Ampliaron el procesamiento de Videla por robo de bebés y ratificaron el juicio oral


La Cámara en lo Criminal Federal confirmó ayer la ampliación del procesamiento del ex dictador por la sustracción de menores durante el último gobierno militar y ratificó que será juzgado en forma oral y pública.

Videla, quien había sido procesado como "autor mediato" de cinco sustracciones, retenciones y ocultamiento de hijos cuyos padres estuvieron en centros clandestinos de detención, sumó otros 21 casos dentro del denominado "plan sistemático" para el robo de bebés. La Sala I de la Cámara volvió a rechazar planteos de "cosa juzgada" y "prescripción" de la defensa de quien fuera el jefe de la primera junta militar que gobernó al país durante la dictadura, desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. La defensa de Videla pretendía que fuera sometido a las reglas del sistema escrito, pero el tribunal sostuvo que no se debía aplicar el procedimiento vigente al momento de los hechos, sino el que rige al momento del juzgamiento.

El 13 de julio de 1998 Videla había sido procesado por la sustracción, ocultamiento y retención de los menores Mariana Zaffaroni Islas, Carlos Rodolfo D’Elía, los inscriptos como María Sol Tetzlaff Eduartes y Pablo Hernán y Carolina Bianco Wherli. Los casos por los que ahora se confirmó el procesamiento de Videla son los de Paula Eva Logares (inscripta como Paula Lavallén) Simón Antonio Riquillo, Anatole y Eva Julian Grisonas, Hilda Victoria Montenegro, Clara Analía Mariano y otros que permanecen desaparecidos. Sus padres fueron secuestrados y estuvieron detenidos en una Comisaría de La Plata, el Pozo de Banfield, La Cacha, Automotores Orletti, El Vesubio y El campito, ubicado dentro de Campo de Mayo.

Las madres, que en su mayoría llegaron embarazadas al lugar de detención y están desaparecidas son Inés Ortega de Fossatti, Elena de la Cuadra, María Casstellini, Stella Maris Montesano de Ogando, Gabriela Carriquiriborde, Yolanda Casco, María Artigas de Moyano, Aída Sáenz Fernández, Mónica Grispon de Logares, Laura Estela Carlotto, María Corvalán de Suárez Nelson, Sara Rita Méndez, María García Iruretagoyena, Victoria Grisonas, Liliana Delfino, Norma Tato de Barrera, Silvia Quintela y Rosa Taranto de Altamiranda.

Los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah expusieron que "puede considerarse autor (mediato) de un hecho criminal al jefe que, a través de un aparato de poder, domina la voluntad del ejecutor (subordinado al jefe)". Agregaron que "en el caso puntual de Jorge Rafael Videla su posición en la cúspide de la cadena de mandos le ha permitido, a través de sus órdenes, el manejo del aparato de represión ilegal que sirvió de herramienta para que estos delitos fueran cometidos". El tribunal señaló que existen pruebas suficientes para afirmar que "han existido órdenes secretas impartidas por los ex comandantes de las Fuerzas Armadas para que se sustrajera violentamente a los menores para que fueran entregados a matrimonios vinculados con las fuerzas de seguridad". Como "elementos comunes" de los delitos se acotó que "todos los menores sustraídos eran hijos de personas que fueron secuestradas en procedimientos ilegales efectuados en el marco del aparato de represión clandestina, ejecutados por subordinados al ejército" y que las víctimas "fueron conducidas a centros de detención ubicados en lugares bajo jurisdicción de esa fuerza". Sobre la existencia de un plan, el tribunal analizó que "todos los casos obedecían a una misma metodología en cuanto a cómo debía procederse con las embarazadas detenidas, los nacimientos en cautiverio y menores sustraídos", para "asegurar que, finalmente, llegasen a manos de determinados matrimonios", vinculados a las fuerzas militares, "quienes los inscribían como hijos biológicos".

---"en el intento desmedido de querer cortar todo rastro con la verdadera familia y callar todo reclamo, no se reconocieron límites: asesinaban, salvo excepciones, a las madres; y ello ocurría al poco tiempo de dar a luz o de ser separadas de sus hijos" mientras que "los padres ya habían corrido esa misma suerte tiempo antes". Para la Cámara "no sólo se trató de avalar lo que realizaban sus subordinados, sino que, antes bien, estamos ante órdenes precisas impartidas para que se procediera de un determinado modo y en busca de un resultado concreto y permanente, pues el plan original era que nunca se supiese el destino de estos niños". El tribunal concluyó que, para asegurar el robo de bebés, "se pusieron a disposición todos los elementos necesarios: hospitales, médicos militares, enfermeros, inscripciones falsas en los registros civiles, testigos falsos para las actas de nacimiento, selección de las parejas que querían adoptar bajo estas condiciones clandestinas a las criaturas" y otros. "Resulta evidente, que nada de ello hubiese sido posible sin las órdenes directas y secretas de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas", quienes "no desconocían que, desde el primer momento de la dictadura, se robaban bebes, pues ellos mismos fueron quienes así lo quisieron". De otro modo, para los camaristas "no se explica cómo fue posible el armado de tan gigantesca estructura, coordinación de personas, colaboración entre las distintas fuerzas armadas nacionales, internacionales y de otros organismos nacionales y la repetición de numerosos casos iguales". Se destacó que "tampoco puede perderse de vista que esta metodología, aún pasados treinta años, sigue manteniendo sus funestas consecuencias, pues siguen jóvenes sin ser encontrados pese al incesante y continuo intento de los familiares y las autoridades judiciales por hallarlos". Videla, recordó el tribunal, fue quien ejerció el cargo de Comandante en Jefe del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978, "período en que comenzaron a cometerse estos sucesos".