Esta semana decidirá si aparta a dos jueces del Tribunal Federal de Neuquén, a raíz de las recusaciones presentadas por los defensores de los militares acusados de delitos de lesa humanidad en la región.
El jueves podría definirse el inicio del segundo tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la región.
Los abogados de los represores entienden que no está garantizado el derecho a juicio porque los jueces Ricardo Krom y Orlando Coscia los habían juzgado y condenado en diciembre de 2008.
Este jueves la Cámara Nacional de Casación Penal deberá decidir si acepta o no las recusaciones presentadas por los abogados defensores de los militares acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en Neuquén.
La Cámara tendrá que resolver el apartamiento o no de los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Ricardo Krom y Orlando Coscia, requerida por los abogados Eduardo Peralta, Héctor Corigliano, María Oviedo y Guillermo Álvarez, quienes consideraron que no estaba garantizado el derecho a juicio de sus defendidos porque ambos magistrados los habían juzgado y condenado en el primer tramo del juicio que en diciembre de 2008 condenó a ocho de los principales ex jefes militares con penas efectivas desde 7 a 25 años de prisión.
De lo que resuelva la Cámara de Casación Penal dependerá la fecha de inicio del segundo tramo del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 del Ejército de esta ciudad.
En esta parte del juicio son 25 los imputados, entre procesados e indagados pertenecientes al Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Río Negro y Neuquén, y de servicios de inteligencia (ver recuadro), 39 víctimas, 6 desaparecidos (dos de Cutral Co y cuatro de Neuquén).
En esta segunda parte del juicio también están procesados los ocho ex militares condenados en 2008: el ex jefe del Batallón, general, Enrique Braulio Olea; los ex jefes de inteligencia de esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas y del comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold (25 años de prisión), ex jefe del Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera (22 años), ex miembros de Inteligencia del Ejército, Jorge Molina Ezcurra y Adolfo San Martín (21 años), ex médico militar Hilarión de la Pas Sosa (20 años) y ex suboficial de Inteligencia, Francisco Oviedo (7 años).
Expectativas
Beatriz Gentile, delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, expresó su expectativa respecto a lo que se resuelva este jueves “ya que en el caso que rechacen las recusaciones se podría fijar una fecha de comienzo del juicio que podría ser hacia el mes de julio o a lo sumo agosto”. En caso que ocurriese lo contrario “sería un golpe tremendo, porque el juicio se postergaría un año más”, subrayó Gentile.
Esta última presunción de Gentile está basada en que si los jueces Krom y Coscia son apartados de la causa tendrían que ser reemplazados y de esta manera los tiempos se extenderían debido a la falta de jueces que hay en el país.
Noemí Labrune, de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, consideró que existe una fuerte voluntad de dilatar los juicios. “La voluntad de postergar los juicios está probada”, aseguró. "Los recusan porque se dieron cuenta que los delitos que se están debatiendo en la región merecen las máximas condenas”, agregó.
Gentile opinó en la misma sintonía que Labrune señalando que las defensas de los militares implicados “lo único que intentan es dilatar mediante cualquier forma la sustanciación de los juicios porque es abrumadora la cantidad de prueba documental y testimonial que certifica el plan genocida y criminal que instalaron en Argentina”.
El jueves podría definirse el inicio del segundo tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la región.
Los abogados de los represores entienden que no está garantizado el derecho a juicio porque los jueces Ricardo Krom y Orlando Coscia los habían juzgado y condenado en diciembre de 2008.
Este jueves la Cámara Nacional de Casación Penal deberá decidir si acepta o no las recusaciones presentadas por los abogados defensores de los militares acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en Neuquén.
La Cámara tendrá que resolver el apartamiento o no de los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Ricardo Krom y Orlando Coscia, requerida por los abogados Eduardo Peralta, Héctor Corigliano, María Oviedo y Guillermo Álvarez, quienes consideraron que no estaba garantizado el derecho a juicio de sus defendidos porque ambos magistrados los habían juzgado y condenado en el primer tramo del juicio que en diciembre de 2008 condenó a ocho de los principales ex jefes militares con penas efectivas desde 7 a 25 años de prisión.
De lo que resuelva la Cámara de Casación Penal dependerá la fecha de inicio del segundo tramo del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 del Ejército de esta ciudad.
En esta parte del juicio son 25 los imputados, entre procesados e indagados pertenecientes al Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Río Negro y Neuquén, y de servicios de inteligencia (ver recuadro), 39 víctimas, 6 desaparecidos (dos de Cutral Co y cuatro de Neuquén).
En esta segunda parte del juicio también están procesados los ocho ex militares condenados en 2008: el ex jefe del Batallón, general, Enrique Braulio Olea; los ex jefes de inteligencia de esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas y del comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold (25 años de prisión), ex jefe del Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera (22 años), ex miembros de Inteligencia del Ejército, Jorge Molina Ezcurra y Adolfo San Martín (21 años), ex médico militar Hilarión de la Pas Sosa (20 años) y ex suboficial de Inteligencia, Francisco Oviedo (7 años).
Expectativas
Beatriz Gentile, delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, expresó su expectativa respecto a lo que se resuelva este jueves “ya que en el caso que rechacen las recusaciones se podría fijar una fecha de comienzo del juicio que podría ser hacia el mes de julio o a lo sumo agosto”. En caso que ocurriese lo contrario “sería un golpe tremendo, porque el juicio se postergaría un año más”, subrayó Gentile.
Esta última presunción de Gentile está basada en que si los jueces Krom y Coscia son apartados de la causa tendrían que ser reemplazados y de esta manera los tiempos se extenderían debido a la falta de jueces que hay en el país.
Noemí Labrune, de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, consideró que existe una fuerte voluntad de dilatar los juicios. “La voluntad de postergar los juicios está probada”, aseguró. "Los recusan porque se dieron cuenta que los delitos que se están debatiendo en la región merecen las máximas condenas”, agregó.
Gentile opinó en la misma sintonía que Labrune señalando que las defensas de los militares implicados “lo único que intentan es dilatar mediante cualquier forma la sustanciación de los juicios porque es abrumadora la cantidad de prueba documental y testimonial que certifica el plan genocida y criminal que instalaron en Argentina”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario