SE EJECUTA EL SEGUNDO PLAN DE IMPUNIDAD

Comunicado - JUSTICIA YA

En el día de la fecha se anunció un fallo de la Cámara de Casación Penal que deja en libertad a varios de los represores de la Esma, entre otros a Astiz y el “tigre” Acosta.

Vemos que al primer plan de impunidad generado por las leyes de punto final y obediencia debida, le siguió el secuestro de testigos y querellantes, como a Jorge Julio López en que hoy se cumplen 27 meses de su secuestro.

Luego, con la connivencia del Poder Judicial, se desmembraron las causas, se elevaron a juicio oral por tramos y sólo han sido condenados unos pocos genocidas algunos de los cuales esperan la confirmación del fallo en libertad.

Esta sentencia viene a consolidar el segundo plan de impunidad a favor de los genocidas, que entrarán libres al juicio, si es que algún día se realiza, y muchos morirán inocentes antes de que el fallo sea confirmado por la Cámara de Casación.

Denunciamos al Juez Torres, porque solo procesó a estos represores por un número ínfimo de delitos y se negó sistemáticamente a los pedidos de Justicia YA! de que amplíe esos procesamientos. Exigimos que los cite inmediatamente a ampliación de indagatoria y los procese por los delitos por los que ya está en condiciones de indagarlos, evitando así que queden en libertad.

Denunciamos al fiscal Taiano porque 5 años después de reabierta la causa todavía no ha tenido tiempo de enterarse que tiene pruebas suficientes para informarle al juez que otras 170 personas también estuvieron secuestradas en la ESMA.

Denunciamos a la Cámara de Casación porque una vez más falla a favor de los genocidas
Denunciamos al Gobierno porque que no ha tomado una sola medida para impedir esta situación, llegando sus representantes en el Consejo de la Magistratura a rechazar los pedidos de juicio político que promovimos desde Justicia Ya contra los jueces responsables de esta situación.

Esta resolución pone en peligro toda la construcción realizada por las víctimas, los organismos defensores de los derechos humanos y organizaciones populares para obtener juicio y castigo a los responsables del genocidio y de los delitos más graves que ofendieron a la humanidad, situación que venimos denunciando desde la reapertura de las causas.

18 de diciembre de 2008


SE PRETENDE EXCLUIR A JUSTICIA YA! DE LAS CAUSAS CONTRA LOS GENOCIDAS*

La Sala II de la Cámara de Casación, el TOF 5 y los defensores oficiales quieren dejar afuera de los próximos juicios contra los genocidas a organismos de derechos humanos y a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas.
Los defensores oficiales, tanto en la causa *Comisaría 5ta*. de La Plata como en la causa *ESMA*, *han solicitado que se desconozca el derecho de los organismos de derechos humanos y de distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas a ser querellantes*. El juez Corazza en La Plata rechazó la pretensión, pero la Sala II de la Cámara de Casación fijó criterios que dan la razón a los defensores de los marinos aunque por cuestiones de forma desestima -por ahora- el pedido.

*A su vez el TOF 5 ignora el derecho del colectivo Justicia Ya! integrado por 27 organizaciones, a tener voz en los juicios orales a los represores de la dictadura militar, a través de una cabeza de querella propia.
*El 16 de octubre de este año la Sala II de Casación, integrada por los jueces Gustavo Mitchell, Luis M. García y Guillermo Yacobucci, dictó un fallo donde se pronuncia respecto de la legitimidad del caracter de querellantes de organismos tales como la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; la Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el Comité de Acción Jurídica y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En la resolución establece que para ser tomada como parte, *el estatuto de la organización debe habilitarla expresamente para querellar* y además, *debe tener* *poder para hacerlo otorgado por alguno de sus miembros que sea víctima directa de los hechos investigados*.

De esta manera, los jueces de Casación pretenden desestimar el interés colectivo que tienen estos juicios, en tanto se investigan delitos que ofenden a la humanidad toda; además de pretender impedir el accionar de las organizaciones por su propio derecho en las causas para -en el mejor de los casos en que alguno de los miembros sea víctima directa- transformarlas en meras intermediarias entre esa víctima y el abogado.

Este fallo -que desoye importante jurisprudencia en contrario- ya fue esgrimido por la misma Sala II y por el TOF 5 para rechazar los recursos presentados por el colectivo Justicia Ya! reclamando por su derecho a contar con una cabeza de querella propia que le permita actuar en los debates orales con sus abogados.

El TOF 5, tribunal oral de Capital Federal que entiende en las mega-causas ESMA y Primer Cuerpo, ha decidido que sólo dos víctimas directas intervengan en forma plena en el debate a través de sus abogados y que éstos representen a todos los demás querellantes. De esta forma ya ha dejado de lado la representación colectiva, encarnada por las organizaciones, en los últimos 7 juicios elevados a la etapa oral: 4 de la causa ESMA y 3 de la causa Primer Cuerpo.

El reclamo de Justicia YA! está en la Corte Suprema de Justicia. Se solicitó una audiencia, ya que entienden que se está discriminando y excluyendo de las causas al más importante colectivo de querellantes organizados del país que sostiene desde su creación, que *la búsqueda de justicia, de verdad y de memoria no es un acto individual, es una lucha colectiva*.

30 de noviembre de 2008
Justicia YA!

Justicia YA! está integrado por:

Asociación Anahí; Asociación de Abogados Laboralistas, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Prov. de Bs. As.; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina; Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista; Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Familiares de Desaparecidos, La Plata; Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); HIJOS La Plata; HIJOS Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los
Derechos del Hombre (LADH); Madres de Plaza de Mayo, La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata; Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
En el exterior : Casapueblos (Madrid) - Campaña de Apoyo a los juicios contra los genocidas (España)

Condena incompleta para Aeronáutica

El Tribunal Oral 5 dictó la máxima pena para el coronel retirado Alberto Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, mientras que los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes recibieron 25 años de cárcel, por los secuestros, torturas y desapariciones en ese centro clandestino que funcionó en Morón desde el 24 de marzo de 1976 hasta igual fecha de 1978 y adonde iban a parar personas secuestradas en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

No obstante, ninguno de los tres torturadores irá preso en forma inmediata: los magistrados decidieron mantener la misma situación procesal de los condenados durante el juicio de manera que Comes y Mariani continuarán excarcelados y Barda, con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.

Fuentes judiciales que tras la lectura completa del fallo, el miércoles próximo, la querella apelaría esta medida para que la cárcel se haga efectiva.

Los jueces del Tribunal Oral 5, que llevan adelante el caso, dieron a conocer la sentencia minutos antes de las 19. Aunque la Corte Suprema de Justicia ordenó que las lecturas de los fallos sean difundidas por radio y televisión, las únicas cámaras autorizadas a ingresar a la sala al momento de la lectura de la sentencia, fueron las cámaras del mismo Tribunal.

El titular del TOF5, Guillermo Gordo, leyó las condenas a las que adhirió en disidencia parcial y amenazó dos veces con desalojar la sala, ante las primeras exclamaciones de algarabía de los presentes que celebraron la condena de los genocidas.

Barda fue condenado a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por ser coautor responsable de los delitos de “privación de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado”, según leyó el magistrado en relación a los crímenes de Analía Delfina Magliaro y del abogado laboralista Jorge Candeloro, ocurridos en el centro clandestino "La Cueva", que funcionó dentro del GADA que él comandaba, a la entrada de Mar del Plata y sobre la ruta 2.

En tanto Mariani y Comes deberán cumplir una pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que proceda por ser responsables de los delitos de privación de la libertad e imposición de tormentos agravados y reiterados, en el segundo caso.

En las puertas del TOF5, militantes de derechos humanos se concentraban para conocer el fallo que condena, por primera vez, a dos integrantes de la Fuerza Aérea por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

APELACIÓN A LA EXCARCELACIÓN. Pese a que la querella había pedido prisión perpetua para Barda y 50 años para Comes y Mariani y el fallo de los jueces dictaminó 25 años para los dos últimos, los abogados del colectivo de organizaciones de derechos humanos Justicia Ya!, que representaron a las víctimas, van a apelar la situación procesal que los mantiene excarcelados y con prisión domiciliaria, en el caso de Barda.
"El riesgo de profugarse es inminente", una de las abogadas Justiucia Ya!, Liliana Mazea. "Nosotros entendemos que corresponde cambiar la situación procesal porque además de profugarse, pueden alterar la investigación que lleva adelante el juez Daniel Rafecas , en la que también están implicados", agregó.

Rafecas sigue un circuito represivo que además de la Mansión Seré, incluye varios centros clandestinos instalados en la zona en los que también estarían implicados los genocidas condenados hoy. "El Tribunal aplicó la legislación anterior y no entendió que la desaparición de Brit es un delito permanente y que se debe aplicar la sumatoria de delitos en base a la pena mayor que en este caso, da 50 años que es lo que pedimos", explicó, pero señaló que de todas formas "el único reproche es la excarcelación y la domiciliaria".

NO SABIA, NO FUI: NO LES CREYERON. Unas horas antes de que el juez Gordo pidiera un cuarto intermedio para dictaminar la sentencia, Mariani y Comes, ex jefes de las bases aéreas de El Palomar y Morón, respectivamente, y ex jefes del grupo de tareas 100 de la represión ilegal de la dictadura, hicieron uso del derecho a pronunciar sus palabras previas al veredicto y se declararon inocentes.

En cambio el coronel retirado Barda, ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea (GADA) de Mar del Plata, optó por el silencio.

“No cometí, no ordené, no prohijé, no consentí ninguno de los hechos" acaecidos en Mansión Seré”, dijo Mariani y agregó: “No quisiera estar en el lugar de los que han perdido algún ser querido".

El ex aeronauta recordó que "como jefe del grupo de tareas 100 no tuve la sensación de participar de una guerra" y señaló que sus superiores de la fuerza lo habían elegido a él para que rinda cuentas ante la Justicia, según su opinión, porque iba a resultar absuelto.

Por su parte Comes, aseguró que nunca tuvo conocimiento de lo ocurrido en el interior de Mansión Seré, “lugar al que jamás fui porque nunca estuvo bajo mi cargo", y comentó que se enteró de que allí funcionaba un centro de reclusión de secuestrados y torturas "seis años después de mi retiro, cuando lo enjuiciaron al brigadier (Orlando) Agosti en el juicio a las Juntas Militares".

Los jueces no les creyeron y condenaron al trío de ex militares a prisión perpetua y a 25 años de cárcel como había pedido el fiscal Félix Crous, la mitad de los 50 años de reclusión que solicitaron los querellantes representados por los abogados del colectivo "Justicia Ya" de defensa de los Derechos Humanos.

La Mansión Seré es uno de los centros de detención clandestina y torturas emblemático de la última dictadura militar. Una de las historias más conocidas vinculadas a ese lugar fue la fuga de los prisioneros Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Daniel Russomano, y Carlos García, quienes lograron escapar esposados y desnudos, en plena noche del 24 de marzo de 1978 y bajo la lluvia.

Videla fue trasladado a una cárcel común


Después de diez años de estar detenido en su casa, el juez Oyarbide decidió que el dictador cumpla su condena por robo de bebés en la unidad 34 del Servicio Penitenciario, ubicada en Campo de Mayo.

A los 83 años cumplidos en agosto pasado, Jorge Rafael Videla perdió este viernes el privilegio que se le concede a los criminales ancianos cuando una orden judicial originada a raíz de reclamos de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y de la Secretaría de Derechos Humanos lo sacó de la prisión preventiva domiciliaria y lo mandó a la unidad penal de Campo de Mayo.

Pese a encontrarse dentro de la mayor unidad militar del país, no se trata de una prisión castrense sino bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, es decir que se trata de una cárcel común, tal como reclamaban desde siempre los organismos de derechos humanos y algunas áreas del propio Gobierno. El magistrado consideró que la Unidad Penitenciaria 34 del SPF, ubicada en el predio de Campo de Mayo, "cuenta con el equipamiento, infraestructura y personal necesario" para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir el imputado.

Videla perdió el estado militar en 1985, con la condena a reclusión perpetua del Juicio a los Comandantes que encabezaron el golpe que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

Indultado en 1990 por Carlos Menem, el 10 de junio de 1998 volvió a la cárcel de Villa Devoto cuando el entonces juez de San Isidro, Jorge Marquevich, lo procesó por delitos que había sido expresamente excluidos de los beneficios de las Leyes del Perdón de 198687: la sustracción de bebés a padres en cautiverio y la entrega a gente vinculada a los represores.

La causa, promovida por un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, fue unificada luego en el Juzgado Federal 7 porteño, cuyo despacho atiende interinamente el juez federal Norberto Oyarbide luego de que Guillermo Montenegro lo dejara para hacerse cargo del área de seguridad capitalina.

En agosto pasado, las Abuelas encabezadas por su fundadora, Chicha Mariani, reclamaron ante este juzgado por el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y pidieron el traslado del ex dictador a una cárcel común.

Idéntica instrucción había dado a los abogados de su cartera, para que tramitaran en los juzgados, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos luego de la muerte por envenenamiento dentro de una unidad de la Prefectura del retirado Héctor Febres, horas antes de recibir condena judicial.

Videla afronta ahora, además de esta causa comúnmente conocida como "robo de bebés", otras causas que recobraron vida luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Entre estas figuran la abierta por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, obligados a firmar en cautiverio y tras ser torturados un convenio con una firma de Hong Kong, en el que estaba interesado el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Junto a su compañero de cacerías en Sudáfrica, entonces ministro del interior Albano Harguindeguy, los dos ministros de Videla están ahora procesados por Oyarbide, que también en esta causa envió al ex dictador a cárcel común a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.

La tercera de las causas penales que afronta Videla es la denominada "Plan Cóndor", que investigó la cooperación represiva entre las fuerzas armadas de la región para intercambiar detenidos ilegales, informaciones y operativos represivos.

En esta causa que fue esta elevada a juicio oral y público, ya están procesados decenas de altos jerarcas militares de la dictadura, entre ellos los generales Cristino Nicolaides, Domingo Bussi, Genaro Díaz Bessone, Santiago Riveros Ernesto Alais, Eugenio Guañabens Perelló, Juan Pablo Sáa, Carlos Landoni, Eduardo De Lío, Carlos Tragant y Leopoldo Flores.

De todos los juicios que deberá afrontar aun Videla, la de mayor envergadura es la denominada "Primer Cuerpo de Ejercito", que centraliza el juez federal 3, Daniel Rafecas, a incluye miles de hechos criminales ocurridos en esa gran unidad durante el terrorismo de Estado.

Uno de los juicios que en estos días está llegando a su fin en el Tribunal Oral de Federal 5, el juzgamiento de dos brigadieres y un coronel que comandaron los centros clandestinos de Mansión Seré y La Cueva, es un desprendimiento de dicha megacausa.

Respuesta de Adriana Calvo a Arslanian por Julio López


Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio".El ex ministro de Seguridad León Arslanian dice que Julio López está muerto porque después de dos años de intensa y prolija investigación, nada se sabe de él. El juez Arnaldo Corazza acuerda con que ésa es una posibilidad, aunque se propone continuar la pesquisa con la misma intensidad e idéntica prolijidad que hasta ahora. El doctor Gascón Coti, abogado de la familia López, opina en cambio que es necesario dirigirla a investigar a... Julio, para saber quiénes lo convencieron de declarar contra Etchecolatz. ¡Cuánto disparate! O, en realidad, ¡cuánto encubrimiento disfrazado de disparate!

Doctor Arslanian, doctor Corazza, ustedes no tienen derecho a mentir de esa manera, ustedes saben que la causa López es un monumento a la impunidad.
Monumento en el que ustedes pusieron sus mejores esfuerzos junto a los gobiernos provincial y nacional. Ustedes saben desde hace mucho tiempo que a Julio lo secuestró la policía y ¿aceptaron, se resignaron, acordaron? que los autores quedaran impunes a cambio de la "gobernabilidad de la fuerza".

Doctor Gascón Coti, lo decimos una vez más tan públicamente como lo venimos haciendo hace 24 meses: Julio López fue un militante, un luchador en los '70. Julio sufrió durante más de 20 años lo mismo que muchos, muchísimos, sobrevivientes: el silencio obligado por oídos que se negaban a escuchar. Julio, a sus setenta y pico, volvió a ser un militante, un luchador, le dijo basta al mutismo y decidió enfrentar a sus torturadores. Y lo hizo buceando en su memoria, recuperando su historia al compartirla con otros sobrevivientes, recorriendo con ellos metro a metro cada lugar de detención,
hora a hora cada día de cautiverio. Lo hizo conectándose con las familias de sus compañeros de prisión, participando de actos por la justicia y también, denunciando a sus verdugos ante los estrados judiciales. Con gusto, con orgullo, repetimos una vez más todo lo que sabemos de Julio, no nos cuesta recordar qué hacía, en qué andaba, con quiénes, porque, paradójicamente, su ausencia significa, al menos para nosotros, una presencia permanente.

Si por ese motivo usted pretende acusarnos de su secuestro aduciendo que nada hicimos para cuidarlo, merecerá el mismo repudio que merecieron los dictadores cuando señalaban a las madres como responsables de la desaparición de sus hijos.

Si, en cambio, a quien acusa de no cuidar a Julio ni a los miles de testigos ni a los centenares de miles de luchadores populares que también tomaron en sus manos esta pelea contra la impunidad de los genocidas es al gobierno nacional y al gobierno provincial por no haber separado de las fuerzas
armadas, de seguridad y de Inteligencia a los torturadores, por permitir que más de 9000 efectivos de la Bonaerense de la dictadura sigan en actividad, por no haber desarmado la red de complicidades que abarca a muchos más, en ese caso, doctor Gascón Coti, recibirá todo nuestro apoyo.

AEDD, LADH, CTA La Plata, Asociación Anahí, Unión por los Derechos Humanos La Plata, Fidela, Ceprodh, CAJ, Hijos La Plata, Liberpueblo, Cadhu, integrantes de Justicia Ya!


COMUNICADO . Ante la agresión de testigo contra militares genocidas

El pasado domingo 31 de agosto de 2008, nuestro compañero, Mario Galvano, sobreviviente, testigo y querellante en la denominada Causa Mansión Seré, desprendimiento de la Megacausa 1er. Cuerpo de Ejército, fue víctima una vez mas de una agresión física en la puerta de su casa en el barrio de San Telmo que incluyo amenazas de muerte reiteradas con exhibición de arma de fuego por parte del agresor. Este, Juan Manuel Sánchez Toranzo, no es otro que el hijo del Tte. Coronel (Re) Carlos Sánchez Toranzo.

Es de destacar que este último se encuentra imputado en diversos aberrantes delitos en, justamente, la causa 1er. Cuerpo de Ejército. Basta recordar que a Pablo Díaz, sobreviviente de "La Noche de los Lápices" le dijo "A Claudia Falcone y a esos pibes no los busquen mas, ya están todos fusilados". La semana pasada cuando se inicio el juicio oral por la Mansión Seré, fue Mario Galvano quien aporto en su testimonio ante los jueces del TOF 5 los datos necesarios para esclarecer los hechos que se investigan y juzgan. Al juicio llegaron los represores Comes, Barda y Mariani por sus propios medios ya que dos de ellos gozan de libertad y el tercero de prisión domiciliaria. Los abogados querellantes de Justicia Ya! solicitaron al tribunal la inmediata detención de los imputados y el cese del arresto domiciliario, considerando que desde ese momento en más, la seguridad de los testigos se vería seriamente afectada dado que terminada la audiencia tanto los represores como los querellantes, testigos y abogados compartirían el espacio público con la evidente amenaza que ello representa. A esta petición se opuso, inexplicablemente, el fiscal Félix Crous aduciendo que hasta el momento no se habían registrado incidentes que supusieran que la continuidad de las condiciones de libertad de los acusados fuesen a poner en peligro la integridad de querellantes y testigos.

Pues bien, queda palmariamente demostrado a partir de los hechos del domingo que tal aseveración es absolutamente falaz y que la trama de impunidad hasta hoy reinante les permite a los asesinos y torturadores de ayer moverse con total libertad hoy. Es de destacar que el agresor de Mario Galvano, se retiró del lugar de los hechos auxiliado por otras dos personas que se conducían en un automóvil blanco que lo esperaba en las inmediaciones dándose a la fuga a toda velocidad. Todo esto presenciado por gran cantidad de testigos que expresaron su repudio presentándose espontánea y voluntariamente a radicar la denuncia correspondiente. Hoy, con estos nuevos elementos, se volverá a insistir en que se detenga a los imputados, que se termine con su situación de privilegio y se los aloje en el lugar que les corresponde, una cárcel común. Esa será la única garantía de seguridad que testigos y querellantes tendrán si no queremos que lo de Julio López vuelva a repetirse.

Justicia Ya! Bs. As Septiembre 2, 2008 Asociación Anahí; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares; Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Exterior ; Campaña de Apoyo a Juicios – Casapueblos

Repercusiones en Madrid de la sentencia contra Bussi

Bussi : El fiscal Terraf también solicita cárcel común

El fiscal federal, Alfredo Terraf, lamentó este viernes que el represor sentenciado, Antonio Bussi, continúe en prisión domiciliaria. Señaló que "a pesar de haber sido declarado culpable de delitos de lesa humanidad, sigue en el country".
El fiscal de la provincia argentina de Tucumán expresó al programa La Mar en Coche, de FM La Tribu, que "a los efectos prácticos, el juicio no ha cambiado la situación de (Antonio) Bussi".

Alfredo Terraf es el fiscal que intervino en el reciente juicio que condenó a prisión perpetua a Luciano Menéndez y Antonio Bussi por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina.

Terraf explicó que "también forma parte de la justicia que la gente vaya a donde tiene que ir cuando comete un delito".

Además, Terraf indicó que eligió dar vuelta su silla durante las declaraciones finales de Bussi como una forma de repudiar sus expresiones.

El fiscal informó que "hay 600 causas abiertas y en trámite en Tucumán (por crímenes de la dictadura)". Comentó que "por lo menos dos llegarán a juicio antes de fin de año a tribunales".

Las condiciones de detención de los condenados se confirmarán el próximo jueves. Terraf pidió que los represores cumplan su condena en una cárcel común.

Bussi y Menéndez fueron condenados a prisión perpetua

En un clima de máxima tensión, el Tribunal Oral Federal dictó la condena de prisión e inhabilitación perpetua y costas a los ex jerarcas de la dictadura Antonio Domingo Bussi, de 82 años, y Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, imputados en la causa que investiga la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, pocos días después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Al ex gobernador de Tucumán se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria por haber cumplido mayoría de edad, lo que generó la ira y ocasionó incidentes frente a la sede judicial a raíz de choques entre miembros de las fuerzas de seguridad y de organizaciones humanitarias y partidos de izquierda.

En tanto, el lugar de detención del represor Menéndez aún será definido por el Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, pero se descarta que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército volverá a Córdoba, donde ya fue condenado a prisión perpetua en cárcel común.

Ambos estaban acusados de “privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, torturas y tormentos reiterados, condiciones tortuosas de detención, desaparición forzada de persona, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio”, en el marco de los delitos de lesa humanidad contemplados por los pactos y convenciones internacionales, que declaran imprescriptibles estos hechos.

Dentro de una semana, los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Josefina Curi, del Tribunal Oral Federal de Tucumán- darán a conocer los fundamentos del veredicto.

En los alegatos, el fiscal federal general Alfredo Terraf había reclamado la prisión perpetua de los acusados en el penal común de Villa Urquiza, revocándose así el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozan.

"No les queda otra alternativa que la cárcel común. Es una burla que una persona que está acusada por delitos de lesa humanidad siga en un country, porque ambos están en condiciones físicas y psíquicas de estar un penal. La edad no da derechos ni privilegios", había destacado el fiscal.

En tanto, la defensora oficial de Bussi, Amalina Assaf, había planteado la absolución de su cliente o, en caso de que sea condenado, que se mantenga la detención en el country donde vive, mientras el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau, había pedido la absolución lisa y llana.

Este fue el primer juicio oral que se realiza en Tucumán por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

Bussi y Menéndez -recientemente condenado a reclusión perpetua en un juicio en la provincia de Córdoba- están acusados en unos 600 expedientes y ya están procesados en una veintena de ellos.

Bussi fue jefe de la V Brigada de Infantería de Tucumán entre diciembre de 1975 y 1977 y, desde el golpe de Estado de 1976, ejerció la intervención militar de la provincia.

Con la restauración democrática, fundó el partido Fuerza Republicana por el que fue elegido gobernador de Tucumán, cargo que ocupó de 1995 a 1999.

Menéndez fue general del Ejército y tuvo a su cargo el III Cuerpo de la fuerza con asiento en la mediterránea provincia de Córdoba entre 1975 y 1979. Varios centros clandestinos de detención, entre ellos "La Perla", estuvieron bajo su control.

Condenan a Antonio Bussi y a Menéndez a perpetua por crímenes de lesa humanidad

Los represores y ex militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, en tanto que el tribunal que los juzgaba difirió la decisión de si cumplirán condena en cárcel común o será con prisión domiciliaria. Durante la lectura, el presidente del tribunal detalló que los jueces habían decidido “diferir el pronunciamiento de la forma de prisión, manteniéndose la instancia de prisión preventiva”. Eso se sabría recién el 4 de septiembre a las 10.30, cuando den a conocer "la lectura de los fundamentos" de la condena.

Por ese motivo, se produjeron incidentes y enfrentamientos en la puerta del tribunal entre policías y militantes de grupos ligados a organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de izquierda, quienes querían que los ex militares fueran condenados a cumplir sus penas en cárcel común.

En ese sentido, Menéndez ya cumple condena en una unidad penitenciaria de Córdoba, donde había sido condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad en la llamada Causa Brandalisis, en tanto que Bussi goza del beneficio de la prisión domiciliaria en un country de Tucumán .

De acuerdo al fallo, ambos represores fueron condenados por ser cada uno “coautor inmediato y penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegitima de libertad agravada, imposición de tormentos agravada, homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado con dos o más participes a fin de logar impunidad, todo en concurso real calificándolos como delitos de lesa humanidad”.

Horas antes, Bussi volvió a acusar al
fiscal de realizar "falsas incriminaciones" en su contra antes de que se conozca la sentencia por la desaparición de un ex senador en Tucumán.

Bussi fue el primero en hacer uso de la palabra antes de que se anuncie el fallo por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas en 1976, quien el ex represor dijo: “No lo vi nunca en mi vida”.

Un poco más de oxígeno”, pidió Bussi en reiteradas ocasiones y el fiscal Terraf le dio la espalda.

Causas

Capital Federal:

- Causa Nro. 1056. La desaparición de la familia Poblete. Condenado: Julio Héctor Simón. Fecha de la sentencia: 11/8/2006

- Causa Nro. 6859/98. El juicio contra el 601 por secuestros de la Contraofensiva. Condenados: Cristino Nicolaides, Luis Jorge Arias Duval, Carlos Gustavo Fontana, Juan Carlos Gualco, Pascual Oscar Guerrieri, Waldo Carmen Roldán, Antonio Herminio Simón. Fecha de sentencia: 18/12/2007. La causa tramitó por código viejo.

- Causa Nro. 11.669/2001. Causa por la apropiación de una niña. Condenados: Osvaldo Arturo Rivas, Enrique José Berthier, María Cristina Gómez Pinto. Fecha de sentencia: 4/2008.

- Causa Nro. 16441/02. Causa por la Masacre de Fátima. Condenados: Carlos Enrique Gallone y Juan Carlos Lapuyole. Fecha de sentencia: 18/7/2008.

La Plata

- Causa Nro. 2251/6. Miguel Osvaldo Etchecolatz. Fecha de sentencia: 26/9/2006.

- Causa Nro: 2506/7. Condenado: Cristian Federico Von Wernich.

Posadas

- Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Fecha de sentencia: 13/7/2008

Córdoba

- Causa Nro. 13172. Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, Oreste Valentín Padován, Ricardo Alberto Lardone, Luis Alberto Manzanelli y Jorge Exequiel Acosta.

Corrientes

- Causa Nro. 276/4. Condenados: Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito, Rafael Julio Manuel Barreiro, Raúl Alfredo Reynoso.

Tucumán

- Causa Nro: Nº 262/76. Condenados: Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi.

Juicio orales en trámite

Capital Federal

- Causa Nro 14216/3: Pedro Alberto Barda, César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani. Comenzó el 21 de agosto.

Neuquén

- Hilarión De La Pas Sosa, Oscar Lorenzo Reinhold, Luis Alberto Farías Barrera. Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Mario Alberto Gómez Arenas, Sergio Adolfo San Martín, Julio Oviedo, Braulio Olea. Comenzó el 20 de agosto.

Prisión perpetua para Menéndez y en cárcel común

Uno de los represores más crueles de la dictadura

El hoy anciano represor Luciano Benjamín Menéndez, condenado en la tarde del jueves a prisión perpetua, era llamado "Cachorro" cuando decidía sobre la vida y la muerte de miles de secuestrados en diez provincias argentinas durante la última dictadura, como jefe del denominado Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba.

Menéndez, hoy de 81 años, llegó a su cargo en el poderoso Tercer Cuerpo del Ejército en septiembre de 1975 y lo ejerció hasta el mismo mes de 1979, con epicentro de operaciones en la capital cordobesa, donde hasta ahora se encontraba con prisión domiciliaria.

La influencia del jerarca, considerado uno de los represores más crueles de la dictadura, alcanzaba además de Córdoba, a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Menéndez comandó unos 60 centros clandestinos de detención en esas provincias, incluido el de La Perla, en Córdoba, donde desaparecieron unas dos mil personas.

Indultado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem, Menéndez se volcó a la arena política: en 1998 fundó el partido "Nuevo Orden Republicano", de tinte ultraderechista y aún ahora en actividad.

Después de ser procesado en 1988 por 47 homicidios, 76 torturas a detenidos y 4 robos de bebés, quedó fuera de la causa judicial beneficiado por la ley de Punto Final, actualmente anulada y declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Días antes de ser sometido al primer juicio oral de su vida, en el ’90, fue indultado por Menem y nunca más volvió a prisión, hasta que en el 2003 se le dictó la captura por las causas pendientes en su contra que habían sido frenadas por la ley de Punto Final.

En el plano internacional, fue requerido por la justicia europea, tanto en Italia como en las causas llevadas en España por el juez Baltasar Garzón, quien llegó a pedir su extradición.

En 1979 protagonizó una rebelión militar y se opuso a la designación de Roberto Viola como sucesor de Jorge Videla, que terminó en un mayúsculo papelón y su retiro de la milicia activa. Menéndez nunca mostró sentirse arrepentido por los crímenes de los que es responsable.

Lejos de ello, siempre reivindicó el accionar represivo de la última dictadura.

Este jueves, al hacer uso de la última palabra, antes de la sentencia frente a los jueces del Tribunal Federal N 1 de Córdoba avaló el terrorismo de Estado al manifestar que se trataba de una "guerra para salvar a la patria del comunismo".

"Ostentamos el dudoso mérito en ser el primer país en el mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas", agregó el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército actualizando la "teoría de dos los demonios", una de los argumentos preferidos de los integrantes de la última dictadura.

En mayo del 2000, al argumentar su negativa a declarar en una de las causas iniciadas por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, Menéndez respondió "No, en absoluto", cuando se le preguntó si estaba arrepentido por su accionar como comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, entre 1975 y 1979.

El represor fue condenado este jueves a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos en la "causa Brandalisis", por encontrarlo la justicia penalmente responsable del secuestro, tortura y muerte de cuatro jóvenes militantes políticos, ocurridos en 1977.

Revocada su prisión domiciliaria por el tribunal, el "Cachorro" Menéndez, pasará el resto de sus días en una cárcel común dependiente del Servicio Penitenciario.

Los aspectos principales de la sentencia que condenó a Menéndez

El Tribunal Federal Oral 1 condenó este jueves, con severas penas y cárcel común, a Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete represores por los delitos de "privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio" de cuatro jóvenes militantes políticos en 1977 en Córdoba.

Los aspectos principales de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará, son los siguientes:

Se declara a Luciano Benjamín Menéndez como coautor responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia por la duración -más de un mes- y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada.

También por la imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima -cuatro hechos en concurso real- y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes -cuatro hechos-.

Por tales delitos se le impone pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesoria legales y costas; como consecuencia se le revoca la prisión domiciliaria y se ordena su inmediata detención en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.

La prisión perpetua también alcanza a Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Alberto Lardone, como coautores de iguales delitos imputados a Menéndez.

Hermes Oscar Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a 22 años de prisión, y Carlos Alberto Vega a 18 años, como coautores mediatos en tres hechos por privación ilegítima de la libertad y cuatro hechos de imposición de tormentos con las mismas características impuestas para Menéndez, aunque ninguno de los tres fueron imputados por homicidio.

Todos los condenados serán trasladados al complejo penitenciario de Coger, ubicado a unos 18 kilómetros de la capital de Córdoba, ya que el tribunal resolvió revocar todos los beneficios de prisión domiciliaria y excarcelación que gozaban antes del juicio.

Por otra parte, el tribunal rechazó los ocho planteos que durante el debate habían formulado por los defensores de los imputados, como los casos de incompetencia del tribunal e inconstitucionalidad del juicio, entre otros.


Ocho represores irán a juicio oral por delitos de lesa humanidad en El Vesubio





Están procesados por delitos de "lesa humanidad" cometidos durante la última dictadura. Lo definió el magistrado Daniel Rafecas, en el marco de la "megacausa" en la que investiga gravísimas violaciones a los derechos humanos.

La causa fue reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final. La nómina de represores que deberán sentarse en el banquillo de los acusados la integran el ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli; el ex general de brigada Héctor Gamen, alias "Beta"; el ex mayor del Ejército Pedro Alberto Durán, alias "Delta"; y otros cinco ex agentes del Servicio Penitenciario Federal. Junto a los ex jefes militares también están procesados -en una medida confirmada por la Sala I de la Cámara Federal- los ex agentes penitenciarios Ramón "Pancho" Erlán, Roberto "Sapo" Zeolitti, Diego "Polaco" Chames, Alberto "Alemán" Neuendorf y José "El Paraguayo" Maidana. En una resolución de alrededor de 600 páginas, el magistrado cerró la etapa instructoria y dispuso la elevación al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) para que se sustancie el proceso respectivo.

En el debate los represores deberán afrontar la acusación por el secuestro y torturas de 156 personas que se encontraban en cautiverio ilegal en el centro clandestino de detención que funcionó en la bonaerense localidad de La Matanza, entre 1976 y 1978. En un extenso fallo, el juez Rafecas recordó que en "El Vesubio" los prisioneros eran sometidos "a condiciones de cautividad infrahumanas" donde, al ingresar, se les asignaba un "código personal" en sustitución de sus nombres y se les "aplicaba torturas físicas".

Entre quienes padecieron los tormentos de los represores se encuentra el historietista Héctor Oesterheld (quien, según testigos, en su ilegal cautiverio no dejó de escribir las obras con cuya publicación soñaba) junto a los escritores Haroldo Conti y Raimundo Gleyser. En esos centros clandestinos -a los que el magistrado alguna vez parangonó con los campos de concentración del nazismo- las víctimas estaban privadas "de alimentación suficiente, de la posibilidad de higienizarse, de atención médica" y las humillaciones llegaban al extremo de obligarlos a exhibirse y deambular desnudos. Esta elevación a juicio, recordaron allegados a la investigación, se suma a la ya efectuada el mes anterior por Rafecas respecto de los centros clandestinos de detención conocidos como "Club Atlético", "Banco" y "Olimpo" con 15 represores por el secuestro y torturas de otras 200 personas. Entre esa decena y media de procesados se encuentran el ex agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, conocido como "Mayor Guastavino", el ex subcomisario Samuel "Cobani" Miara; y el comisario Roberto Antonio "Clavel" Rosa.

Final del formulario

La Cámara confirmó la condena del genocida Cristino Nicolaides

La Sala Segunda de la Cámara Federal porteña confirmó la condena a 25 años de cárcel del ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides y a un grupo de coroneles que integraban durante la dictadura el Batallón 601 de Inteligencia.

La Cámara Federal porteña confirmó la pena de 25 años de prisión aplicada en primera instancia al ex jefe del ejército, general Cristino Nicolaides, en la causa en se juzgó la desaparición en 1980 de un grupo de militantes montoneros organizada y concretada por integrantes del batallón 601 de inteligencia, informaron fuentes judiciales.
El fallo, de la sala 2, confirmó también el dictado por el juez federal Ariel Lijo en diciembre del año pasado cuando impuso penas a 25 años de prisión al coronel Luis Arias Duval; a 23 años para Waldo Carmen Roldán; a 21 años para Carlos Gustavo Fontana a 21 años y a 23 años al agente civil Julio Héctor Simón, conocido como el Turco Julián.

En tanto, al coronel Pascual Guerrieri, cuyo nombre encabezó la causa 26.349, el fallo de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun lo benefició con una reducción de la pena de 20 a 16 años de prisión, aunque manteniéndole como a todos la inhabilitación especial por 10 años.

El fallo de alzada confirmó que los militares y auxiliares integraban una asociación ilícita "destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional" y que los crímenes cometidos se inscriben en la categoría de "lesa humanidad".

Consideró que la asociación ilícita operaba "con una organización militar o de tipo militar, que disponía de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país y estaba compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad".

También que esa organización "concurre en forma real con el delito de privación ilegal de la libertad calificada, por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones, o sin las formalidades prescriptas por ley".

Estos delitos fueron cometidos en perjuicio de Angel Carbajal, Julio Cesar Genoud, Verónica María Cabilla, Lia Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky.

Se trataba de militantes que integraron la denominada "contraofensiva" montonera de mediados de 1980 y de cuya detención y aniquilación se vanaglorió públicamente en abril de 1981 el general Nicolaides, que entonces se desempeñaba como comandante del III Cuerpo del Ejército.

La cámara confirmo que durante el juicio "se ha probado que entre esas personas que fueron interceptadas y secuestradas por personal del Ejército Argentino en distintas zonas del país se hallaban las víctimas de los hechos materia de este pronunciamiento, de las cuales varias fueron mantenidas en situación de detenidas dentro de centros clandestinos".

Los procedimientos, añaden los camaristas, fueron realizados "mediante la intervención clave del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, tanto en la obtención de la información necesaria para localizar a estos individuos, así como en los operativos que culminaron en su privación de libertad y en la forma en que aquellos fueron albergados en centros clandestinos, con objetivos y modalidades cuidadosamente planificadas".

Nicolaides está siendo juzgado en estos días en otro juicio por desaparición de presos políticos en el regimiento 9 de Infantería de Corrientes. La Cámara confirmó que el ex militar, que ocupó la jefatura del ejército luego de la guerra de Malvinas, deberá cumplir su pena de prisión, que es domiciliaria por tratarse de un octogenario, hasta el año 2027.

Las secuelas de Febres

El Consejo de la Magistratura postergó su decisión sobre la acusación contra el juez federal Sergio Torres y los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, por su responsabilidad en la muerte de Héctor Febres.

Estuvieron presentes en la sesión miembros de la agrupación Justicia Ya!, entre quienes se encuentran víctimas de este represor, que expusieron sus argumentos contra los magistrados que tenían a su cargo a Febres mientras cumplía su prisión preventiva y había comenzado a ser juzgado.

Durante la audiencia, los consejeros consideraron los dictámenes de la Comisiónla Resolución 156, referida a Torres y a Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías del TOF 5, la abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, pidieron ser escuchados. La letrada comenzó enfatizando que el TOF 5 “sigue tratando causas importantes como ESMA y Primer Cuerpo como si nada hubiera pasado”.

Mencionó que pasaron 22 meses de la desaparición del testigo Julio López, lo que impactó en el público, y que los represores detenidos tienen “condiciones escandalosas de privilegio”. Además de recordar que Febres se iba de vacaciones, Bregman recordó que Alfredo Astiz tenía una oficina en el Hospital Naval.

La Comisión de Disciplina y Acusación ya había desestimado la denuncia de Justicia Ya! que pedía enjuiciar a los jueces por haber faltado a su deber de guarda de Febres, que apareció envenenado con una dosis altísima de cianuro en su lugar de encierro VIP. Según Bregman, el dictamen sienta “un precedente terrible también para los presos comunes”, porque estableció que “el juez no es custodia del detenido”.

A su turno, Lordkipanidse dijo que “convalidar este funcionamiento de los jueces es avalar la impunidad”. Los consejeros les respondieron que las razones expuestas “ameritaban la reconsideración” del dictamen cuestionado.

Por Adriana Meyer (Página12)

Comunicado de la AEDD : la complicidad del Tribunal TOF5 con la impunidad

JUSTICIA EN FASCÍCULOS: *LA ENCICLOPEDIA DE LA IMPUNIDAD*

El próximo 20 de agosto se cumplirán 32 años desde aquella noche de 1976 en la que las fuerzas represivas que operaban en el Centro Clandestino de Detención de Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal -conocida como Coordinación-llevaron adelante la Masacre de Fátima. Asesinaron a 30 compañeros. Todos ellos se encontraban detenidos-desaparecidos en ese campo de concentración, allí mismo fueron inyectados con pentotal, y luego "trasladados" hasta el kilómetro 62 de la ruta 8, en Fátima, Partido de Pilar, donde fueron fusilados y sus cuerpos dinamitados.

El represor Miguel Angel Timarchi es uno de los responsables de la Masacre de Fátima, y *fue absuelto por los jueces cómplices del TOF Nº 5*en una sentencia que representa un punto más en la larga cadena de impunidades que sostienen los poderes del Estado respecto de las violaciones a los derechos humanos.

El comportamiento de este Tribunal –integrado por los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías-* no nos es ajeno:

*Fascículo 1*
El 5 de agosto de 2006 el TOF 5 condena al genocida Turco Julián a 25 años de prisión. En los fundamentos de la sentencia reivindica la *"teoría de los dos demonios"*.
*Fascículo 2*
Desoyendo los insistentes pedidos de la querella patrocinada por los abogados de Justicia YA!, a fines de 2007 el TOF 5 sostiene las condiciones de detención de privilegio del *genocida Héctor Febres* hasta que éste es asesinado, nuestro *pedido de juicio político* por esa actitud sigue sin ser resuelta por el *Consejo de la Magistratura* que levantó la sesión del jueves pasado para evitar que la presenciáramos
*Fascículo 3*
El TOF 5 lleva adelante como política el *desmembramiento de las causas*, los juicios orales que sustancia son tramos minúsculos, desguazados, en los que se juzga a pocos represores por un ínfimo número de compañeros desaparecidos, intentando diluir la magnitud del genocidio ocurrido en nuestro país*.
*Fascículo 4*
En abril de 2008 el TOF 5 dicta sentencia por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán: una *irrisoria condena de 8 y 7 años a los apropiadores* Osvaldo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, y una también irrisoria condena de 10 años al genocida que la secuestró y entregó*: Enrique José Berthier.
*Fascículo 5*
El TOF 5 decide *negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a organizaciones de derechos humanos y querellantes particulares, el *derecho a tener voz en los siguientes debates orales de la causa ESMA*.
*Fascículo 6*
El Tribunal Oral Federal Nº 5 llega al extremo de decir que la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos tiene un "interés difuso" sobre los hechos* cuando la mayoría de nosotros somos sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura, somos testigos y querellantes en las causas penales en trámite en la actualidad, además de haberlo sido en las que se sustanciaron en el país antes de 1987, en el exterior posteriormente, y en los juicios "por la verdad" durante el reinado absoluto de la impunidad.
*Fascículo 7*
El TOF 5 impide a las Madres usar su pañuelo en la Sala y también *prohíbe la transmisión en vivo de las audiencias*, anulando el derecho de miles de argentinos de seguirlas desde todo el país, tal como lo hicieron durante los juicios a los genocidas Miguel Osvaldo Etchecolatz y Cristian Federico Von Wernich. A cambio, ofrecen los "servicios fílmicos" de la Policía Federal, que se ocupa de registrar y procesar todo el desarrollo del debate.
*Fascículo 8*
El viernes 11 de julio de 2008, el TOF 5 absuelve al genocida Timarchi.

¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Repudiamos enérgica y públicamente la Sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 5 en el juicio por la Masacre de Fátima.

Juicio a todos los genocidas. Condena por todos los compañeros! Juicio Político a los jueces del TOF 5!

Aparición con vida YA de Julio López!

No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos

ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS*

Ampliaron el procesamiento de Videla por robo de bebés y ratificaron el juicio oral


La Cámara en lo Criminal Federal confirmó ayer la ampliación del procesamiento del ex dictador por la sustracción de menores durante el último gobierno militar y ratificó que será juzgado en forma oral y pública.

Videla, quien había sido procesado como "autor mediato" de cinco sustracciones, retenciones y ocultamiento de hijos cuyos padres estuvieron en centros clandestinos de detención, sumó otros 21 casos dentro del denominado "plan sistemático" para el robo de bebés. La Sala I de la Cámara volvió a rechazar planteos de "cosa juzgada" y "prescripción" de la defensa de quien fuera el jefe de la primera junta militar que gobernó al país durante la dictadura, desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. La defensa de Videla pretendía que fuera sometido a las reglas del sistema escrito, pero el tribunal sostuvo que no se debía aplicar el procedimiento vigente al momento de los hechos, sino el que rige al momento del juzgamiento.

El 13 de julio de 1998 Videla había sido procesado por la sustracción, ocultamiento y retención de los menores Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D’Elía, los inscriptos como María Sol Tetzlaff Eduartes y Pablo Hernán y Carolina Bianco Wherli. Los casos por los que ahora se confirmó el procesamiento de Videla son los de Paula Eva Logares (inscripta como Paula Lavallén) Simón Antonio Riquillo, Anatole y Eva Julian Grisonas, Hilda Victoria Montenegro, Clara Analía Mariano y otros que permanecen desaparecidos. Sus padres fueron secuestrados y estuvieron detenidos en una Comisaría de La Plata, el Pozo de Banfield, La Cacha, Automotores Orletti, El Vesubio y El campito, ubicado dentro de Campo de Mayo.

Las madres, que en su mayoría llegaron embarazadas al lugar de detención y están desaparecidas son Inés Ortega de Fossatti, Elena de la Cuadra, María Casstellini, Stella Maris Montesano de Ogando, Gabriela Carriquiriborde, Yolanda Casco, María Artigas de Moyano, Aída Sáenz Fernández, Mónica Grispon de Logares, Laura Estela Carlotto, María Corvalán de Suárez Nelson, Sara Rita Méndez, María García Iruretagoyena, Victoria Grisonas, Liliana Delfino, Norma Tato de Barrera, Silvia Quintela y Rosa Taranto de Altamiranda.

Los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah expusieron que "puede considerarse autor (mediato) de un hecho criminal al jefe que, a través de un aparato de poder, domina la voluntad del ejecutor (subordinado al jefe)". Agregaron que "en el caso puntual de Jorge Rafael Videla su posición en la cúspide de la cadena de mandos le ha permitido, a través de sus órdenes, el manejo del aparato de represión ilegal que sirvió de herramienta para que estos delitos fueran cometidos". El tribunal señaló que existen pruebas suficientes para afirmar que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad". Como "elementos comunes" de los delitos se acotó que "todos los menores sustraídos eran hijos de personas que fueron secuestradas en procedimientos ilegales efectuados en el marco del aparato de represión clandestina, ejecutados por subordinados al ejército" y que las víctimas "fueron conducidas a centros de detención ubicados en lugares bajo jurisdicción de esa fuerza". Sobre la existencia de un plan, el tribunal analizó que "todos los casos obedecían a una misma metodología en cuanto a cómo debía procederse con las embarazadas detenidas, los nacimientos en cautiverio y menores sustraídos", para "asegurar que, finalmente, llegasen a manos de determinados matrimonios", vinculados a las fuerzas militares, "quienes los inscribían como hijos biológicos".

---"en el intento desmedido de querer cortar todo rastro con la verdadera familia y callar todo reclamo, no se reconocieron límites: asesinaban, salvo excepciones, a las madres; y ello ocurría al poco tiempo de dar a luz o de ser separadas de sus hijos" mientras que "los padres ya habían corrido esa misma suerte tiempo antes". Para la Cámara "no sólo se trató de avalar lo que realizaban sus subordinados, sino que, antes bien, estamos ante órdenes precisas impartidas para que se procediera de un determinado modo y en busca de un resultado concreto y permanente, pues el plan original era que nunca se supiese el destino de estos niños". El tribunal concluyó que, para asegurar el robo de bebés, "se pusieron a disposición todos los elementos necesarios: hospitales, médicos militares, enfermeros, inscripciones falsas en los registros civiles, testigos falsos para las actas de nacimiento, selección de las parejas que querían adoptar bajo estas condiciones clandestinas a las criaturas" y otros. "Resulta evidente, que nada de ello hubiese sido posible sin las órdenes directas y secretas de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas", quienes "no desconocían que, desde el primer momento de la dictadura, se robaban bebes, pues ellos mismos fueron quienes así lo quisieron". De otro modo, para los camaristas "no se explica cómo fue posible el armado de tan gigantesca estructura, coordinación de personas, colaboración entre las distintas fuerzas armadas nacionales, internacionales y de otros organismos nacionales y la repetición de numerosos casos iguales". Se destacó que "tampoco puede perderse de vista que esta metodología, aún pasados treinta años, sigue manteniendo sus funestas consecuencias, pues siguen jóvenes sin ser encontrados pese al incesante y continuo intento de los familiares y las autoridades judiciales por hallarlos". Videla, recordó el tribunal, fue quien ejerció el cargo de Comandante en Jefe del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978, "período en que comenzaron a cometerse estos sucesos".

Prisión perpetua para el asesino de Carlos Fuentealba

Miles de docentes aguardaron el resultado de la sentencia que despertó, una vez conocida, múltiples escenas de emoción y de desahogo.

Los jueces emitieron la condena sobre la base de los testimonios recopilados en las audiencias, los peritajes realizados que acreditaron la muerte violenta de Fuentealba por el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza y otras evidencias que fueron aportadas a lo largo del proceso.

Aseguraron que la autoría del crimen fue determinada por estos elementos probatorios y corroborado por la declaración de la docente Marcela Roa, que identificó claramente a Poblete como autor del disparo.

"Esta es una declaración de notable valor que se complementa con otros testigos que la respaldan", afirmó en su voto el presidente de la Cámara, Mario Rodríguez Gómez. Calificó la represión policial del 4 de abril del año pasado en la ruta nacional 22 donde fue herido de muerte Fuentealba como "exagerada e innecesaria".

Los tres jueces coincidieron en señalar que fue Poblete el que disparó su arma ubicado a no más de 7 metros de distancia detrás del vehículo que ocupaba Fuentealba.

Los magistrados rechazaron los planteos del defensor Ladislao Simón, que solicitó la nulidad del proceso por entender que era fraudulento.

El fallo condenó a Poblete como "autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función con la agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego agravado por alevosía en concurso ideal, artículo 80, inciso segundo y nueve, 41 bis y 54 del Código Penal".

La pena es de prisión perpetua más la inhabilitación absoluta perpetua y costas del proceso al unificarse una condena anterior por vejaciones.

El secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación -ATEN-, Marcelo Guagliardo, aseguró a los docentes reunidos en la calle que "habíamos dicho que Poblete era el autor material del fusilamiento de Carlos y lo logramos pero ahora vamos por (Jorge) Sobisch", dijo en alusión al ex gobernador de la provincia.

Dijo que "no estamos festejando porque nada nos devuelve a Carlos pero tenemos que reconocer que no peleamos en vano".

"Hemos dado un ejemplo de lucha en procura de una unidad que hiciera posible que esto que parecía impensado se pudiera hacer realidad", señaló.

Guagliardo convocó a todos los trabajadores y sectores a seguir el reclamo para que "el ex gobernador Jorge Sobisch vaya a la cárcel por ser el responsable político y el que dio las órdenes de matar".

Anticipó que van a reclamar al gobierno de la provincia la disolución de los grupos especiales de la policía porque "las armas que usan son para matar, no para disuadir". Luego de un improvisado acto frente al edificio de la ex Legislatura donde se realizó el juicio, los manifestantes marcharon por el centro de la ciudad.

Juicios a los genocidas: Seguridad de los testigos


A partir de un encuentro en el que participarán funcionarios, diputados oficialistas y algunos jueces y fiscales que entienden en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, se reabre el debate acerca de la seguridad de los testigos que participan en esos procesos judiciales. El ejemplo más elocuente y aberrante del peligro al que están sometidos es la desaparición de Jorge Julio López, hace ya más de 21 meses.

En el matutino Página/12 se informó que hoy se llevará adelante una reunión en la que participarán el ministro de Justicia, Aníbal Fernández y Marcelo Saín, titular del programa Verdad y Justicia, encargado de velar por la seguridad de quienes atestiguan en los juicios contra los genocidas. También concurrirán integrantes de organismos de Derechos Humanos ligados al oficialismo así como legisladores kirchneristas y fiscales y jueces, entre los que se encuentra el magistrado Guillermo Gordo, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 5 que tuvo a su cargo el juzgamiento de Héctor Antonio Febres, el torturador de la Escuela de Mecánica envenenado antes de que se le dictara sentencia. Todos ellos coincidieron en que deberá buscarse un "marco integral de protección de testigos".

El TOF 5 había sido dejado en evidencia por uno de los testigos contra Febres por permitir que la totalidad de las declaraciones fueran registradas por una cámara de la Policía Federal, aún cuando quienes estaban en los estrados fueran a denunciar a integrantes de esa fuerza por haber participado de sus secuestros. En noviembre del año pasado, Enrique Fukman formuló un reclamo a los jueces: "A mí se me ha informado que el juicio está siendo grabado por Policía Federal. Una de las personas que me secuestró era de esa fuerza. Estoy denunciando a la institución, la misma institución que me está grabando". El testigo le exigió al presidente del Tribunal que la Policía no filmara su testimonio. Sin embargo, la Justicia no aceptó. "Después de haber sido desaparecido Julio López hace ya un año, obviamente a nosotros no nos genera ninguna seguridad", sostuvo en esa oportunidad el integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD). "La justicia argentina también es responsable de la seguridad de los testigos", sentenció.

Desde que se reiniciaron los juicios contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar, poca ha sido la seguridad con la que contaron los testigos. Jorge Julio López, querellante contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, fue secuestrado momentos antes de presentarse a los alegatos y aún sigue desaparecido. Ni la Justicia ni el Poder Ejecutivo ha brindado certezas sobre el caso López. También, sufrieron secuestros Luis Gerez y Juan Puthod. También, Felisa Marilaf que estaba bajo un régimen de protección fue secuestrada por horas y agredida. Sus captores no dudaron en pedirle el aparato celular que le había entregado el Servicio de Atención a la Víctima -demostrando que sabían perfectamente que lo tenía.

La abogada Myriam Bregman fue clara al explicar por qué los testigos son fundamentales. "Cada vez que hablan de testigo clave, nos tenemos que preguntar por qué son claves los testigos. Lo son porque este Gobierno sigue encubriendo a los genocidas, sigue preservando a las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia. Porque este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos no aportó una sola prueba en una sola causa que mande un genocida preso. Son los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, como nuestro compañero Jorge Julio López, los que siguen siendo fundamentales para encarcelar a los genocidas. En la Argentina no hubo apertura de los archivos de la represión. Son las víctimas las que tienen que seguir identificando a sus secuestradores". Son quienes pasaron por los centros clandestinos de detención y exterminio quienes deben relatar, una y otra vez, su calvario. Son ellos los que movidos a hacerlos "por los compañeros", como había reconocido López, los que quedan desprotegidos frente al poder, aún absoluto, de los genocidas.

Este marco en que son encarados los procesos judiciales lleva a que la cuestión sea planteada de forma más profunda. "La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura", sostuvieron los integrantes de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD).

Es claro que de la única forma en que los sobrevivientes podrían estar seguros al brindar su testimonio, su relato del horror es si se tomara el camino por el que hace décadas que luchan: "Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio".

FUENTE : ANRED

¿GRAN JUICIO DE LA ESMA?

No nos queda más remedio que salir al cruce de las temerarias afirmaciones que se vienen volcando en algunos medios acerca del "Gran Juicio de la ESMA" que se avecina. Considerando que se hace mención específica a la protección de los testigos de los juicios, en ese carácter y como querellantes en la causa, nos permitimos desautorizar a que se interprete por cuenta propia la mejor manera de "protegernos". La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura.

A casi cinco años de la anulación de las leyes de impunidad vemos con preocupación extrema que algunos sectores se refieren en términos cuasi halagüeños al juez Torres y destacan que envió a juicio oral a "casi una decena" (10) de represores por la desaparición de "casi una centena" (89) de compañeros. Olvidan señalar que eso ocurrirá solo si se acumulan en un único juicio oral cinco de los muchos tramos en los que despedazó la causa. Tampoco recuerdan que en la ESMA actuaron "centenares" de represores y que desaparecieron casi 5000 compañeros ¿Cómo pueden hablar de mega causa, de gran juicio de la ESMA, cuando aún unificando todos los tramos ya elevados a debate oral, solo se investigará a un minúsculo grupo de genocidas por un número reducidísimo de víctimas? Y que esto sea así es esencialmente responsabilidad del juez Sergio Torres. Porque desguazó en expedientes mínimos la causa sobre el campo de concentración con más pruebas: ya en el año 1979 los primeros sobrevivientes denunciaron públicamente a decenas de represores; poco después Víctor Basterra aportó a la justicia un dossier donde figuran las fotos, nombres, apellidos y grados de más de cien genocidas; en el juicio contra Scilingo llevado a cabo en Madrid se recopilaron y completaron los datos suficientes para rápidamente procesar a todos. Pero además, el juez Torres determinó que los pocos detenidos gozaran de prisiones de lujo en cuarteles de la propia fuerza o en sus propios domicilios. Así fue posible el asesinato por envenenamiento del prefecto Febres en la sede de la Prefectura de Tigre.

Al mismo tiempo que se difunden mentiras sobre la magnitud del futuro juicio oral, en el primero de los cuatro tramos elevados, el Tribunal Oral Federal Nº 5 ha decidido negarle al colectivo Justicia YA!, que representa a siete de las trece víctimas y a tres de los seis organismos de DD.HH. querellantes, el derecho a tener voz durante el juicio. También se lo niega en el segundo y en el tercero y suponemos que lo hará en el cuarto. Y lo hace a pesar de saber (¿o porque sabe?) que este colectivo es el único que pide condena por genocidio y la acumulación de todos los expedientes en un solo juicio oral. Va de suyo que apelaremos hasta llegar a la Corte Suprema estas resoluciones arbitrarias de los jueces Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, pero no podemos dejar de mencionar que aparece como represalia a nuestro pedido de juicio político por su responsabilidad en no haber evitado que sus cómplices de ayer y de hoy asesinaran al genocida Febres cuándo y cómo quisieron.

Si solo estos diez represores son llevados a juicio y condenados, los otros centenares de asesinos de la marina -incluidos los que mataron a Febres- seguirán conviviendo con nosotros manteniendo a los testigos y a todo el pueblo en un total estado de indefensión y a ellos en un total estado de impunidad; la misma indefensión de la que fue víctima nuestro compañero Julio López y la misma impunidad de la que gozan sus captores.

Esta situación sólo podrá superarse si se juzga y condena a la totalidad de los genocidas que actuaron en la ESMA por la totalidad de los crímenes cometidos. Esa sí sería la mega causa ESMA que además de permitir juzgar de una buena vez a los genocidas del campo de concentración con más pruebas del país, evitaría que decenas de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos fueran obligados a prestar testimonio una y otra vez, siempre para juzgar a un reducido número de represores y por tan sólo una parte de los crímenes que cometieron. Entonces sí podremos decir, que más allá de los discursos, se ha tomado el camino que desde hace 25 años venimos reclamando: que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos