El padre de la jueza Sarmiento está acusado por delitos de lesa humanidad



Un juez de Misiones ordenó detener al coronel (R) Luis Sarmiento, acusado de delitos durante la dictadura. Tras conocer su frágil estado de salud, revocó la medida. La magistrada denunció presiones del gobierno y Duhalde la mandó al psicólogo. La oposición habla de persecución. Luciana Geuna.

El juez federal de Misiones Ramón Chávez pidió ayer la detención del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, padre de la jueza en lo Contencioso Administrativo que durante el verano anuló el decreto que creaba el Fondo del Bicentenario para pagarles a los bonistas con reservas del Banco Central. El magistrado firmó la orden en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad en esa provincia, donde Sarmiento fue ministro de Gobierno durante el primer año de la dictadura mientras la policía torturaba y violaba gente en el departamento de Informaciones. La decisión generó fuertes cruces políticos pero nunca llegó a concretarse. Al final del día, Chávez tuvo que dar marcha atrás porque un informe del cuerpo médico forense reveló que el militar retirado no estaba en condiciones de salud para declarar.

A esa hora de la noche, la orden de detención ya había generado una polémica entre su hija, la jueza María José Sarmiento y el Gobierno. La magistrada consideró que la decisión de Chávez buscaba presionarla por su fallo contra el Ejecutivo. “Si no tuvo ninguna causa hasta ahora –dijo a los medios– suena muy llamativo que, justamente en estos días, se produzca esta situación”. Su interpretación de los hechos fue compartida por la diputada Elisa Carrió y el jefe de bloque de senadores radicales, Gerardo Morales. Desde la Casa Rosada salieron en masa a desmentir esa versión. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que “era un disparate”; y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, fue aún más lejos: “El caso es a la inversa. En su momento ella debería haberse excusado de actuar pero decidió intervenir y fallar en contra del Gobierno”. En rigor, el padre de la jueza tenía pedida la detención y el procesamiento por parte de la fiscalía de Misiones desde 2006. A mediados del año pasado, la secretaría de Duhalde se presentó como querellante y, por esa razón, él desafió a Sarmiento por su rol en la causa del DNU.

Por su parte, la Procuración General de la Nación hizo público un informe de diciembre de 2008 donde actualizaba la situación de los procesos por delitos de lesa humanidad en todo el país, promoviendo la celeridad y unificación de las causas. Entonces ya estaba registrada una solicitud de indagatoria al ex coronel Sarmiento, que hizo carrera como jefe de inteligencia en el Segundo Cuerpo del Ejército con sede en Rosario entre 1971 y 1974, de donde se fue luego de quedar involucrado en el asesinato de un estudiante. Dos años más tarde, con el golpe de Estado, asumió como ministro de Gobierno en Posadas, hasta el 17 de marzo de 1977. En ese puesto tenía a su cargo a la policía provincial, que torturó sistemáticamente a los detenidos desaparecidos y solía tener como patrón de conducta la violación de las mujeres en cautiverio. Por este caso también está indagado y procesado el jefe de la policía de la provincia en esa época, coronel Carlos Omar Herrero.

La Gendarmería llegó ayer al departamento donde Sarmiento vive en Buenos Aires sin tener información previa sobre su estado de salud. Al entrar se encontraron con un hombre de 85 años en silla de ruedas y con mal de Parkinson en estado avanzado. En ese contexto intervino el Cuerpo Médico Forense, quien opinó que no estaba en condiciones de ser trasladado a Posadas ni de declarar. Según fuentes judiciales, el ex militar ya no reconoce ni a sus familiares y por esa razón se complica seriamente la posibilidad de que sea juzgado por su rol durante la dictadura. El fiscal de Posadas Rubén González Glariá cree que, como ministro de Gobierno de la provincia, Sarmiento no podía desconocer los hechos que ocurrían en el ámbito de la policía. De ahí surgiría su responsabilidad como autor mediato o como partícipe primario o secundario de aquellos delitos. La fiscalía venía pidiendo su detención a Chávez –junto a la de otro grupo de policías y ex funcionarios– desde 2006. El último febrero volvieron a reclamarle al juez que los detuviera y, esta vez, casualidad o no, reactivó el expediente y empezó por otro imputado, Julio Argentino Amarillo, y ahora siguió con Sarmiento. Chávez es juez federal de Posadas desde 1992 y tuvo por lo menos tres pedidos de juicio político por distintos motivos. De los dos últimos logró salir indemne gracias al apoyo de los consejeros kirchneristas en la Comisión de Disciplina y Acusación cuando rechazaron las denuncias.


Secretario de DDHH mandó al psicólogo a la jueza Sarmiento "si tiene miedo"
Luis Duhalde dijo que la magistrada que falló contra el uso de reservas del BCRA "no podía ignorar que su papá estaba procesado por delitos de lesa humanidad". Y le retrucó: "¿Quién usó los poderes para hacer represalia?El secretario de Derechos Humanos del Gobierno nacional, Eduardo Luis Duhalde, declaró, en conferencia de prensa, que "no resiste ningún tipo de consideración la que efectuara la jueza Sarmiento" sobre las "presiones y revanchisimos" denunciados por la magistrada, y aseguró que "es exactamente al revés de lo que ella dijo".

Añadió que la magistrada no podía ignorar que su padre "estaba procesado por requerimiento judicial en febrero de 2008", con la secretaría de DD.HH. como querellante.

Sobre la jueza, indicó que "en lugar de excusarse cuando le tocó actuar, intervino y falló en contra del Estado nacional". Añadió: "¿Quién usó los poderes para hacer represalia? Es bochornoso, como dijo Aníbal Fernández", adhirió. "Nos resulta ahora más claro la mentalidad de las resoluciones de la jueza", opinó.

Consultado sobre la frase de la jueza acerca de que  tenía "miedo a represalias", el titular de la Secretaría de Derechos Humanos respondió: "Que vaya al psicólogo".

"El coronel Sarmiento no era un anciano en silla de ruedas en ese entonces", dijo una presunta víctima de torturas por parte de un grupo de militares en esos años, "sino un activo y emprendedor" militar, "entrenado por los americanos en las técnicas de terrorismo de Estado y torturas, y estaba haciendo méritos"

Esta tarde, el Cuerpo Médico Forense dictaminó que el militar retirado Luis Sarmiento no está en condiciones físicas de afrontar un viaje hasta Misiones, donde se ordenó su detención. "Sufre de una enfermedad degenerativa" que está en avanzado proceso, afirma un informe médico recibido por el juez federal Sergio Torres en Capital Federal. Ahora resta que notifique a su par misionero para que decida si ordena o no el traslado a esa provincia, según informó la agencia Télam.

Duhalde también se refirió a las declaraciones de Lilita Carrió solidarizándose con la jueza Sarmiento, Recordó que “también se solidarizó con la señora (Ernestina Herrera) de Noble, sospechada de la apropiación de dos hijos de desaparecidos. Después de eso, ¿qué se puede esperar de la doctora Carrió?”, consideró.

Nueva causa contra Jorge Rafael Videla por delitos de lesa humanidad

Lo resolvió un juez federal de Córdoba. Además del ex presidente de facto, en la causa está investigado Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera jefe del III Cuerpo de Ejército durante el último gobierno militar. Están acusados de homicidio. 

El Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, que subroga el juez Alejandro Sánchez Freytes, elevó a juicio oral una causa en la que se investiga al ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por el delito de homicidio calificado en perjuicio de una víctima, hecho que habría ocurrido en 1978 en la provincia de Tucumán.

Además de Videla y Menéndez, en la causa, denominada “Actuaciones para la investigación de la muerte de Osvaldo de Benedetti” se encuentran imputados el ex segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, Coronel Alberto Carlos Lucena; el ex teniente coronel Jorge González Navarro, jefe de la División Personal (G1); el ex teniente coronel Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jefe de la División Inteligencia (G2), y el ex teniente coronel Jorge Eduardo Gorleri, Jefe de Operaciones (G3).


Los hechos

El 3 de julio de 1978, Osvaldo Sigfrido De Benedetti, quien se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y  a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 1761/74, habría sido retirado de dicha unidad carcelaria por orden del Área 311 alegando el falso propósito de ser interrogado (finalidad expresada en la nota suscripta por el entonces comandante de la IV° Brigada de Infantería Aerotransportada  General Arturo Gumersindo Centeno, dirigida al director del Servicio Penitenciario Provincial).

Asimismo, ese día habría sido trasladado a Tucumán con el objeto de hacer efectivas las amenazas de muerte que desde la autoridad castrense se le habían realizado al detenido, haciéndolo permanecer hasta tanto alojado en la Unidad Penitenciaria de Tucumán, sin dar noticias de su verdadero destino a familiares ni allegados.

Días más tarde, en fecha y hora aún no determinada con exactitud, posiblemente el día 21 de Julio de 1978, y en un lugar aún no identificado de  la provincia de Tucumán, De Benedetti habría sido asesinado por personal militar perteneciente al III Cuerpo de Ejército en un simulado intento de fuga.

El hecho señalado habría tenido lugar en cumplimiento de las órdenes emanadas por las autoridades del Ejército Argentino, en particular en este caso por su Comandante en Jefe Teniente General Jorge Rafael Videla y por quienes – siguiendo la cadena de mando - dirigían y supervisaban el funcionamiento de la Zona de Defensa 3 - especialmente organizada en el marco del plan diseñado e implementado con el alegado propósito de la llamada “lucha contra la subversión”, concretamente por el Comandante del III° Cuerpo de Ejército y a su vez Comandante de la Zona de Defensa 3 General de División Luciano Benjamín Menéndez.

Juicios en los próximas fechas

Cinco juicios orales en los que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar ya tienen fecha de inicio confirmada. Se trata de procesos que se desarrollarán en Capital Federal, La Plata, Rosario y Mendoza. El detalle es el siguiente:

- La Plata (12 de abril): ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esa ciudad, comenzará el debate por la causa "Dupuy", en la que se encuentran imputados: Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, Enrique Leandro Corsi, Elbio Osmar Cosso, Elbio Abel David Dupuy, Luis Favole, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Raúl Aníbal Rebaynera, Víctor Ríos, Valentín Romero e Isabelino Vega. Se investigan delitos contra los derechos humanos cometidos en la Unidad del Servicio Penitenciario Nº 9 de La Plata, en perjuicio de 90 víctimas.

- Comodoro Rivadavia (22 de abril): el Tribunal Oral Federal de esa ciudad dará inició al juicio oral en el marco de la causa " Sosa, Luís Emilio y otros”, vinculada con la denominada “Masacre de Trelew”. Están acusados Jorge Enrique Bautista, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Horacio Alberto Mayorga, Rubén Norberto Paccagnini y Luis Emilio Sosa. Se investigan delitos en perjuicio de 19 víctimas.

- Rosario (27 de abril): en el marco de la causa "Feced", el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de esa ciudad iniciará el debate por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en dependencias de la Sección Informes de la Jefatura de Policía de esa ciudad, en perjuicio de 86 víctimas. Están procesados los ex militares y civiles Ramón Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, Carlos Scortecchini, Ricardo Chomicki y Nilda Folch. Todos se encuentran investigados por distinta cantidad de casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en concurso real con tormentos, secuestros agravados por violencia y amenazas en concurso real con desaparición física y asociación ilícita.

- Capital Federal (1º de junio): el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la Capital encabezará el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976. En la causa están imputados Néstor Guillamondegui (ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea), Rubén Visuara (ex coronel del Ejército), Eduardo Cabanillas (ex general de División del Ejército), Honorio Martínez Ruiz (ex agente de la SIDE), Raúl Guglielminetti (ex agente civil de inteligencia del Ejército) y Eduardo Ruffo (ex agente civil de inteligencia de la SIDE), por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado, en perjuicio de 65 víctimas. El tribunal está integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Jorge Gettas.

- Mendoza (suspendido): si bien el inicio del primer debate por crímenes contra los derechos humanos en esa ciudad estaba previsto para el próximo 11 de marzo, el Tribunal Oral Federal Nº 1 suspendió el comienzo debido a que la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió el 1º de marzo pasado apartar al juez Juan Antonio González Macías, integrante del TOF Nº 1 de Mendoza. Ahora, la cámara debe realizar una nueva integración del tribunal, que, hasta el momento, está integrado por los jueces Héctor Cortés y Alejandro Piña. En tanto, se prevé que en los próximos días se fije la nueva fecha de inicio del debate. En la causa se encuentran imputados los coroneles Tamer Yapur y Orlando Dopazo, el jefe de Inteligencia de Ejército Paulino Enrique Furio, el comisario retirado Eberto Edgardo Villegas, el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal, el médico Celustiano Lucero, los comisarios retirados Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda, el ex general Mario Lépori y el oficial de la Policía de Mendoza Luis Alberto Rodríguez Vázquez. Cabe aclarar que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, también se encuentra imputado en la causa pero el tribunal dispuso su separación del debate, ya que desde el 16 de febrero pasado enfrenta un nuevo juicio en Tucumán. Así, los jueces resolverán oportunamente la fecha de debate para el caso de Menéndez.

Actualmente:

- Salta: el 25 de noviembre de 2009 comenzó, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad, el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en esa provincia. Se trata de la causa en la que se investiga la privación ilegal de la libertad y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, hechos ocurridos el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de Tartagal. Se encuentran procesados los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gaspar Zírpolo.

- Bignone: el Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín encabeza, desde el 2 de noviembre pasado, el juicio oral contra el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y otros seis imputados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el último gobierno militar en jurisdicción de Campo de Mayo. Además de Bignone, están acusados los ex militares Santiago Omar Riveros, Fernando Exequiel Verplaetsen, Carlos Alberto Tepedino, Jorge Osvaldo García, Eugenio Guañabens Perelló y el ex comisario Germán  Montenegro. El debate se encuentra transitando la etapa de alegatos.

- Rosario: el 31 de agosto de 2009 comenzó ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad el  juicio oral contra el ex teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri. En la causa se investigan delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas, ocurridos entre 1977 y 1978, y también son juzgados el ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña y el ex agente civil Walter Dionisio Salvador Pagano.

- Primer Cuerpo de Ejército: ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal comenzó, el 23 de noviembre pasado, el juicio oral en la causa en la que se investigan delitos cometidos en el ámbito del centro clandestino de detención que funcionó sucesivamente en los lugares denominados “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”. Se imputa la privación ilegal de la libertad de alrededor de 180 personas, en concurso real con la imposición de tormentos de cada una de ellas. Se estima que prestarán declaración testimonial cerca de 400 personas.

- ESMA: el 10 de diciembre de 2009, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal, arrancó el debate en el que se investiga al ex integrante de la Marina Alfredo Astiz y a otros ex oficiales, por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esta instancia abarca dos de los tramos de la megacausa: el de la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh.

- Santa Fe: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe inició el 5 de marzo el juicio oral contra Horacio Barcos, un ex agente de Inteligencia del Ejército Argentino, por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el último gobierno de facto. En la causa, Barcos está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada (dos hechos) y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos, en forma reiterada (dos hechos), en concurso real, delitos considerados de lesa humanidad.

- Tucumán: el 16 de febrero comenzó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad un nuevo juicio oral contra los ex comandantes Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. Será en el marco de la causa "Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestro y desaparición", en la que también están imputados Roberto Heberto Albornoz, Alberto Luis Cattáneo, Carlos Esteban De Cándido, Armando Luis De Cándido y María Elena Guerra. Se investigan delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía de esa provincia en perjuicio de 20 víctimas. Cabe recordar que el tribunal suspendió las audiencias hasta el 16 de marzo próximo porque dos de los imputados –Bussi -enfermo y Mario Zimmerman- que murió impune.

UN CABLE DESCLASIFICADO DE LA CIA INDICA QUE EJECUTO AL ARZOBISPO ROMERO UN MILITAR ARGENTINO ENVIADO POR VIOLA


Matar a un monseñor

A treinta años del asesinato del célebre religioso salvadoreño, el crimen no se esclareció, pero la pista más firme apunta a un represor del Batallón 601 llamado o apodado Emilio Antonio Mendoza. Pero nunca fue investigada por la Justicia.

 Por Santiago O’Donnell

Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.

Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12.000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.

El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto.

Puede ser un bolazo. El documento desclasificado está lleno de tachaduras de los censores de la Agencia y no precisa la fuente original de la información, no dice cómo el agente se enteró. Duane Claridge, un jefe de la CIA que supervisaba la inteligencia de la región en esos años, le dijo a Valencia que se trata de información cruda, que no había sido procesada por los analistas en Washington. Pero no negó su existencia. El diplomático estadounidense Robert White, que asumió la embajada pocas semanas después del asesinato, reconoció en la misma investigación periodística que estaba al tanto de la existencia del cable, aunque su impresión era que no se había producido “un hallazgo”.

No habría que descartarlo. El cable lo manda el “agente legal” de la embajada en San Salvador, o sea un hombre de la compañía. Los agentes de la CIA podrán ser unos mentirosos para el resto del mundo, pero tratan de pasarle buena información a sus supervisores. Aunque sea para ganarse el bonus de fin de año. Además, está probado que al momento del crimen el autor intelectual, Roberto D’Aubisson, recibía instrucción de militares argentinos que habían sido enviados a El Salvador por el entonces jefe del Ejército argentino, que era Viola. Y según muestran otros cables desclasificados por el gobierno estadounidense, cada vez que se entrevistaba con funcionarios de los gobiernos de Carter y Reagan, Viola demostraba una obsesión por el conflicto centroamericano.

Cuando apareció el documento de la CIA la causa judicial por el asesinato de Romero estaba cerrada y sellada por una ley de amnistía. Por eso “Emilio Antonio Mendoza” nunca fue investigado por la Justicia salvadoreña.

En la Argentina mucho se ha escrito e investigado sobre la participación de represores argentinos en el conflicto centroamericano. Pero por distintas razones muy poco se sabe sobre el funcionamiento de las estructuras de Inteligencia que la Marina y el Ejército montaron en la región. Se conocen los nombres de al menos un marino, Carlos Dürich, y un miembro de Ejército, Alfredo Zarattini, que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato. Pero la existencia de Mendoza –si ése es su verdadero apellido– sigue siendo un misterio.
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Monseñor Romero sabía que lo iban a matar y sabía desde dónde vendría la bala. Murió el 24 de marzo de 1980 de un solo disparo al corazón mientras daba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Era entonces el líder más popular del país y también un pacifista molesto en un país al borde de la guerra civil. Sus homilías, que se transmitían por radio, llegaban a todos los rincones del país.

Lo habían nombrado arzobispo en 1977 con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero la muerte de un sacerdote de base muy amigo, asesinado por paramilitares junto a dos campesinos, lo llevó a denunciar cada vez con más fuerzas las matanzas de los grupos paramilitares que se sucedían a diario. También lo llevó a profundizar su opción por los pobres a partir de los textos del II Concilio y el Congreso de Medellín.

Quince días antes del asesinato encontraron 72 candelas de dinamita bajo el altar mayor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de San Salvador, activados por reloj para estallar mientras él daba misa. “Podrán matarme pero no podrán callar la verdad”, les contestó en la siguiente homilía.

El día antes de morir dio un sermón sobre la muerte. “A los soldados les digo que los campesinos son su gente y que tengan en cuenta el mandamiento No Matarás. Ninguna orden está por encima de la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, que paren con la represión”, predicó. En El Salvador, en esos días, se mataba por mucho menos.

Al día siguiente del asesinato una bomba estalló en la catedral y francotiradores abrieron fuego contra la multitud que participaba de la procesión, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.
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Al principio, la investigación judicial fue una farsa. Tres días después de asumir el caso el juez salió ileso de un atentado, lo balearon en la puerta de su casa. Desde entonces no demostró ningún interés por acercarse a la verdad. Tardó nueve días en mandar peritos a la escena del crimen, cuando ya no quedaban evidencias ni testigos. Nunca encontró nada.

La causa se reabrió en 1986 con otro juez durante el gobierno del demócrata cristiano Napoleón Duarte. Fue gracias a un hecho, digamos, fortuito. Tres meses después del asesinato, el ejército salvadoreño había allanado una finca donde el entonces mayor Roberto D’Aubisson conspiraba con un grupo de civiles y militares para derrocar a la junta militar que entonces gobernaba. D’Aubisson era el jefe de los escuadrones de la muerte y más tarde sería fundador del partido de ultra derecha Arena, que gobernó el país durante buena parte de los últimos treinta años.

Entre los presentes estaba también el capitán de la fuerza aérea Alvaro Saravia. Los conspiradores fueron liberados poco tiempo después, pero en el allanamiento, los militares secuestraron y presentaron a la Justicia varios documentos, entre ellos la agenda de Saravia. En esa agenda figuraban registros de compras de armamentos y entre ellos las de dos rifles calibre 22 compatibles con los fragmentos de proyectil encontrados en el cuerpo de Romero.

También figuraban los datos del chofer personal de Saravia, Antonio Garay, un miembro de la Guardia Nacional. Garay declaró que estuvo presente cuando D’Aubisson ordenó la muerte de Romero y le encargó a Saravia que contrate a un francotirador delante de varios testigos que consintieron la decisión, a quienes Garay también nombró. Dijo que él condujo al francotirador hasta la escena del crimen, que su pasajero era “un hombre barbudo y bien parecido” a quien no conocía, que estacionó su auto frente a la capilla y que vio cómo el pasajero salía del auto y apoyaba la mira de un rifle sobre la rueda trasera. Dijo que después escuchó un disparo y que el barbudo se subió otra vez al auto y que él lo llevó a un lugar seguro. Se cansaron de mostrarle fotos de barbudos bien parecidos, pero Garay no pudo identificar a su pasajero.

El juez incorporó el expediente del allanamiento a la causa del asesinato de Romero y en base a los datos de la agenda y el testimonio de Garay imputó a D’Aubisson como autor intelectual y a Saravia como autor operativo. Pero no acusó a nadie por la autoría material.
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D’Aubisson nunca fue procesado porque tenía fueros de diputado y murió de cáncer antes de que pudieran quitárselos. Saravia se había mudado a Modesto, California, donde contrató un abogado caro para pelear la extradición. En 1987 la Corte Suprema salvadoreña le dio la razón a Saravia y retiró el pedido de captura cursado a las autoridades estadounidenses. Según el Center for Justice and Accountability (CJA), una ONG estadounidense que sigue el caso desde hace varios años con el apoyo de la archidiócesis de San Salvador, el presidente de la Corte que retiró el pedido de extradición había sido el abogado de D’Aubisson durante el primer juicio. El caso Romero fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad publicado en 1993 y semanas después Saravia fue incluido en una ley de amnistía aprobaba por el Congreso salvadoreño.

Saravia vivió tranquilo por un tiempo. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó reabrir la investigación y resarcir a los deudos del arzobispo por la responsabilidad que le cupo al Estado salvadoreño en el asesinato. El gobierno tardó tres años en contestar y cuando lo hizo dijo que no reabriría el caso porque los responsables estaban cubiertos por la ley de amnistía.

En noviembre del 2004 una corte civil de California citó a Saravia a declarar sobre el asesinato en una causa abierta por el CJA en nombre de los familiares de Romero. El capitán nunca se presentó y la corte lo condenó en ausencia a pagar diez millones de dólares.

Desde entonces Saravia se encuentra prófugo pero da la impresión que la Justicia estadounidense no lo busca demasiado. En una entrevista con el Miami Herald desde la clandestinidad en el 2006, Saravia se negó a hablar del caso, salvo para decir que él no había sido el francotirador. Ofreció negociar su testimonio con las autoridades de su país y amenazó: “Si yo hablo, El Salvador tiembla”. No dejó más precisiones.
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“D’Aubisson era el principal nexo entre la dictadura salvadoreña y los represores argentinos”, dice al teléfono desde Maine el politólogo de Colby College, Ariel Armony, autor de Argentina, Estados Unidos y Cruzada Anticomunista en América Central 1977-1984 (UNQ, 1999), el libro de referencia sobre el tema.

“Los salvadoreños admiraban a los argentinos. No necesitaban que les enseñen a ser violentos, porque su historia está plagada de violencia. Lo que aprendían era cómo usar esa violencia de manera más efectiva. En Guatemala tiraban campesinos al mar desde aviones y helicópteros, algo nunca visto hasta la llegada de los argentinos.”

El propio D’Aubisson reconoció haber sido instruido por militares argentinos en El Salvador en una entrevista de 1983 con Laurie Becklund del Los Angeles Times: “Ellos (los argentinos) estuvieron acá un corto tiempo pero ese tiempo fue muy útil. Transmitieron sus experiencias e informaron a nuestra gente para sugerirles que actúen de esta forma o de esta otra forma usando este sistema, cómo conseguir información y cómo analizarla”.

Según el testimonio secreto del represor Leandro “Lenny” Sánchez Riesse, ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos, a partir de 1979 desembarcó en Centroamérica un “Grupo de Tareas Exterior (GTE)” del Batallón 601, la estructura de inteligencia del Ejército, al mando del coronel José Osvaldo “Balita” Riviero. Armony obtuvo una transcripción de ese testimonio a través de la ley de información pública. Otras investigaciones académicas y periodísticas aportaron más nombres y más pruebas de la presencia de represores argentinos en la región.

“Cuando ocurrió el asesinato de Romero el GTE se encontraba en su apogeo, ya que recién meses después, en 1981, en las últimas semanas del gobierno de James Carter, el gobierno estadounidense aprobó la primera operación encubierta de la CIA contra los sandinistas. Hasta entonces el trabajo sucio lo hacían los argentinos”, dice Armony.

Los cables desclasificados en 1993 indican que para la CIA los militares argentinos eran útiles, pero también difíciles de manejar. “Están dispuestos a todo. Sólo hace falta que les digamos lo que tienen que hacer”, dice uno. “En un buen día son parcos y malhumorados, en un mal día actúan por cuenta propia en contra de la política de nuestro gobierno”, dice otro.
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El año pasado la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ganó por primera vez las elecciones presidenciales en El Salvador. En el discurso del día del triunfo, el flamante presidente Mauricio Funes proclamó que seguiría el ideario de monseñor Romero. En el día de la asunción, horas antes de la ceremonia, Funes visitó la tumba del arzobispo en la catedral de San Salvador. La semana pasada repitió la visita con Lula.

Por eso, cuentan en El Salvador, el aniversario treinta de la muerte de Romero será como ningún otro, con importantes actos y ceremonias oficiales. Dicen que un gigantesco mural del arzobispo está siendo pintado en la entrada del aeropuerto internacional para recibir con su imagen a los visitantes que llegan al país.

En noviembre del año pasado la embajadora ante la OEA del gobierno de Funes anunció la reapertura de la causa por el asesinato de Romero en respuesta al pedido de la CIDH de 1986.

Mientras tanto, en la Argentina, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa no ha recibido aún pedido alguno de información sobre el supuesto asesino Emilio Antonio Mendoza, dijo la directora de la secretaría, Ileana Arduino. La funcionaria aclaró que sí ha recibido otros pedidos de otros gobiernos sobre otros represores.

El tal Mendoza no figura con ese nombre en los archivos de la Conadep, ni en los del CELS, ni en los del Cemida, constató el periodista salvadoreño Valencia en el 2006. Este cronista pudo comprobar que tampoco hay datos sobre “Mendoza” en las distintas dependencias del gobierno que se ocupan del tema, ni en los listados de personal civil de Inteligencia del Batallón 601, recientemente desclasificados por decreto del gobierno de Cristina Kirchner, ni en la base de datos que publicó la revista Veintitrés con el personal que actuó en el 601 durante la dictadura. Allí figura un José Emilio Mendoza con categoría de “dactilógrafo”, pero este diario pudo averiguar que durante la dictadura estuvo destinado en Formosa.

No es fácil investigar la actividad de espías en el exterior en ningún país. El decreto firmado por Cristina Kirchner excluye actividades en el extranjero y la guerra de las Malvinas. Además, la colaboración desde Centroamérica ha sido exigua o nula. “Nosotros le escribimos muchas veces al gobierno sandinista preguntando por la actuación de militares argentinos en la época de la dictadura pero los nicaragüenses nunca nos dieron información y a veces ni siquiera nos contestaron”, precisa una fuente del gobierno.

Este mes se cumplen treinta años del asesinato de monseñor Romero, icono universal de la defensa de los derechos , y su asesino anda suelto. En este momento podría estar tomando una piña colada en Miami. O comiendo una pupusa de chicharrón en San Salvador. O, por qué no, caminando tranquilo por las callecitas de Buenos Aires.

Pelea por los archivos de la represión

UN JUEZ BOLIVIANO EXIGIO A LAS FF.AA. QUE ENTREGUEN DOCUMENTOS DE LOS DESAPARECIDOS DE LA DICTADURA PELEA POR LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION

El representante de las fuerzas armadas bolivianas entregó el lunes pasado tres sobres al juez con un total de 65 fotocopias. Pero el fiscal del caso, que tuvo acceso a los archivos, sostuvo que ésos no eran los documentos solicitados.

 Por Sebastián Ochoa

Desde La Paz

El juez Roger Valverde dictaminó el levantamiento del secreto militar que impide saber qué pasó con la desaparición de personas durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981). Según los investigadores del caso, las fuerzas armadas no entregaron los documentos solicitados sobre el paradero de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y otros cientos considerados asesinados y desaparecidos, pese a que en lo formal cumplieron la orden judicial que exigía la apertura de los archivos de la represión.

Aún no respondieron desde el alto mando, cuya actitud evasiva fue respaldada por el vicepresidente, Alvaro García Linera. El representante de las fuerzas armadas bolivianas, el coronel Roberto Siles, entregó el lunes pasado tres sobres al juez Valverde (uno por cada fuerza) con un total de 65 fotocopias. “Me place dar cumplimiento a las normas emanadas por el Poder Judicial, dar acceso a la información y dar el acceso a los fiscales para que puedan verificar la información”, dijo Siles, quien aseguró que de esa manera los militares están cumpliendo con la orden de Valverde y con la Ley Orgánica castrense.

Pero el fiscal Eduardo Morales, que tuvo acceso a los archivos clasificados en el Gran Cuartel de Miraflores, sostuvo que ésos no eran los documentos solicitados. El investigador contó que los militares le habían mostrado un cajón con 2465 fojas en diez archivadores. Al juez le entregaron un resumen. El primer sobre, titulado “Armada”, llevaba once fojas abrochadas. El segundo sobre, denominado “Ejército”, tenía 45 fojas agarradas con un clip. El tercero, “Fuerza Aérea”, tenía dos anillados, uno con tres fojas y otro con cinco más un certificado.

El fiscal Milton Mendoza, que también atiende al caso, pidió más información. “Estamos hablando de treinta años de sucedidos los hechos. Con una información parcial no se van a poder esclarecer. Si nos limitan, si nos dan información parcial y sesgada el resultado es claro: otra investigación frustrada. Lo que se pide es que revelen los verdaderos archivos clasificados,” señaló.

Según la orden del juez, emitida ayer, “se autoriza el levantamiento del secreto militar de los documentos, archivos en cualquier tipo de soporte físico, fuentes de información que serán entregadas a la comisión de fiscales y serán mantenidos en reserva”. Mendoza dijo que si las FF.AA. siguen desobedientes pedirá la incautación y el secuestro de los archivos, más el allanamiento del cuartel donde, según los familiares, se encuentran enterrados los cuerpos de decenas de desaparecidos.

“Toda la información de 1980 se les entregó al fiscal y a su equipo de investigación. Es decir, no hay absolutamente ninguna restricción para que los fiscales y el equipo revisen el tiempo que sea necesario la documentación militar, no hay ningún obstáculo para el trabajo de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía se está excediendo de sus atribuciones”, dijo el vicepresidente.

Linera destacó que los militares acondicionaron una habitación en el cuartel para que los fiscales investiguen y saquen fotocopias. Sin embargo, Mendoza evidenció que ése “no es el procedimiento penal”, ya que la orden judicial solicita entregar los archivos a la Justicia.

Marta Montiel, que busca a su padre, Tirso Montiel, un ex carabinero chileno desaparecido en 1970 junto a varios guerrilleros de Teoponte, fue muy crítica con el vicepresidente. “Al compañero Linera se le olvidó su trayectoria revolucionaria al defender a los militares. A él y a su hermano lo han torturado ellos. ¿Por qué los defiende? El sabe que los militares aquí, en Chile y en Argentina han matado al pueblo”, afirmó.

Sobre la última orden del juez, dijo a Página/12 que existe malestar en el seno de las fuerzas armadas. “Deben estar superfuriosos. Es primordial que los militares entiendan que la justicia militar no está por encima de la justicia civil ni de la Constitución,” señaló.

Para varias organizaciones de derechos humanos, la renuencia de las fuerzas armadas a mostrar documentación se debe a que muchos aún están en carrera. E incluso muchos que fungieron como paramilitares en ese momento ahora serían funcionarios del gobierno, aseguran. Según Montiel, varios organismos coordinan acciones de protesta para los próximos días.

Integrante de Hijos del Interior “desaparecido”

Ramón González Morales, integrante de la organización Hijos del interior, cuya familia es querellante en la causa a genocidas, ya había sido detenido por policías quienes lo golpearon durante toda una noche el 18 de junio pasado. Fue desaparecido el 23 de enero, mientras jugaba al boley en Monte Grande, provincia de Buenos Aires.


Comunicado

Denunciamos por este medio la desaparición de un nieto y sobrino de  desaparecidos durante la última dictadura militar.Ramón Gumersindo  González Morales desapareció en monte grande Bs. As el día 23 de enero del 2010 a 20 horas mientras se encontraba jugando al voley.
El mismo ya había sido detenido en el mismo lugar con anterioridad el día 18 de junio del 2009,en el momento dijeron que por tres horas por disturbio en la vía publica, luego de constatar su identidad, lo golpearon durante  toda la  noche y lo pusieron en libertad recién al otro día
La madre radicó la denuncia recién en el día 6 de febrero por no contar con los medios económicos.
Su madre, Graciela Morales se caso en paraguay  de su matrimonio  nacieron 11 hijos. Hace 2 años regreso a Monteros, con sus hijos.
Ramón se trasladó  a Bs. As por falta de trabajo, al momento de desaparecer  trabajaba en la contrición y se encontraba tramitando la ciudadanía argentina.

Su madre y sus hermanos  pertenecen a la  Agrupación hijos del interior, pues sus abuelos y sus tíos de apellido Morales  fueron secuestrados durante el proceso militar en la localidad de  de capitán Cáceres, Monteros, Tucumán
Graciela morales es querellante junto a sus hermanos en juicios a los militares.
Denunciamos su desaparición, exigimos su aparición con vida y solicitamos se investigue hasta las últimas consecuencias.                                                                             
Agrupación hijos del interior                                                   
Solicitamos urgente  difusión de esta grave situación                                                     
 Para comunicarse 0381 155905998     

Las garantías procesales benefician a los represores


Irina Santesteban (LA ARENA)

Algunos de los acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, llegan a los juicios gozando del beneficio de la excarcelación. Sin embargo, ningún defensor de la "mano dura" ha protestado por ello.

El viernes 26 comenzó en los Tribunales ubicados en la calle Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, el juicio por los delitos que se cometieron en el campo de concentración conocido como "El Vesubio". En el mismo están acusados ocho ex represores: el general Humberto Gamen, los coroneles Pedro Durán Sáenz y Hugo Pascarelli y los agentes penitenciarios Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Zeolit, Diego Chemes y Ricardo Martínez.

Cual reflejo de las diferencias de clase que existen dentro de las filas del Ejército y las fuerzas de seguridad, los cinco penitenciarios ingresaron a la sala de audiencias con sus manos esposadas, de las que fueron liberados antes de tomar asiento.

Sin embargo, los tres jefes militares entraron con sus manos libres, impecablemente trajeados, como si fueran respetables señores mayores. Es que los tres gozan del beneficio de la excarcelación, por haber transcurrido los dos años que la ley procesal establece como límite de la prisión preventiva. Una garantía procesal que los impulsores de la "tolerancia cero" en la lucha contra el delito, han impugnado siempre como un "exceso de garantías" que beneficia a los delincuentes.

El Centro

El Vesubio fue uno de los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura videlista, está ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, en Camino de Cintura y Autopista Richieri. Dependía del Primer Cuerpo de Ejército y en sus instalaciones fueron vistos secuestrados y aún figuran desaparecidos, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raimundo Gleyzer y el dibujante Héctor Oesterheld.

Aunque se calcula que fueron cerca de cuatro mil los detenidos que pasaron por ese campo, en este juicio se ventilarán los casos de 157, algunos de los cuales sobrevivieron al horror de la detención ilegal y las torturas y son parte de los más de 300 testigos que prestarán su declaración en las audiencias, que se estima se prolongarán hasta noviembre.

Además de las continuas dilaciones que plantean las defensas de los genocidas, los juicios por los crímenes de la dictadura, enfrentan varios otros problemas, entre ellos la falta de espacios adecuados para desarrollar las audiencias públicas.

En el enorme edificio de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, se utiliza la sala del subsuelo para tres juicios diferentes. Tres días a la semana, semana por medio, tienen lugar las audiencias por la mega-causa "Atlético - Banco- Olimpo", más conocida como ABO y donde se encuentran acusados quince ex represores, en su mayoría ex comisarios de la Policía Federal, algunos gendarmes y agentes de inteligencia militar.

Otros tres días a la semana, también semana de por medio, en la que no se ventila la causa anterior, se llevan a cabo las audiencias por la causa "ESMA", que comenzó en diciembre del año pasado y que tiene 19 acusados, entre ellos Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, el médico Carlos Octavio Capdevilla, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón y Ricardo Cavallo.

Dudas

En esa misma sala, desde el pasado viernes 26 de febrero, también tienen lugar allí las audiencias de la causa "Vesubio" aunque hasta esta semana no se sabía cómo iba a continuar, por la falta de espacio adecuado.

El día del inicio de la audiencia, hubo que esperar a que se desocupe la sala y partieran los acusados de la causa "ESMA", quienes fueron repudiados con cánticos por los militantes que se encontraban en la puerta de Comodoro Py, mientras al interior de los Tribunales se acondicionaba rápidamente la sala de audiencias para comenzar, con una hora de retraso, con la lectura del requerimiento fiscal en la causa "Vesubio".

No fue el único retraso en esta causa, la renuncia al Tribunal Oral Federal Nº 4 (TOF 4), quien tiene a su cargo el juicio, de la magistrada María Cristina Sanmartino, ya había prorrogado el inicio de las audiencias previstas inicialmente para el 15 de diciembre del año pasado. Finalmente el Tribunal quedó conformado por el camarista Leopoldo Oscar Bruglia (presidente), Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi, éste último miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

El procesamiento con prisión preventiva de los imputados había sido dispuesto por el juez Daniel Rafecas el 23 de mayo de 2006, que analizó 16 homicidios agravados y 157 privaciones ilegales de la libertad en concurso real con imposición de tormentos. Un año después, el 10 de abril de 2007, la Cámara Federal confirmó dicho procesamiento y finalmente, luego de innumerables dilaciones, comunes a estos juicios, el 22 de julio de 2008 se dispuso la clausura parcial de la instrucción y su elevación a juicio oral y público.

Primera audiencia

La primera audiencia se prolongó por casi cuatro horas, y la lectura del extenso escrito de la Fiscalía fue seguida con atención por el público conformado por unas setenta personas, sentados detrás de un vidrio que los separaba de los miembros del Tribunal, imputados y abogados. Los presentes eran mayoritariamente familiares de las víctimas, ex detenidos del Vesubio y personalidades de los organismos de Derechos Humanos, como Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Jorge Watts, sobreviviente del Vesubio y uno de los principales testigos en la causa; María Eleonora Cristina y Mónica Cristina, hija y hermana de Roberto Cristina, secretario general de Vanguardia Comunista y desaparecido en "El Vesubio".

En la parte superior de la sala, se ubicaron los escasos familiares de los imputados, quienes formaron fila con el resto del público al momento de ingresar a la audiencia. Su porte militar y rostros adustos contrastaban con el bullanguero grupo de familiares y militantes, que expresaban su satisfacción por haber arribado a este juicio aunque con 32 años de demora.

La emoción y el llanto embargaron a algunas mujeres cuando el secretario del Tribunal leía sus nombres, cuyos casos figuran entre los 157 que juzgará este juicio, y que serán importantes testigos por haber sido detenidas ilegalmente y torturadas en ese campo de concentración.

Entre las víctimas del imputado Durán Sáenz, figura la pampeana Elena Alfaro, secuestrada embarazada en abril de 1977 y liberada en noviembre de ese año, actualmente residente en Francia. El padre de su hijo, el cordobés Luis Fabbri continúa desaparecido y también es uno de los casos que se juzgará en esta causa.

Agenda marzo de audiencias juicios contra genocidas

Lunes, 01 de marzo de 2010. A partir de mañana continúan los Juicios por los hechos ocurridos en la última dictadura militar.

-Juicio Club Atlético, Banco, Olimpo . Continúa el 08 y 09 de marzo a partir de las  9:00hs. (Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso, TOF Nº 2).

-Juicio por la ESMA . Continúa el 03, 04 y 05 de marzo a partir de las 10:00hs. (Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso. TOF Nº 5).

-Juicio por el Vesubio . Continúa la lectura de los delitos imputados el martes 02 de marzo a las 11:00hs. (Capital Federal. Comodoro Py 2002, Retiro. Acreditación: 6º piso, TOF Nº  4).

- Juicio Campo de Mayo. Alegatos de las defensas de los genocidas 02, 03 y 09/3 a partir de las 9:30hs. (Hipólito Irigoyen 4595, Florida).

-Rosario: Causa Guerrieri–Amelong. Continúan los alegatos de la Fiscalía el 02 de marzo en el Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario. Transmisión online  

-Salta: continúa el Juicio por el secuestro y desaparición forzada de Aldo Melitón Bustos. JuzgadoFederal de Salta.

-Tucumán: martes, miércoles y jueves, 9:00hs. Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Crisóstomo Álvarez y Ayacucho. Televisación en directo por Canal 10 de Tucumán .

-La Plata, Unidad 9 : comienza el 8/3. TOF Nº 1 de La Plata.
-Masacre de Margarita Belén : comienza en marzo de 2010- Chaco.

FRANCISCO MADARIAGA QUINTELA, NIETO 101 RECUPERADO

“Que te cuenten tu historia es un regalo de la vida”

“Sentía que había otra verdad”, relató el joven y contó cómo fue el camino que le permitió recuperar su identidad. Dijo también que “sin las Abuelas sería imposible” y remarcó: “Faltan más de trescientos pibes. Hay que crearles la duda y decirles que se puede”.

Por Diego Martínez

Durante treinta y dos años vivió con identidad falsa, apropiado por Víctor Alejandro Gallo, capitán del Batallón de Inteligencia 601, carapintada, delincuente de fuste, que llegó a gatillarle en la cabeza. “Era su juguete de guerra”, resume. La duda comenzó a los veinte pero hizo falta una década y la presión de los amigos para acercarse a Abuelas. En dos semanas quebró a la apropiadora, supo que nació en cautiverio en Campo de Mayo, que se llama Francisco Madariaga Quintela, que su mamá Silvia ejerció como médica hasta que el Ejército la borró de la tierra, y conoció a su padre, Abel, secretario de Abuelas desde 1983. “Es un regalo de la vida que alguien te cuente tu historia. Hay que pelear por la verdad. Quien busca, encuentra”, enseña.

“El tipo era nazi”, recuerda, y enumera enemigos: zurdos, judíos y negros. La infancia, en San Miguel, fue “con violencia física y psicológica: en lugar de Los Parchís nos hacía escuchar marchas patrias”. El plural incluye a Guadalupe, un año mayor, y Martín, dos menos, hijos biológicos de los apropiadores. Los compañeros de colegio lo señalaban y dudaban: “¿Son hermanos?”. Debieron pasar años para que Francisco, entonces Alejandro Ramiro, pensara en la pregunta.

A sus catorce años los apropiadores se divorciaron. La violencia siguió. “Un día entró con una pistola, le rompió el tabique a ella y me gatilló en la cabeza.” La música y el secundario lo acercaron al tema dictadura. “Era punk, iba a recitales, estaba bien informado, incluso fui a alguna marcha”, recuerda.

La separación y las detenciones de Gallo jugaron a favor: “Tuve la libertad de formarme solo. A los dieciséis empecé a trabajar de cadete: fue mi independencia. Es que te crían con miedo, para que no cruces de vereda. La ignorancia es lo que te impide llegar a la verdad. Más abajo te tienen, mejor te controlan”, afirma.

“A los veinte empiezo a hacer malabares, a viajar como artista callejero, y a formarme, a ser yo como persona. Entonces empiezan las dudas, un gran vacío, cada vez más angustia. Sentía que había otra verdad.”

La relación con las novias fue un indicio. “Las trataba como a una madre. Les hacía una escena cuando se iban. Me faltaba algo, la mujer que me habían sacado, todo lo natural que puede tener un hombre”, dice.

“Malabareando” recorrió el país y el sur de España. Luego la apropiadora lo echó. “Se lo agradezco, me generó dudas enormes. Al estar solo te planteás un montón de cosas.” Gallo le dio trabajo en Lince, una de las tantas agencias de seguridad al servicio de represores. Un día llamó para agradecerle un destino. Al siguiente lo cambió. “Era un juguete de guerra”, explica. Las discusiones incluían amenazas de muerte e invitaciones a pelear.

“La duda era tan grande que decidí enfrentarlo. Sabía que no se iba a quebrar pero confiaba en que alguien del entorno contara la verdad, porque es una asociación ilícita”, propone el tipo penal para los cómplices: “Toda la familia sabía, no fue una mentira de dos personas”.

–¿Por qué el entorno protege al apropiador?

–No lo sé. Es un tipo muy violento. Le falta violar y tiene todo. En la familia decían estar amenazados. Puede ser, pero me secuestraron durante 32 años y nadie me lo comentó. Todos son responsables.

La decisión surgió de una charla en plena borrachera, con Juan y Cristian, “amigos de la vida”, el último sábado de enero.

–Acercate a Abuelas –ordenó Juan.

–¿Y si es mentira? Quedo como un loco.

–Nadie tiene la culpa de dudar.

“Me obligaron”, agradece. “Yo buscaba mi identidad. Mi miedo era que diera negativo y no poder meter preso al tipo.”

El día D era el miércoles 4. Antes gastó los últimos cartuchos. “O él me daba un tiro o me enteraba de la verdad.”

–¿Soy adoptado? –indagó a la falsa abuela paterna.

–¿Querés tomar algo? –lo eludió. “Loca como el hijo”, pensó él.

A horas de visitar Abuelas le dio la última chance a la apropiadora. “Yo era una porquería humana, quería mostrarlo para quebrarla”, contextualiza.

–Decime la verdad. ¿Soy tu hijo? –golpeó la mesa.

Silencio.

–¡Hablá! ¿Soy tu hijo? –gritó.

La mujer negó con la cabeza.

“Ahí se me llenó el pecho de aire. Hubo un silencio terrible. Respiré hondo. No grité. El duelo lo venía haciendo desde hacía rato.”

Gallo le habló de “un huérfano en Campo de Mayo”, le contó la mujer, y ella le propuso criarlo, agregó. A la mañana siguiente lo acompañó a Abuelas. Los recibió un psicólogo. “Marcos sabe preguntar”, agradece. Su DNI falso dice que nació en Campo de Mayo el 7 de julio de 1977. “Ella me recibió con el cordón. No podían haber pasado más de cinco días”, explica.

De inmediato la judicialización, el examen y la espera. “Veía autos por todos lados. Pensaba que me pisaba. Pedía por favor que la cabeza no me falle. Se me caía el pelo del cuerpo.”

Al atardecer del miércoles 17, en un bar de Costanera Sur, Marcos recibe un llamado y propone caminar.

–¿Querés saber la verdad? –anuncia–. Tu nombre es Francisco Madariaga Quintela. Tu papá es compañero mío, un tipazo. Te están esperando en Abuelas.

“Yo lloraba, me reía, veí gente con perros, gritaba como loco. Es un regalo de la vida que alguien te cuente tu historia... Además me sacaba otra mochila del inconsciente: ¿Y si no hay nadie?”

El viaje a Abuelas fue eterno. “Abren la puerta. Veo un montonazo de gente aplaudiendo y Abel esperando, rodeado, porque es importante acá”, aclara con orgullo. “Nos dimos una abrazo, lloramos, fue buenísimo. Cuando nos dejaron solos, le pedí fue una foto de mi mamá”, recuerda.

–¿Te ves parecido a Abel?

–Sí, hasta en la personalidad. Cuando me enojo tengo un carácter bien podrido. Comentan que él también.

“Estoy súper feliz pero el duelo por mi mamá lo voy a tener que hacer. No me la dejaron tener. Fue médica cirujana, luchó por sus ideales, eso es muy importante para mí, porque me pude mantener al margen de esa familia, nunca me traicioné, y saber que tu vieja fue una luchadora, tu papá también, te va llenando todo”, contagia las lágrimas.

–¿Ya te emborrachaste con tus amigos?

–Todavía no, tenían que manejar. Ahora disfruto de Abel, estoy armando el rompecabezas que me escondieron. Muero de ganas de festejar con los pibes. Me hicieron ver la realidad: una duda es una duda. Soy un agradecido de que todo se haya solucionado rápido. Me estaba volviendo loco.

“Sin las Abuelas sería imposible. Es muy pesado enfrentar a estos tipos”, concluye. “Ahora faltan más de trescientos pibes. Hay que crearles la duda y decirles que se puede, que no tengan miedo, que esto es súper confidencial. Hay que pelear por la verdad, que quien busca, encuentra.”

Juicio "El Vesubio". Los tres militares imputados llegan a este juicio gozando de libertad.

Se trata de 156 casos elevados a juicio entre los que figuran 75 desapariciones
Comenzó el juicio por violaciones a los DDHH en "El Vesubio"
El juicio oral y público contra ocho ex militares acusados por 156 casos de graves delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como "El Vesubio" comenzó el viernes ante una sala colmada de familiares de víctimas y sobrevivientes, y miembros de organismos de derechos humanos.

"El Vesubio" estaba ubicado en Camino de Cintura y Richieri y dependía del disuelto Primer Cuerpo de Ejército.

Se trata de 156 casos elevados a juicio entre los que figuran 75 desapariciones de detenidos y 17 fusilamientos.

El Tribunal Oral Federal 4 -previo al ingreso de la prensa para la toma de fotografías de los acusados- dio por iniciado el juicio con la lectura de la acusación contra los militares, entre quienes se cuenta el ex coronel Pedro Alberto Durand Sáenz.

La sala de audiencias, en su parte inferior, destinada a los familiares, víctimas y miembros de organismos se encontraba colmada de público.

Un nutrido grupo de integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. montó un escenario en la puerta de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002 en Retiro y colocó carteles con las fotos de desaparecidos durante la dictadura.

Entre los asistentes se encontraban los jóvenes Verónica Castelli, hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli, y María Cristina, hija de Roberto Cristina, quienes estuvieron en "El Vesubio" y permanecen en condición de desaparecidos.

Entre las víctimas más notorias se cuentan el novelista Haroldo Conti; el director cinematográfico Raimundo Gleizer y el historietista Héctor Oesterheld, cuyas cuatro hijas también están desaparecidas.

"El Vesubio" estaba ubicado en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista Richieri, dependía del Regimiento de Infantería con asiento en La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, y bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

Las instalaciones del Vesubio fueron demolidas en 1978 antes de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país ante las denuncias internacionales contra la dictadura militar.

El Tribunal Oral Federal 4 tendrá a su cargo el debate que, en un principio, estaba previsto para el 17 de febrero, pero hubo demoras en la integración.

La Sala de audiencias se colmó de público, en su gran mayoría integrantes de organismos de derechos humanos y sobrevivientes de ese centro de detención.

Las audiencias de este juicio también se desarrollarán en la misma sala en la que en horas de la mañana se llevó a cabo una nueva jornada del proceso por la causa ESMA y que se conoce como "Sala AMIA", ya que fue construida especialmente para ese juicio.

Tras la renuncia de la jueza María Cristina San Martino, serán los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi -miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata- quienes llevarán adelante el proceso.

La designación de Bertuzzi fue dispuesta por la Cámara Nacional de Casación Penal este martes, por resolución 141/10.

En la causa se investiga la participación de Pedro Alberto Durán Sáenz, Héctor Humberto Gamen, Hugo Idelbrando Pascarelli, Ramón Antonio Erlán, José Néstor Maidana, Roberto Carlos Zeolitti, Diego Salvador Chemes y Ricardo Néstor Martínez.

El procesamiento con prisión preventiva había sido dispuesto por el juez Daniel Rafecas el 23 de mayo de 2006, que analizó 16 homicidios agravados y 157 privaciones ilegales de la libertad en concurso real con imposición de tormentos. La Sala I de la Cámara Federal confirmó el pronunciamiento el 10 de abril del 2007.

En el caso de Martínez, el 6 de julio de 2006 se dispuso su procesamiento con prisión preventiva en orden al delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas (reiterado en 157 ocasiones) en concurso real con imposición de tormentos (reiterado en 157 ocasiones).

Dicho pronunciamiento fue confirmado por la alzada, el 24 de abril de 2007. En tanto, el 22 de julio de 2008 se dispuso la clausura parcial de la instrucción y su elevación.

       
Pedro Alberto Durán Sáenz, ex jefe de "El Vesubio", y Hugo Idelbrando Pascarelli, jefe del área 114; y el general retirado Héctor Humberto Gamen, segundo comandante de la Brigada de Infantería X -en la Subzona 11- y Jefe de la Central de Reunión de Información. Los tres militares llegan a este juicio gozando de libertad.

DETENIDO AYER EN MIAMI UNO DE LOS REPRESORES QUE PARTICIPO DE LA MASACRE DE TRELEW

Bravo, el que pegó los tiros de gracia

El teniente de navío retirado Roberto Bravo fue capturado en Estados Unidos, donde vive desde los ’70. Tres sobrevivientes de la masacre lo señalaron como el encargado de rematar a las víctimas. Ahora se inicia el proceso de extradición.

Por Diego Martínez

A treinta y siete años, seis meses y tres días de la Masacre de Trelew, cuando oficiales de la Armada fusilaron a dieciséis presos políticos en la base Almirante Zar, fue detenido ayer en Miami el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, sindicado por los tres sobrevivientes como quien recorrió los calabozos para darles el tiro de gracia a las víctimas. La captura de Bravo, radicado en Estados Unidos desde los años ’70 y presidente de una empresa que factura millones de dólares a cambio de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas, fue solicitada dos años atrás por el juez federal de Rawson, Hugo Sastre. El juicio oral a seis imputados por la masacre del 22 de agosto de 1972, a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, comenzaría en abril en el teatro Verdi de Trelew.

El 19 de febrero de 2008, tras la orden de detención, Página/12 informó que el Ñato Bravo vivía en Miami, donde preside RGB Group Inc. Un empleado informó que “entra y sale todo el tiempo”, pero fue imposible obtener su palabra. Igual que en los años que siguieron a la masacre, cuando se escondió en la base naval de Puerto Belgrano y luego en la Agregaduría Naval en Washington, Bravo prefirió guardar silencio.

El juzgado de Rawson tardó diez meses para traducir las pruebas. En marzo pasado el agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos formuló “recomendaciones”, que con el respaldo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería se lograron satisfacer en dos meses. El pedido de extradición se presentó ante el Departamento de Estado el 15 de julio. El 20 de enero, a pedido de un juez de Florida, se enviaron las huellas dactilares del marino. Ayer fue detenido y hoy probablemente se sepa si la Justicia le concede la posibilidad de pagar una fianza para permanecer en libertad durante el proceso de extradición, que podría durar varios meses, sobre todo porque Bravo tiene ciudadanía norteamericana.

Los imputados en condiciones de ser juzgados son los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el cabo Carlos Marandino, los tres como autores directos de dieciséis homicidios agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa, por los sobrevivientes María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar. Como cómplices necesarios serán juzgados el contraalmirante Horacio Mayorga, enviado por el gobierno de Alejandro Lanusse tras la fuga del penal de Rawson, y el jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El responsable del sumario interno que respaldó la falacia del intento de fuga, capitán Jorge Bautista, será juzgado por encubrimiento.

Engordar o matar

Gracias al testimonio de los sobrevivientes, a quienes el poeta Francisco Paco Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto el 24 de mayo de 1973, el comportamiento del teniente Bravo está documentado desde hace tres décadas. Cuando se hizo cargo de su primera guardia ordenó que los sacaran a comer de a uno, con varios soldados apuntando, y fijó un límite máximo de cinco minutos.

–¡Si seremos boludos! –pensó en voz alta–. En lugar de matarlos estamos engordándolos.

Camps recordó que Bravo “se las ingeniaba para estar siempre de noche. La mayor parte de las guardias las cumplía él con su equipo, diurnas y nocturnas. Dormía un turno, seis horas, y después estaba todo el día”.

Bravo “buscaba excusas” para sancionarlos. “La sanción, por llamarla así, era hacernos desnudar y hacer cuerpo a tierra de boca hacia abajo o de espalda en el suelo, o pararnos lejos de la pared y hacernos apoyar con la punta de los dedos en la pared: eso en un tiempo prolongado entumece los dedos”, contó Camps. Otra tortura era impedirles dormir. “Recorría las celdas y apenas encontraba a alguno que estuviera cabeceando, lo pateaba, o nos hacía estar parados”, agregó.

Con Mariano Pujadas tenía una saña particular. Le hacía barrer el piso desnudo.

–¿Hace frío? –preguntaba, y largaba la carcajada.

Clarisa Lea Place se negó a ponerse cuerpo a tierra. Bravo sacó la pistola, la martilló y se la puso en la cabeza:

–Vas a morir, hija de puta –le advirtió. Poco después cumplió.

La madrugada de la masacre, Bravo era jefe de turno de la guardia. Despertó a los presos a las 3.30.

–Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Van a ver lo que es el terror antiguerrillero –les advirtió.

Los hicieron salir de los calabozos, formar en dos filas y dieron una orden que nunca antes habían dado:

–Mirar al piso.

La primera ráfaga de ametralladora impactó en la hilera de la derecha. Entre quejidos y puteadas, Sosa y Bravo, pistola en mano, recorrieron los calabozos para dar los tiros de gracia.

Camps recordó que junto con Mario Delfino se tiraron cuerpo a tierra a tiempo. Aún estaban ilesos cuando “llega Bravo y nos hace parar, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Estaba parado, más o menos a un metro de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio, le decimos que no, y ahí me tira, a mí primero, y cuando estoy cayendo escucho otro tiro y veo que cae Mario. Tiró desde la cintura con pistola”.

Berger llegó a escuchar cuando inventaban la versión que luego difundirían la Armada y Lanusse:

–Bueno, vos tenías una metra y Pujadas intentó quitártela.

Haidar escuchó la explicación de Bravo cuando llegaron los primeros marinos que no habían participado:

–Aquí Pujadas le quiso quitar la pistola al capitán, se quisieron fugar.

dmartinez@pagina12.com.ar

FRANCISCO MADARIAGA QUINTELA CONTO JUNTO A ABEL, SU PADRE, COMO RECUPERO SU IDENTIDAD DESPUES DE 32 AñOS

“Para mí es un regalo, la familia que buscaba”

En rueda de prensa, padre e hijo mostraron su alegría por el reencuentro. Francisco dijo que “no tener identidad es como ser un fantasma”. Su padre, el hombre que se sumó a la búsqueda de Abuelas, comentó: “Es un tigre, como su madre”. Silvia Quintela está desaparecida.
Por Laura Vales
Tienen la misma nariz –grande y carnosa–, la misma frente ancha y los pómulos idénticos, marcados y altos. Viéndolos juntos, uno sentado junto a otro, es imposible no pensar con el primer vistazo que son padre e hijo. Ayer, Abel y Francisco Madariaga contaron en una conferencia de prensa cómo se encontraron después de tres décadas. Abel, el papá, es secretario de Abuelas de Plaza de Mayo y buscaba a Francisco desde 1983. Pero fue el chico el que, ya crecido y convertido en un adulto, finalmente terminó encontrando al padre. A los 32 años, tras haber sido apropiado y criado por un oficial de inteligencia de Ejército, se presentó en Abuelas con la sospecha de que era hijo de desaparecidos, para hacerse los análisis de ADN.
Así se convirtió en el nieto recuperado número 101. En su caso, con la suerte extra de tener vivo a su papá, integrante de la dirección del organismo de derechos humanos –único hombre en un círculo de mujeres– y uno de los responsables de diseñar la estrategia de comunicación para que los jóvenes que sienten dudas sobre su filiación se acercaran a la entidad.
En la sede de Abuelas, donde se realizó la conferencia, Francisco estuvo acompañado por dos amigos, Cristian y Juan, treintañeros como él y que, según contó, fueron claves en la historia (“quiero agradecerles porque me obligaron a venir”, les dijo públicamente). Mezclada entre el público, también estuvo Lucía, su ex novia, que también lo apoyó en el proceso.
Francisco había llegado a Abuelas el 3 de febrero para hacer la consulta. Después, todo fue rápido. El día 4 fue a sacarse sangre para el análisis, y a las dos semanas la Justicia le informó sobre los resultados y le ofreció ponerlo en contacto con su verdadera familia. Resultó que además del padre había un tío (Daniel Quintela) y dos primas (Elena y Mariana) que también lo buscaban.
–Que nuestro encuentro haya sido tan natural va a darles fuerza a otros pibes –vaticinó ayer Abel, el papá–. Es un efecto de siembra; nos llevó tiempo sembrar, pero la cosecha viene cada vez más rápida.

“Un premio”

La historia sobre el nacimiento de Francisco fue relatada por Estela de Carlotto, la titular de la entidad. El joven nació en el hospital militar de la guarnición de Campo de Mayo, en julio de 1977. Su madre, Silvia Mónica Quintela, era, como Abel, militante de la organización Montoneros. Silvia había estudiado medicina en la Universidad de Buenos Aires y estaba haciendo la residencia como cirujana en el hospital municipal de Tigre cuando el 17 de enero de 1977 un grupo de tareas de la dictadura la secuestró. Tenía 28 años y estaba embarazada de cuatro meses.
La llevaron al centro clandestino de detención El Campito, donde la vieron varios sobrevivientes. En julio de 1977 fue trasladada al Hospital Militar, donde le hicieron una cesárea. Silvia dio a luz a un varón al que le puso de nombre Francisco, como quería su compañero.
Fueron las abuelas del recién nacido Sara Elena de Madariaga y Ernestina “Tina” Dallasta de Quintela las que iniciaron su búsqueda y la mantuvieron en los años de la dictadura. Abel, que tras el secuestro de su mujer se había exiliado en Suecia y más tarde en México, volvió a la Argentina en 1983 y se encargó activamente de la búsqueda; así se sumó al trabajo de las Abuelas. Con los años, se convirtió en el coordinador de los equipos técnicos de la entidad, y después pasó a ser parte de su mesa directiva.
“Todos los nietos son queridos, pero éste es un premio para un padre que luchó toda la vida”, definió Carlotto, que en la presentación estuvo acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

Mentiras y violencia

En la conferencia de prensa, como era de esperar, hubo lágrimas de emoción. Lloraban los amigos de Francisco, lloraban varios integrantes de Abuelas, lagrimeaba aproximadamente la mitad de los que estaban en el salón mientras la otra mitad respiraba hondo y aguantaba. Abel contestó las preguntas de todos los medios con la voz firme, pero le temblaban las manos. En cambio, Francisco parecía totalmente aplomado: se lo veía alegre, pura sonrisa.
El padre, orgulloso, dijo que el hijo era “un tigre, como la madre”. Y aseguró que físicamente era “muy parecido” a ella “aunque, pobrecito, con algunos rasgos míos”. Francisco relató a su vez que, después de conocerlo, lo primero que hizo fue pedirle una foto de su madre.
Francisco contó, además, su vida con los apropiadores. Fue anotado como hijo propio por un oficial del Ejército, Víctor de Alejandro Gallo, al que describió como un hombre “muy violento”. “Fueron años oscuros, feos”, dijo sobre su infancia. En la familia, integrada por la mujer del militar, Inés Susana Colombo, y dos hermanos, nunca le dijeron que no era hijo biológico, y en su documento de identidad figuraba con el apellido del militar, con el nombre de Alejandro Ramiro, pero aun así, con los años fue acumulando dudas. “No me veía parecido a nadie, y además era una familia violenta, no me dejaban avanzar. No tenía ayuda familiar... por eso pensaba que una familia no podía hacer eso con un hijo propio.”
Así empezó a dar los pasos que lo llevarían a recuperar la identidad. “Lo busqué diez años”, resumió ayer, hablando del padre, pero sugiriendo que ese fue el tiempo que vivió con dudas y sin poder resolver la situación. Finalmente, cuando ya estaba muy avanzado en su búsqueda, la mujer de Gallo le confesó que, como él sospechaba, podía ser hijo de desaparecidos. Le dijo que “lo habían traído de Campo Mayo”, en julio del ’77, y que Gallo “le había dicho que se trataba de un niño abandonado”.
El militar era oficial de Inteligencia del Ejército; durante la dictadura integró el Batallón 601. Recuperada la democracia, Gallo acumuló antecedentes delictivos. En los ’80 participó del robo de una financiera y luego de la Masacre de Benavídez, donde fue asesinada una familia, hechos por los que estuvo detenido. En la actualidad es dueño de la agencia de seguridad Lince. Lo detuvieron el jueves, junto con su ex mujer (ver aparte), acusados de la apropiación. Se sospecha además que, en las últimas semanas, pudo haber estado detrás de dos incidentes que sufrió Francisco.
Antes de terminar la rueda de prensa, Abel pidió hacer dos agradecimientos, “a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y al Poder Ejecutivo, porque desde que la apropiación de niños pasó a ser un problema de Estado, hemos resuelto más de treinta casos”.
Le pidieron a Francisco que hablara a los que están en una situación similar a la que él pasó. “No tener identidad es como ser un fantasma”, contestó, “pero encontré una familia gigante, con amor y contención. Eso es lo que buscaba: para mí, es un regalo”.

El profesor que era un sanguinario represor

Desconcierto en la Universidad Católica de Salta.
El teniente coronel retirado Martín Rodríguez quedó detenido luego de declarar por la represión en Campo de Mayo. 
 
Mientras el juez federal Juan Manuel Yalj analiza la declaración indagatoria del teniente coronel Martín Rodríguez, quien admitió su participación en operativos y en reuniones de oficiales de Inteligencia con el condenado general Fernando Verplaetsen, pero sólo “escuchó hablar” de un lugar de detención en Campo de Mayo, las autoridades de la Universidad Católica de Salta anticiparon que pedirán “un dictamen legal” para evaluar la situación del ahora ex profesor, preso en Marcos Paz. Sus alumnos, en tanto, no salen del asombro, aunque admiten que el militar no ocultaba que “cumplió órdenes” durante la dictadura y generaba discusiones cada vez que “decía que antes estábamos mejor”. Rodríguez no es el primer militar/profesor de la UCS que afronta problemas penales. El ex teniente Daniel Fernando Karlsson estuvo imputado pero fue sobreseído por su actuación durante la dictadura en el Regimiento de Infantería 9 de Corrientes. El coronel Manuel Cornejo Torino, ex director de Fabricaciones Militares, es juzgado por la venta de armas a Ecuador y Croacia.

Cuando aún no se habían reabierto las causas sobre el terrorismo de Estado, el sargento Víctor Ibáñez, ex guardia de Campo de Mayo, mencionó ante el periodista Fernando Almirón al “capitán Rodríguez”. Dijo que se apodaba Toro y que “pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”. Un sobreviviente de El Campito relató un diálogo en el que un “capitán Rodríguez” transmitía a un superior información arrancada en un interrogatorio bajo tortura. Cuando el Ejército informó que había un solo “capitán Rodríguez” en Campo de Mayo, el juez Yalj lo citó a indagatoria.
El viernes, luego de informar del viaje a las autoridades de la universidad que según su web “se sitúa en la corriente occidental y cristiana”, Rodríguez se presentó bolso en mano en el juzgado de San Martín. Negó haber usado el apodo Toro, negó haber participado de interrogatorios y dijo desconocer “que alguna persona los haya realizado”. Admitió en cambio su participación en operativos y su relación con Verplaetsen, que va por segunda condena a perpetua.
–¿Cómo era el procedimiento si en alguna vivienda no les permitían realizar el control? –preguntó el juez.
–En ese caso no ingresábamos por la fuerza sino que, suponiendo que en dicho lugar se estaba intentando ocultar algún tipo de actividad relacionada con la subversión, se daba intervención a la policía y nos retirábamos –respondió impávido el profesor Rodríguez.
“Verplaetsen organizaba reuniones en las que se daban directivas, órdenes o se referían anécdotas sobre circunstancias que habían sucedido”, dijo sin entrar en detalles. “Se convocaba a todos los oficiales de Inteligencia en un aula para sesenta o setenta personas ubicada detrás de la oficina del coronel Verplaetsen”, agregó. Consultado sobre la existencia del centro clandestino, respondió que “escuchó hablar, se comentaba acerca de la existencia de un lugar donde había detenidos, pero de ninguna manera tomó conocimiento acerca de su ubicación o estuvo en dicho lugar”. Sólo admitió su presencia en la Universidad Kennedy, donde estudió Ciencia Política entre 1975 y 1978.

“La comunidad educativa está descolocada”, admitió ante El Tribuno el profesor Néstor Quintana. “Nunca imaginé lo que dice Página/12” (sic), agregó. El rector Alfredo Puig calificó la detención como “un hecho sorpresivo”, propuso “pensar en el principio de inocencia” y anticipó que pedirá un dictamen a los abogados de la UCS. “No lo puedo creer. Al profe lo aprecio un montón”, confesó su ex alumno Nicolás Ruiz. “Tengo una sorpresa enorme”, coincidió Santiago Tangona. “Sólo nos decía que cumplía órdenes, no nos animamos a preguntarle cuáles”, enriqueció el debate Julio Nakhle. “Solíamos discutir cuando decía que antes estábamos mejor”, agregó.

“La familia, el rugby y el Ejército son sus pasiones”, recordó el ex subteniente Federico Storniolo, director de informatesalta.com, donde publicó una foto suya, de uniforme, junto con Rodríguez. Confesó que decidió “servir a la Patria” luego de ver “un ejemplo” en su profesor, y luego de aclarar que “no reivindico, desconozco (sic) o niego lo que pudo haber pasado”, informó a sus lectores que “sobre estos temas tan sensibles como inconducentes (sic) se habla sólo de una verdad”. “La otra verdad algún día saldrá a la luz y entonces sí podremos decir que hay justicia y que la guerra se ganó (sic) no sólo por las armas”, concluyó. El periodista despidió al imputado con palabras de antología: “Con afecto, mi Teniente Coronel”.