Los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura sufren “injustificadas demoras” que constituyen un “impedimento para que concluyan en un tiempo razonable”, evaluó la Comisión Interpoderes para agilización de esos procesos.
La comisión, que integran representantes del máximo nivel de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, citó en concreto a los juicios orales por las causas Feced, en Rosario, y ESMA, como un ejemplo de esas dilaciones.
El organismo exhortó por ello a los jueces a cargo de esos procesos a “imprimirle la mayor celeridad posible” de modo de no desvirtuar “lo que los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como política de Estado”.
La “exhortación” a los jueces que llevan estas causas fue emitida al fin de la última reunión plenaria de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes).
Del encuentro participaron los responsables de la unidad fiscal para seguimiento de estas causas en la Procuración General de la Nación, Jorge Auat y Pablo Parenti; el secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut; la presidente de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, y su secretario general, Javier Carbajo; el titular del Consejo de la Magistratura, Mario Fera y su secretario de DDHH, Pablo Vassel, y el juez federal Daniel Rafecas.
“Con sustento en la Acordada n° 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Comisión Interpoderes considera necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”, sostuvo el documento.
La comisión consideró “imprescindible” que los magistrados agilicen las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, “procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes”, en especial los testigos.
Además de denunciar la “excesiva prolongación y retraso” de las horas de debate en algunas causas, la Comisión exhortó a los jueces de los tribunales orales que comparten salas de audiencias a optimizar su uso.
El juicio oral contra 17 represores de la ESMA se inició a fines de noviembre del 2009 y el Tribunal Oral Federal 5 de esta capital, que integran los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Oscar Hergot, proyecta emitir sentencia a mediados de octubre próximo.
El juicio por los crímenes en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, conocida como causa Feced, comenzó a ventilarse en julio del 2010 ante el Tribunal Oral Federal 2 de esa ciudad, que integran los camaristas Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe.
En ambos casos se trata de verdaderas “megacausas” por la cantidad de imputados y víctimas, y los presentes juicios son apenas los primeros tramos en ser juzgados.
La comisión, que integran representantes del máximo nivel de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, citó en concreto a los juicios orales por las causas Feced, en Rosario, y ESMA, como un ejemplo de esas dilaciones.
El organismo exhortó por ello a los jueces a cargo de esos procesos a “imprimirle la mayor celeridad posible” de modo de no desvirtuar “lo que los tres Poderes del Estado Nacional han considerado como política de Estado”.
La “exhortación” a los jueces que llevan estas causas fue emitida al fin de la última reunión plenaria de la Comisión para la Agilización de las causas por delitos de lesa humanidad (Comisión Interpoderes).
Del encuentro participaron los responsables de la unidad fiscal para seguimiento de estas causas en la Procuración General de la Nación, Jorge Auat y Pablo Parenti; el secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut; la presidente de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, y su secretario general, Javier Carbajo; el titular del Consejo de la Magistratura, Mario Fera y su secretario de DDHH, Pablo Vassel, y el juez federal Daniel Rafecas.
“Con sustento en la Acordada n° 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Comisión Interpoderes considera necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible el trámite de dichos juicios”, sostuvo el documento.
La comisión consideró “imprescindible” que los magistrados agilicen las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, “procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes”, en especial los testigos.
Además de denunciar la “excesiva prolongación y retraso” de las horas de debate en algunas causas, la Comisión exhortó a los jueces de los tribunales orales que comparten salas de audiencias a optimizar su uso.
El juicio oral contra 17 represores de la ESMA se inició a fines de noviembre del 2009 y el Tribunal Oral Federal 5 de esta capital, que integran los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Oscar Hergot, proyecta emitir sentencia a mediados de octubre próximo.
El juicio por los crímenes en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, conocida como causa Feced, comenzó a ventilarse en julio del 2010 ante el Tribunal Oral Federal 2 de esa ciudad, que integran los camaristas Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe.
En ambos casos se trata de verdaderas “megacausas” por la cantidad de imputados y víctimas, y los presentes juicios son apenas los primeros tramos en ser juzgados.
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