Causa “Pozo de Banfield”
Una instrucción pobre, con un represor prófugo
Confirmando la caracterización de los juicios a los genocidas que las organizaciones de DDHH independientes venimos haciendo, que son tardíos, fragmentados y estirados indefinidamente, en abril pasado el Juez Arnaldo “No Puedo” Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. El resto de los casos, como siempre, quedará para inciertos próximos juicios.
El Pozo
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield. Es importante destacar que este CCD registra detenidos ilegales desde el año 1974, ya que allí fueron alojados una decena de compañeros secuestrados y torturados por la Triple A, y que posteriormente fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso allí fue asesinado en la tortura el 17 de noviembre de 1974 Víctor Taboada, cuyo caso marcó los inicios de la mecánica del Terror de Estado en la década del ‘70.
A partir de 1976 el “Pozo” dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 del Ejército Argentino (La Tablada). Dos de los últimos secuestrados que estuvieron desaparecidos en Banfield fueron Adriana Chamorro y Eduardo Atilio Corro que relataron el proceso de desmantelamiento del lugar en octubre de 1978. Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos. Y los organismos contabilizaron más de 200 represores vinculados a su funcionamiento.
Una de las características específicas del “Pozo de Banfield” fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78.Otra marca distintivas del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD. Martín Ogando, Paula Logares y Victoria Moyano son algunos de los niños apropiados desde este lugar de muerte.
La Causa
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por HIJOS, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 2000 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. Fue sugestiva la imputación de Wolk, alias “El Patón" o "El Alemán”, quien fue uno de los jefes del Pozo de Banfield, porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que lo reconoció en la calle, a partir de lo cual se determinó que vivía en el barrio marplatense de Punta Mogotes y seguía cobrando su jubilación, se lo pudo imputar en la causa. Pese a ello, la indagatoria a Wolk se realizó sin avisar a las querellas y se lo liberó por las famosas “razones de edad y salud”.
En septiembre de 2011, con Corazza de vacaciones se reiteró infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo pasado, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en causas que se investigan en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Corazza. Anteriormente, el colectivo había solicitado varios pedidos de indagatoria de alrededor 200 represores que actuaron en el Pozo de Banfield por los delitos cometidos contra más de 300 víctimas y que se describen en el Trabajo de Recopilación de Datos sobre ese campo realizado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. La insistencia peticionaba la INMEDIATA DETENCIÓN E INDAGATORIA de todos los responsables, desde el entonces dictador Jorge Rafael Videla, hasta los comisarios, oficiales, suboficiales y agentes que se desempeñaron en el Pozo de Banfield y en el Pozo de Quilmes, cuyos nombres, apellidos y números de legajos entregaron al juez hacía ya 4 años.
La compañera de Justicia Ya! Irene Ipolitto, que persiguió a Corazza durante años para que instruyera la causa como debiera hacer, reflexiona que “indudablemente hay una decisión política de no avanzar más que las viejas cadenas de mando y seguir argumentando, tomando como base lo que dice el código, que si no hay compañeros que hayan visto a los represores en los campos no los vana acusar. Creemos que a esta altura esas son excusas, y que exigir eso de los compañeros es no haber entendido nada de cómo funcionó la represión en el Circuito Camps: que los compañeros estuvieron todo el tiempo tabicados y que, por supuesto, los represores no aparecían mostrando la cédula y diciendo ‘yo soy fulano de tal’. Esos argumentos no se sostienen más”.
Un mes después de esto, el 24 de abril de este año, Corazza se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°II de La Plata para realizar el juicio.
Las Excusas
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia.
En resumen serán serán 7 represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos ( ), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario. Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (policía, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas en el que será uno de los juicios de 2013 en La Plata son 134, entre ellas las apropiaciones del hijo de Gabriela Carriquiborde, de Carlos D´Elia Casco, María Lavalle Lemos, Victoria Moyano Artigas y Martín Ogando Montesano.
El tribunal asignado, integrado por Nelson Jarazzo, Alejandro Esmoris y Jorge Micheli, no garantiza ninguna esperanza, si tenemos en cuenta que en agosto de 2009 Jarazzo y Esmoris protagonizaron una cachetada judicial en el proceso desarrollado en Mar del Plata por el caso del secuestro y desaparición de Carlos Labolita. En un juicio parcial y fragmentado en el que se juzgaba tan solo a 2 represores (el general Pedro Mansilla y el Coronel Alejandro Duret) la sentencia del Tribunal ratificó un criterio con el que muchos jueces federales afrontan los juicios a los genocidas: la condena a cárcel perpetua pero domiciliaria en el caso de Mansilla y la absolución lisa y llana de Alejandro Duret pese a tener todas las pruebas a disposición para condenarlo. Esto marcó un precedente muy grave. Duret fue jefe y responsable de inteligencia del Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul en 1976 y fue señalado por la viuda de Labolita como integrante del grupo de tareas que secuestró a Labolita y que volvió a allanar la casa de la familia cinco días después del secuestro, llevando consigo al militante secuestrado con signos de tortura. Aun así los camaristas Jarazo y Esmoris consideraron insuficientes estas irrefutables pruebas y con ello pusieron en duda el valor del testimonio de los sobrevivientes y testigos.
Recién el 10/04/2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia, cosa que publicó en el sitio oficial de Internet C.I.J en la misma fecha. Lentamente, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez Arnaldo Corazza ordena su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el día 3 de mayo que la hija (que es policía) denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata ese mismo 27 de abril.
HOY WOLK ESTA PROFUGO. SIN NINGÚN REGISTRO, SIN NINGUNA EXPLICACION, EXCEPTO LA DE LA IMPUNIDAD Y LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA.
En esta causa, como en varias más, la justicia llegará tarde y a cuentagotas. Pero por la memoria de Adriana Calvo y Virginia Ogando, querellantes en la causa que no llegarán a ver el juicio, estaremos allí para exigir Juicio y Castigo a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
HIJOS LA PLATA
www.hijosprensa.blogspot.com
www.hijoslalucha.blogspot.com
hijos_laplata@yahoo.com.ar
Una instrucción pobre, con un represor prófugo
Confirmando la caracterización de los juicios a los genocidas que las organizaciones de DDHH independientes venimos haciendo, que son tardíos, fragmentados y estirados indefinidamente, en abril pasado el Juez Arnaldo “No Puedo” Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. El resto de los casos, como siempre, quedará para inciertos próximos juicios.
El Pozo
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield. Es importante destacar que este CCD registra detenidos ilegales desde el año 1974, ya que allí fueron alojados una decena de compañeros secuestrados y torturados por la Triple A, y que posteriormente fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso allí fue asesinado en la tortura el 17 de noviembre de 1974 Víctor Taboada, cuyo caso marcó los inicios de la mecánica del Terror de Estado en la década del ‘70.
A partir de 1976 el “Pozo” dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3 del Ejército Argentino (La Tablada). Dos de los últimos secuestrados que estuvieron desaparecidos en Banfield fueron Adriana Chamorro y Eduardo Atilio Corro que relataron el proceso de desmantelamiento del lugar en octubre de 1978. Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos. Y los organismos contabilizaron más de 200 represores vinculados a su funcionamiento.
Una de las características específicas del “Pozo de Banfield” fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78.Otra marca distintivas del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD. Martín Ogando, Paula Logares y Victoria Moyano son algunos de los niños apropiados desde este lugar de muerte.
La Causa
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por HIJOS, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 2000 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. Fue sugestiva la imputación de Wolk, alias “El Patón" o "El Alemán”, quien fue uno de los jefes del Pozo de Banfield, porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que lo reconoció en la calle, a partir de lo cual se determinó que vivía en el barrio marplatense de Punta Mogotes y seguía cobrando su jubilación, se lo pudo imputar en la causa. Pese a ello, la indagatoria a Wolk se realizó sin avisar a las querellas y se lo liberó por las famosas “razones de edad y salud”.
En septiembre de 2011, con Corazza de vacaciones se reiteró infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo pasado, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en causas que se investigan en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Corazza. Anteriormente, el colectivo había solicitado varios pedidos de indagatoria de alrededor 200 represores que actuaron en el Pozo de Banfield por los delitos cometidos contra más de 300 víctimas y que se describen en el Trabajo de Recopilación de Datos sobre ese campo realizado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. La insistencia peticionaba la INMEDIATA DETENCIÓN E INDAGATORIA de todos los responsables, desde el entonces dictador Jorge Rafael Videla, hasta los comisarios, oficiales, suboficiales y agentes que se desempeñaron en el Pozo de Banfield y en el Pozo de Quilmes, cuyos nombres, apellidos y números de legajos entregaron al juez hacía ya 4 años.
La compañera de Justicia Ya! Irene Ipolitto, que persiguió a Corazza durante años para que instruyera la causa como debiera hacer, reflexiona que “indudablemente hay una decisión política de no avanzar más que las viejas cadenas de mando y seguir argumentando, tomando como base lo que dice el código, que si no hay compañeros que hayan visto a los represores en los campos no los vana acusar. Creemos que a esta altura esas son excusas, y que exigir eso de los compañeros es no haber entendido nada de cómo funcionó la represión en el Circuito Camps: que los compañeros estuvieron todo el tiempo tabicados y que, por supuesto, los represores no aparecían mostrando la cédula y diciendo ‘yo soy fulano de tal’. Esos argumentos no se sostienen más”.
Un mes después de esto, el 24 de abril de este año, Corazza se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°II de La Plata para realizar el juicio.
Las Excusas
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia.
En resumen serán serán 7 represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos ( ), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario. Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (policía, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas en el que será uno de los juicios de 2013 en La Plata son 134, entre ellas las apropiaciones del hijo de Gabriela Carriquiborde, de Carlos D´Elia Casco, María Lavalle Lemos, Victoria Moyano Artigas y Martín Ogando Montesano.
El tribunal asignado, integrado por Nelson Jarazzo, Alejandro Esmoris y Jorge Micheli, no garantiza ninguna esperanza, si tenemos en cuenta que en agosto de 2009 Jarazzo y Esmoris protagonizaron una cachetada judicial en el proceso desarrollado en Mar del Plata por el caso del secuestro y desaparición de Carlos Labolita. En un juicio parcial y fragmentado en el que se juzgaba tan solo a 2 represores (el general Pedro Mansilla y el Coronel Alejandro Duret) la sentencia del Tribunal ratificó un criterio con el que muchos jueces federales afrontan los juicios a los genocidas: la condena a cárcel perpetua pero domiciliaria en el caso de Mansilla y la absolución lisa y llana de Alejandro Duret pese a tener todas las pruebas a disposición para condenarlo. Esto marcó un precedente muy grave. Duret fue jefe y responsable de inteligencia del Grupo de Artillería Blindada 1 de Azul en 1976 y fue señalado por la viuda de Labolita como integrante del grupo de tareas que secuestró a Labolita y que volvió a allanar la casa de la familia cinco días después del secuestro, llevando consigo al militante secuestrado con signos de tortura. Aun así los camaristas Jarazo y Esmoris consideraron insuficientes estas irrefutables pruebas y con ello pusieron en duda el valor del testimonio de los sobrevivientes y testigos.
Recién el 10/04/2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia, cosa que publicó en el sitio oficial de Internet C.I.J en la misma fecha. Lentamente, la causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez Arnaldo Corazza ordena su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el día 3 de mayo que la hija (que es policía) denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata ese mismo 27 de abril.
HOY WOLK ESTA PROFUGO. SIN NINGÚN REGISTRO, SIN NINGUNA EXPLICACION, EXCEPTO LA DE LA IMPUNIDAD Y LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA.
En esta causa, como en varias más, la justicia llegará tarde y a cuentagotas. Pero por la memoria de Adriana Calvo y Virginia Ogando, querellantes en la causa que no llegarán a ver el juicio, estaremos allí para exigir Juicio y Castigo a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
HIJOS LA PLATA
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