La impunidad continuada : Un torturador en libertad

El torturador y violador Norberto Cozzani permanece en libertad desde hace cuatro meses, a pesar de que la Cámara Federal de La Plata revocó la decisión de excarcelarlo.

Cozzani fue el principal “interrogador" de Lidia Papaleo y otros detenidos-desaparecidos en el marco de la llamada "Causa Graiver" que sirvió para encubrir la apropiación de la empresa Papel Prensa.

Víctima de los tormentos que le produjo Cozzani, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, denunció la aplicación de picana en sus genitales que le produjeron la pérdida de los ovarios. Su ensañamiento incluyó la violación reiterada de la víctima.

Obsesionado con una delirante conspiración llamada "Plan Andinia" -dirigida una hipotética apropiación de la Patagonia por parte de "los judíos"-, entre sus múltiples prisioneros también estuvo el director del diario “La Opinión”, Jacobo Timerman, padre de Héctor, el actual ministro de Relaciones Exteriores.

Su contracción a la aplicación de tormentos lo volvió tristemente famoso, junto a otro puñado de verdugos como el ya fallecido Juan Antonio del Cerro, alías “Colores” y el convicto Héctor Simón, alías “El Turco Julián”, ambos de la Policía Federal.

El corpulento Cozzani salió del cárcel de Marcos Paz hace exactamente cuatro meses, el pasado 27 de enero por disposición del juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza.

"Corazza lo liberó en plena feria judicial y sin esperar a que se cumpliera el plazo para apelar, por lo que cuando el fiscal Hernán Schapiro presentó la apelación, Cozzani ya estaba en su casa", puntualizó un vocero de la Fiscalía nº 7. El juez Corazza argumentó, en su defensa, que la Cámara revocó la prórroga de la prisión preventiva de Cozzani que él había dictado.

Explicó que la Cámara le ordenó que computara el tiempo que llevaba en la cárcel desde su detención efectiva, en el marco de otra causa, y no desde cuando le dictó la prisión preventiva en el caso Papel Prensa, sin darle otras indicaciones.

De esa manera, continuó diciendo, Cozzani llevaba seis años de prisión sin sentencia y sin fecha cierta para la iniciación de su juicio por lo que, dijo, no tuvo más opción que ponerlo en libertad.

"Schapiro interpuso el recurso de apelación inmediatamente y como transcurría la Feria Judicial, pidió la habilitación de día y horario para que la apelación suspendiera la liberación", dijo el vocero de la Fiscalía.

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata con la firma de los jueces Carlos Nogueira, Antonio Pacilio y Carlos Vallefín, resolvió el 24 de febrero revocar la decisión de Corazza y prorrogar por seis meses la preventiva de Cozzani.

Sin embargo, la Cámara también indicó que la detención deberá hacerse efectiva recién cuando la resolución quede firme.

"Una resolución queda firme cuando expira el plazo para apelar o luego que los tribunales superiores resuelven y no queden más instancias para apelar", explicó la fuente.

"Así fue como la defensa de Cozzani -la defensora pública María Inés Spinetta- apeló y la causa fue a Casación", concluyó.

Proveniente de la ultraderecha, Cozzani colaboró activamente con el golpe cívico-militar desde el mismo 24 de marzo de 1976, y particularmente con el general Ramón "Chicho" Camps, nombrado jefe de la Policía Bonaerense, y su lugarteniente, el comisario Miguel Etchecolatz, de quien fue chofer con el rango de cabo 1º.

Reivindicó abiertamente la llamada "lucha antisubversiva" y sus métodos, incluyendo la aplicación de tormentos. Estando preso lo hizo a través de voceros y de un libro que se atribuye a sí mismo, titulado "Yo asumo".

El represor Menéndez operado, hospitalizado, muy bien atendido

Seis condenas a perpetua y un infarto

El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, condenado por delitos de lesa humanidad, sufrió un infarto de miocardio y fue sometido a una angioplastia. “El cuadro era severo y puso en riesgo la vida del paciente”, informó la clínica.

El general retirado Luciano Benjamín Menéndez, quien desde el mes pasado afronta su séptimo juicio oral por delitos de lesa humanidad como ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, sufrió ayer un infarto y fue sometido a una angioplastia en una clínica de San Miguel de Tucumán, donde quedó internado. El jefe de guardia de la clínica informó que “el cuadro era severo y puso en riesgo la vida del paciente”, el más célebre genocida del norte argentino, quien ya cumple seis condenas a prisión perpetua por sus crímenes durante la última dictadura.

Menéndez fue internado de urgencia ayer a la mañana, a primera hora, en la Unidad Coronaria del Sanatorio Modelo, en la capital tucumana, luego de sufrir un “infarto agudo de miocardio”, según informó el médico Luis Oporto, jefe de guardia del centro asistencial. El militar ingresó “con un cuadro de dolor de pecho y los estudios determinaron que sufrió un infarto agudo de miocardio”, precisó. “El cuadro era severo y puso en riesgo la vida del paciente”, agregó, y aclaró que por la tarde ya se encontraba “controlado y estable”. Mariano García Zavalía, secretario de Derechos Humanos del Tribunal Oral Criminal de Tucumán, informó ayer que un médico forense de la Justicia federal concurrirá hoy a la clínica para evaluar oficialmente la condición del imputado.

El represor de 83 años afronta en estos días un juicio ante el Tribunal Oral Federal de Salta por el secuestro y asesinato del ex gobernador Miguel Angel Ragone, el homicidio de Santiago Catalino Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal, durante un operativo realizado el 11 de marzo de 1976, cuando el funcionario salía de su casa rumbo al hospital San Bernardo, donde ejercía su profesión de médico.

El juicio comenzó a principios de abril con ocho acusados. Dos siguen las audiencias por videoconferencia desde sus hogares, porque por problemas de salud cumplen arresto domiciliario. Uno es el ex jefe de policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, radicado en la ciudad de Buenos Aires. El otro es Menéndez, que sigue el proceso desde la casa de uno de sus hijos, ubicada en el country del Jockey Club, en el selecto barrio Yerba Buena, al pie del cerro San Javier, en San Miguel de Tucumán. El juicio salteño, con audiencias que se realizan semana de por medio, había pasado a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

Menéndez sumó en los últimos tres años seis condenas a prisión perpetua, triste record que ningún otro genocida está en condiciones de alcanzar en el mediano plazo. La primera fue el 24 de julio de 2008. El Tribunal Oral Federal de Córdoba ordenó entonces el cumplimiento de la sentencia en el penal de Bouwer, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó días después postergar el cumplimiento efectivo de la medida hasta que el fallo quedara firme, decisión que por las demoras del propio tribunal se concretó recién a fines de 2010. El represor siguió preso por decisiones de distintos jueces y tribunales que lo tuvieron como imputado y luego como condenado, hasta el 18 de agosto pasado, cuando el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena le concedió el arresto hogareño en base a un diagnóstico de neumonía bilateral.

La última condena a Menéndez fue el 23 de marzo pasado, en Tucumán, por los homicidios de cinco militantes montoneros. Ex jefe entre 1976 y 1979 del mayor comando de cuerpo de Ejército del país, con epicentro en Córdoba y jurisdicción sobre diez provincias, al militar se le superponen los juicios y, si supera el trance actual, seguirá alternando camiones celulares del Servicio Penitenciario y pasillos de tribunales durante el resto de sus días. El 4 de octubre deberá afrontar un nuevo juicio en Tucumán y desde el 26 deberá alternarse para ser juzgado en Mendoza, en un proceso que comenzó en noviembre sin el Cachorro, por entonces en el banquillo en Córdoba.

El fiscal Romero Victorica acusado de colaborar con un militar apropiador de una menor

Romero Victorica más cerca del banquillo

Ante la negativa del fiscal Juan Martín Romero Victorica de responder a la Justicia por la causa que se le abrió tras ser denunciado por la hija de desaparecidos Victoria Montenegro de anticiparle a su apropiador información acerca de una causa en su contra, el Procurador General, Esteban Righi, elevó el caso para que se resuelva si es enviado a juicio político.

Romero Victoria debía hacer el jueves pasado su descargo en el sumario que se inició, pero al no concretarlo y no conseguir una prórroga, Righi envió las actuaciones al Consejo Evaluador de la Procuración General. El organismo deberá decidir si con la prueba que tiene envía al fiscal a juicio político o inicia una investigación preliminar para recabar más datos y luego resolver.

Romero Victorica fue denunciado por la hija de desaparecidos Victoria Montenegro, quien ante el Tribunal Oral Federal 6 dijo que el fiscal llamaba a su casa para hablar con su apropiador, el fallecido coronel Herman Telzlaf, para contarle como avanzaba la causa penal en la que estaba acusado por su apropiación ilegal.

Montenegro recuperó su identidad y supo que es hija biológica de Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, dos militantes de la guerrilla del ERP que murieron en 1977, y denunció que Telzlaf le confesó que había matado a sus padres y que le mostró el arma con la que cometió los crímenes.

A Romero Victorica también se le inició una causa penal por este hecho en la que el fiscal federal Jorge Di Lello impulsó la acusación y le solicitó al juez Norberto Oyarbide una serie de medidas de prueba, entre ellas la declaración testimonial de Montenegro.

La semana pasada, Victorica resolvió apartarse por razones de "delicadeza y decoro" de la causa que investiga si los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fueron apropiados en la última dictadura militar.

Detenido un represor a partir de testimonios de ex conscriptos


Detalles de un operativo

Carlos Tomás Macedra logró mantenerse en el anonimato durante 35 años. Ex conscriptos que declararon en la causa de Campo de Mayo lo identificaron como el asesino de Florencia Villagra y el secuestrador de Gustavo Cabezas, y fue detenido. El relato desde adentro.

 Por Victoria Ginzberg
Los soldados que hicieron el Servicio Militar en 1976 con José Luis Aguas.

El 10 de mayo de 1976, Gustavo Alejandro Cabezas y Florencia María Villagra estaban repartiendo panfletos en una plaza de Martínez cuando fueron abordados por un grupo de la Sección Segunda de la Compañía Demostración de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo a cargo del teniente primero Carlos Tomás Macedra. A Gustavo lo subieron a un auto y se lo llevaron. Florencia logró desprenderse del soldado que la sujetaba y empezó a correr. Recibió un disparo en la espalda y murió. El relato del hecho figura en la declaración de José Luis Aguas, que en ese momento era un conscripto. Aguas vio y sintió cómo ella se apagaba. La agonía duró un minuto. Hasta que dejó de respirar. Al rato llegó la policía. Un agente se acercó, se agachó al lado del cuerpo e intentó sacarle el reloj y una cadenita. Aguas le mostró la pistola. “Si la tocás, te mato”, lo amenazó.

Macedra está preso. Fue arrestado hace diez días. Había logrado pasar desapercibido durante 35 años. Su nombre no figuraba en la lista de represores denunciados por los organismos de derechos humanos. No fue reconocido por los sobrevivientes, pero ahora fue mencionado por los conscriptos que están declarando en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Estos nuevos testigos permitieron acceder a datos y responsables hasta ahora ocultos y, en este caso, reconstruir en detalle el operativo en el que se secuestró a Gustavo Cabezas y se asesinó a Florencia María Villagra.

Los dos jóvenes fueron interceptados el 10 de mayo de 1976 por un grupo de uniformados en la plaza de Martínez. Eso lo narró el mismo día del hecho José Carballo, que estaba con los chicos mientras repartían o pegaban unos volantes alrededor de la plaza. Carballo, que desapareció el 3 de junio de ese año, logró evadir la patrulla del Ejército y fue a la casa de Thelma Jara de Cabezas –la mamá de Gustavo– a avisar que se habían llevado a sus compañeros.

Aguas relató ante el tribunal que abordaron a Gustavo y Florencia porque mientras patrullaban por la zona su jefe los identificó como “sospechosos”. “El chico era joven, no tendría 18 años, de pelo medio largo, de tez blanca. Y la chica de la misma edad, muy bonita de cara, tenía una campera de jean tipo Lee. Macedra los separa y comienza a interrogar. Estaban muy nerviosos y lo que decían no coincidía”, narró Aguas.

–Estos hijos de punta algo traen, fijate debajo de los autos si hay panfletos o algo que hayan tirado por ahí –le dijo Macedra a Aguas.

El conscripto vio pegatinas en algunas fachadas que hablaban de una reunión universitaria o política. Cuando miró debajo de los autos, vio una bolsa pequeña, pero intentó disimular. Debajo del camión había otra que Macedra también vio, así que no la dejó pasar. El jefe le dijo que la levantara y volviera a la plaza.

Gustavo y Florencia estaban rodeados por soldados. Macedra sacó su 45, le pegó al joven en la cabeza y le dijo: “Hijo de puta, vas a cantar todo lo que sabés”. Los conscriptos se sorprendieron, se quedaron “pasmados” (en palabras de Aguas). El chico sangraba. Lo subieron a la camioneta boca abajo. Florencia logró zafarse de la persona que la estaba sujetando y salió corriendo. Avanzó treinta o cuarenta metros, hasta que Macedra sacó su pistola y gritó: “Parate o te mato”. Tiró dos disparos hacia arriba. El tercero fue hacia el centro de la espalda de la chica, que cayó al piso. Dos soldados, que venían corriendo desde la camioneta, se quedaron paralizados a unos quince metros de Florencia. Aguas se acercó al cuerpo. Florencia jadeaba. El charco de sangre era grande.

El soldado le dijo a Macedra que estaba viva y que había que llamar a una ambulancia. “No, dejá, yo sé dónde le pegué”, fue la respuesta. Aguas se quedó a su lado mientras agonizaba e impidió que un policía rapiñara el cadáver. No vio qué pasó con Gustavo. Un compañero le dijo que lo habían subido a un patrullero.

Cuando llegaron al cuartel, los conscriptos comentaron entre ellos lo que había pasado. Los que se habían quedado dijeron que lo habían escuchado por radio. Que lo habían informado como un enfrentamiento. Los que acababan de llegar aseguraron que no había sido así. Era de madrugada y se fueron a dormir. A las seis de la tarde, Macedra juntó a todo el grupo. “Quiero que sepan que matar a una persona no es nada grato, yo también estoy mal por el hecho sucedido, pero gracias a las declaraciones del detenido hemos encontrado esta bandera y en un domicilio un polígono de tiro”, les dijo y desplegó una bandera del ERP. (Gustavo y Florencia militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, vinculada con Montoneros). Los soldados se mantuvieron en silencio. Macedra agregó: “Ustedes vieron que me tuve que defender, pues me disparó con el treinta y ocho que llevaba en su cartera”. Y se fue. Los conscriptos coincidieron en que lo que decía Macedra no era cierto, pero que era la versión que debían dar para no tener problemas si alguien preguntaba. Muchos estaban nerviosos y no querían salir a patrullar nunca más.
Una colimba particular

“Con esta declaración y la detención de Macedra queda comprobada la importancia de los testimonios de los que hicieron la conscripción en aquellos años. Demuestra que los oficiales y su-boficiales van presos. Tanto los querellantes como los familiares de las víctimas creemos que los conscriptos no tenían más opción que estar ahí, ellos no tienen responsabilidad, incluso hay colimbas desaparecidos, pero necesitamos que se acerquen para que nos ayuden a saber qué pasó con nuestros familiares”, dijo a Página/12 Daniel Cabezas, hermano de Gustavo, que impulsa junto con abogados y familiares de desaparecidos en Campo de Mayo una campaña para que los ex conscriptos se presenten como testigos. A diferencia de la ESMA, en Campo de Mayo hay pocos sobrevivientes y el relato de los ex soldados obligados puede revelar nombres de represores desconocidos o detalles sobre el destino de las víctimas, como en este caso.

Durante su declaración, Aguas narró que entró al Servicio Militar a principios de 1976. Fue destinado a la Escuela de Comunicaciones con asiento en Campo de Mayo y luego al Arsenal Esteban De Luca, en Boulogne. Apenas llegado, le informaron que habría un golpe de Estado. Le enseñaron a entrar en viviendas y desplazarse en patrullas por la ciudad. Golpeaban domicilios, revisaban personas, entraban a hoteles transitorios de la Panamericana, entre otras cosas. “Una vez –contó– se detuvo a una persona porque no tenía documentos y así fue que se detuvo a varias, que eran trasladadas a la comisaría de Boulogne. Casi siempre era a esa comisaría y muy rara vez a la de San Isidro y José León Suárez. Cuando pasábamos por las comisarías dentro del patrullaje, algunos policías decían que alguna persona que habíamos detenido, que no era nadie en especial, no la veríamos más. Primero creí que era una bravuconada, pero después nos dimos cuenta, cuando de- saparecieron dos compañeros de comando y servicios, cuyos nombres no recuerdo, que aquello podía ser cierto.”

Aguas reveló que durante uno de esos “patrullajes” Macedra violó a una chica que había detenido en un “control de autos”. Que él y sus compañeros estuvieron como “grupo de apoyo” en un operativo en la zona de Martínez donde murieron dos personas y que también los llevaron a un sitio donde, según les dijeron, estaba escondido Mario Roberto Santucho, el líder del ERP. Allí se limitaron a mirar, pero “cuando terminó el hecho un grupo de soldados que actuó ingresó a la casa y cuando salían, muchos de ellos vomitaban. Se rumoreaba que en el lugar se encontró un matrimonio, un bebé y otra chica más. Los soldados se preguntaban qué grupo de extremistas estábamos buscando si era una familia”.

El testigo no tuvo contacto con los sitios que, dentro de Campo de Mayo, fueron usados como centros clandestinos de detención. No vio tampoco a secuestrados pero aclaró que cuando hacían guardia, nadie quería que le tocara el puesto 6 porque desde ese lugar se escuchaban gritos de lamentos y de personas que pedían ayuda.

El Juez Romano, partícipe en 76 crímenes durante la dictadura, ¡¡ sigue en libertad y en funciones!!


A CAMARA FEDERAL DE MENDOZA CONFIRMO EL PROCESAMIENTO DE ROMANO
Un juez cada vez más complicado

Confirmó su participación en 76 casos de delitos de lesa humanidad y agravó su situación procesal. Un día antes, lo habían procesado en otros 17 casos. Sin embargo, gracias a medidas cautelares, sigue en funciones.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó ayer el procesamiento de uno de sus miembros, el juez Otilio Roque Romano, por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. El tribunal ratificó la responsabilidad penal del magistrado en 76 casos de secuestros, torturas y desapariciones, aunque agravó su situación procesal al modificar la calificación legal. Además de la omisión de investigar delitos de manera sistemática y prolongada en el tiempo, que le había adjudicado en primera instancia el juez federal Walter Bento, la Cámara reemplazó la calificación de partícipe secundario a partícipe necesario, que en caso de confirmarse en la etapa de juicio oral podría costarle a Romano una condena a prisión perpetua. Un día antes el juez Bento lo había procesado por otros 17 casos, que ahora debe analizar la Cámara. Paradójicamente, el camarista continúa en funciones gracias a la interposición de medidas cautelares ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“Es un caso gravísimo, no se entiende que el propio Poder Judicial tenga tanta ambivalencia o ambigüedad”, reflexionó el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de seguimiento y coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. “Por un lado se confirma y agrava el procesamiento de Romano por casi cien hechos y, por el otro, el Consejo de la Magistratura, es decir la cabeza administrativa o política, con todas las facultades a su alcance, va a la zaga y muy lejos de acompañar al poder jurisdiccional”, lamentó. “Es inexplicable, no hay consonancia, no hay comportamiento coherente. Romano no puede seguir en funciones, es un juez procesado por crímenes de lesa humanidad, no puede tener el más mínimo espacio de poder con semejante situación procesal. Es perentoria una decisión administrativa”, planteó el fiscal chaqueño, quien viene de celebrar la condena por la Masacre de Margarita Belén.

La decisión de la Cámara Federal mendocina fue rubricada por los jueces Pedro González, Roberto Naciff y Hugo Echegaray, e incluye a otros tres magistrados que prestaron servicios durante el terrorismo de Estado. En el caso de Rolando Evaristo Carrizo, ex titular del Juzgado Federal de Mendoza, la confirmación fue automática porque el imputado no apeló el procesamiento de primera instancia. Carrizo fue responsabilizado hasta el momento por omitir investigar delitos de lesa humanidad en 19 casos. El segundo procesamiento firme recayó sobre Miret, en su caso por denegación de justicia contra 36 víctimas. El tercer procesado camino a juicio es Guillermo Max Petra Recabarren, por idéntica omisión, pero en perjuicio de 22 personas y en carácter de juez federal subrogante. Petra Recabarren es primo hermano de Julio Petra, actual presidente de la Cámara Federal cuyana, quien tal como informó Página/12 el mes pasado hizo lobby ante la Corte Suprema de Justicia para lograr la remoción de Naciff y Echegaray, justamente por contrariar la política histórica del tribunal de obstaculizar el avance de los procesos de lesa humanidad. Petra a secas es el mismo que después de prestarse a recusar a Bento fue fotografiado mientras cenaba con champagne en un bar céntrico de Mendoza con su amigo Romano, compañero de tribunal durante casi veinte años, según denunció el diario virtual Mendoza On Line.

En el último punto de la parte resolutiva la Cámara ordenó ayer notificar su decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara Nacional de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura “a los fines que estimen corresponder”. También el juez Bento había notificado sin suerte en marzo al organismo responsable de analizar y juzgar el desempeño de Sus Señorías. Tanto Miret como Romano renunciaron al cargo para intentar evitar el jury, pero chocaron con la negativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que les frustró la maniobra. Miret debió afrontar el proceso y terminó destituido por no investigar torturas y violaciones cometidas por la policía de Mendoza en 1975. Romano logró burlar al organismo gracias a una medida cautelar que le concedió el juez ad hoc Carlos Parellada, denunciado a su vez por el sobreviviente del Departamento de Informaciones de la policía cuyana Fernando Rule como amigo íntimo y compañero de fuero del camarista durante la dictadura.

“La resolución de la Cámara de Mendoza es de suma trascendencia para el juzgamiento de hechos gravísimos de complicidad judicial con el terrorismo de Estado”, reflexionó Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de la Procuración. “La decisión del tribunal deja la causa en condiciones de ser elevada a juicio, lo que seguramente ocurrirá en muy poco tiempo. El Consejo de la Magistratura debe tomar nota de esta resolución y resolver urgentemente la situación de Romano. Es una situación de inusitada gravedad institucional que no puede quedar sin resolver”, alertó.

Detenido camarista por involucración en la dictadura

Roberto Catalán, ex magistrado federal de La Rioja, está acusado de "imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica". Hasta ahora el único juez condenado por delitos de lesa humanidad es el santafesino Víctor Brusa, que recibió una pena de 21 años de prisión por participar en sesiones de tortura en 1976 y 1977. En Mendoza se investiga la complicidad los camaristas federales Otilio Romano y Luis Francisco Miret, mientras en Córdoba hay un proceso similar abierto contra dos fiscales y un ex magistrado.

El pasado viernes por la tarde se le recibió declaración indagatoria a Catalán, y finalizada la misma el juez Daniel Herrera Piedrabuena ordenó la detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, pero debido al estado de salud del imputado se dispuso "preventivamente" la prisión domiciliaria.

Catalán fue denunciado por Leopoldo Juan González, quien expresó que luego de ser detenido en abril de 1976, fue visitado dos años después por el entonces juez Catalán en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja. Según la declaración de González, Catalán le notificó que habían encontrado en su domicilio "una carpeta con materiales subversivos, a lo que respondí que siendo escritor yo entendía que dichos volantes y papeles recogidos en actos en la calle, eran para mi documentos históricos y servirían para algún día escribir sobre los acontecimientos vividos en el país antes del golpe".

"También me notificó que habían encontrado una pistola calibre 22 que reconocí como mía. Cuando quise declarar sobre las torturas recibidas, se negó a ponerlo en el escrito diciendo que 'esas cosas no tenían valor por haber pasado mucho tiempo', y que era mejor olvidar", detalló. Catalán "dio por terminada la declaración, dobló la hoja y pretendió que la firmara, cuando me negué, el escribiente dio la vuelta al escritorio me tomó de los pelos y tirando mi cabeza para atrás me metió una pistola en la boca, diciendo que si no firmaba era boleta, así firmé lo que no fue mi declaración, sino lo que el Dr. Roberto Catalán quiso poner", indicó González.

Ante dicha denuncia, el Ministerio Público Fiscal, representado por Marta Kunath, fiscal federal subrogante, promovió acción penal en contra Catalán, solicitando su detención, que finalmente ordenó el juez Herrera Piedrabuena.

Mientras tanto, hace un mes en Córdoba la Justicia dejó la puerta abierta para seguir investigando a los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Sebastián Cornejo y al ex juez federal Miguel Angel Puga, a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa de rechazar por unanimidad los planteos de prescripción elevados por los abogados defensores. La causa está también en manos de Herrera Piedrabuena.

En Mendoza, el fiscal general Omar Palermo detalló la connivencia de la Justicia con los represores y solicitó que se cite a declaración indagatoria a los actuales camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Luis Francisco Miret y al ex juez Gabriel Guzzo, entre otros, por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, por omitir hacer cesar detenciones ilegales y por encubrir por omisión el deber de denuncia. Calificaciones que tributan en delitos de lesa humanidad. Miret y Romano ya fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por organismos de derechos humanos y el propio ministro de Justicia provincial.

Desaparecidos de un Estado desaparecido

Las víctimas de la dictadura que se desempeñaban en empresas públicas

La Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad ya identificó a 270 trabajadores que, cuando fueron secuestrados o asesinados, trabajaban en ENTel, Segba, Obras Sanitarias y otras empresas. Sus integrantes piden que se enmienden los expedientes adulterados.

 Por Gustavo Veiga

Primero desaparecieron los trabajadores del Estado y después las empresas. La dictadura cívico militar y el menemismo se repartieron la aciaga faena entre 1976 y 1990. Los integrantes de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad resumen en un puñado de anécdotas cómo fue la dolorosa secuencia. Julián Scabbiolo detalla que hasta ahora se identificó a 270 compañeros gracias a una investigación iniciada a principios de 2007. Con la ayuda de Obdulia García Piñeiro recuerda los nombres de algunas compañías donde ellos se desempeñaban y que ya no existen: ENTel, Segba, Gas del Estado, Obras Sanitarias, ELMA, Encotel... Diego Rodríguez muestra el legajo con los datos de su padre donde resalta uno, cesante, que tergiversa su condición de desaparecido. Silvina Giaganti cuenta que, en el jardín de infantes de su hijo, una mamá identificó a su tío gracias a la revista en la que colaboran todos, Construyendo memoria. Juan José Leiva recuerda su paso por la línea A del subte hasta el día en que lo forzaron a renunciar y lo secuestró el Ejército.

Los cinco comparten una ronda de mates en el Archivo Nacional de la Memoria, desde donde se decidieron a poner la historia en su lugar. “Parecería que la dictadura transcurrió en paz y orden dentro de la administración pública. Hubo sabotajes, paros y hasta trabajo a tristeza”, describe el grupo que espera la firma de un decreto presidencial para reparar la adulteración de expedientes que hablan de bajas, suspensiones y despidos. En su lugar, deberían llevar una inscripción: detenido-desaparecido.

“Empezamos a recuperar los legajos de los trabajadores y fue un gran acontecimiento, porque contenían injusticias. El Estado terrorista era el asesino y además el empleador. Tenemos compañeros a los que detuvieron camino a la empresa, otros a los que desaparecieron en las oficinas y los restantes que eran dados de baja y secuestrados seis meses después. Decidimos no juntar papeles porque sí y asumimos el compromiso de conseguir una herramienta para poder reparar esta situación”, dice Scabbiolo, de la Juventud de Obras Públicas. Con el aplomo de un veterano señala: “Tenemos identificados a 270 compañeros, aunque sabemos que son más y que la difusión va a ser determinante para que los familiares se acerquen, conozcan la existencia de la Comisión y puedan brindar su testimonio”. Invita a presentarse en el Ministerio de Economía, Hipólito Yrigoyen 250, oficina 1141, o en la ex ESMA, Avenida del Libertador 8151, oficina 69.

A su lado, Leiva comenta que es un “sobreviviente” y que trabajaba en Subterráneos de Buenos Aires, de donde lo forzaron a alejarse en 1978 bajo amenazas de muerte. “Fui perdiendo compañeros que iban cayendo uno tras otro: el ‘Flaco’ Agustín Nuñel, el ‘Tano’ Roberto Rizzi, Correa, Chalampa, compañeros de mucha valía que se los llevaron porque eran los más humanos, los más combativos”. Hoy todavía lucha de manera infructuosa para conseguir su reincorporación a Metrovías. Militante de la JP, recuerda con minucioso detalle al interventor, el teniente coronel José Luis Pintos: “Un hombre morocho, alto, que vestía ropa de gala del Ejército, con botas largas, anteojos ahumados, una gorra marrón bien puesta sobre los ojos y la fusta con la que se pegaba en las botas. No lo voy a olvidar más, se paseaba entre nosotros preguntándote qué hacías y apelaba al insulto para intimidar”.

García Piñeiro trabaja en la ex ESMA, ese espacio recuperado para mantener encendida la memoria. “Un legajo dice muchísimo de las personas, nos dice que eran excelentes trabajadores, que cumplían evaluaciones. Se ven las historias de sus hijos, cómo crecían, los certificados de escolaridad, son historias que te llenan de cariño. El primer familiar con el que me encontré fue Diego y eso me produjo mucha emoción.” Rodríguez, abogado y asesor en derechos humanos de la Legislatura porteña, lo corrobora: “Yo me acerqué a la Comisión por intermedio de Obdulia”. Angel Alberto, su padre, era empleado de Obras Sanitarias. Desapareció el 4 de agosto de 1976. Lo secuestraron en el Bajo Belgrano, en Húsares y Monroe, muy cerca de la cancha de River y del centro clandestino de detención más emblemático de la dictadura, donde ahora los cinco reconstruyen la identidad de los trabajadores del Estado desaparecidos.

Tienen una herramienta a mano para lograrlo. El 27 de marzo de 2007 se firmó un acta acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación y el Archivo Nacional de la Memoria. Una ambiciosa tarea los mantiene ocupados: desarrollar las tareas de relevamiento y documentación del personal desaparecido que se desempeñaba en el también desaparecido Ministerio de Obras y Servicios Públicos, creado en 1898 y víctima del desguace del Estado en la década del ’90, casi un siglo después. “Un decreto del ’91 lo disuelve. Nosotros teníamos el edificio de la 9 de Julio y Belgrano que el menemismo planteó tirarlo abajo. Todo el personal pasó al Ministerio de Economía y muchos compañeros se fueron por retiro voluntario”, señalan.

Además de recuperar legajos, cruzar sus datos con la Conadep y entregarlos al Archivo, la Comisión organiza ciclos de formación en derechos humanos para la administración pública. Son visitas a la ex ESMA que se realizan todos los meses y de las que ya participaron más de 800 trabajadores desde que comenzaron a mediados de 2008. La iniciativa corrió por cuenta de un ex detenido desaparecido que pasó por aquel centro clandestino y es empleado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Giaganti, quien junto a Scabbiolo y Leiva se desempeña en la Secretaría de Obras Públicas, redefine el concepto bastardeado que se tiene del empleo público: “Nosotros sentimos que el trabajador del Estado debe cumplir un rol social, para la gente, lo que equivale a construir viviendas o que llegue el agua a un barrio, o instalar cloacas. Cumplimos tareas todos los días con esa convicción. Trabajar en el Estado no estaba bien visto y hoy para nosotros es un orgullo”. Rodríguez rescata “el valor histórico de la labor que cumple la Comisión. Yo, como hijo de un desaparecido que formó parte de una empresa pública, tomé el trabajo que hacen como una bandera propia. Y estoy seguro de que servirá para que los empleados actuales conozcan a compañeros que caminaban por los mismos pasillos, que laburaban como ellos y que una política criminal les sustrajo su identidad”.

La reconstrucción de esas vidas y de cómo la dictadura militar irrumpió en los organismos del Estado para arrebatarlas, avanza en diferentes narraciones a lo largo de la entrevista. “A los compañeros los secuestraron con las camionetas de las dependencias de empresas públicas y ahora los micros que nos traen a la ex ESMA son para reconstruir la memoria”, compara Scabbiolo. “En los legajos que recuperamos había cartas de compañeros pidiendo por alguien que no estaba asistiendo al trabajo. Firmaban notas sabiendo que arriesgaban su vida al pedir por un desaparecido. Se dice que había delaciones de unos a otros, pero nosotros vemos que los legajos dicen otra cosa”, explica Giaganti. “Esto no es trabajar sobre el pasado, es trabajar sobre el futuro”, concluye García Piñeiro y todos asienten con el convencimiento de que están completando una historia que tiene muchas ventanas abiertas.

A la espera del decreto

La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad espera por un decreto que disponga –como dice el borrador de su artículo 1º– “la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de las personas físicas que (...) revistaban como personal dependiente de la Administración Pública Nacional, aun cuando las mismas figuraran dadas de baja”. Los empleados que se desempeñan básicamente en el Ministerio de Planificación Federal descubrieron que sus pares, víctimas del terrorismo de Estado, tienen sus legajos plagados de palabras como “baja”, “cesante”, “suspendido”, “despido” o “limitar servicios” y que esto fue posible por leyes como la 21.260, promulgada el mismo día del golpe, y la 21.274, que decretaron despidos masivos entre los trabajadores.

La segunda de las normas, aprobada el 29 de marzo, sostenía en su artículo 1º: “Autorízase hasta el 31 de diciembre de 1976 a dar de baja por razones de servicio, al personal de planta permanente, transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Nacional, en el Poder Judicial, en el Congreso Nacional y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entes autárquicos, organismos descentralizados de cualquier carácter, empresas del Estado y de propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otra dependencia del mismo”.
El decreto que pronto quedará a la firma  terminará con la adulteración documental de los legajos y se apoya en un expediente de 22 cuerpos y 11.600 fojas. Según los empleados de la Secretaría de Obras Públicas, pesa tanto que tuvieron que moverlo en dos carretillas. La intención de los trabajadores es que el decreto se haga extensivo a un período mucho más amplio, tomando como punto de partida el bombardeo del 16 de junio de 1955 y a todas las víctimas del terrorismo de Estado que lo sufrieron desde adentro

Causa Goya: el exmilitar Cao intenta desacreditar a los testigos

Aseguró que no estuvo en la jurisdicción cuando ocurrieron los hechos por los que fue llevado a juicio. También trató de desacreditar a los testigos que lo sindicaron como uno de los represores.
El exmilitar acusado de cometer delitos de lesa humanidad en Goya durante la última dictadura, Leopoldo Cao, sostuvo ayer que él no estuvo presente en la provincia cuando ocurrieron los hechos por los que fue llevado a juicio.
Cao indicó que, durante esos años, prestó servicios en el Sur y en Formosa, aportando documentación respaldatoria de sus dichos, pero hay una evidencia en su contra muy importante: su legajo militar dice lo contrario.
En medio de su defensa argumentó que él estaba destinado a una unidad de ingenieros del Ejército y como tal construyó puentes. También aseguró que arregló caminos durante los operativos Toba.
Para la acusación, esta argumentación no hizo otra cosa que ratificar su participación en la estructura represiva, porque esos operativos estaban diseñados para hacer inteligencia contra las organizaciones militantes y apresar a sus integrantes.

Un ingeniero peronista
En una parte de su alegato resaltó que es peronista y su padre, uno de los constructores del primer auto argentino y del avión a reacción Pulqui, recibió al general Perón en su casa.
A reglón seguido, ratificó que fue un ingeniero del Ejército y que no tenía injerencia alguna en las decisiones que se tomaban en los lugares adonde fue destinado por la fuerza castrense.
Agregó que “su superior inmediato era Alberto Silveira Escamendi”, también imputado por delitos de lesa humanidad y único procesado sobre el que pesa el estado de prisión preventiva.

Algo previsible
Cao, al igual que otros militares que pasaron por el banquillo de los acusados, desacreditó a los testigos y trató de demostrar que es inocente de todos los cargos que se le imputan.
Solicitó que se juzgue a los integrantes del destacamento de Inteligencia 124 con asiento en Resistencia, unidad militar que estuvo a cargo de la represión en el NEA, pero que tenían grupos de tareas en todas las unidades militares que dependían del área.
Si bien es cierto que el exgeneral Cristino Nicolaides era el jefe de la represión, esto no implica que los cuadros inferiores del Ejército estén liberados de toda culpa y mucho menos que no puedan ser juzgados.
En parte, la respuesta de Cao es un calco de las defensas que se argumentaron en otros juicios por delitos de lesa humanidad. Y para la acusación no hizo aportes significativos que ameriten cambiar la imputación que presentarán contra él.

Inspecciones
Por otra parte, el Tribunal Oral Federal inspeccionará hoy los centros clandestinos de detención que funcionaron en Goya comenzando por la Prefectura, una de las unidades marcadas como lugar de destino de los presos políticos.
Varios expresos señalaron durante la instrucción haber sido detenidos por hombres de la Prefectura y llevados al destacamento local. Allí recibieron el conocido “ablande” para posteriormente ser trasladados al Hípico u otra cárcel ilegal.

Parecería que en Entre Ríos se inician pasos contra la impunidad

Se unifican esas dos causas, siendo  lo fundamental es que el Tribunal Oral Federal de Paraná fijó para el próximo 27 de julio la fecha de inicio del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en Concordia y Concepción del Uruguay.

Uno de los seis imputados es el ex ministro del Interior durante el último gobierno militar, Albano Harguindeguy, y otro, el comandante del segundo Cuerpo del Ejército desde el 3 de septiembre de 1975 hasta octubre de 1976, Ramón Genaro Díaz Bessone. En este aspecto son más que elocuentes las palabras de representantes de organismos de derechos humanos “Estamos observando todas las necesidades y garantías por parte del Estado –poderes Ejecutivo y Judicial- de los que son querellantes y testigos, ya que no podemos permitir ninguna intimidación más a ningún compañero. Por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para que en la sociedad realmente se juzgue a los genocidas”.

Asimismo, es preciso señalar que los juicios no se realicen en Concepción del Uruguay y Concordia, donde ocurrieron los hechos, pero los militantes de los distintos organismos  planifican instalar pantallas en la calle para que el juicio sea público. “Tenemos que lograr efectuar un juicio como corresponde y que se pueda juzgar a los culpables como corresponde”.
Por último conformará una Mesa ampliada en el Registro Único por la Verdad y la Comisión Provincial para la Memoria, para trabajar “entre las distintas organizaciones de Paraná y la provincia, para que socialmente construyamos entre todos, un espacio público de juicio y castigo a los culpables y responsables de los delitos de lesa humanidad”.

Casi 70 represores identificados en Jujuy, recién ahora procesan con prisión preventiva a ex militar

En el listado elaborado por los organismos de derechos humanos, hay además de miembros de las fuerzas represivas, un fiscal y un obispo.
Se trata de Antonio Orlando Vargas, quien es investigado por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 56 víctimas. La medida fue dispuesta en cuatro causas por el juez federal de Jujuy Carlos Olivera Pastor

El juez Carlos Olivera Pastor, a cargo del Juzgado Federal de Jujuy Nº2, procesó con prisión preventiva en cuatro causas al ex militar Antonio Orlando Vargas, por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante el último gobierno militar.

Vargas, quien fuera durante el año 1976 director del Penal de Villa Gorriti de la ciudad de San Salvador de Jujuy, está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 56 víctimas.
El ex represor Vargas se encuentra involucrado en cuatro causas: Bazan; Bernard; Burgos, y Giribaldi.
Pero tal como fuera denunciado recientemente, "la justicia en Jujuy es insultantemente lenta".

Esclarecido crimen de lesa humanidad en la Plaza de Martínez

 Se trata del asesinato de Florencia Villagra, de 19 años, y la desaparición de Gustavo Cabezas, de 17.Cinco conscriptos que participaron de un operativo producido en la madrugada del 10 de mayo de 1976 en la plaza 9 de julio permitió la detención del Coronel Carlos Macedra, por aquel entonces teniente primero al mando de una patrulla militar. Ese día tres jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Florencia Villagra, Gustavo Cabezas y José Carballo se encontraban repartiendo volantes contra el golpe militar cuando fueron rodeados por los efectivos militares. Carballo logró escapar, Cabezas fue golpeado en la cabeza con un arma de puño por Macedra y subido al camión militar, lo que posibilitó que Florencia Villagra saliera corriendo, el militar tiró dos tiros al aire y después apuntó a la espalda de la joven, que murió a causa de los disparos.

Gustavo Cabezas se supone que fue trasladado a Campo de Mayo, y permanece desde entonces en calidad de desaparecido.
La madre del joven militante peronista, Telma Jara de Cabezas, comenzó la tarea de búsqueda por los carriles habituales en aquellos años, hasta que fue detenida el 30 de abril de 1979 por un Grupo de Tareas de la Armada, llevada a la Esma, donde fue torturada por el marino Ricardo Cavallo, y obligada a montar una campaña de desinformación a través de un reportaje en la revista Para Ti (Habla la madre de un subversivo muerto). .
Los cinco conscriptos realizaron una huelga de hambre para que no sean obligados a participar de operativos, y 35 años después declararon en el juicio, con conceptos tan contundentes que Macedra se negó a declarar, y espera la consumación del juicio en el penal de Marcos Paz.
Telma Jara, ya fallecida, inició una causa contra la editorial Atlántida en 1984, que resulta clave en la prosecución de juicios sobre la participación civil en crímenes de lesa humanidad.