una también irrisoria condena de 10 años al genocida que la secuestró y entregó*: Enrique José Berthier.
*Fascículo 5*
El TOF 5 decide *negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a organizaciones de derechos humanos y querellantes particulares, el *derecho a tener voz en los siguientes debates orales de la causa ESMA*.
*Fascículo 6*
El Tribunal Oral Federal Nº 5 llega al extremo de decir que la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos tiene un "interés difuso" sobre los hechos* cuando la mayoría de nosotros somos sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura, somos testigos y querellantes en las causas penales en trámite en la actualidad, además de haberlo sido en las que se sustanciaron en el país antes de 1987, en el exterior posteriormente, y en los juicios "por la verdad" durante el reinado absoluto de la impunidad.
*Fascículo 7*
El TOF 5 impide a las Madres usar su pañuelo en la Sala y también *prohíbe la transmisión en vivo de las audiencias*, anulando el derecho de miles de argentinos de seguirlas desde todo el país, tal como lo hicieron durante los juicios a los genocidas Miguel Osvaldo Etchecolatz y Cristian Federico Von Wernich. A cambio, ofrecen los "servicios fílmicos" de la Policía Federal, que se ocupa de registrar y procesar todo el desarrollo del debate.
*Fascículo 8*
El viernes 11 de julio de 2008, el TOF 5 absuelve al genocida Timarchi.

¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Repudiamos enérgica y públicamente la Sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 5 en el juicio por la Masacre de Fátima.

Juicio a todos los genocidas. Condena por todos los compañeros! Juicio Político a los jueces del TOF 5!

Aparición con vida YA de Julio López!

No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos

ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS*

Ampliaron el procesamiento de Videla por robo de bebés y ratificaron el juicio oral

La Cámara en lo Criminal Federal confirmó ayer la ampliación del procesamiento del ex dictador por la sustracción de menores durante el último gobierno militar y ratificó que será juzgado en forma oral y pública.

Videla, quien había sido procesado como "autor mediato" de cinco sustracciones, retenciones y ocultamiento de hijos cuyos padres estuvieron en centros clandestinos de detención, sumó otros 21 casos dentro del denominado "plan sistemático" para el robo de bebés. La Sala I de la Cámara volvió a rechazar planteos de "cosa juzgada" y "prescripción" de la defensa de quien fuera el jefe de la primera junta militar que gobernó al país durante la dictadura, desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. La defensa de Videla pretendía que fuera sometido a las reglas del sistema escrito, pero el tribunal sostuvo que no se debía aplicar el procedimiento vigente al momento de los hechos, sino el que rige al momento del juzgamiento.

El 13 de julio de 1998 Videla había sido procesado por la sustracción, ocultamiento y retención de los menores Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D’Elía, los inscriptos como María Sol Tetzlaff Eduartes y Pablo Hernán y Carolina Bianco Wherli. Los casos por los que ahora se confirmó el procesamiento de Videla son los de Paula Eva Logares (inscripta como Paula Lavallén) Simón Antonio Riquillo, Anatole y Eva Julian Grisonas, Hilda Victoria Montenegro, Clara Analía Mariano y otros que permanecen desaparecidos. Sus padres fueron secuestrados y estuvieron detenidos en una Comisaría de La Plata, el Pozo de Banfield, La Cacha, Automotores Orletti, El Vesubio y El campito, ubicado dentro de Campo de Mayo.

Las madres, que en su mayoría llegaron embarazadas al lugar de detención y están desaparecidas son Inés Ortega de Fossatti, Elena de la Cuadra, María Casstellini, Stella Maris Montesano de Ogando, Gabriela Carriquiriborde, Yolanda Casco, María Artigas de Moyano, Aída Sáenz Fernández, Mónica Grispon de Logares, Laura Estela Carlotto, María Corvalán de Suárez Nelson, Sara Rita Méndez, María García Iruretagoyena, Victoria Grisonas, Liliana Delfino, Norma Tato de Barrera, Silvia Quintela y Rosa Taranto de Altamiranda.

Los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah expusieron que "puede considerarse autor (mediato) de un hecho criminal al jefe que, a través de un aparato de poder, domina la voluntad del ejecutor (subordinado al jefe)". Agregaron que "en el caso puntual de Jorge Rafael Videla su posición en la cúspide de la cadena de mandos le ha permitido, a través de sus órdenes, el manejo del aparato de represión ilegal que sirvió de herramienta para que estos delitos fueran cometidos". El tribunal señaló que existen pruebas suficientes para afirmar que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad". Como "elementos comunes" de los delitos se acotó que "todos los menores sustraídos eran hijos de personas que fueron secuestradas en procedimientos ilegales efectuados en el marco del aparato de represión clandestina, ejecutados por subordinados al ejército" y que las víctimas "fueron conducidas a centros de detención ubicados en lugares bajo jurisdicción de esa fuerza". Sobre la existencia de un plan, el tribunal analizó que "todos los casos obedecían a una misma metodología en cuanto a cómo debía procederse con las embarazadas detenidas, los nacimientos en cautiverio y menores sustraídos", para "asegurar que, finalmente, llegasen a manos de determinados matrimonios", vinculados a las fuerzas militares, "quienes los inscribían como hijos biológicos".

---"en el intento desmedido de querer cortar todo rastro con la verdadera familia y callar todo reclamo, no se reconocieron límites: asesinaban, salvo excepciones, a las madres; y ello ocurría al poco tiempo de dar a luz o de ser separadas de sus hijos" mientras que "los padres ya habían corrido esa misma suerte tiempo antes". Para la Cámara "no sólo se trató de avalar lo que realizaban sus subordinados, sino que, antes bien, estamos ante órdenes precisas impartidas para que se procediera de un determinado modo y en busca de un resultado concreto y permanente, pues el plan original era que nunca se supiese el destino de estos niños". El tribunal concluyó que, para asegurar el robo de bebés, "se pusieron a disposición todos los elementos necesarios: hospitales, médicos militares, enfermeros, inscripciones falsas en los registros civiles, testigos falsos para las actas de nacimiento, selección de las parejas que querían adoptar bajo estas condiciones clandestinas a las criaturas" y otros. "Resulta evidente, que nada de ello hubiese sido posible sin las órdenes directas y secretas de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas", quienes "no desconocían que, desde el primer momento de la dictadura, se robaban bebes, pues ellos mismos fueron quienes así lo quisieron". De otro modo, para los camaristas "no se explica cómo fue posible el armado de tan gigantesca estructura, coordinación de personas, colaboración entre las distintas fuerzas armadas nacionales, internacionales y de otros organismos nacionales y la repetición de numerosos casos iguales". Se destacó que "tampoco puede perderse de vista que esta metodología, aún pasados treinta años, sigue manteniendo sus funestas consecuencias, pues siguen jóvenes sin ser encontrados pese al incesante y continuo intento de los familiares y las autoridades judiciales por hallarlos". Videla, recordó el tribunal, fue quien ejerció el cargo de Comandante en Jefe del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978, "período en que comenzaron a cometerse estos sucesos".

Prisión perpetua para el asesino de Carlos Fuentealba

Miles de docentes aguardaron el resultado de la sentencia que despertó, una vez conocida, múltiples escenas de emoción y de desahogo.

Los jueces emitieron la condena sobre la base de los testimonios recopilados en las audiencias, los peritajes realizados que acreditaron la muerte violenta de Fuentealba por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza y otras evidencias que fueron aportadas a lo largo del proceso.

Aseguraron que la autoría del crimen fue determinada por estos elementos probatorios y corroborado por la declaración de la docente Marcela Roa, que identificó claramente a Poblete como autor del disparo.

"Esta es una declaración de notable valor que se complementa con otros testigos que la respaldan", afirmó en su voto el presidente de la Cámara, Mario Rodríguez Gómez. Calificó la represión policial del 4 de abril del año pasado en la ruta nacional 22 donde fue herido de muerte Fuentealba como "exagerada e innecesaria".

Los tres jueces coincidieron en señalar que fue Poblete el que disparó su arma ubicado a no más de 7 metros de distancia detrás del vehículo que ocupaba Fuentealba.

Los magistrados rechazaron los planteos del defensor Ladislao Simón, que solicitó la nulidad del proceso por entender que era fraudulento.

El fallo condenó a Poblete como "autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego agravado por alevosía en concurso ideal, artículo 80, inciso segundo y nueve, 41 bis y 54 del Código Penal".

La pena es de prisión perpetua más la inhabilitación absoluta perpetua y costas del proceso al unificarse una condena anterior por vejaciones.

El secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación -ATEN-, Marcelo Guagliardo, aseguró a los docentes reunidos en la calle que "habíamos dicho que Poblete era el autor material del fusilamiento de Carlos y lo logramos pero ahora vamos por (Jorge) Sobisch", dijo en alusión al ex gobernador de la provincia.

Dijo que "no estamos festejando porque nada nos devuelve a Carlos pero tenemos que reconocer que no peleamos en vano".

"Hemos dado un ejemplo de lucha en procura de una unidad que hiciera posible que esto que parecía impensado se pudiera hacer realidad", señaló.

Guagliardo convocó a todos los trabajadores y sectores a seguir el reclamo para que "el ex gobernador Jorge Sobisch vaya a la cárcel por ser el responsable político y el que dio las órdenes de matar".

Anticipó que van a reclamar al gobierno de la provincia la disolución de los grupos especiales de la policía porque "las armas que usan son para matar, no para disuadir". Luego de un improvisado acto frente al edificio de la ex Legislatura donde se realizó el juicio, los manifestantes marcharon por el centro de la ciudad.

Juicios a los genocidas: Seguridad de los testigos

A partir de un encuentro en el que participarán funcionarios, diputados oficialistas y algunos jueces y fiscales que entienden en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, se reabre el debate acerca de la seguridad de los testigos que participan en esos procesos judiciales. El ejemplo más elocuente y aberrante del peligro al que están sometidos es la desaparición de Jorge Julio López, hace ya más de 21 meses.

En el matutino Página/12 se informó que hoy se llevará adelante una reunión en la que participarán el ministro de Justicia, Aníbal Fernández y Marcelo Saín, titular del programa Verdad y Justicia, encargado de velar por la seguridad de quienes atestiguan en los juicios contra los genocidas. También concurrirán integrantes de organismos de Derechos Humanos ligados al oficialismo así como legisladores kirchneristas y fiscales y jueces, entre los que se encuentra el magistrado Guillermo Gordo, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5 que tuvo a su cargo el juzgamiento de Héctor Antonio Febres, el torturador de la Escuela de Mecánica envenenado antes de que se le dictara sentencia. Todos ellos coincidieron en que deberá buscarse un "marco integral de protección de testigos".

El TOF 5 había sido dejado en evidencia por uno de los testigos contra Febres por permitir que la totalidad de las declaraciones fueran registradas por una cámara de la Policía Federal, aún cuando quienes estaban en los estrados fueran a denunciar a integrantes de esa fuerza por haber participado de sus secuestros. En noviembre del año pasado, Enrique Fukman formuló un reclamo a los jueces: "A mí se me ha informado que el juicio está siendo grabado por Policía Federal. Una de las personas que me secuestró era de esa fuerza. Estoy denunciando a la institución, la misma institución que me está grabando". El testigo le exigió al presidente del Tribunal que la Policía no filmara su testimonio. Sin embargo, la Justicia no aceptó. "Después de haber sido desaparecido Julio López hace ya un año, obviamente a nosotros no nos genera ninguna seguridad", sostuvo en esa oportunidad el integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). "La justicia argentina también es responsable de la seguridad de los testigos", sentenció.

Desde que se reiniciaron los juicios contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar, poca ha sido la seguridad con la que contaron los testigos. Jorge Julio López, querellante contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, fue secuestrado momentos antes de presentarse a los alegatos y aún sigue desaparecido. Ni la Justicia ni el Poder Ejecutivo ha brindado certezas sobre el caso López. También, sufrieron secuestros Luis Gerez y Juan Puthod. También, Felisa Marilaf que estaba bajo un régimen de protección fue secuestrada por horas y agredida. Sus captores no dudaron en pedirle el aparato celular que le había entregado el Servicio de Atención a la Víctima -demostrando que sabían perfectamente que lo tenía.

La abogada Myriam Bregman fue clara al explicar por qué los testigos son fundamentales. "Cada vez que hablan de testigo clave, nos tenemos que preguntar por qué son claves los testigos. Lo son porque este Gobierno sigue encubriendo a los genocidas, sigue preservando a las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia. Porque este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos no aportó una sola prueba en una sola causa que mande un genocida preso. Son los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, como nuestro compañero Jorge Julio López, los que siguen siendo fundamentales para encarcelar a los genocidas. En la Argentina no hubo apertura de los archivos de la represión. Son las víctimas las que tienen que seguir identificando a sus secuestradores". Son quienes pasaron por los centros clandestinos de detención y exterminio quienes deben relatar, una y otra vez, su calvario. Son ellos los que movidos a hacerlos "por los compañeros", como había reconocido López, los que quedan desprotegidos frente al poder, aún absoluto, de los genocidas.

Este marco en que son encarados los procesos judiciales lleva a que la cuestión sea planteada de forma más profunda. "La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura", sostuvieron los integrantes de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD).

Es claro que de la única forma en que los sobrevivientes podrían estar seguros al brindar su testimonio, su relato del horror es si se tomara el camino por el que hace décadas que luchan: "Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio".

FUENTE : ANRED

¿GRAN JUICIO DE LA ESMA?

No nos queda más remedio que salir al cruce de las temerarias afirmaciones que se vienen volcando en algunos medios acerca del "Gran Juicio de la ESMA" que se avecina. Considerando que se hace mención específica a la protección de los testigos de los juicios, en ese carácter y como querellantes en la causa, nos permitimos desautorizar a que se interprete por cuenta propia la mejor manera de "protegernos". La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura.

A casi cinco años de la anulación de las leyes de impunidad vemos con preocupación extrema que algunos sectores se refieren en términos cuasi halagüeños al juez Torres y destacan que envió a juicio oral a "casi una decena" (10) de represores por la desaparición de "casi una centena" (89) de compañeros. Olvidan señalar que eso ocurrirá solo si se acumulan en un único juicio oral cinco de los muchos tramos en los que despedazó la causa. Tampoco recuerdan que en la ESMA actuaron "centenares" de represores y que desaparecieron casi 5000 compañeros ¿Cómo pueden hablar de mega causa, de gran juicio de la ESMA, cuando aún unificando todos los tramos ya elevados a debate oral, solo se investigará a un minúsculo grupo de genocidas por un número reducidísimo de víctimas? Y que esto sea así es esencialmente responsabilidad del juez Sergio Torres. Porque desguazó en expedientes mínimos la causa sobre el campo de concentración con más pruebas: ya en el año 1979 los primeros sobrevivientes denunciaron públicamente a decenas de represores; poco después Víctor Basterra aportó a la justicia un dossier donde figuran las fotos, nombres, apellidos y grados de más de cien genocidas; en el juicio contra Scilingo llevado a cabo en Madrid se recopilaron y completaron los datos suficientes para rápidamente procesar a todos. Pero además, el juez Torres determinó que los pocos detenidos gozaran de prisiones de lujo en cuarteles de la propia fuerza o en sus propios domicilios. Así fue posible el asesinato por envenenamiento del prefecto Febres en la sede de la Prefectura de Tigre.

Al mismo tiempo que se difunden mentiras sobre la magnitud del futuro juicio oral, en el primero de los cuatro tramos elevados, el Tribunal Oral Federal Nº 5 ha decidido negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de DD.HH. querellantes, el derecho a tener voz durante el juicio. También se lo niega en el segundo y en el tercero y suponemos que lo hará en el cuarto. Y lo hace a pesar de saber (¿o porque sabe?) que este colectivo es el único que pide condena por genocidio y la acumulación de todos los expedientes en un solo juicio oral. Va de suyo que apelaremos hasta llegar a la Corte Suprema estas resoluciones arbitrarias de los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, pero no podemos dejar de mencionar que aparece como represalia a nuestro pedido de juicio político por su responsabilidad en no haber evitado que sus cómplices de ayer y de hoy asesinaran al genocida Febres cuándo y cómo quisieron.

Si solo estos diez represores son llevados a juicio y condenados, los otros centenares de asesinos de la marina -incluidos los que mataron a Febres- seguirán conviviendo con nosotros manteniendo a los testigos y a todo el pueblo en un total estado de indefensión y a ellos en un total estado de impunidad; la misma indefensión de la que fue víctima nuestro compañero Julio López y la misma impunidad de la que gozan sus captores.

Esta situación sólo podrá superarse si se juzga y condena a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos. Esa sí sería la mega causa ESMA que además de permitir juzgar de una buena vez a los genocidas del campo de concentración con más pruebas del país, evitaría que decenas de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos fueran obligados a prestar testimonio una y otra vez, siempre para juzgar a un reducido número de represores y por tan sólo una parte de los crímenes que cometieron. Entonces sí podremos decir, que más allá de los discursos, se ha tomado el camino que desde hace 25 años venimos reclamando: que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

ESMA: siete represores que no están imputados.

Siete represores fueron ubicados e identificados, y como hasta la fecha no tienen orden de detención, sus víctimas decidieron dar a conocer sus nombres a la prensa. En la misma conferencia, el colectivo de organizaciones Justicia Ya! denunció que el Tribunal Oral Federal 5 “intenta silenciar la voz de sus abogados en los juicios”, a partir de la unificación de las querellas en los tramos de la causa ESMA ya elevados a proceso oral y público.

“Uno de los argumentos que dieron los jueces del TOF 5 es la necesidad de que haya ‘igualdad de armas’, es decir, que si un represor tiene dos abogados, del otro lado no puede haber cinco, como si fueran juicios comunes”, explicó la abogada Myriam Bregman . “Que junten a más represores, eso es un problema de cómo hacen los juicios, en lugar de eso reducen la presencia de los abogados de las víctimas y así están desdibujando la dimensión del plan masivo”, completó.

Por la ESMA pasaron unos cinco mil detenidos-desaparecidos y hay 300 represores denunciados. Según Justicia Ya!, es la causa con más pruebas del país, pero fue “desmembrada en expedientes mínimos por el juez Sergio Torres”. Sólo hubo un juicio oral vinculado a esta causa, contra el represor Héctor Febres, por cuatro casos, y sin sentencia porque fue asesinado en su lugar de detención, donde gozaba de increíbles privilegios y libertades. Este año fueron elevados a juicio cuatro tramos más (Donda-Capdevilla-Montes, Testimonios A, Walsh y Santa Cruz, parte 1), y en los dos primeros que se acumularon “el Tribunal Oral Federal 5 decidió negarle a Justicia Ya!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de derechos humanos, el derecho a tener voz durante el juicio”. De hecho, el TOF 5 determinó que habrá dos cabezas de querella: la de Víctor Basterra, representada por Rodolfo Yanzón, y la de Mauricio Brodsky, en manos de Carolina Varsky. “Me separan de Basterra, con el que estuve un año y medio presoseñaló Carlos Lordkipanidse. Bregman apuntó que “usaron en cada caso argumentos diferentes, en el de Basterra porque fue el primero que se presentó, y en el de Walsh dijeron que con una querella alcanzaba y eligieron a su hija, por ser víctima directa,, pero no tuvieron el mismo criterio en el caso Donda, donde la mayoría de las víctimas directas son de Justicia Ya!”.

A criterio de este colectivo, la decisión del TOF 5 es una “represalia” por el pedido de juicio político que presentaron ante el Consejo de la Magistratura por la responsabilidad de no haber prevenido el asesinato del represor Febres. Y creen que también incidió su insistencia con que los juicios sean televisados y en salas con gran capacidad. “El TOF 5 llega al extremo de decir que la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos tiene un ‘interés difuso’ sobre los hechos, cuando sus miembros fueron víctimas directas, como si fuera lo mismo que el reclamo de una ONG sobre los pingüinos empetrolados”, protestó Bregman. Y precisó que el mayor perjuicio es que “ya no habrá alegatos por genocidio”, como entiende Justicia Ya! que deben ser considerados los hechos que se juzgan.

En un escrito remitido al juez Torres, aportaron nombres y direcciones de Víctor Olivera, alias “Lindoro”, acusado del asesinato de Raimundo Villaflor; Raúl Cejas, alias “Leo”, torturador de Lordkipanidse y denunciado por su propia familia; Paulino Altamira, Daniel Cuomo, Juan Daer, Daniel Bravo y Ramón Monjes. “Los difundimos en la prensa porque el juez no hace nada”, declaró Carlos Lordkipanidse.

Juicio a Menéndez : declaró un testigo de los "camiones de la muerte"

Julio Suárez, de 53 años, relató ante el tribunal del juicio que cumplió con el servicio militar obligatorio en el Batallón de Comunicaciones 141, dependiente del Tercer Cuerpo del Ejército, y que fue testigo de parte del "horror" que se vivía en ’La Perla’, uno de los centros militares de detención clandestina.
El testigo realizó la ’colimba’ entre 1975 y 1976, y estando en esa unidad vio en una oportunidad que uno de los camiones Mercedes Benz, o ’Menéndez Benz’, que era utilizado únicamente por oficiales y suboficiales, llegó a la dependencia "todo ensangrentado en la parte de la caja, con restos humanos y pelos". Estos camiones, según el testimonio de las víctimas de los secuestros, se los conocía como el "camión del horror y el camión de la muerte", porque cada vez que aparecía "anunciaba que alguien iba a ser cargado para luego fusilarlo", había manifestado una de las sobrevivientes, Teresa Meschiati.
Suárez, quien sobrevivió a un "ataque de guerrilleros" cuando se transportaba en un camión junto a un cabo y otro soldado, el suboficial fue muerto de dos balazos en la cabeza por los atacantes, fue "alojado en una celda militar en calidad de incomunicado", porque lo responsabilizaban del incidente.
A raíz de este hecho fue llevado "vendado" a los ’campos de concentración" de La Perla y Campos de la Rivera para que observara a personas secuestradas e identificara si entre ellos a los posibles atacantes. "No identifiqué a nadie", manifestó Suárez y detalló que la mayoría de las personas que le mostraron estaban "desnudas, tanto hombre como mujeres atadas de pies y manos, muy golpeadas y con signos de trato violento".
También recordó que en una patrulla fue llevado como chofer de un camión ’unimog’ y fue partícipe de otro incidente fatal, el cual ocurrió en la capital cordobesa cuando un automóvil Falcon se escapó al verlos, situación que motivó la inmediata reacción de los militares y comenzaron a dispararle hasta que el auto se estrelló contra un poste. "Eran dos chicos hijos de un oficial de la Fuerza Aérea que le habían sacado el auto al padre, y por temor a que le pidan documentos se escaparon. Luego me enteré que murieron, pero desconozco las circunstancias", agregó el ex soldado, quien además dijo que a cargo del Batallón estaban un teniente coronel Anadón y un mayo de apellido Stromberg.
Luego testimonió Soledad Beatriz Chávez, hija de una de las víctimas asesinadas de esta causa denominada ’Brandalisis’, Hilda Flora Palacios. La testigo tenía un año y dos meses cuando su madre fue secuestrada junto a otras dos personas, Ofelia del Valle Juncos y Víctor Olmos, el 6 de noviembre de 1977.
Ella y su hermana Valeria de tres años fueron entregados después a sus abuelos paternos. Los restos óseos de la madre de la mujer de 33 años le fueron entregados luego de una exhumación en una fosa común en el cementerio San Vicente, en el 2003, y tras los resultados de la contrastación de muestras de ADN. "Fue una búsqueda incesante, no saber de dónde venís, quién te engendró. Es un vacío de vida que se siente al saber que mi madre es una foto con un número (fecha de nacimiento) en un afiche, es algo atemporal y sin vida, que nunca envejece", manifestó emocionada y con lágrimas la mujer al ser preguntada por la querella el cómo vivió la ausencia de su progenitora.
Finalmente dijo que sintió el "horror en vivo y en directo" cuando le fueron entregados los "huesos fragmentados: eso no puede ser una madre, nadie puede hacerle eso a una madre, pero con esos restos pude tener una conexión materna y saber que no he nacido de la nada", concluyó. Luego de un cuarto intermedio dispuesto a las 12.50, los testimonios se reanudarán a las 15. Además de Menéndez, en esta causa se encuentran imputados los militares retirados Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone. Los imputados están acusados de los delitos de privación ilegitima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado por el secuestro, tortura y asesinato de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, hechos ocurrido el 15 de diciembre de 1977.

Piden perpetua para los policías responsables de la Masacre de Fátima

Es la pena máxima y la solicitó la Fiscalía para los tres imputados por los homicidios cometidos contra 30 prisioneros en la dictadura.

El pedido fue realizado por el fiscal Félix Crous, titular de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, al término de su alegato expuesto hoy ante el Tribunal Oral Federal 5, por la denominada "Masacre de Fátima" cometida durante la última dictadura militar.
Fundamentó su acusación por los delitos de "privación ilegal de la libertad y homicidios" contra los ex comisarios Miguel Timarchi, Carlos Gallone y Juan Lapuyole.
Para el fiscal los acusados fueron activos partícipes de lo que denominó "horribles crímenes" que culminaron con una "masacre" cometida hace más de 30 años.
Los hechos juzgados en este proceso sucedieron la noche del 19 al 20 de agosto de 1976, cuando 30 prisioneros que estaban secuestrados en la Superintendencia
Los sacaron de ese lugar a bordo de un camión militar, los llevaron a otro lugar donde los asesinaron a balazos y después trasladaron los cuerpos hasta la localidad de Fátima, en el partido de Pilar, donde los dinamitaron.

Según consideró el fiscal, Lapuyole actuó como el "jefe del aparato organizado de esa estructura criminal" que funcionó en Coordinación Federal durante la década del 70, por lo que lo responsabilizó de ser el "autor mediato" de los asesinatos, mientras que a los otros dos policías los encuadró como "coautores".
Crous enumeró que antes de su muerte los detenidos fueron "torturados, humillados y vejados" y luego enterrados como NN en "cajones de madera para indigentes" en el cementerio de la localidad bonaerense de Derqui, también en Pilar.
"No hubo persona que haya estado en ese infierno que no hubiese sido sometida a torturas, violaciones, vejaciones y condiciones de vida inhumanas e indignas", dijo Crous, quien refirió que el "traslado" de las víctimas fue "supervisado" por los imputados.

El fiscal resaltó la declaración testimonial que brindara en el juicio por el ex policía Armando Víctor Luchina, quien declaró que la noche de los hechos estaba a cargo de la guardia en esa dependencia y acusó a sus tres jefes, a quienes vio dando órdenes y supervisando el operativo, frente a las coartadas de los acusados que negaron haber estado en el centro clandestino de detención esa noche.

Matanza de Fátima

En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.

El 19 de Agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8, mientras aviones sobrevolaban el área, y se veían los tristemente famosos "Ford Falcon" recorriendo la zona. Poco después de las cuatro de la madrugada siguiente, una gran explosión despertó a toda Fátima, una localidad de la Provincia de Buenos Aires.

Poco antes habían llegado al lugar del estruendo una camioneta y un furgón. Nadie se atrevió a ir al lugar para ver lo sucedido.

Los obreros de un horno de ladrillo cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros. Casi inmediatamente fue cercada la zona por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas. Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar.

Según el parte policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento. Los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Pte. Derqui, de donde fueron exhumados años más tarde para su identificación.

A partir de un notable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se pudieron identificar once víctimas más. Una de las primeras identificadas por los antropólogos fue Susana Pedrini de Bronzel, en cuya memoria se nombró una calle en el centro de Pilar, concretamente en la plazoleta que está a metros del tanque de agua. La mitad de las víctimas pudieron ser identificadas por familiares y amigos gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Así se pudieron reconocer, muchos años más tarde, a: Inés Nocetti; Ramón L. Vélez; Ángel O. Leiva; Alberto E. Coma;Conrado Alzogaray; Daniel Argente; José D. Bronzel; Susana Pedrini de Bronzel; Carmen Carnaghi; Haydée Cirullo de Carnaghi; Norma S. Fontini; Selma J. Ocampo;Horacio O. García Gastelú; Carlos Raúl Pargas;Raúl Ricardo Herrera;Juan Carlos Vera.

Uno de los imputados en la matanza es el inspector Carlos Enrique Gallone, cuya foto "consolando" a una madre impactó tremendamente en la opinión pública. Hoy queda en evidencia.

Juicio a Menéndez: Un documental reveló el enterramiento clandestino de desaparecidos

El documento fue proyectado durante la sexta audiencia del proceso contra el represor y otro siete militares. Se trata del informe multimedia "El horror está enterrado en San Vicente", realizado por los periodistas cordobeses Ana Mariani y Juan Carlos Simo. Un documental que revela el enterramiento clandestino de desaparecidos en un cementerio de la capital de Córdoba, y el testimonio de la coautora, actividad que se desarrolló dentro del marco de la sexta audiencia del juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez y otro siete militares.

La audiencia, que comenzó a las 10.35 y concluyó a las 11.15, se proyectó el documental multimedia "El horror está enterrado en San Vicente", elaborado por un equipo liderado por los periodistas cordobeses Ana Mariani y Juan Carlos Simo, ambos del diario local La Voz del Interior.

El documento fue realizado para internet tomando como fuente a distintos medios, con base en los documentos sobre los trabajos de exhumación de los cuerpos que realizó en el 2002 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el cementerio de San Vicente, ubicado en el este de la ciudad de Córdoba.

En ese lugar se abrieron fosas comunes y se "amontonaron" más de 40 cuerpos de desaparecidos que fueron enterrados ilegalmente por la estructura militar represora, entre los que se encontraba el de Hilda Flora Palacios, una de las víctimas de este proceso de enjuiciamiento, consta en el documental incorporado como prueba.

Todos los imputados, Menéndez; Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luís Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone, pidieron retirarse de la sala de audiencia durante la exhibición y fueron alojados en una sala contigua.

Mariani, quien testimonió ante el tribunal de enjuiciamiento integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, explicó que realizó el trabajo "movilizada por el interés social por que se conociera la identidad de los cuerpos exhumados".

Asimismo precisó que los informes forenses revelaron que "los cuerpos de muchos jóvenes fueron enterrados desnudos y con signo de violencia", y que actualmente quedan restos sin identificar.

La audiencia continuará la semana que viene con nuevos testimonios de las víctimas sobrevivientes del ’campo de concentración’ de ’La Perla’, que funcionaba en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército y que estaba, entre otros, a cargo de Menéndez.
El juicio en esta causa denominada ’Brandalisis’ comenzó el 27 de mayo y se investiga sobres los actos de secuestro, tortura y muerte de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, ocurridos el 15 de diciembre de 1977.

Menéndez : reconocimiento irrefutable de sobrevivientes

Una sobreviviente de La Perla reconoció a los acusados, que estaban en la sala. Recordó que el agente de inteligencia Ricardo Lardone criticaba a Menéndez por haberse quedado “con valijas llenas de dólares y no repartirlas”.

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Con un pormenorizado relato de cinco horas de la sobreviviente Teresa Meschiati, dos años y tres meses secuestrada en el centro clandestino La Perla, comenzó ayer la ronda de testigos del juicio al general retirado Luciano Benjamín Menéndez y siete de sus subordinados del Destacamento de Inteligencia 141, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba. La testigo, de 64 años, radicada en Suiza desde su liberación, reconoció uno por uno a los imputados, detalló sus roles y alias en La Perla y aseguró que “de la tortura no se vuelve jamás”.

Menéndez & Cía. son juzgados por el secuestro, tormentos y asesinato de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores a fines de 1977. Meschiati fue la primera de los 31 testigos previstos. A diferencia de los juicios por delitos de lesa humanidad en tribunales porteños, donde fotógrafos y camarógrafos tienen prohibido el acceso y los imputados tienen la posibilidad de mezclarse entre sus abogados y colaboradores, en Córdoba –igual que en La Plata o Corrientes– la prensa puede tomar imágenes de los represores y los testigos conocerles la cara. Recién después del reconocimiento por parte de Meschiati, el presidente del tribunal, Jaime Díaz Gaiver, autorizó a que se retiraran los tres imputados que lo solicitaron: Menéndez, el coronel retirado Hermes Rodríguez y el suboficial principal retirado Carlos Vega.

La testigo recordó haber visto “al menos dos veces” a Menéndez en La Perla. Detalló que el jefe de interrogadores era el mayor Ernesto Barreiro, preso en otra causa. Entre quienes participaban de sesiones de torturas reiteró varias veces el nombre del sargento ayudante retirado Luis Manzanelli. Sindicó al capitán retirado Jorge Exequiel Acosta como jefe de los operativos de calle y, si bien reconoció que el represor estuvo preso en octubre de 1977, aclaró que luego volvió a La Perla. De ese modo desacreditó la versión de Acosta, que aspira a demostrar que para la fecha de los secuestros estaba en otro destino. Recordó que el personal civil de inteligencia Ricardo Lardone criticaba a Menéndez por haberse quedado “con valijas llenas de dólares tras el asalto al Castillo (donde secuestraron a varios miembros de Montoneros) y no repartirlas a sus subordinados”.

Sobre Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, las víctimas por las que se realiza el juicio, Meschiati dijo recordarlos aunque en aquel momento desconocía sus nombres. “Recuerdo haber visto a esos cuatro chicos. Brandalisis era el más alto, estaba la chica esa Palacio, morenita, con labios muy lindos. Tampoco supe que después habían aparecido en un enfrentamiento fraguado”, aclaró.

“De la tortura no se vuelve jamás. Es un antes y un después. Yo hace 32 años que me pregunto por qué pasó esto”, dijo Meschiati, pareja de un dirigente montonero, secuestrada el 25 de setiembre de 1976 y liberada el 28 de diciembre de 1978. “Me sentía como un pollo al spiedo. Mi cuerpo hervía cuando me sacaban de la tortura”, detalló, aunque confesó que la peor humillación la sufrió al ser exhibida desnuda ante los miembros de Gendarmería que cubrían las guardias en La Perla.

Juicio a Menéndez - El circuito del terror

EL RECORRIDO DE LAS VICTIMAS

Inicio juicio contra Menéndez y otros genocidas

Se describieron los distintos mecanismos que se utilizaron para el "aniquilamiento" de las personas por parte del Grupo de Operaciones Especiales, que funcionaba en ’La Perla’, a cargo del ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército. El proceso debió ser frenado dos veces a raíz de la descompensación (¿?) de uno de los imputados.

La primera jornada del juicio oral y público contra el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otros siete represores por la tortura, desaparición y muerte de cuatro jóvenes en 1977, concluyó este martes en la capital de Córdoba. En la lectura de las piezas procesales se menciona que era "habitual" los asesinatos a sangre fría como "proceder para la desaparición física de las personas implementado por el Estado Nacional de la década del 70". En el centro clandestino de detención de la ’La Perla’ "existían dos formas de eliminación de los detenidos: el retiro en camiones Mercedes Benz o Menéndez Benz para ser fusilados en lugares alejados del mismo predio, luego quemados y enterrados".

La otra modalidad consistía en lo que se llamaba ’operativo ventilador’, en donde "los detenidos eran llevados a zonas militares, fusilados y luego hacer correr la versión oficial que se trataba de subversivos y murieron en un enfrentamiento". "Esto tenía dos razones fundamentales, por un lado la necesidad de seguir justificando la existencia de la organización montada desde el poder público con la excusa de aniquilar la subversión, y por otro la existencia de un ’pacto de sangre’ instaurado en la región por el general Menéndez", añade otro párrafo de los fundamentos.

En esa línea de análisis sostiene que "ese plan militar sistemático de aniquilamiento perseguía involucrar a todos los militares, porque cuanto mayor fuera la cantidad de involucrados, mayor era la impunidad que se generaba al asegurar que ningún subordinado denunciara a otro". En cuanto a los cuatro jóvenes asesinados y por el cual llegan a juicio los represores, en la causa figuran como militantes del Partido Revolucionario de de los Trabajadores (PRT), y para Menéndez era "un enemigo a eliminar".

El proceso de enjuiciamiento comenzó a las 10.30 con la lectura de la elevación a juicio y de los cargos, en tanto que en dos oportunidades debió pasar a cuarto intermedio por la descompensación en la salud del imputado Ricardo Lardone (65)., y su abogada defensora quiere que se desdoble la causa porque “no está en condiciones de aguantar un juicio” (¡¡¡!!!)

La causa, denominada ’Brandalisis’ tiene como víctimas de secuestro, tortura y muerte a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, en hechos ocurrido el 15 de diciembre de 1977.

Además de Menéndez están imputados el coronel retirado Hermes Rodríguez, los suboficiales principales retirados Luis Alberto Manzanelli y Carlos Vega; el suboficial mayor retirado Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Alberto Ramón Lardone.

Un importante operativo de seguridad fue montado, tanto en el interior como en los alrededores, del edificio de los tribunales para el cual la policía provincial dispuso de más de 300 efectivos y la Federal alrededor de 50. Grupos de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, de partidos de izquierda, de familiares de desaparecidos, gremios y otras agrupaciones se apostaron en los alrededores para repudiar a los imputados y seguir las instancias del juicio por altavoces con audio proveniente desde la sala de audiencia.

Cerca de 200 periodistas, de unos 60 medios de prensa de distintos puntos del país, están acreditados para informar sobre el histórico juicio, mientras que un gran número de particulares no pudo acceder a la sala de audiencia con capacidad sólo para 180 personas.

La audiencia continuará este jueves, a las 9.30, con los detalles del auto de elevación a juicio por los cargos de ’privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado’.

Se revoca la prisión domiciliaria al represor Luciano Menéndez

Se revoca la prisión domiciliaria al represor Luciano Menéndez El Tribunal decidió anular "en forma transitoria" y por "razones de seguridad" la medida, a cuatro días de iniciarse el juicio contra el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. El represor será juzgado por secuestrar, torturar y asesinar a cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Cuatro días antes de iniciarse en esta capital el histórico juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez, el Tribunal Oral Federal Penal Número 1 decidió este viernes revocar "en forma transitoria" y por "razones de seguridad", la prisión domiciliaria que tenía el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. La medida fue confirmada por Maximiliano Hairabedián, uno de los tres fiscales de ese tribunal donde a partir del martes 27 se ventilará el "caso Brandalisis", en el que Menéndez y otras siete personas -militares y civiles- serán juzgadas por secuestrar, torturar y asesinar a cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Menéndez -máximo responsable de los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaban en jurisdicción del Tercer Cuerpo- como otros dos imputados en este caso de crímenes de lesa humanidad serán albergados precisamente en dependencias de esa unidad militar. La resolución judicial, se basa en "garantizar la realización del juicio y la concurrencia diaria del acusado" a la sala de audiencias de los Tribunales Federales de Córdoba ubicados en las inmediaciones del parque Sarmiento de esta capital.

Asimismo la medida alcanza también a otros dos imputados en esta causa que, merced a un fallo de la Cámara Nacional de Casación, permanecían en libertad desde junio del año pasado, se trata del sargento primero (retirado) Oreste Valentín Padován y el ex empleado civil del Ejército adscripto de Inteligencia, Ricardo Alberto Ramón Lardone, los que "transitoriamente" serán albergados en la citada unidad militar. Además de Menéndez, uno de los símbolos del poder de facto durante los años de plomo, a partir del próximo martes estarán sentados en el banquillo de los acusados Padován y Lardonde, junto a Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega y Carlos Alberto Díaz.

En esta causa se investiga la muerte de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas, Ilda Flora Palacios y Raúl Cardozo, los militantes del PRT que fueron secuestrados en noviembre de 1977 y torturados en el centro clandestino de detención La Perla, desde donde los llevaron hasta la esquina de las avenidas Colón y Sagrada Familia, para fusilarlos en un "simulacro" de intento de fuga. A raíz de la trascendencia pública de este juicio que se inicia el martes 27 de mayo a las 9,30, las audiencias tendrán lugar en el salón de usos múltiples de los Tribunales Federales de Córdoba, ubicado en el primer piso del edificio y con capacidad para 160 personas sentadas.

Amenzan a querellante en la causa "Triple A" e intimidan a sus hijos

El querellante y víctima de la Triple A, Carlos Petroni, ha denunciado diversas amenazas en su contra por medio del correo electrónico y vía telefónica y, a pesar de estar incluido en el Programa de Protección a Testigos, no logró hasta el momento que se cumpla con una guardia mínima que proteja su vivienda.

Pero el hecho más reciente y grave sucedió el viernes 2 de mayo cuando su hijo de 14 años fue perseguido por un automóvil gris metalizado, nuevo, con vidrios polarizados, desde su escuela hasta una cuadra de su casa en el barrio de Congreso, donde pudo poner fin a la persecución caminando por una calle de contramano.

Cuando Petroni pidió ayuda telefónicamente a los funcionarios del referido Programa de Protección, le contestaron que "no tenían recursos" para custodiar a su hijo. Aún cuando les advirtió que el 1ro. de Abril, el mismo día que su declaración en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata fue publicada en el diario Clarín, un camión atropelló y arrastró por más de cien metros el auto donde iba su hija, hecho denunciado en la Fiscalía Federal de Mar del Plata.

Por ello desde JUSTICIA YA denunciamos las amenazas e intimidaciones a Carlos Petroni y su familia, y responsabilizamos al Gobierno Nacional por su seguridad, exigiendo que cumpla con su compromiso de protección a los testigos en causas donde se investigan delitos de lesa humanidad. A un año y medio de la desaparición forzada de Jorge Julio López, a más de un año del secuestro de Jerez y el reciente de Puthod, realizados desde la misma usina, con distintos brazos, pero con los mismos fines intimidatorios, este Gobierno no ha dado ningún paso para terminar con la impunidad de estos grupos. Exigimos también al gobierno nacional que desplace a los 9.000 policías bonaerenses que ingresaron a la fuerza durante la dictadura, como así también a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron del genocidio y a todos los grupos ocultos en algunas instituciones oficiales desde donde articulan amenazas, secuestros y desapariciones forzadas.

Agrupación Gremial Docente UBA (AGD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Asociación de Ex Detenidos – Desaparecidos (AEDD), Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Com. por los DDHH de Trenque Lauquen Pcia. Bs. As., Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad: integrantes del Espacio JusticiaYa Bs. As.

Casapueblos. Campaña de Apoyo a Juicios

Juan Puthod es "soltado" gracias a la movilizacion social

APARECIO JUAN PUTHOD, militante de la Casa de la Memoria de Zártate que había sido secuestrado el martes 29 de mayo.

Juan estaba muy lastimado y su familia le llevó a una clínica médica para evaluar su estado.

Un integrante de la Casa de la Memoria de Zárate anunció anoche la aparición de Juan Puthod a quien se buscaba desde el martes por la tarde cuando había desaparecido mientras iba rumbo a la radio. El dirigente que anunció la aparición de Puthod afirmó que según supo la mujer Graciela Lencina, le había confirmado que Puthod había aparecido "lastimado, pero bien", dijo visiblemente emocionado. En horas de la noche, Puthod era trasladado hacia una clínica privada donde tratan de constatar el estado de salud ya que según se afirmó que Juan es diabético y tiene problemas cardíacos. Puthod apareció esta noche luego de más de 24 horas de haber desaparecido ayer por la tarde cuando se dirigía desde la Casa de la Memoria de Zárate de la que es director hacia la radio donde conduce un programa sobre derechos humanos.

AHORA MAS QUE NUNCA : APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ!!!!

COMPAÑERO DE ZARATE DESAPARECIDO

COMUNICADO DE PRENSA – URGENTE

Denunciamos la desaparición del compañero Juan Evaristo Puthod desde ayer martes 29 de abril por la tarde. Juan estuvo detenido-desaparecido en varios campos de concentración, entre otros los que funcionaron en el Tiro de Federal de Zárate y en el Hospital de Campo de Mayo, y posteriormente estuvo detenido a disposición de Poder Ejecutivo Nacional, durante 6 años.

Tiene 50 años, es un activo militante en defensa de los derechos humanos, titular de la Casa de la Memoria del partido de Zárate, y ayer fue visto por última vez cuando salía de esa entidad para dirigirse a la radio donde conduce un programa vinculado a las actividades de ese organismo. Además la Casa de la Memoria está organizando un acto que se realizará en pocos días en homenaje a los compañeros Pereyra Rossi y Cambiasso, secuestrados y desaparecidos por Patti.

Repudiamos esta gravísima situación, hacemos responsable al gobierno nacional y al gobierno provincial de su aparición con vida y en perfectas condiciones.

La única garantía para brindar seguridad a sobrevivientes, familiares, a todos aquellos compañeros involucrados en la lucha contra la impunidad, y al pueblo argentino todo, es que los genocidas no sigan caminando entre nosotros y estén en el lugar que les corresponde: la cárcel, común, efectiva y perpetua!

Exigimos la aparición con vida ya! de Juan Evaristo Puthod!
Exigimos la aparición con vida ya! de Julio López!

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos!

ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS

CASAPUEBLOS

CAMPAÑA DE APOYO A LOS JUICIOS

Contacto prensa: 15-4430-3569 / 15-3208-9786
Adhesiones: aedd@exdesaparecidos.org.ar y casapueblos@nodo50.org

Desapariciones en Mercedes Benz

En una conferencia de prensa, organizaciones de Derechos Humanos hicieron saber el estado de la causa que investiga las desapariciones de 14 obreros de la fábrica Mercedes Benz durante la última dictadura militar. Los organismos continúan exigiendo que se impute al entonces ministro de trabajo, Carlos Ruckauf y al Secretario General de SMATA, José Rodríguez, por su complicidad con el secuestro de los trabajadores.

La desaparición de catorce trabajadores de la ex fábrica Mercedes Benz en 1977 fue parte de un plan para desactivar y eliminar a la comisión interna de Mercedes Benz, de perfil combativa y opositora del todavía titular de SMATA, José Rodríguez. Los "beneficiarios" de ese exterminio deben rastrearse en la empresa, en SMATA y en el mismísimo ministerio de Trabajo del gobierno peronista comandado por Carlos Ruckauf, quien ordenó la aniquilación de los "elementos subversivos" en las fábricas. La complicidad de la conducción sindical queda evidenciada en las solicitadas, firmadas por su secretario general, en las que se exhortaba a no dejarse "engañar por la guerrilla fabril". La periodista alemana Gaby Weber resumió el plan criminal: "El horror de la dictadura en las fábricas fue para aumentar la productividad. Queremos que las violaciones a los Derechos Humanos se conviertan en un mal negocio".

Tal como hicieron saber las organizaciones de Derechos Humanos que participaron de la Conferencia de prensa, el fiscal Federico Delgado, que interviene en la causa, reconoce la complicidad de la empresa y SMATA como instituciones pero niega que existan los elementos objetivos requeridos para imputarlos aún por "asociación ilícita".
Sin embargo, hay elementos que parecen hablar por sí solos. En la causa aparece acreditado el pago mensual que recibía el sindicato por parte de la Mercedes Benz. Casualmente o no, la empresa realizó un pago días después del secuestro de dos de los delegados de la combativa comisión interna que funcionaba en la fábrica. Una vez más, volvieron a reclamar que se investiguen las cuentas en el exterior de Ruckauf y Rodríguez, de quien fue su primer defensor en esta causa el hoy Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

Por otra parte, se encuentra probado que la empresa donó un aparato de neonatología al hospital que funcionaba en Campo de Mayo, lugar donde funcionó una maternidad clandestina. Además, varios de los activistas secuestrados en la planta fueron vistos en el centro clandestino de detención que funcionó en esa repartición militar. Tampoco debería perderse de vista, tal como denunciaron los organismos de Derechos Humanos, la pista de los niños apropiados. El gerente Juan Ronaldo Tasselkraut y su hermano fueron denunciados por haberse apropiado de hijos de desaparecidos. Esa denuncia la investiga el juez Claudio Bonadío.

Por su parte, la causa por la desaparición de los catorce obreros se instruye en los Tribunales de San Martín. El juez Daniel Rafecas se había declarado incompetente. Sin embargo, los organismos criticaron su decisión ya que la competencia judicial no queda reducida únicamente a los crímenes cometidos en Campo de Mayo ya que tres de los trabajadores no fueron vistos en ese campo de exterminio. "Vamos a dejar a por lo menos tres personas sin justicia", enfatizaron.

Represión a los trabajadores
La abogada Myriam Bregman, de Justicia YA!, relacionó la represión desatada en la Mercedes Benz durante la dictadura con la que padecieron días atrás los trabajadores de la textil Mafissa.

"Para nosotros esto no es una cosa del pasado. Este 18 de abril desalojaron la fábrica Mafissa, que tiene ocho asesinados por la Triple A en sus puertas y 15 desaparecidos durante la dictadura militar. Y ahora, los mismos empresarios que escribían libros elogiando a Jorge Rafael Videla vuelven a atacar a sus trabajadores", denunció Bregman en alusión a Jorge Curi (padre), fiel defensor del genocidio perpetrado en la Argentina.
La integrante del colectivo Justicia YA! tejió la unión entre la policía bonaerense como la fuerza encargada de la represión a los obreros de la planta de la Plata y como la fuerza separada de la investigación por la desaparición de Jorge Julio López. "Lamentablemente la separaron de esa causa pero la mandaron a reprimir Mafissa". Además, agregó: "Tenemos que denunciar esa represión que dejó 18 personas detenidas durante el fin de semana y que hoy siguen

sin trabajo".

Fuente ANRED

Marcha 24 marzo 2008 - Comunicado de Encuentro Memoria Verdad Justicia

Las causas judiciales contra los genocidas en Argentina, explicadas por los sobrevivientes

Enlaces al resto de la conferencia : (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) y (9)

Isabel Perón declara ante la justicia española por pedidos de extradición

Isabel Perón declaró ante la Justicia española por los pedidos de extradición La ex presidenta compareció durante aproximadamente una hora en el marco de la causa por los crímenes de la "Triple A" y por su presunta responsabilidad de dos desapariciones. El dictamen de la Audiencia Nacional podría conocerse en las próximas horas, aunque el plazo que tiene el cuerpo para emitir un veredicto es de una semana.

La ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón acudió este lunes a la Audiencia Nacional de España, en el marco del proceso abierto por el pedido de extradición de la justicia argentina por su presunta implicación en los crímenes cometidos por la Triple A y por dos desapariciones. La audiencia que se llevó a cabo tenía como objetivo la exposición por parte de la fiscalía y la defensa de sus respetivos argumentos a favor y en contra de la extradición a Argentina de la viuda del general Juan Domingo Perón, indicaron a Télam fuentes judiciales. La ex mandataria (1973-1976), quien permaneció aproximadamente una hora en el tribunal ubicado en la calle Génova de Madrid, estuvo acompañada por su letrado, Antonio Hierro Echeverría, y al salir no quiso hacer declaraciones.

El abogado de "Isabelita", Antonio Hierro Echeverría, dijo a Télam que no haría valoraciones sobre el procedimiento de extradición "por respeto al tribunal" y se remitió a los plazos que marca la ley. En tanto, fuentes judiciales indicaron que el tribunal decidirá si concede o no la extradición de María Estela Martínez de Perón a Argentina no antes del próximo lunes, aunque la resolución puede tardar más de 30 días. La decisión definitiva sobre la extradición de "Isabelita" la tomará el Consejo de Ministros español, una vez que resuelva la justicia española. La viuda de Perón, de 76 años, fue detenida el 12 de enero de 2007 en su casa de las afueras de Madrid, en cumplimiento de una orden de captura internacional y extradición dictada por el juez mendocino Héctor Acosta, quien investiga la desaparición de dos ciudadanos mendocinos. Desde entonces y tras rechazar un segundo pedido de extradición dictado por el juez Norberto Oyarbide, en el marco de la investigación de los crímenes cometidos por la organización Triple A, María Estela Martínez de Perón se encuentra en libertad provisional con la obligación de comparecer cada 15 días. Según fuentes judiciales, el letrado volvió a alegar hoy que Isabel Perón tiene nacionalidad española para rechazar la extradición, al tiempo que insistió en que los tribunales argentinos carecen de jurisdicción para procesar a la ex presidenta. Además, la defensa se refirió al delicado estado de salud y la avanzada edad de la ex mandataria, quien en febrero de 2007 sufrió un accidente doméstico que motivó una intervención quirúrgica debido a que se quebró su brazo derecho. No se veía a Isabel Perón en la Audiencia Nacional desde finales de marzo de 2007, cuando sorprendió al aparecer en el tribunal a sólo dos semanas de haberse ausentado de otro juicio, en el que su abogado alegó "problemas psiquiátricos y psicóticos, al presentar bipolaridad en su personalidad", para justificar su ausencia.

En el marco de ese proceso, el 22 de mayo pasado la justicia española ordenó el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de María Estela Martínez de Perón por un valor de más de 7,7 millones de dólares, reclamados por la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos (FUNPAZ), que le disputa el legado de Perón. El juez Acosta reclama a la ex presidenta por la desaparición en marzo de 1976 de Héctor Aldo Fagetti Gallego, de 26 años, y por la privación ilegal de libertad de Jorge Verón, un menor de 17 años, antes de que se produjera el golpe militar que derrocó a su gobierno. El magistrado estima que estos hechos fueron una consecuencia de la firma de tres decretos en 1975, que autorizaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de la subversión".

Por su parte, Oyarbide investiga la responsabilidad de la ex mandataria en los delitos de "lesa humanidad" cometidos durante su gobierno por la Alianza Anticomunista Argentina. En su pedido, Oyarbide afirma que "la asociación ilícita denominada ’Triple A’" se "habría gestado y funcionado" en "la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, el de Bienestar Social", que tenía a su cargo el fallecido José López Rega. En el marco de la misma causa, el pasado 19 de marzo el presunto cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, llegó a Argentina extraditado desde España.

¿La conociste?

Hola.
Mi nombre es Belén, estoy buscando cualquier tipo de información sobre mi mamá Elizabeth Graciela Sánchez, “Bettina” para todos. Desaparecida el 9 de marzo de 1977 en la Ciudad de La Plata, a los 20 años. Vivía con su esposo, sus padres y su bebe de dos meses en la esquina de 58 y 11. No hay información de su paso por ningún CCD hasta donde yo sé.

Era Estudiante de Medicina en la UNLP y egresada de Liceo Víctor Mercante. La única información que poseo es de la militancia en la UES en La Plata y posiblemente también en la JUP. Hacía trabajo comunitario en la villas miseria de los alrededores de la Ciudad de La Plata.

Agrego algunas fotos, si algún ex militante de la UES (entre el 71 y el 74) o de la JUP de La Plata la conoció y la recuerda, si pudiera contarme algo. Me serviría cualquier cosa: un recuerdo, una historia, lo que sea. Casi no he podido tener contacto con nadie que la conociera, ninguno de sus compañeros de militancia. Y no se tampoco bien por donde buscar.

Muchísimas gracias! mbelengil@yahoo.com.ar

Marie Monique Robin, periodista francesa y testigo en una causa en Corrientes

Marie Monique Robin es periodista, francesa, y ha realizado varios trabajos documentales comprometidos sobre los Organismos Geneticamente Modificados y sobre la "exportacion de las tecnicas de la guerra sucia de Francia en Argelia a la Argentina de la dictadura de los 70'. Ha sido citada a declarar en los juicios que se desarrollan actualmente en Corrientes, y esto es lo que ella escribe en su blog respecto de esta experiencia.

Le proces de Corrientes El juicio de Corrientes

Quelques mots avant de prendre l'avion pour Paris... Algunas palabras antes de tomar el avion hacia Paris... J'ai donc temoigne pendant quatre heures lors du proces de cinq militaires argentins qui se tient actuellement a Corrientes, dans le nord de l'Argentine. Finalmente, he brindado testimonio durante cuatro horas en el marco de un juicio a cinco militares argentinos que se desarrolla actualmente en Corrientes, en el norte de la Argentina. Ces officiers de renseignement sont accuses d'avoir torture et fait disparaitre plusieurs citoyens de la region qu'ils avaient enleves a leur domicile. Estos oficiales de inteligencia estan acusados de haber torturado y de haber hecho desaparecer a varios ciudadanos de la region, habiendolos secuestrado en su domicilio. Les avocats des familles, avec le soutien du ministere public, m'avaient citee a comparaitre, non pas pour me prononcer sur ces affaires que je ne connais pas, mais pour presenter mes interviews des responsables de la junte militaire que j'ai realisees pour mon film et livre "Escadrons de la mort: l'ecole francaise". Los abogados de las familias, con el apoyo del ministerio publico, me habian citado a comparecer, no para pronunciarme sobre estas cuestiones que desconozco, sino para presentar mis entrevistas a los responsables de la junta militar, realizadas en el marco de mi libro y de mi pelicula "Escuadrones de la muerte : la escuela francesa". C'etait, en effet, la premiere (et unique) fois que des generaux argentins reconnaissaient que la torture et la disparition forcee furent systematiques dans la guerre sale qu'ils ont livree apres le coup d'etat du 24 mars 1976. Se trato, en efecto, de la primera (y unica) vez que generales argentinos reconocian que la tortura y la desaparicion forzada fueron sistematicas en la guerra sucia que llevaron a cabo a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Repondant aux questions des juges et avocats, j'ai explique que la "guerre antisubversive" menee par les generaux argentins avait ete preparee de longue date ( depuis le debut des annees 1960) , grace a l'enseignement des militaires francais qui ont exporte les techniques de la "bataille d'Alger" dans le cadre d'un accord secret, signe par Pierre Messmer, alors ministre des armees ... Respondiendo a las preguntas de los jueces y de los abogados, les explique que "la guerra antisubversiva" llevada a cabo por los generales argentinos habia sido preparada desde hacia mucho tiempo (desde el inicio de los 60), gracias a la capacitacion brindada por militares franceses que han exportado las tecnicas de la "batalla de Argel" en el marco de un acuerdo secreto, firmado por Pierre Messmer, entonces Ministro de las Fuerzas Armadas frances. Evidemment, ce fut un moment tres emouvant et eprouvant pour moi: c'est la premiere fois que je participais a un tribunal oral , de surcroit en espagnol, sur un sujet aussi douloureux... Evidentemente, fue un momento muy emocionante y desgastante para mi: es la primera vez que participaba en un tribunal oral, en espanol y sobre un tema tan doloroso...

Dans l'apres midi, le gouvernement et parlement de la province ont organise une projection de mon film suivie d'un debat (photos), qui m'a permis de mesurer le chemin parcouru par l'Argentine, qui, a la difference de la France, a su annuler les lois d'amnistie pour juger les responsables de la guerre sale... Por la tarde el gobierno y el parlamento de la provincia organizaron una proyeccion de mi pelicula, seguida de un debate (ver las fotos) que me permitio medir del camino recorrido por la Argentina que, a diferencia de Francia, supo anular las leyes de Amnisitia para juzgar a los responsables de la guerra sucia...

Fuente

COMUNICADO DE PRENSA de la AEDD; Casapueblos

Ante la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 5 en el juicio por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán, decimos:

1- Todo nuestro apoyo y solidaridad con María Eugenia, que lucha por ver a los genocidas tras las rejas, y tuvo la valentía, la claridad y la firmeza de llevar adelante un juicio contra sus apropiadores y el genocida que la hicieron desaparecer durante más de 20 años.

2- Repudiamos la condena emitida por el TOF 5 y a los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, que en juicios contra otros genocidas –el Turco Julián, Febres- ya han dado sobradas muestras de cual es la política que van a llevar adelante con este tipo de causas.

3- El secuestro y desaparición de niños, los nacimientos en cautiverio en campos de concentración, las apropiaciones de los niños arrancados del lado de sus padres, fueron una práctica sistemática durante la última dictadura militar, y son parte de las prácticas sociales genocidas que llevó adelante el estado terrorista argentino durante las décadas del 70 y 80.

Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices, son una de las cuentas pendientes más perversas que vivimos hoy en día como producto del genocidio. 88 de ellos ya recuperaron su identidad, pero siguen viviendo con su identidad cambiada y desaparecida, más de 400.

Hoy, la política oficial solo impulsa que aquellos jóvenes que duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética, y una vez más las víctimas deben hacerse cargo de lo que es responsabilidad del Estado y del gobierno.
Y cuando un caso llega a juicio, como el impulsado por María Eugenia, la condena para quienes llevaron adelante semejante práctica genocida es irrisoria!
Exigimos juicio y castigo a todos los genocidas! Condena por todos los compañeros!
Exigimos juicio y castigo a los responsables, a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes!
Exigimos la apertura de los archivos secretos para conocer el destino de todos y cada uno de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos y muy especialmente, para que sus hijos apropiados puedan recuperar su historia!
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
Aparición con vida ya! de Julio López

ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS - Casapueblos - Campaña de apoyo a Juicios

La impunidad se continua con la extradicion de Cavallo

El represor Ricardo Cavallo dejó el aeropuerto de Barajas en España a las 0.55 de anoche para embarcar en un vuelo de Air Europa UX041 con destino a Buenos Aires. Cavallo llegará al país extraditado por un pedido del juez argentino Sergio Torres, para ser juzgado en el marco de la llamada megacausa de la ESMA como responsable, entre otros crímenes, del homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor

Si bien se ha caratulado la entrega como temporaria, es tan ingenuo como dudoso pensar que el juez Sergio Torres, a quien tanto le preocupan las críticas por sus polémicas actuaciones, podría ser esta medida de extradicion s “temporaria” y puede estar condicionada a los avances de la causa en el país.

Después de siete años de instruir el proceso, adjuntar las pruebas y testimonios, el juez Guevara de la Audiencia Nacional desestimó absolutamente el trabajo realizado contra los crimenes de lesa humanidad cometidos por este represor, obvió el principio de jurisdicción universal permite juzgar a los represores en el país en que mejores condiciones existan, y en juego con su par Torres, se le ha solventado por medio de todod los contribuyentes un viaje a un genocida, y a sus escoltas.

De una a otra orilla la impunidad se continúa como un fenómeno natural despúes de "tantos años" y por arbitrariedades judiciales que afrentan una vez más a las vícitimas del genocidio en Argentina.

Que causalidad que la medida del juez Torres coincide con los deseos del propio Cavallo, cuyos abogados dijeron que luchó “siete años” para “ser juzgado (¿?)

AEDD - CASAPUEBLOS

Marcha del 24 de marzo de 2008

El jefe de Triple A "estresado" por el viaje

Uno de los ex jefes operativos de la Triple A, el ex comisario Rodolfo Almirón, uno de los ex jefes operativos de la Triple A, arribó ayer a Argentina desde España aunque aún no será indagado porque habría sufrido el "estrés" del viaje. Retrasado por problemas técnicos en el avión de Aerolíneas Argentinas, el ladero de López Rega permaneció 20 horas en la ciudad brasileña de Recife. “

Por su estado psíquico no está en condiciones de ser indagado", explicaron los especialistas. Al recibir la noticia, el juez federal Norberto Oyarbide suspendió la indagatoria, inicialmente prevista para el próximo martes 25 y dispuso el traslado del ex policía al hospital de la cárcel bonaerense de Marcos Paz. Además el Juez ordenó que el próximo jueves 27 se le practique un nuevo examen para determinar su estado de salud, informaron fuentes judiciales.

Si bien los médicos clínicos establecieron que se encuentra "compensado" en materia cardíaca y circulatoria, el juzgado recibió hoy por correo electrónico informes médicos procedentes de España presentados por su esposa, donde se asegura que el ex miembro del grupo de ultraderecha tendría una "minusvalía" avanzada, "trastornos embólicos, cardiopatía izquémica", entre otras patologías.

La Cámara Federal decidió que los crímenes cometidos por la Triple A son delitos de "lesa humanidad" y por lo tanto "imprescriptibles". La Sala I del tribunal, por mayoría, sostuvo que los ilícitos que se atribuyen al organismo de ultraderecha liderado por el fallecido ex ministro de Bienestar Social José López Rega, se cometieron frente a un Estado que "ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente".Ahora, Almirón , de 72 años, deberá prestar declaración por presunta "asociación ilícita en concurso real con homicidio doblemente agravado en hechos reiterados" por cuatro asesinatos políticos cometidos en 1974, entre el casi millar de crímenes que la propia Triple A se atribuyó durante el Gobierno de María Martínez de Perón, también residente en España.

Crimenes de lesa humanidad los cometidos por la Triple A

La Cámara Federal porteña ratificó el 17 de este mes que los crímenes del grupo ultraderechista Triple A deben juzgarse como delitos de lesa humanidad imprescriptibles porque se cometieron frente a un Estado que "ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente". Los "gravísismos delitos cometidos no hallaban límite ni respuesta en los resortes constitucionales del Estado que, ya sea por tolerancia o bien por impotencia, estaba ausente", enfatizó uno de los camaristas, Horacio Cattani, según la resolución de 132 folios.

La decisión de la Cámara se tomó en el caso puntual del ex suboficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira, cuya prisión preventiva fue confirmada, pero complicó al sentar un precedente la situación de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y otros procesados en la causa judicial. El fallo ratificó la reapertura de la investigación dispuesta por el juez federal Norberto Oyarbide, quien ya procesó con prisión preventiva a la ex mandataria y a ex lugartenientes del fallecido José López Rega -sindicado como el jefe de la Triple A-, entre ellos Rodolfo Almirón, quien este martes llegará extraditado desde España. Sobre la ex presidenta pesa un reclamo de extradición que todavía está pendiente de resolución en el país ibérico.

Los camaristas Cattani y Eduardo Freiler coincidieron a la hora de declarar de lesa humanidad los delitos del grupo de ultraderecha mientras que su colega Eduardo Farah votó por la prescripción de la causa al considerar que se trató de crímenes comunes sin amparo del aparato estatal. El grupo de ultraderecha creado por el fallecido ministro de Bienestar Social José López Rega "amenazó, atentó y mató a un número todavía indeterminado de personas" en un contexto donde "por impotencia, por temor o por algún otro motivo el Poder Judicial se resistía a investigar", sostuvo el voto de Cattani.

Además "en el Congreso Nacional se impedía el tratamiento del tema" y "otros ministros en el Poder Ejecutivo sabían y callaban o en el mejor de los casos cumplían en informar a las futuras víctimas del riesgo que corrían sus vidas", agregó este camarista. "En el gobierno y particularmente en el Ministerio de Bienestar Social era conocida la pertenencia de José Lopez Rega a la Triple A", enfatizó Cattani, quien integra la sala II del tribunal de apelaciones pero fue convocado a votar para desempatar en el desacuerdo de los dos miembros de la sala I que debían decidir, Freiler y Farah.

Para Cattani "es claro a esta altura que no se trato aquí de la acción de un simple ministro que en solitario emprendió una serie de acciones delictivas, sino de uno que se hallaba en una posición notoriamente privilegiada y que concentraba en sus manos un poder tal que era capaz de garantizarle a él y a su organización ante la gravedad de los delitos que cometían, impunidad total".

Lopez Rega "montó una organización delictiva" e "involucró en ella a funcionarios públicos de distintas áreas" además de recurrir al "desvío de fondos del Estado Nacional para solventar su logística y hasta sus requerimientos en materia de armas". "Todas las pruebas reunidas aluden a que la Triple A se estructuró en el seno del Ministerio de Bienestar Social y que el grupo originario se concentró en la custodia del ex ministro López Rega", consideró a su turno Freiler en el fallo al que accedió Télam. Este camarista consideró que la Triple A cometió "delitos de lesa humanidad, sin importar el telón de fondo de un Gobierno sumido en una crisis en la racionalidad formal característica del Estado burocrático como tipo ideal, con manifestación en el debilitamiento de las capacidades para llevar a cabo sus funciones y proyección de colapso".

Estos "rasgos institucionales reducidos a un papel meramente ornamental definitivamente fueron abandonados con el golpe militar de marzo de 1976 que reveló un trazo continuo a través de la participación trascendente de la Triple A en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti", agregó. Al declarar a los asesinatos cometidos por la Triple A crímenes de lesa humanidad, el tribunal de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Rovira como miembro de una asociación ilícita y autor del homicidio doblemente calificado en ocho oportunidades. Las víctimas fueron Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Silvio Frondizi, Luis Mendiburu, Carlos Laham, Pedro Barraza y Pablo Laguzzi.

Valiente muchacha....

María Eugenia solicitó 25 años de condena para sus apropiadores

Maria Eugenia Sampallo Barragán espera ansiosa el final del juicio. El fiscal solicitó 25 años de prisión acordando con la querella.

La fiscalía se sumó hoy al pedido de la querella y reclamó a los jueces del Tribunal Oral 5 la suma de 25 años de prisión para los tres acusados del robo de la bebé María Eugenia Sampallo Barragán, realizado durante la última dictadura militar.

El fiscal Félix Croux pidió la pena contra el militar Enrique Berthier y los apropiadores Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto por los delitos de retención y ocultamiento, cambio de estado civil y falsificación de documento público en tres oportunidades.

Sampallo Barragán es la hija de desaparecidos que fue sustraída de sus verdaderos padres, posteriormente desaparecidos, y que ya adulta pidió que se juzgase a sus apropiadores. En su alegato, el fiscal Croux pidió la máxima pena por considerar probado que la totalidad de los delitos imputados se consumaron en todos los casos con el pleno conocimiento de los autores y con fin expreso de alejar a la chica de su familia biológica. Sampallo Barragán supo a los ocho años que no era hija biológica de Rivas y Gomez. Sin embargo, recién en 2001 recuperó su verdadera identidad, lo cual la motivó a querellar a sus apropiadores.

Cuando nació la bebe en 1977, los imputados la anotaron ilegalmente como propia. Para eso usaron un certificado de nacimiento falso entregado junto a la nena por el ex capitán del Ejército Enrique Berthier. Al igual que lo hiciera ayer la querella, la fiscalía tipificó los delitos como retención y ocultamiento de identidad, alteración de estado civil, más falsificación de documento público en tres oportunidades. El fiscal Croux destacó los numerosos testimonios que señalan a Berthier como el responsable de la entrega de la entonces bebé. Para lograrlo, agregó Croux, el ex capitán actuó en acuerdo con el fallecido médico militar Julio César Cáceres Monié, quien firmó el certificado de nacimiento falso en el que Rivas y Gómez Pinto aparecían como padres biológicos.El pleno conocimiento que tenía la pareja Rivas-Gómez Pinto sobre el origen de la nena fue el otro tema central de la exposición de Croux, que citó numerosos testimonios volcados en el juicio, entre ellos el de la vecina Olga González y de la propia María Eugenia. González recordó haber escuchado los gritos de Gómez Pinto cuando retaba a la joven.

"Tenía que ser hija de guerrillera", le reprochaba. Y que de no haber sido por sus cuidados, la chica no habría sobrevivido. "Estarías tirada en una zanja", le juró. El fiscal enmarcó los delitos cometidos por los apropiadores en "la pretensión de eliminar a un linaje de militantes", de la que todos participaron concientemente.

El juicio, que acaba de entrar en la recta final, se reanudará en quince días, cuando el martes 25 se escuche el alegato de los defensores oficiales de Gómez Pinto y Rivas. Al otro día la defensa de Berthier, el único de los tres que ya se encuentra detenido, intentará esquivar una posible condena. El Tribunal Oral Federal 5 informó que dictará la sentencia el viernes 4 de abril.

Muere el enfermero-torturador de la ESMA

Juan “Jeringa” Barrionuevo, represor de la Escuela de Mecánica de la Armada que fuera elegido legislador provincial en Tierra del Fuego, y que nunca pudo asumir porque fue reconocido por ex detenidos desaparecidos, murió el miércoles 27 de febrero como consecuencia de una cáncer terminal.

En el 2003 Barrionuevo se presentó a las elecciones provinciales en la provincia sureña, y resulto electo por el Partido Justicialista. Pero ese mismo año, Victor Basterra, que estuvo secuestrado en la ESMA, lo reconoció en las calles de Ushuaia y lo identificó como el enfermero que asistía al médico Carlos Octavio Capdevilla en las sesiones de tortura de la ESMA.. También se sumaron en la identificación los ex detenidos Carlos Lordkipanidse y Carlos Díaz, quienes sumaron su denuncia, medio por el cuál finalmente, se impidió que dicho represor pudiera asumir el cargo.

En 2004 el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 12, comenzó a investigar a Barrionuevo, ordenó su detención y luego lo excarceló. A partir de allí Barrionuevo se mudó a Mendoza y se alojó en la vivienda de un familiar, donde el miércoles 27 de febrero murió por el cáncer terminal que lo afectaba.

Victor Basterra lo "escracha en Ushuaia" “ Vine a Ushuaia a corroborar que existía una persona con las características y un apelativo de uno de los integrantes del grupo de tareas de la ESMA. Ese grupo se caracterizaba por secuestrar, torturar, mantener en cautiverio y finalmente eliminar mediante distintos métodos a los prisioneros. El dato que tenía es que esta persona vivía aquí desde hace mucho tiempo y que mantenía el apodo de “Jeringa”.- ¿Y lo reconoció por la calle?- Sí, en última instancia si, durante la filmación que realizó Punto Doc. Yo fui secuestrado en 1979 junto con mi compañera y mi hija de dos años y diez meses. Fui trasladado a la casa de oficiales de la ESMA y sometido a tortura durante mucho tiempo. Tiempo después comencé a escuchar a una persona que apodaban “Jeringa”. Venía siempre a los gritos, humillando a las mujeres. Una vez me tiró un balde agua helada en el cuerpo, en invierno, luego de que yo supliqué por agua porque hacía tres días que no me daban ni una gota. Le decían “Jeringa” porque era el enfermero que recomponía físicamente a las personas para que siguieran torturándolas. Primero lo identificaba por la voz, pero con el paso del tiempo pude verle la cara. No tengo dudas de que es el mismo que vi ahora.- ¿No tiene dudas?- Ninguna, yo soy fotógrafo desde hace años. Tengo el ojo entrenado y además soy muy fisonomista. No me queda duda, además del tema de la voz, que considero una base identificatoria muy fuerte.

Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo (Mario Benedetti)

Los suicidios contagiosos.

Otro militar, un ex teniente del ejército Paul Alberto Navone, implicado en el robo de menores durante la dictadura, apareció muerto con un disparo en la cabeza, efectuado por una pistola de 9 milímetros. Su cuerpo apareció en un predio de la Fuerza Aérea Argentina que posee en la localidad de Ascochinga, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Sin haberse realizado la autopsia correspondiente, los datos que han trascendido es que se trataría de un “hecho suicida”. El ex teniente coronel vivía con su esposa y un hijo, y una hija reside en la ciudad de Jesús María. "Este señor tenía el hábito de salir a caminar todas las madrugadas por la zona" donde fue encontrado, manifestó la policía provincial. Navone, de 65 años, debía presentarse a declarar en los tribunales federales de Paraná, dentro del marco de la causa que se investiga el robo de dos bebés en el hospital militar local y por la sustitución de sus identidades.

El militar había presentado un certificado médico y consecuentemente se había dispuesto que sea indagado ante la justicia local en los primeros días de marzo. Se esperaba que con su declaración aporte datos sobre el destino de los hijos mellizos de Raquel Negro, una mujer desaparecida y que dio a luz entre febrero y marzo de 1978 en el hospital militar de Paraná. Los chicos que se buscan son hijos del dirigente montonero, también desaparecido, Tulio ‘Tucho’ Valenzuela.

Harguindeguy detenido por delitos de secuestro extorsivo

Quien fuera ministro del Interior de la dictadura militar llegó a los tribunales escoltado por efectivos del Ejército.

El ex ministro del Interior de la última dictadura Albano Harguindeguy fue detenido el día 19 de febrero, por la causa que investiga el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, un hecho ocurrido entre 1976 y 1977. En la misma causa están también están implicados el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y quien fuera su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

Harguindeguy, quien también está mencionado en la causa que investiga el Plan Cóndor, y que fuera uno de los responsables del terrorismo de estado ha gozado de una impunidad insultante, y que sólo esté imputado por sólo una causa no deja de ser una ofensa más a la lucha por la justicia.

Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la empresa textil Sadeco, sufrieron un secuestro extorsivo entre noviembre de 1976 y abril de 1977. Según consta en la causa, el secuestro de los empresarios fue para forzarlos a cerrar un negocio con Hong Kong, una de las plazas de algodón más importantes. Harguindeguy ya había estado detenido por esta causa, entre abril de 1988 y octubre de 1989. Ese año fue beneficiado por el indulto del entonces presidente Carlos Menem, pero en 2006 el juez Oyarbide entendió que era "inconstitucional" y dos años después ordenó la detención.

Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), manifestó que "era hora que le tocara a este personaje que era llamado `el carnicero’ cuando empezó la última dictadura".

Golpista nombrado alto cargo en Trenque Lauquen

Habiendo sido informados por la Comisión por los DDHH de la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, integrante del espacio JusticiaYa!, de la designación de Roy Cornejo Córdoba como Director de Contralor General en el Municipio de esa ciudad, los abajo firmantes repudiamos dicho nombramiento y exigimos al señor Intendente Dr. Jorge Barracchia que revea tal designación teniendo en cuenta que Cornejo Córdoba formó parte del levantamiento militar carapintada de 1987 cuyo resultado fue la sanción de la ley de Obediencia Debida que brindó impunidad total a los genocidas durante casi 20 años y que fue anulada gracias a la lucha inclaudicable del pueblo todo encabezado por los organismos de derechos humanos.

Asociación Anahí
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
Asociación de Abogados en Lucha (APEL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina
FIDELA
Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE)
Liberpueblo
Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH)
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad


Enviar adhesiones a:

aedd@exdesaparecidos.org.ar
ddhhtlauquen@hotmail.com

En la Argentina de los museos de los derechos humanos: genocidas de vacaciones y otros casos, después de 30 años, algunos jueces inician su trabajo.

Ante la denuncia de un particular (¡!)que reconoció al que fuera ministro del Interior durante la dictadura militar, Albano Harguindeguy, en un balneario de una conocida localidad veraniega, Pinamar, a pesar que tendría estar cumpliendo prisión domiciliaria por tres causas : secuestro extorsivo, el golpe de Estado de 1976 y por el Plan Cóndor.

Por el Plan Cóndor, en noviembre de 2007, el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público a diecisiete represores de la última dictadura militar, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla. La nómina de represores se completa con Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros y Eduardo Daniel De Lio, entre otros. A todos ellos -procesados en una medida confirmada por la Cámara Federal- se les imputan delitos de "lesa humanidad" cometidos en el marco del denominado "Plan Cóndor", como se conoció al acuerdo entre dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos.

Sin embargo, durante la etapa instructora, la Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación de todos los procesados detenidos a excepción de Videla, quien "nunca solicitó la concesión de tal beneficio", aunque muchos de ellos siguen detenidos por otras causas. En esta causa se investiga la "concertación de un acuerdo criminal", como se calificó a los procedimientos de las fuerzas armadas y de seguridad de la Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay; para la "comisión de ilícitos, entre ellos la desaparición forzada de personas" opositoras a esos regímenes. En el marco de la pesquisa se investigan las privaciones ilegítimas de la libertad de más de setenta víctimas, entre ellas María Claudia Irureta, argentina secuestrada embarazada de 8 meses, trasladada a Uruguay. Recientemente se recuperó la hija que tuvo en cautiverio.

Asimismo, en los últimos días se confirma procesamiento por delitos de lesa humanidad al ex.comisario Luis Patti, que fuera intendente de la localidad de Escobar (pcia.de Bs. As.) como cualquier “democráta” , Patti está procesado "por privación ilegal de la libertad doblemente agravado, imposición de tormentos y allanamientos ilegales"

El subcomisario fue detenido recién en diciembre último (2007) por delitos de lesa humanidad, y ahora queda más cerca de afrontar un juicio oral. En la misma causa también están procesados con prisión preventiva, aunque gozan de arresto domiciliario por su edad avanzada, el ex presidente durante la dictadur, Reynaldo Bignone y los ex represores Santiago Omar Riveros y Eduardo Espósito, este último jefe de Patti en Escobar. Patti fue encarcelado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era subcomisario en Escobar, en la dictadura, y participó del secuestro y posterior desaparición del ex diputado Diego Muñiz Barreto, en Ramallo. El cadáver de Muñiz Barreto fue encontrado dentro de un automóvil.

También se le imputa el secuestro de varios militantes politicos que fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre para luego ser llevados al centro clandestino de detención de Campo de Mayo.

La ESMA, ¿Espacio para qué Memoria?

Ante la invitación a participar primero del Directorio y después del Consejo Asesor del Ente "Espacio para la memoria" que funcionará en la ESMA, la AEDD envió a dicho organismo una nota con las siguientes consideraciones:

Cuando en el 2004 se vislumbró la posibilidad de desalojar la ESMA estuvimos en primera fila impulsando el desalojo y la discusión sobre su destino.
Mantuvimos una reunión con el Sr. Presidente y entramos con él al predio por primera vez desde nuestra puesta en libertad.

Participamos en todas las reuniones de organismos de DDHH donde se discutió qué hacer con el lugar.

Fuimos los impulsores de no abrirla al público hasta su completo desalojo y lo plasmamos en una nota que firmamos junto a otros organismos, entregada a la Comisión Bipartita en octubre del 2004.

Elaboramos un proyecto para el predio en el que queda claro qué Memoria queremos que se represente y nos incorporamos a la Comisión Ad Hoc para defenderlo. Lamentablemente las reuniones se realizaron en horario laboral y éste no fue modificado pese a nuestros muchos reclamos.

Colaboramos en la formación de los guías y a pedido de las autoridades cumplimos esa función cada vez que se realizaba una visita, a veces dos veces en el día, a pesar de lo conmocionante que significaba para nosotros esa tarea.

Nuestra extensa propuesta (www.exdesaparecidos.org.ar) muestra que toda la ESMA, incluido el campo de deportes, constituyó una unidad represiva donde cada lugar cumplía un rol al servicio del grupo de tareas, que todo el predio fue un centro clandestino de desaparición y extermino; propone que ese mensaje es el que debe emanar del lugar y sostiene que para eso no deben asentarse oficinas públicas de ninguna índole, ni centros educativos ni organismos de DDHH ya que su funcionamiento significaría movimiento diario de personas, instalación de quioscos, estacionamientos, comedores, lo que terminaría por desvirtuar el sentido que proponemos y con los años vaciaría de contenido los lugares donde se planificó y se puso en marcha el genocidio.

Dado el rumbo que tomó el Ente y el verdadero "loteo" del predio que se realizó entre algunos organismos de DDHH y organismos estatales, es claro que nuestras peores predicciones se hicieron realidad.

Reafirmamos una vez más que ni la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos ni los sobrevivientes nucleados en ella participaremos del Directorio ni del Consejo Asesor.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Los militares argentinos calculaban en 22.000 la cifra de desaparecidos ya en julio de 1978

Los jefes de la inteligencia chilena habían pedido a Enrique Arancibia Clavel que recabara nombres y números de personas muertas y desaparecidas en Argentina. En varios memorandums enviados a principios de julio de 1978 el agente envía a Santiago miles de nombres y fechas de muertes y desapariciones .

El documento extractado aquí contiene el reporte conocido del cálculo realizado por el propio servicio de inteligencia militar de Argentina, acerca del número de las personas que efectivos militares y de fuerzas de seguridad hubieron matado o desaparecido en la represión. El documento era enviado a la sede de la DINA de chile por el funcionario de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, que usó el seudónimo " Luis Felipe Alemparte Diaz, " y se basa en informes que le fue permitido examinar en la sede de batallón de inteligencia de ejército 601. Arancibia Clavel era el representante de Chile en Argentina de la red de la "Operación Cóndor" creada en noviembre de 1975 por las fuerzas de seguridad de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay.

El reporte proporciona evidencia importantes de corroboran que el número verdadero de desaparecidos es significativamente más alto que las 9,089 personas listadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada en 1980.

Es también significativo que la cuenta del servicio de inteligencia militar empieza en 1975, los militares se hacían cargo de actividades represivas en la Nación varios meses antes del golpe militar en marzo.
El total real de desaparecidos calculado por los militares superaban la cifra de 22,000 en el reporte escrito en julio de 1978, es sabido que las desapariciones continuaron varios más años.
El documento es una de las aproximadamente 1500 páginas de documentos que se confiscó de las oficinas y la casa de Arancibia por la Corte Federal de Argentina en noviembre de 1978.

Bajar extracto completo

Fuente: The National Security Archive of the George Washington University

Otro juicio oral al “Tigre” Acosta

El represor deberá comparecer ante la Justicia esta vez por el apoderamiento de bienes de los detenidos en el centro clandestino de la ESMA durante la dictadura. La medida alcanza también a los procesados Carlos José Pazo y Jorge Carlos Rádice.

El represor Jorge "el Tigre" Acosta, entre otros, deberá afrontar otro juicio oral por su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, esta vez por el desapoderamiento de bienes de los prisioneros ilegalmente alojados en el centro clandestino de detención. Así lo dispuso el juez federal Sergio Torres al declarar clausurada la instrucción por los hechos que tuvieron como damnificados a Jorge Carlos Muneta, Hugo Abraham Tarnopolsky y Mercedes Inés Carazo, a quienes despojaron de un departamento ubicado a una cuadra del Departamento Central de Policía de Buenos Aires, en automóvil y hasta una biblioteca.

El magistrado imputa a Acosta y a los procesados represores Carlos José Pazo y Jorge Carlos Rádice haberse apoderado ilegalmente de un departamento ubicado en el piso 12, del edificio de la Avenida Belgrano 1651/57, de propiedad de Muneta. El magistrado -quien durante la "feria" estival permanece "de turno" en los tribunales de Comodoro Py 2002- también responsabiliza al grupo por el robo de un Chevrolet, modelo Special, de Tarnopolsky; y la biblioteca que tenía Carazo en su casa, la que luego fue instalada en las oficinas de Acosta. De acuerdo a las constancias del expediente, los procesados obligaron a Muneta a otorgar un poder a favor de Juan Héctor Ríos (la falsa identidad utilizada por Rádice), que luego tuvo una "sustitución a favor de Pascual Gómez (nombre de cobertura de Hugo Berrone) efectuada el 9 de junio de 1977 ante el fallecido escribano Ariel Sosa Moliné. Acosta deberá responder, además, por el "desapoderamiento ilegítimo de la biblioteca" que Carazo tenía en su casa ubicada en inmediaciones de las avenidas Jujuy y Belgrano, el 21 de octubre de 1976; "la que posteriormente fue instalada en la oficina del nombrado".

Al represor Pazo el magistrado le imputó, también, "haber formado parte de una organización que actuaba de manera sistemática, coordinada y permanente, destinada a cometer diversos delitos" durante el período en que se desempeñaba como Jefe del Departamento de Logística" del Grupo de tareas 3.3.2, integrando "el grupo que disponía de los bienes que eran apropiados" a los prisioneros.

Esta investigación es otro desprendimiento más de la "megacausa ESMA" que lleva adelante Torres, con la intervención del secretario Diego Slupski y el fiscal Eduardo Taiano, tras la nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final.

LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN CONDOR

A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público de la causa Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia solicitó el 24 de diciembre la captura y extradición de 140 militares y servicios de Inteligencia sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del ’70, como el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio Massera, el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el jefe de la DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad. La medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo día en que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del capitán de navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro del servicio de Inteligencia de la armada de Uruguay.

Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del Tribunal Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias presentadas por los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur. Según los documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que prueban la colaboración entre los distintos regímenes militares para la eliminación de opositores políticos en el marco de la Operación Cóndor, presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi, Andrés Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en Argentina. También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro Logoluso, detenidos en Paraguay.
El detonante de los pedidos de detención fue la detención de Fernández Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de Inteligencia de la Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur de Italia, donde estaba radicado y trasladado a una cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le tomará declaración indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.

El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos. Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador chileno Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso argentino muchos podrían estar actualmente procesados y detenidos por la Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio de Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la búsqueda e informar a los países de origen de los represores.

En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor comenzó con una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de investigación, el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres consideró concluida la etapa de instrucción y resolvió la elevación a juicio oral y público contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor, incluidos los generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.

Perú parte criminal del Plan Cóndor

La participación del Perú en el «Plan Cóndor» también fue constatado por mí, por Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Genaro Ledesma y otras 9 personas, la mayor parte candidatos a la Asamblea Constituyente, quienes fuimos secuestrados y enviados esposados en un avión militar a un cuartel en Argentina donde un oficial nos gritó: «¡Ustedes son prisioneros de guerra!»
Este favor que la dictadura argentina hizo a Morales Bermúdez fue pagado por él con el secuestro y entrega de montoneros argentinos para que fueran asesinados por dicha dictadura.
Ahora hay voces que en el Perú se levantan para protestar contra la jueza italiana y en favor de Morales Bermúdez.
Veamos su calidad moral para hablar sobre Derechos Humanos:
- Alan García que ordenó la masacre de El Frontón, es culpable de las masacres de Accomarca, Cayara, Erusco, Mayopampa y es el presidente durante cuyo mandato fue asesinada la mayor cantidad de peruanos (especialmente indígenas).
- El mayor jerarca de la Iglesia Católica en el Perú, monseñor Cipriani, para quien «Los Derechos Humanos son una cojudez» (1).(2)
- Las Fuerzas Armadas, en cuyas filas hay una serie de criminales denunciados por la Comisión de la Verdad que están libres y en funciones.
- En esta lista sólo faltan los pronunciamiento de Fujimori, Montesinos, los integrantes de los escuadrones de la muerte de los grupos Rodrigo Franco y Colina.

La dictadura militar también tuvo bases informativas en Brasil

Mantuvo centros de información en San Pablo y Río de Janeiro destinados a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en ese país.

La dictadura militar argentina mantuvo bases de información en San Pablo y Río de Janeiro destinadas a "detectar personas vinculadas a la subversión", según consta en un proceso judicial abierto en Argentina y divulgado este domingo por el diario Folha de Sao Paulo. La información del diario, citada por la agencia DPA, señala que el documento, obtenido por un testigo del proceso y presidente del Movimiento Nacional de Justicia y Derechos Humanos de Río Grande del Sur, Jair Krischke, indica que las bases argentinas en Brasil funcionaron durante las décadas del 70 y 80 en el marco del llamado Plan Cóndor.

El proceso judicial en el cual constan las revelaciones fue abierto en Argentina a pedido de la Fiscalía, y culminó el pasado 18 de diciembre con la condena de siete militares y un policía argentinos, entre ellos el ex comandante del ejército, general Cristino Nicolaides. Los militares que tenían base en Brasil estaban vinculados al Batallón de Inteligencia 601, centro militar de interrogatorios y torturas localizado en las proximidades de la capital argentina. El documento, basado en el testimonio del carcelero del Batallón 601, Néstor Norberto Cendón, revela que las bases argentinas en Brasil tenían como prioridad interceptar en territorio extranjero a los integrantes del grupo guerrillero argentino Montoneros. Y también a mantener informados a los militares de ese país sobre los movimientos de los izquierdistas, de acuerdo a Folha de Sao Paulo. Según el relato de Cendón, "el servicio de inteligencia del Ejército (argentino) contaba con bases en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay", en el marco de un operativo militar denominado "Murciélago". Las bases militares brasileñas, según Cendón, eran ocupadas por cuatro oficiales y dos civiles vinculados a la Inteligencia del Ejército.

Ante la querella contra nuestra compañera Myriam Bregman

Comunicado colectivo.
Si nos tocan a uno nos tocan a todos

Con gran estupor las organizaciones que integramos el espacio Justicia Ya nos enteramos el 26 de noviembre pasado que el Dr. Roberto Durrieu ha iniciado querella contra nuestra compañera abogada Myriam Bregman. Roberto Durrieu -quien fuera Sub-Secretario de Justicia de la Nación de la dictadura genocida que secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos- es el siniestro personaje que hoy demanda a Myriam Bregman, abogada que participó de las querellas contra los genocidas Miguel Osvaldo Etchecolatz, Christian Von Wernich y Héctor Febres, como parte del Colectivo Justicia Ya!Durrieu y sus letrados demandan -además de la pena prevista en el Código Penal por el delito de calumnias- que se inhabilite a nuestra compañera en el ejercicio de su profesión por el término de cinco años, por haber hecho declaraciones sobre su persona en un conocido programa de televisión. El ataque a un integrante del colectivo JUSTICIA YA, lo asumimos como un ataque a todo el Espacio, por lo que lo repudiamos y exigimos se investigue y castigue a Durrieu y a los miles de civiles que estuvieron vinculados con el genocidio perpetrado en nuestro país.

Exigimos la inmediata absolución de Myriam Bregman.

Exigimos el juicio y castigo a todos los responsables

En Argentina : Asociación Anahí; Asociación de Abogados Laboralistas (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) ; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Com. de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Familiares de Desaparecidos, La Plata; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional La Plata; H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Edna Ricetti - Madre de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad , Integrantes de JUSTICIA YA!

En España : Casapueblos; Campaña de Apoyo a juicios; Codo a Codo; Comisión Cárcel a los Genocidas

Enviar firmas a : firmassolidaridad@yahoo.com.ar

Juicio contra represores de la ESMA

En los centros clandestinos de detención (ccd) de la dictadura militar argentina, los genocidas nunca actuaron en forma individual tal como se pretende aislar el caso de un represor, Héctor Febres, de la causa colectiva contra toda la maquinaria criminal que funcionó en la ESMA.

Comunicado de prensa

4 de octubre del 2007

En el día de hoy la querella unificada de JUSTICIA YA Bs. As. -integrada por Carlos Lordkipanidse, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA)- solicitó al Tribunal Oral Federal Nº 5 que, a instancias de unificar los tramos de la que debió ser desde su inicio una sola causa, suspenda el inicio del juicio oral contra el represor de la ESMA Febres. Desde la reapertura misma de las causas, el espacio Justicia Ya! viene sosteniendo la necesidad de que las investigaciones penales y los juicios a los genocidas deben ser efectuados en un marco conjunto, dada la evidente característica de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que en ellos se debaten, siguiendo un criterio que permita aunar en un mismo proceso a todos los hechos acontecidos en un mismo centro clandestino de detención, por obedecer ello a la mecánica propia del circuito represivo instaurado por las distintas fuerzas estatales. Tal como lo planteara en infinidad de oportunidades, la querella unificada de JUSTICIA YA considera irrazonable sustanciar, en el marco de la causa ESMA, procesos cuyo objeto se limite a una pequeña porción de todos los hechos acaecidos en ese centro clandestino de detención. Se trata en este caso del ejemplo más paradigmático de la selectividad negativa apuntada ya que comprende tan solo los delitos cometidos por un represor contra sólo cuatro de sus cientos de víctimas. Se presenta hoy, con este pedido, una circunstancia que permitirá al TOF Nº 5 evaluar o repensar, la conveniencia de realizar un primer juicio por el centro clandestino que funcionaba en la ESMA, involucrando sólo a un Prefecto, Héctor Febres, al que se acusa sólo por cuatro casos.

Los fundamentos del pedido

El "desguace" de las causas pone a los sobrevivientes de los CCD en una situación sumamente compleja que no puede soslayarse:

¿cuál es el sentido de juzgar a solo uno de los responsables de los delitos cometidos en un CCD, desdibujándose una y otra vez, un plan sistemático de exterminio, juzgando en forma aislada, fraccionada, empezando siempre de cero, y requiriendo cada vez que los sobrevivientes digan lo que vivieron y sufrieron?

¿Cómo se llega a un mínimo de justicia con innumerables causas atomizadas, donde el plan sistemático se diluye, donde en algunos casos la víctima tiene que deambular por distintas jurisdicciones y juzgados, diferentes criterios judiciales, jueces y fiscales que parecen escuchar todo por primera vez, o se excusan o se declaran incompetentes?

Se revictimiza cuando se toma un solo elemento aislado de un relato plagado de crímenes, porque se está banalizando el relato, y también cuando se condena a uno solo de los responsables y por unos pocos de los innumerables delitos por él cometidos. Y en este caso la víctima no es solo el sobreviviente o el familiar, es toda una sociedad, que convive con la impunidad. Cuanto más abarcador sea el juicio, menor será la exposición de las víctimas y testigos, lo cual incidirá en la seguridad de ellos y demás operadores que actuarán en el marco de estas causas. A través de esta dinámica de desmembración, se pierde el significado, la magnitud e importancia que este juicio tiene para la sociedad toda en su búsqueda de la verdad y en la pretensión de obtener el castigo de los responsables del genocidio perpetrado en nuestro país. Justamente en este caso, el mantener los juicios separados cuando se trata del juzgamiento de hechos ocurridos en el mismo centro clandestino de detención, en fechas y con imputados comunes, se atenta contra el principio de economía procesal y celeridad, provocando de esta forma un verdadero retardo de justicia.

Enmarcados en el antecedente del fallo del Tribunal que juzgó al genocida Miguel O. Etchecolatz, en el que se produjo el primer reconocimiento jurídico efectuado en nuestro país acerca de la existencia de un genocidio durante las décadas del 70 y 80, estos fundamentos muestran la necesidad y la conveniencia de sacrificar, de momento, la realización del juicio cuyo inicio fue fijado el día 18 de octubre para la próxima y rápida realización de uno que comprenda otros e importantes tramos de las imputaciones.

Un juicio por la causa ESMA en la que se juzgue a todos los represores que formaron parte de ese centro clandestino de detención. Y donde sean indagados, procesados y llevados a juicio por todas las víctimas que allí estuvieron secuestradas, torturadas y desaparecidas.

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos AEDD - AGD UBA - A.L.I. -APEL - Asociación Anahí - CADHU - CAJ - Ce ProDH- CODESEDH - Com. de DDHH de Uruguayos en Argentina - Com. de DDHH del PC - Com. de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares - Com. por los DDHH de Trenque Lauquen Pcia. Bs. As. - CORREPI - FIDELA - H.I.J.O.S. Regional Oeste - IRE - Liberpueblo - LADH - Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad - CASAPUEBLOS - CAMPAÑA DE APOYO A JUICIOS CONTRA LOS GENOCIDAS EN ARGENTINA

casapueblos@nodo50.org

Secuestro de Felisa Marilaf

Los organismos abajo firmantes denunciamos y repudiamos el secuestro y ataque sufrido por Felisa Marilaf -ex detenida-desaparecida-, producido en la mañana de este jueves 27 de septiembre en la ciudad de La Plata.

Felisa ya sufrió un ataque similar en el mes de junio de este año, y hoy al salir de su trabajo fue secuestrada por dos hombres que la llevaron a un descampado en Berisso. Allí la atacaron y amenazaron por su participación como testigo en los juicios por la verdad y por movilizarse por la aparición con vida de Julio López el último 18 de septiembre.

Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la serie de ataques producidos en los últimos días en la ciudad de La Plata, dirigidos contra edificios públicos. También resulta extraño el ataque producido por un supuesto “comando Julio López” que baleó el domicilio del médico Néstor Siri denunciado en el Juicio por la Verdad por su accionar en dos centros clandestinos de detención.

Entendemos que existen sectores interesados en crear un clima intimidatorio a pocos días de conocerse la sentencia en el juicio al cura represor Christian Von Wernich, que se suma al que venimos viviendo desde hace un año con la desaparición de Jorge Julio López.

Exigimos al gobierno el inmediato esclarecimiento de estos hechos, y lo hacemos responsable por la seguridad de todos los compañeros y compañeras involucrados en este y todos los juicios.

APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS!

ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN LUCHA (APEL)
CAMPAÑA DE APOYO A JUICIOS CONTRA LOS GENOCIDAS EN ARGENTINA .

CASAPUEBLOS
CENTRO DE ABOGADOS POR LOS DERECHOS HUMANOS (CADHU)
CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS (CEPRODH)
CENTRO POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOZA
CODO A CODO
COMISIÓN DE DDHH DE URUGUAYOS EN ARGENTINA
COMITÉ DE ACCIÓN JURÍDICA (CAJ)
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DEFENSA LEGAL ARGENTINA (FIDELA)
H.I.J.O.S. LA PLATA
INSTITUTO DE RELACIONES ECUMÉNICAS (IRE)
LIBERPUEBLO
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
UNION X LOS DDHH LA PLATA
VECINOS DE SAN CRISTÓBAL CONTRA LA IMPUNIDAD

A un año de la desaparición de Julio Lopez

Spot audio a un año del secuestro de Jorge Julio López y contra la impunidad

Haga "clic" en el titulo de la entrada para acceder al audio

Piden unificar causas en juicio a Von Wernich

Una ex detenida durante la última dictadura militar pidió la unificación de causas contra represores y cuestionó el sistema actual de enjuiciamiento que obliga a las víctimas a declarar en varias oportunidades.

Se trata de Adriana Calvo, de la Asociación de Ex detenidos-desaparecidos, quien hoy prestó declaración en el juicio que se le sigue al ex capellán de la Policía Christian Von Wernich y que presentó un informe de su agrupación sobre el funcionamiento de los centros clandestinos de detención del denominado "Circuito Camps"."Todos los testigos de este juicio deberán volver a declarar en futuros juicios contra Von Wernich porque hay muchas de las víctimas de la represión que no están incluidas en este proceso", detalló Calvo ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.La testigo, que declara por décimoquinta vez en procesos similares, se preguntó "cuántos testimonios más tendremos que dar los sobrevivientes, cuántos represores habrá vivos para ese momento y cuántas víctimas más desaparecerán como Jorge Julio López", dijo en relación con el albañil desaparecido desde el 18 de septiembre del año pasado.Calvo pidió al Tribunal que la exima de relatar su doloroso paso por los diferentes centros clandestinos de detención y sólo se limitó al caso de Elena de la Cuadra, con quien compartió cautiverio en la comisaría quinta de La Plata.La representante de la asociación de ex detenidos aseguró que es necesario "hacer un juicio por centro clandestino contra todos los represores y por todos los compañeros", al tiempo que sostuvo que si se realizara uno por año "se tardarían 29 años para juzgarlos".Es que según el informe presentado hoy en la audiencia, el denominado "Circuito Camps" se componía de 29 centros clandestinos de detención que operaban en nueve partidos del Conurbano y La Plata.De acuerdo con los testimonios, Von Wernich fue reconocido en siete de esos centros clandestinos que funcionaron en la Brigada de Investigaciones y la comisaría quinta de La Plata; la Brigada de Quilmes; el denominado Puesto Vasco; el Coti Martinez y el Destacamento y Pozo de Arana.Sin embargo, Calvo cuestionó que, de acuerdo con el período en el que Von Wernich fue reconocido en esos lugares, en el juicio que se le sigue en La Plata se investigan 53 casos, cuando son 245 los denunciados.Calvo graficó además que sólo en el período comprendido entre noviembre de1976 y diciembre de 1977 en la Brigada de Investigaciones de La Plata fueron reconocidos 135 represores, aunque sólo unos pocos resultaron enjuiciados.

Fuente: Télam

Marcha por Julio Lopez y los Juicios

Supremas Contradicciones

Por Horacio Verbitsky
Pagina12

Las dos decisiones adoptadas ayer por la Corte Suprema de Justicia son contradictorias y transmiten un mensaje confuso. Por un lado, el tribunal anuló el perdón presidencial a un general de la dictadura, que estaba procesado por crímenes contra la humanidad. Por otro, sostuvo que el Congreso debió haber incorporado a otro general de la dictadura, responsable de atrocidades similares, porque no fue condenado ni su candidatura impugnada ante la justicia electoral. Ambos fallos son complejos y requieren un estudio detallado de los votos de cada juez, pero en conjunto sugieren que la Corte no termina de comprender el carácter excepcional del período 1976-1983, cuando el aparato del Estado funcionó como un asesino serial a cuyo amparo se cometieron los peores crímenes de la historia argentina.

Conviene comenzar por la descripción de cada voto en ambos casos.

Domingo Antonio Bussi- Sólo Juan Carlos Maqueda opinó que nadie más que el Congreso puede juzgar los títulos de sus miembros y que la justicia no está habilitada para intervenir. El resto de los jueces sostuvo que la decisión del Congreso de negarle la incorporación podía ser sometida a revisión judicial, lo cual es una afirmación de los poderes del propio tribunal, que a partir de allí se dividió en dos bloques. Elena Highton y Enrique Petracchi coincidieron con el Procurador General Esteban Righi, para quien el Congreso tuvo razón al excluir a Bussi por falta de idoneidad moral. En cambio la mayoría integrada por Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti entendió que permitir que la Cámara de Diputados juzgara la idoneidad moral de los electos abriría una caja de Pandora, con riesgo intolerable de arbitrariedad, ya que cambiantes mayorías electorales podrían emplear ese criterio para excluir a sus adversarios políticos. La incorporación de Bussi a la Cámara de Diputados no se producirá sólo porque su mandato ya venció.

Santiago Riveros- Petracchi se abstuvo, porque ya había votado en esa causa cuando fue tratada por la Corte en 1990. Como el indulto a este militar fue convalidado en aquel momento por la Corte, Fayt y Argibay escribieron que constituye cosa juzgada y es por lo tanto inmodificable. En cambio la mayoría integrada aquí por Highton, Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni usó los mismos argumentos con los que hace dos años la Corte descalificó las leyes de punto final y de obediencia debida: el derecho interno no puede oponerse a la obligación internacional que la Argentina tiene de castigar los crímenes contra la humanidad, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando se discutió la incorporación del diputado santiagueño Pololo Anaute, la Cámara aceptó su título pese a que estaba implicado en el asesinato de La Dársena. Es decir que no extendió a un caso común el criterio aplicado en otro excepcional. La Corte se negó a hacer la misma distinción, con lo cual volvió a minimizar el significado de los crímenes contra la humanidad y el carácter corrosivo para el sistema institucional de la falta de sanción apropiada a sus autores. Que Bussi no tuviera ninguna condena, porque lo benefició la ley de punto final y que su candidatura no hubiera sido impugnada sólo pueden entenderse como consecuencias de la impunidad de la que gozó, mediante el ejercicio de la suma del poder público durante el gobierno de fuerza y gracias a la fragilidad de las convicciones de los operadores del sistema político y judicial a partir de 1983. Las limitaciones propias de un cuerpo colegiado, donde la formación de mayorías obliga a transacciones entre sus integrantes no alcanza a justificar una decisión tan poco edificante.

En 1998 tuve el privilegio de asistir a una de las audiencias del juicio de extradición de Augusto Pinochet, en la diminuta sala de Westminster. La defensa del ex dictador no negó sus crímenes pero reiteró hasta la monotonía que, por atroces que fueran, no los había cometido como persona privada sino en su carácter de gobernante. Al día siguiente agregó que según la ley británica la inmunidad soberana hubiera protegido al mismísimo Hitler, si hubiera sobrevivido y después de la guerra se le hubiera ocurrido tomar el té en Harrod’s. Los law lords refutaron con su fallo esa pretensión, moral y jurídicamente análoga a la que la Corte argentina aceptó en el caso de Bussi.

Riveros, el general que dio el mal paso

Fuente : La Nacion

"Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores." Esta es la frase que hizo célebre al ex general Santiago Omar Riveros, a quien la Cámara Nacional de Casación Penal le anuló el indulto que Carlos Menem le había otorgado en 1989. La frase, pronunciada a manera de despedida por Riveros en la Junta Interamericana de Defensa el 24 de enero de 1980, es citada en el prólogo del "Nunca más".

Durante la dictadura, Riveros fue comandante de Institutos Militares en Campo de Mayo, en cuya jurisdicción funcionaba el Hospital Militar en el que se realizaban partos clandestinos a mujeres secuestradas. Por esa causa, Riveros fue denunciado por integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que expusieron ante la Justicia el plan sistemático instrumentado por la dictadura para apropiarse de 194 bebes nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres. El militar había sido procesado y detenido en 1985, por homicidio calificado, pero resultó beneficiado por los indultos que concedió Menem. Además, fue llevado a juicio -junto al ex general Guillermo Suárez Mason- por el gobierno de Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura en la Argentina.

Este año, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó su excarcelación por el Plan Cóndor -el operativo de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas-, al entender que su liberación no entorpecería la acción de la Justicia, aunque siguió detenido por el robo de bebes.