Orden internacional de captura contra el ex dictador Jorge Videla
Plan Cóndor: Brasil entrega represor uruguayo que será juzgado en Argentina
La entrega de este capitán retirado del Ejército uruguayo la concretó esta mañana la Interpol brasileña a su par argentina en el puente internacional que une Uruguayana con Paso de los Libres, luego de que la policía federal brasileña lo detuviera ayer en la ciudad de Santana do Livramento, donde cumplía una prisión domiciliaria.
La extradición había sido aprobada el 6 de agosto de 2009 por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, tras un dilatado proceso iniciado en febrero de 2007, cuando fue detenido en esa ciudad fronteriza tras fugarse de Uruguay en 2004 para eludir un juicio de desacato.
Fuentes del juzgado federal 7 que subroga el juez Norberto Oyarbide, por la secretaría de Jorge García Davini, confirmaron a Télam que la indagatoria está prevista para mañana luego de que Cordero sea revisado por un médico.
Por la causa del Plan Cóndor también están imputados, entre otros, el dictador Jorge Videla, el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el Jorge "Tigre Acosta”, el primero detenido en el penal de Campo de Mayo y los otros en el de Marcos Paz
Petición judicial obliga apertura parcial archivos de la dictadura
El texto del decreto aclara además que "en ningún caso, se dejará sin efecto la clasificación de seguridad otorgada a la información de inteligencia estratégica militar a la que se refiere el artículo 2º, inciso 4º" de la Ley de Inteligencia Nacional.
Pero tal como lo han manifestado los sobrevivientes de los campos de secuestro conocidos como ABO, en los mismos se "confeccionaba una ficha por cada víctima, muy precisa, que incluia nombre real, alias si lo tenía, datos completos de la familia -padre,madre, esposo/a, hijos, etc- y el número y la letra con que era reconocido durante la detención ilegal". Los testimonios agregan que en esa ficha se consignaba, además, "el destino final" de cada secuestrado, como por ejemplo "traslado", que significaba muerte, o "apto para ser reintegrado a la sociedad", que en pocos casos significó la liberación.
Robaron legajos de represores de la Secretaría de DD.HH de Buenos Aires
Todo revuelto y sangre en el pañuelo
Por Martín Piqué
Videla enfrentará un juicio oral y público por más de 800 violaciones a los derechos humanos
¡¡¡Ahora inimputable Harguindeguy!!!

Así lo resolvió la Sala Segunda de la cámara al ratificar un fallo del juez federal Norberto Oyarbide quien había dispuesto "disponer la suspensión del proceso y dejar sin efecto la detención respecto de Albano Eduardo Harguindeguy".
La Cámara Federal porteña confirmó la inimputabilidad del ex ministro del interior de la dictadura Albano Harguindeguy por cuestiones de salud y lo exceptuó del proceso oral por violación a los derechos humanos en el que está siendo juzgado junto a Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.
Un informe médico forense, que fue apelado por el fiscal Federico Delgado, determinó que el represor registra alteraciones neurológicas análogas a las que detemrinaron que el Emilio Eduardo Massera fue declarado inimputable ante la justicia argentina.
Luego de que el fiscal de cámara Germán Moldes desistiera del recurso, los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmaron la desvinculación de Harguindeuy del juicio por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, en 1976, quienes permanecieron cinco meses detenidos hasta que firmaron un convenio entre su algodonera y una firma de Hong Kong.
En esa causa, Oyarbide anuló los indultos a favor de Harguindeguy y Videla, procesó a Martínez de Hoz, y envió a Videla a una cárcel común en Campo de Mayo, pero el trámite que ya está a sentencia está frenado por recursos ante la Corte Suprema.
Nieta número 99

El comunicado
Abuelas de Plaza de Mayo quiere dar a conocer la resolución del caso N° 99. Lamentablemente se trata del hallazgo de los restos de la niña Mónica Graciela Santucho, desaparecida el 3 de diciembre de 1976 junto a sus padres, Catalina Ginder y Heldy Rubén Santucho, cuando tenía catorce años. Mónica es una muestra más del accionar de los genocidas que además de secuestrar y robar bebés, asesinaron niños y adolescentes que por su edad no podían ser apropiados.
El día que se llevaron a Catalina y Rubén, Mónica logró esconder a su hermana y a su hermano en un tacho recolector de basura que se encontraba cerca de su casa. Sus padres fueron asesinados en el operativo; ella no pudo escapar; fue secuestrada, mantenida cautiva durante tres meses en diferentes Centros Clandestinos de Detención y luego asesinada.
Los padres
Catalina nació el 29 de agosto de 1941 en la ciudad de Buenos Aires. Rubén nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1936. Formaron pareja y tuvieron tres hijos: Mónica, Alejandra y Juan Manuel. Rubén era obrero y Catalina ama de casa.
Su hija Mónica nació el 30 de marzo de 1962 en la ciudad de Buenos Aires. Realizó sus estudios en el colegio Mosconi de la localidad de Ingeniero White, provincia de Buenos Aires.
Rubén y Catalina integraban la organización Montoneros en la ciudad de Bahía Blanca. Luego, se trasladaron a
El secuestro y la desaparición
El 3 de diciembre de 1976, la pareja junto a su hija Mónica de catorce años, fue secuestrada en el domicilio que compartía con otros compañeros, en la calle 138 bis y 526 de la localidad de Melchor Romero, partido de
Catalina
Mónica sobrevivió al operativo y fue secuestrada. Por testimonios de los sobrevivientes Gabriela Gooley, Carlos Alberto De Francesco, y Graciela Liliana Marcioni, pudo saberse que a fines de diciembre de 1976 se encontraba detenida en el CCD "Pozo de Arana". Hasta el 15 de enero de 1977 permaneció detenida en
El hallazgo
En mayo de 2009, en el marco de
Genocidas en el banquillo, siguen en su línea

Después del escandaloso episodio del represor Juan Daniel Amelong durante un juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Rosario, el general retirado Fernando Verplaesten quiso armar su circo propio. Mientras que en Rosario el ex teniente del Ejército había intimidado a la querella con un exabrupto, Verplaesten insultó este miércoles con mímica y gestos en los que se pudo leer, según los abogados de las víctimas: "Hijos de puta...la puta que los parió".
La lamentable escena que interpretó Verplaesten se vivió en el marco de la tercera jornada del juicio contra los ex generales Reynaldo Bignone (último presidente de facto), Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Jorge Osvaldo García, Carlos Alberto Tepedino, Eduardo Alfredo Esposito y el comisario retirado Germán Montenegro.
Todos se negaron a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín, que los juzga por 56 casos de secuestros, torturas, desapariciones y muertes cometidos entre 1976 y 1979 en los cuatro Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en Campo de Mayo
El episodio fue denunciado por los abogados ante la presencia del tribunal cuyo presidente Héctor Sagretti ordenó a Verplaesten no hacer ningún tipo de manifestación y "guardar el decoro".
El tribunal, que resolvió pasar a un cuarto intermedio de dos horas, deberá resolver el pedido de que Verplaesten sea declarado insano para lo cual debería ordenar una nueva pericia médica pedida por la defensa.
De todas maneras, al comienzo del juicio, los magistrados declararon inimputable al ex general Eduardo Esposito, que quedó afuera del proceso judicial.
EN ROSARIO, AMELONG PIDIÓ "BENCINA". El martes, el represor Juan Daniel Amelong protagonizó un exabrupto similar en Rosario durante un juicio por delitos durante la última dictadura militar. Según denuncio una de las abogadas de la querella, Virginia Blando Figueroa, Amelong habría manifestado, provocador: "Esto se está poniendo calientito. Lo que hace falta acá es un poco de bencina".
Acto seguido, la abogada pidió que el represor fuera retirado del recinto y el presidente Otmar Paulucci pidió que se investigara. En tanto, desde la defensa, el abogado Héctor Galarza Azzoni aseguró que la expresión nació de una "conversación privada entre defensor y defendido que tiene garantía constitucional" y que no debería ser interpretada como una intimidación.
La muerte de la argentina Noemí Gianotti fue un crimen político
La versión del organismo argentino es que Noemí Esther Gianotti fue secuestrada en Lima, (Perú) en una operación «montada por el Gobierno de Buenos Aires».
Según los datos de
Durante los días siguientes, hasta el descubrimiento del cadáver, el 24, identificado en dos llamadas anónimas a sendos periódicos, el apartamento de Tutor 37 tenía colgado el letrero de «no molestar». Coincidiendo con la conferencia de prensa de
A la conferencia de prensa asistieron varias organizaciones de exiliados argentinos, así como representantes del PSOE, Federico de Carvajal, y del PCE, su secretario general, Santiago Carrillo.
Las delegaciones políticas españolas insistieron en que solicitarán al Gobierno Suárez, todo tipo de información en el caso y la colaboración en las campañas contra la represión de exiliados latinoamericanos en España.
Asimismo,
Santiago Carrillo, por su parte, declaró que entre las medidas de apoyo pensadas por el PCE está la de invitar a España a una comisión de parlamentarios peruanos, que investiga en la actualidad el secuestro de Noemí Esther Gianotti en Lima.
Jaime Sanz de Bremond, representante del Alto Comisionado de
(El Pais, 7/8/1980)
La Sra. Molfino fue asesinada en Madrid en 1980

Villarán, Susana. Operación Cóndor: La conexión peruana
Nunca como ahora, a partir del fallo de
Comprobamos finalmente que la justicia también se globaliza, que los crímenes contra la humanidad no siempre quedan impunes y que, independientemente de la suerte que correrá Pinochet, siempre habrá un antes y un después del 25 de noviembre.
Los crímenes de lesa humanidad, como sostuvo en su auto acusatorio el juez español Baltazar Garzón, "son imprescriptibles, sus responsables no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener estatuto de refugiado ni asilo político, y todos los Estados del mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados". Amparándose en la legislación española y en las convenciones contra el genocidio y contra la tortura, entre otros instrumentos internacionales, el juez español ordenó prisión incondicional para el dictador chileno. Pinochet, según sostiene el magistrado, cometió, en sus largos diecisiete años de control ilegal y férreo del poder, una serie de crímenes y actividades delictivas no sólo en Chile; sino que, en el marco de la "Operación Cóndor", alargó el oscuro brazo del crimen a otros países –entre ellos a España–, para lo que coordinó activamente con dictadores de países como
El Perú no fue ajeno a estas actividades criminales, como lo prueban las investigaciones periodísticas de Edmundo Cruz. Destacado periodista de investigación en el Perú, Cruz ha dedicado gran parte de su vida profesional a desentrañar muchos "misterios" que están en el corazón de graves violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Su nombre estará permanentemente asociado a la investigación sobre el crimen de
Estás investigando hace ya tiempo lo relacionado con la "Operación Cóndor". ¿Pensaste alguna vez que el asunto iba a llegar tan lejos y que, vinculado a este sórdido acuerdo entre dictadores, el propio Pinochet caería en manos de la justicia?
Me parece algo increíble; estaba pensando el otro día que el año 1994 estuve a punto de entrevistar a Pinochet en Santiago, pero mi salida de la revista Sí imposibilitó esa entrevista. Fui acumulando material, y alguna vez en los últimos años llegué a pensar que era material perdido; los últimos hechos me han demostrado lo contrario.
¿Qué tenemos que ver los peruanos con la "Operación Cóndor"?
Tenemos que ver, y bastante. En un primer momento da la impresión de que el Perú estuviera al margen de la "Operación Cóndor", porque este fue un acuerdo de fines del año 75 entre
MORIR EN MADRID
Háblanos del caso Molfino...
La señora Noemí Esther Gianotti de Molfino fue una viuda de nacionalidad argentina, madre de seis hijos, cuatro de ellos involucrados en la actividad política. Una de sus hijas desapareció con su esposo, quien era dirigente de la juventud montonera, y dos de sus nietos también desaparecieron. Otra de sus hijas estaba exiliada en París por razones políticas. Su hijo mayor, Alejandro, estaba preso y no salió hasta que cayó el gobierno militar. Ella vino acá al Perú en 1980 con su hijo menor, Gustavo, a solicitar solidaridad con su drama personal. Buscaba apoyo para que aparecieran su hija, su yerno, sus nietos. Los nietos –dicho sea de paso– aparecieron tres años después (o sea que vivieron tres años en manos de los secuestradores).
¿Qué pasó acá en Lima?
Los hechos se precipitaron en junio del año 80, en vísperas de la transmisión del mando de Morales Bermúdez a Belaunde, para la que se anunciaba la presencia del general Videla. Coincidió el hecho de que la policía política argentina detuvo en Buenos Aires a un joven metalúrgico de apellido Frías y con él descubrió información sobre una reunión que iba a realizar la dirección montonera acá en Lima en el mes de junio. La hipótesis de la policía argentina era que en esa reunión se prepararía un atentado contra Videla. Recordemos que era el momento en que el combate entre la dictadura argentina y el grupo montonero estaba en su punto más alto, y se tenía la información de que acá estaría un dirigente que era el número tres en la estructura montonera, Perdía. Efectivamente, aquí estuvo, y también estuvieron, según la policía argentina, quince dirigentes montoneros más. Cuando estos dirigentes vinieron, la señora Molfino, naturalmente, los apoyó y alojó.
¿Cómo fue el operativo de secuestro?
La policía argentina usó a Frías como anzuelo para capturar a miembros del grupo montonero. Lo tuvieron alojado en Lima, en el Círculo Militar y, en medio de muchas peripecias –que relato en mis notas aparecidas en el diario
¿Cómo es que la señora Gianotti de Molfino aparece muerta en Madrid?
La señora Molfino es entregada en la frontera de Bolivia junto con otros dos, con Raverta y con Ramírez.
¿Los entregan a militares argentinos o bolivianos?
Los entregan precisamente a García Meza, quien después daría un golpe contra la presidenta de ese entonces, Lidia Gheiler. Hay un documento de recibo, como si se tratase de una operación monetaria.
¿Qué militares peruanos están implicados en el proceso que ha abierto el juez Garzón?
En el caso de los montoneros actuó un grupo operativo de ocho argentinos que vinieron especialmente a Lima. Ellos intervinieron acá con autorización y con el apoyo de dos grupos operativos peruanos. Nosotros en
¿Y los responsables políticos?
En ese momento era Presidente de
¿Qué reflexión te merece lo que está sucediendo?
Uno publica lo que puede probar, como es lo relacionado con la "Operación Cóndor" en el Perú. Yo no puedo publicar todo lo que sé, pero estoy seguro de que la mayor cantidad de estas violaciones están por descubrirse. No tengo reparo en decirlo; lo digo con conciencia y con responsabilidad: advierto una conducta perversa en las autoridades, porque tratan de encubrir, de no dejar rastro de todas estas acciones. Pero algún día se conocerán. Es la constatación de un reportero que está metido en estos asuntos y sabe que hay muchos testigos que van decidiéndose a hablar. Con lo que sucede con Pinochet ahora, pero también en los últimos años en
“No imaginábamos nada de esto”
En esta entrevista, Miguel Molfino cuenta la intimidad del encuentro de la familia con Martín. Revela que recién se enteraron de la existencia del joven cuando los llamaron para hacerse el ADN.Miguel Molfino estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo nacional cuando secuestraron a su hermana. A esa altura, la familia vivía una suerte de diáspora entre hermanos y cuñados detenidos en las cárceles mientras que otros habían marchado al exilio. Más de treinta años después, llegó un día en el que recibió la noticia de que desde la Conadi querían hacerles una extracción de sangre para obtener una muestra de ADN. Buena parte de la familia pensó en lo único que alguien podía llegar a imaginarse: creyeron que habrían aparecido los restos del cuerpo de su hermana Marcela.
–¿Usted dijo que Martín había sido doblemente desaparecido?
–No habíamos tenido noticias de mi hermana desde el secuestro –dice Molfino–. Y encima, como se la habían llevado herida, qué sé yo... No nos imaginábamos nada de esto.
–¿Su hermana y su cuñado no estaban juntos en ese momento, verdad?
–Ella cae con uno de sus cuñados, un hermano de Guillermo, en la casa, el 17 de octubre de 1979. Guillermo cayó en un bar durante la contraofensiva, se supone que para ese entonces estaban retirándose, se venían cosas muy fuertes. Después pasa el tiempo, sucede lo de mi vieja, la muerte en España (ver recuadro) y bueno, los chicos, los tres hijos de Marcela y de Guillermo, son devueltos digamos que inmediatamente a la familia Amarilla. Pero a lo que voy con todo esto es que en paralelo, en todos estos años, Martín, según nos dice ahora, empieza a tener la sospecha de quién es en realidad.
–¿Cómo se enteraron ustedes?
–Nos enteramos de que existía cuando vienen de Conadi a sacarnos sangre para el ADN. Yo no lo creía. Les decía a mis hermanos, pero ¿puede ser? ¿Puede ser el regreso de los muertos vivos? No sé. Pero me equivoqué, porque hace tres días llama Carlotto para avisarme que había aparecido el cuarto hijo de Marcela y del Negro Amarilla.
–Impresiona.
–Impresionante fue la ceremonia del reencuentro, la intimidad. En un momento dado sentíamos que había pasado una eternidad, esperamos una hora y media en una habitación contigua al lugar donde estaban contándole la historia. Ahí entró y lo vimos.
–¿Y?
–Muy parecido a sus hermanos. Tenía el lóbulo de la oreja pegado, como lo tienen ellos, y es parecido al padre y apenas se vieron lo que fue impresionante es que se sentaron los cuatro juntos. Los cuatro hermanos y automáticamente entre ellos se generó toda la charla, los comentarios y Martín tenía que bancarse además la presentación de tantos parientes y anécdotas porque fuimos como treinta.
–¿Qué fue lo primero que preguntó?
–Dijo: “Quiero conocer a mi mamá”. Y entonces le pasamos una foto de Marcela, la miró y dijo: “Qué linda que era”.
–¿No pudo ver una imagen hasta ese momento? ¿El tampoco sabía quiénes podían ser sus padres?
–Exacto, por eso él dijo: “Quiero conocer a mi mamá”. Y después nos preguntó por qué vivíamos en Chaco. Le contamos que algunos vivían en Buenos Aires, otros allá. También le contamos cómo eran lo padres.
–¿Cómo eran?
–En la casa de los Molfino se reunían todos los hijos, con los novios, la mitad PRT y la otra mitad Montoneros, con distintos grados de compromiso. Y mi vieja, que cocinaba ravioles para el griterío de política de los domingos, estaba ahí mientras se hablaba a los gritos del socialismo nacional o de la guerra popular. Eso era mi casa. Martín sobre todo escuchaba. Nosotros hablamos entre nosotros, no le dábamos pelota porque nos acordábamos de cosas y él nos miraba con esos gestos muy parecidos al padre, manso, tranquilo, cauto.
–¿Qué hace Martín?
–Dijo que es músico y que estudia teatro. Y entonces preguntó qué hacía la madre, y se emocionó cuando le dijimos Filosofía y Letras, porque también él había estudiado. Después dejó, estudia en el conservatorio de música. Y entonces dijo que está aprendiendo acordeón a piano. “El instrumento que tocaba tu mamá”, le dijimos. Todos quedamos impresionados.
–¿Cómo se vive un momento como éste?
–Yo te digo, cuando lo vi entrar no tuve un sollozo. Pero pensé en qué raza de Caín tan fiero pudo imaginar una cosa tan terrible como destrozar a una familia. Pensé en mi hermana. Me imaginé ese infierno en Campo de Mayo, atravesando el largo período de embarazo, los golpes, la mugre, los gritos. Mi hermana Alejandra también se imaginó esa sensación terrible, pero al principio y después, una alegría gigante.
–¿Cómo es esa alegría?
–Porque es una gran reivindicación en el sentido de que quisieron destrozarnos como perros rabiosos, pedazo por pedazo sacar el cuerpo de una familia y fijate vos cómo nos volvemos a juntar, más allá de los muertos o desaparecidos. Son como los restos del naufragio que cada tanto llegan a la playa desde un barco que parecía destruido totalmente. Tengo la sensación de justicia humana, de justicia en el sentido de la existencia, digamos. De una cosa que merecía él, Martín y muy después nosotros. Sobre todo Martincito, que imaginate lo que debe sentir.
–¿Qué cree usted?
–Anoche se encontró con otro apellido y otra vida. Es un mambo feroz. Finalmente esto tiene un final harto feliz. Sus hermanos se quedaron en Buenos Aires unos días para conocerse más porque los Amarilla son tan unidos, esos chicos que parecen siameses. Son compañeros como un puño cerrado.
Otra historia de identidad recuperada
Es el hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, dos militantes montoneros secuestrados durante la contraofensiva que permanecen desaparecidos. Fue apropiado por un agente de inteligencia del Ejército.Cuando alguien le preguntaba por el padre, Martín escondía las fotos. Decía que era un oficinista. Y jamás mostraba aquellas en las que aparecía con el uniforme militar. El hombre, un agente de inteligencia del Ejército, murió cuando él cumplió quince años. A partir de entonces, Martín empezó a sospechar de algunas verdades de su vida. Se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo hace dos años para averiguar si era hijo de desaparecidos, pero la primera búsqueda no dio resultados positivos. Su madre dio a luz ocho meses después del secuestro, su cuerpo desapareció y su familia nunca pudo avisar del embarazo. Un testimonio reciente de un “arrepentido” le permitió a las Abuelas continuar con la búsqueda y enlazar la historia de Martín con sus padres Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, dos militantes Montoneros, secuestrados en octubre de 1979, hoy desaparecidos. Las Abuelas de Plaza de Mayo ayer presentaron la historia de su restitución, la número noventa y ocho. Anoche, Martín Amarilla Molfino fue recibido por la presidenta Cristina Kirchner en su despacho.
“Martín nunca había visto fotos del embarazo de la supuesta madre y eso empezó a provocarle algunas dudas”, cuenta Donato Amarilla, hermano del padre de Martín, poco después de la conferencia de prensa, ofrecida por Abuelas en la sede de la organización. “A los quince años, más o menos, empezó a buscar fotos y después, al mirar la partida de nacimiento, cayó en la cuenta de que la señora en cuestión tenía más de cincuenta años cuando nació él.”
Las dudas de Martín empezaron tras la muerte de la persona que decía ser su padre. Y probablemente a partir de ese momento haya prestado más atención a su partida. Según ese documento, él nació el 17 de mayo de 1980 en el hospital militar de Campo de Mayo, una de los edificios de la unidad militar que funcionaba como maternidad clandestina para muchas detenidas políticas. Martín no sabía nada de eso, pero iba viendo que en su casa no había fotos de embarazos. Y estaba el pasado de su supuesto padre militar.
“Es una historia de intrigas y de sospechas”, dice su tío. “Martín aparentemente empezó a atar los comentarios de esa señora, que pudo sortear esa situación con el marido. El hombre se había dedicado a la bebida, era un padre ausente, pero cuando le preguntamos Martín dice que dentro de todo fue feliz, que sintió mucho cariño y que la mujer lo llamaba para que vea el televisor cuando aparecía la noticia sobre la recuperación de un hijo de desaparecidos.”
A lo mejor eran mensajes. A lo mejor, una forma de manejar alguna forma de la locura. Martín intentó terminar de armar algo con lo que empezaba a entender de su vida el 13 de diciembre de 2007 cuando abrió un legajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Hasta ese momento, había terminado el secundario, empezó la universidad, pero dejó todo para entrar en el conservatorio de música. En algún lugar de la provincia de Buenos Aires armó una banda y se puso a estudiar acordeón de piano, era el mismo instrumento que tocaba su madre.
Ante la primera consulta, Abuelas siguió los pasos que habitualmente lleva adelante en una situación similar. Compararon las muestras de ADN con el banco de datos. “En el banco están todas las muestras de los grupos de familiares que denunciaron tener un pariente, hija o hermana desaparecida embarazada, o que tenía un hijo ya nacido, de pocos meses, al momento del secuestro”, explica un abogado de Abuelas.
Martín se hizo el análisis el 20 de diciembre de 2007. El 6 de marzo de 2008 le dijeron que el resultado era negativo. Su patrón de ADN aún no había sido denunciado como desaparecido.
Las Abuelas tenía denuncias sobre la existencia del joven como posible hijo de desaparecidos. Los datos de Abuelas no eran mucho más amplios, pero contemplaban los elementos que enumeraba Martín en su relato.
Mientras tanto, la Conadi avanzaba en una investigación paralela con testimonios que permitieran rastrear posibles embarazadas entre los detenidos desaparecidos. En ese contexto, aparecieron tres datos. El 21 de agosto, se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos una sobreviviente de Campo de Mayo quien aseguró que Marcela Molfino había dado a luz un niño en ese centro clandestino. Un ex conscripto que había pasado un período detenido en Campo de Mayo también denunció que para 1980 había una mujer embarazada. Y el último dato llegó, antes o después, de un arrepentido del Ejército que mencionó el nombre de Molfino, precisó el lugar de detención en Campo de Mayo y su embarazo.
Marcela Molfino y Guillermo Amarilla eran militantes de Montoneros y formaban parte de la dirección de la Juventud Peronista en la regional IV. Ella había nacido el 15 de noviembre de 1952 en Buenos Aires, sus padres se instalaron en Resistencia, y en los ’60 ella empezó Filosofía y Letras, militó en el peronismo de base y luego de en la JP. Guillermo era el Negro Amarilla, de Chaco. Era hijo de un dirigente peronista, estudiaba la carrera de contador, ocupó la secretaria general de la región IV de la JP con jurisdicción en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones y antes de fundar Montoneros en el Chaco integró la JP Regional de la Resistencia. “Mi hermano era delegado de la regional IV”, dice Donato. “Y fue el único que viajó en el charter que trajo de vuelta a Perón en el ’73, está en la lista, con el gobernador Bittel, después se fueron al exilio, el último hijo nació en Francia y volvieron de nuevo con la contraofensiva.”
Hasta poco antes del secuestro estaban en el exilio. Noemí Gianetti de Molfino, la madre de Marcela, también estaba exiliada, durante la final del Mundial de Fútbol de 1978 entró al país sólo para sacarlos, para irse con ellos, como tenía la apariencia de una señora rubia, mujer de bien, podía darles cierta cobertura. Tiempo después volvieron para la contraofensiva y terminaron secuestrados el 17 de octubre de 1979.
“Primero lo secuestraron a Guillermo en un bar, pero en el saco llevaba una factura por una compra de materiales de construcción”, señaló Guillermo Molfino. En ese momento vivían en San Antonio de Padua, cuando los militares llegaron a la casa, Marcela respondió al fuego con un revólver. La hirieron, y los hermanos creyeron que justamente por eso podría haber muerto enseguida. En la casa estaban los tres hijos de Marcela y de Guillermo, también Rubén Amarilla, el cuñado con su mujer y dos hijos. La cuñada escapó pero Rubén, Marcela y los cinco niños fueron secuestrados por el Ejército. Los cinco chicos volvieron quince días después a Resistencia porque un represor conocía a uno de los Amarilla.
Veinte días antes del secuestro, una hermana de Marcela se cruzó con ella en una visita. Se vieron pero nunca hablaron del embarazo. Su familia cree por eso que a lo mejor ni siquiera ella lo sabía.
El encuentro de Martín con los Donato Amarilla se hizo en la sede de Abuelas. Los familiares habían mandado las muestras de sangre para el cruce de ADN y cuando la base de datos comparó nuevamente los datos de todos, incluso el de Martín, el cruce dio positivo.
“Por eso es tan importante la reforma del banco nacional genético que se analiza en el Congreso”, explica Alan Iud, abogado de Abuelas. “Lo que se pide es que los ADN que analiza el banco se conserven ahí por si se agregan otros grupos familiares, y el caso como el de Martín muestra que es imprescindible que sea así.”
El lunes pasado, Abuelas convocaron a Martín para contarle su historia. En una habitación cercana lo esperaban los hermanos, Mauricio, Joaquín e Ignacio y también sus tíos. La entrevista duró hora y media. Una vez que terminó, le preguntaron si quería conocer a su familia.
“Había mucha gente”, dice Donato que viajó especialmente desde Chaco. “Físicamente es muy parecido a Ignacio, el que ahora es el penúltimo y que teníamos como el menor.” Apenas lo vieron sus hermanos miraron las orejas, la marca de origen, porque todos tienen el lóbulo pegado a la cara. Era la marca, la constataron, Martín la tenía, y dicen que en ese momento todos se mataron de risa.
No se rinden las hormiguitas
El capitán Emir Sisul Hess contaba en los ’90 que los secuestrados adormecidos caían al vacío “como hormiguitas”.
Por Diego Martínez
Según les contaba a sus compañeros de trabajo, hace un tercio de siglo, cuando integraba la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, el entonces teniente de corbeta Emir Sisul Hess piloteó aviones desde los cuales la Armada Argentina arrojó al mar a secuestrados de la ESMA. Durante el gobierno de Carlos Menem Hess relató ante compañeros de trabajo que cargaban a sus enemigos drogados y “con una bolsa en la cabeza”, y desde la cabina veía que “iban cayendo como hormiguitas”. En 2002, luego de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, la Cámara Federal porteña en pleno ordenó investigar el caso. Tres semanas atrás Página/12 informó que la instrucción había concluido en septiembre de 2005 y estaba archivada en Comodoro Py. El martes, por orden del juez federal Sergio Torres, la Policía Federal detuvo a Hess y allanó su casa de Bariloche, donde secuestró manuscritos y documentos. Ayer fue indagado y trasladado al penal de Marcos Paz.
A catorce años de la confesión del capitán Adolfo Scilingo ante el periodista Horacio Verbitsky, comienza a revertirse la impunidad de los militares, civiles y capellanes que participaron y consintieron vuelos de la muerte. En menos de un mes se conoció que tres aviones Electra usados para desaparecer personas del mapa permanecen en exposición en bases militares, tomaron estado público nuevas confesiones, se activó el pedido de detención del capitán Julio Alberto Poch, reciclado como piloto en el Reino de los Países Bajos y ahora preso en España a la espera de su extradición y se concretó la captura de Hess.
La sucesión de noticias genera debates en foros de aviadores y en rondas de mate de hangares, y profundos dilemas morales en decenas de pilotos, tripulantes y personal de mantenimiento de líneas aéreas. Por un lado evitan rememorar confesiones macabras oídas en otros tiempos, cuando nada se podía denunciar porque las puertas de la Justicia estaban cerradas. Por otro, admiran el ejemplo de los pilotos holandeses de Transavia que denunciaron a Poch con nombre y apellido, y se saben portadores de información imprescindible para el avance de la Justicia.
Emir Sisul Hess nació en Bahía Blanca el 16 de marzo de 1949. Estudió en el Colegio Nacional de Punta Alta, donde funciona la base naval Puerto Belgrano, y pertenece a la promoción 102 del comando naval. En los dos primeros años de la última dictadura, con el grado de teniente de corbeta, integró la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base Espora, pero denunciada como una cobertura de represores de la ESMA por el cabo Raúl Vilariño, quien ya en 1984 mencionó los vuelos de la muerte. Sus jefes inmediatos eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston. En esos tres años se produjeron la mayor parte de los vuelos.
En 1984, citado a declarar por el contraalmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, Hess dijo no conocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort SA en Villa La Angostura. En pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llegó a la Justicia.
“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de El Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.
Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess, descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.
–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.
–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.
En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe, pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares.
La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ’90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la Justicia.
En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA. El 7 de septiembre Página/12 relató la historia de Hess. El magistrado activó la investigación y Hess comenzó a organizar un viaje de tres meses a Europa junto con su esposa.
El martes se ordenó y concretó la detención, a cargo de la Policía Federal delegación Bariloche. Fuentes judiciales informaron que durante el allanamiento se secuestró documentación y “manuscritos”, aunque no trascendió el contenido. El jueves llegó a Buenos Aires. Pasó la noche en un calabozo del Palacio de Tribunales. Ayer prestó declaración indagatoria, asistido por un defensor oficial. Por la tarde fue trasladado al pabellón de lesa humanidad del complejo penitenciario de Marcos Paz, que compartirá con Astiz, Cavallo & Cía.
El genocida Colombo condenado a 25 años domiciliarios
El ex gobernador militar de Formosa Juan Carlos Colombo fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La querella había pedido reclusión perpetua. El 26 de octubre se conocerán los fundamentos y la modalidad de la sentencia.La modalidad de la reclusión para el represor de 84 años que siguió las alternativas del juicio oral que se inició en febrero por teleconferencia desde una sala en la Corte Suprema de Justicia a raíz de su estado de salud, se conocerá el 26 de noviembre cuando se ofrezca la lectura de la sentencia fundamentada.
"Vamos a insistir con la reclusión perpetua ante la segura apelación de la defensa. Hubo genocidio", dijo Pedro Velázquez Ibarra, abogado querellante y víctima de la represión.
Además, lamentó que el acusado y "todos los testigos no hayan quebrado el pacto de silencio, como siempre ocurre en estos casos".
El tribunal, presidido por el juez Eduardo Belforte, declaró a Colombo como "coautor material penalmente responsable del delito de asociación ilícita, coautor mediato del delito de privación de la libertad agravada por la aplicación de tormentos, y coautor mediato del delito de tormento seguido de muerte, en dos hechos".
El represor continuará con detención domiciliaria en la Capital Federal hasta que se defina la modalidad de la prisión del primer gobernador llevado a juicio oral y público por donde desfilaron cerca de 150 testigos "para reconstruir la memoria".
El abogado querellante Eduardo Davis también expresó su disconformidad "porque quedan varias sentencias de más de 12 colaboradores del Colombo por conocerse y, por lo expuesto, debemos esperar condenas leves para militares y policías que fueron colaboradores necesarios para que se cometan delitos de lesa humanidad", estimó.
En la vereda del Colegio de Escribanos de Formosa, donde se desarrolló el juicio, organismos de Derechos Humanos y la agrupación HIJOS, entre otros, también expresaron su repudio a la condena para el ex mandatario que gobernó durante la dictadura.
Floreal Avellaneda : Perpetua para Riveros

SEIS REPRESORES CONDENADOS EN EL PRIMER JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN CAMPO DE MAYO
“Fueron crímenes sistemáticos y a gran escala”
El general Santiago Omar Riveros fue sentenciado a prisión perpetua en una unidad del Servicio Penitenciario. Cinco subordinados suyos recibieron entre 25 y ocho años. Fue por las torturas y el homicidio de Floreal Avellaneda, de 15 años, y el secuestro de su madre.
A un tercio de siglo de los crímenes en Campo de Mayo, sede del mayor centro clandestino de detención y tortura del Ejército durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó ayer a la pena de prisión perpetua al general retirado Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, de 86 años. La sentencia incluyó condenas a los generales Fernando Verplaetsen y Jorge Osvaldo García, a los capitanes César Fragni y Raúl Harsich, y al ex policía Alberto Aneto. Por tratarse de delitos de lesa humanidad cumplirán su pena en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal consideró que “por la sistematicidad y gran escala” de los delitos cometidos en la ex Zona IV se trató de “crímenes de lesa humanidad”, como solicitó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y rechazó la calificación de genocidio reclamada por el querellante de Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
La pr
imera condena por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo, por donde se estima que pasaron más de cinco mil secuestrados, fue por un caso emblemático, probado desde el Juicio a las Juntas en 1985: el homicidio de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver con signos de empalamiento, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya en mayo de 1976, previo secuestro y torturas junto a su madre Iris Pereyra. El joven, de 15 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, fue secuestrado el 15 de abril de 1976, en su casa de Munro, durante un operativo para capturar a su padre homónimo por su militancia gremial en la fábrica Tensa. Madre e hijo fueron torturados primero en la comisaría de Villa Martelli y luego en “El Campito”, en la guarnición militar Campo de Mayo. Anoche, con los ojos llenos de lágrimas, rodeado de pibes de la FJC y de H.I.J.O.S., Floreal Avellaneda padre cantó, tras la sentencia: “No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del proceso”. Horas antes, ante Página/12, recordó que “los juicios siguen” y consideró “fundamental que todos los responsables sean condenados”.
La lectura del fallo, a cargo de Lucila Larrandart, Martha Milloc y Héctor Sagretti, incluyó los considerandos, por lo que duró casi seis horas. Fue seguida por un centenar de personas, incluidos familiares de Floreal Avellaneda y también de los imputados, separados por cinco policías. Los acusados prefirieron no estar en la sala. Por la mañana, durante las “últimas palabras” de Riveros y García (ver aparte), hubo incluso una docena de militares de civil. Para garantizar la publicidad del proceso, la jornada fue seguida por diez cámaras de filmación y otros tantos reporteros gráficos.
El tribunal desbarató uno a uno los planteos de las defensas, a las que cuestionó varias veces. Calificó como “de humor negro” la actitud del defensor oficial Carlos Palermo, quien puso en duda que el examen de las huellas dactilares fuera suficiente para probar una identidad y planteó que debieron mostrarles las fotos del cadáver de Floreal Avellaneda a sus padres. Larrandart también llamó la atención sobre objeciones de algunas querellas ante preguntas a los testigos. “Parecieran no pertenecer a organismos de derechos humanos”, dijo. El tribunal destacó el valor de la “prueba indiciaria” frente a crímenes signados por “la clandestinidad y la destrucción planificada de las pruebas”.
A las 20.43, con la bandera argentina a su derecha, la bonaerense a su izquierda y Jesucristo crucificado sobre su cabeza, la presidenta del tribunal leyó la condena a “prisión perpetua” a Riveros y la sala estalló en abrazos y aplausos. Icono del terrorismo de Estado, indultado por Carlos Menem en 1990, Riveros fue comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978. Su primera condena (en octubre afrontará su segundo juicio) es como autor de apenas dos privaciones ilegales de la libertad agravados por la violencia, allanamiento ilegal, robo, torturas agravadas por tratarse de perseguidos políticos, homicidio agravado y ocultamiento del cuerpo.
La segunda mayor pena, de 25 años de prisión, fue para Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976. El entonces coronel era interlocutor habitual del responsable del centro clandestino, teniente coronel Jorge Voso, alias Ginebrón, que murió impune. Por la “disfunción y trastornos psicogénicos” invocados por sus defensores, Verplaetsen es el único de los condenados que “previo examen médico y psicológico” podría beneficiarse con el arresto domiciliario.
La pena para el general García será de 18 años de cárcel. Con el grado de coronel, García era en 1976 director de la Escuela de Infantería y jefe del área militar donde vivía la familia Avellaneda y donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli, primera escala tras las capturas. Fragni y Harsich eran entonces sus subordinados. Las firmas de ambos figuran en un “acta de detención” labrada tras los secuestros, recibida años después por un familiar de las víctimas. Fragni declaró en 1984 haber intervenido en “algunas operaciones de la guerra contra la subversión”. Ante la ausencia de testigos de las torturas y la posibilidad de que por el grado y la posición en la estructura militar no conocieran el plan secreto del Ejército elaborado dos meses antes, el tribunal los responsabilizó sólo por los secuestros y robos, y los condenó a ocho años de prisión.
Distinto es el caso de Aneto, jefe de turno de la comisaría la madrugada de los hechos, reconocido por Iris Pereyra como integrante del grupo de tareas que la secuestró y luego la torturó, en Villa Martelli y en Campo de Mayo. El tribunal rechazó por “inverosímil” la coartada del ex policía, quien aseguró recordar que aquel día mantuvo una larga charla con un detenido, que recibió la visita de su mujer y que comió un sandwich de milanesa. Citado como testigo, el ex detenido lo refutó. Aneto fue condenado a la pena de 14 años de prisión.
Jujuy, Argentina: El día en que el duelo fue posible

Juan Carlos Arroyo fue identificado este año gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense.Lo que dice un cuerpo 32 años después de su muerte y un NN que ya no lo es, porque ahora una tumba tiene su nombre y su apellido.
Leer más en : Pueblo No Me Olvides
¿DONDE ESTÁ Orlando Argentino González?, sobrevivente CCD de Tucumán
Gravisima situación. (*)
Datos que tenemos hasta ahora
1) Orlando Argentino Gonzalez, sobreviviente del CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, secuestrado en 1976 en Ranchillos, El Empalme, Tucumán, alrededor de 60 años.
2) denunció al Malevo Ferreyra y a su socio Comisario Francisco Camilo Orse que está preso pero que sigue dirigiendo la patota desde la cárcel. Amenazan y acosa a los testigos y a los abogados
3) de la misma zona y en la misma causa hay 4 desaparecidos, las familias también fueron amenazadas
4) el compañero sufría desde hace una semana un acoso constante, hoy debía declarar en la causa e iba a pedir custodia
5) salio de la casa de la hermana muy temprano en la mañana, se sabe que tomó un taxi/colectivo para ir al juzgado, nuncá llegó
6) Aníbal Fernandez ya sabe, lo busca la federal, la provincial y la gendarmería (¿serán las mismas 12 brigadas que buscaron a Julio?)
7) Abajo copiamos comunicado enviado a los medios
8) la abogada es Laura Figueroa, también fue amenazada,
Iniciativas ya lanzadas resueltas en la reunión de hoy del EMVJ:
3) Viernes 17:30, concentración en Obelisco para marchar a la casa de Tucumán, Suipacha al 100
4) Llamados, correos o telefenogramas a Anibal Fernandez y a Randazzo de todas las organizaciones. Correo de Fernandez: <anibalfernandez@infovia.com.ar> De Randazzo: entrar a http://www.mininterior.gov.ar/institucional/form_ministro.asp, Secretario de Derechos Humanos de Tucuman, Daniel Posse 0381155892243
Saludos
A LAS 9 HS. DEBÍA PRESENTARSE EN LA FISCALÍA FEDERAL PARA DENUNCIAR UN NUEVO HECHO QUE INVOLUCRA AL EX COMISARIO FRANCISCO CAMILO ORCE (ACTUALMENTE DETENIDO), ES SOBREVIVIENTE DEL CCD ARSENAL MIGUEL DE AZCUÉNAGA, FUE DETENIDO EN MAYO DE 1976 EN UN BAR DE LA LOCALIDAD DE RANCHILLOS A LAS 17 HS.
FUE INTERROGADO Y GOLPEADO POR FRANCISCO ORCE. LA CAUSA DE ORLANDO GONZÁLEZ ESTÁ RELACIONADA CON LA DE TODAS LAS VÍCTIMAS ORIUNDAS DEL "EMPALME – RANCHILLOS" , CASUALMENTE, FUE SECUESTRADO EN ESA FECHA PUES QUERÍAN AVERIGUAR EL PARADERO DE VECINOS DEL LUGAR, ALGUNOS ESTÁN DESAPARECIDOS Y OTROS SON SOBREVIVIENTES. ORLANDO GONZÁLEZ CULTIVABA CAÑA DE AZÚCAR Y NO MANTENÍA RELACIÓN CON LAS PERSONAS BUSCADAS, SÓLO TENÍAN DE COMÚN EL APELLIDO. DESPUÉS DE UNA LARGA JORNADA DE TRABAJO FUE AL BAR JUNTO A OTRO AMIGO Y ESE DÍA COMENZÓ SU CALVARIO.. .-
HOY BUSCAMOS A ORLANDO. TENEMOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PENSAR QUE ESTÁ PASANDO POR UNA SITUACIÓN MUY DIFÍCIL, PUES ESTABA ASUSTADO, PREOCUPADO, PUES DURANTE UNA SEMANA FUE AMENAZADO PARA QUE RETIRARA LA DENUNCIA CONTRA EL EXCOMISARIO FRANCISCO ORCE, HASTA QUE SE ANIMÓ DE HABLAR CON SU ABOGADA. EL JUZGADO ESTABA ADVERTIDO SOBRE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS Y SÓLO RESTABA LA FORMALIDAD DEL TRÁMITE PARA QUE EL ESTADO LE BRINDARA SEGURIDAD.
EL AÑO PASADO MIENTRAS ESTABA HOSPITALIZADO FUE AMENAZADO PORF ORCE, DEBIENDO SER CUSTODIADO POR FUERZAS DE SEGURIDAD PARA QUE PUDIERA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE SIN QUE SU VIDA CORRIERA PELIGRO. HOY, LA SITUACIÓN ES MAS GRAVE PUES NO LO ENCONTRAMOS... .-
"EL MALEVO" FERREYRA SE MATÓ EN CÁMARA DE TELEVISIÓN Y FRANCISCO ORCE ELIGIÓ "APRETAR" Y AMENZAR A TRAVÉS DE "MANOS DESOCUPADAS" AL MEJOR ESTILO DE LOS GRUPOS DE TAREAS, AMBOS ACTUARON EN LA LOCALIDAD DE RANCHILLO, AMBOS FUERON VOLUNTARIOS EN EL OPERATIVO INDEPENDENCIA, AMBOS DESPRECIEARON/A DE LA JUSTICIA POR ESO ELIGIERON EL CAMINO DE LA SOMBRA Y DEL DELITO.
Laura Figueroa- abogada de Orlando González
- QUE APAREZCA CON VIDA ORLANDO ARGENTINO GONZÁLEZ
- QUE NINGÚN REPRESOR CAMINE POR LAS CALLES DE ARGENTINA. JUSTICA YA!!
Que los desaparecidos tengan voz en los abogados de Justicia Ya
Compañeras/os:
Una vez más recurrimos a vuestra solidaridad, en esta oportunidad les pedimos que apoyen el reclamo de apartamiento del Tribunal Oral Federal Nº5 de las causas contra los genocidas por los motivos que seguramente conocen y que están resumidos en el texto tentativo que les enviamos al pie. Por supuesto, pueden cambiarlo totalmente, sacar o agregar lo que les parezca.
Les pedimos que lo firmen indicando nombre, apellido, nº de documento y, si es el caso, organización a la que representan y que lo envíen por fax o por e-mail al Presidente del Consejo: (54 11) 4370-4973 ó 4124-5217/ Relator 4370-4938; e-mail: cncrimcorr.voc14@pjn.gov.ar
En cualquier caso les pedimos que nos envíen copia a nosotros al correo: justiciaya2004@yahoo.com.ar ya que entregaremos semanalmente al Consejo copia de los correos que recibamos.
Fraternalmente
Justicia YA!
Sr. Presidente del
Consejo de la Magistratura
Dr. Luis María Bunge Campos
Presente
Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a los demás integrantes de ese Consejo, con el objeto de manifestarle que consideramos necesario que se aparte al Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 5 de la Capital Federal, de las causas contra los genocidas por:
· la discriminación política que ejerce contra el colectivo Justicia YA!, único que ha sostenido la acusación por genocidio en las causas que tramitaron ante este TOF, al negarle sistemáticamente el derecho a tener representación letrada propia;
· la prohibición que impone a los integrantes de organismos de Derechos Humanos a usar sus símbolos en la sala de audiencias –el pañuelo blanco de las Madres, entre otros- sumado a otras graves agresiones psicológicas contra querellantes, testigos, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos como la exagerada presencia policial en la sala;
· las inusitadas restricciones que aplica a la publicidad de los debates orales que van mucho más allá de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, con el agravante de que las únicas cámaras de televisión presentes en la sala son operadas por la Policía Federal.
A la espera de una pronta y favorable respuesta a este pedido, lo saludamos atentamente.
Firma
Nombre y Apellido
DNI
Organización:Causa Floreal Avellaneda : los represores ahora callan

Los máximos jefes de la guarnición militar de Campo de Mayo en 1976 se negaron ayer a declarar en el juicio que se les sigue por crimen del joven militante comunista Floreal Avellaneda, de sólo 14 años.
"No voy a declarar", fue la idéntica fórmula que usaron los generales Santiago Omar Riveros, Fernando Verplaetsen y Osvaldo García en la segunda audiencia del juicio oral que se les sigue en el tribunal federal de San Martín.
La misma negativa manifestaron los entonces capitán César Fragni y el teniente Raúl Harsich, acusados de haber sido "coautores inmediatos" del crimen como integrantes del grupo de tareas del ejército que funcionó en la Escuela de Infantería de la mayor unidad militar del país.
Un sexto acusado, el oficial de la policía bonaerense Alberto Antelo, fue el único que se prestó a la indagatoria aunque fue para manifestarse "totalmente inocente", al aclarar que "nunca" salió de la comisaría de Villa Martelli.
Los tres generales están acusados de ser "autores mediatos" del secuestro del joven y su madre sobreviviente, Iris Pereyra; de los tomentos aplicados a ambos en la comisaría, donde fueron trasladados en principio, y del asesinato del chico, cuyo cuerpo apareció flotando en la costa uruguaya desnucado y empalado.
Floreal y su madre fueron secuestrados en abril de 1976 en el domicilio familiar de Munro, donde un grupo de tareas del ejército buscaba al padre del chico, un ex delegado sindical en la automotriz General Motors de igual nombre.
El brutal asesinato del "Negrito" Avellaneda fue conocido ya en el histórico juicio a los comandantes de 1985, donde bajo los números de caso 102 y 1034 fue tenido en cuenta para condenar a Jorge Rafael Videla.
Treinta y tres años más tarde, cinco de los seis acusados se negaron a declarar pero el sexto prefirió recordar que a partir del 24 de marzo la comisaría donde se desempeñaba "fue puesta a disposición de los militares".
Sostuvo que la noche del 15 de abril se desempeñaba como oficial de guardia a cargo de labores administrativas dentro de la comisaría, que se limitaron a tramitar la causa por la detención de un infractor a la ley de juego.
Aneto fue identificado a mediados de los años 80 por la madre del chico Avellaneda y otros testigos en rueda de reconocimiento como el policía con peluca rubia que integraba la patrulla que atacó la casa y los llevó detenidos.
La defensa del policía logró ayer que el tribunal que preside la jueza Lucila Larrandart obligará a los padres del chico, que son testigos y querellantes a la vez, a abandonar la sala durante su declaración que, pese al olvido total que manifestó en un comienzo", pudo recordar perfectamente que "esa noche comí una milanesa".
En la próxima audiencia que se realizará el lunes 11 de mayo, declararán los padres de Floreal.
Cavallo, a juicio por Walsh y las monjas francesas

Se inicia el juicio oral y público (con las limitaciones impuestas por el TOF5: JUSTICIA YA NO PUEDE TENER ABOGADOS PROPIOS) por la causa contra el represor Ricardo Miguel Cavallo, acusados por la muerte del escritor y periodista Rodolfo Walsh y los secuestros y torturas a las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon y la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre otros.
Fueron rechazadas las oposiciones de la defensa del ex marino y se declaró "clausurada la instrucción" elevando los expedientes al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).
Ese tribunal tiene previsto comenzar, en los primeros días del mes de octubre próximo el juicio oral y público por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El represor, oportunamente extraditado desde España, fue identificado como la persona que, integrando un grupo de tareas de la ESMA, el 25 de marzo de 1977 "interceptara y baleara" a Walsh "a la voz de 'alto policía'" en la intersección de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en el metropolitano barrio de San Cristóbal.
La privación ilegítima de la libertad de Walsh se produjo cuando el escritor intentaba distribuir copias de su "Carta Abierta a la Junta Militar" con motivo del primer aniversario de la fecha en que la última dictadura militar usurpó el poder.
"La intención del grupo operativo era capturarlo (a Walsh) con vida, a los efectos de interrogarlo sobre la organización 'Montoneros' de la que era jefe de inteligencia y por lo cual se creía que contaba con una importante información", y está acreditado que el represor, que actuaba clandestinamente con los seudónimos de "Sérpico" o "Marcelo" también participó del robo de bienes del escritor secuestrado.
Se probó asimismo que "miembros del mismo grupo" que privó de su libertad a Walsh "también concurrió a su domicilio a efectos de apropiarse de manera ilegítima de las cosas muebles que se encontraban en ella, incluyéndose su obra literaria, documentación, fotografías" y hasta el Fiat 600 propiedad del padre de su compañera Lilia Ferreira.
Tras describir como delitos de "lesa humanidad" los hechos por los que el represor deberá afrontar el juicio oral y público, se calificaron las conductas imputadas como "privación ilegítima de la libertad cometida con abuso de sus funciones, con el agravante de haber sido cometida con violencia o amenazas" y robo "en poblado y en banda".
MONJAS. En lo atinente al secuestro de las monjas francesas y Villaflor, esta investigación forma parte del legajo "testimonios B" de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes obediencia debida y punto final.
"Sérpico" está procesado al igual que los destituidos capitanes de la Armada Alfredo Astiz, Jorge "el tigre" Acosta y Antonio Pernías, entre otros; por los hechos registrados en los primeros días de diciembre de 1977 cuando el grupo de tareas de la ESMA secuestró a una decena de personas en la puerta de la Iglesia Santa Cruz, sita en Estados Unidos 3150, de esta Capital.
En esa ocasión fueron privadas de su libertad las religiosas Domon, Duquet, las Madres de Plaza de Mayo María Esther Ballestrino de Careaga y Villaflor, junto a Remo Carlos Berardo, Angela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, Patricia Cristina Oviedo y Raquel Bulit.
Se afirma en el auto judicial que existió "un plan delineado que fue preparado por los integrantes de la unidad da tareas 3.3.2 mediante el cual se había acordado la infiltración de los grupos de familiares que se encontraban buscando a las personas que las propias fuerzas del Estado habían detenido o alojado en centros clandestino de detención con destino incierto".
Además de estas causas elevadas a juicio oral y público Cavallo tiene procesamientos confirmados por otros centenares de hechos y por la apropiación de bienes de prisioneros que estaban ilegalmente cautivos en la ESMA.
"Los delitos que se analizan fueron cometidos dentro del aparato del Estado y constituyeron no sólo violaciones a los derechos humanos, sino también, por su e4scala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional", se afirma en los procesamientos.
Se inicia el juicio contra represores de Campo de Mayo
El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura argentina, comenzó el 27/04/09, por un único caso: el secuestro y asesinato de Floreal Avellaneda.
Dos ex generales, el entonces jefe del Comando de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, su jefe de inteligencia, Fernando Ezequiel Verplaetsen, y otros cuatro represores están imputados por el asesinato del joven Floreal Avellaneda.
Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista, y su madre, Iris Pereyra, fueron secuestrados y torturados durante la dictadura militar.
El cuerpo del joven apareció en 1976 en las costas de Montevideo, un mes después de su secuestro con signos evidentes de tortura.
"Mi hijo sufrió una tortura brutal. Por eso queremos que encarcelen para toda su vida" a los responsables, sostuvo al llegar a los tribunales Iris Pereyra, quien fue liberada en 1978.
Junto a Riveros, que se desempeñó como comandante de Institutos Militares y condujo la zona 4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978, está acusado el ex general Fernando Ezequiel Verplaetsen, quien ejerció como jefe de inteligencia de la unidad militar.
También están procesados en esta causa el ex director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo Osvaldo García, los ex militares César Fragni y Raúl Harsich, y Alberto Aneto, quien fue el principal de la comisaría de Villa Martelli, donde "El Negrito", como también era conocido Avellaneda, y su madre fueron torturados.
Decenas de activistas de derechos humanos se concentraron frente a los tribunales de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para exigir castigo para los represores.
Este juicio es el primero de la "megacausa" abierta por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, en las afueras de la capital argentina, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención organizados durante la última dictadura.
El "Negrito" Avellaneda y su mamá fueron secuestrados el 15 de abril de 1976 por un grupo de tareas del Ejército que los llevó desde su casa, en la localidad bonaerense de Munro, a la comisaría de Villa Martelli, donde fueron torturados para que revelaran el paradero de su padre, un delegado gremial afiliado al Partido Comunista.
El secuestro se produjo en el marco de un operativo del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
La investigación sobre el asesinato del obispo Enrique Angelelli

Para desenterrar la verdad
El cadáver del obispo católico fue exhumado esta semana. Buscan determinar si Angelelli recibió golpes en el cráneo o un impacto de bala, como sostienen algunos testigos. También se hará un estudio accidentológico.
Por Washington Uranga
Más de treinta y dos años después del 4 de agosto de 1976, en que el cuerpo del obispo de La Rioja Enrique Angelelli apareciera en una ruta que une Chamical con la ciudad de La Rioja, la Justicia sigue en búsqueda de la verdad. Esta semana el cadáver del obispo católico fue exhumado de la cripta donde se encuentra depositado en la iglesia catedral de La Rioja, para realizar una nueva autopsia ordenada por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. En quince días estarán los resultados. La versión de muerte “accidental” ofrecida por la dictadura militar tuvo siempre poco sustento, aunque entonces pocos se atrevieron a cuestionarla en público. Ni siquiera la Iglesia institucional, en aquel tiempo conducida por prelados afines al régimen dictatorial, levantó su voz para denunciar lo que para muchos fue claramente el asesinato del “obispo de los pobres”, a quien los militares habían sentenciado a muerte.
El 18 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados los sacerdotes de Chamical Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, colaboradores de Angelelli. El 4 de agosto el obispo celebró una misa en Chamical, donde denunció el asesinato. La muerte y el presunto accidente se produjo esa misma noche, cuando Angelelli regresaba a la capital conduciendo su propia camioneta. El entonces sacerdote Arturo Pinto, quien lo acompañaba, recuerda que durante el trayecto fueron seguidos por un auto que luego se les cruzó en el camino, generando un vuelco. Una carpeta con toda la documentación que Angelelli había recogido sobre la muerte de los curas y del laico Wenceslao Pedernera apareció días después en el despacho del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior, según el testimonio brindado por Peregrino Fernández ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta documentación nunca fue incorporada al expediente judicial.
Lo que ahora investigan los peritos forenses de la Corte Suprema, Luis Bossio, Fernando Trezza y Víctor Cohen, es si existen indicios que permitan establecer si Angelelli recibió golpes en el cráneo, como aseguran algunos testigos, e incluso un impacto de bala, como sostienen otros. Además se hará un estudio accidentológico para determinar si el presunto accidente de tránsito pudo haber ocurrido de la manera en que se lo expone en el expediente judicial que se cerró tras la muerte.
Roberto Rodríguez, actual obispo de La Rioja, dijo que “la Iglesia acompaña” la investigación porque “busca llegar a una verdad”. En el mismo sentido se había pronunciado Carmelo Giaquinta, arzobispo emérito de Resistencia y titular de una comisión eclesiástica creada en 2006 para investigar la muerte de Angelelli. Dos años y medio después de haber iniciado las investigaciones, “que no pretenden ser paralelas al proceso judicial”, según expresó Giaquinta, el arzobispo manifestó que no es posible establecer por esta vía una conclusión definitiva sobre la forma en que Angelelli encontró la muerte. Pero sí señaló que “cuando hice mi primer viaje a La Rioja, en septiembre de 2006, escuché voces sobre ‘un tiro en el occipital derecho’, ‘la nuca destrozada a golpes’, ‘las manos quemadas’, ‘los tobillos despellejados’”, por lo cual recomendó la exhumación.
Angelelli fue rápidamente reconocido como “mártir” por el pueblo cristiano más sencillo, mucho antes que de la Iglesia oficial reivindicara su figura. A nivel popular el obispo es objeto de actos de culto, se lo venera y se elevan oraciones solicitando su intervención. Existen imágenes y altares en su memoria. Muchas capillas y oratorios llevan su nombre, y hasta una radio, la del obispado de Neuquén, se llama “Comunidad Enrique Angelelli”. Transcurrieron treinta años hasta que en 2006 el cardenal Jorge Bergoglio fue hasta La Rioja para presidir institucionalmente los actos recordatorios de la muerte del obispo. Hasta entonces la jerarquía había encontrado siempre la forma de eludir un pronunciamiento. En ese mismo momento se inició la investigación eclesiástica encabezada por Giaquinta. Desde siempre, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, sostuvo –junto a un puñado de otros obispos entre los que siempre se contaron los ya fallecidos Jorge Novak y Jaime de Nevares– que está probado “en forma definitiva e incontrovertible” que hubo “homicidio calificado”, considerando de “patraña criminal” la versión de la dictadura sobre el accidente.
Angelelli, hijo de inmigrantes italianos, nació el 18 de julio de 1923 en Córdoba. En 1964 asumió como obispo de La Rioja y en su primer mensaje afirmó que “no vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”.
SE EJECUTA EL SEGUNDO PLAN DE IMPUNIDAD
En el día de la fecha se anunció un fallo de la Cámara de Casación Penal que deja en libertad a varios de los represores de la Esma, entre otros a Astiz y el “tigre” Acosta.
Vemos que al primer plan de impunidad generado por las leyes de punto final y obediencia debida, le siguió el secuestro de testigos y querellantes, como a Jorge Julio López en que hoy se cumplen 27 meses de su secuestro.
Luego, con la connivencia del Poder Judicial, se desmembraron las causas, se elevaron a juicio oral por tramos y sólo han sido condenados unos pocos genocidas algunos de los cuales esperan la confirmación del fallo en libertad.
Esta sentencia viene a consolidar el segundo plan de impunidad a favor de los genocidas, que entrarán libres al juicio, si es que algún día se realiza, y muchos morirán inocentes antes de que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación.
Denunciamos al Juez Torres, porque solo procesó a estos represores por un número ínfimo de delitos y se negó sistemáticamente a los pedidos de Justicia YA! de que amplíe esos procesamientos. Exigimos que los cite inmediatamente a ampliación de indagatoria y los procese por los delitos por los que ya está en condiciones de indagarlos, evitando así que queden en libertad.
Denunciamos al fiscal Taiano porque 5 años después de reabierta la causa todavía no ha tenido tiempo de enterarse que tiene pruebas suficientes para informarle al juez que otras 170 personas también estuvieron secuestradas en la ESMA.
Denunciamos a la Cámara de Casación porque una vez más falla a favor de los genocidas
Denunciamos al Gobierno porque que no ha tomado una sola medida para impedir esta situación, llegando sus representantes en el Consejo de la Magistratura a rechazar los pedidos de juicio político que promovimos desde Justicia Ya contra los jueces responsables de esta situación.
Esta resolución pone en peligro toda la construcción realizada por las víctimas, los organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares para obtener juicio y castigo a los responsables del genocidio y de los delitos más graves que ofendieron a la humanidad, situación que venimos denunciando desde la reapertura de las causas.
18 de diciembre de 2008
SE PRETENDE EXCLUIR A JUSTICIA YA! DE LAS CAUSAS CONTRA LOS GENOCIDAS*
Los defensores oficiales, tanto en la causa *Comisaría 5ta*. de La Plata como en la causa *ESMA*, *han solicitado que se desconozca el derecho de los organismos de derechos humanos y de distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas a ser querellantes*. El juez Corazza en La Plata rechazó la pretensión, pero la Sala II de la Cámara de Casación fijó criterios que dan la razón a los defensores de los marinos aunque por cuestiones de forma desestima -por ahora- el pedido.
*A su vez el TOF 5 ignora el derecho del colectivo Justicia Ya! integrado por 27 organizaciones, a tener voz en los juicios orales a los represores de la dictadura militar, a través de una cabeza de querella propia.
*El 16 de octubre de este año la Sala II de Casación, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Luis M. García y Guillermo Yacobucci, dictó un fallo donde se pronuncia respecto de la legitimidad del caracter de querellantes de organismos tales como la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el Comité de Acción Jurídica y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la resolución establece que para ser tomada como parte, *el estatuto de la organización debe habilitarla expresamente para querellar* y además, *debe tener* *poder para hacerlo otorgado por alguno de sus miembros que sea víctima directa de los hechos investigados*.
De esta manera, los jueces de Casación pretenden desestimar el interés colectivo que tienen estos juicios, en tanto se investigan delitos que ofenden a la humanidad toda; además de pretender impedir el accionar de las organizaciones por su propio derecho en las causas para -en el mejor de los casos en que alguno de los miembros sea víctima directa- transformarlas en meras intermediarias entre esa víctima y el abogado.
Este fallo -que desoye importante jurisprudencia en contrario- ya fue esgrimido por la misma Sala II y por el TOF 5 para rechazar los recursos presentados por el colectivo Justicia Ya! reclamando por su derecho a contar con una cabeza de querella propia que le permita actuar en los debates orales con sus abogados.
El TOF 5, tribunal oral de Capital Federal que entiende en las mega-causas ESMA y Primer Cuerpo, ha decidido que sólo dos víctimas directas intervengan en forma plena en el debate a través de sus abogados y que éstos representen a todos los demás querellantes. De esta forma ya ha dejado de lado la representación colectiva, encarnada por las organizaciones, en los últimos 7 juicios elevados a la etapa oral: 4 de la causa ESMA y 3 de la causa Primer Cuerpo.
El reclamo de Justicia YA! está en la Corte Suprema de Justicia. Se solicitó una audiencia, ya que entienden que se está discriminando y excluyendo de las causas al más importante colectivo de querellantes organizados del país que sostiene desde su creación, que *la búsqueda de justicia, de verdad y de memoria no es un acto individual, es una lucha colectiva*.
30 de noviembre de 2008
Justicia YA!
Justicia YA! está integrado por:
Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
En el exterior : Casapueblos (Madrid) - Campaña de Apoyo a los juicios contra los genocidas (España)
Condena incompleta para Aeronáutica
El Tribunal Oral 5 dictó la máxima pena para el coronel retirado Alberto Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, mientras que los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes recibieron 25 años de cárcel, por los secuestros, torturas y desapariciones en ese centro clandestino que funcionó en Morón desde el 24 de marzo de 1976 hasta igual fecha de 1978 y adonde iban a parar personas secuestradas en la zona oeste del Gran Buenos Aires.No obstante, ninguno de los tres torturadores irá preso en forma inmediata: los magistrados decidieron mantener la misma situación procesal de los condenados durante el juicio de manera que Comes y Mariani continuarán excarcelados y Barda, con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.
Fuentes judiciales que tras la lectura completa del fallo, el miércoles próximo, la querella apelaría esta medida para que la cárcel se haga efectiva.
Los jueces del Tribunal Oral 5, que llevan adelante el caso, dieron a conocer la sentencia minutos antes de las 19. Aunque la Corte Suprema de Justicia ordenó que las lecturas de los fallos sean difundidas por radio y televisión, las únicas cámaras autorizadas a ingresar a la sala al momento de la lectura de la sentencia, fueron las cámaras del mismo Tribunal.
El titular del TOF5, Guillermo Gordo, leyó las condenas a las que adhirió en disidencia parcial y amenazó dos veces con desalojar la sala, ante las primeras exclamaciones de algarabía de los presentes que celebraron la condena de los genocidas.
Barda fue condenado a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por ser coautor responsable de los delitos de “privación de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado”, según leyó el magistrado en relación a los crímenes de Analía Delfina Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro, ocurridos en el centro clandestino "La Cueva", que funcionó dentro del GADA que él comandaba, a la entrada de Mar del Plata y sobre la ruta 2.
En tanto Mariani y Comes deberán cumplir una pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que proceda por ser responsables de los delitos de privación de la libertad e imposición de tormentos agravados y reiterados, en el segundo caso.
En las puertas del TOF5, militantes de derechos humanos se concentraban para conocer el fallo que condena, por primera vez, a dos integrantes de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
APELACIÓN A LA EXCARCELACIÓN. Pese a que la querella había pedido prisión perpetua para Barda y 50 años para Comes y Mariani y el fallo de los jueces dictaminó 25 años para los dos últimos, los abogados del colectivo de organizaciones de derechos humanos Justicia Ya!, que representaron a las víctimas, van a apelar la situación procesal que los mantiene excarcelados y con prisión domiciliaria, en el caso de Barda.
"El riesgo de profugarse es inminente", una de las abogadas Justiucia Ya!, Liliana Mazea. "Nosotros entendemos que corresponde cambiar la situación procesal porque además de profugarse, pueden alterar la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas , en la que también están implicados", agregó.
Rafecas sigue un circuito represivo que además de la Mansión Seré, incluye varios centros clandestinos instalados en la zona en los que también estarían implicados los genocidas condenados hoy. "El Tribunal aplicó la legislación anterior y no entendió que la desaparición de Brit es un delito permanente y que se debe aplicar la sumatoria de delitos en base a la pena mayor que en este caso, da 50 años que es lo que pedimos", explicó, pero señaló que de todas formas "el único reproche es la excarcelación y la domiciliaria".
NO SABIA, NO FUI: NO LES CREYERON. Unas horas antes de que el juez Gordo pidiera un cuarto intermedio para dictaminar la sentencia, Mariani y Comes, ex jefes de las bases aéreas de El Palomar y Morón, respectivamente, y ex jefes del grupo de tareas 100 de la represión ilegal de la dictadura, hicieron uso del derecho a pronunciar sus palabras previas al veredicto y se declararon inocentes.
En cambio el coronel retirado Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, optó por el silencio.
“No cometí, no ordené, no prohijé, no consentí ninguno de los hechos" acaecidos en Mansión Seré”, dijo Mariani y agregó: “No quisiera estar en el lugar de los que han perdido algún ser querido".
El ex aeronauta recordó que "como jefe del grupo de tareas 100 no tuve la sensación de participar de una guerra" y señaló que sus superiores de la fuerza lo habían elegido a él para que rinda cuentas ante la Justicia, según su opinión, porque iba a resultar absuelto.
Por su parte Comes, aseguró que nunca tuvo conocimiento de lo ocurrido en el interior de Mansión Seré, “lugar al que jamás fui porque nunca estuvo bajo mi cargo", y comentó que se enteró de que allí funcionaba un centro de reclusión de secuestrados y torturas "seis años después de mi retiro, cuando lo enjuiciaron al brigadier (Orlando) Agosti en el juicio a las Juntas Militares".
Los jueces no les creyeron y condenaron al trío de ex militares a prisión perpetua y a 25 años de cárcel como había pedido el fiscal Félix Crous, la mitad de los 50 años de reclusión que solicitaron los querellantes representados por los abogados del colectivo "Justicia Ya" de defensa de los Derechos Humanos.
La Mansión Seré es uno de los centros de detención clandestina y torturas emblemático de la última dictadura militar. Una de las historias más conocidas vinculadas a ese lugar fue la fuga de los prisioneros Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, y Carlos García, quienes lograron escapar esposados y desnudos, en plena noche del 24 de marzo de 1978 y bajo la lluvia.
Videla fue trasladado a una cárcel común

A los 83 años cumplidos en agosto pasado, Jorge Rafael Videla perdió este viernes el privilegio que se le concede a los criminales ancianos cuando una orden judicial originada a raíz de reclamos de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Secretaría de Derechos Humanos lo sacó de la prisión preventiva domiciliaria y lo mandó a la unidad penal de Campo de Mayo.
Pese a encontrarse dentro de la mayor unidad militar del país, no se trata de una prisión castrense sino bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, es decir que se trata de una cárcel común, tal como reclamaban desde siempre los organismos de derechos humanos y algunas áreas del propio Gobierno. El magistrado consideró que la Unidad Penitenciaria 34 del SPF, ubicada en el predio de Campo de Mayo, "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.
Videla perdió el estado militar en 1985, con la condena a reclusión perpetua del Juicio a los Comandantes que encabezaron el golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
Indultado en 1990 por Carlos Menem, el 10 de junio de 1998 volvió a la cárcel de Villa Devoto cuando el entonces juez de San Isidro, Jorge Marquevich, lo procesó por delitos que había sido expresamente excluidos de los beneficios de las Leyes del Perdón de 198687: la sustracción de bebés a padres en cautiverio y la entrega a gente vinculada a los represores.
La causa, promovida por un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, fue unificada luego en el Juzgado Federal 7 porteño, cuyo despacho atiende interinamente el juez federal Norberto Oyarbide luego de que Guillermo Montenegro lo dejara para hacerse cargo del área de seguridad capitalina.
En agosto pasado, las Abuelas encabezadas por su fundadora, Chicha Mariani, reclamaron ante este juzgado por el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y pidieron el traslado del ex dictador a una cárcel común.
Idéntica instrucción había dado a los abogados de su cartera, para que tramitaran en los juzgados, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos luego de la muerte por envenenamiento dentro de una unidad de la Prefectura del retirado Héctor Febres, horas antes de recibir condena judicial.
Videla afronta ahora, además de esta causa comúnmente conocida como "robo de bebés", otras causas que recobraron vida luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Entre estas figuran la abierta por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, obligados a firmar en cautiverio y tras ser torturados un convenio con una firma de Hong Kong, en el que estaba interesado el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Junto a su compañero de cacerías en Sudáfrica, entonces ministro del interior Albano Harguindeguy, los dos ministros de Videla están ahora procesados por Oyarbide, que también en esta causa envió al ex dictador a cárcel común a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.
La tercera de las causas penales que afronta Videla es la denominada "Plan Cóndor", que investigó la cooperación represiva entre las fuerzas armadas de la región para intercambiar detenidos ilegales, informaciones y operativos represivos.
En esta causa que fue esta elevada a juicio oral y público, ya están procesados decenas de altos jerarcas militares de la dictadura, entre ellos los generales Cristino Nicolaides, Domingo Bussi, Genaro Díaz Bessone, Santiago Riveros Ernesto Alais, Eugenio Guañabens Perelló, Juan Pablo Sáa, Carlos Landoni, Eduardo De Lío, Carlos Tragant y Leopoldo Flores.
De todos los juicios que deberá afrontar aun Videla, la de mayor envergadura es la denominada "Primer Cuerpo de Ejercito", que centraliza el juez federal 3, Daniel Rafecas, a incluye miles de hechos criminales ocurridos en esa gran unidad durante el terrorismo de Estado.
Uno de los juicios que en estos días está llegando a su fin en el Tribunal Oral de Federal 5, el juzgamiento de dos brigadieres y un coronel que comandaron los centros clandestinos de Mansión Seré y La Cueva, es un desprendimiento de dicha megacausa.
Respuesta de Adriana Calvo a Arslanian por Julio López

Doctor Arslanian, doctor Corazza, ustedes no tienen derecho a mentir de esa manera, ustedes saben que la causa López es un monumento a la impunidad.
Monumento en el que ustedes pusieron sus mejores esfuerzos junto a los gobiernos provincial y nacional. Ustedes saben desde hace mucho tiempo que a Julio lo secuestró la policía y ¿aceptaron, se resignaron, acordaron? que los autores quedaran impunes a cambio de la "gobernabilidad de la fuerza".
Doctor Gascón Coti, lo decimos una vez más tan públicamente como lo venimos haciendo hace 24 meses: Julio López fue un militante, un luchador en los '70. Julio sufrió durante más de 20 años lo mismo que muchos, muchísimos, sobrevivientes: el silencio obligado por oídos que se negaban a escuchar. Julio, a sus setenta y pico, volvió a ser un militante, un luchador, le dijo basta al mutismo y decidió enfrentar a sus torturadores. Y lo hizo buceando en su memoria, recuperando su historia al compartirla con otros sobrevivientes, recorriendo con ellos metro a metro cada lugar de detención,
hora a hora cada día de cautiverio. Lo hizo conectándose con las familias de sus compañeros de prisión, participando de actos por la justicia y también, denunciando a sus verdugos ante los estrados judiciales. Con gusto, con orgullo, repetimos una vez más todo lo que sabemos de Julio, no nos cuesta recordar qué hacía, en qué andaba, con quiénes, porque, paradójicamente, su ausencia significa, al menos para nosotros, una presencia permanente.
Si por ese motivo usted pretende acusarnos de su secuestro aduciendo que nada hicimos para cuidarlo, merecerá el mismo repudio que merecieron los dictadores cuando señalaban a las madres como responsables de la desaparición de sus hijos.
Si, en cambio, a quien acusa de no cuidar a Julio ni a los miles de testigos ni a los centenares de miles de luchadores populares que también tomaron en sus manos esta pelea contra la impunidad de los genocidas es al gobierno nacional y al gobierno provincial por no haber separado de las fuerzas
armadas, de seguridad y de Inteligencia a los torturadores, por permitir que más de 9000 efectivos de la Bonaerense de la dictadura sigan en actividad, por no haber desarmado la red de complicidades que abarca a muchos más, en ese caso, doctor Gascón Coti, recibirá todo nuestro apoyo.
AEDD, LADH, CTA La Plata, Asociación Anahí, Unión por los Derechos Humanos La Plata, Fidela, Ceprodh, CAJ, Hijos La Plata, Liberpueblo, Cadhu, integrantes de Justicia Ya!
COMUNICADO . Ante la agresión de testigo contra militares genocidas
El pasado domingo 31 de agosto de 2008, nuestro compañero, Mario Galvano, sobreviviente, testigo y querellante en la denominada Causa Mansión Seré, desprendimiento de la Megacausa 1er. Cuerpo de Ejército, fue víctima una vez mas de una agresión física en la puerta de su casa en el barrio de San Telmo que incluyo amenazas de muerte reiteradas con exhibición de arma de fuego por parte del agresor. Este, Juan Manuel Sánchez Toranzo, no es otro que el hijo del Tte. Coronel (Re) Carlos Sánchez Toranzo.Es de destacar que este último se encuentra imputado en diversos aberrantes delitos en, justamente, la causa 1er. Cuerpo de Ejército. Basta recordar que a Pablo Díaz, sobreviviente de "La Noche de los Lápices" le dijo "A Claudia Falcone y a esos pibes no los busquen mas, ya están todos fusilados". La semana pasada cuando se inicio el juicio oral por la Mansión Seré, fue Mario Galvano quien aporto en su testimonio ante los jueces del TOF 5 los datos necesarios para esclarecer los hechos que se investigan y juzgan. Al juicio llegaron los represores Comes, Barda y Mariani por sus propios medios ya que dos de ellos gozan de libertad y el tercero de prisión domiciliaria. Los abogados querellantes de Justicia Ya! solicitaron al tribunal la inmediata detención de los imputados y el cese del arresto domiciliario, considerando que desde ese momento en más, la seguridad de los testigos se vería seriamente afectada dado que terminada la audiencia tanto los represores como los querellantes, testigos y abogados compartirían el espacio público con la evidente amenaza que ello representa. A esta petición se opuso, inexplicablemente, el fiscal Félix Crous aduciendo que hasta el momento no se habían registrado incidentes que supusieran que la continuidad de las condiciones de libertad de los acusados fuesen a poner en peligro la integridad de querellantes y testigos.
Pues bien, queda palmariamente demostrado a partir de los hechos del domingo que tal aseveración es absolutamente falaz y que la trama de impunidad hasta hoy reinante les permite a los asesinos y torturadores de ayer moverse con total libertad hoy. Es de destacar que el agresor de Mario Galvano, se retiró del lugar de los hechos auxiliado por otras dos personas que se conducían en un automóvil blanco que lo esperaba en las inmediaciones dándose a la fuga a toda velocidad. Todo esto presenciado por gran cantidad de testigos que expresaron su repudio presentándose espontánea y voluntariamente a radicar la denuncia correspondiente. Hoy, con estos nuevos elementos, se volverá a insistir en que se detenga a los imputados, que se termine con su situación de privilegio y se los aloje en el lugar que les corresponde, una cárcel común. Esa será la única garantía de seguridad que testigos y querellantes tendrán si no queremos que lo de Julio López vuelva a repetirse.
Justicia Ya! Bs. As Septiembre 2, 2008 Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Exterior ; Campaña de Apoyo a Juicios – Casapueblos
Bussi : El fiscal Terraf también solicita cárcel común

El fiscal de la provincia argentina de Tucumán expresó al programa La Mar en Coche, de FM La Tribu, que "a los efectos prácticos, el juicio no ha cambiado la situación de (Antonio) Bussi".
Alfredo Terraf es el fiscal que intervino en el reciente juicio que condenó a prisión perpetua a Luciano Menéndez y Antonio Bussi por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina.
Terraf explicó que "también forma parte de la justicia que la gente vaya a donde tiene que ir cuando comete un delito".
Además, Terraf indicó que eligió dar vuelta su silla durante las declaraciones finales de Bussi como una forma de repudiar sus expresiones.
El fiscal informó que "hay 600 causas abiertas y en trámite en Tucumán (por crímenes de la dictadura)". Comentó que "por lo menos dos llegarán a juicio antes de fin de año a tribunales".
Las condiciones de detención de los condenados se confirmarán el próximo jueves. Terraf pidió que los represores cumplan su condena en una cárcel común.
Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua
En tanto, el lugar de detención del represor Menéndez aún será definido por el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, pero se descarta que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército volverá a Córdoba, donde ya fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.
Ambos estaban acusados de “privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, torturas y tormentos reiterados, condiciones tortuosas de detención, desaparición forzada de persona, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio”, en el marco de los delitos de lesa humanidad contemplados por los pactos y convenciones internacionales, que declaran imprescriptibles estos hechos.
Dentro de una semana, los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Josefina Curi, del Tribunal Oral Federal de Tucumán- darán a conocer los fundamentos del veredicto.
En los alegatos, el fiscal federal general Alfredo Terraf había reclamado la prisión perpetua de los acusados en el penal común de Villa Urquiza, revocándose así el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozan.
"No les queda otra alternativa que la cárcel común. Es una burla que una persona que está acusada por delitos de lesa humanidad siga en un country, porque ambos están en condiciones físicas y psíquicas de estar un penal. La edad no da derechos ni privilegios", había destacado el fiscal.
En tanto, la defensora oficial de Bussi, Amalina Assaf, había planteado la absolución de su cliente o, en caso de que sea condenado, que se mantenga la detención en el country donde vive, mientras el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau, había pedido la absolución lisa y llana.
Este fue el primer juicio oral que se realiza en Tucumán por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.
Bussi y Menéndez -recientemente condenado a reclusión perpetua en un juicio en la provincia de Córdoba- están acusados en unos 600 expedientes y ya están procesados en una veintena de ellos.
Bussi fue jefe de la V Brigada de Infantería de Tucumán entre diciembre de 1975 y 1977 y, desde el golpe de Estado de 1976, ejerció la intervención militar de la provincia.
Con la restauración democrática, fundó el partido Fuerza Republicana por el que fue elegido gobernador de Tucumán, cargo que ocupó de 1995 a 1999.
Menéndez fue general del Ejército y tuvo a su cargo el III Cuerpo de la fuerza con asiento en la mediterránea provincia de Córdoba entre 1975 y 1979. Varios centros clandestinos de detención, entre ellos "La Perla", estuvieron bajo su control.
Condenan a Antonio Bussi y a Menéndez a perpetua por crímenes de lesa humanidad
Los represores y ex militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, en tanto que el tribunal que los juzgaba difirió la decisión de si cumplirán condena en cárcel común o será con prisión domiciliaria. Durante la lectura, el presidente del tribunal detalló que los jueces habían decidido “diferir el pronunciamiento de la forma de prisión, manteniéndose la instancia de prisión preventiva”. Eso se sabría recién el 4 de septiembre a las 10.30, cuando den a conocer "la lectura de los fundamentos" de la condena. Por ese motivo, se produjeron incidentes y enfrentamientos en la puerta del tribunal entre policías y militantes de grupos ligados a organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de izquierda, quienes querían que los ex militares fueran condenados a cumplir sus penas en cárcel común.
En ese sentido, Menéndez ya cumple condena en una unidad penitenciaria de Córdoba, donde había sido condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la llamada Causa Brandalisis, en tanto que Bussi goza del beneficio de la prisión domiciliaria en un
De acuerdo al fallo, ambos represores fueron condenados por ser cada uno “coautor inmediato y penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegitima de libertad agravada, imposición de tormentos agravada, homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado con dos o más participes a fin de logar impunidad, todo en concurso real calificándolos como delitos de lesa humanidad”.
Horas antes, Bussi volvió a acusar al
Bussi fue el primero en hacer uso de la palabra antes de que se anuncie el fallo por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas en 1976, quien el ex represor dijo: “No lo vi nunca en mi vida”.
“Un poco más de oxígeno”, pidió Bussi en reiteradas ocasiones y el fiscal Terraf le dio la espalda.
Causas
Capital Federal:
- Causa Nro. 1056. La desaparición de la familia Poblete. Condenado: Julio Héctor Simón. Fecha de la sentencia: 11/8/2006
- Causa Nro. 6859/98. El juicio contra el 601 por secuestros de la Contraofensiva. Condenados: Cristino Nicolaides, Luis Jorge Arias Duval, Carlos Gustavo Fontana, Juan Carlos Gualco, Pascual Oscar Guerrieri, Waldo Carmen Roldán, Antonio Herminio Simón. Fecha de sentencia: 18/12/2007. La causa tramitó por código viejo.
- Causa Nro. 11.669/2001. Causa por la apropiación de una niña. Condenados: Osvaldo Arturo Rivas, Enrique José Berthier, María Cristina Gómez Pinto. Fecha de sentencia: 4/2008.
- Causa Nro. 16441/02. Causa por la Masacre de Fátima. Condenados: Carlos Enrique Gallone y Juan Carlos Lapuyole. Fecha de sentencia: 18/7/2008.
La Plata
- Causa Nro. 2251/6. Miguel Osvaldo Etchecolatz. Fecha de sentencia: 26/9/2006.
- Causa Nro: 2506/7. Condenado: Cristian Federico Von Wernich.
Posadas
- Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Fecha de sentencia: 13/7/2008
Córdoba
- Causa Nro. 13172. Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Lardone, Luis Alberto Manzanelli y Jorge Exequiel Acosta.
Corrientes
- Causa Nro. 276/4. Condenados: Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito, Rafael Julio Manuel Barreiro, Raúl Alfredo Reynoso.
Tucumán
- Causa Nro: Nº 262/76. Condenados: Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi.
Juicio orales en trámite
Capital Federal
- Causa Nro 14216/3: Pedro Alberto Barda, César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani. Comenzó el 21 de agosto.
Neuquén
- Hilarión De La Pas Sosa, Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera. Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Mario Alberto Gómez Arenas, Sergio Adolfo San Martín, Julio Oviedo, Braulio Olea. Comenzó el 20 de agosto.
Prisión perpetua para Menéndez y en cárcel común
Uno de los represores más crueles de la dictadura
El hoy anciano represor Luciano Benjamín Menéndez, condenado en la tarde del jueves a prisión perpetua, era llamado "Cachorro" cuando decidía sobre la vida y la muerte de miles de secuestrados en diez provincias argentinas durante la última dictadura, como jefe del denominado Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba.
La influencia del jerarca, considerado uno de los represores más crueles de la dictadura, alcanzaba además de Córdoba, a Jujuy, Salta, Catamarca,
Menéndez comandó unos 60 centros clandestinos de detención en esas provincias, incluido el de
Indultado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem, Menéndez se volcó a la arena política: en 1998 fundó el partido "Nuevo Orden Republicano", de tinte ultraderechista y aún ahora en actividad.
Después de ser procesado en 1988 por 47 homicidios, 76 torturas a detenidos y 4 robos de bebés, quedó fuera de la causa judicial beneficiado por la ley de Punto Final, actualmente anulada y declarada inconstitucional por
Días antes de ser sometido al primer juicio oral de su vida, en el ’90, fue indultado por Menem y nunca más volvió a prisión, hasta que en el 2003 se le dictó la captura por las causas pendientes en su contra que habían sido frenadas por la ley de Punto Final.
En el plano internacional, fue requerido por la justicia europea, tanto en Italia como en las causas llevadas en España por el juez Baltasar Garzón, quien llegó a pedir su extradición.
En 1979 protagonizó una rebelión militar y se opuso a la designación de Roberto Viola como sucesor de Jorge Videla, que terminó en un mayúsculo papelón y su retiro de la milicia activa. Menéndez nunca mostró sentirse arrepentido por los crímenes de los que es responsable.
Lejos de ello, siempre reivindicó el accionar represivo de la última dictadura.
Este jueves, al hacer uso de la última palabra, antes de la sentencia frente a los jueces del Tribunal Federal N 1 de Córdoba avaló el terrorismo de Estado al manifestar que se trataba de una "guerra para salvar a la patria del comunismo".
"Ostentamos el dudoso mérito en ser el primer país en el mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas", agregó el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército actualizando la "teoría de dos los demonios", una de los argumentos preferidos de los integrantes de la última dictadura.
En mayo del 2000, al argumentar su negativa a declarar en una de las causas iniciadas por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, Menéndez respondió "No, en absoluto", cuando se le preguntó si estaba arrepentido por su accionar como comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, entre 1975 y 1979.
El represor fue condenado este jueves a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos en la "causa Brandalisis", por encontrarlo la justicia penalmente responsable del secuestro, tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes políticos, ocurridos en 1977.
Revocada su prisión domiciliaria por el tribunal, el "Cachorro" Menéndez, pasará el resto de sus días en una cárcel común dependiente del Servicio Penitenciario.
Los aspectos principales de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, son los siguientes:
Se declara a Luciano Benjamín Menéndez como coautor responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia por la duración -más de un mes- y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada.
También por la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima -cuatro hechos en concurso real- y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes -cuatro hechos-.
Por tales delitos se le impone pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesoria legales y costas; como consecuencia se le revoca la prisión domiciliaria y se ordena su inmediata detención en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de
La prisión perpetua también alcanza a Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Lardone, como coautores de iguales delitos imputados a Menéndez.
Hermes Oscar Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a 22 años de prisión, y Carlos Alberto Vega a 18 años, como coautores mediatos en tres hechos por privación ilegítima de la libertad y cuatro hechos de imposición de tormentos con las mismas características impuestas para Menéndez, aunque ninguno de los tres fueron imputados por homicidio.
Todos los condenados serán trasladados al complejo penitenciario de Coger, ubicado a unos
Por otra parte, el tribunal rechazó los ocho planteos que durante el debate habían formulado por los defensores de los imputados, como los casos de incompetencia del tribunal e inconstitucionalidad del juicio, entre otros.
Ocho represores irán a juicio oral por delitos de lesa humanidad en El Vesubio



Están procesados por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura. Lo definió el magistrado Daniel Rafecas, en el marco de la "megacausa" en la que investiga gravísimas violaciones a los derechos humanos.
En el debate los represores deberán afrontar la acusación por el secuestro y torturas de 156 personas que se encontraban en cautiverio ilegal en el centro clandestino de detención que funcionó en la bonaerense localidad de
Entre quienes padecieron los tormentos de los represores se encuentra el historietista Héctor Oesterheld (quien, según testigos, en su ilegal cautiverio no dejó de escribir las obras con cuya publicación soñaba) junto a los escritores Haroldo Conti y Raimundo Gleyser. En esos centros clandestinos -a los que el magistrado alguna vez parangonó con los campos de concentración del nazismo- las víctimas estaban privadas "de alimentación suficiente, de la posibilidad de higienizarse, de atención médica" y las humillaciones llegaban al extremo de obligarlos a exhibirse y deambular desnudos. Esta elevación a juicio, recordaron allegados a la investigación, se suma a la ya efectuada el mes anterior por Rafecas respecto de los centros clandestinos de detención conocidos como "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo" con 15 represores por el secuestro y torturas de otras 200 personas. Entre esa decena y media de procesados se encuentran el ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, conocido como "Mayor Guastavino", el ex subcomisario Samuel "Cobani" Miara; y el comisario Roberto Antonio "Clavel" Rosa.
Final del formulario
La Cámara confirmó la condena del genocida Cristino Nicolaides

El fallo, de la sala 2, confirmó también el dictado por el juez federal Ariel Lijo en diciembre del año pasado cuando impuso penas a 25 años de prisión al coronel Luis Arias Duval; a 23 años para Waldo Carmen Roldán; a 21 años para Carlos Gustavo Fontana a 21 años y a 23 años al agente civil Julio Héctor Simón, conocido como el Turco Julián.
En tanto, al coronel Pascual Guerrieri, cuyo nombre encabezó la causa 26.349, el fallo de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun lo benefició con una reducción de la pena de
El fallo de alzada confirmó que los militares y auxiliares integraban una asociación ilícita "destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de
Consideró que la asociación ilícita operaba "con una organización militar o de tipo militar, que disponía de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad".
También que esa organización "concurre en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad calificada, por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por ley".
Estos delitos fueron cometidos en perjuicio de Angel Carbajal, Julio Cesar Genoud, Verónica María Cabilla, Lia Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky.
Se trataba de militantes que integraron la denominada "contraofensiva" montonera de mediados de 1980 y de cuya detención y aniquilación se vanaglorió públicamente en abril de 1981 el general Nicolaides, que entonces se desempeñaba como comandante del III Cuerpo del Ejército.
La cámara confirmo que durante el juicio "se ha probado que entre esas personas que fueron interceptadas y secuestradas por personal del Ejército Argentino en distintas zonas del país se hallaban las víctimas de los hechos materia de este pronunciamiento, de las cuales varias fueron mantenidas en situación de detenidas dentro de centros clandestinos".
Los procedimientos, añaden los camaristas, fueron realizados "mediante la intervención clave del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, tanto en la obtención de la información necesaria para localizar a estos individuos, así como en los operativos que culminaron en su privación de libertad y en la forma en que aquellos fueron albergados en centros clandestinos, con objetivos y modalidades cuidadosamente planificadas".
Nicolaides está siendo juzgado en estos días en otro juicio por desaparición de presos políticos en el regimiento 9 de Infantería de Corrientes.
Las secuelas de Febres
El Consejo de
Estuvieron presentes en la sesión miembros de la agrupación Justicia Ya!, entre quienes se encuentran víctimas de este represor, que expusieron sus argumentos contra los magistrados que tenían a su cargo a Febres mientras cumplía su prisión preventiva y había comenzado a ser juzgado.
Durante la audiencia, los consejeros consideraron los dictámenes de
Mencionó que pasaron 22 meses de la desaparición del testigo Julio López, lo que impactó en el público, y que los represores detenidos tienen “condiciones escandalosas de privilegio”. Además de recordar que Febres se iba de vacaciones, Bregman recordó que Alfredo Astiz tenía una oficina en el Hospital Naval.
A su turno, Lordkipanidse dijo que “convalidar este funcionamiento de los jueces es avalar la impunidad”. Los consejeros les respondieron que las razones expuestas “ameritaban la reconsideración” del dictamen cuestionado.
Por Adriana Meyer (Página12)
Comunicado de la AEDD : la complicidad del Tribunal TOF5 con la impunidad
JUSTICIA EN FASCÍCULOS: *El próximo 20 de agosto se cumplirán 32 años desde aquella noche de 1976 en la que las fuerzas represivas que operaban en el Centro Clandestino de Detención de Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal -conocida como Coordinación-llevaron adelante
El represor Miguel Angel Timarchi es uno de los responsables de la Masacre de Fátima, y *fue absuelto por los jueces cómplices del TOF Nº 5*en una sentencia que representa un punto más en la larga cadena de impunidades que sostienen los poderes del Estado respecto de las violaciones a los derechos humanos.
El comportamiento de este Tribunal –integrado por los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías-* no nos es ajeno:
*Fascículo 1*
El 5 de agosto de 2006 el TOF 5 condena al genocida Turco Julián a 25 años de prisión. En los fundamentos de la sentencia reivindica la *"teoría de los dos demonios"*.
*Fascículo 2*
Desoyendo los insistentes pedidos de la querella patrocinada por los abogados de Justicia YA!, a fines de 2007 el TOF 5 sostiene las condiciones de detención de privilegio del *genocida Héctor Febres* hasta que éste es asesinado, nuestro *pedido de juicio político* por esa actitud sigue sin ser resuelta por el *Consejo de
*Fascículo 3*
El TOF 5 lleva adelante como política el *desmembramiento de las causas*, los juicios orales que sustancia son tramos minúsculos, desguazados, en los que se juzga a pocos represores por un ínfimo número de compañeros desaparecidos, intentando diluir la magnitud del genocidio ocurrido en nuestro país*.
*Fascículo 4*
En abril de 2008 el TOF 5 dicta sentencia por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán: una *irrisoria condena de 8 y 7 años a los apropiadores* Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, y una también irrisoria condena de 10 años al genocida que la secuestró y entregó*: Enrique José Berthier.
*Fascículo 5*
El TOF 5 decide *negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a organizaciones de derechos humanos y querellantes particulares, el *derecho a tener voz en los siguientes debates orales de la causa ESMA*.
*Fascículo 6*
El Tribunal Oral Federal Nº 5 llega al extremo de decir que la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos tiene un "interés difuso" sobre los hechos* cuando la mayoría de nosotros somos sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura, somos testigos y querellantes en las causas penales en trámite en la actualidad, además de haberlo sido en las que se sustanciaron en el país antes de 1987, en el exterior posteriormente, y en los juicios "por la verdad" durante el reinado absoluto de la impunidad.
*Fascículo 7*
El TOF 5 impide a las Madres usar su pañuelo en la Sala y también *prohíbe la transmisión en vivo de las audiencias*, anulando el derecho de miles de argentinos de seguirlas desde todo el país, tal como lo hicieron durante los juicios a los genocidas Miguel Osvaldo Etchecolatz y Cristian Federico Von Wernich. A cambio, ofrecen los "servicios fílmicos" de
*Fascículo 8*
El viernes 11 de julio de 2008, el TOF 5 absuelve al genocida Timarchi.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Repudiamos enérgica y públicamente
Juicio a todos los genocidas. Condena por todos los compañeros! Juicio Político a los jueces del TOF 5!
Aparición con vida YA de Julio López!
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS*
Ampliaron el procesamiento de Videla por robo de bebés y ratificaron el juicio oral


El 13 de julio de 1998 Videla había sido procesado por la sustracción, ocultamiento y retención de los menores Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D’Elía, los inscriptos como María Sol Tetzlaff Eduartes y Pablo Hernán y Carolina Bianco Wherli. Los casos por los que ahora se confirmó el procesamiento de Videla son los de Paula Eva Logares (inscripta como Paula Lavallén) Simón Antonio Riquillo, Anatole y Eva Julian Grisonas, Hilda Victoria Montenegro, Clara Analía Mariano y otros que permanecen desaparecidos. Sus padres fueron secuestrados y estuvieron detenidos en una Comisaría de
Las madres, que en su mayoría llegaron embarazadas al lugar de detención y están desaparecidas son Inés Ortega de Fossatti, Elena de
Los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah expusieron que "puede considerarse autor (mediato) de un hecho criminal al jefe que, a través de un aparato de poder, domina la voluntad del ejecutor (subordinado al jefe)". Agregaron que "en el caso puntual de Jorge Rafael Videla su posición en la cúspide de la cadena de mandos le ha permitido, a través de sus órdenes, el manejo del aparato de represión ilegal que sirvió de herramienta para que estos delitos fueran cometidos". El tribunal señaló que existen pruebas suficientes para afirmar que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad". Como "elementos comunes" de los delitos se acotó que "todos los menores sustraídos eran hijos de personas que fueron secuestradas en procedimientos ilegales efectuados en el marco del aparato de represión clandestina, ejecutados por subordinados al ejército" y que las víctimas "fueron conducidas a centros de detención ubicados en lugares bajo jurisdicción de esa fuerza". Sobre la existencia de un plan, el tribunal analizó que "todos los casos obedecían a una misma metodología en cuanto a cómo debía procederse con las embarazadas detenidas, los nacimientos en cautiverio y menores sustraídos", para "asegurar que, finalmente, llegasen a manos de determinados matrimonios", vinculados a las fuerzas militares, "quienes los inscribían como hijos biológicos".
---"en el intento desmedido de querer cortar todo rastro con la verdadera familia y callar todo reclamo, no se reconocieron límites: asesinaban, salvo excepciones, a las madres; y ello ocurría al poco tiempo de dar a luz o de ser separadas de sus hijos" mientras que "los padres ya habían corrido esa misma suerte tiempo antes". Para
Prisión perpetua para el asesino de Carlos Fuentealba
Los jueces emitieron la condena sobre la base de los testimonios recopilados en las audiencias, los peritajes realizados que acreditaron la muerte violenta de Fuentealba por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza y otras evidencias que fueron aportadas a lo largo del proceso.
Aseguraron que la autoría del crimen fue determinada por estos elementos probatorios y corroborado por la declaración de la docente Marcela Roa, que identificó claramente a Poblete como autor del disparo.
"Esta es una declaración de notable valor que se complementa con otros testigos que la respaldan", afirmó en su voto el presidente de la Cámara, Mario Rodríguez Gómez. Calificó la represión policial del 4 de abril del año pasado en la ruta nacional 22 donde fue herido de muerte Fuentealba como "exagerada e innecesaria".
Los tres jueces coincidieron en señalar que fue Poblete el que disparó su arma ubicado a no más de 7 metros de distancia detrás del vehículo que ocupaba Fuentealba.
Los magistrados rechazaron los planteos del defensor Ladislao Simón, que solicitó la nulidad del proceso por entender que era fraudulento.
El fallo condenó a Poblete como "autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego agravado por alevosía en concurso ideal, artículo 80, inciso segundo y nueve, 41 bis y 54 del Código Penal".
La pena es de prisión perpetua más la inhabilitación absoluta perpetua y costas del proceso al unificarse una condena anterior por vejaciones.
El secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación -ATEN-, Marcelo Guagliardo, aseguró a los docentes reunidos en la calle que "habíamos dicho que Poblete era el autor material del fusilamiento de Carlos y lo logramos pero ahora vamos por (Jorge) Sobisch", dijo en alusión al ex gobernador de la provincia.
Dijo que "no estamos festejando porque nada nos devuelve a Carlos pero tenemos que reconocer que no peleamos en vano".
"Hemos dado un ejemplo de lucha en procura de una unidad que hiciera posible que esto que parecía impensado se pudiera hacer realidad", señaló.
Guagliardo convocó a todos los trabajadores y sectores a seguir el reclamo para que "el ex gobernador Jorge Sobisch vaya a la cárcel por ser el responsable político y el que dio las órdenes de matar".
Anticipó que van a reclamar al gobierno de la provincia la disolución de los grupos especiales de la policía porque "las armas que usan son para matar, no para disuadir". Luego de un improvisado acto frente al edificio de la ex Legislatura donde se realizó el juicio, los manifestantes marcharon por el centro de la ciudad.
Juicios a los genocidas: Seguridad de los testigos

A partir de un encuentro en el que participarán funcionarios, diputados oficialistas y algunos jueces y fiscales que entienden en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, se reabre el debate acerca de la seguridad de los testigos que participan en esos procesos judiciales. El ejemplo más elocuente y aberrante del peligro al que están sometidos es la desaparición de Jorge Julio López, hace ya más de 21 meses. ![]()
En el matutino Página/12 se informó que hoy se llevará adelante una reunión en la que participarán el ministro de Justicia, Aníbal Fernández y Marcelo Saín, titular del programa Verdad y Justicia, encargado de velar por la seguridad de quienes atestiguan en los juicios contra los genocidas. También concurrirán integrantes de organismos de Derechos Humanos ligados al oficialismo así como legisladores kirchneristas y fiscales y jueces, entre los que se encuentra el magistrado Guillermo Gordo, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5 que tuvo a su cargo el juzgamiento de Héctor Antonio Febres, el torturador de
El TOF 5 había sido dejado en evidencia por uno de los testigos contra Febres por permitir que la totalidad de las declaraciones fueran registradas por una cámara de
Desde que se reiniciaron los juicios contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar, poca ha sido la seguridad con la que contaron los testigos. Jorge Julio López, querellante contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, fue secuestrado momentos antes de presentarse a los alegatos y aún sigue desaparecido. Ni
La abogada Myriam Bregman fue clara al explicar por qué los testigos son fundamentales. "Cada vez que hablan de testigo clave, nos tenemos que preguntar por qué son claves los testigos. Lo son porque este Gobierno sigue encubriendo a los genocidas, sigue preservando a las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia. Porque este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos no aportó una sola prueba en una sola causa que mande un genocida preso. Son los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, como nuestro compañero Jorge Julio López, los que siguen siendo fundamentales para encarcelar a los genocidas. En
Este marco en que son encarados los procesos judiciales lleva a que la cuestión sea planteada de forma más profunda. "La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura", sostuvieron los integrantes de
Es claro que de la única forma en que los sobrevivientes podrían estar seguros al brindar su testimonio, su relato del horror es si se tomara el camino por el que hace décadas que luchan: "Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en
FUENTE : ANRED
¿GRAN JUICIO DE LA ESMA?
No nos queda más remedio que salir al cruce de las temerarias afirmaciones que se vienen volcando en algunos medios acerca del "Gran Juicio de la ESMA" que se avecina. Considerando que se hace mención específica a la protección de los testigos de los juicios, en ese carácter y como querellantes en la causa, nos permitimos desautorizar a que se interprete por cuenta propia la mejor manera de "protegernos". La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura.
A casi cinco años de la anulación de las leyes de impunidad vemos con preocupación extrema que algunos sectores se refieren en términos cuasi halagüeños al juez Torres y destacan que envió a juicio oral a "casi una decena" (10) de represores por la desaparición de "casi una centena" (89) de compañeros. Olvidan señalar que eso ocurrirá solo si se acumulan en un único juicio oral cinco de los muchos tramos en los que despedazó la causa. Tampoco recuerdan que en la ESMA actuaron "centenares" de represores y que desaparecieron casi 5000 compañeros ¿Cómo pueden hablar de mega causa, de gran juicio de la ESMA, cuando aún unificando todos los tramos ya elevados a debate oral, solo se investigará a un minúsculo grupo de genocidas por un número reducidísimo de víctimas? Y que esto sea así es esencialmente responsabilidad del juez Sergio Torres. Porque desguazó en expedientes mínimos la causa sobre el campo de concentración con más pruebas: ya en el año 1979 los primeros sobrevivientes denunciaron públicamente a decenas de represores; poco después Víctor Basterra aportó a la justicia un dossier donde figuran las fotos, nombres, apellidos y grados de más de cien genocidas; en el juicio contra Scilingo llevado a cabo en Madrid se recopilaron y completaron los datos suficientes para rápidamente procesar a todos. Pero además, el juez Torres determinó que los pocos detenidos gozaran de prisiones de lujo en cuarteles de la propia fuerza o en sus propios domicilios. Así fue posible el asesinato por envenenamiento del prefecto Febres en la sede de la Prefectura de Tigre.
Al mismo tiempo que se difunden mentiras sobre la magnitud del futuro juicio oral, en el primero de los cuatro tramos elevados, el Tribunal Oral Federal Nº 5 ha decidido negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de DD.HH. querellantes, el derecho a tener voz durante el juicio. También se lo niega en el segundo y en el tercero y suponemos que lo hará en el cuarto. Y lo hace a pesar de saber (¿o porque sabe?) que este colectivo es el único que pide condena por genocidio y la acumulación de todos los expedientes en un solo juicio oral. Va de suyo que apelaremos hasta llegar a la Corte Suprema estas resoluciones arbitrarias de los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, pero no podemos dejar de mencionar que aparece como represalia a nuestro pedido de juicio político por su responsabilidad en no haber evitado que sus cómplices de ayer y de hoy asesinaran al genocida Febres cuándo y cómo quisieron.
Si solo estos diez represores son llevados a juicio y condenados, los otros centenares de asesinos de la marina -incluidos los que mataron a Febres- seguirán conviviendo con nosotros manteniendo a los testigos y a todo el pueblo en un total estado de indefensión y a ellos en un total estado de impunidad; la misma indefensión de la que fue víctima nuestro compañero Julio López y la misma impunidad de la que gozan sus captores.
Esta situación sólo podrá superarse si se juzga y condena a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos. Esa sí sería la mega causa ESMA que además de permitir juzgar de una buena vez a los genocidas del campo de concentración con más pruebas del país, evitaría que decenas de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos fueran obligados a prestar testimonio una y otra vez, siempre para juzgar a un reducido número de represores y por tan sólo una parte de los crímenes que cometieron. Entonces sí podremos decir, que más allá de los discursos, se ha tomado el camino que desde hace 25 años venimos reclamando: que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio.
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
ESMA: siete represores que no están imputados.

Siete represores fueron ubicados e identificados, y como hasta la fecha no tienen orden de detención, sus víctimas decidieron dar a conocer sus nombres a la prensa. En la misma conferencia, el colectivo de organizaciones Justicia Ya! denunció que el Tribunal Oral Federal 5 “intenta silenciar la voz de sus abogados en los juicios”, a partir de la unificación de las querellas en los tramos de la causa ESMA ya elevados a proceso oral y público.
“Uno de los argumentos que dieron los jueces del TOF 5 es la necesidad de que haya ‘igualdad de armas’, es decir, que si un represor tiene dos abogados, del otro lado no puede haber cinco, como si fueran juicios comunes”, explicó la abogada Myriam Bregman . “Que junten a más represores, eso es un problema de cómo hacen los juicios, en lugar de eso reducen la presencia de los abogados de las víctimas y así están desdibujando la dimensión del plan masivo”, completó.
Por
A criterio de este colectivo, la decisión del TOF 5 es una “represalia” por el pedido de juicio político que presentaron ante el Consejo de
En un escrito remitido al juez Torres, aportaron nombres y direcciones de Víctor Olivera, alias “Lindoro”, acusado del asesinato de Raimundo Villaflor; Raúl Cejas, alias “Leo”, torturador de Lordkipanidse y denunciado por su propia familia; Paulino Altamira, Daniel Cuomo, Juan Daer, Daniel Bravo y Ramón Monjes. “Los difundimos en la prensa porque el juez no hace nada”, declaró Carlos Lordkipanidse.
Juicio a Menéndez : declaró un testigo de los "camiones de la muerte"

El testigo realizó la ’colimba’ entre 1975 y 1976, y estando en esa unidad vio en una oportunidad que uno de los camiones Mercedes Benz, o ’Menéndez Benz’, que era utilizado únicamente por oficiales y suboficiales, llegó a la dependencia "todo ensangrentado en la parte de la caja, con restos humanos y pelos". Estos camiones, según el testimonio de las víctimas de los secuestros, se los conocía como el "camión del horror y el camión de la muerte", porque cada vez que aparecía "anunciaba que alguien iba a ser cargado para luego fusilarlo", había manifestado una de las sobrevivientes, Teresa Meschiati.
Suárez, quien sobrevivió a un "ataque de guerrilleros" cuando se transportaba en un camión junto a un cabo y otro soldado, el suboficial fue muerto de dos balazos en la cabeza por los atacantes, fue "alojado en una celda militar en calidad de incomunicado", porque lo responsabilizaban del incidente.
A raíz de este hecho fue llevado "vendado" a los ’campos de concentración" de
También recordó que en una patrulla fue llevado como chofer de un camión ’unimog’ y fue partícipe de otro incidente fatal, el cual ocurrió en la capital cordobesa cuando un automóvil Falcon se escapó al verlos, situación que motivó la inmediata reacción de los militares y comenzaron a dispararle hasta que el auto se estrelló contra un poste. "Eran dos chicos hijos de un oficial de
Luego testimonió Soledad Beatriz Chávez, hija de una de las víctimas asesinadas de esta causa denominada ’Brandalisis’, Hilda Flora Palacios. La testigo tenía un año y dos meses cuando su madre fue secuestrada junto a otras dos personas, Ofelia del Valle Juncos y Víctor Olmos, el 6 de noviembre de 1977.
Ella y su hermana Valeria de tres años fueron entregados después a sus abuelos paternos. Los restos óseos de la madre de la mujer de 33 años le fueron entregados luego de una exhumación en una fosa común en el cementerio San Vicente, en el 2003, y tras los resultados de la contrastación de muestras de ADN. "Fue una búsqueda incesante, no saber de dónde venís, quién te engendró. Es un vacío de vida que se siente al saber que mi madre es una foto con un número (fecha de nacimiento) en un afiche, es algo atemporal y sin vida, que nunca envejece", manifestó emocionada y con lágrimas la mujer al ser preguntada por la querella el cómo vivió la ausencia de su progenitora.
Finalmente dijo que sintió el "horror en vivo y en directo" cuando le fueron entregados los "huesos fragmentados: eso no puede ser una madre, nadie puede hacerle eso a una madre, pero con esos restos pude tener una conexión materna y saber que no he nacido de la nada", concluyó. Luego de un cuarto intermedio dispuesto a las 12.50, los testimonios se reanudarán a las 15. Además de Menéndez, en esta causa se encuentran imputados los militares retirados Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone. Los imputados están acusados de los delitos de privación ilegitima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado por el secuestro, tortura y asesinato de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, hechos ocurrido el 15 de diciembre de 1977.
Piden perpetua para los policías responsables de la Masacre de Fátima
Es la pena máxima y la solicitó
El pedido fue realizado por el fiscal Félix Crous, titular de
Fundamentó su acusación por los delitos de "privación ilegal de la libertad y homicidios" contra los ex comisarios Miguel Timarchi, Carlos Gallone y Juan Lapuyole.
Para el fiscal los acusados fueron activos partícipes de lo que denominó "horribles crímenes" que culminaron con una "masacre" cometida hace más de 30 años.
Los hechos juzgados en este proceso sucedieron la noche del 19 al 20 de agosto de 1976, cuando 30 prisioneros que estaban secuestrados en
Los sacaron de ese lugar a bordo de un camión militar, los llevaron a otro lugar donde los asesinaron a balazos y después trasladaron los cuerpos hasta la localidad de Fátima, en el partido de Pilar, donde los dinamitaron.
Según consideró el fiscal, Lapuyole actuó como el "jefe del aparato organizado de esa estructura criminal" que funcionó en Coordinación Federal durante la década del 70, por lo que lo responsabilizó de ser el "autor mediato" de los asesinatos, mientras que a los otros dos policías los encuadró como "coautores".
Crous enumeró que antes de su muerte los detenidos fueron "torturados, humillados y vejados" y luego enterrados como NN en "cajones de madera para indigentes" en el cementerio de la localidad bonaerense de Derqui, también en Pilar.
"No hubo persona que haya estado en ese infierno que no hubiese sido sometida a torturas, violaciones, vejaciones y condiciones de vida inhumanas e indignas", dijo Crous, quien refirió que el "traslado" de las víctimas fue "supervisado" por los imputados.
El fiscal resaltó la declaración testimonial que brindara en el juicio por el ex policía Armando Víctor Luchina, quien declaró que la noche de los hechos estaba a cargo de la guardia en esa dependencia y acusó a sus tres jefes, a quienes vio dando órdenes y supervisando el operativo, frente a las coartadas de los acusados que negaron haber estado en el centro clandestino de detención esa noche.
Matanza de Fátima

En la madrugada del 20 de agosto de 1976 veinte hombres y diez mujeres secuestrados en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la órbita del Cuerpo I de Ejército, fueron adormecidos y cargados en un camión verde oscuro. A la altura del kilómetro 62 de la ruta 8, en un camino de tierra cercano a Fátima, el camión y los tres Ford Falcon que lo escoltaban se detuvieron. Bajaron a los moribundos, les dispararon un tiro a quemarropa y los apilaron sobre una carga de dinamita. A las 4.30 la explosión hizo temblar Fátima. El sumario policial detalló que tenían las manos atadas por la espalda y los ojos tapados con cinta adhesiva. Fue la matanza más brutal que se conoce de la última dictadura.El 19 de Agosto de 1976 un grupo militar se instaló en un control caminero sobre la ruta 8, mientras aviones sobrevolaban el área, y se veían los tristemente famosos "Ford Falcon" recorriendo la zona. Poco después de las cuatro de la madrugada siguiente, una gran explosión despertó a toda Fátima, una localidad de la Provincia de Buenos Aires.
Poco antes habían llegado al lugar del estruendo una camioneta y un furgón. Nadie se atrevió a ir al lugar para ver lo sucedido.
Los obreros de un horno de ladrillo cercano se encontraron con una escena macabra, restos humanos esparcidos en un radio de cien metros. Casi inmediatamente fue cercada la zona por soldados que impedían el paso y a los reporteros gráficos se les secuestraron las fotos tomadas. Los soldados y el personal civil recogían pedazos de los cuerpos dinamitados y los cargaban en un camión de la Municipalidad de Pilar.
Según el parte policial las víctimas eran treinta personas -diez mujeres y veinte hombres- la mayoría jóvenes, incluso algunos adolescentes. Sólo cinco pudieron ser identificados en ese momento. Los cuerpos de las víctimas no identificadas fueron enterrados como NN en el Cementerio de Pte. Derqui, de donde fueron exhumados años más tarde para su identificación.
A partir de un notable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se pudieron identificar once víctimas más. Una de las primeras identificadas por los antropólogos fue Susana Pedrini de Bronzel, en cuya memoria se nombró una calle en el centro de Pilar, concretamente en la plazoleta que está a metros del tanque de agua. La mitad de las víctimas pudieron ser identificadas por familiares y amigos gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Así se pudieron reconocer, muchos años más tarde, a: Inés Nocetti; Ramón L. Vélez; Ángel O. Leiva; Alberto E. Coma;Conrado Alzogaray; Daniel Argente; José D. Bronzel; Susana Pedrini de Bronzel; Carmen Carnaghi; Haydée Cirullo de Carnaghi; Norma S. Fontini; Selma J. Ocampo;Horacio O. García Gastelú; Carlos Raúl Pargas;Raúl Ricardo Herrera;Juan Carlos Vera.
Uno de los imputados en la matanza es el inspector Carlos Enrique Gallone, cuya foto "consolando" a una madre impactó tremendamente en la opinión pública. Hoy queda en evidencia.
Juicio a Menéndez: Un documental reveló el enterramiento clandestino de desaparecidos

La audiencia, que comenzó a las 10.35 y concluyó a las 11.15, se proyectó el documental multimedia "El horror está enterrado en San Vicente", elaborado por un equipo liderado por los periodistas cordobeses Ana Mariani y Juan Carlos Simo, ambos del diario local La Voz del Interior.
El documento fue realizado para internet tomando como fuente a distintos medios, con base en los documentos sobre los trabajos de exhumación de los cuerpos que realizó en el 2002 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el cementerio de San Vicente, ubicado en el este de la ciudad de Córdoba.
En ese lugar se abrieron fosas comunes y se "amontonaron" más de 40 cuerpos de desaparecidos que fueron enterrados ilegalmente por la estructura militar represora, entre los que se encontraba el de Hilda Flora Palacios, una de las víctimas de este proceso de enjuiciamiento, consta en el documental incorporado como prueba.
Todos los imputados, Menéndez; Hermes Oscar Rodríguez; Jorge Ezequiel Acosta; Luís Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Ramón Lardone, pidieron retirarse de la sala de audiencia durante la exhibición y fueron alojados en una sala contigua.
Mariani, quien testimonió ante el tribunal de enjuiciamiento integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, explicó que realizó el trabajo "movilizada por el interés social por que se conociera la identidad de los cuerpos exhumados".
Asimismo precisó que los informes forenses revelaron que "los cuerpos de muchos jóvenes fueron enterrados desnudos y con signo de violencia", y que actualmente quedan restos sin identificar.
La audiencia continuará la semana que viene con nuevos testimonios de las víctimas sobrevivientes del ’campo de concentración’ de ’La Perla’, que funcionaba en el predio del Tercer Cuerpo del Ejército y que estaba, entre otros, a cargo de Menéndez.
El juicio en esta causa denominada ’Brandalisis’ comenzó el 27 de mayo y se investiga sobres los actos de secuestro, tortura y muerte de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, ocurridos el 15 de diciembre de 1977.
Menéndez : reconocimiento irrefutable de sobrevivientes

Una sobreviviente de
Con un pormenorizado relato de cinco horas de la sobreviviente Teresa Meschiati, dos años y tres meses secuestrada en el centro clandestino
Menéndez & Cía. son juzgados por el secuestro, tormentos y asesinato de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores a fines de 1977. Meschiati fue la primera de los 31 testigos previstos. A diferencia de los juicios por delitos de lesa humanidad en tribunales porteños, donde fotógrafos y camarógrafos tienen prohibido el acceso y los imputados tienen la posibilidad de mezclarse entre sus abogados y colaboradores, en Córdoba –igual que en
La testigo recordó haber visto “al menos dos veces” a Menéndez en
Sobre Hilda Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, las víctimas por las que se realiza el juicio, Meschiati dijo recordarlos aunque en aquel momento desconocía sus nombres. “Recuerdo haber visto a esos cuatro chicos. Brandalisis era el más alto, estaba la chica esa Palacio, morenita, con labios muy lindos. Tampoco supe que después habían aparecido en un enfrentamiento fraguado”, aclaró.
“De la tortura no se vuelve jamás. Es un antes y un después. Yo hace 32 años que me pregunto por qué pasó esto”, dijo Meschiati, pareja de un dirigente montonero, secuestrada el 25 de setiembre de 1976 y liberada el 28 de diciembre de 1978. “Me sentía como un pollo al spiedo. Mi cuerpo hervía cuando me sacaban de la tortura”, detalló, aunque confesó que la peor humillación la sufrió al ser exhibida desnuda ante los miembros de Gendarmería que cubrían las guardias en
Inicio juicio contra Menéndez y otros genocidas

La primera jornada del juicio oral y público contra el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y otros siete represores por la tortura, desaparición y muerte de cuatro jóvenes en 1977, concluyó este martes en la capital de Córdoba. En la lectura de las piezas procesales se menciona que era "habitual" los asesinatos a sangre fría como "proceder para la desaparición física de las personas implementado por el Estado Nacional de la década del 70". En el centro clandestino de detención de la ’La Perla’ "existían dos formas de eliminación de los detenidos: el retiro en camiones Mercedes Benz o Menéndez Benz para ser fusilados en lugares alejados del mismo predio, luego quemados y enterrados".
Se revoca la prisión domiciliaria al represor Luciano Menéndez
Se revoca la prisión domiciliaria al represor Luciano Menéndez El Tribunal decidió anular "en forma transitoria" y por "razones de seguridad" la medida, a cuatro días de iniciarse el juicio contra el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. El represor será juzgado por secuestrar, torturar y asesinar a cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.Cuatro días antes de iniciarse en esta capital el histórico juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez, el Tribunal Oral Federal Penal Número 1 decidió este viernes revocar "en forma transitoria" y por "razones de seguridad", la prisión domiciliaria que tenía el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. La medida fue confirmada por Maximiliano Hairabedián, uno de los tres fiscales de ese tribunal donde a partir del martes 27 se ventilará el "caso Brandalisis", en el que Menéndez y otras siete personas -militares y civiles- serán juzgadas por secuestrar, torturar y asesinar a cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Amenzan a querellante en la causa "Triple A" e intimidan a sus hijos

El querellante y víctima de la Triple A, Carlos Petroni, ha denunciado diversas amenazas en su contra por medio del correo electrónico y vía telefónica y, a pesar de estar incluido en el Programa de Protección a Testigos, no logró hasta el momento que se cumpla con una guardia mínima que proteja su vivienda.
Pero el hecho más reciente y grave sucedió el viernes 2 de mayo cuando su hijo de 14 años fue perseguido por un automóvil gris metalizado, nuevo, con vidrios polarizados, desde su escuela hasta una cuadra de su casa en el barrio de Congreso, donde pudo poner fin a la persecución caminando por una calle de contramano.
Cuando Petroni pidió ayuda telefónicamente a los funcionarios del referido Programa de Protección, le contestaron que "no tenían recursos" para custodiar a su hijo. Aún cuando les advirtió que el 1ro. de Abril, el mismo día que su declaración en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata fue publicada en el diario Clarín, un camión atropelló y arrastró por más de cien metros el auto donde iba su hija, hecho denunciado en la Fiscalía Federal de Mar del Plata.
Por ello desde JUSTICIA YA denunciamos las amenazas e intimidaciones a Carlos Petroni y su familia, y responsabilizamos al Gobierno Nacional por su seguridad, exigiendo que cumpla con su compromiso de protección a los testigos en causas donde se investigan delitos de lesa humanidad. A un año y medio de la desaparición forzada de Jorge Julio López, a más de un año del secuestro de Jerez y el reciente de Puthod, realizados desde la misma usina, con distintos brazos, pero con los mismos fines intimidatorios, este Gobierno no ha dado ningún paso para terminar con la impunidad de estos grupos. Exigimos también al gobierno nacional que desplace a los 9.000 policías bonaerenses que ingresaron a la fuerza durante la dictadura, como así también a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron del genocidio y a todos los grupos ocultos en algunas instituciones oficiales desde donde articulan amenazas, secuestros y desapariciones forzadas.
Agrupación Gremial Docente UBA (AGD), Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Asociación de Ex Detenidos – Desaparecidos (AEDD), Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Com. por los DDHH de Trenque Lauquen Pcia. Bs. As., Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA), Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad: integrantes del Espacio JusticiaYa Bs. As.
Juan Puthod es "soltado" gracias a la movilizacion social

COMPAÑERO DE ZARATE DESAPARECIDO

COMUNICADO DE PRENSA – URGENTE
Denunciamos la desaparición del compañero Juan Evaristo Puthod desde ayer martes 29 de abril por la tarde. Juan estuvo detenido-desaparecido en varios campos de concentración, entre otros los que funcionaron en el Tiro de Federal de Zárate y en el Hospital de Campo de Mayo, y posteriormente estuvo detenido a disposición de Poder Ejecutivo Nacional, durante 6 años.
Tiene 50 años, es un activo militante en defensa de los derechos humanos, titular de la Casa de la Memoria del partido de Zárate, y ayer fue visto por última vez cuando salía de esa entidad para dirigirse a la radio donde conduce un programa vinculado a las actividades de ese organismo. Además la Casa de la Memoria está organizando un acto que se realizará en pocos días en homenaje a los compañeros Pereyra Rossi y Cambiasso, secuestrados y desaparecidos por Patti.
Repudiamos esta gravísima situación, hacemos responsable al gobierno nacional y al gobierno provincial de su aparición con vida y en perfectas condiciones.
La única garantía para brindar seguridad a sobrevivientes, familiares, a todos aquellos compañeros involucrados en la lucha contra la impunidad, y al pueblo argentino todo, es que los genocidas no sigan caminando entre nosotros y estén en el lugar que les corresponde: la cárcel, común, efectiva y perpetua!
Exigimos la aparición con vida ya! de Juan Evaristo Puthod!
Exigimos la aparición con vida ya! de Julio López!
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos!
ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS
Contacto prensa: 15-4430-3569 / 15-3208-9786
Adhesiones: aedd@exdesaparecidos.org.ar y casapueblos@nodo50.org
Desapariciones en Mercedes Benz

En una conferencia de prensa, organizaciones de Derechos Humanos hicieron saber el estado de la causa que investiga las desapariciones de 14 obreros de la fábrica Mercedes Benz durante la última dictadura militar. Los organismos continúan exigiendo que se impute al entonces ministro de trabajo, Carlos Ruckauf y al Secretario General de SMATA, José Rodríguez, por su complicidad con el secuestro de los trabajadores.
La desaparición de catorce trabajadores de la ex fábrica Mercedes Benz en 1977 fue parte de un plan para desactivar y eliminar a la comisión interna de Mercedes Benz, de perfil combativa y opositora del todavía titular de SMATA, José Rodríguez. Los "beneficiarios" de ese exterminio deben rastrearse en la empresa, en SMATA y en el mismísimo ministerio de Trabajo del gobierno peronista comandado por Carlos Ruckauf, quien ordenó la aniquilación de los "elementos subversivos" en las fábricas. La complicidad de la conducción sindical queda evidenciada en las solicitadas, firmadas por su secretario general, en las que se exhortaba a no dejarse "engañar por la guerrilla fabril". La periodista alemana Gaby Weber resumió el plan criminal: "El horror de la dictadura en las fábricas fue para aumentar la productividad. Queremos que las violaciones a los Derechos Humanos se conviertan en un mal negocio".
Tal como hicieron saber las organizaciones de Derechos Humanos que participaron de la Conferencia de prensa, el fiscal Federico Delgado, que interviene en la causa, reconoce la complicidad de la empresa y SMATA como instituciones pero niega que existan los elementos objetivos requeridos para imputarlos aún por "asociación ilícita".
Sin embargo, hay elementos que parecen hablar por sí solos. En la causa aparece acreditado el pago mensual que recibía el sindicato por parte de la Mercedes Benz. Casualmente o no, la empresa realizó un pago días después del secuestro de dos de los delegados de la combativa comisión interna que funcionaba en la fábrica. Una vez más, volvieron a reclamar que se investiguen las cuentas en el exterior de Ruckauf y Rodríguez, de quien fue su primer defensor en esta causa el hoy Procurador General de la Nación, Esteban Righi.
Por su parte, la causa por la desaparición de los catorce obreros se instruye en los Tribunales de San Martín. El juez Daniel Rafecas se había declarado incompetente. Sin embargo, los organismos criticaron su decisión ya que la competencia judicial no queda reducida únicamente a los crímenes cometidos en Campo de Mayo ya que tres de los trabajadores no fueron vistos en ese campo de exterminio. "Vamos a dejar a por lo menos tres personas sin justicia", enfatizaron.
Represión a los trabajadores
La abogada Myriam Bregman, de Justicia YA!, relacionó la represión desatada en la Mercedes Benz durante la dictadura con la que padecieron días atrás los trabajadores de la textil Mafissa.
"Para nosotros esto no es una cosa del pasado. Este 18 de abril desalojaron la fábrica Mafissa, que tiene ocho asesinados por la Triple A en sus puertas y 15 desaparecidos durante la dictadura militar. Y ahora, los mismos empresarios que escribían libros elogiando a Jorge Rafael Videla vuelven a atacar a sus trabajadores", denunció Bregman en alusión a Jorge Curi (padre), fiel defensor del genocidio perpetrado en la Argentina.
La integrante del colectivo Justicia YA! tejió la unión entre la policía bonaerense como la fuerza encargada de la represión a los obreros de la planta de la Plata y como la fuerza separada de la investigación por la desaparición de Jorge Julio López. "Lamentablemente la separaron de esa causa pero la mandaron a reprimir Mafissa". Además, agregó: "Tenemos que denunciar esa represión que dejó 18 personas detenidas durante el fin de semana y que hoy siguen
Isabel Perón declara ante la justicia española por pedidos de extradición


Isabel Perón declaró ante la Justicia española por los pedidos de extradición La ex presidenta compareció durante aproximadamente una hora en el marco de la causa por los crímenes de la "Triple A" y por su presunta responsabilidad de dos desapariciones. El dictamen de la Audiencia Nacional podría conocerse en las próximas horas, aunque el plazo que tiene el cuerpo para emitir un veredicto es de una semana.
La ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón acudió este lunes a la Audiencia Nacional de España, en el marco del proceso abierto por el pedido de extradición de la justicia argentina por su presunta implicación en los crímenes cometidos por la Triple A y por dos desapariciones. La audiencia que se llevó a cabo tenía como objetivo la exposición por parte de la fiscalía y la defensa de sus respetivos argumentos a favor y en contra de la extradición a Argentina de la viuda del general Juan Domingo Perón, indicaron a Télam fuentes judiciales. La ex mandataria (1973-1976), quien permaneció aproximadamente una hora en el tribunal ubicado en la calle Génova de Madrid, estuvo acompañada por su letrado, Antonio Hierro Echeverría, y al salir no quiso hacer declaraciones.
¿La conociste?


Hola.
Mi nombre es Belén, estoy buscando cualquier tipo de información sobre mi mamá Elizabeth Graciela Sánchez, “Bettina” para todos. Desaparecida el 9 de marzo de 1977 en la Ciudad de La Plata, a los 20 años. Vivía con su esposo, sus padres y su bebe de dos meses en la esquina de 58 y 11. No hay información de su paso por ningún CCD hasta donde yo sé.
Era Estudiante de Medicina en la UNLP y egresada de Liceo Víctor Mercante. La única información que poseo es de la militancia en la UES en La Plata y posiblemente también en la JUP. Hacía trabajo comunitario en la villas mise
ria de los alrededores de la Ciudad de La Plata.Agrego algunas fotos, si algún ex militante de la UES (entre el 71 y el 74) o de la JUP de La Plata la conoció y la recuerda, si pudiera contarme algo. Me serviría cualquier cosa: un recuerdo, una historia, lo que sea. Casi no he podido tener contacto con nadie que la conociera, ninguno de sus compañeros de militancia. Y no se tampoco bien por donde buscar.
Muchísimas gracias! mbelengil@yahoo.com.ar
Marie Monique Robin, periodista francesa y testigo en una causa en Corrientes

COMUNICADO DE PRENSA de la AEDD; Casapueblos

1- Todo nuestro apoyo y solidaridad con María Eugenia, que lucha por ver a los genocidas tras las rejas, y tuvo la valentía, la claridad y la firmeza de llevar adelante un juicio contra sus apropiadores y el genocida que la hicieron desaparecer durante más de 20 años.
2- Repudiamos la condena emitida por el TOF 5 y a los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, que en juicios contra otros genocidas –el Turco Julián, Febres- ya han dado sobradas muestras de cual es la política que van a llevar adelante con este tipo de causas.
3- El secuestro y desaparición de niños, los nacimientos en cautiverio en campos de concentración, las apropiaciones de los niños arrancados del lado de sus padres, fueron una práctica sistemática durante la última dictadura militar, y son parte de las prácticas sociales genocidas que llevó adelante el estado terrorista argentino durante las décadas del 70 y 80.
Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices, son una de las cuentas pendientes más perversas que vivimos hoy en día como producto del genocidio. 88 de ellos ya recuperaron su identidad, pero siguen viviendo con su identidad cambiada y desaparecida, más de 400.
Hoy, la política oficial solo impulsa que aquellos jóvenes que duden de sus orígenes, se hagan una prueba genética, y una vez más las víctimas deben hacerse cargo de lo que es responsabilidad del Estado y del gobierno.
Y cuando un caso llega a juicio, como el impulsado por María Eugenia, la condena para quienes llevaron adelante semejante práctica genocida es irrisoria!
Exigimos juicio y castigo a todos los genocidas! Condena por todos los compañeros!
Exigimos juicio y castigo a los responsables, a los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes!
Exigimos la apertura de los archivos secretos para conocer el destino de todos y cada uno de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos y muy especialmente, para que sus hijos apropiados puedan recuperar su historia!
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTES!
Aparición con vida ya! de Julio López
ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS - Casapueblos - Campaña de apoyo a Juicios
La impunidad se continua con la extradicion de Cavallo
Si bien se ha caratulado la entrega como temporaria, es tan ingenuo como dudoso pensar que el juez Sergio Torres, a quien tanto le preocupan las críticas por sus polémicas actuaciones, podría ser esta medida de extradicion s “temporaria” y puede estar condicionada a los avances de la causa en el país.
Después de siete años de instruir el proceso, adjuntar las pruebas y testimonios, el juez Guevara de la Audiencia Nacional desestimó absolutamente el trabajo realizado contra los crimenes de lesa humanidad cometidos por este represor, obvió el principio de jurisdicción universal permite juzgar a los represores en el país en que mejores condiciones existan, y en juego con su par Torres, se le ha solventado por medio de todod los contribuyentes un viaje a un genocida, y a sus escoltas.
De una a otra orilla la impunidad se continúa como un fenómeno natural despúes de "tantos años" y por arbitrariedades judiciales que afrentan una vez más a las vícitimas del genocidio en Argentina.
Que causalidad que la medida del juez Torres coincide con los deseos del propio Cavallo, cuyos abogados dijeron que luchó “siete años” para “ser juzgado (¿?)
AEDD - CASAPUEBLOS
El jefe de Triple A "estresado" por el viaje

Crimenes de lesa humanidad los cometidos por la Triple A

Valiente muchacha....

Muere el enfermero-torturador de la ESMA
En el 2003 Barrionuevo se presentó a las elecciones provinciales en la provincia sureña, y resulto electo por el Partido Justicialista. Pero ese mismo año, Victor Basterra, que estuvo secuestrado en la ESMA, lo reconoció en las calles de Ushuaia y lo identificó como el enfermero que asistía al médico Carlos Octavio Capdevilla en las sesiones de tortura de la ESMA.. También se sumaron en la identificación los ex detenidos Carlos Lordkipanidse y Carlos Díaz, quienes sumaron su denuncia, medio por el cuál finalmente, se impidió que dicho represor pudiera asumir el cargo.
En 2004 el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 12, comenzó a investigar a Barrionuevo, ordenó su detención y luego lo excarceló. A partir de allí Barrionuevo se mudó a Mendoza y se alojó en la vivienda de un familiar, donde el miércoles 27 de febrero murió por el cáncer terminal que lo afectaba.
Victor Basterra lo "escracha en Ushuaia" “ Vine a Ushuaia a corroborar que existía una persona con las características y un apelativo de uno de los integrantes del grupo de tareas de la ESMA. Ese grupo se caracterizaba por secuestrar, torturar, mantener en cautiverio y finalmente eliminar mediante distintos métodos a los prisioneros. El dato que ten
ía es que esta persona vivía aquí desde hace mucho tiempo y que mantenía el apodo de “Jeringa”.- ¿Y lo reconoció por la calle?- Sí, en última instancia si, durante la filmación que realizó Punto Doc. Yo fui secuestrado en 1979 junto con mi compañera y mi hija de dos años y diez meses. Fui trasladado a la casa de oficiales de la ESMA y sometido a tortura durante mucho tiempo. Tiempo después comencé a escuchar a una persona que apodaban “Jeringa”. Venía siempre a los gritos, humillando a las mujeres. Una vez me tiró un balde agua helada en el cuerpo, en invierno, luego de que yo supliqué por agua porque hacía tres días que no me daban ni una gota. Le decían “Jeringa” porque era el enfermero que recomponía físicamente a las personas para que siguieran torturándolas. Primero lo identificaba por la voz, pero con el paso del tiempo pude verle la cara. No tengo dudas de que es el mismo que vi ahora.- ¿No tiene dudas?- Ninguna, yo soy fotógrafo desde hace años. Tengo el ojo entrenado y además soy muy fisonomista. No me queda duda, además del tema de la voz, que considero una base identificatoria muy fuerte.Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo (Mario Benedetti)
Los suicidios contagiosos.
Sin haberse realizado la autopsia correspondiente, los datos que han trascendido es que se trataría de un “hecho suicida”. El ex teniente coronel vivía con su esposa y un hijo, y una hija reside en la ciudad de Jesús María. "Este señor tenía el hábito de salir a caminar todas las mad
rugadas por la zona" donde fue encontrado, manifestó la policía provincial. Navone, de 65 años, debía presentarse a declarar en los tribunales federales de Paraná, dentro del marco de la causa que se investiga el robo de dos bebés en el hospital militar local y por la sustitución de sus identidades.
El militar había presentado un certificado médico y consecuentemente se había dispuesto que sea indagado ante la justicia local en los primeros días de marzo. Se esperaba que con su declaración aporte datos sobre el destino de los hijos mellizos de Raquel Negro, una mujer desaparecida y que dio a luz entre febrero y marzo de 1978 en el hospital militar de Paraná. Los chicos que se buscan son hijos del dirigente montonero, también desaparecido, Tulio ‘Tucho’ Valenzuela.
Harguindeguy detenido por delitos de secuestro extorsivo

Quien fuera ministro del Interior de la dictadura militar llegó a los tribunales escoltado por efectivos del Ejército.
Golpista nombrado alto cargo en Trenque Lauquen
Habiendo sido informados por la Comisión por los DDHH de la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, integrante del espacio JusticiaYa!, de la designación de Roy Cornejo Córdoba como Director de Contralor General en el Municipio de esa ciudad, los abajo firmantes repudiamos dicho nombramiento y exigimos al señor Intendente Dr. Jorge Barracchia que revea tal designación teniendo en cuenta que Cornejo Córdoba formó parte del levantamiento militar carapintada de 1987 cuyo resultado fue la sanción de la ley de Obediencia Debida que brindó impunidad total a los genocidas durante casi 20 años y que fue anulada gracias a la lucha inclaudicable del pueblo todo encabezado por los organismos de derechos humanos.
Asociación Anahí
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos
Asociación de Abogados en Lucha (APEL)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina
FIDELA
Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE)
Liberpueblo
Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH)
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Enviar adhesiones a:
aedd@exdesaparecidos.org.ar
ddhhtlauquen@hotmail.com
En la Argentina de los museos de los derechos humanos: genocidas de vacaciones y otros casos, después de 30 años, algunos jueces inician su trabajo.









