Se realizará inspección en el destacamente de la Policía Federal de C. del Uruguay

Martn Turriani Este tramo de proceso se tratará específicamente la causa Nº 1.960/10, en el que la semana que viene se dará cierre a la investigación de los hechos ocurridos en el C. del Uruguay con una inspección ocular de la Policía Federal de La Histórica. Los procesados en esta instancia son: Albano Harguindeguy (Ministro del Interior de Videla), Francisco Crescenzo (Oficial de la policía Federal Argentina), Julio César Rodríguez (suboficial que prestó servicios en la delegación de Concepción del Uruguay de la Policía de Entre Ríos) y Juan Miguel Valentino (Mayor, jefe del Escuadrón de Caballería Blindada 2 de Gualeguaychú). Los delitos de los que se acusa a estos cuatro ex militares son: asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y torturas.

El primero en declarar este viernes fue Ramón Benítez, quién en 1977 militaba en el Partido Comunista de C del Uruguay. Benítez narró ante el Tribunal que en 1977 recibió en su casa una citación para que se presente en la Policía de la provincia. Se presentó en la policía de suburbios donde pasó la primera noche, luego estuvo en el Ejercito y la Departamental de la Policía de la Provincia, donde paso una noche en cada lugar, para terminar su derrotero en la Policía Federal de C. del Uruguay. Continuando con su relato Benítez afirmó que: “en la Federal me tenían en un calabozo donde todas las noches me interrogaban y me torturaban”.
Es testigo, a quien se notaba muy nervioso y hasta angustiado, dijo no haber visto a nadie en las mismas condiciones que él, pero que todas las noches escuchaba “alaridos desgarradores”. Benítez le dijo al tribunal que hasta el día de hoy sufre dolores en su columna producto de una patada que le dieron en una sesión de tortura y que no pudo identificar a ninguno de sus agresores porque siempre lo tenían encapuchado y esposado.

Pasado un mes de su llegada a la Policía Federal, Benítez fue trasladado al Regimiento de C. del Uruguay donde dos militares a los que identificó con los apellidos Delpierri y Palacios le dijeron estaba liberado, pero que tuviera cuidado porque iba a seguir siendo vigilado.
Benítez también se referencia a que en 1974 hizo la el servicio militar obligatorio en Córdoba. Al respecto dijo el testigo:”nos instruían como teníamos que tratar a los detenidos para que nos de información, como teníamos que apretarlos”.

Roberto Scheothauer fue el segundo en declarar. El testigo propuesto por la defensa dijo que en marzo de 1975 se inició como soldado en el Regimiento de Gualeguaychú. Scheothauer dijo que en 1976 fue designado como chofer del entonces jefe del Regimiento, mayor Valentino. El testigo dijo no haber visto, ni sabido de ningún comentario sobre la existencia de detenidos en el destacamento militar.

En el transcurso de su relato Scheothauer dijo en referencia al periodo de la dictadura que “había que cuidarse mucho, había un gran problema en la calle, en los montes tucumanos. Uno tenía que estar armado”.
Al final de su testimonio Scheothauer se dirigió al tribunal dirigido por Liliana Carnero “el tribunal debe tener en cuenta la época. Los militares teníamos miedo, eran tiempos muy difíciles”.
El último en declarar fue José Antonio San Román, quien vivía en calle San Martín 581, frente a la Policía Federal de Concepción del Uruguay. San Román vivió allí hasta el año 1976 pero no pudo especificar hasta que mes, por lo que no se pudo establecer si estaba en el lugar al momento de los hechos denunciados.

Blaquier fue citado a indagatoria por la "Noche del Apagón"

El empresario Carlos Pedro Blaquier fue citado por la Justicia Federal de Jujuy y cuatro policías fueron detenidos en el marco de la causa que investiga la tortura y asesinato de trabajadores y estudiantes a manos de fuerzas de seguridad y capataces de la compañía Ledesma, en 1976.

En ese sentido, la citación a indagatoria al empresario Carlos Pedro Blaquier y la detención de los cuatro policías que actuaron en la "Noche del Apagón", fue calificada hoy por el titular dela Unidad Fiscalde Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, Jorge Auat, como "un hecho histórico, porque se trata de un empresario emblemático".

El Jefe de los Fiscales para los casos de violaciones a los derechos humanos destacó que la llegada del juez Fernando Poviña, subrogante del Juzgado Federal 2 de la capital jujeña, en reemplazo del cuestionado Carlos Olivera Pastor, denunciado por organismos de derechos humanos y legisladores provinciales, "terminó con la impunidad en esa provincia".

Por su parte, el abogado de la querella, Pablo Pelazzo confirmó  a Télam la detención de cuatro policías en la causa en la que se investiga el secuestro, tortura y muerte de unos 400 trabajadores, estudiantes y profesionales durante la "Noche del Apagón" entre el 20 y 27 de julio de 1976 por parte de fuerzas de seguridad y capataces de la empresa Ledesma, según la denuncia.

"El juez detuvo a José Américo Lescano, Pedro Ríos, Virgilio Choffi y Carlos Cachambe, ellos eran policías que actuaron en la represión. Están detenidos y no fueron indagados aún. Es probable que sean imputados por las muertes", detalló a Télam desde Jujuy el abogado querellante.

Poviña llamó a indagatoria al ex administrador de la poderosa empresa Ledesma, Alberto Lemos para el 17 de mayo mientras que Blaquier debe presentarse en el juzgado al día siguiente.

Pelazzo precisó, ante versiones que circulaban en la capital jujeña en el sentido que Blaquier podría salir del país que "la misma cédula de citacion estableció que no puede ausentarse".

Los querellantes, entre los que se encuentran los hermanos Adriana y Ricardo Aredez, hijos del intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez, secuestrado durante los trágicos sucesos, cuentan con dos abogados más: Néstor Ariel Ruarte y Paula Alvarez Carreras que representan a hijos, familiares y ex presos.

Pelazzo manifestó la enorme expectativa de las víctimas de la represión al destacar lo que consideró "un vuelco" en la causa por los allanamientos a la empresa Ledesma y la citación a indagatoria de Blaquier.

De todos modos marcó quela Fiscalía"imputa solamente privación ilegítima de la libertad pero los querellantes hablamos de tortura, desaparición y muerte" de centenares de trabajadores, vecinos, profesionales y estudiantes, entre otros que vivían en el pueblito norteño.

Algunos de los querellantes sobrevivientes son Hilda Figueroa, estudiante; Ernesto Saman, empleado del ingenio azucarero; Eulogia Cordero de Garnica, esposa de trabajador fundador de Sindicato de Zafreros de Ledesma, quien sobrevivió y murió en democracia aunque sus hijos, Miguel Angel y Donato continúan desaparecidos.

Auat, en tanto, tras detallar que en Jujuy hay 130 víctimas de la represión "aún no hubo juicio y eso era mas que alarmante. Nosotros denunciamos esta situación hace tres años, hicimos planteos pero el panorama era sombrío, oscuro" y culpó al ex juez de la causa, Olivera Pastor, por las demoras y falta de investigación en las causas en esa provincia norteña.

Sobre el avance de la causa, el abogado de las víctimas dijo que la expectativa es que el 18 de mayo Blaquier declare y "ya veremos cómo seguimos" para conseguir justicia.

Ayer, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de ex presos políticos durante la dictadura militar denunciaron que la empresa Ledesma "realizó prácticas de espionaje en plena democracia", lo que se suma a la investigación del rol que cumplió el ingenio enla Nochedel Apagón que investigadores sitúan entre el 20 y 27 de julio de 1976.

Durante esas jornadas, fuerzas de seguridad secuestraron  estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas  y vecinos sospechados de ser activistas, entre ellos el intendente Luis Arédez.

Los detenidos fueron alojados en galpones de la empresa azucarera quienes estuvieron "durante meses atados, incomunicados y torturados", muchos de los cuales sobrevivieron y son los actuales querellantes.

Videla y su Dios de la Muerte

 Por Luis Miguel Baronetto *

A los 86 años, cuando se le acerca el final, Videla, católico de estilo medieval, apela a la magia de su religión para confesar sus crímenes.

“Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace”, ha declarado este ex general, condenado a prisión perpetua por tantos asesinatos nunca reconocidos. La religión le tolera exculparse descargando sus crímenes en su dios. El infantilismo al que lo somete esa religión le sirve para ampararse en la fatalidad divina. Un destino fatal que ofende su propia dignidad porque niega la libertad humana y la consecuente responsabilidad de los actos que cada uno debe asumir, si no ha perdido la razón y cree en el Dios de la Biblia. Está claro que Videla no cree en ese Dios. Su dios es el que le predicaron los vicarios castrenses. Es el dios de la muerte. Un dios justificador de los baños de sangre “para redimir la Nación”, como alentaba Mons. Bonamín. Un dios defensor de un orden “occidental y cristiano”, es decir que no es para todos, sino achicado a la propia y egoísta necesidad del desorden establecido por minorías poderosas causante de las injusticias sociales. El dios de Videla es el que salva matando, “unos siete u ocho mil”, según sus dichos, como si se tratara de ladrillos o postes. Muy lejos del Dios de la Biblia bondadoso, respetuoso de la libertad del ser humano y lleno de misericordia, que libera a los cautivos (Lc.4, 18), derriba a los poderosos de sus tronos y sacia el hambre de los pobres. (Lc.1, 52).

Tan cobarde el ex general que reconociendo los crímenes, los oculta. “Cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de la muerte”, dijo. Si no conociéramos los mecanismos del terrorismo de estado que gracias a los juicios han sido develados, podríamos sospechar de alguna enfermedad mental, que lo haría inimputable. Pero, este asesino aplaudido como presidente de la nación por muchos que ahora lo niegan, se refugia en un lenguaje mentiroso, tratando de autoengañarse a la hora de la verdad, que no podrá ocultar, por más que pretenda creerse elegido desde la eternidad para cometer sus crímenes. “Yo acepto la voluntad de dios. Creo que dios nunca me soltó la mano.” Tampoco se la soltaron algunos de sus más jerarquizados representantes en la tierra. Según ha declarado este mismo Videla como imputado y procesado en el asesinato de Mons. Enrique Angelelli, fue el Nuncio Apostólico Pio Laghi quien “sin hesitar, me respondió: Presidente, la Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de Mons. Angelelli fue producto (sic) por un accidente; Ud. puede dormir tranquilo respecto de este asunto.”

Si es cierto que la cobardía es prima hermana de la soberbia, Videla es buen defensor de la familia. En un soberbio delirio mesiánico, cumple con el destino señalado por la voluntad de su dios. Pero este dios, según la cobarde teología de Videla, lo quiere siempre como infante de pantalones cortos. Por eso necesita que no le suelte la mano. Y si alguna duda tenía, para evacuarla estaban personajes tan jerarquizados como Pio Laghi, que lo acunaba para que pudiera dormir tranquilo.

Todo lo contrario al Mesías de la Biblia, que terminó torturado y crucificado. Más aún, quejándose por el abandono de Dios: “Eloí, Eloí, ¿lamá sabactaní?...¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (Mc.15, 34).

Por más ataque de misticismo que padezca al acercársele la hora inexorable, Videla no será perdonado ni por su dios. Porque según el catecismo más antiguo para merecerlo hace falta examinar la conciencia, reconocer la culpa, dolerse del pecado y proponerse enmendarlo. En vez de todo esto, el infante Videla optó por culpar a su dios, que según se deduce de sus propias palabras es el dios de la muerte. Nada que ver con el Dios de la Biblia que dice: “He venido para que tengan vida y vida en abundancia”. (Jn.10, 10).

* Director de la Revista Tiempo Latinoamericano. Querellante en la causa por el homicidio de monseñor Angelelli.

Fuera Julio Petra, juez que ayudó a represores y cómplices

Uno menos en la Justicia

La Presidenta le aceptó la renuncia a su cargo de juez de la Cámara Federal de Mendoza. La había presentado al verse acorralado por el Consejo de la Magistratura, donde se lo investigaba por poner trabas al avance de las causas sobre crímenes de lesa humanidad.

 Por Irina Hauser

Julio Demetrio Petra, acusado de favorecer a represores y de haber intentado ayudar a su compañero de tribunal, el prófugo Otilio Romano, en la causa penal donde se le imputan 103 casos de violaciones a los derechos humanos, dejó de ser juez. La presidenta Cristina Kirchner le aceptó la renuncia al cargo de camarista de Mendoza, que había presentado en noviembre pasado acorralado por denuncias que analizaba el Consejo de la Magistratura, que lo tenía citado para el 22 de mayo. El organismo destituyó el año pasado a sus ex colegas Romano y Luis Miret por considerar que actuaron en complicidad con el terrorismo de Estado desde los tribunales mendocinos –como fiscal y juez, respectivamente– durante la dictadura. Los organismos de derechos humanos advertían que, en democracia, tanto ellos dos como Petra ponían trabas, desde la Cámara Federal, al avance de las causas por crímenes de lesa humanidad.

La imagen de Petra circuló por todas partes cuando fue fotografiado en 2010 cenando con vino y champán en un restaurante céntrico de Mendoza con su amigo Romano. Fue después de que la Cámara mendocina, precisamente con el voto de Petra incluido, apartara al juez de primera instancia Walter Bento de la investigación en la que había citado a indagatoria a Romano como presunto partícipe en secuestros, torturas y robo de bienes de desaparecidos, donde están imputados otros ex magistrados, como Miret. Unos meses después, el mismo tribunal integrado por otros camaristas, repuso a Bento y la causa avanzó. Romano huyó a Chile, donde pidió asilo pero ahora enfrenta un juicio de extradición. Petra fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato (fallar intencionalmente contra derecho) al tratar de ayudar a su amigo en lugar de excusarse. Lo decidió el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas, quien recordó en su fallo que la Cámara de Casación le había prohibido intervenir en causas de derechos humanos.

Los expedientes contra Petra en el Consejo de la Magistratura no sólo aludían a la resolución favorable a Romano, sino que incluían cuestionamientos a su actuación en otras causas por sobre los crímenes de la dictadura. Los organismos de derechos humanos lo responsabilizaban por liberar en forma masiva a policías y militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Al teniente coronel (RE) Luis Stuhldreher, quien fue interventor de San Rafael en 1976, le dictó falta de mérito en la causa por la desaparición de Héctor Fagetti, pero extendió esa medida a 18 desapariciones más a pesar de que esos expedientes no habían llegado al tribunal. La jueza sanjuanina Margarita Camus cuestionó a Petra también por la liberación de Osvaldo Martel, a quien reconoció como su torturador durante su detención en el penal de Chimbas en 1976. En varios de los fallos beneficiosos para los represores, junto con Petra firmaba Carlos Pereyra González, quien renunció en 2009, cuando el Tribunal Oral Federal de San Luis lo denunció por encubrir torturas siendo secretario durante la dictadura. Petra tenía cita con los consejeros este mes.

La trama de los jueces mendocinos ha puesto en evidencia la complicidad de algunos de ellos con el terrorismo de Estado, y los mecanismos que ya en el período constitucional pusieron en práctica para favorecer a los acusados de delitos de lesa humanidad, y a sí mismos. “En los últimos años eran los que entorpecían los juicios: Pereyra González, Romano, Miret, Petra”, dice Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, organismo que motorizó las investigaciones. “La renuncia de Petra –dice con satisfacción– cierra el capítulo de la Justicia federal cómplice en Mendoza.”

Jujuy: la hija de un intendente desaparecido acusó a Ledesma de financiar el golpe de Estado

Adriana Aredez, querellante en la causa que investiga la complicidad de la empresa Ledesma en la desaparición de su padre, Luis Aredez, intendente de Libertador San Martín durante la dictadura militar, aseguró que la firma "es una de las tantas que puso dinero para el golpe".

 
El juez federal tucumano Fernando Poviña, subrogante en el Juzgado Federal 2 de Jujuy que investiga la desaparición y secuestro de personas en las causas “La Noche del Apagón” y “Aredes”, allanó el 26 de abril último oficinas y domicilios de la empresa perteneciente a la familia Blaquier, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.

 
Por su parte la empresa publicó durante el fin de semana una solicitada en diferentes medios de comunicación en la que aclara que "ni la empresa ni su personal tuvieron participación alguna" en los hechos que se le imputan.
Aredez, querellante junto a su hermano Ricardo, reclamó asimismo que la AFIP de a conocer el pago de impuestos del ingenio Ledesma a "la Nación, la provincia y el municipio", al recordar que en la década del 70 su padre, entonces intendente, logró una ordenanza que confiscó 400 hectáreas por impuestos no pagados.
"Acá se sabe que es una de las tantas empresas que pusieron dinero para el golpe, es así de sencillo. Nosotros pedimos que la AFIP haga público el pago de impuestos de Ledesma a Nación, provincia y municipio", sostuvo Adriana Aredez en diálogo con Télam desde Tilcara, adonde se mudó para ser parte en el juicio.

 
 En medio de la expectativa generada por la decisión del juez subrogante, quien podría citar al titular de la empresa azucarera, Carlos Pedro Blaquier, Aredez se declaró "expectante y con muchas reservas", porque el juez anterior "nunca se atrevió a mover la causa por cobarde".
Añadió que "si la causa se frena ahora todo puede volver a repetirse" porque, en su opinión, estaremos en presencia de "impunidad, encubrimiento y complicidad".
Adriana Aredez agregó que su padre, médico y jefe comunal de Libertador San Martín "fue el único intendente secuestrado por los mismos que se llevaron al gobernador de Salta Miguel "Ellos formaban parte de lo que fue el camporismo, el peronismo revolucionario", agregó aludiendo a su padre y a Ragone.

 
A la vez, contó que su padre lo "único que quería era aplicar leyes de justicia social, salud pública gratuita, educación y derechos de las personas, por eso está desaparecido".
Indicó que en la causa hay muchas pruebas, además de unos 200 testigos y "documentales que todavía no aportamos".

 
Por otra parte, Aredez expresó que pretende que "el directorio de Ledesma, a quienes responsabilizo, me digan qué hicieron con mi padre".
 "Carlos Pedro Blaquier, 24 de marzo de 1976, en compañía de Gendarmería y el Ejército invadieron, rodearon e hicieron una apagón para llevarse a una persona absolutamente decente, honesta y proba", resumió.

Causa Harguindeguy: La angustia de los familiares quedó reflejada ayer en el juicio

En la causa Harguindeguy declararon parientes de víctimas de secuestros y torturas en Concepción del Uruguay. Denunciaron robo de pertenencias durante allanamientos ilegales

Tres mujeres declararon ayer en la continuidad del juicio por delitos de lesa humanidad en la costa del río Uruguay que se desarrolla ante el tribunal Oral Federal de Paraná.

Las tres son familiares cercanas de dos víctimas de secuestros y torturas que permanecieron detenidos en la delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina en 1976 y contaron en sus testimonios otra dimensión del terrorismo de Estado: la de la angustia que debían atravesar las familias ante la incertidumbre por el destino de sus seres queridos. Además, durante la jornada uno de los testigos relató que la patota que allanó ilegalmente su domicilio robó dinero y otras pertenencias.

Josefina Ester Grenz era en aquel año la esposa de Carlos Atilio Martínez Paiva –hoy están divorciados– y tenían dos hijos de 3 y 4 cuatro años. Una noche de julio de 1976, estando ella sola con los chicos en la casa, integrantes de fuerzas de seguridad ingresaron violentamente y la encañonaron con un arma. A los niños los despertaron, los llevaron a la cocina y no los dejaban moverse de allí. Ella, que permanecía en el living amenazada, no podía verlos y temía por lo que pudieran hacerles.

Secuestro y robo
El operativo duró más de una hora, según pudo recordar Josefina en la audiencia. Cuando el grupo de tareas se retiró pudo corroborar que le faltaba ropa de su marido, que acostumbraba a vestirse bien, y una importante suma de dinero que la pareja estaba ahorrando para comprar un auto pequeño. Carlos no llegó a la casa: lo esperaron a dos cuadras, en la esquina de la comisaría primera, y lo apresaron cuando bajó del colectivo de la Línea 2. Este empleado municipal fue conducido a la Policía Federal y sometido a salvajes torturas. De allí lo iban a trasladar al centro clandestino de detención Comunicaciones del Ejército, en Paraná; más tarde a la cárcel de Gualeguaychú y finalmente a la de Coronda.
 
Josefina, sin dinero, internó a sus hijos en un jardín maternal durante casi todo el día y consiguió empleo en una tintorería, donde todavía trabaja. Aquellos días vivía angustiada, estaba sola, iba por la calle “con el corazón en la boca” y temía que le quitaran los chicos o les hicieran algo. Cuando le preguntaban les decía: “Papá viajó”. Averiguando llegó a la Federal, donde admitieron que su marido estaba detenido allí, pero no la dejaron verlo. Recién lo pudo visitar en la Unidad Penal de Gualeguaychú, después de muchos meses. Lo notó muy mal psicológicamente, no le quiso contar mucho, pero ella se dio cuenta por la forma de hablar. No era el mismo.
 
Aquella joven oriunda de Santa Anita, en la zona rural del Departamento Uruguay, recién pudo empezar a superar el miedo cuando Carlos salió en libertad. Pero de todos modos lo siguieron persiguiendo y en 1980 volvieron a allanar la casa, le secuestraron una biblioteca completa y lo llevaron otra vez detenido. Esa vez fue una patota de la Policía de Entre Ríos. Martínez Paiva dijo durante su declaración en el juicio el 19 de abril que uno de los integrantes de ese grupo era Félix Orlando Cabrera, del entorno del ministro de Educación José Eduardo Lauritto. En esa oportunidad estuvo alrededor de dos semanas detenido en el Regimiento, sin causa.

La familia Felguer
Marta Élida y María Graciela Felguer son hermanas de Jorge Orlando Felguer, quien fue detenido en el regimiento de Villaguay mientras hacía el servicio militar y permaneció secuestrado en la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde también fue sometido a torturas de todo tipo, para luego ser trasladado al regimiento de Gualeguaychú. Ambas declararon ayer. Marta contó que estaba viviendo en Buenos Aires cuando un grupo de tareas allanó sin orden judicial la casa de sus padres en Gualeguaychú, en busca de Jorge.

Durante un tiempo estuvieron sin saber su paradero, hasta que por un soldado conocido supieron que estaba en el Ejército de la ciudad del sur entrerriano. Junto a su marido, que acababa de retirarse de la Marina, viajaron rápidamente, se presentaron en el predio castrense y lograron ser atendidos por el mayor Juan Miguel Valentino, hoy imputado en la causa, quien reconoció que lo tenía detenido allí pero no les permitió verlo. Marta le imploró llorando, quería asegurarse de que estuviera bien, de que estuviera vivo. Pero Valentino los hizo retirar del lugar. Ayer ella recordó “la soberbia” con que el militar manejó aquella conversación.
 
Cuando el joven pudo recuperar la libertad, la familia fue testigo de su paranoia permanente. “Sentía que lo estaban siguiendo para matarlo”, recordó la hermana. Estuvo moviéndose de un lugar a otro para que no lo encontraran. Además de las secuelas físicas y psicológicas, Marta Felguer recordó que aquella situación produjo un “deterioro vincular” en la familia.

Operativo comando
Finalmente declaró María Graciela Felguer, quien estaba en la casa cuando se produjo aquella violenta irrupción del grupo de tareas y pudo relatarla: “Eran muchos militares que entraron por los techos, por las ventanas, por todos lados. Nos empujaron y amenazaron”. Dijo que estaban uniformados, que parecían militares pero no está segura de qué fuerza eran. Sí recordó claramente que no hubo orden judicial. La familia tampoco supo nunca porqué detuvieron a Jorge. “En esa época cualquiera caía porque sí, nada más”, recordó María Graciela

Alfredo Hoffman De la Redacción de UNO

Documentación comprometida en las casas de genocidas. Allanamientos judiciales demorados

La Justicia allanó los domicilios particulares de Videla, Harguindeguy y Riveros
Una visita a los genocidas

Las casas del ex dictador, su ex ministro del Interior y el ex director de Institutos Militares fueron allanadas entre el viernes y ayer. Se secuestró una gran cantidad de documentación vinculada con las causas abiertas.

 Por Alejandra Dandan

La Justicia federal de San Martín allanó la casa del dictador Jorge Rafael Videla; la de su ministro del Interior Albano Harguindeguy y la del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. Los procedimientos realizados en completa reserva se hicieron entre el viernes y el sábado y estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente de la ministra de Seguridad Nilda Garré. La PSA recogió una enorme cantidad de documentación aún no evaluada, en gran parte desconocida. Funcionarios judiciales que intervienen en las causas de lesa humanidad, consultados por este diario, consideraron que el material secuestrado puede ser de mucha utilidad para avanzar en los procesos de memoria, verdad y justicia. Entre otros documentos que incluye el expediente, al que accedió Página/12 en exclusiva, hay documentos de evaluación política de la Junta como el “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y plan de acción 1980”; carpetas que permiten ver cómo la dictadura pensaba extenderse hasta 1984; partes de inteligencia de mayo 1976 donde se “detectan” los movimientos de los principales dirigentes de la Junta de Coordinación Revolucionaria; perspectivas políticas sobre el diseño de la “guerra contra la subversión” y papeles clasificados de “secreto” que incluyen referencias a “prisioneros de Malvinas”. También hay fotos, negativos, casetes, cartas, manuscritos, cajas con archivos de diarios y carpetas con información de 1980 de los que hasta ahora hay muy poca documentación y que se supone pueden contener parte de los preparativos para frenar la Contraofensiva de Montoneros.

Los allanamientos los ordenó la titular del Juzgado Federal N0 1

de San Martín Alicia Vence, en el marco de la causa 4012/03 llamada “Riveros, Santiago Omar y otros, sobre privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios”. La jueza, que asumió en diciembre del año pasado, tiene en sus manos los procesos de instrucción de las causas de lesa humanidad más emblemáticas de ese distrito, de las que se desprenden las investigaciones por los secuestros de los obreros de la Ford, Mercedes Benz y los astilleros de la zona norte, en las que Riveros aparece como uno de los principales responsables.

Para llevarlos a cabo, la jueza ordenó “proceder al secuestro de toda la documentación (listados, reglamentos, decretos, órdenes, expedientes, actas, croquis, fotos, recibos, etc.) que de algún modo estén relacionados con los hechos delictivos cometidos durante la última dictadura militar y/o cualquier otro material de interés para esta investigación”.

En ese contexto, la PSA allanó los tres domicilios. En el caso de Videla, en este momento el dictador no vive allí ya que está detenido en la guarnición militar de Campo de Mayo. El departamento está en el quinto piso de un edificio de la avenida Cabildo al 600 en el que hasta ahora se había hecho un solo allanamiento, según reconoció su hijo a los agentes que llevaron adelante el operativo. Entre las imágenes de la casa aparece el cuarto del represor presidido por una enorme cruz en la cabecera de la cama y detalles de lo que al parecer es su despacho. Sobre el borde de uno de los armarios, entre libros en inglés y hasta lo que parece ser el lomo de un libro de Mao, se yergue una serie de aviones, recuerdo macabro en ese contexto de lo que fueron los vuelos de la muerte. Uno de los extremos del escritorio está coronado por el perfil de una Pantera Rosa: una inesperada muestra de ¿humor? del dictador, ya que hace referencia a una de las maneras en que se lo denominaba mientras ejerció la presidencia.

Entre la recopilación de los documentos secuestrados de su casa aparecen esbozos de lo que podría ser el comienzo de la escritura de un libro: “Recuerdos de una gestión de gobierno”, como dice una de las carpetas. Hay referencias más llamativas: una que concitó la atención de uno de los fiscales que trabaja en las causas es un croquis escrito a mano de lo que parece ser la idea de un programa del Proceso de Reorganización Nacional (PRN). En él se ve el dibujo de una línea de tiempo que arranca en 1970 y una descripción donde alcanza a leerse “Diferenciar: Mas allá de cierta simultaneidad: 1) campo militar (GUERRA) 2) campo político (PRN)”. También encontraron otro documento integrado por “78 hojas escritas a máquina y en manuscrito en cuya primera hoja dice: ‘Buenos Aires 16-1-76’”, es decir, un documento escrito antes del golpe, que a la luz de las últimas declaraciones de Videla podrían dar pistas sobre listas de nombres de las futuras víctimas o de las personas a las que pensaban impedir que hagan acciones contra el régimen.

Los materiales hallados en los procedimientos en las casas de Harguindeguy y de Riveros también parecen importantes. De la lectura de los documentos de Harguindeguy se colige que era el brazo político del gabinete: eso estaría indicando el llamado “Informe de cumplimiento de gestión 1979 y el plan de acción 1980”, cuyo interés estaría en que no sólo contendría un programa político militar a futuro sino los resultados y, por lo tanto, datos del año concluido. Otra de las señales que refuerzan esa interpretación es una carpeta titulada: “Secreto. Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para el ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984”. Pero son los datos de 1980 los que a uno de los fiscales de las causas le parecen más llamativos: podrían aportar información sobre la ofensiva militar desatada a partir de la captura a los militantes de Montoneros que habían reingresado al país en la llamada Contraofensiva. En el caso de Riveros, unos de los datos más llamativos son los documentos que acopió sobre Malvinas y el llamado “Caso Grosby” (ver aparte).

La captura de material confirma la certeza que tienen desde hace años los organismos de derechos humanos que vienen reclamando los allanamientos a las casas de los represores, convencidos de que aún hay material relevante en sus manos. En los últimos meses, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud volvió a solicitarlos a raíz de un allanamiento a la casa de los apropiadores de Catalina de Sanctis Ovando, en el que se encontró una carta de la mujer del represor con una referencia a la intervención del Movimiento Familiar Cristiano en la legalización de la tenencia de la niña.

Las razones de los pedidos de allanamientos a estas tres casas aún no se conocen pero es posible, de acuerdo a lo afirmado por uno de los investigadores, que se hayan ordenado a partir de las declaraciones del dictador Videla en el último libro de Ceferino Reato. En un diálogo con Harguindeguy reproducido en el libro, el represor da cuenta de la existencia de algunos de estos papeles. Harguindeguy le dice a Reato que “mi problema como ministro del Interior eran los de-saparecidos; era el problema más grande que tenía, después estaban las grandes obras energéticas, algunas peleítas entre provincias”. Harguindeguy cuenta que había hecho sus listas. Cuando Reato le preguntó qué pasó con esas listas, el ex ministro dice que “todo eso fue quemado por orden de Bignone”. Pero confiesa que “yo me había traído acá una carpeta chiquitita que tiene quince cartas, quince notas”, con contestaciones importantes de los gobernadores, de algún embajador, del propio presidente y demás. “Después no tengo ninguna otra cosa. Tengo sí un recibo que le di a (Jacobo) Timerman.” Pero Reato volvió a preguntarle: ¿Y lo que tiene acá es importante? “Y sí –dice el represor–, pero no es de actualidad.”

Para quienes intervienen en los procesos ahora se abre una nueva inquietud: la necesidad de que estos documentos circulen. En ese sentido, Félix Crous, uno de los fiscales de las causas, indica que “sólo sabremos la importancia de la documentación secuestrada en los allanamientos cuando pueda estudiarse detalladamente. Por el grado que ostentaron los tres en el Ejército es imprescindible que tengan acceso a ella los jueces y fiscales que intervienen en todos los juicios por delitos de lesa humanidad. Una buena idea para compartir esa información es que la jueza Alicia Vence la envíe mediante la Unidad de Coordinación de Causas de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, que dirige el fiscal general Jorge Auat. Si queda afectada solo a la causa de San Martín se afectaría su potencialidad como prueba”.

La megacausa a Musa Azar, Damico y otros diez represores comenzará el 8 de mayo

Quedó constituído el tribunal que tramitará el juicio por lesa humanidad

Por fin, tras varias dilaciones, quedó constituido el TOF que llevará a cabo el principal proceso por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura en el territorio de Santiago del Estero. Algunos imputados quisieron hacerse pasar por dementes. Un comisario està prófugo.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero, designado para el juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en esta provincia, rechazó los planteos de recusación contra dos de sus integrantes y de esta forma quedó formalmente constituído para iniciar el proceso oral y público el próximo 8 de mayo.

Según informó a la Agencia de Derechos Humanos (ADH), el Tribunal rechazó los planteos contra el vocal José Fabián Asís, camarista de Córdoba; y la jueza suplente Alicia Noli, camarista de Tucumán, aunque todavía las defensas tienen la posibilidad recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Además de por Asís,  el TOF quedó integrado con los jueces Graciela Fernández Vecino y Juan Carlos Reynaga.

La megacausa abarca 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidas antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, crímenes cometidos en las humanidades de 18 desaparecidos y 26 sobrevivientes.

Dichos casos están divididos en tres grupos: 6 desapariciones forzadas antes del golpe de Estado (Grupo 1), 26 secuestros y torturas (Grupo 2) y 12 desapariciones (Grupo3).

Por otra parte, el juez federal Guillermo Molinari cerró la etapa de instrucción de la investigación por los crímenes cometidos por los grupos de tareas en Santiago del Estero, comprendidos en "el Grupo 4".

Éste formaba parte de la Megacausa, pero se desgajó de ella a causa de que la la instrucción debía resolver cuestiones pendienes y esperar algunos informes.

Los acusados son ex policías y militares: Los comisarios retirados Musa Azar Curi, Juan Bustamante, Miguel Garbi, Ramiro López Veloso, Eduardo Bautista Baudano, el mayor retirado Jorge D’Amico, Francisco Laitán y los policías Carlos Capella, Rolando Salvatierra y José Gregorio Brao.

Musa Azar, Garbi y López Veloso ya han sido condenados en noviembre de 2010 a prisión perpetua por el asesinato del estudiante Cecilio Kamenetzky, en lo que fue el primer juicio oral en la Justicia Federal santiagueña por violaciones a los derechos humanos.

Kamenetzky, un estudiante brillante, fue reiteradamente torturado en la SIDE a pesar de haber sido ya legalizado como preso. Los policías lo retiraban de la cárcel para volver a torturarlo. Hasta que el 13 de noviemebre de 1976, tras una sesión de tortura, lo mataronn por la espalda.

En la megacausa también está acusado el comisario Roberto Díaz, prófugo desde mediados del año pasado. En todas las dependencias del municipio de la ciudad de Santiago del Estero se exhibe su foto y el ofrecimiento de una recompensa de $ 100 mil para quienes aporten datos que permitan capturarlo.

El fiscal federal general subrogante, Gustavo Gimena, pidió que foto y ofrecimiento de recompensa sean  también sean exhibidos en taxis y colectivos.

Cinco de los imputados intentaron hacerse pasar por locos. Un perito psiquiatra de la Suprema Corte de la Nación estuvo en Santiago del Estero para revisarlos. El Dr. Martínez Pérez sometió a examen psicológico a Musa Azar Curi, ex jefe del desaparecido Departamento de Informaciones Policial (donde actuaron los grupos de tareas de represión), y a sus secuaces Baudano, Capella, y Salvatierra y determinó que, a priori, están en condiciones de afrontar las audiencias del juicio oral más complejo de la historia santiagueña.

Genocidas que se hacían pasar por loquitos, están todos sanos

Perito de la Corte revisó a 5 acusados de la Megacausa y todos pueden declarar
La medida fue dispuesta por el Tribunal Federal Oral que llevará adelante las audiencias públicas.

Familiares de 18 desaparecidos y 26 sobrevivientes de los grupos de tarea esperan por el inicio del juicio oral de la Megacausa por crímenes de lesa humanidad, fijado para el 8 de mayo.

Un perito psiquiatra de la Suprema Corte de la Nación estuvo en Santiago del Estero para revisar a cinco de los 11 imputados de la Megacausa de Derechos Humanos, y determinó a priori, que todos están en condiciones de afrontar las audiencias del juicio oral más complejo de la historia santiagueña (44 casos), por crímenes de lesa humanidad, y que comenzará el 8 de mayo. 

El Dr. Martínez Pérez sometió a un examen psicológico a Musa Azar Curi, ex jefe del desaparecido Departamento de Informaciones Policial (donde actuaron los grupos de tareas de represión) y que en noviembre de 2010 fuera condenado a prisión perpetua en cárcel común por el crimen del estudiante Cecilio Kamenetzky, en lo que fue el primer juicio oral en la Justicia Federal santiagueña, por violaciones a los derechos humanos.
También revisó a los ex policías Eduardo Bautista Baudano, Carlos Capella, José Gregorio Brao y Rolando Salvatierra.

Todos estos imputados se encuentran fuera de prisión: Azar Curi permanece internado en un pabellón del Hospital Independencia desde marzo de 2010, Baudano fue beneficiado con la prisión domiciliaria por su edad; en tanto Capella, Brao y Salvatierra fueron excarcelados. Esta medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) que presidirá las audiencias públicas y que está integrado por Graciela Fernández Vecino, Juan Carlos Reynaga y José Fabián Asís, ante una requisitoria del fiscal federal general, Gustavo Gimena, para que se cumpla con lo dispuesto por el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación.

El mismo exige un examen mental obligatorio al imputado que entre otras situaciones, el delito que se le atribuya esté reprimido con pena no menor de 10 años de prisión o sea mayor de setenta años de edad.
La Megacausa abarca a 44 casos: 6 desapariciones forzadas antes del golpe de Estado (casos reunidos en el Grupo Uno), 26 secuestros y torturas (Grupo Dos) y 12 desapariciones durante el gobierno militar.
Por estas causas también están acusados los ex policías Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Veloso (también condenados junto con Azar Curi a prisión perpetua en cárcel común por el juicio Kamenetzky); Francisco Antonio Laitán, Juan Felipe Bustamante y el ex militar Jorge D’Amico, todos ellos recluidos en el Servicio Penitenciario Federal de Colonia Pinto.
 
Además está imputado en la Megacausa el ex policía Roberto Díaz, quien se encuentra prófugo desde mediados del año pasado.
Reparticiones comunales ya muestran foto de Roberto Diaz
  
El Ejecutivo municipal ya instrumentó una medida solicitada por la Justicia Federal para que en todas las dependencias comunales se muestren en lugares visibles la foto y el ofrecimiento de una recompensa de $ 100 mil para quienes aporten datos del paradero de Roberto Díaz, represor imputado en la Mecagacausa de Derechos Humanos, que está prófugo desde mediados de 2011.
El fiscal federal general subrogante, Gustavo Gimena, había librado un oficio dirigido al gobierno comunal para solicitar la colaboración, en la búsqueda de Díaz que está acusado de graves delitos: secuestro, torturas y desaparición forzada, que conforman la figura de lesa humanidad, es decir imprescriptibles.
La imagen de Díaz y la publicación de la recompensa también tendrán que ser exhibidos en los colectivos y en los taxis y radiotaxis.
El ex policía fue declarado prófugo luego de que dejara de comparecer ante el Juzgado Federal, requisito que se le exigía para que siguiera gozando de la excarcelación. El represor a través de familiares, hizo llegar el mensaje de que se mantendría en la clandestinidad porque había sido amenazado por el ex jefe de policía local durante la dictadura, el ex militar Juan José Ramírez. Díaz sigue prófugo a pesar de que Ramírez se suicidó a fines del año pasado.
Días atrás, la Policía Federal allanó la casa de Díaz y la de su madre, con resultado negativo.
 

Los medios cómplices de la dictadura. Cómo utilizó la dictadura la pauta oficial. Golpe publicitario

Los militares no sólo se impusieron a sangre y fuego, sino que contaron con una maquinaria publicitaria que los sostuvo. Para ello tuvieron la complicidad de varios medios de comunicación, como lo revela esta investigación de Veintitrés. Mirá la galería de fotos.

Este 24 de marzo se cumplen 36 años del último y sangriento golpe militar que asoló al país y lo desmembró en casi todos los ámbitos posibles. Hoy, los argentinos transitamos esta democracia y la asumimos como único e indiscutible sistema de convivencia y recordamos aquella fecha como un ejercicio de memoria de algo que jamás deberá repetirse.

El asalto a las instituciones fue ejecutado por los militares, que pasaron a gobernar por espacio de siete años. Contaron con la anuencia de un sector importante de la población, que resultó así funcional a los intereses militares. Pero también hubo cierto sector de la prensa que se acomodó a las circunstancias y corrió presuroso a aceitar contactos y alianzas. Esta extensa franja de los medios escritos, muchos de ellos con masiva llegada al público, se beneficiaron mediante la difusión de la propaganda del régimen, ya sea como bajada de línea directa del gobierno o bien como publicidad que provenía de empresas y organismos estatales.

Nadie puede escaparles a los archivos. Una reciente investigación consistió en indagar en añejas hemerotecas, armarse de paciencia y recuerdos. El resultado es una serie de avisos pagos que sirven como muestra y que jamás hubieran sido publicados sin una coincidencia ideológica, como lo demuestran las notas que publicaban esos mismos medios. En la actualidad, algunas de esas publicaciones gozan de buena salud y continúan su camino sin haber ejercido ni ensayado una autocrítica. Dos diarios, La Nación y Clarín, y la revista La Semana, de Editorial Perfil, fueron tres que engrosaron sus cuentas en concepto de pauta durante los siete años en los que gobernó la junta militar. La revista de Perfil se llamaba en realidad Noticias de la Semana, y fue la antecesora de la actual Noticias, de la misma editorial.

Desde las empresas manejadas por el Estado se encontraban los bancos, Fabricaciones Militares, ENTel, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y los canales de televisión, repartidos entre la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino.

La Dirección General Impositiva (DGI) desplegó una agresiva e inusual campaña contra la caza de los evasores y difundía su accionar en todos los medios. Se trataba de un “tanquecito” con un garrote en la mano dibujado con un trazo fácil. Una serie de spots gráficos y televisivos invitaba a los ciudadanos a señalar y a denunciar a los infractores, sea empresario, pariente o amigo. Una tarea de la DGI que pretendía ser transferida a cualquier hijo de vecino en forma de delación.

En los diarios, mientras tanto, podían verse avisos del Comando en Jefe de la Armada como de los Estados provinciales. En ejemplares de La Nación, una doble página describía quince obras de infraestructura y vivienda en varias provincias bajo el lema “Sobre la base de un pueblo sano construimos una Nación fuerte”.

“La casa, escuela número uno”, era otra de las campañas encargadas de recordarles a los padres de familia cuál era su función excluyente en el seno de la sociedad. También había dinero de particulares. Un personaje con nombre y apellido pagó una página impar en Clarín en 1977: “…no intrigamos en los organismos internacionales, como lo hacen los asesinos, sino que confiamos en la Justicia de nuestra Patria, injustamente agredida por rumores y falsos testimonios”.

La realización del Mundial de fútbol era inminente, lo que desató una lógica campaña publicitaria privada y oficial. Clarín y La Nación repitieron avisos del Ente Autárquico Mundial 78 (EAM78) y del Banco Central de la República Argentina, que vendía entradas para los estadios. La compañía Italo Argentina de Electricidad también saludó al Mundial, antes de ser desguazada por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, conocido por difundir el conocido lema “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Otro eslogan que quedó en la memoria de los argentinos y que muchos pegaron en sus parabrisas sin percatarse fue “Los argentinos somos derechos y humanos”. El texto se siguió publicando en los diarios bajo el auspicio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

“¿Cómo puede usted defender la Soberanía Nacional si no es un soldado?”, cuestionaba una gráfica con un sello donde se leía “Soberanía Territorial Argentina. Soldados, soberanía”. La Argentina y Chile, como se recordará, estuvieron a punto de entrar en guerra a fines de 1978 por el diferendo del Canal de Beagle, que terminó siendo solucionado mediante una mediación papal que llevó a cabo el cardenal Antonio Samoré.

Un año después de lograr el torneo internacional más importante, la selección juvenil de fútbol conseguía el título de campeón durante el mundial desarrollado en Japón. Esos primeros días de septiembre fueron coincidentes con una visita incómoda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaba al país para entrevistarse con autoridades militares, políticos y actores de la vida pública, además de recibir denuncias y visitar centros de detención. Era esperable encontrarse con reacciones al hojear las páginas de los diarios de los días precedentes. Mientras los militares oficiaban de amables anfitriones, los grupos de tareas seguían matando. Y los medios, facturando. Un comunicado de la Confederación General de Empleados de Comercio fechada el 13 de ese mes en Clarín rezaba en uno de sus párrafos: “…expresamos nuestro anhelo de que el accionar de la CIDH esté dirigido, exclusivamente, a cumplir con los fines de la Carta que le diera nacimiento, sin sujeción a ningún otro interés que no sea el respeto y defensa de la persona humana”. En el mismo diario, días después, miles de firmas atiborraron una solicitada a la que titularon “El Testimonio de la Verdad”. Las tres páginas expresaban solidaridad nacional frente a la campaña internacional y de funcionarios y políticos extranjeros en el país. Una empresa privada de aviación sacó un aviso en el mismo sentido.

Fue durante ese mismo año 1979, ocho meses antes, cuando una publicación fue objeto de un hecho curioso. La tapa del número 115 de la revista La Semana era una más de las tantas que exhibía a la reconocida actriz nacional Graciela Borges. En la página tres, personal de la revista preguntaba por su director, Jorge Fontevecchia, del que no había rastros desde la noche del 5 de enero en que abandonó la editorial. El artículo afirmaba que la desaparición no había sido voluntaria. Pero en el interior de la revista, un aviso en la página 23 invitaba a hacer turismo por la Argentina, y al pie su auspiciante: el Ministerio de Bienestar Social. Liberado diez días después, denunció que estuvo en el centro clandestino de detención El Olimpo. “Ningún sistema es malo si al frente del mismo se encuentran hombres virtuosos. Todos los sistemas son malos si los manejan corruptos”, afirmaba en un extenso editorial en 1978. En mayo 1983, Fontevecchia se exilió en Nueva York luego del cierre de su publicación, y en junio publicó un avance del libro del represor Ramón Camps en las páginas de la revista.

Otras editoriales y publicaciones se beneficiaron de la pauta oficial. Las revistas Somos, Para Ti y Gente, de Editorial Atlántida, prestaron apoyo irrestricto al llamado Proceso de Reorganización Nacional. Otros medios, como el desaparecido diario Convicción, respondía de manera directa a la Marina. Y La Opinión, el diario que fue de Jacobo Timerman, fue directamente intervenido por el régimen dictatorial.

Respecto de Editorial Atlántida, es escandaloso el caso de Alejandrina Barry Mata. Sus padres, Juan Barry y Susana Mata, militantes montoneros, habían sido asesinados en Montevideo en 1977. Alejandrina, de dos años y medio, quedó en poder de militares uruguayos y fue usada para realizar una nota en la cual se la describe como una niña abandonada por sus padres subversivos. “Alejandra está sola”, titula el artículo junto a las fotos de esa nena que hoy, con 36 años, les inició juicio a las revistas del grupo y a los directores de entonces.

Feliz año 1980 les deseaba Papel Prensa a las editoriales usuarias. El botín de guerra cuyos mayores beneficiarios resultaron ser Clarín, La Nación y La Razón saludaba desde las páginas de los matutinos. Fue una serie de avisos, entre ellos una solicitada de diciembre de 1978 en la que explican a la opinión pública el ahorro que significaría producir papel en el país.

El apoyo al gobierno militar tuvo un repunte durante la guerra de Malvinas. La Semana publicó un talón para la cuenta del Banco Nación donde depositar en el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Los diarios repetirían hasta el agobio las palabras Coraje, Futuro y Victoria por encima de un pulgar en alto y la leyenda “Argentinos, a vencer”. En un extremo del diario decano del periodismo argentino, la foto muestra a un joven soldado metiendo su cabeza en el interior de un auto. “Documentos, por favor”, es el texto del aviso rematado por un “Proteger es querer”.
El exitismo de los medios adictos comenzaba a declinar al concluir 1982, cuando tendrían que agudizar su ingenio en busca de recursos publicitarios que no estuvieran manchados con sangre.Esto se vio con claridad en la apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en alianza con las tres armas. 

Por esa causa están imputados Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los integrantes de la familia Graiver.

La compañía había sido fundada en 1972 por el banquero David Graiver, quien murió en un confuso accidente aéreo en 1976. 

El traspaso de las acciones de Graiver a los tres diarios se firmó el 2 de noviembre de ese año. Seis meses después, los miembros de su familia fueron ilegalmente detenidos y torturados, y sus bienes quedaron intervenidos.En septiembre de 1978, un grupo de empresarios –con Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre presentes– inauguró la planta ubicada en la localidad bonaerense de San Pedro, junto al ex dictador Jorge Rafael Videla. 

Una vez recuperada la democracia, las denuncias se fueron acumulando.En 1988, el fiscal Ricardo Molinas dictaminó varias irregularidades y denunció a la cúpula de la Junta Militar. Sin embargo, la justicia jamás avanzó.


Luego de un largo camino judicial, la causa quedó en manos del juez federal porteño Julián Ercolini, ya que sus pares Daniel Rafecas y Arnaldo Corazza se declararon incompetentes.Ambos letrados, sin embargo, habían dado aval a la denuncia inicial del fiscal Molinas: mientras Rafecas calificó de “verosímil” la prueba reunida contra los accionistas de Clarín y La Nación, Corazza hizo lugar al pedido de los investigadores al calificar como “crimen de lesa humanidad” el traspaso de las acciones en manos de los diarios hegemónicos.

Legajos docentes de cien maestros desaparecidos

Pertenecen a cien maestros bonaerenses desaparecidos

“Abandono de cargo.” Con ese eufemismo, la dictadura completó los legajos de cien maestros desaparecidos de la provincia de Buenos Aires. Hoy, en un acto en el que van a participar los presidentes de 60 centros de estudiantes de la provincia, esta situación se va revertir: la titular de la dirección de Educación de la provincia, Silvina Gvirtz, dará a conocer una resolución por la cual los legajos de los maestros desaparecidos van a completarse con la leyenda “Desaparición forzada”. Además, se le entregará el certificado analítico del secundario con su verdadero nombre a Francisco Madariaga Quintela, quien recuperó su identidad y a su papá hace dos años y a los centros de estudiantes les legarán urnas que se usaron en las elecciones de 1983.

“Mi mamá pintaba las paredes de la escuela, hacía las cortinas, despiojaba a los chicos, y yo siempre que me imaginé su desaparición pensé en esos chicos que de repente se quedaron sin maestra. Siempre me conecté desde ahí con ella, y creo que esto sirve para darle un cierre a las cosas, de darle un sentido y que no sea ‘bueno, un día no estoy más’.” Con esas palabras resumió el proyecto la responsable del programa de Derechos Humanos y Educación, Julia Coria. Su mamá, María Esther Donza, era maestra de grado. Fue secuestrada el 19 de febrero de 1977, en Adrogué. “Este es un acto de reparación para los maestros que, como Donza o Haroldo Conti, nunca abandonaron la pasión por la enseñanza”, explicó Gvirtz a Página/12.

–¿Cuál es el objetivo de cambiar el rótulo en los legajos?

–Por un lado, es un acto de reparación. Por otro lado, con lo de Francisco (Madariaga Quintela) se está restituyendo un derecho no individual, sino colectivo, que es el derecho a la identidad, acompañando el trabajo incansable de las Abuelas.

–¿Cambiar de “abandono del cargo” por “ausencia por desaparición forzada” es una medida simbólica?

–Es mucho más que eso. Es pasar de una mentira a una verdad; de un legajo donde se oculta al docente a un legajo donde el docente es víctima del terrorismo de Estado. Es un acto de justicia.

–¿Cómo trabajan este tema con los alumnos?

–La tesis doctoral de Julia Coria es sobre este tema, cómo se trata en la escuela el Día de la Memoria, y la conclusión es que cada vez se trabaja más y mejor: hay pocas escuelas que no lo trabajan correctamente y sobre las que hay que insistir. Recordar esta fecha es una política de Estado desde el 2003 y sirve para generar la posibilidad de un futuro mejor, porque no se puede construir una democracia sobre bases frágiles.

–¿Cuáles son los desafíos de la Memoria en el área educativa?

–Profundizar la organización de los estudiantes con más centros –actualmente hay unos 1900 en la provincia–, profundizar el trabajo de derechos humanos en temas como la discriminación y seguir trabajando en los modos de participación, como los Consejos de Convivencia.

–¿Cambiaron los centros de estudiantes en los últimos años?

–Muchísimo. En las últimas dos décadas, los centros sólo podían estar a la defensiva. Hoy, en cambio, construyen comunidad: organizan cursos de computación para sus papás y abuelos, ayudan a las primarias a armar bibliotecas, reconstruyen una plaza... Hacen un trabajo proactivo, porque estamos en un gobierno que viene trabajando en la consolidación de derechos, y la gran mayoría de los centros acompaña estas políticas.

Informe: Sol Prieto.

Catamarca: Pericias en la causa por desaparecidos

Se inspeccionó el lugar en el que estuvo Nelly Yolanda Borda.
 
El viernes estuvo en Belén, el presidente del Tribunal Oral Federal de Catamarca, Juan Carlos Reynaga, para realizar una inspección ocular de la vivienda de la familia Borda, lugar en el que se produjo el secuestro y posterior desaparición de la estudiante belicha Nelly Yolanda Borda, el 27 de enero de 1977. La causa se elevó a juicio a finales del año pasado y el debate oral y público está previsto para el segundo semestre del año.

Reynaga llegó a la ciudad acompañado por Rafael Vehils Ruiz y el secretario del Fiscal, Javier Merep, Ambos en representación de la fiscalía y el abogado querellante de la familia Borda, Guillermo Díaz Martínez .

La causa se inició en 1977 y estuvo paralizada, junto a todas las que involucraban a los causantes de los crímenes de lesa humanidad, que sacudieron a la sociedad argentina desde 1976, y cuyas secuelas aún viven los familiares de aquellos 30.000 detenidos-desaparecidos.
Durante la visita, el Tribunal tomó contacto con las hermanas de la víctima, testigos claves del secuestro, ya que estaban presentes en la vivienda cuando fueron sorprendidos por un “grupo de tareas”. Observaron la habitación en que se encontraba Yoli y las demás habitaciones de la casa. También, se inspeccionó la vieja cuadra de la panadería por la que entraron para detener a todos los que trabajaban allí.

En esos momentos, reconocieron a Nelly Yolanda y se la llevaron. El operativo llenó de terror a los familiares.

Catamarca: Reúnen más pruebas para juicio por lesa humanidad

El tribunal que integrará el histórico juicio por la desaparición de tres estudiantes catamarqueños durante la dictadura militar, realizaron procedimientos en la vivienda de una de las mujeres secuestradas como etapa previa al debate oral, contra los represores Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino.
El procedimiento se plasmó en la vivienda de la familia de Nelly Yolanda Borda, para lo cual las partes debieron reunirse en la ciudad de Belén, en donde magistrado y abogados se entrevistaron con los hermanos de Yolanda, quienes se encontraban en ese lugar cuando se produjo el rapto.
El presidente del Tribunal Oral Federal, Juan Carlos Reynaga, el secretario Rafael Vehils Ruiz; el secretario Fiscal, Javier Merep; y en representación de la querella particular, Guillermo Andrés Díaz Martínez, inspeccionaron la vivienda de donde fue secuestrada la joven Borda, el 27 de enero de 1977. Aunque la propiedad fue modificada desde el momento en que ocurrieron los hechos, las pericias y el registro ocular sirvieron para incorporar todas las pruebas solicitadas por los querellantes y avanzar en la resolución de la fecha del inicio del debate.
Además de las inspecciones oculares, aún resta incorporar pruebas informativas solicitadas a tribunales de Buenos Aires, Tucumán y otras provincias argentinas, en donde ya se formalizaron debates por lesa humanidad.
También se solicitaron informes al Ejército Argentino, para relevar cuáles eran las funciones que cumplían los imputados por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Una vez que el Tribunal sume todas las pruebas requeridas, se podrá fijar fecha para que inicie el histórico juicio. Los magistrados son optimistas en que antes de mediadios de año todo quede resuelto.

Desaparecidos
La causa que investiga el secuestro de Nelly Yolanda Borda, Genaro Burgos, Francisco Gregorio Ponce y su hermana Griselda, fue elevada a juicio en 2011, y la instrucción estuvo a cargo del juez federal Ricardo Antonio Moreno.
Mientras al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Menéndez y al ex jefe del Regimiento 17, general Lucena, se les endilga responsabilidad en todos los hechos, Juan Daniel Rauzzino, entonces jefe de la Policía de la provincia, sólo deberá responder por la desaparición física de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurrida en diciembre de 1976.

Videla, el genocida, indagado por el Plan Cóndor

El mismo viejo discurso

El represor se negó a contestar preguntas, pero repitió el mismo discurso que lleva a tribunales cuando es citado para declarar. Debía responder por el secuestro de ciudadanos peruanos.

El genocida Jorge Rafael Videla se negó a declarar sobre su participación en el secuestro y las torturas aplicadas a un grupo de trece peruanos en el sótano de Coordinación Federal, uno de los centros clandestinos de detención que funcionó en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Videla había sido citado por el juez Norberto Oyarbide, en el marco de una causa sobre el Plan Cóndor.

Erguido, de saco sport y esposado con las muñecas hacia adelante, Videla, de 86 años, entró caminando a las oficinas judiciales del Tribunal Federal 10, ubicadas en el barrio porteño de Retiro, pasadas las 14.30 de ayer. Lo hizo acompañado de un grupo de agentes penitenciarios que lo escoltaron en su traslado desde Campo de Mayo, donde cumple las dos sentencias a prisión perpetua por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad.

Según fuentes judiciales, Videla le puso play al discurso que esboza siempre que debe declarar en alguna instancia judicial respecto de los crímenes cometidos durante la última dictadura. Tras negarse a contestar preguntas, manifestó que se considera juzgado por lo que entonces sucedió; que de todas maneras es el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas argentinas el que debería someter su accionar a juicio y que se hace cargo de sus responsabilidades en tanto comandante en jefe y presidente del país –de facto– de las órdenes que impartió.

“Nunca declara sobre casos puntuales”, mencionaron desde la Justicia. El de los trece ciudadanos peruanos, por el que Oyarbide lo citó a declarar, lo es. Aquéllos, algunos directores de diarios, otros marinos o delegados constituyentes, todos opositores al régimen del dictador Francisco Morales Bermúdez al momento en el que fueron secuestrados en su país el 25 de mayo de 1978, fueron trasladados en avión a Argentina.

En Perú se los acusaba de supuestos hechos de violencia. En Argentina les dijeron que eran “prisioneros de guerra”. Aterrizaron en Jujuy y luego fueron enviados al sótano del Departamento Central de la Policía Federal en Buenos Aires, para ser “ablandados” y obligarlos a firmar un pedido de asilo político voluntario. Los hombres se negaron a hacerlo y, ante el escándalo internacional en medio del Mundial de Fútbol de 1978, fueron expulsados a terceros países.

Para Oyarbide, “Videla, Morales Bermúdez y Albano Harguindeguy no fueron ajenos” a los hechos de colaboración represiva entre dictaduras latinoamericanas denunciados ante su juzgado y que integran la megacausa conocida como Plan Cóndor. En ese marco, el juez no sólo solicitó la indagatoria de este represor, sino también la de su ministro de Interior, Harguindeguy, quien se espera que declare hoy. El genocida, procesado en esta causa junto con el ex director de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Riveros y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides durante el golpe de Estado que duró hasta 1983, tiene 84 años y cuenta con el beneficio de cumplir arresto domiciliario en su casa por razones de salud.

El juez también dictó hace algunas semanas a Interpol el pedido de captura a Morales Bermúdez. Sobre este último pesa la acusación de Oyarbide por la presunta captura y traslado de los 13 opositores a su régimen desde Perú a Argentina. El Plan Cóndor fue un programa de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur a fines de los ’70 e inicios de los ’80 para detectar en cualquiera de sus territorios supuestos guerrilleros y opositores políticos, secuestrarlos e intercambiarlos.

Genocida Videla debe declarar por el Plan Cóndor

Un dictador a indagatoria

Lo convocó el juez Norberto Oyarbide. Tiene que comparecer por trece casos de secuestros y torturas a ciudadanos peruanos, que fueron capturados en su país y luego trasladados a la Argentina. Mañana está citado a declarar el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Jorge Rafael Videla deberá volver hoy a los tribunales federales, donde será indagado por trece casos de secuestro y torturas cometidos contra ciudadanos peruanos en el marco del Plan Cóndor. Mañana será el turno de su ex ministro del Interior Albano Harguindeguy. El juez federal Norberto Oyarbide citó a los represores para interrogarlos sobre lo sucedido a un grupo de opositores a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez detenidos inicialmente en su país por militares peruanos y luego trasladados a la Argentina, donde estuvieron detenidos ilegalmente en Jujuy y Buenos Aires. Entre las víctimas había dirigentes políticos, sindicalistas, un periodista e incluso integrantes de la marina.

Los peruanos fueron secuestrados el 15 de mayo de 1978 en su país y, tras recibir una golpiza, fueron subidos a un avión que los trasladó, engrillados, a la provincia de Jujuy. Allí los llevaron al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 20, donde les informaron que eran “prisioneros de guerra”. Los presionaron para que firmaran un pedido de asilo político, y como se negaron los mandaron a Coordinación Federal, en Buenos Aires. Finalmente fueron expulsados a terceros países.

En esta causa, el juez Oyarbide había pedido hace quince días la captura del ex presidente de facto peruano Morales Bermúdez, el militar que derrocó en 1975 al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Aunque la investigación no integra la megacausa por la Operación Cóndor porque en ella no se consideraba al Perú como parte de la coordinación represiva de las dictaduras en el Cono Sur, Oyarbide manifestó no tener dudas de que los secuestros tuvieron al Cóndor como marco.

El Plan Cóndor fue un programa de represión coordinada que las dictaduras del Cono Sur implementaron en la década del ’70 para detectar en cualquiera de sus territorios actividades supuestamente subversivas y combatirlas de forma mancomunada.

Al presentar en los tribunales porteños la demanda que dio lugar a la apertura de la investigación judicial, el denunciante Ricardo Napuri, uno de los trece detenidos, había planteado que sus secuestros habían sido “parte de un acuerdo de alto nivel entre las dictaduras de los dos países”.

“En 1978 la dictadura peruana se caía por la presión popular. Se produjo una huelga general y, como manotazo de ahogado, hicieron este operativo. El mundial de fútbol nos jugó a favor, porque los militares argentinos no sabían qué hacer con nosotros. Querían que firmáramos un pedido de asilo político pero nos negamos, nos habían amenazado con aplicarnos la ‘ley de fuga’ y nos llevaron a los sótanos de la Policía Federal, donde nos hacían escuchar las sesiones de torturas. El caso fue tomado por el gobierno de Suecia y por Naciones Unidas, y finalmente nos expulsaron”, relató Napuri a este diario. También contó cómo fue la salida del grupo de la Argentina: sus captores los llevaron directamente a la puerta de un avión de Air France sin pasar por Migraciones y le dijeron al piloto que les retuviera los documentos porque la policía francesa los esperaba por “subversivos”. Sin embargo, ellos se quejaron y el piloto, tras consultar con las autoridades francesas, les devolvió la documentación y les hizo saber que eran “huéspedes privilegiados”.

Videla y Harguindeguy están presos en otras causas por delitos de lesa humanidad. El ex presidente de facto, de 86 años, cumple dos condenas en la cárcel de Campo de Mayo, mientras que su ex ministro, de 84, pidió el beneficio del arresto domiciliario.