Dos argentinas recibieron en el exterior los restos de sus padres desaparecidos

La entrega de los restos de los militantes argentinos José Potenza y Raffaella Filippazi se concretó este viernes en Asunción del Paraguay, luego de 39 años de búsqueda tras ser desaparecidos por el Plan Cóndor de las dictaduras de Suramérica.

Los restos de Potenza y Filippzi fueron hallados en fosas de la dictadura (1954-89) de Alfredo Stroessner e identificados el año pasado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf).

Potenza y Filipazzi, cuyas hijas, Silvia y Beatriz, acogen desde este mediodía las urnas con sus restos, compartieron la ceremonia de entrega con las autoridades del Ministerio de Justicia de Paraguay, los embajadores de Argentina, Italia y Uruguay, el hijo de Miguel Soler y la hermana de Cástulo Vera Báez, ambos militantes del comunismo paraguayo que fueron asesinados por el régimen Stronissta.

“No acepto más que me digan que mi mamá ´algo habrá hecho´, porque por ella tuve la fuerza de buscarla ya que ella quería esto: que estemos todos juntos”, definió Ida Beatriz García, mientras sostenía en las manos un pequeño ajuar de cuero grabado en el que las autoridades paraguayas le restituyeron las joyas que su madre llevaba puesta cuando fue encontrada en una fosa de la Policía Nacional del país vecino.

“Aun hay muchas personas que esperan y hoy recuperé a mi mamá, pero me falta que muchas personas digan donde están nuestros seres queridos, para traer paz, incluso a ellos mismos”, precisó la mujer, mientras Elena, su hija mayor, postuló en llanto desde el palco “la abuela está viva!”, en tanto sostenía su retrato envuelto en una bandera de Italia.

A su vez, Silvia, la hija de José Potenza, manifestó emocionada que su padre “no fue un papá ideal, como uno se lo imagina, cariñoso, sino que mi papá era un soñador que salió de su casa para ir a luchar por los hijos de otros”.

“Lo busqué diez años, pero bajé los brazos y hoy ocurrió un milagro que puso luz a tanta oscuridad y ya no nos da miedo”, sostuvo Silvia, quien anunció que los restos del ex empleado legislativo descansarán en la provincia de San Luís, donde ella vive.

El responsable del equipo de búsqueda en Paraguay, actual director nacional de Memoria Histórica, Rogelio Goiburú, se refirió particularmente a que “el Estado es responsable a pesar de la pereza y su responsabilidad política, ya que heredó estos crímenes y los debe resolver”.

Goiburú recordó que “ayer se cumplieron 40 años de la desaparición de mi padre en Argentina” y ubicó en su sensación personal la entrega de hoy como un homenaje “y el resultado de un esfuerzo colectivo”.

“En pleno epicentro de las dictaduras militares, frente a estados terroristas tan crueles y asesinos la lucha era por la memoria de los compañeros caídos, en la transición a la democracia vino la lucha por la verdad para saber quiénes fueron los perpetradores de los crímenes y sus víctimas y hoy es el tiempo de Justicia, a la que hay que sostener porque es la única manera de garantizar que hoy y en el futuro haya memoria y verdad”, sostuvo, como uno de los iniciadores de la búsqueda de Filipazzi, el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel.

Por su parte, el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, quien encaró la investigación de búsqueda, subrayó “los puntos en común” con Paraguay “que tienen que ver con la necesidad de políticas de estado definidas para la búsqueda de desaparecidos, y que permitan una coordinación en conjunto con otros países".

“Eso hasta ahora no se hizo mas allá de los esfuerzos de los organismos de Derechos Humanos, los familiares e instituciones con la vocación de brindar su voluntad”, remarcó el representante del ministerio público.

El embajador argentino en Paraguay, Eduardo Zuain, calificó a la entrega como “un evento de una gran significación histórica para la Argentina pero también para la región, ya que así como hubo un Plan Cóndor donde las dictaduras del continente coordinaron la violación masiva de los Derechos Humanos, hoy podemos decir que las democracias están coordinadas e integradas en no repetir lo ocurrido en esos años”.

“Las naciones están unidas en el esfuerzo de crear memoria, conciencia para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en nuestro continente y rescatar los valores de verdad, justicia, reparación y memoria”, dijo Zuain a Telam.

Vale señalar que, mientras Filipazzi y Potenza fueron secuestrados el 26 de junio de 1977 en el hotel Hermitage de Montevideo, Vera Báez y Soler, quien fuera secretario general del Partido Comunista paraguayo, desaparecieron en la Argentina y sus restos serán inhumados en el país vecino en panteones familiares.

En tanto que es la primera vez desde la reinstauración de la democracia en Paraguay que se logra la identificación de militantes desaparecidos, de más de 500 denuncias de desapariciones forzadas que se extienden hasta la actualidad, de los cuales 36 cuerpos han sido exhumados, principalmente en predios de la Policía Nacional.

Rechazo de organismos ddhh a una charla difundia por el CIJ

“Responden a la búsqueda de impunidad”

Abogados y defensores de los derechos humanos cuestionaron un panel promocionado en el sitio web de la Corte Suprema y organizado por la Universidad de San Andrés. En la actividad se atacó la legitimidad del proceso de memoria, verdad y justicia.

 Por Ailín Bullentini

“Los juicios de lesa humanidad fueron y son jurídicamente válidos. Su negación responde al interés por la búsqueda de impunidad”, reflexionó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. La opinión de Guadalupe Godoy, histórica defensora de víctimas de torturas, secuestros y desapariciones durante la última dictadura cívico-militar, fue similar. Para la abogada, las críticas a los procesos jurídicos sobre violaciones a los derechos humanos son “una respuesta lógica y previsible” de los sectores “que participaron del terrorismo de Estado y quienes lo avalaron”. “Lo dijo un acusado en el juicio por los crímenes en La Cacha: en ellos vive una esperanza de que el cambio de gobierno genere buenas condiciones para la reconciliación”, completó Godoy. Ambas afirmaciones responden a la puesta en duda de la legitimidad de esos procesos que primero resonó en la Universidad Católica Argentina y días atrás volvió a oírse en otro claustro, la Universidad de San Andrés. Esta última actividad fue difundida por el sitio de información judicial que depende de la Corte Suprema de Justicia.

Bajo el título “Derechos Humanos y Castigo: las discusiones pendientes”, un conjunto de profesionales de la materia –en su mayoría estadounidenses– y personalidades de la historia y la política, invitados por el Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, afirmaron que los juicios que comenzaron tras la caída de las leyes de impunidad “no aportan a la verdad socialmente conocida”, que los hechos ventilados en ellos son “parciales” y que allí “no se reconoce el estado de indefensión en la que se encuentran los acusados, 40 años después de lo ocurrido”. La integrante de la Conadep y ex miembro del gobierno de la Alianza, Graciela Fernández Meijide; el historiador Luis Alberto Romero, el ex embajador de la Argentina en Naciones Unidas Emilio Cárdenas, disertaron entonces; también juristas estadounidenses, profesores de la casa y miembros del Ministerio Público de la Defensa nacional.

Mientras estudiantes de derecho y escasos periodistas tomaban nota, familiares de represores procesados y condenados por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, así como hombres y mujeres nostálgicos de aquellos años, oyeron con atención, se sorprendieron gratamente por los postulados expuestos por los expertos y rechazaron con movimientos de cabeza alguna que otra defensa del proceso de memoria, verdad y justicia argentino. Cecilia Pando se sentó en primera fila. La esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, jefe del centro clandestino cordobés La Perla, filmó la jornada.

Para María Laura Bretal, tanto los responsables de las ideas que circularon en el auditorio de San Andrés como las que flotaron en la UCA hace unos días “evidentemente no quieren conocer la verdad”. Como integrante del colectivo Justicia Ya y ex desaparecida, Bretal coincidió con la definición de “juicios incompletos” que propuso Romero durante su exposición, pero invirtiendo de su planteo: “No son toda la Justicia que nosotros queremos, pero en el sentido contrario de lo que cuestionan estos reaccionarios. Queremos que se juzgue a todos los genocidas, a los cómplices civiles y a los eclesiásticos, que han sido los ideólogos de la dictadura y merecen juicio y castigo”.

A Godoy los planteos la enojan pero no la sorprenden. “Es lógico”, opinó. “¿Por qué hacemos los juicios? No solo para obtener condena, estamos disputando el sentido histórico de la dictadura. Antes de los juicios había una verdad social, la teoría de los dos demonios. Con los juicios la revertimos. Entonces, desde los imputados y los cómplices lo que hay es una respuesta lógica y previsible, una ofensiva disfrazada con argumentos jurídicos. Creen que es el momento oportuno para generar las condiciones para la concordia”, sostuvo la abogada.

“Se trata del crimen de masas más atroz que conoció la historia argentina: el Estado usó todos sus recursos para llevar a cabo un plan criminal dantesco”, definió Auat, quien se paró en esa conceptualización para relacionar la “ofensiva reaccionaria”: “La dimensión del crimen explica también que haya, a 40 años de sucedido, gente que siga pidiendo impunidad: no es un problema jurídico, sino estrictamente de índole político e ideológico”. En ese sentido, los entrevistados criticaron que el Centro de Información Judicial –órgano de difusión oficial de la Corte Suprema– haya sido uno de los canales de divulgación de la charla de la Universidad de San Andrés. A Bretal le pareció “terrible, lamentable y repudiable”. Para Godoy, la Corte “no es inocente” en el acto de difusión, un paso que “completa el mensaje que da con la cantidad de condenas a genocidas que no están firmes y que, si se mueren, lograrían el sobreseimiento”.

“Por más de que ese pequeño sector reaccionario, ideológicamente parte de esa dictadura, intente instalar la idea de la reconciliación, no va a lograrlo porque los argentinos estamos reconciliándonos con nuestra propia historia hace 12 años”, remarcó Victoria Montenegro, víctima directa del terrorismo de Estado. Tenía dos semanas cuando la secuestraron junto con sus padres, quienes permanecen desaparecidos; el coronel del Ejército Hernán Tetzlaff la inscribió y crió como hija propia; recuperó su verdadera identidad hace 15 años. Desde ese lugar, refutó el planteo de que los juicios de lesa humanidad no sirvan para la construcción de la verdad: “Son inmensamente reparadores para quienes somos víctimas, que sea la Justicia quien determine que estas personas son genocidas y la condena que les corresponden es poder tener algo de reparación después de tantos años” porque “acá no hubo una guerra, sino un Estado que decidió desaparecer 30 mil argentinos, instalar un modelo económico y, por las dudas, también se apropió de sus hijos”.

Las sotanas del terrorismo de Estado

Durante la dictadura al menos 102 sacerdotes actuaron en unidades militares donde había centros clandestinos

Un estudio sobre el vicariato castrense detalla la participación de los capellanes militares como apoyo de los represores e incluso como partícipes de torturas e interrogatorios. Las pruebas en los diarios del ex provicario Victorio Bonamín.

Tres apuntes de Bonamín
 La lista de capellanes
 
 Por Diego Martínez

Mientras el papa Francisco pide perdón en nombre de la Iglesia Católica “por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”, los capellanes que participaron del terrorismo de Estado disfrutan impunes y en silencio sus últimos años de vida. A una década de la reapertura de causas por delitos de lesa humanidad, el único condenado es Christian von Wernich, ex capellán de la policía de Ramón Camps, quien no recibió ninguna sanción canónica pese a que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia a prisión perpetua y ostenta su condición de sacerdote en el penal de Marcos Paz sin que a ningún obispo se le mueva un pelo. José Mijalchyk, denunciado por sobrevivientes del mayor centro clandestino de Tucumán, fue absuelto en un fallo dividido sobre el que ahora deberá pronunciarse la Cámara de Casación Penal. Los pocos capellanes que cayeron en la mira de algún juez, como el fallecido Aldo Vara o Franco Reverberi Boschi, gozan o gozaron de la protección de la Iglesia, que los cobija en parroquias en el exterior. El historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede, autores del primer estudio sistemático sobre el vicariato castrense a partir de los diarios del provicario Victorio Bonamín, precisan en un informe entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que “al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos” y advierten sobre la “participación necesaria” en delitos de lesa humanidad de quienes a sueldo del Estado sedaban las conciencias de los torturadores y los ayudaban a obtener información de los secuestrados.

“La dimensión religiosa del terrorismo de Estado estuvo presente en las diversas fases y con diferentes intensidades: convenciendo de la peligrosidad ideológica y material del ‘enemigo subversivo’, intensificando las ideas de ‘crisis moral’ y ‘guerra justa’, excitando a las Fuerzas Armadas a la toma del poder, acompañando su accionar represivo, avalando teológicamente los métodos clandestinos o instando a los detenidos a la delación”, resumen los investigadores, que durante seis años analizaron 750 páginas de apuntes que Bonamín tomó entre 1975 y 1976, contrastaron los datos con boletines reservados del Ejército y del Vicariato Castrense, entre otras fuentes, y escribieron un libro que se publicará el próximo año.

La legitimación que la doctrina católica brindó a la dictadura, notoria “en el discurso público de los obispos y el silencio aquiescente de la institución”, reposó “centralmente en el trabajo del Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas”, advierten. La “función de los capellanes” consistía en “dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares”, apuntó en octubre de 1976 el propio Bonamín, desvelado por garantizar “asistencia espiritual” a quienes por esos días secuestraban, torturaban, ejecutaban clandestinamente y desaparecían a miles de personas.

Los jefes militares que adoctrinaban a sus subordinados en “técnicas antisubversivas” valoraban la influencia de los capellanes sobre la tropa y Bonamín tomaba nota de los halagos. Las “acampadas militares religiosas” que organizaba el Vicariato “conseguían en tres días lo que los oficiales en un año”, celebró en 1975 el entonces coronel Juan Bautista Sasiaiñ, director de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” de Campo de Mayo. “Con estos muchachos yo hago ahora cualquier cosa”, se emocionó el jefe del GADA 601 de Mar del Plata, Carlos Jesús Cornejo. El ex capitán Adolfo Scilingo dio un ejemplo al confesar sus crímenes: los capellanes de la ESMA lo hacían “sentir mejor” al darle “una explicación cristiana” de los vuelos de la muerte.

Los “problemas de conciencia” figuran ya en los apuntes sobre el Operativo Independencia, antesala del terrorismo de Estado en Tucumán durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. “A fines de 1975 comienzan a aparecer la muerte y la tortura en las anotaciones de Bonamín”, explican los investigadores. El provicario dejó constancia de su exposición “sobre las torturas” a sacerdotes destinados en Tucumán. Cuando el capellán mayor del Ejército, José Menestrina, ofreció enviar más capellanes, “el Sr. Gral. Adel E. Vilas agradeció muy de corazón pero me indicó que por ahora no era necesario”, apuntó Joaquín Cucala Boix, capellán en “La Escuelita” de Famaillá y otros centros clandestinos. Después de una conferencia en el Colegio Militar de la Nación, Bonamín apuntó que cadetes de cuarto año le preguntaron “sobre ética de la guerrilla (trato de prisioneros... torturas para ‘hacer cantar’)”. “Quería quedarme con ellos cuanto fuera necesario, incluso hasta medianoche, pero el jefe del Escuadrón, Tte. Núñez, me pidió que lo acercara a Buenos Aires... y tuve que ceder”, lamentó.

Acrecentar la funcionalidad de los tormentos también fue tarea de los sacerdotes católicos. Lo acreditan las víctimas que recuerdan la voz de los capellanes después de las sesiones de picana para ofrecerles “un momento de charla”. “No fueron más que estrategias represivas disfrazadas de ‘acciones benévolas’ que buscaron obtener aquella información que con la tortura no habían logrado”, advierten Lede y Bilbao. “Un hombre de iglesia totalmente integrado a la tarea ilegal utiliza su condición de sacerdote para ingresar en un campo de la víctima al que no accede mediante instrumentos físicos de tormento: el campo de las creencias y las convicciones –citan al teólogo y filósofo Juan Pablo Martín–. Se conforma así la figura de la tortura perfecta. Junto a otros que torturan el cuerpo, se ejerce el poder religioso sobre el alma.”

Entre 1975 y 1983 fueron 400 los capellanes que poblaron cuarteles de todo el país, según contabilizaron los investigadores en base a documentación oficial. Los comandantes de cada fuerza trataban con los obispos castrenses y con los tres capellanes mayores. Los comandantes de zonas, como Luciano Menéndez en Córdoba o Carlos Suárez Mason en Buenos Aires, eran asistidos por dos capellanes cada uno. El 80 por ciento de los jefes de áreas contaron con acompañamiento religioso y al menos 102 sacerdotes cumplieron tareas en unidades donde funcionaron centros clandestinos, precisan. Por último, detallan información sobre 22 capellanes que están vivos y que, aún si no fueran imputados por fiscales o jueces, podrían por los destinos que ocuparon conservar información valiosa sobre víctimas, victimarios y apropiaciones de niños (ver recuadro aparte).

“La Iglesia y en particular el obispado castrense podría colaborar si quisieran. Nuestro objetivo es aportar información para que la Justicia empiece a mover las piezas y cite a declarar a estos capellanes”, explican los autores a Página/12. “Igual que muchos militares juzgados como autores mediatos en el área o unidad donde fueron responsables, les cabe a los capellanes una máxima equivalente, ya que eran funcionarios públicos, tuvieron un despliegue territorial enorme y adaptado a la estrategia militar y, más importante aún, ocuparon hacia el interior de cada unidad una posición de cierta ‘paridad’ con los jefes e influencia sobre el resto de los militares que les permitía ejercer una forma de poder”, argumentan. “Son razones suficientes para que la Justicia los indague sin que haga falta un testimonio previo de un sobreviviente”, concluyen.

Von Wernich es hasta ahora el único capellán entre casi los 600 condenados por delitos de lesa humanidad. El tribunal riojano que condenó a Menéndez y a Luis Fernando Estrella por el asesinato de Enrique Angelelli afirmó en los fundamentos del fallo que “los militares no podrían haber matado a un obispo sin complicidad civil y clerical”. Pero esos cómplices siguen impunes. El primer capellán militar que llegó a juicio fue Mijalchyk, imputado por su actuación en el centro clandestino que funcionó en el arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán. La sobreviviente María Angélica Mazzamuto de Romero contó que “se lo sentía pararse en algunos boxes, consolar a algunos (secuestrados) y exhortarlos a hablar con sinceridad con la gente del Ejército”. “Lo conocía muy bien porque había ido de misión evangélica a la escuela en la que yo era directora”, aclaró. Osvaldo Pérez contó que el “Padre Pepe”, como lo llamaban, iba al centro clandestino y “no a ocuparse de nuestras almas”. La única vez que pudo hablar le preguntó si podía rezar por los cautivos. “Para qué rezar si estos se van todos al infierno”, le contestó. Los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla consideraron que existían “dudas razonables” sobre la presencia de Mijalchyk en el centro de detención, sugirieron diferenciar “entre pecado y delito” y resolvieron “absolver(lo) por duda”. El juez Juan Carlos Reynaga, en disidencia, consideró acreditada su presencia, apuntó que “‘persuadía’ a los detenidos clandestinos en ese lugar para que confesaran”, explicó que agregaba a las torturas “un sufrimiento adicional al utilizar su calidad de religioso y los conocimientos propios de su oficio para lograr el quebrantamiento de su voluntad” y votó una condena a diez años de prisión. Los fiscales tucumanos apelaron la absolución, que podría revertir la Cámara de Casación Penal.

Eugenio Zitelli, capellán de la policía de Santa Fe, tiene procesamiento firme y será juzgado en Rosario junto a la patota que encabezaba Agustín Feced. Como capellán del Servicio de Informaciones y de la alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario participaba de interrogatorios vestido con sotana. Carlos Marozzi fue identificado por un sobreviviente del centro de detención que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero, donde oficiaba como capellán auxiliar, como el hombre vestido de sacerdote, con camisa celeste y cuello blanco que le metía sus pulgares en los ojos y le decía que estaba poseído por el demonio. Luego de tres pedidos de la fiscal Indiana Garzón, prestó declaración indagatoria el mes pasado, imputado por tormentos a ese secuestrado. “En una sola oportunidad vio a un muchacho vendado pero presumió que se trataba de una persona castigada por faltas militares”, minimizó su abogado Julio Navarro. Su situación procesal está en manos del juez federal Guillermo Molinari.

En el caso de Emilio Graselli, el ex secretario del vicario general castrense Adolfo Tortolo que entrevistaba a los familiares de desaparecidos en la capilla Stella Maris, en Retiro, dos fiscales pidieron que se lo cite a indagatoria. Al formular el requerimiento al juez Julián Ercolini, el fiscal Federico Delgado destacó que el capellán “estaba en un ‘lugar clave’ que le brindaba ‘información cualificada’ en relación con la represión clandestina y que de alguna forma, que sería apresurado calificar, la ‘administró’”. Miguel Angel Blanco García Ordás y Hugo Bogetti le imputaron “captar” información de los familiares de desaparecidos para luego “desorientarlos dolosamente”. “No sólo no desconocía todo el aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas sino que formaba parte de él”, señalaron los fiscales de San Martín al pedirle la indagatoria a la jueza Alicia Vence, y apuntaron que entre sus más de 2 mil fichas en las que volcaba los datos que aportaban las familias figuraban 140 víctimas de la zona militar IV. “Recibía a los familiares simulando una total ajenidad a los casos narrados, obteniendo así información de ellos, sin perjuicio de que luego les daba como devolución a sus interrogantes que no tenía noticias oficiales sobre su destino”, señalaron. “Tortolo y Graselli poseían el mando de todos los capellanes del país, de quienes se abastecían de la información necesaria” sobre el destino de las víctimas “para luego informar a los familiares mendazmente a sabiendas de sus destinos finales”. Graselli “simulaba que realizaba averiguaciones relativas al tema” y “les informaba en la mayoría de los casos, salvo que las personas hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que no tenía noticia de su detención en lugar oficial”.

Aldo Vara murió luego de ocho meses prófugo en una parroquia de Ciudad del Este. En 2013 los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia lo definieron como un agente de inteligencia que sólo por su técnica se diferenciaba de los militares y pidieron su detención. El entonces juez subrogante Santiago Martínez no encontró “elementos suficientes” para ordenarla. Cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca revirtió esa decisión, el ex capellán auxiliar del Cuerpo V de Ejército ya estaba escondido en Paraguay. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, dijo el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento. “Esto era posible al no existir sanción canónica”, lo respaldó el obispo Rogelio Livieres Plano. El reo murió días después de que Interpol lo ubicara.

Franco Reverberi Boschi logró burlar a la Justicia argentina gracias a un fallo de la Corte de Casación de Italia que rechazó el pedido de extradición. El ex capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, imputado por participar de interrogatorios bajo tortura en el centro clandestino La Departamental, pasa sus días en una parroquia de la provincia de Parma, a sólo 463 kilómetros de la residencia del ex cardenal Jorge Bergoglio.

Tres apuntes de Bonamín


- 15/09/1975 (Colegio Militar de la Nación). 18.00 - Al colegio. 19 a 20.10 Conferencia. Terminado, se acercaron muchos para formular preguntas, sobre todo Cadetes de 4º año, sobre ética de la Guerrilla (trato de prisioneros... torturas para “hacer cantar”)... Quería quedarme con ellos cuanto fuera preciso, incluso hasta 1/2 noche. Pero el Jefe del Escuadrón, Tte. Núñez, me pidió que lo acercara a Buenos Aires... y tuve que ceder.

- 29/12/1975 (Vicariato Castrense). 11.30-13 - Con los Capellanes Castrenses del 1er. Cuerpo de Ejército que se turnaron y turnarán en Tucumán. Problemas de conciencia de nuestros Oficiales.

- 18/10/1976 (San Luis). 8.30 - Al Comando; Conferencias al Personal de Cuadros de la Guarnición. Improvisación total; yo creía que la invitación era para “confesar a algunos y escuchar inquietudes de otros”... Sí, pero antes tuve que improvisar, sobre: Función de los Capellanes: dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares. Luego, confesiones.

La lista de capellanes

Según el informe realizado por Ariel Lede y Lucas Bilbao, éstos son los capellanes militares aún con vida que podrían ser citados por la Justicia:

- ESMA: Laureano Elviro Cangiani, José Luis Guaglianone Peñate, Néstor Sato y Alberto Angel Zanchetta.

- Campo de Mayo: Federico Miroslav Gogala (Hospital Militar) y Leoncio Alejandro Apostoli (Escuela de Ingenieros del Ejército).

- Tucumán: Mario Liborio De Leone, Almacio Jorge Dechat, José Horn y Rodobaldo Santiago Ruisánchez (Operativo Independencia).

- Córdoba: Luis Jesús Cortés (Ejército), Hugo Marcelo Bustos e Ignacio Miguel Costa (Fuerza Aérea).

- Bahía Blanca: Horacio Andrés Fuhr (Cuerpo V del Ejército).

- Mar del Plata: Alejandro Echarri Zudaire (Escuela de Suboficiales de Infantería de la Armada).

- La Plata: Alberto Daniel Meroni (Batallón de Infantería 3 de la Armada).

- Morón: Horacio Astigueta Campos (Brigada Aérea VII).

- Santiago del Estero: Carlos Luis Marozzi (Batallón de Ingenieros de Combate 141 del Ejército).

- Misiones: Francisco Cichanoski (Regimiento de Infantería de Monte 30 del Ejército).

- Ciudadela: José Luis Ezquerra Arana (GADA 101 del Ejército).

- Mendoza: Rafael Eleuterio Rey (Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 del Ejército).

- Punta Indio: Lucas Tessore (Base Aeronaval).

“Me vinieron a buscar las Fuerzas Conjuntas: hay comida en la heladera”



Una historia de la dictadura uruguaya

Mientras se la llevaban los militares decidió que había que trasmitirle tranquilidad a su marido: escribió el mensaje en un papel y lo dejó sobre la mesa para que lo encontrara al volver. Más de 40 años después, su hijo subió esa pequeña carta a las redes sociales y dio la vuelta al mundo. Infojus Noticias habló con los protagonistas para reconstruir la historia de ese gesto de amor en medio del horror


 Por: Ana Fornaro
Graziella Formoso desayunaba y se apuraba para ordenar. Eran las nueve de la mañana y su padre la estaba por pasar a buscar para llevarla de Pando hasta Montevideo, donde cursaba en la facultad de la Agronomía. Ese día, el 9 de julio de 1974, le tocaba la clase de Edafología 2. Su marido Luis había salido más temprano: era fecha patria en Argentina y de eso hablaba la radio que sonaba de fondo.
Graziella recogía sus apuntes para irse a la facultad y Blanquita, la lavandera del barrio, desplegaba la ropa en la calle. Entonces los vio: un grupo de militares se acercaba por la vereda. “Están viniendo para acá”, pensó, mirando la cara aterrada de la lavandera. Y esperó. Los hombres golpearon la puerta y entraron sin mediar palabra. Avanzaron hacia la pieza de entrada donde estaba el juego de comedor, regalo de su mamá. En la mesa había papeles desparramados y un adorno con los versos de “Caminante no hay camino” de Antonio Machado. Eso miraba fijo Graziella cuando se animó a preguntar:
-Ustedes quiénes son.
Eran las Fuerzas Conjuntas, el organismo de la dictadura que abarcaba las Fuerzas Armadas y la Policía. Le preguntaron su nombre. Ella respondió. Le dijeron que tenía que irse con ellos.
-Yo soy el capitán Aguerre.
Graziella pensó en su marido. Sacó una hoja y una lapicera del bolso de la facultad y escribió: “Luis: me vinieron a buscar las fuerzas conjuntas. Hay comida en la heladera”. Tenía 21 años, estaba aterrada pero necesitaba transmitirle tranquilidad. Todo tenía que seguir como siempre.
Graziella no veía nada por la capucha pero en el camión percibió las piernas largas de Adriana, una compañera de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC). Viajaron durante 45 minutos por un camino accidentado. Cuando las bajaron se dio cuenta que estaban cerca de una estación de tren. Plantadas frente a una pared blanca, miraban el piso de cemento y escuchaban como alguien corría de acá para allá:
-¡Número! – gritaba uno de los militares.
El mayor Mario Aguerre era el encargado del operativo. El capitán Eduardo Caussi hacía los interrogatorios. Años después Graziella sabría que estaban en un cuartel de San Ramón, al norte del departamento de Canelones y que el jefe allí era teniente coronel Juan Carlos Geymonat.
Eran las 10 y media de la mañana cuando la hicieron pasar a la sala sanitaria donde un médico le preguntó si padecía alguna enfermedad, si tomaba alguna medicación. Después de tomarle los datos y preguntarle por su obra social le dijo:
-¿A quién le avisamos en caso de fallecimiento?
Graziella les dio la dirección de sus padres y la volvieron a subir al camión. Pudo correrse un poco la capucha y allí vio a Adriana y a otra compañera, Alicia. El grupo electrógeno del vehículo, que se encendía y apagaba, la ponía nerviosa.
“Luis y mis padres ya deben saber que me llevaron. La lavandera les tiene que haber contado todo”, se decía para tranquilizarse. Y de golpe se dio cuenta por qué estaba ahí: había participado de unas pintadas para denunciar la muerte de la estudiante Nibia Sabalsagaray, asesinada mientras la torturaban con submarino seco. Recordaba la última vez que la había visto viva. Estaba sentada sobre una mesa junto a un montón de volantes, con una polera amarilla y una falda negra. Sonreía.
La autopsia de Nibia la hizo el entonces médico, Marcos Carámbula, que luego en democracia llegaría a ser intendente de Canelones. Su familia había pedido una autopsia porque los militares decían que se había suicidado. En eso pensaba Graziella todavía arriba del camión.
Allí los días pasaban todos iguales. Las mantenían paradas desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche. Y cada tanto las dejaban ir al baño. Primero interrogaron a Alicia, se quebró y la liberaron. Años después sería la maestra de su primer hijo. A Adriana la llevaron para hacerle submarino y después la encerraron en una celda.
Y le llegó su momento.
El teniente Caussi le preguntó sobre los comunistas.

-Yo fui a un colegio católico. No tengo nada que ver con comunistas- respondió Graziella.
Desde el otro cuarto escuchaba cómo hablaban de los itinerarios de pintadas de militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Allí escuchó los nombres de sus compañeros y el suyo propio. Y se quedó sin aire, como si le estuvieran comprimiendo el pecho. Los habían delatado y esperaban que ella hiciera lo mismo. Se calló la boca.
Le hicieron firmar un papel donde decía que no había recibido malos tratos y se resignó. Sentía que iba a pasar allí mucho tiempo. Así que se impuso una rutina: barrer la celda con una escoba chica, y caminar. En un momento un oficial, de traje impecable, se acercó al agujero de su puerta para preguntarle por qué no comía carne.
-Soy vegetariana
-Si no come, se va morir.
Supo después que era el coronel Geymonat.
El 18 de julio, otra fecha patria, pero esta vez de Uruguay, la volvieron a subir al camión. Grazziela pensó que la llevaban a otro chupadero, pero la bajaron en una esquina de Pando, su ciudad. Estaba libre. No lo podía creer. Lo primero que hizo fue refugiarse en una iglesia y agradecerle a la Virgen.
No quería volver a su casa. Tenía miedo y tampoco tenía plata para pagar el boleto hasta lo de sus padres. Fue hasta la casa de la madre de Adriana y de allí la llevaron a la granja donde se reencontró con su familia. Su cuñado Dámaso y sus padres habían recorrido todo Canelones para encontrarla. Dieron con su paradero porque un militar filtró su nombre.
A Luis, su marido, lo vio recién varios días después.
***
“Después de estas experiencias hay cosas en ti que cambian. Empecé a apreciar la suerte de tener un hogar con Luis, a mis padres, a mi cuñado. Empecé a valorar el poder moverme con libertad, sin cuerdas en las manos y sin capuchas”, dice Graziella a Infojus Noticias.
Tuvo que dejar la facultad porque perdió el semestre. Y empezó a ayudar a sus padres en la granja. Despicaba pollos, los vacunaba, clasificaba los huevos. Luis trabajaba como profesor de matemáticas en un secundario hasta que lo destituyeron en 1976. Antes de eso, volvieron a allanar su hogar dos veces más. Los llevaban a la fuerza de choque de Canelones en vagones de ferrocarril. Allí conoció a otra encapuchada, Jovita Lainez, una argentina que habían detenido en Montevideo. Graziella declaró esto mismo en la Comisión para la Paz creada por el presidente Jorge Batlle (2000-2005).
El matrimonio Rodríguez tuvo la posibilidad de exiliarse en Buenos Aires pero decidieron quedarse en Uruguay porque sus familias necesitaban ayuda.

Con la llegada de la democracia, en 1985, restituyeron en el cargo a Luis, quien falleció de muerte súbita en 1999. Graziella se quedó sola criando a sus hijos Luis Humberto y Pablo. El mayor es psiquiatra y el menor, Pablo, se está por recibir de abogado. Fue él quien, la semana pasada, publicó en Facebook la nota que su madre le dejó a su padre 41 años atrás. Esa cartita la había guardado su abuela en una biblia todos estos años y se la legó como un tesoro cuando falleció. Pablo posteó la nota y se viralizó al instante. En Uruguay, donde una política de Estado para juzgar a los militares y reparar a las víctimas sigue siendo una deuda, esta cartita apareció como una manera de recuperar la memoria.
Después de que falleciera su marido, el secundario donde trabajaba Luis lo homenajeó nombrando una sala con su nombre. Ahora Graziella se dedica al acompañamiento de enfermos, luego de cuidar durante muchos años a su hermano. Conserva poco contacto con sus compañeros de militancia. Y se ha aferrado toda la vida, dice, a la máxima artiguista: “Nada podemos esperar sino de nosotros mismos.”
AF/SH

La etapa final en el juicio al Cóndor

Comenzaron los alegatos en el juicio oral sobre la coordinación represiva en el cono sur

El juicio comenzó en marzo de 2013 e involucra a 18 acusados, entre ellos, a Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y el uruguayo Manuel Cordero. Durante el debate hubo cerca de 200 testimonios y se analizaron documentos gubernamentales.

 Por Alejandra Dandan

En marzo de 2013 comenzó en Buenos Aires el juicio oral por la causa del Plan Cóndor, el nombre que recibió a partir de 1975 la coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur para la persecución y eliminación de militantes políticos que estaban fuera de sus países de origen. Esa causa acaba de ingresar a la etapa de alegatos. Entre los 18 acusados, están los principales líderes militares argentinos que siguen con vida, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, pero también Manuel Cordero Piacentini, enlace con Argentina y uno de los integrantes más conocidos del ejército uruguayo. El debate tuvo una enorme carga simbólica dado que las investigaciones trabajaron no sólo la reconstrucción de los hechos y del Cóndor, sino que busca probar el conocimiento y apoyo que dio el gobierno de Estados Unidos. Esa es una mirada que aportó Jaime Nuguer, representante de las querellas que abrieron la causa en 1999. Hoy concluye su alegato y hará el pedido de condenas.

“Quiero decir que los documentos y testimonios recabados en este juicio son únicos por su cantidad y su diversidad y porque fueron tratados en un juicio público. Y en conjunto muestran que aquí hubo una brutal operación de coordinación represiva en el marco de las dictaduras militares de los años ’70 en Latinoamérica. Y ése no es cualquier marco –señaló Nuguer– dado que ya estaba precedido por la difusión de la doctrina de la Seguridad Nacional, impartida especialmente desde la escuela norteamericana del Canal de Panamá. Hubo enseñanzas de la doctrina francesa y estaba el antecedente de Vietnam. Ese cúmulo de pruebas muestran que esta operación estaba dirigida a reprimir a los exiliados, por eso la mayor parte de las víctimas cayeron en Argentina, porque fue el país que tuvo el último golpe de Estado en la sucesión de golpes de la región.”

Este juicio se abrió con una primera denuncia en noviembre de 1999, y en ese sentido también es una causa emblemática. Impulsada por un grupo entre los que estaban Emilio Mignone, Raúl Za-ffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú, se abrió en paralelo a la causa por el plan sistemático de robo de niños, durante la vigencia de las leyes de impunidad y aprovechando las brechas jurídicas que esas leyes no habían podido bloquear. El debate de estos años muestra los avances que hubo desde el origen hasta el presente.

“Nosotros teníamos un solo documento desclasificado cuando se inició la causa –dijo Nuguer–. Uno del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora muy conocido, que envió el agente especial Robert Scherrer al FBI desde la embajada norteamericana en Buenos Aires, en septiembre de 1978. El informe es una síntesis completa sobre la Operación Cóndor y dice centralmente que estaba constituida por Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia para combatir a los opositores políticos y eventualmente ubicar blancos, perseguirlos, torturarlos y matarlos inclusive en el exterior. Esa es la esencia del memo que según expertos como Carlos Osorio o John Dinges fue el único documento conocido en los ’80 y el único que existía originalmente.” Con ese documento pasan dos cosas, continuó el abogado: “Llega muy tarde, pero además describe una operación en la que Estados Unidos aparece como ajeno y como quien simplemente conoce. Eso cambió a partir de 1999 y 2000, cuando Estados Unidos desclasifica los documentos de Chile y Argentina. Eso permite conocer miles de documentos que muestran un rol distinto de los Estados Unidos, pero la causa original ya estaba iniciada”.
–¿A su criterio qué dejó de nuevo este debate?

–El juicio ha demostrado la responsabilidad individual de los procesados sobre su participación en la asociación ilícita denominada Operación Cóndor, en el secuestro, muerte y desaparición de las víctimas. Sabemos que los documentos desclasificados son la punta del iceberg, pero aun así son importantes. Los documentos y declaraciones de este juicio refuerzan efectivamente que hubo participación activa de Estados Unidos en la concreción de la Operación Cóndor. Pese a no haber sido un país –entre comillas– “integrante” o que podamos llamarlo de esa manera, porque el fenómeno fue propio del Cono Sur, participó, conoció, presionó, instigó para que se hiciera. Y luego facilitó las comunicaciones y las controló.

El juicio busca pruebas de la intervención del Cóndor en la persecución sobre 170 víctimas. Nuguer es querellante por cinco, tres argentinas: Alejandro José Logoluso, Dora Marta Landi y José Nell padre. Y dos uruguayos: Nelson Santana Scotto y Gustavo Edison Insaurralde, dirigente del Frente para la Victoria del Pueblo. Los cinco fueron secuestrados el 29 de marzo de 1977 en Paraguay, torturados e interrogados por uruguayos y por argentinos y trasladados por la marina argentina. Uno fue visto en el Atlético. Hoy están desaparecidos. El juicio examinó un cúmulo enorme de documentación de todo tipo. “Aquí tenemos muchos documentos que literalmente ocupan habitaciones enteras. Materiales desclasificados de distintas fuentes como de los archivos norteamericanos, del archivo del Terror de Paraguay. Documentos brasileños. Hay 35 libros sobre el tema. Muchos autores testimoniaron y acercaron documentación. Hubo mucha prueba de causas judiciales. Testimonios de causas anteriores. Y mas de 200 testigos. Todo esto conforma un plexo probatorio de una amplitud que me animo a decir que nunca se ha visto antes sobre el tema en ningún otro lado del mundo.”

El juicio tuvo tres líneas de análisis. La reconstrucción de cada víctima. El análisis de las coordinaciones “por binomios” integradas por los distintos países, que se dieron antes del comienzo formal del Cóndor y de las que participaron las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Un tercer tipo de análisis, habilitado por los anteriores, permitió observar el funcionamiento global de la región y al Cóndor no sólo como un hecho aislado, sino como un proceso con antecedentes y en evolución. Luego de Nuguer, alegará la querella de la secretaría de derechos humanos, luego el CELS. Por ultimo acusará la fiscalía encabezada por Pablo Ouviña.

La aberrante impunidad : 21 jueces imputados en delitos de lesa humanidad siguen en actividad

Veinticuatro jueces federales, de los cuales veintiuno continúan en actividad, se encuentran imputados en causas que investigan su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales (incluidos los del Ministerio Público) que están acusados en distintas causas. Así lo consigna un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el que sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales veintiuno son jueces y ejercen como tales su magisterio, en la Justicia Federal.

El informe será uno de los documentos que el colectivo de abogados y querellantes en causas de lesa humanidad presentará mañana en un acto frente al Palacio de Tribunales para exigir "una profunda autocrítica" del Poder Judicial por su responsabilidad durante el Terrorismo de Estado, cuando la mayoría de los jueces hicieron caso omiso a las denuncias sobre desaparición de personas o bien se limitaron a rechazar los hábeas corpus que inundaban los tribunales del país.

El único funcionario judicial condenado hasta el momento es Víctor Hermes Brusa, auxiliar principal del Juzgado Federal de Santa Fe, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia a 21 años de prisión.

En pleno proceso oral y público se encuentran Luis María Vera Candioti en la causa que investiga su responsabilidad como juez de la justicia penal juvenil de Santa Fe; el juez federal de Tucumán, Manlio Torcuato Martínez; y el juez de Mendoza Rolando Carrizo.

A treinta y dos años del fin de la dictadura cívico militar, son veintiuna las causas que se encuentran en etapa de instrucción, en las cuales se encuentran imputados, además de jueces, defensores, fiscales y asesores de incapaces.

La provincia de Córdoba, epicentro de la represión -comandada por el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez- es la que cuenta con mayor número de funcionarios judiciales -ocho- que se encuentran imputados en delitos de lesa humanidad. Entre ellos el juez civil y comercial Alberto Bonadero recibió el procesamiento de la Cámara Federal por la apropiación de una hija de desaparecidos, en tanto se encuentra en la Cámara Federal de Córdoba los casos del fiscal Antonio Cornejo, del ex juex Miguel Angel Puga, y de los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina en la causa denominada "la causa de los magistrados".

De los veinticuatro magistrados, renunciaron a sus cargos los ya ex jueces federales Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano, quienes actualmente son enjuiciados en la megacausa Mendoza (donde también está procesado el ex juez y ex camarista Luis Miret).

En el caso de Arturo Liendo Roca, de Santiago del Estero, su causa se encuentra con requerimiento de elevación a juicio

Confirmada la imputación contra ex agentes del Servicio Penitenciario por la fuga de dos represores

Los procesamientos por el delito de “evasión producida por negligencia de un funcionario público” alcanzan a directivos y agentes que se desempeñaban en el SPF en julio de 2013, cuando se escaparon del Hospital Militar Gustavo De Marchi y Jorge Olivera.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de ex miembros del Servicio Penitenciario Federal por la fuga de los represores condenados Gustavo De Marchi y Jorge Olivera del Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013. La sala integrada por Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun le encomendó al juez Claudio Bonadio, que instruye la causa, profundizar la pesquisa para determinar “qué personas allegadas efectuaron algún tipo de averiguación respecto de la presencia de De Marchi y Olivera en el Hospital Militar el día de la evasión”. También sostuvieron que el juez debe determinar cuál era la situación de salud de ambos represores y la “modalidad en que se obtuvieron concretamente los turnos médicos”.

Los procesamientos son por el delito de “evasión producida por negligencia de un funcionario público”. Incluyen a los entonces director principal de Seguridad del SPF, Carlos Rodríguez; director y subdirector de Traslados, Jorge Trska y Alejandro Galeano; jefe de la División de Traslados, Ariel Maciocha; jefes de Sección y responsables de Traslados y Custodia de Hospitales; Diego Gutiérrez y Héctor Alcaraz, director general del Cuerpo Penitenciario, Jorge Cevallos, y agentes que custodiaban ese día a los detenidos.

En el caso de quien era titular del SPF, Víctor Hortel, que fue procesado por Bonadio y acreditó el pago del máximo de multa dispuesta para el delito, la Cámara no se pronunció y le encomendó al juez responder a un planteo de su defensa para que se declare la extinción de la acción penal.

Los camaristas advirtieron que los funcionarios incumplieron las normas que regulan traslados y que “las decisiones que adoptaron incrementaron los riesgos inherentes a la escasez de los recursos humanos con los que contaban”. El día de la fuga “se dispuso un traslado múltiple de once detenidos, sin atender al horario de los turnos en un hospital de grandes dimensiones, permitiendo que la espera del horario de atención se realizara en distintas habitaciones en las que, si bien consecutivas, sus puertas sin llave abren a un pasillo de tránsito común y sin exigir el uso de medidas de sujeción, admitiendo –incluso– la visita de familiares dentro del nosocomio”.

“La falta de Olivera como la de De Marchi no fue conocida sino hasta el mediodía, cuando se pretendió llevar al primero al servicio de dermatología y como consecuencia de su ausencia se pasó lista sobre los internos y se advirtió, también, que el otro tampoco se encontraba entre los presentes”, reconstruyó la Cámara. Ambos represores “no se encontraban asegurados con medidas de sujeción y los custodios no mantuvieron el debido control visual”, añadió el fallo.

La Cámara resaltó que quienes ocupaban cargos jerárquicos “conocían del estado en el que se encontraba en ese tiempo la División Traslados y Custodias relativas a la real escasez de recursos humanos y materiales”. Y remarcó que un año antes el Departamento de Inteligencia había elaborado un informe que ponía en evidencia “el bajo nivel de seguridad adoptado” en el movimiento de “los internos detenidos por delitos de lesa humanidad que concurrían al Hospital Militar Central”.

De Marchi y Olivera fueron condenados a prisión perpetua el 4 de julio de 2013. El 16, por orden del juez Leopoldo Rago Gallo, fueron trasladados al penal de Marcos Paz. Después, el juez civil Miguel Angel Gálvez autorizó el traslado al Hospital Militar, donde ambos tenían turnos que había gestionado la esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, empleada del hospital.

Olivera tuvo a cargo las tareas de Inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña 22. Tras la dictadura se recibió de abogado, defendió a Carlos Suárez Mason y participó del levantamiento carapintada de 1987. De Marchi es el hermano del empresario y capitán Juan Carlos De Marchi, ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años de prisión.